MARCHAS PRO-PALESTINA EN MEDELLÍN, PARAMILITARISMO Y EL BATE ANTIPETRO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Que funcionarios de la alcaldía de Medellín, identificados con chalecos, provocaran y agredieran con palos y patadas a manifestantes pro-palestina constituye un hecho de suma gravedad que confirma que el paramilitarismo como fenómeno sociocultural sigue siendo asumido por sectores de la derecha como una ejemplar “virtud cívica”. Incluso hay quienes los llamaron la “primerea línea” del acalde Federico Gutiérrez.  

Las agresiones de los contratistas de la alcaldía de la capital de Antioquia son acciones parapoliciales que criminalizan nuevamente las protestas y movilizaciones de quienes en esta ocasión salieron a rechazar las prácticas genocidas que viene cometiendo el ejército de Israel en contra del pueblo palestino que sobrevive en Gaza.

Por supuesto que lo acontecido en Medellín tiene un trasfondo político, cultural, electoral e ideológico ancorado al enfrentamiento entre las huestes uribistas y las mesnadas petristas. Las primeras son animadas por el alcalde Federico Gutiérrez, alias Fico y el concejal Andrés Rodríguez, alias el Gury, quienes ignoran el genocidio en la franja de Gaza siguiendo la línea ideológica de la doctrina uribista que defiende a dentelladas el ejercicio de la violencia legítima del Estado, invita a aplaudir lo hecho por Israel por ser víctima del ataque criminal y terrorista perpetrado por el grupo Hamas y a negar que se trata de un genocidio.

Fico Gutiérrez y el concejal Rodríguez son declarados enemigos de Petro, de los petristas y de todos aquellos que defiendan la paz, rechacen prácticas genocidas como las de Gaza y se declaren defensores de los derechos humanos, de comunidades vulnerables y de los ecosistemas naturales. El bate de beisbol con el que amenazó a los marchantes el concejal alias Gury representa con lujo de detalles a la doctrina uribista y en el marco del actual escenario electoral simboliza el antipetrismo con el que millones saldrán berracos a votar por el que diga Uribe.

Quienes defienden y aplauden las acciones violentas y violatorias de los derechos humanos de parte de los funcionarios de la alcaldía de Gutiérrez siguen anclados a la idea de que se trató del uso de la violencia legítima del Estado. Fue esa misma concepción la que permitió la creación y operación de los grupos paramilitares.

En las más recientes marchas uribistas en respaldo al expresidente Uribe y en rechazo al fallo condenatorio en su contra emitido por la jueza Sandra Heredia, varias banderas de Israel fueron ondeadas por manifestantes, circunstancia que reafirma la complacencia de cientos de miles de uribistas con la limpieza étnico-cultural que adelanta Netanyahu en la franja de Gaza.

Entre tanto, las mesnadas petristas devienen azuzadas por el discurso del presidente Petro con el que rechaza las prácticas genocidas. Por supuesto que hay otros que salieron a marchar por una genuina solidaridad con el pueblo palestino que sufre la violencia militar de Israel, el silencio cómplice de Europa, el debilitamiento de la ONU como organización multilateral y las ineficaces acciones logísticas desplegadas en Gaza para la entrega de alimentos en pro de mitigar la hambruna provocada por el sionista ejército de Netanyahu.

Lo ocurrido en Medellín debe entenderse y comprenderse en el marco de un escenario de polarización política y crispación ideológica en el que claramente hay expuestas disímiles formas de entender las relaciones internacionales, el papel del Estado, la seguridad ciudadana, el derecho a la protesta y en particular la convivencia al interior de un país pluriétnico como Colombia.

Al ser el paramilitarismo un fenómeno sociocultural, superarlo o proscribirlo se torna casi imposible porque ya fue asumido en Medellín, Cali y Bogotá, entre otras ciudades capitales como una “virtud cívica” que calza muy bien con la política de seguridad democrática de Uribe y las acciones estigmatizantes desplegadas entre el 2002 y el 2022 en contra de todos los que se atrevieron a confrontar a los gobiernos de Uribe, Santos y Duque.

Adenda: desde esta tribuna rechazo con vehemencia los actos vandálicos producidos durante las marchas pro-palestina. Dichos actos invisibilizan el talante humanitario de dichas movilizaciones y crean el imaginario colectivo con el que se asocia el petrismo con desorden, violencia y caos. 

Imagen tomada de El Colombiano. 

38 ASONADAS CONTRA LA FUERZA PÚBLICA

 

Por Germán Ayala Osorio 

Las 38 asonadas contra la fuerza pública presentadas en lo que va corrido del 2025 constituyen un fenómeno civilizatorio que compromete a varios factores de la vida societal de las comunidades rurales en las que se vienen presentando esos casos en los que miembros del Ejército nacional son rodeados, retenidos, secuestrados, constreñidos, humillados y expulsados por civiles instrumentalizados por agentes que hacen parte de estructuras armadas ilegales que operan con o sin la anuencia de esas mismas comunidades. 

El primer factor que debe reconocerse es la nula y casi inexistente noción que del Estado tienen las comunidades rurales en las que se realizan los operativos policiales y militares bien sea para destruir cultivos de uso ilícito, laboratorios para la producción de cocaína y campamentos de minería ilegal, así como para capturar facinerosos que las comunidades protegen por decisión propia o por orden de los grupos ilegales que fungen como la autoridad en esos parajes en los que el Estado, como se conoce en ciudades capitales, no existe. 

