JESÚS ARMANDO ARIAS CABRALES, UN GENERAL SIN CONDECORACIONES Y GLORIA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Con un decreto ministerial, al general Jesús Armando Arias Cabrales le acaban de retirar cinco de las más altas condecoraciones que recibió durante su larga carrera militar, la misma que el alto oficial manchó con sus actuaciones durante la retoma del Palacio de Justicia en 1985.

Sin duda alguna, se trata de una decisión con una enorme carga simbólica con la que se acaba de hundir en el mayor descrédito y deshonra a la que se puede someter a un militar como Arias Cabrales que, en algún momento de la historia del país, sectores de la opinión y del establecimiento colombiano consideraron como un “héroe de la Patria”. Condenado a 35 años de prisión y expulsado de la JEP por negarse a reconocer sus responsabilidades durante el operativo con el que el Ejército retomó el control del Palacio de Justicia a sangre y fuego, acción temeraria que terminó con la vida de magistrados. Entre las víctimas del operativo militar se cuenta el magistrado Carlos Urán Rojas, quien fue asesinado por tropas oficiales.

La decisión político-administrativa con la que se despoja a Arias Cabrales de cinco condecoraciones constituye una acción ética ejemplarizante justamente por su condición de general de la República. Por lo anterior, la decisión alcanza una especial notoriedad. Aunque se trata de un acto político, ya otros oficiales de manera voluntaria habrían devuelto las condecoraciones que en otros tiempos lucieron con orgullo.

Jesús Armando Arias Cabrales morirá en la deshonra por haber creído, como otros altos oficiales que al recuperar el edificio del Palacio de Justicia “estaba defendiendo la democracia”. El coronel Plazas Vega, autor de la tristemente célebre frase, “aquí, defendiendo la democracia, maestro”, debería de devolver sus condecoraciones y medallas por el vergonzoso y ultrajante operativo de retoma del Palacio de Justicia del que hizo parte, aunque la justicia señala las mayores responsabilidades en generales troperos como Arias Cabrales.

Ojalá que en las escuelas de formación de oficiales y suboficiales se estudie con rigor histórico, militar, humanístico y ético-político lo ocurrido con la toma y retoma del Palacio de Justicia. Es preciso también que el concepto de democracia no se vuelva a reducir a la defensa de un edificio, tomado por un grupo armado ilegal. Primero está la vida de los civiles, lo demás, es secundario. Tan secundario,  como las medallas y condecoraciones que, manchadas de sangre de inocentes, brillaron en los pechos de generales y coroneles.

Imagen tomada de Semana.com

JESÚS ARMANDO ARIAS CABRALES NO PODRÁ ENTRAR A LOS ESTADOS UNIDOS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El 24 de noviembre los Estados Unidos, a través de un comunicado, informó que el ex alto oficial, uno de los responsables del operativo de retoma del Palacio de Justicia en 1985 y, por lo tanto, de las violaciones a los derechos humanos cometidos durante esa acción militar, no sería aceptado en territorio americano.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos decidió que el “ex general Jesús Armando Arias Cabrales, su esposa Martha Paulina Isaza de Arias y sus hijos Francisco Armando Arias Isaza y Martha Lucia Arias Isaza no son elegibles para ingresar a Estados Unidos”.  La decisión se adopta por “su participación en una violación grave de derechos humanos durante la operación de retoma del Palacio de Justicia de Bogotá en noviembre de 1985”.

Arias Cabrales fue expulsado de la JEP por su nula colaboración para el esclarecimiento de lo acontecido en la retoma del Palacio de Justicia, en manos de una célula del M-19. Junto al señalado ex oficial, aparecen otros exmilitares colombianos a los que los gringos restringieron su entrada a territorio americano. De acuerdo con El Espectador “el Gobierno de Estados Unidos ya le había cerrado las puertas de su país a tres altos mandos militares por presuntamente participar en “graves violaciones de derechos humanos” durante el conflicto armado. Los implicados eran los coroneles en retiro Juan Carlos Figueroa Suárez y Publio Hernán Mejía, exmiembros del Batallón La Popa, y el general en retiro Iván Ramírez Quintero, excomandante de Inteligencia del Batallón Charry Solano, de la XIII Brigada del Ejército”.

Para ciertos sectores societales tener la visa americana constituye un plus y quizás también se asuma como la puerta para salir y escapar de obligaciones penales en Colombia o simplemente para huir de presiones mediáticas y/o descansar de la agobiante realidad del país. En particular, para hijos de clanes políticos, tener la visa gringa es sinónimo de prestigio y reconocimiento social y político. Incluso, dicho permiso los políticos lo asumen como un aprobado examen de “buena conducta”.  

Las cancelaciones de las visas a personajes públicos o el aviso de prohibición para pisar territorio americano se producen en medio del carácter discrecional de la medida, aunque las mismas autoridades americanas dejan entrever que hay motivaciones que van desde la violación de los derechos humanos, información de inteligencia que asocia a políticos colombianos con mafias del narcotráfico o lavado de dinero, entre otras actividades ilegales.

Lo cierto es que, para los políticos, magistrados, militares activos o en uso de buen retiro, perder la visa o no poder pisar suelo americano constituye una vergüenza que raya con el ostracismo o el confinamiento en el país en el que no suelen pasar vacaciones: Colombia.

Baste con recordar el impacto mediático que en su momento tuvo la cancelación de la visa al entonces presidente de la República, Ernesto Samper Pizano, por los escandalosos hechos por la probada entrada de dinero del Cartel de Cali a la campaña que lo llevó a la Casa de Nariño. El país no olvida la reacción de Samper ante el aviso: “Yo no necesito visa para venir a Chaparral". Y posterior a la cancelación, el expresidente espetó: “la visa sirve para que presionen magistrados. Sin visa sí hay paraíso, han creado el mito de que perderla es la muerte, como si fuera un certificado de buena conducta”.

Hay que sumar también los casos de Fuad y Alex Char, miembros del clan que domina Barranquilla y el departamento del Atlántico, como si se tratara de su feudo. Así registró Cambio lo sucedido con estos poderosos políticos: “Alejandro Char recientemente vio cómo su trámite de renovación de visa le fue denegado. Su padre, Fuad Char, quien fue gobernador del Atlántico, senador, embajador en Portugal y ministro de Desarrollo Económico en el gobierno de Virgilio Barco, también perdió su visa en la década de los noventa”.

Eso sí, el país no podrá esperar que Arias Cabrales diga algo similar a lo que en su momento dijo Ernesto Samper, pues lo de él es guardar prudente y obediente silencio.   

Imagen tomada de las 2 Orillas.