LA ERA DE LA NUEVA FISCAL, YA EMPEZÓ

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Desde su creación en 1991, con la nueva constitución, la elección de un fiscal no había generado tanta expectativa en el país como la que se generó en relación con la terna de solo mujeres, de la que hizo parte Luz Adriana Camargo Garzón, la nueva fiscal general.

Son varias las circunstancias que contribuyen a la enorme expectación que millones de colombianos tienen sobre cuál será la agenda con la que llega la nueva fiscala, en particular, que no tenga una oculta que termine empeñando su desempeño a las intrigas y exigencias que muy seguramente le harán los sempiternos agentes del nefasto régimen de poder colombiano.

Una de esas circunstancias tiene que ver con la configuración de la terna de solo mujeres. Ello rompió con una larga tradición en la manera en la que los presidentes de la República proponían a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) las ternas dominadas por hombres. Tanto fue así, que el magistrado de ese alto tribunal, Gerardo Botero, interpuso una acción de tutela ante el Consejo de Estado, aduciendo que violaba los derechos de los hombres a participar de la elección. Sin duda alguna, un ataque de misoginia y machismo que dice mucho del talante del togado y del impacto que generó en sectores conservadores de la sociedad, la terna compuesta por solo mujeres.

La segunda circunstancia tiene que ver con la no cercanía del actual presidente de la República con la nueva fiscala general de la Nación. Este factor es importante porque Francisco Barbosa, el fiscal saliente, era íntimo amigo del entonces jefe del Estado, Iván Duque Márquez, lo que convirtió a Barbosa en una ficha del presidente de la República. Realmente, Barbosa fue una ficha del régimen y del uribismo, sectores de poder interesados en salvarles los pellejos al expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez y a miembros de la familia Sarmiento Angulo, propietarios del Grupo Aval.

Si bien hay que reconocer un importante peso a esas dos circunstancias en la generación de las enormes expectativas de cientos de miles de colombianos en el desempeño de la nueva fiscala, existen otras que podrían pesar más sobre los hombros de Luz Adriana Camargo, si ella, claro está, lo permite. El enrevesado proceso de elección del que participó la nueva fiscal aporta a que las expectativas sociales aterricen en las profundidades de las dudas que siempre aparecen cuando emergen sospechas asociadas a maniobras clientelistas originadas en los togados que terminaron eligiendo a Camargo Garzón.

La periodista María Jimena Duzán expuso en su podcast situaciones que hacen pensar en que la nueva fiscala llega al cargo con dos agendas: una, en la que sobresale el genuino interés de recuperar el prestigio perdido del ente acusador y otra, la que le impusieron los magistrados que votaron por ella.

Si bien Luz Adriana Camargo defendió su independencia, no podemos llamarnos a engaños: la elección del fiscal general de la Nación deviene con un carácter político, lo que supone intrigas y presiones de poderosos agentes del establecimiento colombiano. La defensa de Camargo se hizo en referencia a las suspicacias que la prensa puso a circular en torno al nombramiento del vicefiscal, Gilberto Javier Guerrero, de quien las versiones periodísticas indican que es cercano a la cuestionada Martha Mancera, a quien la Corte Suprema de Justicia le permitió fungir como fiscal encargada por treinta días.

Si Luz Adriana Camargo logra recuperar la Fiscalía para la sociedad y el Estado de Derecho, habrá dejado un legado importante. Para poder lograrlo, deberá dejar que los fiscales actúen con criterios jurídicos en casos delicados como Odebrecht, en el que están involucrados Óscar Iván Zuluaga y su hijo; también, el caso del crimen de Jorge Enrique Pizano en el que estaría comprometido el exfiscal Néstor Humberto Martínez Neira, en lo que tiene que ver con la valoración y la custodia de las pruebas que desvirtuarían que se trató de un suicidio. De igual manera, los procesos que se llevan en contra del expresidente Uribe Vélez y Nicolás Petro, el hijo del presidente de la República. Y quizás el más delicado de todos los casos: las responsabilidades que debería de asumir en el país la familia Sarmiento Angulo en lo que tiene que ver con actos de corrupción en la Ruta del Sol II, reconocidos ante las autoridades norteamericanas.

Camargo Garzón lleva sobre sus hombros una enorme responsabilidad, en un país en el que el ethos mafioso y la corrupción público-privada se naturalizó de tal forma, que la institucionalidad de la Fiscalía hace rato que viene capturada por los agentes de poder político y judicial cuyas vidas privadas y públicas son guiadas de tiempo atrás por ese ese nefasto y criminal ethos mafioso. Eso sí, confío en que Camargo Garzón no se emulará la gestión del inefable, Francisco Barbosa. 

Imagen Óscar Pérez, de EL ESPECTADOR. COM

DESPUÉS DE UN TORTUOSO PROCESO, COLOMBIA TIENE NUEVA FISCAL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) por fin eligió a la nueva fiscal general de la Nación. Se trata de Luz Adriana Camargo Garzón. El tortuoso y enrarecido proceso de elección deja varios hechos que dicen mucho de lo que somos como Estado y sociedad.

El primero de esos hechos es que el mecanismo interno de votación de la CSJ es sinuoso y genera suspicacias. Al tratarse de una decisión administrativa, las demoras en el cumplimiento de la orden constitucional de elegir en propiedad al fiscal general de la Nación hacen pensar en que dentro de la corporación judicial hubo togados interesados en afectar el equilibrio de poderes, al dejar en la interinidad a la cuestionada vicefiscal Martha Mancera.  La obligación era y es clara: elegir fiscal en propiedad, lo que implica evitar a toda costa la interinidad, tal y como finalmente no sucedió. Ese juego político en el que cayeron los miembros del alto tribunal confirma que el señalado equilibrio entre los tres poderes públicos no siempre se rompe desde el Ejecutivo. El presidente de la República cumplió con mandar con mucho tiempo de antelación una terna de calidad, para que fuera elegida el remplazo del inefable Francisco Barbosa. Quienes incumplieron la orden constitucional fueron los togados y togadas de la CSJ.