La ausencia del rostro civil del Estado en esos territorios olvidados por Dios y las nulas estrategias para echar andar y fortalecer procesos civilizatorios son el caldo de cultivo para que las asonadas se produzcan como respuesta al abandono y al desinterés de los agentes estatales ubicados en Bogotá de construir relaciones de confianza y mutuo respeto entre el Estado y las comunidades rurales. Los ilegales parece que le están ganando la partida al Ejército en aquello de "echarse al bolsillo" a la gente que ante la ausencia del Estado, no le queda otro camino que legitimar a bandidos que les ofrecen protección, control social y resolución de  los conflictos, así como oportunidades económicas. 

El segundo factor que podría explicar el ilegal comportamiento de los campesinos se expresa en la garantía que aquellos parecen tener producto de la manera en la que viene operando la fuerza pública bajo el liderazgo del presidente Petro: el evidente respeto a la población civil. De allí que los civiles se sientan con toda la confianza para confrontar a los miembros del Ejército porque en el fondo saben que bien sea por el miedo a "envainarse" (inseguridad jurídica), los soldados no son capaces de disparar. 

Un tercer factor tiene que ver con el registro noticioso que amplifica los hechos delictivos cometidos por las comunidades y convierte a sus protagonistas y a sus más visibles instigadores en referentes sociales y casi que en "héroes" en esos entornos rurales en los que suelen consolidarse taras civilizatorias propias de unos desarrollos comunitarios atravesados por la inmoralidad generada por las economías ilegales y el dominio político de los grupos al margen de la ley. 

Las medidas anunciadas por el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez para contrarrestar las embestidas contra los miembros del Ejército, más allá de la viabilidad jurídica, deben estar acompañadas de acciones institucionales en las que la cara civil del Estado genere confianza entre el campesinado. No es recomendable que los anuncios públicos de "llevar a la justicia" a los responsables de las asonadas se queden en simples amenazas. Cuando se procesen, se condenen a varios de esos instigadores bajo la justicia penal militar o la ordinaria y haya un cubrimiento periodístico espectacular de esos hechos judiciales, quizás en otras veredas se abstengan de oponerse a los operativos. 

van 38 asonadas contra el Ejército - Búsqueda Imágenes

HABLEMOS DE LAS SANCIONES DE LA JEP

 

Por Germán Ayala Osorio 

Las expresiones de rechazo de las víctimas de las Farc-Ep ante las sanciones impuestas por la JEP contra los miembros del Secretariado de esa guerrilla que firmó el Acuerdo de Paz de La Habana con el Estado colombiano pueden leerse desde dos esferas que deberían complementarse, pero que para el caso devienen distanciadas e incluso en una aparente oposición. La primera de estas esferas está atada al ámbito de lo privado en el que confluyen el dolor y la rabia de las víctimas de ese actor armado ilegal que claramente traspasó los límites éticos y morales de su lucha "revolucionaria" para quedar convertidos en simples estructuras delincuenciales con un debilitado estatus político. Esos mismos sentimientos los activan las víctimas de los militares que también cometieron delitos atroces. 

La segunda esfera nace del contexto político, de la mediatización del papel de la Justicia Especial para la Paz, pero sobre todo de lo negociado en La Habana y del texto mismo del Acuerdo Final (II) firmado en el teatro Colón de Bogotá. Hablamos entonces de una esfera pública en la que los sentimientos de rechazo por las sanciones que acaba de imponer el Tribunal de Paz y de justicia transicional no tienen cabida porque lo acordado en Cuba entre los plenipotenciarios de las Farc-Ep y el gobierno Santos dejó  claro que se trataba de una negociación política y no de un proceso de sometimiento a la justicia de parte de los facinerosos. Y esa negociación en particular implicaba tragarse el inmenso "sapo" (una especie de Rhinella marina) expresado en el hecho jurídico que hoy se cuestiona: los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto de un degradado conflicto armado no pagarían un solo día de cárcel. 

En esa línea, se aceptó que no habría cárcel efectiva para los victimarios y que en lugar de las deseables largas condenas para los máximos responsables de las Farc-Ep, incluidos los agentes estatales también comprometidos en la violación sistemática del DIH y los DDHH, habría un proceso judicial orientado bajo los principios de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición enmarcados en un modelo de justicia transicional y restaurativa puesto en marcha en una sociedad que cree en la justicia por mano propia y en la institución carcelaria. 

Al haberse dado las sanciones contra los miembros del Secretariado en un agitado ambiente preelectoral, la JEP y sus magistrados quedan a merced del populismo punitivo de los medios masivos y de las fuerzas políticas que desde un inicio se opusieron a la negociación política surtida en territorio cubano. El uribismo en particular ya está explotando electoralmente las sanciones de la JEP para insistir en su desmonte por todo el daño político que produjo la verdad de los falsos positivos allanada por ese tribunal. 

Era fácil comprender que el proceso de paz de La Habana apuntaba a garantizar altos niveles de impunidad judicial para los victimarios, legales e ilegales, a cambio de conocer la verdad de los crímenes cometidos, esto es, contar las motivaciones, las circunstancias de tiempo, modo y lugar y el destino final de las personas asesinadas y desaparecidas. Quizás el gobierno de Santos falló en un ejercicio pedagógico clave: convencer a la sociedad y en particular al conjunto de las víctimas de las Farc-Ep y de los militares de las "bondades" del sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. 

