SERGIO FAJARDO: EL CANDIDATO PRESIDENCIAL DE NOTICIAS CARACOL E INVAMER

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Noticias Caracol y Blu radio asumieron dos tareas políticas complementarias: la primera, recuperar del cuarto de San Alejo a Sergio Fajardo Valderrama, sacudirlo e investirlo nuevamente de candidato presidencial; y la segunda, aportar a la consolidación del siempre fantasmal centro político.

Como actor político en oposición al gobierno de Petro, dicho noticiero privado cree que es posible, a punta de encuestas hechas por Invamer y entrevistas radiales y televisivas al candidato antioqueño, proponerle al país una “tercera vía” para hacerle el quite o superar la violenta crispación ideológica que hay entre izquierda y derecha, o mejor, entre el petrismo y el uribismo. Eso sí, esa apuesta la harán en medio de la inexistencia de un centro de pensamiento que explique muy bien qué es eso del centro en un país históricamente gobernado por una derecha mafiosa, neoliberal y retardataria frente a la que los candidatos que se autoproclaman de centro guardaron silencio cómplice o exhibieron simpatías en específicas coyunturas, como por ejemplo, durante la aplicación a raja tabla de la política de defensa y seguridad democrática que dio como resultado el asesinato de 6402 jóvenes presentados engañosamente por el Ejército como guerrilleros muertos en combate.

Después de 20 años de uribismo y cuatro de progresismo, Fajardo cree que llegó el tiempo de gobernar a la centroderecha o quizás a esa derecha de las “buenas maneras”, pero que en el fondo defiende los mismos intereses y apelaría a las mismas prácticas económicas, políticas y sociales con las que se identifica al uribismo y en general a la derecha neoliberal.

Es decir, un eventual gobierno de Sergio Fajardo le apostaría a marchitar los avances y proyectos que el gobierno de Petro haya dejado: parar la incipiente reforma agraria y si es posible reversar la entrega de predios en los que están comprometidos políticos y parapolíticos afectos a la “causa” fajardista. Detener el proceso de recuperación del campesinado y de las actividades agropecuarias que vienen creciendo a un ritmo del 10%. Volver a entregarle la SAE a los amigos de la derecha y del medroso centro y tratar de echar para atrás los avances en materia de salud, en particular en los controles a los dineros girados a las EPS. Los avances en la movilidad férrea no gustan mucho en los sectores de la derecha que dominan el transporte de carga en tractomulas y el de pasajeros en buses. Muy seguramente ese sector termine marchitándose en un eventual gobierno de Sergio Fajardo.

El país no puede olvidar que su desprecio por las ideas progresistas, llevaron a Fajardo a apoyar la campaña de Rodolfo Hernández a sabiendas de su proceso penal por corrupción, de su patanería y su condición de putero. 

Fajardo Valderrama arrastra el haber simpatizado y apoyado las maneras de gobernar y de operar el Estado durante los tenebrosos 20 años de uribismo. De igual manera, su imagen está atada a los intereses del GEA y a los de un empresariado que le apostó a la concentración de la riqueza y de la tierra en pocas manos, lo que produjo en 20 años de uribismo y 30 de neoliberalismo el crecimiento sostenido de la pobreza y la informalidad laboral. Ese mismo empresariado que niega la crisis climática y sus efectos económicos, ecológicos y socioambientales apoyaría a Fajardo en su nueva aventura electoral, porque saben que encuentran en él a un político de “buenas maneras”, tibio, obsecuente y alejado de las ideas progresistas. No es gratuito que cientos de miles de ciudadanos digan que es un “uribista enclosetado”, incapaz de tomar distancia del expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez. La tibieza que se le endilga al exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín está atada al miedo que le produce Uribe Vélez y quizás a un hecho político sobre el que Fajardo aún debe darle explicaciones al país: la conocida “donBernabilidad”.

En el portal La Silla Vacía se lee lo siguiente: “la historia de la ‘donbernabilidad’ se remonta a la segunda mitad de los años 90 cuando la Oficina de Envigado controlaba las bandas delincuenciales de Medellín a través de una oficina de cobro. Cuando Sergio Fajardo llega a la alcaldía de Medellín en 2004, encuentra este poder que ya ejercía la oficina de Envigado en las comunas. Fajardo no auspició nada, pero tampoco se le opuso y sí le sacó provecho a los resultados con eso de ‘Del miedo a la esperanza’”, dice Fernando Quijano.

Cansados de la polarización entre petristas y uribistas, los propietarios de Noticias Caracol le van a apostar duro, política, económica y mediáticamente, a recuperar a una figura como Sergio Fajardo que bien puede parecerse a Iván Duque Márquez. Fajardo sería el mandadero de los empresarios neoliberales que a pesar de ser cercanos a Uribe Vélez y de agradecerle por los buenos servicios prestados a la causa neoliberal durante 20 años, entienden que su mala imagen y el juicio que enfrentará a partir de 2025 son suficientes razones para apostarle a crear, únicamente para la coyuntura electoral de 2026, un centro político, así a los pocos meses el país descubra que se trata de una mera fachada de la derecha rentista y neoliberal de siempre.

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NO DEJES DE MIRARME: PELÍCULA Y ESPEJO PARA COLOMBIA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

No dejes de mirarme es una película en la que confluyen de manera acertada elementos como la supremacía étnica en los tiempos del nazismo alemán y la pintura como “arma” política e ideológica capaz de develar secretos de las prácticas propias de la biopolítica con las que Hitler y sus agentes médicos pretendieron mantener la “pureza aria”. De igual manera, el lienzo y los bocetos tienen la facultad de provocar epifanías como la que le permitió al joven Kurt Barnert reencontrarse con su pasado y con su tía víctima del sistema disciplinar que se abría camino con el hospital psiquiátrico para todos aquellos que no “encajaran” en la “ejemplar” sociedad alemana.  

El Dr. Seeband, médico nazi sobre quien pesan abortos y asesinatos de ciudadanos considerados como “inservibles”, está atado a la niñez del joven pintor que sirvió a los intereses socialistas de la Alemania democrática, para luego huir y disfrutar del reconocimiento social y económico propio del capitalismo. Al hacer uso de esa tecnología del poder y al estar convencido de la necesidad de conservar la pureza de su sangre aria, el reconocido ginecólogo le provoca un legrado a su propia hija, que esperaba un hijo de Kurt, pintor visto como “impuro” y por lo tanto fuente de vergüenza para la familia.

El filme en mención es una hermosa e inquietante pieza audiovisual que bien puede servir para explicar esos viajes de superioridad moral y étnica en la que se embarcaron los alemanes que creyeron a pie juntillas en el proyecto universal-civilizatorio que emprendió Adolf Hitler a partir de los años 30 del siglo XX; viajes de superioridad moral vigentes hoy en el mundo y en esta Colombia mestiza, negra, campesina e indígena, que hacen pensar en la permanencia de una de las tantas taras civilizatorias de la sociedad humana, de la aviesa condición humana y en particular de la colombiana que se avergüenza de su mestizaje.

Así como los nazis apelaron a la biopolítica para convertir la vida en asuntos de gobierno (Esposito, R. 2005), agentes de la élite colombiana y otros que de manera advenediza se sumaron al rechazo a esa mezcla de sangre indígena, negra y española de la que venimos, siguen usando el lenguaje como arma con la que sucesivos gobiernos subvaloraron la vida de indígenas, negros y campesinos, así como la de millones de pobres y población desplazada. Eliminar al Otro apelando al lenguaje es una forma de biopoder en la medida en que la “muerte” no necesariamente se expresa a través de la desaparición física del cuerpo, sino del asesinato moral, étnico-cultural-identitario de aquellos vistos como indeseables o quizás como en la Alemania nazi, como “inservibles y costosos” para el erario.

No podemos olvidar cuando el fatuo presidente Iván Duque exhortó a los indígenas del Cauca a que se devolvieran a sus resguardos, en rechazo a su presencia en Cali y Bogotá en los tiempos del estallido social. O cuando un titular del noticiero Caracol daba cuenta del enfrentamiento entre “ciudadanos e indígenas”. Cómo olvidar la propuesta de la senadora Paloma Valencia de dividir el departamento del Cauca entre indígenas y mestizos. Sin duda alguna, su pasado feudal, su superioridad moral y de clase le permitieron lanzar su arbitraria propuesta.