El daño que dejó la interinidad de Mancera, la misma que la CSJ pudo evitar, está representado en la oleada de resoluciones (9 en total) con las que la vicefiscal encargada modificó la estructura operativa del ente acusador. Ya vendrán las demandas en contra de las decisiones tomadas por Martha Mancera. Igualmente, se espera que Luz Adriana Camargo eche para atrás aquellas resoluciones que afectan en materia grave la consistencia y los objetivos institucionales del plan que la entonces ternada presentó ante los magistrados.

También es probable pensar que aquellas magistradas y magistrados que votaron repetidamente en blanco recibieron presiones externas de agentes políticos y económicos preocupados por la altura ética de las tres ternadas y por la posibilidad de que con la llegada de cualquiera de las abogadas a dirigir la Fiscalía, tomaría la decisión de reabrir casos delicados como Odebrecht, el crimen de Jorge Enrique Pizano, así como la advertida captura de la Fiscalía de parte de clanes políticos mafiosos e incluso, de parte del Clan del Golfo.

El segundo hecho tiene que ver con la actitud machista y misógina de periodistas y del exmagistrado Jaime Arrubla quien dijo que las mujeres ternadas eran “tres señoras que conocen el oficio, pero [son] tres personas enseñadas a llevar expedientes”.  Es decir, mandaderas sin criterio penal alguno. Presentado por los medios masivos como una “fuente idónea”, la opinión de Arrubla, cercano al uribismo, se sumó al proceso de desprestigio que desde los medios masivos se alentó para evitar que Amelia Pérez fuera elegida como la nueva fiscal, pues alcanzó en unas de las votaciones, 13 votos.

Su eventual elección debió haber generado preocupación y algo de urticaria en agentes políticos cercanos al paramilitarismo, fenómeno que Pérez investigó a fondo, al igual que su compañero de vida, Gregorio Oviedo. Amelia Pérez fue atacada con fiereza por unos trinos de su esposo, en la red X.

En su carta de renuncia, Pérez explicó que la decisión  “obedece al surgimiento e interferencia de factores extraños a una tranquila y pacífica elección, los cuales han sido atravesados por episodios perturbadores, como, por ejemplo, el cuestionamiento a opiniones ajenas a la suscrita difundidas en las llamadas redes sociales, pero que, absurdamente, han sido a mí atribuidas sin fundamento alguno, en una anormal postura de querer aplicar el inexistente 'delito de opinión' con el agravante de que tales opiniones son elaboración exclusiva, y excluyente, de un tercero, pero que sus consecuencias, increíblemente, deben ser asumidas por persona distinta a quien las emitió”.

Sin duda alguna, el machismo de un sector de la sociedad colombiana permitió dudar de la idoneidad de Amelia Pérez, asumiendo que ella no tomaría decisiones de manera autónoma, sino orientada por las ideas, prejuicios y el criterio del marido.

El tercer hecho alude a lo inconveniente que resultó la presión del jefe del Estado sobre el alto tribunal. Haber convocado a sus simpatizantes frente al edificio del Palacio de Justicia solo sirvió de excusa para que los magistrados dilataran la decisión administrativa, bajo el argumento de que no había garantías para agotar el perverso mecanismo de elección. Eso sí, la presión presidencial puso en evidencia a los sectores de poder social, político y económico a los que no les convenía que una mujer proba y digna asumiera las riendas de la Fiscalía. El apoyo del uribismo a la autonomía de la CSJ y la felicidad de varios de sus miembros más visibles por la interinidad de Mancera deja ver con claridad que les gusta la operación de una Fiscalía capturada por clanes políticos, en particular, prefieren a un fiscal que sea un apéndice del gobierno, tal y como lo fue Francisco Barbosa, cuyo único mérito académico y profesional fue haber sido compañero de pupitre del presidente-títere, Iván Duque Márquez.

Ya veremos qué puede hacer Luz Adriana Camargo para recuperar, para el Estado de derecho y la sociedad, a la Fiscalía. Camargo sabe de antemano que la institucionalidad del ente acusador deviene de tiempo atrás permeada por un ethos mafioso. Me uno a las voces de quienes recomiendan a Camargo que llame a sus dos compañeras de terna para que hagan parte de la Fiscalía.  

En la historia quedará que, en una sesión extraordinaria, y después de un tortuoso proceso de elección al interior de la CSJ, el 12 de marzo de 2024 fue elegida Luz Adriana Camargo como la nueva fiscal general de la Nación.

Imagen tomada de la Red X. 

EL TEMOR DE MARÍA FERNANDA CABAL: QUE PETRO TENGA "FISCAL DE BOLSILLO"

 

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La captura del Estado por parte de clanes y familias adineradas es el bien más preciado que están dispuestos a defender quienes hacen parte de lo que llaman el Establecimiento colombiano; y para ello siempre necesitaron de “fiscales de bolsillo”, amigos todos del presidente de la República y con alguna ascendencia dentro de la Corte Suprema de Justicia, corporación judicial que elige al fiscal general de la Nación de la terna enviada por el jefe del Estado.

Hablar en Colombia de “fiscales de bolsillo” da cuenta del incontrastable poder del presidente de la República y del sinuoso mecanismo de elección en el que está involucrada la Corte Suprema de Justicia, corporación judicial que no escapó a la penetración del ethos mafioso. Recordemos el cartel de la toga que tocó, incluso, a presidentes de ese alto tribunal y a varios magistrados.