Quizás sea necesario emprender una campaña encaminada a unir las dos esferas arriba presentadas con el objetivo de mostrar la importancia de haber conocido la verdad de unos hechos que confirman que el camino que nos trazaron  guerreristas y  los combatientes, legales e ilegales nos terminaron llevando al abismo en el que suelen caer juntos la venganza y el odio. En el fondo de ese acantilado seguiremos hasta que como colectivo entendamos que la construcción de la paz va más allá de un acuerdo político firmado entre combatientes o entre sus agenciadores. Al final, debemos entender que las Farc-Ep no fueron nunca revolucionarios y que dentro de las FFAA hubo militares que actuaron con la misma perversidad de un enemigo interno creado y recreado para extender una estúpida guerra fratricida que solo sirve a los intereses de los Señores de la Guerra (locales e internacionales). 

Así entonces, las críticas y las molestias expresadas por las víctimas en razón a las sanciones y las actividades de reparación harán parte de una campaña electoral caracterizada por el odio y la incapacidad para argumentar y dialogar entre diferentes. 

¿Por qué son distintas las sanciones de la JEP a exmilitares de La Popa frente a ex-FARC?

ORDENAN LIBERTAD DEL CONDENADO EXPRESIDENTE URIBE VÉLEZ

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Con el fallo de tutela que ordena la libertad inmediata del condenado expresidente Álvaro Uribe, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá le “echa gasolina” al ya caldeado ambiente político y electoral en el país. Esa decisión puede ser leída de muchas maneras. He aquí algunas de esas posibles perspectivas orientadas a entender la trascendental decisión.

Con la orden de libertad los magistrados reviven la ya raída presunción de inocencia del político antioqueño hasta que tomen una decisión de fondo de la condena de primera instancia proferida por la jueza Sandra Heredia. Eso sí, los togados ponen un manto de duda sobre el criterio jurídico de la operadora judicial que condenó a Uribe a 12 años de prisión domiciliaria y lo privó de la libertad en razón a su incontrastable poder de intimidación sobre la propia justicia y en claro beneficio de las víctimas.

Después de leer el sentido del fallo condenatorio y posteriormente la cuantía de la condena y la orden de arresto domiciliario, la jueza 44 fue objeto de numerosas amenazas y descalificaciones en las redes sociales. Ya la revista Semana había “perfilado” a la juez Sandra Heredia, a través de un ejercicio periodístico a todas luces tendencioso y temerario. Las marchas del 7 de agosto en contra de la decisión de la jueza y en favor del condenado dan cuenta no solo de los niveles de polarización política y crispación ideológica en el país, sino de la naturalización de un ethos mafioso que lleva a muchos a defender hechos y actos inmorales.

Al ordenar reversar la medida, de inmediato se activaron las bodegas uribistas en contra de la operadora judicial, lo que claramente eleva los riesgos de que sufra algún atentado criminal por considerar los áulicos de Uribe y naturales enemigos de la juez que actuó “llevada por el odio” hacia el Mesías de Salgar (Antioquia).

El fallo, sin embargo, sirve para desmontar la narrativa que el uribismo puso a circular con la ayuda de la prensa hegemónica que indicaba que al expresidente Uribe se le “habían violado las garantías procesales”. Pues bien, la orden de libertad al condenado por delitos no políticos desmiente lo expresado por la defensa del exdirector de la Aerocivil y sus áulicos.

Los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior optaron por desconocer el carácter ejemplarizante del fallo de la jueza 44 y lo que es peor, no entendieron que esa decisión en sí misma era y sigue siendo un triunfo del aparato judicial sobre un expresidente de la República que durante 13 años se burló del país, de las víctimas y de la justicia. Lo que hicieron fue poner por encima de los derechos de las víctimas la temida figura política de un exmandatario que jamás actuó con el decoro y la responsabilidades morales y éticas que le demandan su condición de expresidente de la República. En esta ocasión los togados se pusieron del lado del victimario y se olvidaron de los derechos de sus víctimas.

Veremos qué sucede con la impugnación que muy seguramente interpondrá el equipo jurídico que defendió los intereses del senador Cepeda como figura relevante entre las víctimas de Uribe Vélez.

Eso sí, medio país espera que esta discutible decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá no sea el preludio de un fallo de segunda instancia que eche para atrás la condena de 12 años proferida por Sandra Liliana Heredia.

 

Imagen tomada de El Espectador.com 

¿CÓMO ENTENDER LAS MARCHAS EN DEFENSA DE URIBE?

 

Por Germán Ayala Osorio

Véase en video esta misma columna: https://www.youtube.com/watch?v=VGT4_urZoXs

 

Las nutridas movilizaciones en Bogotá, Cali y Medellín en contra de la decisión judicial adoptada por la jueza Sandra Heredia y en favor del expresidente y convicto Álvaro Uribe Vélez, aunque no constituyen en sí mismas un movimiento social con vocación política, sí dan cuenta de un fenómeno sociopolítico que amerita un ejercicio explicativo.

A manera de hipótesis señalo que los cientos de miles de ciudadanos que marcharon en protesta a la condena de 12 de años de prisión domiciliaria proferida en contra del exmandatario antioqueño hacen parte de sectores societales que admiran y reclaman las formas de violencia simbólica y física que representó Uribe como presidente de la República, que son las mismas que lo acompañan ahora en su condición de sub judice ciudadano, expresidente y reo a la espera de que se confirme su condena. Desde su popular “donde lo vea le doy en la cara marica”, pasando por “se callan o los callamos”, hasta llegar a “esta llamada la están escuchando esos hijueputas”, sus admiradores se sienten recogidos y representados. En las tres expresiones hay una inocultable postura homofóbica, un desprecio por la libertad de expresión, así como la subvaloración de la institución de justicia.

