INDÍGENAS CONFRONTARON A SEMANA: LA ACADEMIA DEBERÍA DE HACER LO MISMO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Después del insuceso protagonizado por los indígenas que irrumpieron temerariamente en las instalaciones de la revista Semana y las reacciones en pro y en contra de dicho evento, propongo al país la conformación de un grupo de académicos para que sus integrantes analicen los discursos periodístico-noticiosos. La idea es cumplan con la tarea de confrontar los hechos más sensibles publicados por medios como Semana, El Tiempo, El Colombiano y El país de Cali; La W, La FM, Blu Radio y los noticieros RCN y Caracol, convertidos todos en actores políticos que vienen haciendo oposición política e ideológica al gobierno de Gustavo Petro.

El actuar político de esas empresas mediáticas se expresa a través de tratamientos editoriales e informativos que, de acuerdo con las arengas de los indígenas que entraron a la fuerza al edificio en el que opera Semana y las críticas que a diario circulan en las redes sociales, devienen con una excesiva carga subjetiva, atados a verdades a medias e incluso, a la publicación de mentiras y falsos testimonios. Hay que decir que una parte de las audiencias reconoce en dichos abordajes noticiosos, un comportamiento tendencioso y politizado de los periodistas que laboran en esos medios masivos.

La conformación de ese grupo de académicos tiene el propósito de confrontar cada noticia e informe periodístico, así como las posturas editoriales que en adelante asuman los periódicos en particular. Para poder hacer la confrontación, los expertos le entregarán al país análisis académicos y periodísticos de los hechos publicados por los medios arriba mencionados.

Los medios masivos sometidos al riguroso análisis editorial e informativo se comprometen a publicar los resultados de los estudios realizados por el grupo de expertos. Confrontar las versiones publicadas por los medios que hoy fungen como actores políticos tiene como objetivo entregarles a las audiencias insumos para que ellas mismas tomen decisiones alrededor de qué medios seguirán consumiendo, de acuerdo con los resultados que arrojen los análisis académicos y periodísticos allegados por el grupo de expertos.

Las audiencias vienen consumiendo lo que publican a diario las empresas mediáticas mencionadas, pero no necesariamente consumen análisis de expertos que señalen en qué se equivocaron los periodistas, en qué momento violaron normas propias del ejercicio periodístico e incluso, cuando cayeron en imprecisiones conceptuales y en mentiras o verdades a medias.

La financiación de ese grupo de académicos puede lograrse con aportes de la propia FLIP, una entidad del Estado y recursos internacionales. La elección de ese selecto grupo de académicos debe hacerse bajo criterios como haber publicado investigaciones propias del análisis de los discursos periodístico-noticiosos, conocer el oficio, haber mostrado rigurosidad conceptual y metodológica en sus análisis, entre otros criterios.

Con lo propuesto aquí no se pretende la creación de un Quinto Poder, como tampoco la de un Tribunal de Ética Periodística, tan solo se busca que ante la enorme y peligrosa confrontación social frente al trabajo diario de la prensa tradicional, quienes critican la labor informativa y quienes creen todo lo que ven, leen y escuchan en programas radiales, prensa escrita y noticieros de televisión, cuenten con insumos que mejoren el nivel de argumentación al momento de confrontar o validar la información noticiosa publicada.

Claro, para entender aquello del 5to poder hay que remitirse al cuarto poder. Dice Ramonet (2004) que “desde hace una quincena de años, a medida que se aceleraba la globalización liberal, ese cuarto poder fue vaciándose de sentido, perdiendo poco a poco su función de contrapoder”.

Aunque los medios masivos colombianos jamás operaron, en estricto sentido, como contra poder de los tres poderes públicos, no se pueden negar cubrimientos periodísticos dirigidos a confrontar las sempiternas mafias que se enquistaron en la justicia, en el ejecutivo y en el legislativo. Famosas fueron las unidades investigativas y las posturas editoriales que hacían tambalear ministros y presidentes. Sigamos con Ramonet. A partir de esa constatación, Ramonet propuso crear un 5to poder ante la evidente incapacidad de los medios y periodistas de controlar a los agentes que, instalados en los tres poderes públicos, iban en contra de la democracia y los derechos humanos.

Baste con recordar que muchos de las empresas mediáticas y periodistas que hoy de manera coordinada atacan a Petro, en el pasado se hincaron ante el poder intimidante del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Noticias Uno y uno que otro periodista optó en ese periodo aciago (2002-2010) a confrontar a quien gobernó con tal mano dura, que el Estado que dirigió Uribe, produjo 6402 víctimas confirmadas por la JEP. Entonces, Ramonet dice que “es necesario, simplemente, crear un quinto poder que nos permita oponer una fuerza cívica ciudadana… para denunciar el superpoder de los medios de comunicación, de los grandes grupos mediáticos cómplices y difusores de la globalización liberal”.

Quizás, entonces, somos testigos del nacimiento de un 5to poder en las redes sociales que de manera franca y directa develan los intereses corporativos (económicos y políticos) de medios como los señalados líneas atrás, que fungen hoy como actores políticos y agentes generadores de miedo e incertidumbre en los lectores que aún creen que sus tratamientos periodísticos son objetivos y sobre todo, ciertos, verdaderos o por lo menos, creíbles.

Llámese Quinto poder o Grupo de Análisis, las audiencias necesitan de insumos para tomar decisiones en torno a seguir consumiendo lo que publican los medios tradicionales o, por el contrario, buscar otras fuentes de información que sí aseguren la entrega de información veraz y oportuna y bajo criterios de responsabilidad social.

Imagen tomada de RCN

INDÍGENAS IRRUMPEN EN SEMANA

 

Por Germán Ayala Osorio

La irrupción de un grupo de indígenas Misak a las instalaciones de la revista Semana sin duda alguna es un hecho de intimidación que bien puede calificarse como violento. Eso sí, esa misma acción no constituye una amenaza contra la libertad de prensa, como tampoco un acto de constreñimiento a los periodistas como lo calificaron políticos como De la Calle Lombana y el uribista pura sangre y nieto del inefable expresidente Julio César Turbay Ayala, Miguel Uribe Turbay. Este último dijo a Semana que “la libertad de prensa está en riesgo en Colombia. Indígenas entran a la fuerza a SEMANA. Este es el resultado del lenguaje violento de Petro en contra de los medios y periodistas que no lo aplauden ciegamente”.

Sin duda alguna, exageran quienes hacen esa lectura del violento reclamo que hicieron los indígenas al periodismo de Semana y en general a la labor informativa de medios como El Tiempo, El Colombiano, El País de Cali; la FM, Blu radio y la W, así como noticieros de televisión como Caracol y RCN, convertidos de tiempo atrás en instrumentos políticos y mediáticos de la derecha colombiana, al servicio de la élite que hoy le hace oposición al gobierno de Gustavo Petro. Reclamo que tiene que ver con un sistemático proceso de estigmatización de la lucha popular, de la izquierda democrática y de la constante publicación de noticias falsas o de tratamientos periodísticos sesgados ideológicamente.