Haré un corto listado de hechos jurídicamente relevantes en los que claramente y de acuerdo con serias investigaciones periodísticas y con fallos y dilaciones judiciales han terminado por favorecer a familias poderosas, fruto de esa relación perniciosa que da vida a la preocupación poco genuina de la senadora Cabal por aquello que de que Petro tenga fiscal de bolsillo: 1. El caso Odebrecht. Para este caso, los fiscales generales, Néstor Humberto Martínez Neira y Francisco Barbosa evitaron que miembros de la familia Sarmiento Angulo fueran tocados por la justicia, lo que significó poner la institucionalidad de la fiscalía al servicio de los intereses de la señalada familia. Hay que advertir que recientemente el Grupo Aval reconoció ante autoridades americanas la comisión de delitos, lo que les ocasionó una millonaria sanción económica y la obligación a colaborar con la investigación que de carácter federal se abrió en territorio estadounidense. 2. El caso Álvaro Uribe Vélez. Quizás es el más evidente caso en el que se nota la decisión del fiscal Barbosa de poner al servicio de la defensa del expresidente y expresidiario, a la fiscalía general de la Nación. En tres ocasiones, por orden directa del fiscal Francisco Barbosa, se solicitó a los jueces la preclusión del caso en el que está involucrado Uribe Vélez en calidad de imputado por los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos. 3. El caso Char. Investigaciones periodísticas conectan a miembros del poderoso clan político barranquillero, con el lavado de dinero del cartel de Sinaloa. El silencio de la fiscalía es estruendoso. El mismo mutismo conservó el fiscal Barbosa y su fiscalía en relación con denuncias del periodista Gonzalo Guillén que indicaban la operación conjunta entre fiscales y el grupo narco paramilitar, conocido como el clan del Golfo.

La senadora conservadora y uribista, María Fernanda Cabal, en reciente entrevista al portal Semana expresó su preocupación por la elección del fiscal general de la Nación: “…Va a tratar de apretar, pero algo más peligroso es que Petro, con fiscal, complicará mucho a este país. Un Petro con fiscal, y que en sus antecedentes tenga señalamientos por persecución, complica mucho más este país”.

En una lectura entre líneas es fácil colegir varios asuntos: el primero, que la congresista reconoce que los presidentes en Colombia ponen fiscales, a pesar del mecanismo constitucional de elección del alto funcionario, compartido con la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El uribismo, del que hace parte Cabal, lleva años poniendo fiscal general de la Nación, lo que les ha garantizado a varios miembros de familias poderosas y clanes políticos, salvarse de investigaciones e imputaciones por la ya inocultable corrupción público-privada. Baste con recordar a Luis Camilo Osorio, a Néstor Humberto Martínez y al actual y saliente fiscal, Francisco Barbosa, todos amigos del hoy expresidente, Álvaro Uribe Vélez.

El segundo asunto tiene que ver con la preocupación que le asiste a la señora Cabal por la decisión del presidente Petro de combatir la corrupción público-privada y la acción de recuperar el Estado “para el pueblo”, hecho que implica arrebatárselo a las mafias políticas que, de muchas maneras, por acción u omisión, están conectadas con la operación perniciosa de la justicia y con poderosas familias y clanes políticos que guardan silencio ante hechos escandalosos de corrupción.

Y una tercera interpretación de la citada opinión está anclada a lo que pueda estar pensando lo más notable del Establecimiento colombiano ante la posibilidad de que Petro tenga su propia fiscal de bolsillo, de acuerdo con la lectura de la Cabal, como forma de presionar a los más poderosos de Colombia, para que le permitan hacer las reformas sociales que el país necesita. ¿Estarán pensando en darle un golpe de Estado a Petro? ¿O van a preferir llegar a un acuerdo nacional con el presidente de la República, para evitar “complicar mucho más el país”, como lo advierte la senadora María Fernanda Cabal?

Por ahora lo más importante es que la CSJ haga su trabajo y elija a quien será la nueva fiscal general de la Nación. Quien resulte elegida tendrá la obligación ética, moral y política de sacar de la Fiscalía a los fiscales e investigadores corruptos y de hacer una gestión que le devuelva a los colombianos la confianza en la institución. Si la nueva fiscal general decide abrir investigaciones que fueron archivadas de manera interesada por Barbosa o Martínez Neira, ello no la convierte en amiga y ficha de Petro. Por el contrario, será una heroína en un país en el que ser corrupto, paga y de qué manera.  

Imagen tomada del portal Semana.com

CON AMPARO CERÓN: ¿TERNA DE TRES O DE CUATRO?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Amparo Cerón está tratando de construir una leguleyada, para torpedear la elección del nuevo fiscal. Insiste la señora, cercana a Néstor Humberto Martínez Neira, en que, al haber sido ternada por el presidente, ese hecho político y de simple carácter administrativo, le otorga el derecho a ser elegida, razón por la que debe ser la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la que asuma la decisión final de su suerte y no el presidente Petro, quien envió hace unos días la nueva terna, de la que, por supuesto, ya no aparece el nombre de la abogada, quien fungiera como la fiscal que llevó el caso de Odebrecht. En lugar de Cerón, el gobierno puso el nombre de Adriana Camargo.

En ejercicio de la potestad presidencial de enviar a la Corte Suprema de Justicia la terna para que este alto tribunal elija a quien remplazará al inefable y controvertido fiscal general, Francisco Barbosa, ahora, Amparo Cerón quiere no solo restarle legitimidad y legalidad al poder que tiene el jefe del Estado de ternar a quienes él cree que tienen la altura moral y ética, así como la formación y capacidad para dirigir la fiscalía general de la Nación, entidad de tiempo atrás capturada por mafias de cuello blanco y uniformes camuflados.