Quienes salieron hoy a reclamar la libertad de Uribe sobre la base de una incontrastable confianza en la inocencia del expresidente, lo hicieron más por el efecto de la propaganda mediática que por el sesudo análisis del material probatorio que al final sirvió para que la jueza Heredia lo condenara. Esos mismos ciudadanos parecen actuar desde el vacío que deja la pérdida del padre de familia o los efectos que deja cuando no cumple con el rol proveedor que la sociedad machista le entregó a los hombres colombianos. Para entender esta lectura paternal del fenómeno sociopolítico debemos remitirnos al punto 100 del Manifiesto Democrático, plataforma ideológica sobre la cual hizo campaña en el 2002: “Aspiro a ser presidente sin vanidad de poder. La vida sabiamente la marchita con las dificultades y atentados. Miro a mis compatriotas hoy más con ojos de padre de familia que de político. Aspiro a ser presidente para jugarme los años que Dios me depare en la tarea de ayudar a entregar una Nación mejor a quienes vienen detrás”.

Dentro de los manifestantes que salieron a exigir respeto por el “legado” y la figura de Uribe puede existir un patrón comportamental que los hace proclives a desconocer los fallos de la justicia, deslegitimar las instituciones, pero sobre todo, les permite nutrirse de la narrativa que niega los daños institucionales, éticos y morales que dejaron los dos gobiernos de Uribe y la consolidación del uribismo como plataforma política e ideológica fundada en un evidente ethos mafioso que se manifiesta en la captura perniciosa del Estado para el disfrute de unos pocos, la naturalización de la corrupción público-privada y por supuesto, la persecución de todos aquellos que piensen diferente, en particular los que se atreven a reclamar el cumplimiento de lo prescrito en la Carta Política de 1991.

Quienes se volcaron a las calles a reclamar respeto a su padre, líder y pastor, parecen desconocer los elementos y las decisiones que se tendrían que tomar para ver si algún día Colombia y sus nacionales puedan sentir y vivir en una verdadera República. Más bien parece que les es suficiente con que regresemos a los tiempos de la seguridad democrática y sus 6402 víctimas, la privatización del Ejército y su operación de la mano de las estructuras narcoparamilitares con las que se desplazaron y masacraron los siempre incómodas comunidades campesinas, indígenas y negras.

Por supuesto que quienes marcharon hoy en defensa del reo Álvaro Uribe Vélez tienen derecho a reclamar basados en sus creencias y en su empobrecido capital cultural. La mejor forma de responder a ese fenómeno sociopolítico que representan es brindarles todas las garantías de seguridad para que lo sigan haciendo y el ofrecimiento de la mano comprensiva de quienes entienden que son víctimas de la propaganda de los medios hegemónicos cuyos propietarios están obligados política y moralmente seguir respaldando a quien les permitió capturar el Estado para sacar adelante sus mezquinas actividades económicas.

LO QUE SIGNIFICA LA MARCHA URIBISTA DEL 7 DE AGOSTO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La movilización uribista programada para hoy 7 de agosto, en rechazo a la condena a 12 años de prisión domiciliaria contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez es, en sí misma, una exhibición de la inmoralidad que rodea al colectivo uribista, caracterizado por la incoherencia política cuando se trata de defender las instituciones, respetar la justicia y la institucionalidad; también será el escenario propicio para que los candidatos presidenciales del fantasmal centro definan de una vez por todas si van a subirse al “bus del condenado” o si serán capaces de sentarse a pensar en los problemas por resolver del país desde ese lugar de enunciación que aún está por construirse.

La marcha de respaldo al Gran Domador de Bestias, encontrado culpable por la jueza 44 de dos graves delitos no políticos, está precedida por una andanada de descalificaciones y amenazas en contra de la jueza Sandra Liliana Heredia por haberse “atrevido” a condenar al temido político antioqueño y del ambiente de polarización política y crispación ideológica que se remonta al plebiscito por la paz de 2016 y que se viene profundizando desde el 7 de agosto de 2022 cuando llegó a la Casa de Nariño el primero gobierno progresista en cabeza de Gustavo Petro Urrego.

La manifestación uribizada comparte el carácter absurdo con el que una parte de la sociedad colombiana asumió el triunfo del No en el malogrado plebiscito por la paz. Dicho carácter se expresa en la siguiente pregunta: ¿Cómo es posible que salgan a marchar para rechazar la condena proferida contra un expresidente que contó con todas las garantías procesales, en un proceso penal generado por él mismo y que completó 13 años, incluidas dilaciones y "jugaditas" por parte de la defensa? Bajo esa misma lógica millones de ciudadanos dentro y fuera del país se preguntan aún: ¿Cómo es posible que una parte de la sociedad haya votado no para poner fin al degradado conflicto armado interno?

Además, la curiosa, insensata, disparatada y llamativa movilización está precedida por el inicio del peregrinaje de personalidades políticas y agentes económicos por la finca-cárcel en la que permanece Uribe Vélez por cuenta de la sentencia que será revisada por el Tribunal Superior de Bogotá. El expresidente Andrés Pastrana Arango visitó a su homólogo a pesar de que en el pasado lo señaló de tener vínculos con los paramilitares. El respaldo al condenado también lo expresó el exalcalde de Bogotá y vendedor de buses, Enrique Peñalosa. Se entiende el apoyo brindado por el vendedor de articulados pues aspira a dirigir el país bajo la agenda neoliberal en la que cree a pie juntillas.