El desprecio por la vida de los “impuros, indeseables e inservibles” en la Alemania nazi también hace presencia en Colombia. Los feminicidios de niñas pobres, mestizas e indígenas como Yuliana Samboní cometidos por hombres “blancos y ricos” parecen ser extrapolaciones de la superioridad racial del médico Seeband. O la manera despectiva con la que el General Mario Montoya Uribe se refirió a los soldados que asesinaron civiles (falsos positivos) para que luego el Ejército los presentara como “guerrilleros muertos en combate”. “La verdad es que los soldados que prestaban servicio militar eran de estrato 1 y 2, pues 'esos muchachos ni siquiera sabían cómo coger cubiertos ni cómo ir al baño', eran ignorantes que no tenían valores, que no entendieron la diferencia entre resultados y bajas, y por eso cometieron estos hechos”. Y siguiendo en esa misma línea de desprecio de la vida de los humildes, cómo olvidar lo dicho por el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, en referencia a los mismos muchachos víctimas de los “falsos positivos”: “esos muchachos no estarían recogiendo café”. Uribe Vélez sí que supo convertir la vida de los más pobres en un asunto de gobierno, desde la mirada de Esposito.

No dejes de mirarme también es un espejo en el que cada uno de nosotros deberíamos de mirarnos con la firme intención de revisar nuestra historia personal, sin abandonar que ésta siempre estará atada a ejercicios del poder. 

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PETRO EL PROVOCADOR

 

Por Germán Ayala Osorio

Definitivamente el presidente Gustavo Petro es un polemista profesional. Desde su cuenta de X se cruzó duros mensajes con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a quien calificó de genocida; también con el presidente de la Argentina, Javier Milei, a quien tildó de fascista. En el plano local, las confrontaciones y rifirrafes con políticos y periodistas que le hacen oposición están a la orden del día.

Así como el presidente de la República defiende a dentelladas sus ideas políticas, hace lo mismo con sus leales servidores y amigos. Su reciente defensa del padre Francisco de Roux es una prueba de su admiración y respeto por el sacerdote, señalado de encubrir prácticas de pederastia perpetradas por el cura Darío Chavarriaga, quien le habría confesado a de Roux que había violado menores de edad por allá en los años 70, de acuerdo con la versión del periodista Daniel Coronell. Los delitos por los que la Fiscalía investiga al padre Francisco de Roux son favorecimiento y omisión de denuncia. Huelga recordar que el defendido de Petro le dio trámite a los hechos confesados por Chavarriaga dentro de los protocolos y caminos del derecho canónico.

La polémica que despertó el jefe del Estado se explica por la notoria sensibilidad social y política que despierta de tiempo atrás la pederastia, debido a las constantes denuncias contra miembros de la iglesia católica comprometidos en la comisión de este delito. Petro, en su cuenta de X, escribió: “Debo decir que lo que siento del padre Francisco de Roux es que es un hombre íntegro al que con agrado condecoraría por su labor de vida al lado de los humildes de Colombia”. Por supuesto que no se hicieron esperar las reacciones de las ciento de miles de víctimas de curas pederastas en el país. Sienten que el presidente las está revictimizando al salir en defensa del padre de Roux, por no haber denunciado en la justicia ordinaria los hechos que conoció de primera mano.

Está bien que Petro defienda al cura de Roux, pero al decir que con “agrado lo condecoraría” resulta una clara provocación que es aprovechada de inmediato por sus detractores, enemigos y críticos. En ese punto el presidente se equivoca en grado sumo, al tiempo que confirma su perfil provocador.

No es posible negar que en buena medida el carácter confrontacional, alborotador y provocador del presidente Petro es el elemento que usan sus opositores para descalificarlo, haciéndole creer al país que jamás hubo en la Casa de Nariño un jefe del Estado con esa personalidad, asumida como “atípica y nociva”. Olvidan que Álvaro Uribe Vélez durante sus ochos años de administración actuó de manera similar, pero con efectos diametralmente distintos a los que dejan las "provocaciones" de Petro. Uribe confrontó de manera violenta, pendenciera, belicosa, agresiva, camorrera y estigmatizante a periodistas y defensores de los derechos humanos y de la naturaleza. Por supuesto que entre esas dos personalidades, uno pendenciero y el otro provocador, existen  diferencias de fondo: la primera, que en los tiempos de Uribe la prensa se hincó ante su poder intimidante, lo que hizo que su carácter belicoso pasara a un segundo plano o se validara; en los de Petro, esa misma prensa funge como una rabiosa opositora a todo lo que diga y haga el presidente de la República. Y la segunda, que de los rifirrafes con Petro no se derivan persecuciones y chuzadas y mucho menos que los periodistas con los que ha discutido en la red X deban salir a pedirle medidas cautelares a la CIDH como sucedió con Holman Morris, calificado por Uribe "amigo del terrorismo". 

Lo más probable es que el caso del padre Francisco de Roux se cierre rápidamente. Eso sí, sus detractores lograron afectar en algo su imagen de hombre de paz y misericordioso. Y Petro, por salir en su defensa, de la manera como lo hizo, terminó dándole “papaya” a los medios y periodistas que en silencio cómplice celebran lo que gritan en estadios y movilizaciones: ¡Fuera Petro!

Los siguientes titulares confirman que la prensa uribizada jamás aceptará que alguien diferente a Uribe, pueda, desde la Casa de Nariño, defender sus ideas, amigos, ministros, obra de gobierno y mucho menos expresar admiración por personajes como el padre de Roux, visto con ojeriza por los sectores societales que rechazaron su trabajo al frente de la Comisión de la Verdad.

RCN radio, por ejemplo, tituló: <<Petro asegura que "condecoraría" a padre Francisco de Roux, a pesar de denuncias de encubrimiento>>. El Tiempo, otro medio anti-Petro, hizo lo propio en estos términos: <<Presidente Petro sale en defensa del padre Francisco de Roux ante nuevas revelaciones sobre caso del cura Darío Chavarriaga, señalado de violencia sexual>>.

Adenda: una curiosidad lingüística. Pederastia, Pedófilos, Pendencieros, Presidente, Periodistas, Papaya, “Pelaos”, Patrón, Probidad, Perjudicar, Prestigio, Peleador, Proteger, Prestidigitador, Paramilitares y Provocar se escriben con P de Petro. 

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PERIODISMO Y EL USO DEL VOCABLO PRESUNTO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El uso de los términos “polémico empresario” y “presunto” en el discurso periodístico-noticioso para referirse a delincuentes de cuello blanco y a toda suerte de criminales y corruptos sin linaje, bien puede obedecer a simpatías ideológicas con los procesados, sindicados o acusados. O quizás puede obedecer a una estrategia jurídica de las empresas mediáticas para cuidarse de demandas o solicitudes de retractación directa de parte de los involucrados o también puede entenderse como un acto de responsabilidad social frente a quienes, por cuenta de las autoridades, llámese policía o fiscalía, entre otras, terminan señalados de delitos que jamás cometieron. Procesos estos que terminan legitimados por la prensa que suele exponer al escarnio público a los señalados o sindicados de delitos infundados.

Eso sí, en ocasiones los editores exageran en el uso del vocablo, pues a pesar de que el sindicado o procesado acepta los cargos que le fueron imputados, se continúa hablando de la “presunta” responsabilidad o culpabilidad. Una vez el sospechoso acepta la comisión del delito, no se trata de un supuesto, o de una conjetura periodística.  Hay un hecho probado sobre la base de que ya el individuo aceptó la responsabilidad, se allanó a los cargos o le fue aceptado un acuerdo con la Fiscalía.

El caso del expresidente Álvaro Uribe resulta paradigmático en lo que tiene que ver con el uso particular del vocablo “presunto”. Veamos algunas diferencias en los tratamientos periodísticos que varios medios hicieron y que hacen pensar en que algunos de estos, por decisión editorial, optan por seguir cuidando la imagen, aunque ya maltrecha, del poderoso político antioqueño. En el portal Infobae se lee lo siguiente: “En la tarde del 23 de mayo de 2023, la jueza Laura Estella Barrera decidió continuar con el juicio en contra del expresidente Álvaro Uribe por el delito de soborno”.

En la página web de La W se puede leer lo siguiente: “La juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Heredia, terminó el decreto probatorio de las evidencias que serán presentadas en el juicio contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez, por presunta manipulación de testigos”.