Justamente, el infantil reclamo o la pataleta de la señora Cerón dejan ver su minúscula dignidad al no reconocer que su nombre genera dudas en el gobierno y en sectores políticos y periodísticos, lo que debería de impulsarla a declinar a hacer parte de la exclusiva terna. Pero no. Cerón quiere construir un caso jurídico donde no lo hay, por el solo hecho de extender en el tiempo la elección que deben hacer los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Es sencillo: para qué insistir en hacer parte de una lista cuando el propio gobierno ya revisó a fondo su trayectoria, la misma que le generó dudas tardías al presidente sobre la independencia de la señora Cerón. Lo que sí hay que reconocer es que el gobierno se equivocó al ternar a la abogada Cerón, pero ese yerro no puede usarse para reclamar un inexistente derecho adquirido.

La lógica sentimental y proto jurídica de Amparo Cerón se desvanece y entra en crisis justamente al momento en el que el presidente Petro envió la nueva terna, potestad que Cerón quiere arrebatarle, cuando dicho poder está garantizado por la Constitución.

Ya veremos en qué queda esta ridícula novela de una abogada que, golpeada en el ego, quiere convertir ese dolor en un hecho jurídico que termine afectando el proceso de elección del nuevo fiscal general de la Nación. Se espera que la CSJ no se deje enredar por quien cree, sí o sí, que merece ser fiscal general de la Nación, cuando ya no hace parte del exclusivo listado. Lo mejor es que se resigne y guarde el recuerdo de haber sido ternada, por error.

En un país como Colombia, no es raro encontrar ternas de uno o de cuatro. Las de uno funcionan, cuando de antemano ya está elegido uno de los tres. Ahora, por cuenta de la abogada Cerón, parece que veremos una terna de cuatro.

Imagen tomada de Infobae. 

 

A PROPÓSITO DE LA “PAZ VERBAL” DEL PRESIDENTE DE LA ANDI

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En el 8º Congreso Empresarial organizado por la Andi en Cartagena, el presidente de esa agremiación, Bruc Mac Master, habló de “paz verbal”, en una clara alusión al presidente de la República, Gustavo Petro, quien no viajó al cierre del evento, hecho que fue presentado por periodistas del canal Caracol como lamentable.

Hay que señalar que las relaciones entre Mac Master y el presidente Petro no son buenas de tiempo atrás. Huelga recordar cuando en el marco del hundimiento de la reforma laboral en el Congreso, el jefe del Estado habló de “relaciones esclavistas y de explotación” entre algunos empresarios y los trabajadores. Por supuesto que el presidente de la Andi rechazó el calificativo del presidente de la República.

Se aplaude el llamado que hizo Mac Master al cierre del congreso empresarial a la “paz verbal”, pero se lamenta la invitación y presencia del fiscal general, Francisco Barbosa en el evento. Y peor aún los aplausos que recibió del auditorio, repleto de comerciantes y empresarios, a quien funge de tiempo atrás como el principal enemigo del proyecto de la Paz Total y del propio presidente Petro.

La presencia de Barbosa y su narrativa alrededor de que existe en el país una crisis institucional constituye una afrenta contra el mandatario por los duros enfrentamientos personales e institucionales que Petro y el fiscal general han protagonizado. No tiene mayor sentido hablar de “paz verbal” cuando se aplaude a quien representa la impunidad del 94% en hechos de corrupción pública y privada. A lo que se suma la tardía e insulsa imputación de cargos a los exdirectivos de Odebrecht. Sin duda alguna, estamos ante un acto circense, un numerito, pues todos sabemos que con dicha acción judicial se quiere mostrar la eficiencia y eficacia que jamás hubo para esclarecer el entramado de corrupción que compromete al Grupo Aval con la multinacional brasilera.

Así las cosas, los aplausos que el auditorio ofreció al inefable funcionario constituyen una afrenta política, una bofetada al presidente de la República. La revista Semana, medio aliado del fiscal general, dice que Barbosa fue “ovacionado”.

Es costumbre que los presidentes de la Andi inviten para el cierre de sus congresos a los presidentes. Este caso no es la excepción, a pesar de las malas relaciones Petro-Bruc. No puede invitarse y mucho menos hablar de la tal “paz verbal” cuando se toma partido y se aplaude al enemigo número 1 del jefe del Estado.  

Ahora bien, si Mac Master entiende la “paz verbal” como una especie mutismo generalizado sobre hechos de corrupción de los que es mejor no hablar, entonces su llamado se explica por el silencio que su agremiación y él mismo guardan frente a los hechos de corrupción que el propio Grupo Aval reconoció ante las autoridades americanas.

Las asperezas que hay que limar entre Petro y el presidente de la Andi pasan también por tener un poco de tacto al momento de invitar o de permitir la presencia de un fiscal general que no es garantía de imparcialidad justamente porque viene manejando la Fiscalía como si se tratara de un partido político e incluso, como si fuera la policía moral o política. Los tiempos en los que el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez convirtió el DAS en su policía política, con la que persiguió a sus críticos, parece que no los olvida Barbosa. 

 

Imagen tomada de Youtube

BARBOSA DESBORDADO

 

Por Germán Ayala Osorio

La desinstitucionalizante y peligrosa incitación a desobedecer las órdenes del presidente de la República que acaba de hacerles a los comandantes de la Policía y Dijin, el fiscal general de la Nación, amerita un llamado de atención de las altas cortes. De la misma manera como la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Consejo de Estado conminaron al presidente Petro a morigerar sus opiniones, estas dos corporaciones judiciales deben hacer lo mismo con Francisco Barbosa quien irrespeta al jefe del Estado y estimula a generales de la República a desobedecer las directrices de su comandante supremo. Esto es supremamente grave.

El silencio de las altas cortes ante el envalentonamiento de Barbosa aporta razones para que se consolide la narrativa presidencial que señala que se está cocinando un Golpe de Estado Blando. No es sano para el equilibrio  y las relaciones armónicas entre los tres poderes públicos que el fiscal general de la nación se niegue a  entregarle información que el presidente le ha solicitado sobre asuntos que son de total responsabilidad del jefe del Estado. Hablo en particular de los crímenes perpetrados por el Clan del Golfo, que entran el campo del orden público, asunto que es total responsabilidad del actual presidente y de su gobierno. Insisto en que ese silencio administrativo e institucional de Barbosa amerita un llamado de atención de los magistrados de las señaladas cortes. No pueden alinearse las altas cortes con el fiscal Barbosa, pues estarían tratando de someter al poder ejecutivo a los designios del sector justicia.