Los agentes gremiales y los precandidatos presidenciales que participarán de la marcha terminarán legitimando el proceso de estigmatización mediática echado a andar en contra de la jueza Sandra Heredia, así como el discurso con el que se viene erosionando la legitimidad de la justicia por cuenta de un fallo en derecho.

De cara a las elecciones presidenciales poco importará si la movilización resulta numerosa. Lo que realmente el país deberá tener en cuenta es quiénes se atreverán acompañar al patriarca, caballista, hacendado y domador de bestias en su “mala hora”. El país recordará que un 7 de agosto cientos de miles de colombianos salieron a marchar a favor de Uribe con un discurso patriotero que, de la mano de otros elementos y circunstancias, sigue evitando la construcción de una verdadera República.

La “doctrina” uribista podrá salir fortalecida hacia adentro, en la medida en que entre sus mesnadas estarán atentos, lista en mano, quiénes fueron los que, a pesar de la ejemplar y legítima condena contra el Gran Patrón, fueron capaces de desconocer un fallo judicial y por esa vía erosionar la majestad de la justicia. Hacia afuera, el uribismo seguirá siendo mirado como un fenómeno sociocultural y político ancorado a un ya naturalizado ethos mafioso con el que no solo se validó el Todo Vale, sino el proceso de captura perniciosa del Estado sobre la que se sustentó su privatización entre el 2002 y el 2022. 

Adenda: nuevamente veremos en las redes sociales el enfrentamiento entre las bodegas uribistas y los influencers petristas alrededor de si la marcha fue o no un fracaso. Y los medios hegemónicos sirviéndole de caja de resonancia al uribismo. 

marcha uribista del 7 de agosto a favor de uribe - Búsqueda Imágenes

PASTRANA VISITÓ A URIBE VÉLEZ EN SU LUGAR DE RECLUSIÓN: DIOS LOS HIZO Y EL DIABLO LOS JUNTÓ

 

Por Germán Ayala Osorio

Sin conocerse aún la imagen del registro ante el Inpec de su comparecencia en condición de condenado, el expresidente Álvaro Uribe Vélez posteó en su cuenta de X la fotografía en la que aparece en compañía de Andrés Pastrana Arango, a quien le agradeció  haberlo ido a visitar a su hacienda, lugar de reclusión en el que pagará los 12 años de condena que le impuso la jueza Sandra Heredia, siempre y cuando el Tribunal Superior de Bogotá confirme el fallo de primera instancia proferido por la juez 44 de conocimiento.

Lo más probable es que el temido condenado siga exponiendo fotografías con los políticos y empresarios que se sentirán “obligados” a pasarse por el lugar de reclusión del expresidente antioqueño si quieren en el 2026 contar con el apoyo político del Centro Democrático y de lo que se conoce como el uribismo. Ya veremos cuán nutrido será el desfile de “personalidades” de la vida pública del país por el hogar del penado.

La comparecencia del expresidente Pastrana Arango a la tierrita de Uribe llama la atención no por la “solidaridad de cuerpo” del hijo de Misael, sino porque en el inmediato pasado el “niño Andrés” señalaba a Uribe de tener vínculos con los grupos paramilitares. En este enlace está el momento exacto en el que Pastrana señala a Uribe, durante una entrevista que le concedió al periodista mexicano Jorge Ramos, de esas perniciosas relaciones: https://www.youtube.com/shorts/8rdMs-B0c7w?feature=share

No creo que Pastrana haya cambiado de opinión frente a los graves cuestionamientos que hizo en contra del expresidente Uribe Vélez, pues como “hijos siameses” del Establecimiento colombiano están obligados a mantenerse unidos para defender sus intereses personales, familiares y por supuesto los de los poderosos agentes económicos que los pusieron en su momento en la Casa de Nariño. Y más ahora que en el gobierno está Gustavo Petro, los dos expresidentes deben desestimar la “sacada de trapitos” del pasado para avanzar en el único objetivo que los une: recuperar la Casa de Nariño para desde allí volver al proyecto neoliberal (privatización del Estado) que ambos encarnaron y ejecutaron con lujo de detalles en el pasado.

Solo falta que el expresidente iliberal, César Gaviria Trujillo también visite al alicaído Mesías. El país recuerda ver y escuchar al neoliberal pereirano gritarle “Uribe mentiroso, Uribe mentiroso...”.

La “política no solo es dinámica”, sino que en ella confluyen la hipocresía y las lealtades negociadas con puestos y contratos. “Entre bomberos no nos pisamos las mangueras” es el refrán que mejor explica ver a Pastrana visitando a su “enemigo” político no tanto para solidarizarse por la ejemplarizante y penosa condena, sino para enviarle un mensaje claro a los mecenas del Establecimiento que patrocinaron sus campañas en el pasado: estamos unidos más que nunca para enfrentar al “neocomunismo y al petrosantismo” y recuperar el Estado para la élite neoliberal. Uribe y Pastrana juntos se ven patéticos, infantiles, hipócritas e interesadamente leales.