Insisto en que la libertad de prensa jamás se puso en riesgo porque en ningún momento se impidió la labor informativa y se detuvieron “las rotativas” como podría suponerse cuando de verdad se afecta el libre ejercicio de informar, bien por parte del Estado o por la acción intimidante de un grupo de terroristas o en este caso, por un grupo numeroso de indígenas Nasa. Por el contrario, los indígenas le dieron un hecho noticioso que ya Semana usó para victimizarse internacionalmente y sobredimensionar la incursión y de paso, usarlo para descalificar al gobierno. Usarán la acción de los indígenas para insistir en la narrativa, falsa por demás, que señala que Petro es un dictador porque los confronta desde su cuenta en la red X. 

En lo que hay que poner el foco es en las motivaciones de los representantes de los pueblos indígenas que por estos días hacen presencia en Bogotá, porque participaron en las marchas del 27 de septiembre, en apoyo al gobierno. Y el foco es claro: Semana, junto a los  medios arriba mencionados, estigmatizaron y descalificaron a los indígenas calificándolos de borregos y sugiriendo su cooptación por parte del gobierno, lo que supone el abandono de una lucha histórica de estos pueblos ancestrales por su autonomía territorial y alimentaria.

La intrusión de los indígenas se da en respuesta a la violencia discursiva ejercida contra ellos por parte de la revista y en particular por quien funge como la directora: Victoria Eugenia Dávila de Gnecco. Desde esta tribuna rechazo la acción intimidante de los Misak, y hago un llamado a la familia Gilinski para que le ponga límites a la señora Dávila, porque el ejercicio periodístico que orienta y hace, afecta negativamente la imagen de la publicación, le hace daño al periodismo como oficio y lo que es peor, consolida los enfrentamientos ideológicos y políticos que se acrecentaron durante el estallido social. Semana dejó de ser un referente de revista, para convertirse en un portal amarillista y sensacionalista. Si esa es la apuesta de la familia Gilinski, entonces se confirma que su interés no era mantener el prestigio de la publicación, sino convertirla en un actor político y a sus periodistas en agitadores y estafetas de los sectores de poder social, político y económico que a todas luces le están apostando a que, al gobierno actual, le vaya mal y a todos los sectores populares que eligieron a Gustavo Petro, incluidos a los indígenas. 

Foto de Guillermo Torres, tomada de Semana.

 

CON AMPARO CERÓN: ¿TERNA DE TRES O DE CUATRO?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Amparo Cerón está tratando de construir una leguleyada, para torpedear la elección del nuevo fiscal. Insiste la señora, cercana a Néstor Humberto Martínez Neira, en que, al haber sido ternada por el presidente, ese hecho político y de simple carácter administrativo, le otorga el derecho a ser elegida, razón por la que debe ser la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la que asuma la decisión final de su suerte y no el presidente Petro, quien envió hace unos días la nueva terna, de la que, por supuesto, ya no aparece el nombre de la abogada, quien fungiera como la fiscal que llevó el caso de Odebrecht. En lugar de Cerón, el gobierno puso el nombre de Adriana Camargo.

En ejercicio de la potestad presidencial de enviar a la Corte Suprema de Justicia la terna para que este alto tribunal elija a quien remplazará al inefable y controvertido fiscal general, Francisco Barbosa, ahora, Amparo Cerón quiere no solo restarle legitimidad y legalidad al poder que tiene el jefe del Estado de ternar a quienes él cree que tienen la altura moral y ética, así como la formación y capacidad para dirigir la fiscalía general de la Nación, entidad de tiempo atrás capturada por mafias de cuello blanco y uniformes camuflados.

Justamente, el infantil reclamo o la pataleta de la señora Cerón dejan ver su minúscula dignidad al no reconocer que su nombre genera dudas en el gobierno y en sectores políticos y periodísticos, lo que debería de impulsarla a declinar a hacer parte de la exclusiva terna. Pero no. Cerón quiere construir un caso jurídico donde no lo hay, por el solo hecho de extender en el tiempo la elección que deben hacer los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Es sencillo: para qué insistir en hacer parte de una lista cuando el propio gobierno ya revisó a fondo su trayectoria, la misma que le generó dudas tardías al presidente sobre la independencia de la señora Cerón. Lo que sí hay que reconocer es que el gobierno se equivocó al ternar a la abogada Cerón, pero ese yerro no puede usarse para reclamar un inexistente derecho adquirido.

La lógica sentimental y proto jurídica de Amparo Cerón se desvanece y entra en crisis justamente al momento en el que el presidente Petro envió la nueva terna, potestad que Cerón quiere arrebatarle, cuando dicho poder está garantizado por la Constitución.

Ya veremos en qué queda esta ridícula novela de una abogada que, golpeada en el ego, quiere convertir ese dolor en un hecho jurídico que termine afectando el proceso de elección del nuevo fiscal general de la Nación. Se espera que la CSJ no se deje enredar por quien cree, sí o sí, que merece ser fiscal general de la Nación, cuando ya no hace parte del exclusivo listado. Lo mejor es que se resigne y guarde el recuerdo de haber sido ternada, por error.

En un país como Colombia, no es raro encontrar ternas de uno o de cuatro. Las de uno funcionan, cuando de antemano ya está elegido uno de los tres. Ahora, por cuenta de la abogada Cerón, parece que veremos una terna de cuatro.

Imagen tomada de Infobae. 

 

LA DERECHA CLASISTA Y PATRIARCAL DE ALEJANDRO EDER, CONTRA LA DERECHA SIN LINAJE DE ROBERTO ORTIZ

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Con la obligada y cantada adhesión de Diana Rojas a la campaña de Alejandro Eder se consolida el movimiento Todos Contra el Chontico (TCH). Es decir, la derecha clasista y “dediparada” que confluyen en la figura de Eder y los agentes económicos y sociales que lo acompañan, confrontando a la derecha “ordinaria” y sin abolengo, representada por Roberto Ortiz.  

Lo curioso de todo es que a ambas campañas llegaron fichas del Centro Democrático, de Cambio Radical, de la U, Conservadores y Liberales, es decir, todo lo que ha estado mal en el ejercicio de lo público en los ámbitos local, regional y nacional. Así las cosas, las múltiples crisis que agobian a los caleños no serán afrontadas con el rigor que se necesita, porque tanto como Eder, como Roberto Ortiz, representan la política tradicional y el continuismo que, en sus campañas, ambos rechazaron.

El poder de los contratistas, que de tiempo atrás vienen aportando a la crisis de liderazgo de la ciudad, terminó por confirmar lo que es un secreto a voces en Cali: hacerse con la Alcaldía de Cali no supone un logro político, sino económico, lo que traduce en que gobernar a la capital del Valle supone una inversión millonaria que debe ser devuelta a los mecenas y contratistas que más plata pongan a las campañas de Eder y Ortiz.

En cuanto a la decisión tomada por Rojas, esta se puede calificar como vergonzosa, pues ella soportó su campaña en un discurso anticorrupción, para terminar aliada a la campaña en la que están dos colectividades que arrastran representaciones sociales negativas por estar asociadas a la sempiterna corrupción público-privada: Cambio Radical y el Centro Democrático (el uribismo). Al final, Diana Rojas se doblegó ante el poder patriarcal y el machismo imperante en la élite caleña y vallecaucana.

Sea que triunfe Ortiz o Eder, lo cierto es que los problemas de la ciudad se ahondarán o entrarán en un “estado de reposo”, hasta la próxima elección. Ni la derecha clasista y patriarcal de Eder y la derecha sin linaje de Ortiz, solucionarán las graves crisis que afrontan los caleños. Y es así, porque los mezquinos intereses económicos y la captura mafiosa del Estado local están por encima de la política, entendida esta como el arte de servir al público.