Así entonces, conforme pasa el tiempo se van consolidando narrativas negativas en torno a las funciones que estaría (in) cumpliendo el fiscal general, amparado en el tácito respaldo de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional.

La mejor forma de invalidar las versiones que indican que sectores de poder legal e ilegal estarían fraguando un golpe de Estado es que las altas Cortes conminen a Barbosa a que entregue lo solicitado por el presidente de la República y a que morigere las maneras como se refiere al jefe del Estado. Un Barbosa deslinderado y desbocado es la brasa que estaban esperando sectores de la sociedad civil que están incómodos con el gobierno de Petro.

Ciertas o no las versiones de una posible acción desestabilizadora del poder político en Colombia, a Barbosa hay que ponerle límites. No hacerlo, erosiona el poder presidencial, invita a la desobediencia y ampara a organizaciones criminales como el Clan del Golfo, que se pueden sentir legitimadas porque dentro del mismo poder judicial nadie exhorta a la Fiscalía a que entregue informes de las investigaciones de los crímenes ordenados desde esa organización narco paramilitar. ¿Quién se atreverá a ponerle el bozal al fiscal general de la Nación?

Hace unos años, el entonces presidente Álvaro Uribe intentó someter a las altas cortes, en particular a la Corte Suprema de Justicia. Y posteriormente, en la administración de Duque, esas mismas tres instancias judiciales hicieron un llamado a respetar a la justicia, por las decisiones que había adoptado la Sala de Instrucción de la CSJ respecto de las conductas punibles de Uribe. Bueno, es tiempo de que se unan para frenar al caballo desbocado que es hoy el fiscal Barbosa.

Y el llamado de atención también debe hacerse a la procuradora Cabello Blanco, quien funge hoy cada vez más, al igual que Barbosa, como opositora política del presidente Petro y de su proyecto de país. Barbosa y Cabello Blanco están jugando con candela señores magistrados de las altas cortes. O apagan el incendio ustedes, o se convierten en bomberos pirómanos.

Imagen tomada de Semana.com

LA CARTA DE RENUNCIA DE ZULUAGA AL CENTRO DEMOCRÁTICO: LACÓNICA, PERO DICIENTE

 

Por Germán Ayala Osorio

El Dinosaurio, de Augusto Monterroso, es el cuento más corto del mundo. Y por estos días, en medio del escándalo de los audios de Oscar Iván Zuluaga, en Colombia se cree que el entonces noble, preparado y probo candidato presidencial del uribismo escribió la carta más corta y lacónica de este hemisferio: su renuncia a la secta-partido en donde militó y desde donde hizo política electoral y buscó gobernar a Colombia con absoluta pulcritud. La misiva en referencia dice así: “Por medio de la presente me permito informarle de mi retiro del Partido Centro Democrático”.

Con la escueta carta de renuncia a su partido, Zuluaga vuelve a guardar silencio, pues evita referirse a los hechos públicos que lo obligaron a renunciar. Lacónica misiva que también da cuenta de su soledad y ostracismo.

Las cartas, como los cuentos, suelen definir o dar cuenta de un contexto. El cuento de Monterroso es profundo por las dimensiones y perspectivas que sus lectores pueden atribuirle. Por el contrario, la epístola de Zuluaga niega a sus electores la posibilidad de comprender la decisión tomada. Creerá el político que es suficiente con lo publicado y comentado en los medios de comunicación. Vuelve a equivocarse el exministro de Hacienda. En su renuncia bien pudo exponer los hechos que provocaron su renuncia, y sobre todo, pudo dejar claro que no engañó a la colectividad al haber recibido o conocido de la entrada de dineros de Odebrecht. El excandidato presidencial del uribismo en 2014 deja ver en su sucinta comunicación que sigue firme en su decisión de inmolarse y de ir al cadalso en solitario porque su único interés es salvar a su hijo David de las consecuencias penales que se le vendrían encima por ser Representante Legal de la campaña Zuluaga presidente.

Zuluaga prefirió escribir la concisa carta, en lugar de un oficio o memorial en el que le aclarara al país los niveles de responsabilidad que hay en su caso, porque el país sabe que él no pudo actuar solo.

Quizás el cuento de Monterroso les sirva a los colombianos para entender que después de los casos de Santoyo, las chuzadas del DAS, los falsos positivos, Agro Ingreso Seguro y Odebrecht, el más grande y depredador Dinosaurio sigue saliendo incólume y limpio a pesar de su cercanía a los hechos de corrupción arriba expuestos.

El cuento de Monterroso dice que “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”. Quizás sea tiempo de superar lo hecho por el escritor guatemalteco, diciendo: “Cuando los colombianos despertaron, los corruptos, seguían ahí”.

Imagen tomada de twitter.com

EL CASO DE ODEBRECHT: ¿LLEGARÁ EL FBI A HACER LA TAREA QUE LA FISCALÍA NO HIZO?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En la agenda bilateral entre los Estados Unidos y Colombia el tema de la sempiterna corrupción público-privada en el país, jamás tuvo un lugar preponderante debido a la “narcotización” de dicha agenda. Si bien en los tiempos del Proceso 8.000 la injerencia del entonces embajador de USA en Bogotá, Myles Frechette fue evidente, el ethos mafioso y las prácticas corruptas derivadas, jamás llamó la atención de los americanos, mientras dichas actividades mafiosas y putrefactas no afectaran la viabilidad institucional y la relación de dominación ejercida desde el norte.