 

DESDE HUESTES URIBISTAS MISÓGINAS LAPIDAN A LA JUEZA QUE CONDENÓ A URIBE

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Las temerarias, desobligantes y violentas reacciones en contra de la jueza Sandra Liliana Heredia por proferir condena de 12 años de prisión domiciliaria en contra del  expresidente Álvaro Uribe Vélez devienen atadas a las formas tradicionales en las que una parte de la sociedad colombiana y  agentes poderosos del Establecimiento político y económico se acostumbraron a resolver sus diferencias, conflictos y a imponer las lógicas mafiosas con las que hoy intentan lapidar a la jueza Heredia por “haberse atrevido”  a fallar en contra de uno de los intocables de la vida pública nacional.

El proceso de deslegitimación de la jueza 44 Sandra Heredia que ya hace carrera en las huestes uribistas, en las redes sociales y en la prensa hegemónica que le sirve de caja de resonancia a los actores políticos interesados en regresarnos a los tiempos aciagos en los que Pablo Escobar y otros criminales ordenaban el asesinato de jueces, les permitió a los fieles y obcecados seguidores del condenado dejar salir la misoginia que los acompaña de tiempo atrás.

El fallo condenatorio, en cuanto pieza procesal y documento jurídico no les interesa confrontarlo porque justamente en las mesnadas uribistas la lectura y la argumentación brillan por su ausencia. A lo que sí le apuestan es a denigrar de la jueza en tanto su naturaleza femenina por una razón fundamental: no se acepta en este país de violentos machos cabríos que justamente una mujer le ordene al hasta ayer intocable, que cierre la boca, “que se calle” y que guarde compostura. Se suma a lo anterior el episodio en el que la misma mujer se dirigió a una de las “tigresas” de Uribe para que dejara de hablar en la audiencia: "Señora Cabal, puede por favor guardar silencio", le exigió la jueza 44.

Recordemos cuando la senadora Cabal descalificó a un grupo de feministas que salió a protestar. Les dijo que eran “un poco de locas, además, feas, horrorosas y empelotas”. Esa forma despectiva de la señora Cabal de referirse a las feministas deviene ancorada a su enfermiza lealtad hacia Uribe, un macho que habla de las mujeres como si se tratara de “yeguas” listas para ser montadas. Los que leyeron el libro de Héctor Abad, El olvido que seremos saben perfectamente de lo que aquí se habla.

El llamado que recién hizo la Defensora del Pueblo, Iris Marín, debe servir para que los enfurecidos fieles del condenado “Mesías” eviten azuzar a quienes advierten estar dispuestos a asesinar a la jueza 44 por haber proferido el referido fallo condenatorio. Todos sabemos que en varias ciudades operan oficinas de sicarios con las que miembros de la clase política y económica tienen finas relaciones. Esto dijo la funcionaria: “El país observa con atención un proceso judicial de gran trascendencia que involucra al expresidente de la República Álvaro Uribe. La Justicia se honra con respeto a las formas del proceso y a quienes tienen el mandato constitucional de tomar estas decisiones. Estigmatizar a quien cumple con su deber constitucional de impartir justicia socava la independencia judicial y su legitimidad institucional. Las decisiones judiciales se pueden debatir, pero por la vía del Estado de derecho”.

El Estado está en la obligación de proteger la vida de la jueza Sandra Heredia y por supuesto, cuidar a su familia. Eso sí, el tibio comunicado que publicó la Corte Suprema de Justicia puede terminar alentando a las tropas uribistas a amedrentar o asesinar a la jueza, porque asumen que institucionalmente está sola, circunstancia que les facilita el objetivo de “hacer respetar la memoria de su amada deidad”. 

jueza 44 sandra heredia - Búsqueda Imágenes

¿QUÉ SIGUE DESPUÉS DE LA CONDENA CONTRA URIBE VÉLEZ?

Por Germán Ayala Osorio

La condena de 12 años de prisión domiciliaria contra el temido expresidente Álvaro Uribe Vélez es un hecho jurídico-político que reivindica a la justicia si tenemos en cuenta los incontrastables indicadores de impunidad en un país como Colombia en donde todos los días se negocian fallos judiciales. Baste con recordar el Cartel de la Toga para entender que los poderosos en este país siempre estuvieron por encima de la ley.

Esa misma sentencia confronta ética y moralmente a quienes en el pasado votaron por las ideas políticas de un premoderno, pendenciero, enredador y casi incivilizado ganadero, hacendado y domador de bestias. Un perfumado patán “capaz de dar en la cara marica”, acostumbrado a ejercer violencia discursiva y simbólica contra mujeres, periodistas, detractores y durante el juicio, contra la jueza 44, Sandra Heredia. Su vida pública y el juicio en el que fue encontrado culpable están resumidos en este informe: https://www.youtube.com/watch?v=WZoVKr-MhHs&t=453s

Quienes aún defienden su ya decaída y pulverizada “honorabilidad” lo hacen porque comparten esa visión conservadora de la vida societal, así como esa perspectiva precapitalista sobre la que debilitó y privatizó el Estado para entregárselo a la codicia de empresarios y otros agentes que se beneficiaron económicamente durante los aciagos 20 años de uribismo.

Sus defensores de oficio, públicos y en la sombra, entre los que se encuentran fiscales, exministros, periodistas, columnistas, políticos, politicastros, empresarios, monjas, sacerdotes, estudiantes, banqueros, futbolistas, actrices, taxistas, rectores de universidades privadas, así como profesores universitarios, muy seguramente esperaban que de manera espontánea se organizaran marchas para rechazar la sentencia condenatoria dictada por la jueza 44, Sandra Liliana Heredia. Pero ello no sucedió. Los tiempos del “Embrujo Autoritario” ya están pasando. Como burda invención mediática, Uribe Vélez representa el pasado que una parte importante de la sociedad quiere olvidar para siempre.

