Por Germán Ayala Osorio
Acabar con la JEP
ha sido el anhelo de la derecha colombiana que directa o indirectamente tiene
responsabilidades en la degradación moral de las fuerzas militares y en general
de las dinámicas del conflicto armado interno. El expresidente Uribe
sigue siendo el más enconado enemigo de ese tribunal de paz porque a partir de
los testimonios de los militares comparecientes se consolidó la narrativa que
indica o sugiere que le cabe a él una responsabilidad política en la ocurrencia
de los crímenes de lesa humanidad (falsos positivos) cometidos por militares
que seguían las directrices de su política de seguridad democrática.
Con el anunciado recorte a las
finanzas que permiten la operación de la Jurisdicción Especial para la Paz
(JEP), De la Espriella “releva” a Uribe en su pretensión de acabar con el alto
tribunal apoyado en el mismo falaz argumento de recuperar la imagen y defender
los derechos de los “patriotas” que no cometieron crímenes, sino errores o
pequeñas extralimitaciones en sus funciones. En particular los soldados que
asesinaron a civiles desarmados lo hicieron porque, como dijo el general Montoya
Uribe, eran de “estratos 1 y 2 y por su ignorancia no supieron diferenciar
entre bajas y resultados”.
La animadversión hacia la justicia
transicional representada en la JEP y la incomodidad político-militar de sus hallazgos
partió del proceso de paz de La Habana, espacio de negociación política entre
los plenipotenciarios del gobierno y las FARC-Ep en el que emergió la idea de
crear esa jurisdicción para procesar a los combatientes, legales e ilegales,
que participaron de las hostilidades y violaron los derechos humanos y el DIH. Los
que votaron No en el plebiscito por la paz de 2016 dejaron claro que las penas
alternativas (sanciones morales) que recibirían los criminales de las Farc-Ep les
resultaban insultantes para el grueso de la sociedad.
Eso sí, las sanciones morales que
también recibirían los militares comprometidos en la comisión de graves
violaciones a los derechos humanos les resultaban menos ofensivas en la medida
que eso de los “falsos positivos” hacía parte de la falsa narrativa promovida
por defensores de derechos humanos y enemigos de Uribe, todos cercanos a las
guerrillas. En el 2021 la senadora uribista María Fernanda Cabal dijo que “eso
enferma la izquierda porque necesitan crear una narrativa que destruya el
honor de la fuerza pública, por eso se inventan 6.402 falsos positivos.
pero el presidente de la JEP no pública la lista para demostrarle que es falso.
¡Publique
la lista, no deshonre más a los hombres que perdieron sus ojos sus piernas
y su vida por este país!”
Por estos días el expresidente
Santos y el entonces jefe de la delegación de paz en La Habana, Humberto de la
Calle Lombana se refirieron a la decisión política del gobierno de Abelardo de
la Espriella de ahogar económicamente a la JEP. Llama la atención que, en su
defensa del tribunal de justicia transicional, el expresidente criticara las “demoras”
en las investigaciones y expedición de sentencias por parte de los magistrados
de la JEP y el segundo hablara de “errores”.
De la Calle afirmó a varios
medios que “ha utilizado demasiado tiempo para tomar decisiones y se ha
llenado de procedimientos que no corresponden a su carácter transicional”.
Humberto de la Calle y el expresidente Santos comparten ese mismo diagnóstico,
pero insisten en que la JEP no debe ni puede eliminarse. Además, están de
acuerdo en que el periodo de ese tribunal de paz no debe extenderse en el
tiempo. Lo contrario piensa el expresidente Petro, quien en su cuenta de X
afirmó que “la JEP debe recuperar las facultades derivadas del acuerdo de
paz: debe ser el máximo tribunal de la verdad del conflicto y los terceros deben
ser parte de su investigación e intervenir”.
La degradación del conflicto armado
y la conversión de los actores armados ilegales en estructuras mafiosas (narcotraficantes)
son suficientes para extender en el tiempo la operación de la JEP, con miras a
probar que es la producción y tráfico de cocaína, la minería legal e ilegal, la
extorsión y el comercio de armas están conectados con agentes económicos y
políticos que deben quedar expuestos ante la opinión pública.
Volvamos a lo dicho por Santos y
De la Calle. Frente a la arremetida política del actual gobierno y el uso
político-militar del virtual ahogamiento del alto tribunal de paz, lo expresado
por Santos y De la Calle resulta a todas luces inconveniente porque legitima la
pretensión presidencial de acabar con la JEP.
Hay una diferencia entre Uribe
y De la Espriella en lo que tiene que ver con la verdad que la JEP ya ha venido
construyendo alrededor de lo ocurrido durante el conflicto armado interno, en
particular en lo que toca al trabajo coordinado entre militares y paramilitares.
Al expresidente Uribe le interesaba exclusivamente salvar su imagen, ya
bastante comprometida por los crímenes y excesos que dejó la aplicación a rajatabla
de su política de seguridad democrática; mientras que De la Espriella le está
apuntando a ganarse un lugar dentro del espectro
castrense, en particular ser reconocido como un verdadero patriota
por quienes son partidarios de la línea dura (tropera), que incluye la
extensión y aplicación sin miramientos de la doctrina del enemigo interno a gente
de izquierda, progresistas, liberales, intelectuales, defensores del ambiente y
los derechos humanos, así como contra académicos críticos del militarismo que
representa De la Espriella.
El saludo militar, portar un arma
al cinto y su permanente grito de guerra, firme por la Patria, hacen parte del proyecto
de cerrar la JEP, que va de la mano de la intención ya manifiesta de consolidar
en el país un régimen de terror que supere con creces lo sufrido y vivido durante
los gobiernos de Turbay Ayala, Uribe
Vélez y Duque Márquez. El referente político y moral es el gobierno de Nayib Bukele.
El silencio de las altas cortes frente a la disminución del presupuesto a la
JEP y las amenazas de Abelardo a los jueces que con sus fallos se opongan a la fumigación
de cultivos de uso ilícito; la presión del presidente de la República para
sacar de la ANDI a Burce Mac Master, la censura contra dos periodistas de Blu
radio, y la consecuente autocensura asumida por los grandes medios, ponerle límites
a la protesta social y varias iniciativas que caminan en el Congreso
como pasar a la Justicia Militar los procesos que lleva la JEP, van ambientando
lo que sería la “bukelización” del país. Ya no se escucha el “ajúa”, pero se
oye con enorme simpatía en los sectores más fanáticos, tanáticos y religiosos,
que ¡viva Cristo Rey!