El caso de Odebrecht llamó la atención del departamento de Justicia de los Estados Unidos y en particular del FBI, agencia que llegará pronto a Colombia a examinar cómo van las investigaciones internas en este entramado internacional de corrupción, que tocó a países como Brasil, Perú y Panamá, entre otros, con efectos políticos y jurídicos trascendentales.

Lo cierto es que en Colombia poco ha pasado en materia de establecer responsabilidades políticas, económicas y judiciales de todos los actores comprometidos en el pago de coimas y en la contratación misma de las obras civiles ejecutadas en el país como la Ruta del Sol II.

Tanto la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez Neira y Francisco Barbosa poco o nada hicieron para avanzar en el esclarecimiento del armazón corrupto que diseñaron los directivos de Odebrecht con congresistas y contratistas, y que salpicó a filiales del conglomerado económico de Sarmiento Angulo.  

Con la imputación de cargos por parte de la Fiscalía al inefable y sumiso excandidato presidencial del uribismo, Óscar Iván Zuluaga, se confirman las presiones y los intereses de los americanos en el más grande entramado corrupto jamás visto y operado por una compañía constructora. De ahí que es posible que el interés de los gringos en que se resuelvan los casos de corrupción en el continente tenga que ver, justamente, con tomarse ese sector, sacando de taquito a Odebrecht, multinacional cuyo nombre quedó desprestigiado.

Así las cosas, la llegada del FBI a Colombia cuenta, por supuesto, con el aval del actual gobierno, comprometido en una lucha frontal contra la corrupción interna que viene carcomiendo las finanzas públicas y naturalizando el ethos mafioso que guía la vida y las actuaciones de políticos, empresarios y partidos políticos, como el Centro Democrático, entre otros, comprometidos en el recibo, a gusto, de millonarias sumas de dinero para la campaña Zuluaga Presidente, girados por la multinacional brasilera, Odebrecht.

De esa manera, Petro y su gobierno logra poner en la agenda bilateral el tema de la corrupción público-privada y por esa vía, desnarcotizar en algo las complejas relaciones con el país del norte. Ese “logro” del presidente Gustavo Petro resulta positivo en lo político, porque a pocos meses de las elecciones regionales, hace que los reflectores de los medios se posen sobre el Centro Democrático y el uribismo, sector de poder que se opone a sus reformas. La parte negativa aparece en el preciso momento en que, al histórico tutelaje americano sobre nuestra vida institucional, se suma ese comportamiento mafioso y corrupto que nos hace ver como una sociedad premoderna y como un Estado que en cualquier momento entra en un proceso de inviabilidad política y económica debido a una corrupción público-privada, orquestada desde los partidos políticos y validada por agentes sociales y económicos de la sociedad civil.  

No sobra decir que la agenda bilateral entre los Estados Unidos y Colombia deviene, de tiempo atrás, atada a la fracasada lucha contra el tráfico de drogas. Gobiernos anteriores aceptaron con una alta dosis de sumisión, la aplicación de medidas socio ambientalmente insostenibles como la aspersión de glifosato, un poderoso defoliante que no discrimina cultivo y termina matando todo cultivo que toca, con riesgos para la salud de animales no humanos y humanos. Se suma a lo anterior, la erradicación manual, la quema de laboratorios y la interdicción aérea y marítima. El gobierno de Petro insiste en “desnarcotizar” esa agenda, poniendo sobre la mesa puntos que a los anteriores gobiernos no les interesó ni siquiera discutir con las autoridades norteamericanas. Esos puntos son: la lucha contra el cambio climático, cambiar deuda externa por acciones climáticas como reforestar, frenar la deforestación, cuidar, conservar y restaurar ecosistemas selváticos sometidos a largos y feroces procesos de intervención humana. Y al parecer, la lucha contra la corrupción. ¿Estará cambiando el gobierno de Petro la intervención directa del FBI en el caso de Odebrecht por la conformación de la Comisión Internacional que investigaría otros escándalos de corrupción ocurridos en Colombia desde 2002 en adelante?

Antes de irse de la Casa de Nariño, Iván Duque dejó amarrado todo lo concerniente a la erradicación forzada asociada a la aspersión del glifosato, a pesar de las recomendaciones hechas por la Corte Constitucional. El nombre de Duque está conectado con el caso Odebrecht. Según denuncias periodísticas, el hoy expresidente habría comprado un apartamento en Washington con dineros de Odebrecht. Según el medio independiente Cuestión Pública, “tras conocerse que la compra del apartamento en Washington tuvo lugar días después de la reunión en Brasil, el candidato presidencial del Centro Democrático, Iván Duque, salió al paso y negó que lo haya pagado con dineros de Odebrecht. “Ese apartamento lo compré cuando me retiré del Banco Interamericano de Desarrollo, con parte de mis cesantías y además, con un crédito que tomé”, aseguró Duque en Canal Capital. También dijo que era un ahorro para sus hijos y que el inmueble está reportado en sus declaraciones de renta y activos en el exterior, ante la DIAN”.

Ya veremos en qué queda la inspección del FBI en el país. Lo cierto es que por cuenta del ethos mafioso y la clase política y empresarial corrupta, en los Estados Unidos nos miran como una sociedad que necesita de manera permanente el tutelaje americano. Quizás por ello jamás alcanzaremos la “mayoría de edad” suficiente que nos permita construir una agenda bilateral diferente.

Imagen tomada de Youtube.com

ZULUAGA SE FUE SOLITO AL CADALSO: ¿POR MIEDO O ES UN ASUNTO DE CLASE?