Quizás sus dolidos simpatizantes convoquen marchas, pero estas se darían no tanto con el ánimo de refutar el fallo, sino de insistir en la narrativa impulsada que indica que se trata de una “persecución y una venganza política contra un hombre honorable que salvó al país del terrorismo”. Una tesis mentirosa que se inventó la prensa bogotana y sobre la que se validó su condición de “presidente eterno e irremplazable”.

Lo curioso es que quienes insisten en ese falso relato se autoproclaman “patriotas, respetuosos de las instituciones e interesados en que al país le vaya bien", pero viajan a los Estados Unidos a pedir sanciones económicas contra el gobierno Petro, que Colombia resulte descertificada por la lucha contra las drogas y si es posible que USA termine promoviendo un aislamiento político que le haga daño al gobierno y en general al país.

La ejemplarizante condena contra el Gran Domador de Bestias servirá electoral y políticamente para definir las apuestas éticas y morales de quienes aspiran a llegar a la presidencia de la República, instalados en ese siempre medroso y fantasmal centro. Ponerse los crocs para defender el negativo legado de Uribe puede resultar problemático electoralmente dado que hay millones de colombianos arrepentidos de haber votado alguna vez por las ideas del padre de la seguridad democrática, no solo por las 6402 víctimas de los falsos positivos, sino por los perversos efectos económicos, socioambientales y ecológicos que dejaron las dos décadas de neoliberalismo en manos de lo que se conoce como el uribismo.

Proscribir el ethos mafioso que se naturalizó en la sociedad entre 2002 y 2022 es un imperativo moral si de verdad los colombianos quieren superar los estadios de premodernidad a los que nos sometió el primer expresidente de la República en ser condenado por delitos no políticos.

 

uribe condenado a 12 años - Búsqueda Imágenes

EN TIBIO COMUNICADO MAGISTRADOS RECHAZAN INTROMISIÓN GRINGA EN FALLO CONTRA URIBE VÉLEZ

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Pocas horas después de que la jueza 44 Sandra Heredia leyera el sentido condenatorio de su fallo en contra del expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez, miembros del Centro Democrático salieron a descalificarlo señalando que se trata de una “venganza política” y que la operadora judicial construyó un documento politizado fruto de sus simpatías ideológicas con la izquierda, como lo señaló la revista Semana. En el plano internacional, el secretario de Estado de los Estados Unidos Marco Rubio hizo lo propio, lo que constituye una intromisión e irrespeto hacia la juez y la justicia colombiana.

La intrusión del gobierno americano en los asuntos internos y en particular en la deslegitimación de la decisión de la jueza que condenó al expresidente antioqueño fue rechazada con vehemencia por el presidente Gustavo Petro. El mismo jefe del Estado exhortó a las altas cortes y a otros agentes del poder judicial a rechazar las actitudes irresponsables, burdas y peligrosas que asumieron además de Rubio, congresistas gringos, periodistas y políticos colombianos. Pasaron varios días hasta que por fin la Sala plena de la Corte Suprema de Justicia emitió un comunicado en el que, si bien rechaza las señaladas descalificaciones e intromisiones, el tono del documento resulta tibio y medroso en particular por la irrespetuosa actitud asumida por el gobierno de Donald Trump en contra de la valerosa jueza 44.

Los togados evitaron hacer referencia directa a la juez que finalmente declaró culpable al temido expresidente colombiano. En algunos apartes del comunicado de la CSJ se lee que “dada la relevancia y el interés de los asuntos que están siendo objeto de resolución por parte de autoridades judiciales en el país, la Corte Suprema de Justicia manifiesta su firme rechazo a las injerencias indebidas y a las expresiones de voces que sugieren que las decisiones adoptadas por los jueces no se ajustan a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico”.

¿Por qué no referirse puntualmente al fallo que hunde en el más sucio fango a la imagen de “político probo” que la prensa hegemónica coadyuvó a construir de la mano del condenado, quien siempre, con su voz de cura pueblerino, se jactó de ser un “hombre honorable, un luchador, frentero y un patriota”? ¿Por qué no mencionar al secretario de Estado de los Estados Unidos?

En los casos en los que un gobierno extranjero irrespeta a la justicia y se entromete en los asuntos internos del país lo más conveniente y esperado por la opinión pública es que se rechace con vehemencia y suficiencia moral esas actitudes imperiales y coloniales a todas luces inconvenientes. ¿Acaso a los togados les dio miedo que los gringos los vieran muy cercanos al gobierno Petro, con el que Trump y Rubio mantienen un contrapunteo ideológico?

El señalado comunicado de la CSJ termina así: “La Corte Suprema de Justicia hace un firme llamado a los diferentes líderes políticos y de opinión, y a la sociedad en general a ponderar sus expresiones, y a las partes a las que conciernen directamente los procesos, a manifestar sus desacuerdos en el marco del debido proceso garantizando el respeto por la autonomía y la independencia judicial”.

El exceso de “diplomacia verbal” de los magistrados frente a la vulgar y retadora intromisión de Marco Rubio y varios congresistas republicanos, así como a las expresiones desafiantes y descalificadoras en contra de Sandra Heredia de periodistas y políticos colombianos, en lugar de reivindicar el papel de la jueza, así como su integridad como mujer y operadora judicial, puede hacer pensar en que hay fisuras en el espíritu de cuerpo en el que se supone se inspiraron los togados que firmaron el comunicado.