Entre tanto, El Universal registró así el hecho jurídico-político: “la jueza 44 de conocimiento de Bogotá, durante la audiencia que se realizó este miércoles 20 de noviembre de 2024, decidió avalar como prueba técnica las interceptaciones telefónicas ordenadas por la Corte Suprema de Justicia en 2018, en las que se registraron conversaciones entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el abogado Diego Cadena. Esta decisión llega en medio del juicio que se lleva a cabo contra Uribe, quien es acusado por manipulación y presión a testigos”.

RCN, casa periodística afecta al expresidente y hoy acusado, registra de esta manera la decisión de la operadora judicial: “La juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento, encargada del caso del expresidente Uribe, definió las pruebas que serán tenidas en cuenta durante el juicio contra el exmandatario por supuesto soborno a testigos y fraude procesal”.

El diario EL PAÍS de Cali, en manos hoy del clan Gilinski expuso en la bajada de la nota periodística del 20 de noviembre que “el proceso judicial que enfrenta el expresidente, acusado de fraude procesal y soborno a testigos, avanzó este 20 de noviembre”.

El diario bogotano El Espectador dijo el 22 de noviembre que “durante la audiencia preparatoria del pasado 20 de noviembre en el caso en contra de Álvaro Uribe Vélez por presunto soborno a testigos y fraude procesal, la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, definió la lista de los nuevos testigos que declararán en el juicio en contra del expresidente de Colombia”.

Por aquello de la presunción de inocencia y hasta que la jueza que lleva el juicio contra Uribe no falle en derecho, las empresas mediáticas afectas al Señor Acusado o al Gran Acusado seguirán hablando de su presunta responsabilidad a pesar de que el material probatorio conocido públicamente indicaría otra cosa.

MARIO MONTOYA URIBE: EL GENERAL SIN GLORIA, SIN HONOR Y SIN VISA AMERICANA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El departamento de Estado de la Unión Americana le canceló la visa al general Mario Montoya Uribe por sus responsabilidades operacionales en la comisión de crímenes de lesa humanidad conocidos en Colombia como “falsos positivos”. Así registró la decisión política, diplomática y administrativa El Espectador: “Estados Unidos prohibió la entrada al país al excomandante del Ejército colombiano, Mario Montoya Uribe, general retirado y acusado de ser uno de los autores de los llamados “falsos positivos”, por “graves violaciones” a los derechos humanos. También, les niega la entrada a sus familiares directos”.

La decisión constituye un espaldarazo moral a las madres de los jóvenes asesinados por militares, maltratadas recientemente por el anodino representante a la Cámara, Miguel Abraham Polo Polo, uribista pura sangre. De igual manera, se entiende como un nuevo acto de legitimación de la JEP y del proceso de paz por parte de los Estados Unidos. El retiro de la visa a Montoya Uribe también tiene un significado político en la medida en que el expresidente, expresidiario y hoy acusado de graves delitos, Álvaro Uribe Vélez sigue considerando al general (R) como “héroe de la Patria”. El país no olvida que los “falsos positivos” fueron el resultado de la aplicación sin límites éticos y morales de la temida política de defensa y seguridad democrática del gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).

A otros oficiales en uso de buen retiro se les había aplicado la misma medida restrictiva para ingresar a territorio americano. Se trata de los generales Arias Cabrales e Iván Ramírez Quintero y a los coroneles Publio Hernán Mejía Gutiérrez (de las entrañas del uribismo) y Juan Carlos Figueroa Sánchez. El caso del también coronel Plazas Vega, absuelto en Colombia por los hechos criminales en la retoma del Palacio de Justicia, las autoridades americanas estarían revisando su residencia permanente por el caso del asesinato del magistrado Horacio Urán.  

Esas medidas llaman la atención porque contar con la visa de entrada a los Estados Unidos está asociada a una idea de estatus derivada de su obtención y uso, pero también al  reconocimiento de funcionarios y exfuncionarios colombianos sobre los que la DEA, el FBI y el propio Departamento de Estado tienen información privilegiada, bien de actividades ilegales o de pronunciamientos y posturas políticas asumidas por los gringos como “retadoras, inaceptables, ilegales o de clara enemistad”, que les permite “castigarlos” moral y políticamente con la cancelación de los visados. El retiro de la visa al entonces presidente en ejercicio, Ernesto Samper Pizano resulta paradigmático para entender la injerencia de los gringos en los asuntos internos de Colombia y el sigilo con el que suelen usar la información que reúnen de presidentes, congresistas, gobernadores y militares de alta graduación. Estoy seguro de que los gringos tienen información clasificada que serviría a los procesos judiciales a los que están vinculados los señores generales y coroneles retirados para aclarar aún más sus actuaciones y responsabilidades en la comisión de los graves delitos por los cuales están siendo procesados. Pero lo gringos prefieren callar y afectarles la imagen retirándoles las visas.

Eso sí, la cancelación de los visados no es más que un triunfo moral para las víctimas de estos exoficiales que hicieron parte cada uno de ellos en disímiles momentos históricos, de la aplicación de la doctrina del enemigo interno que terminó por legitimar al interior de las fuerzas armadas la violación de los derechos humanos.

La vida del general Montoya Uribe terminará entonces sin visa, sin honor y sin gloria, pero con el respaldo (in) moral del expresidente Uribe Vélez que enfrenta un juicio por manipulación de testigos y fraude procesal. Lo curioso es que para agentes económicos, sociales y políticos de la sociedad colombiana el expresidente y el exgeneral siguen siendo “héroes y faros morales”. De ese tamaño es la confusión moral de esos sectores de poder.

Foto tomada de EL ESPECTADOR

Estados Unidos prohibió la entrada al país a Mario Montoya Uribe, un excomandante del Ejército colombiano acusado de falsos positivos | EL ESPECTADOR

 

JEP IMPUTA A SEIS EXFARC EL DELITO DE RECLUTAMIENTO FORZADO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La Justicia Especial para la Paz (JEP) acaba de imputar a seis máximos exjefes de las Farc-Ep el delito de reclutamiento forzado de 18.677 menores. En un comunicado, los firmantes de paz o exguerrilleros informaron que aceptan los cargos. Más allá del gesto de arrepentimiento, genuino o no, esa ignominiosa cifra hace parte del “inventario” que debemos hacer de la barbarie que como sociedad permitimos, por acción u omisión.

Los 18.677 niños reclutados por las Farc-Ep entre 1971 y 2016 (JEP), los 21.000 asesinatos perpetrados por estructuras paramilitares (Centro de Memoria Histórica) en 40 años y los 6402 crímenes de Estado perpetrados entre el 2002 y 2008 (JEP) dan cuenta del incontrastable dolor que dejan las dinámicas del conflicto armado interno de Colombia.

Según esas cifras, las entonces Farc-Ep durante 45 años reclutaron a por lo menos 18.677 menores de edad, lo que da un promedio de 415 niños y niñas por año. Mientras que los paramilitares masacraron civiles a cuenta de 525 por año. Sin duda alguna, ambos guarismos confirman la atrocidad de un conflicto y la degradación moral de todos sus actores armados.  Un dato no menor: el accionar criminal de esas dos estructuras ilegales se dio bajo dos constituciones: la de 1886 y la de 1991.

Quizás los hoy firmantes de paz justificaron en el pasado esos crímenes ocurridos en el marco de la carta política de 1886 por aquello  del espíritu conservador y violento de esa constitución y de las estructuras de poder que hacían gala del cumplimiento de sus preceptos jurídicos, con la ayuda de la cultura dominante; ese mismo espíritu violento se irradió a gran parte de la sociedad y guió las vidas y decisiones  de aquellos agentes del establecimiento que le apostaron a extender en el tiempo el conflicto armado para consolidar dos fenómenos complementarios: de un lado, la fragmentación del territorio entre las zonas de orden público (selvas y espacios rurales) y las urbes militar, económica y políticamente protegidas y desarrolladas. Al final, el país terminó dividido entre ciudadanos de quinta y primera categorías.  Y del otro lado, los procesos de estigmatización surgidos por la aplicación a rajatabla de la doctrina del enemigo interno a todo lo que oliera a izquierda, a defensa de los derechos humanos y a los de la propia naturaleza.

Con el cambio del orden constitucional, el reclutamiento forzado de las Farc-Ep se volvió sistemático, hecho que invalidó los alcances y el propio espíritu garantista de la carta política de 1991. La niñez en Colombia, bajo dos disímiles contextos constitucionales jamás fue protegida. Esa es una conclusión que debería de avergonzarnos como sociedad.