Adenda: la izquierda y el progresismo en la ciudad de Cali brillan por su incapacidad para presentarle a los caleños una opción de poder convincente. 

Imagen tomada de la red X

PETRO INSISTE EN “METERLE PUEBLO” A LAS REFORMAS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Con la llegada a Bogotá de la Minga indígena, campesina y afro, el presidente Petro consolida su estrategia de confrontar a los sectores políticos y económicos que, de la mano de específicas bancadas en el Congreso se oponen a las reformas pensional, laboral y al sistema de salud. 

Las marchas de hoy 27 de septiembre, en apoyo del gobierno, son bienvenidas, pero pueden terminar desgastando el instrumento social y democrático, y ahondando las diferencias políticas e ideológicas. Eso de “meterle pueblo” a la discusión pública de los temas sensibles de la agenda política del gobierno de Petro puede terminar con el alejamiento de la posibilidad de llegar a un Acuerdo Nacional y el incremento del racismo y del clasismo, factores socioculturales que caracterizan a la sociedad colombiana y que explican las múltiples expresiones de violencia en los campos y en la ciudad.

Blu radio, en cabeza de Néstor Morales, ficha del viejo régimen, lleva varios días “denunciando” la existencia de millonarios contratos firmados entre el gobierno y organizaciones indígenas como la ONIC, cuyo objetivo, de acuerdo con la versión periodística, es patrocinar el desplazamiento, la logística y la manutención de los miembros de la Minga.  De la mano de sus colegas, Morales motiva a las audiencias proclives a rechazar las formas de vida y de protesta de indígenas, campesinos y afros, a ponerse en modo de resistencia social y política no solo a la Minga, sino a todo lo que representa el Pacto Histórico. Al final, el país puede terminar viendo el surgimiento de un movimiento Contra Resistencia de aquellos que vienen resistiendo con dignidad, los embates del neoliberalismo, la violencia paramilitar, estatal y la que viene articulada a los agentes sociales y económicos enemigos de la autonomía y la seguridad alimentarias.

En la mesa de trabajo de Blu radio se habló de “cooptación” del movimiento indígena. No se trata de eso. Por el contrario, lo que veo es que la Minga encuentra en el gobierno de Petro el apoyo económico y político que anteriores gobiernos neoliberales les negaron a indígenas, afros y campesinos. No se trataría, entonces de una “captura” de la institucionalidad indigenista, más bien estamos ante un evidente y real proceso de reivindicación étnico-territorial y cultural de quienes por más de 50 años fueron sometidos por gobiernos que, con sus planes de muerte, le apuntaron a erosionar el trabajo comunitario subyacente en la Minga. Baste con recordar lo que hizo Uribe en contra del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC): el entonces presidente de la República, con el apoyo de Valencia Cossio, ordenó crear la OPIC, como institución opositora a los intereses del CRIC, con el claro objetivo de fracturar los procesos comunitarios en el norte del Cauca.

De otro lado, las dinámicas urbanas y rurales son distintas, lo que hace difícil hacer confluir los intereses de una población urbana sumergida en los agobiantes problemas cotidianos: inseguridad, transporte, condiciones de vida precarizadas, necesidades de consumo y formación política. Mientras que en los territorios rurales puede haber otras necesidades y problemáticas que difícilmente encuentran respuestas empáticas en quienes viven y sobreviven en urbes como Bogotá, Cali y Medellín. En materia de formación política, es probable que en los territorios rurales exista una mayor conciencia alrededor del momento histórico que vive el país, mientras que, en los espacios urbanos, hay demasiados distractores que impiden consolidar una conciencia social y política asociada a la reivindicación de los oprimidos. Y peor aún, cuando hay periodistas como Néstor Morales, atizando para que la histórica animadversión hacia indígenas, afros y campesinos se consolide aún más.

Imagen tomada de la alcaldía de Bogotá. 

EL “LEGADO” DE URIBE

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Las más recientes declaraciones del expresidiario y expresidente, Álvaro Uribe Vélez en contra de la Justicia Especial para la Paz (JEP), a raíz del reconocimiento de responsabilidades del general del Ejército, Henry Torres Escalante por los crímenes de lesa humanidad cometidos por hombres bajo su mando, no solo buscan deslegitimar al alto tribunal de paz, sino enredar a esa parte de la opinión pública que aún le come cuento al desacreditado expresidente de la República.

La postura editorial y política asumida por el diario EL ESPECTADOR frente a las temerarias declaraciones del inefable y oscuro personaje del poder político en Colombia constituye un buen ejemplo del papel que debe jugar la prensa al momento de confrontar hechos públicos de trascendencia nacional como los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales. Señor expresidente Uribe: no pretenda confundir es el título del editorial con el que el diario bogotano “pone en su sitio” al temido exmandatario.

Dice el diario, manejado periodísticamente por los Cano, que “la batalla del expresidente Álvaro Uribe Vélez por destruir la necesaria labor de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es un error histórico que enloda su legado como líder político. Su respuesta al reconocimiento que dos decenas de militares hicieron ante los tribunales de paz sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas durante su administración está llena de tergiversaciones y argumentos problemáticos; pero, sobre todo, se trata de un acto de agresión al intento por construir una justicia transicional que le aporte al país”.

Pongo la atención, sobre todo, en la primera idea subrayada. No comparto lo dicho por EL ESPECTADOR cuando habla de “legado político” de Uribe, si se está entendiendo como un hecho positivo aquello de dejar o transmitir algo a la sociedad, sea material o inmaterial. Aquí no hay hechos positivos que la prensa seria deba reconocer a la trayectoria política del expresidente y súb judice ciudadano. ¿Cuál legado político, si las más de 300 investigaciones que reposan en la inservible Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, Fiscalía y Corte Suprema de Justicia, justamente, dan cuenta de hechos negativos que enlodan la vida pública y privada de Uribe Vélez?

Aquí no hay legado, señores, lo que deja el 1087985 es todo lo contrario: deja un ethos pernicioso y nocivo para la operación del Estado y para el trámite de los conflictos sociales; con ese mismo ethos, su política de seguridad democrática convirtió al Estado en un aparato criminal, operado por militares que fungieron como “perros ferales” liberados de unidades castrenses con el objetivo de cazar civiles inermes, para hacerlos pasar como guerrilleros caídos en combate. El feroz olfato de los uniformados se acrecentaba al momento de escuchar mentiras y arengas desde la Casa de Nari: “estamos ganando la guerra; por la patria, todo se vale; vamos a acabar con el terrorismo y el comunismo; más y mejores resultados operacionales y los que no, que vayan pasando la carta de renuncia”.

De igual manera, ese ethos dañino no solo les facilitó a los militares perpetrar crímenes de lesa humanidad con las armas de la República, sino que se extendió a las maneras como desde el 2002 se entiende lo público, es decir, aquello que nos interesa y conviene a todos. El resultado no puede ser más negativo y nefasto: la corrupción público-privada se naturalizó y se volvió paisaje en Colombia. El Estado fue capturado por clanes políticos mafiosos, articulados a intereses corporativos nacionales e internacionales. El caso de Odebrecht es el mejor ejemplo para confirmar que efectivamente durante su gobierno la corrupción, el ethos mafioso, fueron el pan de cada día. Los hechos son tozudos y siempre tocan de manera indirecta y directa al expresidente Uribe Vélez.