Por German Ayala Osorio

Oscar Iván Zuluaga decidió inmolarse. Esto significa que no señalará a nadie del Centro Democrático, y menos al dueño del letrero de ese partido, Álvaro Uribe. Él asumirá toda la responsabilidad de lo acontecido, pese a que una parte del país espera con ansiedad que señale al expresidente, quien, como en otros hechos y escándalos, siempre sale limpio. Baste con recordar las chuzadas del DAS y los ‘falsos positivos’ para suponer que al interior de esa secta-partido existe una especie de pacto ‘de sangre’ consistente en evitar que su máximo líder sea señalado como copartícipe de actos corruptos, crímenes o hechos innobles (como la violación carnal a una periodista, por ejemplo).

A pesar de la recomendación que le hizo el sacerdote Arturo Uría, Zuluaga se irá solito al cadalso y se pondrá la soga al cuello, sin señalar a nadie más en el entramado de corrupción que hay detrás de la entrada de dineros de la multinacional Odebrecht a su campaña.

La decisión del exministro de Hacienda y alfil del uribismo puede asociarse a sentimientos de miedo e incluso de desespero para salvar a su hijo, también comprometido penalmente en el escándalo político-judicial. Pero igual puede estar relacionada su actitud sumisa con un asunto de clase. Y en este punto viene a mi mente lo sucedido con el entonces ministro de Defensa de Ernesto Samper Pizano, involucrado en el escándalo derivado del proceso 8.000.

Perteneciente a una de las familias más prestantes de la élite bogotana, Fernando Botero Zea reconoció su responsabilidad política y ética en la entrada de dineros del Cartel de Cali a la campaña presidencial de Ernesto Samper, y además lo señaló, al afirmar que él sabía de esos ingresos. Cierto o no que Samper haya sabido, las aspiraciones políticas de Botero eran evidentes: estaba buscando ser presidente de la República. Por esa razón hay quienes aún piensan que lo hecho por Botero se llama traición. Deslealtad o no, Botero lo hizo amparado en su condición de clase.

No se puede esperar lo mismo de Zuluaga, pues su carácter gregario, medroso y pusilánime constituye el mayor impedimento para que prenda el ventilador contra su jefe político, como sí lo hizo en su momento Fernando Botero. Así las cosas, esa parte del país que espera que Zuluaga abra la boca para sindicar al expresidente Uribe Vélez se quedara con los crespos hechos. No creo, entonces, que Oscar Iván Zuluaga tenga los “cojones” suficientes para prender el ventilador. Su silencio – y él lo sabe- es la garantía de que el círculo de poder mediático, político y jurídico hará lo que esté a su alcance para sacar limpio a su hijo.

Queda claro que no es lo mismo llevar el apellido Botero que el apellido Zuluaga. Aquí juegan la tradición y el linaje. Fernando Botero manchó en materia grave el nombre de su padre y el de todos los miembros de su prestante familia. Zuluaga se inmolará a pesar de la recomendación de su cura confesor, porque asume que su origen de clase no le da para enlodar a un expresidente de la República.

Imagen tomada de Infobae

PACTO CULTURAL, ETHOS MAFIOSO Y URIBISMO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Los escándalos mediáticos y jurídico-políticos constituyen hechos culturales que nos avergüenzan por unos días, de pronto por algunos meses, para luego quedar a merced de la siempre frágil memoria colectiva.

Desde los hechos bochornosos acaecidos durante la construcción de la represa de El Guavio, pasando por el proceso 8.000, Reficar, los carteles de la hemofilia, de la Toga, los falsos positivos y el caso Odebrecht y la Ruta del Sol II, el país sigue sumido en la desvergüenza. Y qué curioso que las confesiones de Óscar Iván Zuluaga nuevamente enlodan al círculo más cercano del expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez.

Todos los anteriores y otros tantos hechos delictivos que no puedo registrar aquí porque harían interminable esta columna, comparten un naturalizado ethos mafioso que se conecta inexorablemente con el ejercicio del poder político, de la política menuda y el pragmatismo de los políticos profesionales y los partidos políticos, convertidos estos últimos en oficinas de transacciones burocráticas; esos partidos son sostenidos por magnates que instrumentalizan a sus políticos, patrocinando sus campañas, convirtiendo a presidentes de la República en sus sirvientes, aunque de carácter fatuo frente al pueblo.

También se conecta ese ethos mafioso con el sistema capitalista y la inmoralidad que se desprende de su operación. Enriquecerse es el objetivo primordial de todos aquellos que, amparados en el ethos mafioso, se aventuran a participar de todo tipo de ilícitos porque saben que, por más mal que les vaya, siempre podrán conservar sus grandes fortunas ilícitamente conseguidas. El caso Emilio Tapia resulta paradigmático: varias veces procesado y condenado por casos de corrupción y sigue moviendo los hilos de la corrupción público-privada.  O el caso de corrupción del congresista Mario Castaño y sus marionetas, en el que también estaría comprometido el congresista del Centro Democrático, Ciro Ramírez, imputado por varios delitos por la Corte Suprema de Justicia.

A todo lo anterior se suma la debilidad del aparato de justicia que toma decisiones de la mano de los códigos, pero también de lo que les dice a los jueces la economía del crimen, paradigma moral desde donde actúan los políticos corruptos.

Ese comportamiento mafioso de los políticos y empresarios obedece a un problema cultural de fondo: somos mafiosos o por lo menos, proclives a torcer la ley, a saltarnos las filas y procedimientos reglados. Colombia exhibe un grave problema cultural.

En varios momentos de la vida política de este país se habló de la necesidad de hacer un Pacto Político, en función de alcanzar una anhelada paz. La constitución del 91 se asumió y se entendió como un Pacto de Paz, como un nuevo contrato social. Pero la verdad es que el país poco cambió en materia de corrupción público-privada. Eso sí, se hizo más sofisticada.

La negociación política entre el Estado y las Farc-Ep en La Habana se asumió de la misma manera: otro pacto con el objetivo de pacificar al país, pero tampoco se logró. Es más, en el Tratado de Paz de 300 páginas que millones de colombianos jamás leyeron se propone hacer un Pacto Político. El presidente Petro recogió esa propuesta, pero ya sabemos qué pasó.