Y en lo que concierne a los 6402 falsos positivos o crímenes de Estado, estos fueron cometidos en un periodo de gobierno en el que operó una política de seguridad que, con el apellido “democrática”, legitimó y ocultó el desvío moral y misional del Ejército nacional. Bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y amparados en la carta garantista y liberal de 1991 se violaron los derechos humanos de manera sistemática. Al final, el país que venía golpeado por las acciones criminales de Farc-Ep y paramilitares durante 40 años, terminó sumido en la confusión que produjo constatar que a agentes estatales les bastó seis años para equipararse en barbarie a las guerrillas farianas y a las AUC.

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PETRO Y EL FALLO QUE ABSUELVE A SANTIAGO URIBE VÉLEZ

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La reacción del presidente Gustavo Petro con la que fustiga el fallo absolutorio a favor de Santiago Uribe Vélez está atada a la dignidad presidencial que representa, pero también deviene ancorada a su pasado como congresista que investigó, probó y expuso las finas relaciones políticas y el contubernio entre la clase política y los grupos paramilitares. Es decir, las críticas que lanzó Petro al fallo en primera instancia bien podrían resultar determinantes al momento en el que la controvertida sentencia de primera instancia llegue a la esperada instancia superior. Y también van a servir para terminar de afectar negativamente sus relaciones con las altas cortes.

Cuando Petro dice que “la impunidad no nos lleva sino a más violencia” no solo duda del criterio jurídico del juez Jaime Herrera Niño, sino que imagina un escenario conflictivo y violento que bien puede darse si la derecha recupera el poder en el 2026  y si Petro cumple con la “amenaza” de llevar a la justicia internacional los crímenes que la Fiscalía y otros actores le endilgan a la organización paramilitar Los 12 Apóstoles, liderada por Santiago Uribe Vélez, de acuerdo con la acusación del órgano investigador.

En su cuenta de X, Petro dijo lo siguiente: “un crimen internacional de lesa humanidad, como haber asesinado sistemáticamente los miembros de la UP, con asesinato de niños incluido, lanzar operaciones de asesinato de civiles indefensos sistemáticamente, no puede quedar en la impunidad por el temor de un juez. Las normas del mundo hablan que si la justicia de un país no es capaz de juzgar a los criminales contra la humanidad, lo hace un tribunal internacional. El presidente de Colombia si es fiel a los principios de defender la vida humana y de no permitir más impunidad contra los seres humildes en Colombia, no puede echarse para atrás en el propósito de justicia. He respetado las decisiones del expresidente Uribe en materia de justicia y paz, creo que no se equivocó. La justicia transaccional busca la verdad ante nada y no el castigo. Pero el presidente no puede estar al lado de usar la justicia para generar la impunidad y la injusticia y dejar perder la Verdad, ese camino solo lleva a más violencia. La época en que los poderosos usaban sus armas para matar bárbaramente el pueblo ha terminado”.

La primera frase en negrilla y subrayada deja ver a un presidente de la República alejado de cualquier posibilidad de guardar silencio ante unos hechos que él conoce muy bien y que podrían ser conocidos por instancias internacionales. Ello supone, entonces, un agrietamiento de las relaciones con el expresidente y expresidiario antioqueño. En la misma frase Petro sugiere que el juez recibió algún tipo de amenaza o que simplemente, por sentido común, optó por fallar a favor del hermano del expresidente para “no meterse en líos”. Ya vendrán las reacciones de jueces y magistrados por la “intromisión” del presidente de la República en la autonomía de los operadores judiciales.

En la segunda frase subrayada y puesta en negrillas vuelve el Petro presidente a aparecer para, desde esa dignidad, decirle al mundo que como jefe del Estado no guardará silencio ante crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto del conflicto armado interno que Uribe negó cuando dijo que lo que había en Colombia “era una amenaza terrorista”.

La última frase pintada de negro bien puede asumirse como una amenaza a todos aquellos agentes de poder económico y político de la sociedad civil que participaron, apoyaron o financiaron las innumerables masacres paramilitares y sus crímenes selectivos (individuales). Aquí vuelve a sacar la cabeza el Petro congresista que jamás ocultó sus dudas frente a la altura moral de banqueros, empresarios y políticos.

Ese movimiento pendular entre el Petro congresista y el Petro presidente de la República obligará a la derecha a revisar las relaciones con la izquierda y el progresismo. Para ello, buscarán acercamientos con aquellas vertientes o agentes que, alejados de las maneras de pensar y actuar del jefe del Estado, estén dispuestos a ponerle punto final a los procesos judiciales y políticos, lo que no es otra cosa que sepultar la verdad de una historia sistemática de violaciones a los derechos humanos.

Las críticas de Petro al fallo que absuelve en primera instancia a Santiago Uribe Vélez inauguran una nueva fase en las ya maltrechas relaciones entre Petro y el establecimiento colombiano. De igual manera sirven para insistir en la narrativa que señala que los asuntos del perdón, la búsqueda de la verdad y la memoria histórica y el reconocimiento de responsabilidades penales por crímenes de lesa humanidad están atados a la izquierda; mientras que las leyes de punto final, el ocultamiento y la negación de actuaciones y decisiones es propio de la derecha. 

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LA “MALA HORA” DE LOS URIBE VÉLEZ

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Para el miércoles 13 de noviembre está programada la lectura de la sentencia del juez que llevó el caso en contra del ganadero Santiago Uribe Vélez. En las huestes de la Colombia no uribizada se espera que el sentido del fallo sea condenatorio contra quien pesan los graves señalamientos de haber creado y apoyado la operación criminal del grupo paramilitar Los 12 apóstoles en Yarumal, Antioquia. Entre tanto, en las mesnadas del uribismo se espera lo contrario, por todo lo que representa el clan Uribe Vélez para esa parte de la sociedad que deviene sumida en una profunda confusión moral. Habrá, eso sí, un grupo importante de colombianos a los que la suerte del procesado poco o nada les importe.

En cualquier caso, el largo proceso judicial que enfrenta el hermano del expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, da cuenta a la perfección de los problemas que arrastra la justicia colombiana, generados en buena parte por las presiones que suelen recaer sobre los jueces a la hora de emitir sentencias contra personajes asociados al poder político y económico.

El fin del dilatado proceso (más de tres años se tomó el juez) llega en el momento en el que Álvaro Uribe enfrenta las audiencias preparatorias del juicio en su contra por delitos de manipulación de testigos y fraude procesal. Sin duda alguna, los dos procesos penales sirven de termómetro para medir la estatura moral y ética de todos los agentes procesales involucrados y la talla del resto de la sociedad en esos mismos valores.

 Los líos judiciales de los Uribe hacen recordar los sucesos de la novela La Mala Hora de Gabo, en particular aquellos elementos que, asociados al ejercicio del poder político, la opresión, la aparición de los pasquines y la ambientación de un pueblo como Macondo, parecen recrear apartes del devenir histórico de la tambaleante República de Colombia.

Aunque los hechos narrados en la novela garciamarquiana se dan un momento histórico distinto al que hoy rodean las vidas de los Uribe Vélez, comparten elementos culturales que deberían de servir para empezar a revisar asuntos problemáticos de nuestra sociedad. Esos elementos son: 1. La prevalencia de valores premodernos que nos llevan a considerar  que estamos ante procesos civilizatorios fallidos que hacen que los sucesos expuestos en La Mala Hora se tornen perennes. 2. El ejercicio de la política que en función de garantizar privilegios y derechos, incluido el de determinar quién debe vivir o morir por mandato divino y de la mano de un cura, o por orden directa de un capataz, terminó borrando los límites entre políticos y criminales. 3. La insensibilidad moral de la que hablan Bauman y Donskis en el libro Ceguera moral. Frente a la operación de los grupos paramilitares, por ejemplo, gran parte de la sociedad colombiana exhibió actitudes adiafóricas que daban cuenta de que jamás habría forma de que se conectaran moralmente con las víctimas de esos grupos de “limpieza social y política” que específicos grupos de poder político y económico validan aún a pesar de sentencias condenatorias en el marco de la parapolítica.