Creo, entonces, que a la postura editorial del diario bogotano le faltó un poquito de contundencia para decirle al país que Uribe Vélez es, después de Pablo Escobar, el personaje público que más daño le hizo y le hace aún al país.

 

Imagen tomada de Canal 1

EL MENTIROSO MANTRA DE DUQUE

 

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social-periodista y politólogo

 

Como si se tratara de un mantra, Duque Márquez repite y repite la frase “Paz con legalidad”. Una locución en cuyo sentido confluyen la animosidad que él como ciudadano y presidente siente hacia la implementación del Acuerdo de Paz y su insistente búsqueda por deslegitimar a la JEP y al modelo de justicia transicional.

La paz en la que cree Duque, a juzgar por la expresión “Paz con legalidad”, es aquella en la que los comandantes de las antiguas Farc-Ep paguen sus delitos en cárceles estatales y ojalá la muerte los alcanzara estando purgando largas penas. No concibe el ungido de Uribe, que quienes se sublevaron contra el Estado y cometieron delitos de lesa humanidad, estén hoy haciendo política sin armas bajo la protección del Estado al que en otrora, estos atacaron militarmente y desconocieron su legitimidad.

“Paz con legalidad” es una expresión con una enorme carga eufemística, puesto que quienes la escuchan, pueden pensar que el presidente de Colombia acompaña, valida y apoya la construcción de esa paz estable y duradera que quedó consignada como anhelo nacional en el Acuerdo de Paz de La Habana. Pero no. La frase deviene envenenada y mentirosa porque sugiere que lo firmado entre el Estado y las Farc-Ep no solo es ilegal, sino que constituye un engaño. Insinúa, la misma frase, que la Jurisdicción Especial para la Paz es un tribunal espurio, pues garantizará impunidad. Para Iván Duque Márquez no tiene ninguna validez a nivel judicial y político, que los líderes farianos sean investigados, procesados y condenados bajo las condiciones pactadas en La Habana, las mismas que cuentan con el apoyo de la ONU, la  CPI y del ordenamiento jurídico colombiano.

Al desconocer las etapas procesales que se deberán surtir al interior de la JEP, Duque Márquez insiste en que habrá impunidad. De esa forma, el jefe del Estado muestra su repudio hacia el alto tribunal y el modelo de justicia transicional. Por ello, en reciente titular, señaló: “La paz que se cimienta en la impunidad es sencillamente una ilusión”. Esta expresión no solo confirma su evidente animadversión hacia la idea de paz sobre la que se estructura el Acuerdo de Paz, sino que complementa el negativo mantra que viene repitiendo Duque, con el firme propósito de deslegitimar a la JEP y a todo el andamiaje institucional y jurídico-político que garantiza el blindaje que tiene el Acuerdo de Paz.

Al insistir en que habrá impunidad, el huésped de la Casa de Nariño ( o de Nari?) busca confundir a las audiencias que lo escuchan y leen. Duque cae en una fatal confusión conceptual, animada, claro está, por su odio visceral a lo acordado en Cuba entre el Estado y las antiguas Farc-Ep. El concepto de impunidad refiere a la falta de castigo o la no persecución de conductas o delitos tipificados en los marcos legales. Otro asunto es que las penas alternativas acordadas en La Habana no sean del agrado de Duque y otra muy distinta es que los excomandantes farianos y hoy comparecientes ante la JEP, no sean procesados y sancionados por ese tribunal. Esto último no va ocurrir. De esta forma, Duque miente y confunde.

De la misma manera como su Patrón repitió durante su mandato (2002-2010) la expresión Estado de Opinión en más de 200 veces, Duque lleva dos años tratando de imponer su mantra, con el que encubre sus acciones y decisiones conducentes a hacer “trizas ese maldito papel que llaman el Acuerdo de Paz”, consigna lanzada por el ladino exministro, Fernando Londoño Hoyos.

Imagen tomada de Wikipedia. 

SIN BALAS, LOS FUSILES DE LAS DISIDENCIAS NO SIRVEN PARA NADA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Si el ataque dinamitero contra la estación de policía del corregimiento de Potrerito (Jamundí, Valle del Cauca) obedece a la recuperación que el Estado viene haciendo de territorios que estuvieron por largo tiempo bajo el dominio de las disidencias de las Farc, entonces, la tarea de reducir la operación de los subversivos sigue presentando fallas. Y quizás se está fallando en la tarea más importante: cerrarles las rutas de abastecimiento de armas, municiones y material de guerra, incluido la dinamita, el C4 o indugel, usados en los atentados como los ocurridos en los últimos días en el Cauca y el sur del Valle del Cauca.

Se aplaude la estrategia de golpear las finanzas ilegales de estas estructuras residuales, pero se echa de menos acciones logísticas conducentes a quitarle a esas guerrillas la única herramienta que les permite justificar a estas mismas y al gobierno, un proceso de paz: la posesión de armas.

El Estado, con sus fuerzas armadas, lleva más de 50 años combatiendo militarmente a las guerrillas, sin consolidar mecanismos de inteligencia cuyo objetivo sea golpear las redes de distribución de pertrechos militares, incluidas por supuesto, las municiones, y el material con el que se hace mantenimiento a las armas. Es apenas lógico pensar que los fusiles sin balas, no sirven para nada. 

Durante los tiempos de la tenebrosa política de seguridad democrática, el Ejército enfiló baterías hacia las actividades logísticas de las Farc-Ep, con las que esa guerrilla aseguraba la alimentación de sus frentes, la circulación de medicinas, como, por ejemplo, para combatir la leishmaniasis producida por el mosquito pito e incluso, la llegada de toallas higiénicas para las mujeres guerrilleras. Por aquella época se logró poner en calzas prietas a las guerrillas en lo que tiene que ver con las toallas higiénicas y en particular, con los medicamentos para que ellos trataran a los enfermos que el pito les iba dejando.

De la misma manera como en aquella época se afectó la logística fariana, lo mismo hay que hacer con las redes de distribución de municiones de las violentas disidencias. ¿Qué es lo que pasa en este aspecto? ¿Hay acaso agentes privados e incluso estatales que le entregan con relativa facilidad las municiones para los fusiles con los que atacan patrullas policiales y militares? ¿Hay redes internacionales que a través de las fronteras pasan las balas que las disidencias de necesitan? Si, muy bien por golpear las finanzas ilegales con las disidencias insisten en su anacrónica lucha armada, pero no se les está golpeando realmente donde es.

 Imagen tomada de France24

UN PAÍS BIODIVERSO: ¿PARA QUÉ Y QUIÉN?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Nos han dicho, casi hasta la saciedad, que somos un país pluricultural y naturalmente biodiverso. A pesar de esa certeza y constatación, los colombianos no hemos aprendido aún a valorar esa condición hasta el punto de que podría tener sentido las preguntas de qué sirve y quién realmente se beneficia de que seamos biodiversos.

A pesar de que un colombiano promedio puede dar cuenta de la existencia de esas condiciones y circunstancias, lo cierto es que las responsabilidades que estas demandan no han sido incorporadas a las prácticas cotidianas de quienes viven y sobreviven en este territorio. Allí nacen los problemas que ambiental y culturalmente exhibe el país: ecosistemas afectados gravemente por las actividades antrópicas y la estigmatización de prácticas culturales y comunidades por cuenta del centralismo bogotano y la mezquina concepción urbana que acompaña a los capitalinos y a quienes viven en otras ciudades capitales.