Es tiempo de dejar de llamar Pacto Político a ese deseo de ponerle punto final a todo lo que está mal en el país, para empezar a hablar de un Pacto Cultural que proscriba el ethos mafioso que todos hemos validado por acción u omisión. Un Pacto Cultural que destierre, por ejemplo, los vericuetos morales que decidió recorrer el más reciente protagonista de la corrupción política: el excandidato presidencial por el uribismo y ex ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga. Su confesión ante el sacerdote Uría no deja de ser una tramoya moral para encontrar sosiego y comprensión en los millones de creyentes colombianos que quizás en el pasado también perdonaron a otros políticos piadosos que optaron por comportarse como mafiosos.

Necesitamos un Pacto Cultural. El problema es que hoy no hay quién lidere desde la sociedad civil ese impostergable proyecto. Como tampoco lo hay desde las fuerzas armadas. Tampoco aparece un liderazgo en la academia. Mucho menos en Iglesias y congregaciones. Como tampoco en los clubes de fútbol aparecen dirigentes o deportistas con el interés de poner a hablar al país de dicho pacto. Es comprensible que ese Pacto Cultural del que aquí hablo necesita de un cambio actitudinal de la dirigencia empresarial y política, actores en donde el ethos mafioso nace y se reproduce., 

Eso sí, antes de pensar en que broten de los sectores señalados cualquier iniciativa que lleve por nombre Pacto Cultural, el país y la sociedad entera necesita proscribir todas las prácticas que identifican al uribismo con la corrupción público-privada. Para confinar ese particular ethos debería de ser suficiente con los 6402 crímenes de Estado cometidos entre 2002 y 2010. Pero no fue así. La confesión del inefable Oscar Iván Zuluaga tampoco será suficiente para desterrar esa forma de asumir la política, lo público, la ética y la moral. Será difícil un Pacto Cultural en Colombia mientras siga vigente ese paradigma moral, ético, político y económico que se naturalizó desde el 7 de agosto de 2002.

 

Imagen tomada de El Heraldo.

ÓSCAR IVÁN ZULUAGA, ODEBRECHT Y EL CURA SALVADOR

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En los audios que publica Semana de Oscar Iván Zuluaga hay un elemento de índole religioso-moral que llama la atención: el excandidato presidencial del uribismo buscó al sacerdote Arturo Uría para confesarle que él sí sabía de la entrada de dineros de Odebrecht a la campaña y del pago de coimas.

En su desespero por lo que se le venía encima con la imputación de cargos por parte de la fiscalía general de la Nación, Zuluaga busca apoyo espiritual en el cura, en un acto tardío de contrición con el cual el excandidato presidencial del uribismo minimiza su responsabilidad política con el país, las instituciones y con sus votantes. Al encontrar refugio moral en el sacerdote Uría, Zuluaga se auto confirma como un hombre religioso y profundamente creyente, al tiempo que parece dejar en su Dios el castigo divino al que haya lugar por haber guardado silencio ante el entramado de corrupción.

En los audios se le escucha decir a Zuluaga, en conversación con el expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez “si tengo que aceptar y decir que hice cosas que no hice, lo voy a hacer para salvar a mi hijo. Quiero que lo tenga muy claro. Para mí no hay ninguna prioridad más grande que salvar a mi hijo y quiero que usted lo tenga presente. Lo que tenga que hacer y lo que tenga que decir. Esa es mi prioridad”.

Ese nivel de lealtad (¿o complicidad?), abnegación, abyección y sumisión de Zuluaga tiene como único objetivo evitar que el nombre de Uribe Vélez sea relacionado con el entramado de corrupción de Odebrecht. Curiosamente, sobre los escabrosos hechos las autoridades americanas han expresado mayor interés que el que deberían exponer la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación. Al final, lo que cuenta para Zuluaga es salvar a su hijo de toda responsabilidad penal y de contera, contribuir a la narrativa moralizante que indica que, como en los casos de los falsos positivos, Álvaro Uribe Vélez nuevamente fue engañado y asaltado en su buena fe antioqueña. En las ejecuciones extrajudiciales, los soldados lo engañaron y en el de Odebrecht, Zuluaga, Arizabaleta (quien entregó a Zuluaga a la fiscalía) y Duque, entre otros, le ocultaron información sensible.

En Zuluaga confluyen esa moral religiosa acomodaticia muy propia de la élite colombiana, en particular de sus miembros más godos. Todo lo dejan en manos de los curas y de Dios. Y como saben muy bien moverse en los límites y ventajas de lo que se conoce como la “economía del crimen”, entonces todas las fechorías y crímenes cometidos, al pasarlos por el cedazo moral de un cura, terminan reducidos a simples pecados. Con tres penitencias y unos mil jesuses quedan nuevamente listos para continuar en el ejercicio del poder. Para el caso de Zuluaga, él está dispuesto, como lo dejó en evidencia, a aceptar el ostracismo político, con tal de salvar a su hijo.

En su diálogo con el sacerdote, el ministro de Dios en la tierra le tira a Zuluaga el salvavidas moral que él esperaba que el cura le lanzara. Esto se lee en el artículo: “uno tiene que protegerse a sí mismo ante la maldad de los demás. A usted nada lo obliga a no protegerse y proteger a su familia’. Incluso me lo dijo: ‘Eso está en la fe, habla de la restricción mental, usted no tiene por qué inmolarse’”.

Al final, toda la responsabilidad ética, moral y política que debería asumir el ex ministro de Hacienda se reduce a un problema de maldad de los demás. Lo más probable es que Zuluaga acepte toda la responsabilidad para salvar a quienes debe salvar, pero ante los ojos de la sociedad colombiana sus graves faltas ya quedaron perdonadas.

Imagen tomada de Semana.com