Culpables o no los hermanos Uribe Vélez, una parte de la sociedad ya los juzgó y condenó, mientras que la otra hace rato los declaró inocentes, no por estar convencidos de su probidad, sino por la imperiosa necesidad de extender en el tiempo la debilidad de la justicia, escenario en el que suelen moverse a gusto todos aquellos que ostentan poder económico, social y político. 

Tomada de alvaro uribe y santiago uribe - Búsqueda Imágenes

PETRO Y LA ELECCIÓN POPULAR DE JUECES Y MAGISTRADOS

 

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El presidente Petro es un polemista profesional. Y como sabe y parece disfrutar de los constantes ataques de la prensa uribizada, entonces cada cierto tiempo les lanza la carnada. La más reciente carnaza que lanzó a las turbias y turbulentas aguas mediatizadas tiene que ver con su idea de que los jueces en el país deberían de ser elegidos popularmente, como sucede en México.

Parece haber una confianza ciega del jefe del Estado en la capacidad y la inteligencia del “pueblo” para tomar las mejores decisiones en materia política y electoral. Si así fuera, ese mismo pueblo no habría votado jamás por Álvaro Uribe Vélez, el político que más daño le hizo a las instituciones públicas, como las FFAA; al ejercicio de la política, naturalizando un ethos mafioso que se evidenció en la compra de sus reelección; a los ecosistemas naturales, debilitando la institucionalidad ambiental y favoreciendo los intereses de hacendados, ganaderos y latifundistas que al correr sus cercas, afectaron en materia grave selvas tropicales y bosques secos; y a los derechos humanos  como factor fundamental para que el Estado por fin alcanzara su ya esquiva legitimidad.

Que el pueblo elija a los jueces no cambiaría en nada lo que sucede hoy con los operadores judiciales, desde el juez promiscuo que actúa en el municipio más pequeño del país, hasta el más encopetado de los magistrados de las altas cortes: la venta de fallos, el clientelismo y la tendencia a fallar no en derecho, sino de acuerdo con elementos ideológicos e intereses políticos asociados a los clanes políticos de la derecha que les ayudaron a escalar posiciones dentro de la competida carrera judicial.

La propuesta de Petro se da en medio de una evidente politización e ideologización del Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional. La reciente postulación de políticos cercanos a Vargas Lleras de parte de las dos primeras cortes, a la terna para que el Senado eligiera el nuevo Procurador, da cuenta de ese amargo proceso en el que los togados parecen actuar por intereses clientelistas y políticos y no para tratar de detener la vulgar captura del Ministerio Público por parte de clanes políticos.

Sin duda alguna, el presidente Petro anda molesto con los altos tribunales que, en el marco de los pesos y contrapesos de la democracia, le han tumbado decretos presidenciales claramente destinados a favorecer a comunidades de base a través de la contratación directa para hacer las placas huellas en las vías terciarias y otros para poner a tributar a multinacionales petroleras.

Lo cierto es que poner al pueblo a votar por jueces y a estos a hacer campañas no garantiza que la corrupción de jueces y togados quede proscrita para siempre. El cartel de la Toga es la expresión más clara de la naturalización del ethos mafioso en el sistema judicial, contaminado por un sistema político que deviene históricamente asociado a los intereses de clanes políticos que le vienen apuntando a sostener y extender la captura del Estado, convirtiendo a jueces y magistrados en sus fichas para echar para atrás el carácter garantista de la Constitución de 1991 y aquellas reformas que le apuntan a modernizar a una sociedad en la que hay sectores que insisten en mantenerla en la oscuridad y en la premodernidad.

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EN MODO VENGANZA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La ideologización de las rutinas informativas de los medios tradicionales o hegemónicos constituye un riesgo para la ya frágil democracia colombiana, la misma que se mueve entre las pasiones, ideas y la ignorancia de los electores, los intereses corporativos de los mecenas que aportan millonarias sumas de dinero para imponer sus candidatos presidenciales y congresistas-lobistas y el ya naturalizado clientelismo auspiciado desde todos los partidos políticos. Aunque ese proceso de ideologización viene de tiempo atrás, es evidente que desde el 7 de agosto de 2022 cuando se posesionó Gustavo Petro como presidente de la República, no solo se aceleró, sino que se hizo más intenso, lo que ha permitido la naturalización de la violencia discursiva en redes sociales y en ámbitos privados y políticos (públicos). Hay una clara animadversión, verdadero odio, entre quienes defienden a una derecha neoliberal y privatizadora de las funciones del Estado y aquellos que le apuestan, desde la izquierda y el progresismo, a un modelo de Estado de Bienestar alimentado por una ciudadanía moderna y con altos estándares de civilidad.

El miedo y odio que siempre se promovió desde el establecimiento colombiano hacia todo lo que oliera a izquierda se acrecentaron de tal manera, que la derrota política y electoral sufrida por la derecha en el 2022 tiene a los sectores más conservadores y violentos del país en “modo venganza” de cara a las elecciones de 2026. Y ese “modo venganza” va más allá de recuperar la Casa de Nari (no la de Nariño), para regresar al país a los estadios antidemocráticos que vivimos desde el 2002, hasta junio de 2022, con la puesta en marcha de la seguridad democrática y la extensión del principio del “enemigo interno” a periodistas, académicos, intelectuales, librepensadores y a simpatizantes de izquierda.

A esa realidad mediática y política se suma la ideologización de los gremios económicos, actores de la sociedad civil que, al actuar más desde valores plutocráticos, el clasismo y el racismo, abandonan cualquier posibilidad de construir una agenda política que le sirva al colectivo y por ese camino apostarle a profundizar la democracia.

Lo sucedido hace poco durante el congreso de Fenalco es la expresión más clara de esa exacerbación ideológica de la dirigencia gremial en el país, lo que afecta desde ya las dinámicas y los principios democráticos en una sociedad como la colombiana en la que millones compatriotas exhiben posturas intolerantes, irrespetuosas y estigmatizantes muy propias de agentes sociales, políticos y económicos que simpatizan con ideas fascistas.

Dice Gonzalo Mallarino en su columna Los gremios ideológicos que “la postura de muchos empresarios y dirigentes económicos es tan preocupante, están tan ideologizados ellos mismos –como el propio presidente al que atacan–, que ya están apertrechados, acuartelados, esperando las próximas elecciones a ver si el péndulo vuelve y pueden “recuperar la confianza inversionista” y actuar. Como si nuestros problemas de pobreza, desigualdad y violencia dieran espera. Muchos empresarios y dirigentes solo están contando los meses para que el gobierno por fin termine. Mala cosa para Colombia”.

Así entonces, el “modo venganza” en el que ya entraron los gremios económicos y las empresas mediáticas hegemónicas terminará poniendo en riesgo la convivencia social, política y electoral que se necesitará para dar cuenta, civilizadamente, de la jornada electoral que se avecina.

congreso de fenalco y vicky davila - Búsqueda Imágenes (bing.com)

 

FENALCO, URIBE Y PETRO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La presencia del expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez en el congreso de Fenalco confirma dos hechos políticos: el primero, la ruptura total, a dos años de terminar el periodo presidencial, entre  Petro y su gobierno, con el empresariado que aglutina dicha federación; y el segundo, que esa dirigencia empresarial sigue siendo uribista, lo que significa que en política económica le siguen apostando al modelo neoliberal con todo y lo que ello implica en materia de operación del Estado y sus responsabilidades sociales con los más vulnerables.

Tiene también un significado ético-político y moral que confirma que a pesar de la situación sub judice de Uribe y la gravedad de los delitos por los que fue llamado a juicio, la dirigencia de Fenalco está dispuesta a poner por encima de cualquier inmoralidad y la comisión de delitos, los intereses de clase, pero por sobre todo, el objetivo de recuperar la Casa de Nari  en las elecciones de 2026 para poder echar hacia atrás todo lo que en materia social, institucional y ambiental haya dejado y avanzado el gobierno progresista de Gustavo Petro. Casos como la Yidispolítica, esto es, la compra de la reelección de Uribe y los 6402 civiles asesinados por miembros del Ejército durante el gobierno de la Seguridad Democrática para los comerciantes de Fenalco son "nimiedades" morales y éticas. 