Es claro que la clase política, el empresariado y las élites tradicionales tampoco han incorporado esas circunstancias contextuales a los proyectos políticos y económicos que lideran y que logran imponer a través de disímiles formas y ejercicios del poder. Se trata de una dirigencia que se ha formado fuera del país no para guiar a la Nación, sino para someter esas condiciones naturales y culturales a una visión moderna que mira con desdén las cosmovisiones [1] y mundos de campesinos, afros [2] e indígenas.

Son varias las razones por las cuales gran parte de los colombianos no valoran hacer parte de un país que ofrece variados y frágiles ecosistemas naturales, así como una variopinta cultura que da vida a una enorme diversidad regional. Propongo las siguientes razones para explicar el desdén con el que cientos de miles de colombianos miran la biodiversidad natural y cultural de su propio país: la primera razón es que a pesar de los años que tenemos de República, no existe consenso aún en el tipo de Estado [3] que esas condiciones contextuales demandan. Ello se explica porque el Estado deviene históricamente capturado por una élite y una burguesía [4] que poco o nada valoran las condiciones ambientales que ofrece el territorio nacional.

La conciencia ambiental, que involucra tanto el pensamiento como la acción, es una materia pendiente que elites de poder, empresarios y burguesía tienen con el país y con ellos mismos. Se han prestado para el saqueo y para la consolidación de un proyecto de desarrollo extractivo convertido de tiempo atrás en enemigo de la biodiversidad cultural que encarnan por ejemplo indígenas y afrocolombianos que sobreviven en zonas de especial valor ambiental. Por ello resulta apenas lógico que el proyecto paramilitar, en su dimensión política, económica y social, haya buscado desplazar a indígenas, afros y campesinos, instalados de tiempo atrás en zonas y territorios que ofrecen ventajas comparativas en materia ambiental. Se trató, sin duda, de un proyecto de aniquilamiento cultural y de sometimiento ambiental de ecosistemas a las lógicas del monocultivo (caña de azúcar y palma africana, por ejemplo) y a los intereses del gran capital nacional e internacional. Y la segunda razón es que el medio ambiente y las diferencias culturales jamás fueron consideradas como un patrimonio nacional.

Por el contrario, una educación hegemónica anclada a valores de una élite “blanca” [5] y a un proyecto moderno arrasador, acostumbró a los colombianos citadinos a desconocer los territorios en donde de manera rabiosa la biodiversidad cultural y ambiental solía y suele fundirse. Por ello creció un enorme abismo entre un país rural biodiverso, pero poco valorado y un país urbano que se avergüenza de ese otro país al que considera premoderno, salvaje y poco civilizado. Todo lo anterior tiene sentido en un país en el que la política y su ejercicio público han sido ensuciados por mafias de diversos pelambres, apoyadas a su vez en un ethos mafioso y clientelista que exhiben tanto particulares como funcionarios públicos.

Al no pensar y defender unos modelos de Estado y de sociedad que recojan, respeten y reconozcan esas especiales condiciones contextuales, los colombianos nos acostumbramos a la desidia estatal, a su debilidad manifiesta y generada por quienes le han capturado, al egoísmo y a la mezquindad de agentes privados que históricamente cooptaron y capturaron el Estado para el beneficio de unos pocos, eso sí, siguiendo a pie juntillas las imposiciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.

Hoy esa Colombia biodiversa está amenazada no solo por las condiciones que impone el Cambio Climático, sino por las enormes presiones que ejercen organismos multilaterales que aprovechan la enorme inconciencia ambiental de los colombianos, dirigentes políticos, clase dominante y pueblo en general, para que el país consolide un proyecto de desarrollo extractivo que camina de la mano de la privatización de valiosos ecosistemas naturales. El control de las fuentes hídricas [6], por ejemplo, hace rato está dentro de los objetivos de empresas y corporaciones.

 

Imagen tomada de Prezi

[1] Véase: http://laotratribuna1.blogspot.com.co/2014/07/la-paz-en-un-pais-de-regiones.html

[2] Véase: http://laotratribuna1.blogspot.com.co/2015/06/conflicto-armado-interno-en-perspectiva.html

[3] Véase: http://laotratribuna1.blogspot.com.co/2013/01/modelos-discrecionales-de-estado.html

[4] Véase: http://laotratribuna1.blogspot.com.co/2014/10/choco-biogeografico-debilidad-estatal-y.html

[5] Véase: http://laotratribuna1.blogspot.com.co/2015/05/egos-institucionalidad-poder-y.html

[6] Véase: http://elpueblo.com.co/a-proposito-del-documental-colombia-magia-salvaje/

LA ALCALDÍA DE CALI QUEDARÍA EN MANOS DE LA DERECHA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En la lucha por hacerse con la alcaldía de Cali, todos los candidatos que aparecen en las encuestas con mayor aceptación militan en la vieja derecha: Roberto Ortiz, Alejandro Eder, Diana Rojas y Miyerlandy Torres. La izquierda, como espectro ideológico y político se desdibuja con la candidatura de Danis Rentería, un candidato de derecha, sin mayor poder en términos de maquinaria electoral.

Ortiz, más conocido como “el chontico”, encubre su candidatura con el manto del populismo de derecha, muy propio del uribismo. Una clase de populismo asistencialista que no es garantía de cumplimiento pleno de derechos. A la candidatura de Ortiz aterrizaron políticos liberales, partido de la U, Cambio Radical, conservadores, del Mira, del uribismo, esto es, la clase política tradicional que dicen aborrecer sus contrincantes, Eder, Rojas y Torres.

Con Eder está gran parte del empresariado, sin que les disguste del todo la candidatura de Ortiz. Los contratistas ganan con Eder, Ortiz, Torres y Rojas. Por el lado de la campaña de Diana Rojas, su jefe político, Maurice Armitage, exalcalde de la ciudad, le quitó el respaldo y le pidió, a través de la red X, que se hiciera a un lado, pues el empresario azucarero ya se fue a las toldas de Eder. Un irrespeto propio de la sociedad goda y patriarcal que se resiste a cambiar.

Aunque Diana Rojas insiste en que puede luchar contra las maquinarias de Ortiz y Eder, la verdad es que su posición, digna por demás, solo servirá para extender en el tiempo la agonía de su aspiración de llegar a la Alcaldía de Cali. El cuentico de buscar un mecanismo (una encuesta) para dirimir si Eder o ella abandonan su aspiración para adherir al proceso de “todos contra el Chontico”, deviene con un tufillo de clase, porque en términos ideológicos y políticos todas las campañas defienden lo mismo: el modelo neoliberal, el desprecio por la variable ambiental, esto es, insistir en un modelo de desarrollo económico que se mueve bajo la lógica de la Sostenibilidad Asistémica Funcional. Entre tanto, la candidatura comodín de Torres esperará hasta último momento para decidir si se va con el Chontico o con Eder. Lo más probable es que termine en las toldas de Ortiz.

En las próximas horas o quizás días, sabremos de adhesiones y renuncias. Lo cierto es que la izquierda, en la ciudad que fue epicentro del estallido social, se desdibujó en buena medida por el repudio generalizado que hay en la ciudad contra el gobierno saliente de Jorge Iván Ospina, a quien muchos asocian, erróneamente, con la izquierda y la sempiterna corrupción. Huelga recordar que a la campaña de Ospina llegaron los de la U, del uribismo y del Partido Verde. Y los contratistas de siempre. De izquierda, su padre Iván Marino Ospina. Cualquiera sea el resultado electoral del 29 de octubre, lo cierto es que poco o nada cambiará en la ciudad. Por todo lo anterior, votaré en blanco.

Imagen tomada de EL PAÍS. 

CATHY JUVINAO: ¿VIVIR DE LA POLÍTICA O PARA LA POLÍTICA?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En el ejercicio de la política confluyen los intereses privados del político y sus apuestas públicas para servir al colectivo y no exclusivamente a quienes patrocinaron su campaña o le dieron el voto, atraídos por el marketing o por unas ideas bienintencionadas.

Cuando los intereses privados, particulares o corporativos se ponen por encima del real interés de servirle al país, entonces ese político se convierte en un vividor de la política, en un lobista de sus patrocinadores y en vulgar tramitador de iniciativas privadas que casi siempre terminan beneficiando a poderosos sectores económicos.

Circula en la red X (antes, Twitter) un audio en el que se escucha decir a la Representante a la Cámara, Cathy Juvinao, que aspira “a quedarse 16 años en el Congreso (dos veces en la Cámara y otras dos en el Senado) para luego irse a descansar a una isla”. Está muy bien que piense en descansar y en vivir de la política. Lo que se le critica es que no esté pensando en vivir para la política, esto es, para coadyuvar, desde el legislativo, a mejorar las condiciones de vida de millones de colombianos que sobreviven en medio de afugias de todo tipo o atrapados en legalismos y leguleyadas que otros, con sus perfumadas corbatas y con una simple llamada arreglan el problema jurídico o la traba burocrática que generan las normas.

La andanada en contra de Juvinao se explica también por sus “volteretas” ideológicas y el doble juego con el que viene actuando como congresista que hace parte de la coalición de gobierno. Ahora bien, sus críticos deben entender que como Juvinao hay otros 150 o más congresistas que llegaron al legislativo a conseguir plata. A nada más.

Ojalá que quienes votaron por la señora Juvinao revisen y evalúen muy bien su rol como congresista. Si logra quedarse los 16 años en el Congreso, ese “logro”, para bien o para mal, compromete el juicio de sus electores. Eso sí, deben de tener en cuenta sus votantes o clientela que la congresista ya eligió vivir de la política y no para la política.

Recomiendo a la señora Juvinao que lea y escuche las innumerables entrevistas que le han hecho a Pepe Mujica, expresidente del Uruguay y exguerrillero. Le dejo esta frase, extraída de una entrevista: “A los que les gusta mucho la plata hay que correrlos de la política, son un peligro en la política; que se dediquen a la industria, al comercio, a multiplicar la riqueza”. Siempre será mejor escuchar al sabio Pepe Mujica y no al necio ("filósofo" paisa) que dijo, “plata es plata”.

 

DIVULGAR LA VERDAD JURÍDICA DE LA JEP

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En materia de reconocimiento de responsabilidades, la JEP, a través de sus audiencias, viene cumpliendo un papel clave en la construcción de una verdad jurídica indispensable para impulsar la reparación simbólica y administrativa de las víctimas.

En los encuentros entre victimarios y víctimas afloran, como es natural, los furiosos reclamos de los familiares de las personas asesinadas por miembros del Ejército, en cumplimiento de las metas exigidas por sus comandantes, enmarcadas estas en la aplicación de la inmoral y pérfida política de seguridad democrática. Familiares de civiles asesinados por militares le gritaron al general Torres Escalante bandido y asesino, reacción apenas lógica de parte de quienes por largos años soportaron el dolor de la desaparición de sus familiares y quizás, lo peor, el señalamiento de la sociedad por tener, de acuerdo con el relato castrense, hijos y esposos sediciosos, guerrilleros o bandidos.

Escuchar al general Torres Escalante reconocer sus responsabilidades en la comisión de los graves delitos, por acción y omisión, constituye una vergüenza institucional que no puede quedarse en las desconsoladoras, pero también sanadoras audiencias de reconocimiento de responsabilidades.

Para reparar a las víctimas de los falsos positivos no son suficientes las audiencias de la JEP y mucho menos los cubrimientos periodísticos, pues estos últimos se quedan en frases llamativas. El país necesita sacar de esas instancias el dolor de las víctimas y la vergüenza castrense, y por esa vía, invitar al resto de la sociedad a que escuche y se conmueva con el dolor de los cientos de víctimas de la seguridad democrática.

El gobierno de Gustavo Petro y la JEP deben asumir la tarea de construir mensajes para televisión, radio y redes sociales que limpien los nombres de las personas asesinadas y presentadas, falsamente, como bandidos y guerrilleros caídos en combate. Pero también, para que, en nombre del Estado se pida perdón por lo acontecido.

Los mensajes publicitarios (propaganda blanca) que suelen emitir las fuerzas militares, bajo el lema Fe en la causa, deben revisarse para recoger la idea de pedirle perdón al país, pero, sobre todo, de asegurarle a la sociedad que los funestos hechos de las ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos) jamás se volverán a presentar.

Propongo que todos los días y antes de iniciar los noticieros de televisión se emitan esos mensajes de perdón y de compromiso de no repetición de los crímenes de lesa humanidad planeados y ejecutados en unidades militares que la Seguridad Democrática convirtió en una temible estructura sicarial. De igual manera, el gobierno de Petro, en nombre del Estado, debe usar las redes sociales para transmitir la misma idea. Hay que poner a circular la verdad jurídica a la que poco a poco la JEP está llegando, para vergüenza del Ejército, del Estado y de la sociedad colombiana.

Imagen tomada de W radio.

MILITARES QUE ASESINARON CIVILES, DEVUELVEN MEDALLLAS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Los militares que vienen reconociendo ante la JEP que se convirtieron en criminales al asesinar civiles, confirman de paso que la política de seguridad democrática fue la patente de corso de la cúpula militar y el gobierno de la época para presionar a la tropa para que entregaran más y mejores resultados operacionales, es decir, bajas y litros de sangre.

Una vez perpetrados los crímenes de lesa humanidad, muchos de los uniformados-sicarios, recibieron condecoraciones con las que sus comandantes destacaban el arrojo, la valentía y la vocación de servicio. Medallas que exhibieron con orgullo en sus henchidos pechos, pero que hoy devuelven con vergüenza por haber mancillado el honor militar.

El capitán Jaime Rivera, compareciente ante la Justicia Especial para la Paz, optó por devolver la medalla que en su momento recibió del Gaula del Ejército.  Rivera dijo: “solicito a la magistratura permiso para devolver la condecoración que me otorgó el Gaula (grupo antisecuestro), la dirección nacional de los gaulas, como premio a esas mentiras, como premio a hacer parte de ese entramado".

La decisión del excapitán Rivera se asume como un acto de reparación simbólica hacia las víctimas, pero también, como uno de contrición con el que el oficial en uso de buen retiro intenta limpiar la culpa que lo persigue por haberse prestado a semejante entramado criminal de asesinar civiles para hacerlos pasar como guerrilleros caídos en combates.  