En dicho evento, el expresidiario, latifundista y ganadero señaló que “el recaudo, inferior a $12 billones, sería para financiar el año 2025 y las elecciones de 2026. Todo para conseguir votos con empleos burocráticos y subsidios sociales engañosos”. El presidente de la República casi de inmediato le respondió al expresidente antioqueño en estos términos: “No señor Uribe, la ley de financiamiento es para pagar la deuda de USD 5.600 millones de dólares que su pupilo Duque nos dejó con el FMI, que se paga solo durante dos años, sólo porque quiso ayudar a financiar la nómina a los grandes empresarios del país”.

Lo expresado por Petro y Uribe da cuenta de dos visiones distintas de lo que debe ser el país y el Estado. Mientras que el expresidiario y sub judice ciudadano quiere insistir en el proceso de privatización del Estado que inició César Gaviria Trujillo en 1990, el presidente de la República le sigue apostando a consolidar un Estado fuerte capaz de recuperar para sí el control de asuntos estratégicos que sucesivos gobiernos neoliberales (Gaviria, Pastrana, Uribe, Santos y Duque) supieron entregarle a millonarios agentes privados, acción que ayudó en buena medida a consolidar a Colombia como una plutocracia. Esos asuntos estratégicos son la generación de energía y salud pública, dos ámbitos en los que el gobierno de Petro viene trabajando en función de garantizar derechos constitucionales, erosionando el factor servicio que los gobiernos neoliberales lograron imponer a través de la entrega a empresas privadas el monopolio de la generación y comercialización de la energía y la prestación de los servicios de salud (ley 100 de 1993), bajo la captura mafiosa de billonarios recursos públicos a través de las EPS.

La visión del empresariado uribizado es propia de repúblicas bananeras en las que por cuenta de la consolidación de oligopolios se logran conculcar derechos, pauperizar la vida de las grandes mayorías y evitar el desarrollo económico del país por cuenta de peajes caros, al igual que los altos costos del gas; así como las elevadas facturas de la energía empresarial y domiciliaria, lo que afecta a las pequeñas y medianas industrias y por supuesto a las familias de estrato medio. Y evitar el renacimiento del tren como alternativa de transporte por las ventajas económicas que obviamente afectan a quienes dominan el transporte de carga y pasajeros por carretera. En tormo a las ventajas ambientales que ofrece el tren, hay que recordar que la derecha colombiana sigue apegada a la tesis negacionista que señala que el cambio climático es una “invención catastrofista” de unos científicos y del propio Petro.

Por el contrario, la visión de Petro apunta a consolidar un Estado de Bienestar, lo que implica desprivatizar la operación de muchas entidades públicas que neoliberales como Gaviria, Pastrana, Uribe, Santos y Duque debilitaron para entregárselas a sus amigos empresarios y mecenas que les patrocinaron las campañas políticas.

Al evento empresarial también asistió la directora de la revista Semana, uribista pura sangre que se muere por ser la ficha electoral de Uribe y de los Gilinski para las elecciones de 2026. Además de los dos hechos políticos que se consolidan con la presencia de Uribe en la reunión de Fenalco, se advierten otros dos del mismo carácter: la naturalización de Fenalco como un actor político uribizado y la conversión de Semana en una plataforma electoral, lo que trae como consecuencia la eliminación de cualquier posibilidad de que siga haciendo periodismo, así sea de mala calidad.

Imagen tomada de EL TIEMPO. Foto de Fenalco. 

JOSÉ MANUEL ACEVEDO: “EL GOBIERNO PETRO ESTÁ COMPRANDO A LAS FUERZAS MILITARES”

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El proyecto informativo de las empresas mediáticas que se juntaron para hacerle oposición política al gobierno Petro tiene como objetivo hablar mal, consolidar negativas sensaciones en la opinión pública, desinformar y desestimar avances y logros en materia social y económica, así como magnificar hechos públicos para generar incertidumbres y miedos como un posible desabastecimiento de energía y gas.

El noticiero RCN es, de tiempo atrás, un vocero del uribismo y de la derecha colombiana. La “mala leche” de sus periodistas es evidente y recurrente. Quienes se destacan en esa innoble tarea son Luis Carlos Vélez, en La FM y José Manuel Acevedo.

Este último, en reciente entrevista con el comandante de las Fuerzas Militares, Francisco Hernando Cubides, se atrevió a preguntar si todas las acciones emprendidas desde la presidencia para garantizar bienestar en los uniformados, en particular en el personal de soldados, patrulleros e infantes de marina podrían responder a la intención del gobierno de “comprar a las fuerzas militares”. Así preguntó Acevedo: “Oyéndolo, algunos suspicaces podrían decir lo que están es comprando a las Fuerzas Militares desde el Gobierno".

El ladino periodista intenta atar su insidiosa y malintencionada pregunta al “decir de unos suspicaces”, pero es claro que al único que se le ocurre pensar que lo preguntado pueda ocurrir es a él y no por su suspicacia, sino por su “mala leche”.

El interrogante obedece al objetivo señalado líneas arriba: deslegitimar y ensuciar cualquier acción positiva realizada por el gobierno Petro. Decir que el gobierno “está comprando a las fuerzas militares” resulta ofensivo y niega la historia de sumisión de las FFAA al poder civil que encarna un presidente de la República como comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Al comandante Cubides le faltó contundencia al negar el directo señalamiento de Acevedo.

El bienestar de los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía siempre estuvo enfocado en pasados gobiernos en garantizárselos a la cúpula y a la oficialidad, naturalizando las paupérrimas condiciones en las que operan soldados, patrulleros e infantes de Marina. Mejorar la asignación salarial, construir un casino de soldados en Tolemaida y aumentar la ración de proteína en los ranchos de los soldados, entre otras acciones, hace parte del respeto que siente el jefe del Estado hacia quienes están en la parte más baja de la cadena de mando. Hay, sin duda, una lectura de clase a la inversa, si se tiene en cuenta que, durante los gobiernos de Uribe, Santos y Duque, las relaciones con las fuerzas militares estuvieron fincadas en el clasismo que se genera desde los altos mandos y en la instrumentalización de los más vulnerables.

Sin duda alguna, Acevedo es un periodista uribizado que con su “mala leche” siempre va a querer ensuciar acciones positivas que se adelanten desde el alto gobierno, en particular cuando estas tengan que ver con mejorar las condiciones de vida de los uniformados, pues Acevedo sabe que su admirado y “eterno presidente Uribe” jamás se interesó en esos asuntos, porque su intención siempre fue instrumentalizarlos (explotarlos al máximo) para su proyecto guerrerista y deshumanizante.

Imagen tomada de Portafolio.co

FUJIMORI Y URIBE: PARECIDOS RAZONABLES

 

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Murió Alberto Kenya Fujimori Inomoto, expresidente del Perú, a los 86 años. Se fue el dictador, el violador de derechos humanos. Fue condenado a 25 años de prisión por los homicidios perpetrados por la fuerza pública en Barrios Altos y la Cantuta. Fue indultado.  Fujimori fue un populista de derecha que le prometió al pueblo peruano que acabaría con las prácticas terroristas del grupo armado ilegal Sendero Luminoso, liderado por el criminal Abimael Guzmán. Y cumplió.

Estuvo 10 años en el poder (1990-2000), cerró el Congreso y gobernó con mano de hierro, junto a Vladimiro Montesinos, ladino y oscuro personaje que lo secundó en su proceso de “disciplinamiento” social, que lo llevó a esterilizar a 314 mil mujeres pobres, sin consentimiento alguno. Una muestra clara de su incontrastable aporofobia.

Su lucha contra el terrorismo del grupo Sendero Luminoso lo convirtió en un hombre de mano firme. Al final, logró apresar a Abimael Guzmán y exponerlo enjaulado ante el mundo, como un perro rabioso, vestido de rayas.

Hay circunstancias contextuales y personales que hacen posible comparar a Fujimori con Álvaro Uribe Vélez. Hay, sin duda alguna, parecidos razonables entre estos dos políticos latinoamericanos, que marcaron y ensuciaron la historia del Perú y de Colombia.

Aunque sus periodos presidenciales no coinciden en el tiempo, compartieron la consolidación de las ideas neoliberales, lo que les sirvió a ambos para convertirse en agentes radicales en la aplicación de los elementos claves de esa doctrina económica. Ambos le apostaron a vender empresas del Estado, esto es, privatizarlas y por esa vía, concentrar la riqueza en pocas manos; también, a liberalizar el mercado y desregular todo lo que pudieran para favorecer la iniciativa privada. Al final, ambos generaron desempleo y aumentaron la desigualdad y la pobreza. Generaron miedo, para vender seguridad.

Uribe Vélez, un populista de derecha, llegó a la presidencia con la propuesta de acabar con la guerrilla de las Farc-Ep, acompañada de la cuestionada narrativa de que ese grupo armado ilegal había asesinado a su padre. Esa versión fue desmentida por miembros del Secretariado de ese grupo armado ilegal durante las conversaciones de paz de La Habana. Otras versiones indican que su progenitor fue asesinado por líos de tierras. 

Uribe se plegó a la doctrina anti terrorista que surgió de los (auto) atentados contra las Torres Gemelas en NY y de esa manera, declaró públicamente que en Colombia no había un conflicto armado interno, sino una amenaza terrorista. El entonces presidente colombiano prometió acabar con “laFar” en cuatro años. Antes de que llegara al fin de lo que luego sería su primer mandato (2002-2006), entonces dijo que necesitaba otros cuatro y se hizo reelegir cambiando la Constitución (2006-2010). Al final el país supo que su reelección fue comprada en el Congreso, gracias a que los congresistas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño vendieron sus votos para que se aprobara la ley que daría vida a la reelección presidencial inmediata. Ambos “hicieron Patria”.

Mientras que Fujimori cerró el Congreso, Uribe Vélez, por el contrario, sometió a su voluntad a los congresistas. Decía el presidente antioqueño que su “gobierno no compraba conciencias, que, por el contrario, seducía”. Y así fue. “Sedujo” a empresarios, políticos, periodistas y militares. Uribe quiso someter a las altas Cortes. En particular a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuyos magistrados fueron espiados (chuzados) por el DAS, entidad que Uribe convirtió en su policía política para perseguir contradictores y críticos. Ese alto tribunal procesó y condenó a 60 congresistas por tener vínculos con los grupos paramilitares, hecho que despertó la ira de Uribe Vélez. “A los congresistas les voy a pedir al favor de que mientras los meten a la cárcel, voten los proyectos”, es la frase que mejor describe ese momento histórico.

Uribe Vélez quiso quedarse cuatro años más, es decir, mandar por 12 años.  Con la gracia del Congreso, la bancada uribista hizo aprobar el proyecto de ley. Luego, la Corte Constitucional, con ponencia de Humberto Sierra Porto, lo declaró inexequible porque, entre otras razones, debilitaba los pesos y contrapesos de la democracia.

Con su política de seguridad democrática Uribe Vélez consolidó un régimen de mano dura, tan disciplinante como la “dictadura civil” que montó Fujimori en territorio inca. Al igual que el presidente peruano, el gobierno de Uribe violó los derechos humanos de periodistas, políticos detractores y críticos de sus iniciativas y acciones. Con la aplicación sin control de la Seguridad Democrática, militares bajo su mando asesinaron a sangre fría a 6402 jóvenes vulnerables. Aunque se cree que la cifra puede llegar a los 10 mil.

Fujimori y Uribe fueron experimentos de los sectores más conservadores de sus países. El experimento consistía en estirar al máximo sus líneas éticas y marcos morales.

Alberto Fujimori fue condenado ejemplarmente. Mientras que Uribe Vélez acumula más de 200 procesos en Fiscalía, Corte Suprema de Justicia y Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por delitos relacionados con el fenómeno paramilitar, como las masacres del Aro y La Granja. Hoy enfrenta un juicio por fraude procesal y soborno a testigos.

Sectores societales del Perú y de Colombia llegaron a considerar que tanto Fujimori como Uribe fueron “males necesarios”. Para el caso del entonces mandatario colombiano, el académico Malcom Deas dijo en su momento que “… Uribe era un presidente que necesitaba Colombia. Después de él hay un antes y un después…sí, yo creo que hay momentos para la guerra y para la paz. En 2002 el momento era para una política como la seguridad democrática, ahora el país vive otro momento”.

Para el caso del Perú, en el 2018, un medio registraba así la irrupción de Fujimori: “Para muchos peruanos, el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) constituyó algo así como un mal necesario. Hasta inicios de los noventa, el país padecía una inflación fuera de control, un aparato productivo agónico y un levantamiento armado que anunciaba la “libanización peruana”. Durante su gobierno se abandonó aquella deriva”.

Lo cierto es que sus mandatos y sus formas de entender y asumir la política no sirvieron para mejorar las relaciones entre el Estado y la sociedad en ambos territorios. No dejaron las bases para superar viejas y compartidas taras civilizatorias. Por el contrario, coadyuvaron a extender en el tiempo las circunstancias propias de pueblos premodernos, atrasados, incivilizados y violentos como lo son los peruanos y los colombianos.

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Imagen tomada de La Oreja Roja. 

ÁLVARO HERNÁN PRADA: LA “JOYITA” QUE INVESTIGA A PETRO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Álvaro Hernán Prada Artunduaga es uno de los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) que está al frente de la investigación por la posible violación de topes en la campaña Petro presidente.

Más allá de si el fuero presidencial fue o no tocado, como asegura Petro por el Consejo de Estado al momento de zanjar las dudas acerca de las competencias y alcances del CNE, la presencia de Prada vicia el proceso por dos elementos que jurídica y políticamente deberían de servir para que el consejero de la autoridad electoral abandone dicha tarea de juzgamiento.

El primer elemento es la evidente animadversión hacia el presidente Petro del exrepresentante y mandadero de Uribe, quien hace rato debió declararse impedido; y el segundo, su condición sub judice, por cuanta de su llamado a juicio que ya le hizo la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por el caso de manipulación y soborno a testigos de los que también hacen parte el aboganster Diego Cadena y el expresidente antioqueño, estos últimos en etapa de preparación de juicio.

Claramente Prada no actúa con el interés genuino de encontrar la verdad en torno a los recursos allegados a la campaña presidencial. Su único interés es golpear al gobierno, mancillar la dignidad presidencial y debilitar el fuero que protege al presidente de la República.

Justamente, la presencia de Prada bajo esas circunstancias ético-políticas y jurídicas le restan credibilidad a lo actuado hasta el momento por el CNE, entidad que responde a las lógicas siempre enrarecidas de los partidos políticos. Por ser una entidad política y no técnica, agentes como Álvaro Hernán Prada terminan por ensuciar la ya guarrada historia del ente electoral.

Tanto que el uribismo habla de respetar la institucionalidad, y lo primero que hizo Uribe cuando cobardemente Prada renunció a su curul en la Cámara de Representante fue regalarle a Prada un asiento en el CNE, para frenar la acción de la Sala de Instrucción de la CSJ que ya lo investigaba y que luego lo llamó a juicio. La llegada del exrepresentante a la máxima autoridad electoral constituye una burla a la justicia y la confirmación de que en Colombia todo proceso legal se puede torcer, dilatar y ralentizar hasta que se venzan los términos.

Actuaciones como las de Prada y los partidos políticos que apoyan su iniciativa de afectar al gobierno Petro confirman que el sistema político e incluso los propios pesos y contrapesos de la democracia, amparados por la Constitución de 1991, devienen ajustados a las lógicas partidistas, lo que permite abrir espacio a arreglos y transacciones subrepticias que terminan siendo una guasa a la justicia y a la institucionalidad.

El presidente Petro en lugar de insistir en la narrativa del "golpe de Estado" que según él se estaría fraguando desde el CNE, debería de insistir en la condición judicial que arrastra Prada y su filiación al uribismo. 

CARLOS HERNAN PRADA A JUICIO - Búsqueda Imágenes (bing.com)

¿GOLPE DE ESTADO O BLOQUEO INSTITUCIONAL?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Francamente no creo que al presidente Petro le vayan a dar un golpe de Estado, en el entendido de que los militares de repente se tomen la casa de gobierno o que lo pongan preso y se instale un régimen de facto. Lo que sí se viene dando es un bloqueo (saboteo) institucional orquestado desde la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la propia Junta Directiva del Banco de la República. Las dos primeras altas cortes con fallos discutibles y adversos a los intereses del gobierno que van más allá del sentido propio de los pesos y contra pesos de la democracia. Y desde el emisor, por el proceso a cuentagotas en la reducción de la tasa de interés. El Consejo de Estado, de la mano del Consejo Nacional Electoral, se está extralimitando en sus funciones y alcances. Este último no puede investigar y mucho menos juzgar al mandatario. 