Junto a Rivera, otros oficiales hicieron lo mismo en pasadas audiencias de reconocimiento de responsabilidades por las ejecuciones extrajudiciales perpetradas. Eso sí, sería bueno que todas aquellas medallas y condecoraciones que fueron entregadas por el comando del Ejército, Brigadas, Batallones y el propio Gaula, en pomposas ceremonias, sean devueltas en las mismas condiciones en las que fueron puestas en los pechos de los oficiales, suboficiales y soldados condecorados. Es más, si en aquellas ceremonias en las que se premiaron a los militares asesinos, hicieron presencia el presidente Uribe, Santos o Duque, o ministros de la Defensa, en un acto de reparación y petición de perdón a las víctimas de los falsos positivos, se obligue a los hoy expresidentes y exministros a recibir de manos de estos victimarios institucionales, las ilegítimas e inmerecidas medallas y galardones que se les otorgaron por entregar resultados operacionales cubiertos de perfidia y felonía.

Como el país conoce el talante de cada uno de los expresidentes arriba mencionados, lo más seguro es que se negarán a participar de las ceremonias. Ante la negativa, lo importante es que sus nombres sean leídos y expuestas las razones que motivaron la imposición de las condecoraciones. 

Es lo mínimo que se puede pedir para quienes, obrando como agentes estatales, violaron el “pacto de seguridad” del que en su momento habló Foucault y por ese camino llevaron a que las armas de la República fueran usadas para asesinar al propio pueblo.

Imagen tomada de Ángel Metropolitano.

A PASQUINO SE LE HIZO EL MILAGRO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Varias veces, Pasquino, escuchó a su custodio y amigo decir que debía viajar al extranjero. Por supuesto que ese viaje significaba una dolorosa separación. Sin poder expresar lo que sentía, Pasquino pasaba sus días pensando qué hacer para evitar que su amigo y cómplice de aventuras, viajara y lo dejara sumergido en la soledad.

Pasquino pensó que si se lograba conectarse mentalmente con los dioses de su especie, podría pedirles ayuda. Finalmente, logró comunicarse con varios de ellos, en particular con Anubis, quien le escuchó atentamente. La petición era clara: que su amigo del alma no viajara.

A su vez, Anubis pidió ayuda a otros dioses, incluso, de otras dimensiones del espectral universo. La petición de Pasquino no era fácil, pues implicaba manipular complejas circunstancias humanas. Sin embargo, había una luz, una esperanza, de la que se aferró Pasquino.

Mientras las súplicas de Pasquino rodaban por mundos ideales y fantasmagóricos, trataba de llevar una vida tranquila en su hogar, acompañado de su compañera Tongolele, a quien el viaje del compartido custodio realmente no le preocupaba en lo más mínimo. Tongolele aprendió desde pequeña que no debía establecer ese tipo de relaciones con aquellos protectores, llamados, por muchos,  propietarios.

Los dioses que finalmente logró convocar Anubis,  entre estos, a San Roque, crearon el único escenario posible que no solo ayudaría a Pasquino, sino a millones de sus congéneres que estaban en la misma situación. Esos dioses provocaron una pandemia mundial, que impidió que cientos de miles de protectores y amigos, como el de Pasquino, pudieran viajar a otros países, lo que los obligaría a quedarse en casa, por los riesgos sanitarios a los que estarían expuestos dichos desplazamientos. 

Una vez confirmado el confinamiento general, Pasquino corrió feliz por el solar, aulló por varios minutos, ladró por otros tantos, mientras Tongolele lo observaba entre conmovida y sorprendida. Al final, a Pasquino se le hizo el milagro.

Adenda: esta columna se publicó en mi anterior blog. Le recupero porque hoy 18 de septiembre "dejamos ir" a Pasquino a ese mundo imaginado al que creemos que van y están los ángeles.

“DEJAMOS IR” A PASQUINO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Hoy 18 de septiembre dejamos ir al Papo, al Niño, al Vago, al Papanatas; o también, a Pasquinai, Pasquinea o Pasquino, un labrador de 13 años. Ese “dejamos ir” es el más bello eufemismo con el que médicos veterinarios y tenedores de animales no humanos (otros los llaman mascotas) dan cuenta del procedimiento eutanásico con el que logramos que nuestro amado Pasquino descansara de sus dolencias en la columna, en su cadera. Se hizo lo humanamente posible por garantizarle calidad de vida y calmar su dolor. La médica veterinaria que lo trató puede dar fe de lo ocurrido. A ella, infinitas gracias por las palabras de aliento y ese cariño hacia Pasquino. Muy pocos y pocas doctoras veterinarias como Mireya Zamudio, de eso estoy completamente seguro. 

A pesar de la belleza de la señalada frase, irrumpe con fuerza un sentimiento de culpa no porque se hubiese tomado una decisión apresurada y equivocada, sino por el poder en el que está soportada la dolorosa decisión. La ciencia médica y veterinaria entregan ese poder a los seres humanos para disponer de la vida de seres queridos como Pasquino. Y claro que detrás del dejamos ir a Pasquino hay un acto de amor, de profundo amor por quien por 13 años acompañó, brindó sosiego, alegrías y arrancó risas en propios y extraños, cuando en momentos muy particulares fungió como “ladrón” de carne, pan o cualquier manjar “mal ubicado”. No quisiera pensar que, en otra vida, Pasquino fue un político colombiano.

Para quienes conocieron en vida a Pasquino, sabrán recordar sus pilatunas, sus robos de pan y carne; incluso, aquella vez que tomó entre sus fauces una cerveza mal ubicada debajo de un asiento. Aquella escena es inolvidable: Pasquino se acercó al asiento con suma cautela, agarró la lata y salió caminando entre risas, mientras que el dueño de la bebida mandaba su mano debajo del asiento, intentando asirla para beber un sorbo. El sorbo jamás sucedió, pero sí la risotada. Pasquino había logrado llamar la atención y de qué manera.

“Dejar ir” a un perro como Pasquino debe de tener la misma trascendencia cuando el mismo procedimiento eutanásico se aplica a animales humanos. Como en la película Yo, antes de ti, la eutanasia es un acto de amor y de profundo respeto por aquel animal sintiente, humano y no humano, que sufre y que extraña correr, levantarse por sus propios medios, comer; conversar, compartir, escuchar…

Que sirva esta columna como reconocimiento público a un labrador hermoso, noble, macho alfa; dominante, travieso, pero jamás peligroso. Un eterno cachorro. Pasquino nadó en el río Jamundí y en varias piscinas a las que se lanzó sin permiso, porque nadie tan voluntarioso como él.

A eso de la 1:30, dos extraños ayudaron a cavar su tumba. Allá quedó junto a Yuco y Simón, dos labradores con los que muy seguramente se encontrará para seguir alegrando la a veces pesada vida humana. Pasqui, te dejamos ir, pero jamás te olvidaremos. Te llevó tatuado en mi brazo y en mi adolorido corazón. Adiós, bacán.

 

MOLANO, ENEMIGO DE LA PAZ

 

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social-periodista y politólogo

 

Nombrar en la cartera de Defensa a un claro detractor y contradictor de lo acordado en La Habana, confirma la animadversión que desde el Gobierno de Duque se anima en contra del proceso de implementación del Acuerdo Final y siembra  dudas en el papel que en adelante jugarán los militares y los organismos de seguridad del Estado en lo concerniente a garantizar la vida no solo de los comparecientes a la JEP, la de los excombatientes que están en los espacios territoriales, sino la de los campesinos que se acogieron a los programas de sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito.

Molano es un gris funcionario que claramente desconoce el tema de la seguridad nacional. Y lo que es peor: se acerca al espinoso asunto, desde sus resquemores y molestias por lo acordado entre el Estado colombiano y las entonces Farc-Ep en Cuba.

El nombramiento de Molano constituye una provocación de Duque no solo a los miembros del partido de los Comunes (antiguo Partido Farc), sino a la comunidad internacional, en particular a la ONU, y al gobierno de Joe Biden. Y es así, porque se insiste en el doble discurso: de un lado, Duque le viene diciendo a los países garantes y acompañantes del proceso de paz y de la implementación del Acuerdo que está comprometido con la Paz, pero por el otro lado, internamente, hace ingentes esfuerzos para detener o torpedear las actividades y los programas diseñados para asegurar el éxito en la desmovilización y reinserción de los excombatientes a la vida social, económica y política del país.

La tropera cúpula militar actuará con el beneplácito del nuevo ministro y ello significará cero vigilancia y examen sobre las operaciones militares. De la misma manera, continuará el mutismo en torno a las responsabilidades que deben asumir los uniformados por el deterioro del orden público, por cuenta del crecimiento y de la libre operación de los sicarios paramilitares que quedaron del fallido proceso de desmovilización y entrega de las AUC durante la administración de Uribe Vélez. El crecimiento de las guerrillas del ELN y de las disidencias de las Farc es responsabilidad del actual gobierno. Y es probable que  la consolidación de esas guerrillas haga parte de los intereses y de los objetivos de los militares troperos y pro guerra, alentados por esa cúpula guerrerista que hoy dirige a las fuerzas militares.

 

Queda claro que a Molano poco le interesa preguntar por el estado de las fracturas institucionales que al interior del Ejército, especialmente, generó el proceso de paz de La Habana. No se puede desconocer que hay dos bandos definidos dentro de la oficialidad y que afecta el actuar de los suboficiales y los soldados. De un lado, están los oficiales, suboficiales y soldados que se beneficiaron de la disminución en la intensidad de los combates por cuenta de la salida de las Farc de la confrontación armada y del otro, aquellos uniformados, de los mismos grados, que se vieron perjudicados por la reducción de los enfrentamientos armados con la extinta guerrilla.

En un evento, Molano señaló, antes del plebiscito del 2 de octubre de 2016, que “no estamos de acuerdo con lo pactado en La Habana”. Y lo que es más diciente de su anacrónica y equivocada postura en contra de lo acordado, es que Molano habla de “lo acordado por el gobierno de Santos con las Farc”. La firma del Tratado de Paz fue y sigue siendo un asunto de Estado. Reducir lo pactado a los tiempos y circunstancias de un gobierno no solo expone un problema conceptual en quien desconoce el carácter estatal del Acuerdo Final de Paz, sino que pone de presente la intención manifiesta de hacer todo lo que sea posible, desde el Gobierno y desde el Estado, para hacer fracasar la implementación y por ese camino, el proceso de paz. En otro momento, el mismo Molano, en referencia a los niños reclutados por las Farc-Ep, dijo que “no creía en el Acuerdo de paz y que ese sapo no se lo iba a tragar”.

Así entonces, la llegada de Molano a la cartera de Defensa no genera confianza en quienes le han apostado a la reconciliación y a sacar adelante lo acordado en La Habana. Por el contrario, a ese ministerio llega un destacado enemigo de la Paz.

Imagen tomada de Asocapitales. 

DUQUE, EL POSESIONADO

 

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social-periodista y politólogo

 

Esta columna debió escribirse en agosto 7 de 2022. Su precoz aparición se explica porque no importa cuánto tiempo falte para que Iván Duque Márquez abandone la Casa de Nariño, pues su paso por el poder estatal no da para que alcance un lugar privilegiado en la historia política de Colombia.

Faltan ya menos de dos años para que Iván Duque Márquez termine su periodo presidencial. Si los historiadores no oficiales hacen la tarea, deberán reseñar que se trató de un presidente intrascendente, apocado, sumiso e infantil. Su aparente serenidad contrasta con el carácter autoritario, impulsivo y rabioso del latifundista que lo puso en la Casa de Nariño, con el apoyo de millones de colombianos interesados en sacar provecho de eso que se llama “uribismo” y otros tantos que se dejaron asustar con el cuento del <<Castrochavismo y el rayo homosexualizador>>. Cuánta ingenuidad e ignorancia en por lo menos 10 millones de connacionales.

Una vez deje la Casa de Nariño o de Nari, Duque Márquez está obligado, por su fútil paso por la jefatura del Estado, a retirarse de la vida pública, tal y como en su momento lo hiciere el expresidente Belisario Betancur Cuartas. Eso sí, con una diferencia: el retiro del poeta de Amagá (Antioquia) está profundamente soportado en haber dejado que los militares manejaran a discreción la toma y la retoma del Palacio de Justicia, asaltado por un piquete de la entonces guerrilla del M-19. El forzado retiro de la vida política del país, por parte de Duque Márquez, está soportado en su desastroso manejo de la pandemia, su obsecuente carácter frente a quienes manejan el Establecimiento colombiano y en los enormes daños que su nula gestión produjo en la institución presidencial.

Tengo dudas de que las decisiones tomadas desde la presidencia hayan sido el fruto de un concienzudo análisis por parte Duque. Por el contrario, pienso que la inercia del poder político, de la mano de un par de agentes económicos y políticos del Establecimiento colombiano, posibilitará que termine su periodo en el 2022, sin que se pueda ocultar su ominoso manejo de la pandemia, de la política exterior y de la implementación del Acuerdo de Paz.

Manipulable como ningún otro, Duque pasará a la historia como aquel que duró cuatro años como posesionado o como simple inquilino de la Casa de Nariño. Jamás se vio, se sintió y proyectó la imagen de jefe de Estado. Comparte esa misma condición y circunstancia con su mentor, el caballista de Salgar. Este último, de acuerdo con su talante arbitrario y camorrero, jamás gobernó y actuó como Jefe de Estado. Por el contrario, supo Mandar, porque desde siempre asumió a este país como una finca, una posesión, un predio o un platanal con bandera. Y mandó, porque para gobernar a un país complejo como Colombia, se necesita forjar y tener el talante de Jefe de Estado.

Lo mismo pasó con Duque: jamás se asumió como Jefe de Estado. Un ejemplo que explica con enorme claridad ese señalamiento es que manoseó el proceso de implementación del Acuerdo de Paz, fruto de una decisión de Estado, adoptada en la administración de Santos Calderón (2010-2018). Hoy, en virtud de su supina ignorancia en qué es eso del Estado, Duque sigue insistiendo al gobierno cubano para que extradite a los negociadores del ELN, que hacen presencia en la Isla.

Por todo lo anterior, Duque pasará a la historia como el posesionado. A él se le asignó la tarea de gobernar a Colombia, pero no lo logró. Fue la inercia del poder la que le garantizó su estancia o pasantía en la Casa de Nariño.

El 7 de agosto de 2022, del Solio de Bolívar no se parará investido como expresidente. Saldrá de Palacio como aquel que fue posesionado, que jamás gobernó y actuó como Jefe de Estado.

Imagen tomada de Youtube.com