Al interior del Congreso ocurre algo similar, en la medida en que congresistas declarados en oposición e independencia vienen cumpliendo muy bien la tarea de ser los mandaderos de los conglomerados económicos y los clanes políticos tradicionales, como el de los Char, los Vargas Lleras y el uribismo. El mismo papel cumplió el anterior presidente del senado y el actual, quien ya prometió a la Andi tratar de hundir la reforma tributaria que aún no presenta el gobierno Petro.

Desde instancias privadas también le apuestan al bloqueo y a que le vaya mal al país y por supuesto a Gustavo Petro. La ANDI, por ejemplo, funge hoy más como un partido político en oposición, que como un gremio con el que sea posible dialogar y discutir la política económica.

A esa intención de bloquear al gobierno, se suman las acciones desarrolladas por las empresas mediáticas cuyas líneas editoriales le apuestan a ocultar la existencia del bloqueo institucional. Optan, eso sí, por registrar la alusión presidencial al “golpe de Estado” para consolidar la imagen de un presidente “desequilibrado, que ve fantasmas”. Los medios masivos cumplen el rol de ser las bisagras de una derecha uribizada que está desesperada por recuperar la Casa de Nari (así la llamó alias Job, durante el gobierno de Uribe) en el 2026, para reversar todo lo hecho por Petro en materia de reforma agraria y los cambios sustanciales en las doctrinas militar y policial.

El paro empresarial camionero fue la constatación de ese interés genuino de los sectores de poder económico y político de afectar al campesinado que el gobierno de Petro viene defendiendo y por esa vía, generar desabastecimiento en productos básicos de la canasta familiar. Aunque no lo lograron como lo imaginaron, quedó claro que esa será la línea de acción de la derecha si en el 2026 recuperan el poder. De esa forma le darían continuidad al proyecto uribista que consiste en acabar con el campesinado para consolidar en todo el territorio colombiano el modelo de la gran plantación, con monocultivos de caña de azúcar, palma africana y ganadería extensiva de baja producción, en detrimento del minifundio, la sostenibilidad ambiental y ecológica y la seguridad y la soberanía alimentarias.

 

Adenda: el fracaso electoral de Vicky Dávila en Medellín está haciendo pensar seriamente a los Gilinski en si vale la pena insistir con la candidatura presidencial de la periodista, figura que despierta dudas y resquemores, y es fuente de fracturas políticas. Por estos días, Blu radio y ahora la revista Cambio le vienen dando vitrina a Sergio Fajardo. La derecha uribizada parece interesada en revivir a Fajardo, político que se vende como conciliador y de centro, pero que realmente es un neoliberal consumado, interesado exclusivamente en mantener los altos niveles de privatización del Estado, y por esa vía, beneficiar a los mecenas que lo vienen patrocinando. Eso sí, el desespero de la derecha es evidente porque saben que no tienen una o un candidato presidencial descollante. La señora Cabal parece contar desde ya con el apoyo de Sarmiento Angulo. Al banquero parece gustarle el talante de la congresista, quien querrá parecerse a su patrón, el expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez.

EL URIBISMO ESTÁ DETRÁS DEL PARO EMPRESARIAL CAMIONERO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El paro empresarial camionero hace parte del proyecto y las acciones políticas desplegadas por el uribismo para desestabilizar al gobierno de Petro. Como no han podido desestabilizarlo, entonces no les queda otro camino que generar miedo, zozobra y “hacer invivible la República”, bloqueando vías y generando una oleada alcista en los precios de la canasta familiar por el evidente desabastecimiento de productos. Afectar a la mayoría de los colombianos y a la clase media les conviene a candidatas presidenciales como María Fernanda Cabal y Vicky Dávila que ya se venden como las nuevas “mesías”, esto es, las pupilas aventajadas del expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez, el más grande Mesías contemporáneo de Colombia.

El Centro Democrático, como partido político, está detrás del paro empresarial camionero. La participación del CD en la organización y la permanencia de las acciones de sabotaje y extorsión consolida a los políticos uribistas como enemigos del bien general y en particular del campesinado que no tiene cómo recuperarse de las pérdidas de sus cosechas. Lo curioso es que otros sectores empresariales que también sufren las consecuencias negativas que generan los bloqueos parecen continuar simpatizando con Uribe y su séquito de congresistas. Y es así porque unos y otros comparten el objetivo de evitar que el gobierno progresista termine su mandato con buenos indicadores macroeconómicos. La derecha uribizada le apuesta a que le vaya mal al país en estos dos últimos años, para poder salir en el 2026 a venderse como la única opción de poder capaz de “recuperar el país”, que ellos mismos ayudaron a desbaratar.

Todo el tiempo han estado encima del gobierno y del ministro de Hacienda para que respete la regla fiscal. Petro toma la decisión de parar el déficit fiscal que dejó el irresponsable del Iván Duque Márquez en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, desmontando los subsidios a la gasolina y al ACPM. Esa medida, aplaudida por expertos de Fedesarrollo, centro de pensamiento económico de la derecha, dan cuenta de la ruindad de los congresistas del CD y de otras colectividades como Cambio Radical. Pero como prima la mezquindad y el clasismo en el Centro Democrático y en general en lo que se conoce como el uribismo, entonces se organiza el paro empresarial de camioneros con la firme intención de afectar la economía nacional.

En el 2026 a los candidatos presidenciales de la derecha uribizada hay que enrostrarles su mezquino apoyo al paro empresarial camionero. La estrategia de los progresistas debe ser esa: desenmascarar a los uribistas, mostrando sus incoherencias políticas y económicas, fruto de la insondable animadversión hacia Petro por haber sido guerrillero, por haber desenmascarado a Uribe y a los parapolíticos y por haberles arrebatado la Casa de Nari, llamada así por el mismo alias Job, cercano a la élite uribista.

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INVAMER, NOTICIAS CARACOL Y LA PETROFOBIA

 

Por GERMÁN AYALA OSORIO

En la más reciente encuesta publicada por Noticias Caracol  contratada con la firma Invamer, la desaprobación del presidente de la República llega al 60%, mientras que la aprobación de la gestión del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, alias Fico, llega al 70%.  Ese contraste tiene detrás toda una intención electoral de cara a las elecciones de 2026. Sobre este asunto, volveré al final.

Las encuestas que hace Invamer para Noticias Caracol tienen varios elementos que le hacen perder credibilidad a los resultados, mirados estos desde una perspectiva ético-política: el primero, que el propietario de la empresa demoscópica es Jorge Londoño de la Cuesta, exgerente de EPM, amigo íntimo de Fico Gutiérrez, uribista pura sangre y enemigo de Petro. El segundo, que el Noticiero Caracol hace parte de la cofradía de medios masivos que optaron por hacerle oposición política al actual gobierno, decisión que hace pensar que al contratar la encuesta subyace el interés de seguir afectando la imagen de Petro. Lo más probable es que sigan contratando encuestas hasta antes del 7 de agosto de 2026.

La contratación de la encuesta sirve de cierre al plan trazado por varias empresas periodísticas, incluidas Caracol y Blu radio, consistente en generar incertidumbres y un sutil pánico económico a través de escándalos, falsas noticias y exageraciones. Las recientes tergiversaciones con la supuesta escasez del combustible para los aviones, los problemas para sacar y renovar los pasaportes; la expropiación de la propiedad privada en el marco de la jurisdicción agraria y la expropiación del ahorro de los colombianos por cuenta de las "inversiones forzosas", sirven para que la opinión pública vaya aceptando la narrativa mediática que señala que el país va mal, que "llegó el comunismo" y que "nos vamos a convertir en Venezuela". 

Así las cosas, lo que hace Caracol al contratar la encuesta con Invamer es confirmar si el esfuerzo político-mediático de afectar negativamente al gobierno ha valido la pena. Y el resultado del 60% de desaprobación (es del 58%, pero los mismos medios, lo redondean), cierto o no, le da confianza a los directivos del señalado noticiero para seguir en la misma línea editorial. 

En cuanto a la imagen favorable de Gutiérrez que exhibe el resultado de la encuesta, le sirve a la derecha antioqueña para insistir en que el pupilo del GEA y de  otros grupos de poder económico y político le siguen apostando a una eventual candidatura presidencial de alias Fico. Creerán que su evidente Petrofobia puede ser suficiente para enfrentar a la candidata o candidato que reciba el guiño del jefe del Estado en búsqueda de dar continuidad al proyecto progresista. 

Imagen tomada  de Caracol.