ABELARDO DE LA ESPRIELLA, EL “TIGRE” URIBISTA QUE AMENAZA CON "DESTRIPAR A LA IZQUIERDA"

Por Germán Ayala Osorio

 

El fallo condenatorio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez ya está moviendo las más bajas pasiones tanto al interior del país, como por fuera, en particular en territorio norteamericano en donde ya se están ambientando propuestas de intervención política para salvarle el pellejo al expresidente y expresidiario recientemente encontrado culpable de graves delitos. Internamente, ya se advierte el interés de agentes de la ultraderecha de convertir las elecciones de 2026 en un escenario belicoso en el que nuevamente todo lo que huela a izquierda, democrática o radical armada, debe ser desechado, eliminado, perseguido o proscrito, porque quienes militan en esa orilla ideológica se asumen como una “plaga” que, sí o sí, debe ser exterminada.

Esto dijo a La FM el precandidato presidencial del uribismo, Abelardo de la Espriella: “Esto no va a quedar así, estas brisas vuelven y sepan ustedes señores de la izquierda que en mi tendrán siempre un enemigo acérrimo que hará todo lo que esté a su alcance para destriparlos como corresponde porque ustedes no merecen un trato diferente. Conmigo no va a haber sentadas, no va a haber saludos, conmigo no a haber absolutamente nada distinto a enfrentarles determinada y decididamente para acabar a ese cáncer que significa la izquierda radical, a esa plaga hay que erradicarla. Así de sencillo. Y en mi encontrarán peor enemigo posible”.

Lo que no queda claro en lo que espetó el singular y folclórico abogado es si se refiere exclusivamente a los grupos al margen de la ley que insisten en autoproclamarse “guerrilleros y revolucionarios”, pero que realmente son “mafiosos de camuflado”, o si su amenaza se extenderá a “combatir y someter” a aquellos ciudadanos que creen, por ejemplo, en los planteamientos de Chantal Mouffe[1] y que confluyen en lo que ella llamó la democracia radical y plural. No creo que el arrogante abogado y precandidato presidencial de la derecha y la ultraderecha colombiana se haya leído las tesis de Chantal Mouffe. En cualquier caso, el discurso belicoso y violento de De la Espriella vuelve a alejar al país de los tibios pasos que logró dar el gobierno Petro hacia estadios de Modernidad estatal y societal.

Quien entendió que la amenaza es contra el progresismo y el ala desarmada y civilista de la izquierda fue el presidente de la República, Gustavo Petro, quien casi de inmediato le respondió al soldado uribista: "Le solicito a la Fiscalía de Colombia y a la justicia de los EE. UU., iniciar investigación contra esta persona que amenaza de muerte a un grupo poblacional con identidad política, que es crimen contra la humanidad”.

En caso de que el “prestigioso” abogado esté considerando una vez instalado en la Casa de Nari (antes llamada de Nariño) perseguir a quienes piensan distinto le vendría bien que leyera un poco más, en particular a la referida teórica política Chantal Mouffe. Quizás no le quede tiempo de leer a este curioso personaje que se mueve entre las insulsas pasarelas del poder político y las actividades de la farándula criolla.

Pero si se refiere exclusivamente a enfrentar con decisión a las disidencias de las disidencias y a los eternos Elenos, ojalá esté contemplando dentro de su “plan militar” el diseño de controles suficientes para evitar que vuelvan a ocurrir asesinatos de civiles (falsos positivos) presentados como guerrilleros dados de baja en combates con el Ejército, durante la aplicación de la temida política de seguridad democrática de su mesías Álvaro Uribe Vélez. Y por supuesto, otros controles diseñados para desmontar las redes de las que han hecho parte oficiales y suboficiales del Ejército que les venden armas y pertrechos al “enemigo interno”.

Estamos de acuerdo en que las “guerrillas”, con disidencias abordo, constituyen un “cáncer” que hizo metástasis en Colombia de la mano de la corrupción institucional, público y privada, y de las economías ilegales que alimentan el aparato económico del país y sostienen a buena parte del poder político nacional.

Lo espetado por este lenguaraz petimetre me recordó que el 19 de abril de este año el columnista de derecha, Felipe Zuleta Lleras, llamó “plaga” a la congresista María José Pizarro, hija del comandante del M-19, Carlos Pizarro Leóngomez. Así, De la Espriella tendría en Zuleta a un copartidario y animador en su proyecto de eliminar a todo lo que huela a izquierda. ¿Será que el abogado estará pensando torturar a miembros del Pacto Histórico o de las “guerrillas” como lo hizo con un gato, al que él mismo le puso unos “voladores”? Me imagino que el felino quedó “destripado”. ¿Qué pensarán los animalistas de esta cruel "confesión" del jurista?

Insisto en que De la Espriella debe explicarle al país si la amenaza que lanzó incluye a quienes desde la izquierda democrática y el progresismo le están apostando a que por fin el Estado colombiano opere como un Estado Social de Derecho, lo que implicará arrebatárselo a las mafias que la derecha supo consolidar durante el largo proceso de privatización al que fue sometido esta forma de dominación llamada Estado, en particular durante el periodo presidencial de Uribe (2002-2010). ¿Esas mafias son también “plagas” señor precandidato, o hacen parte de eso que llaman “gente de bien”?

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[1] “La reformulación del proyecto democrático en términos de democracia radical requiere el abandono del universalismo abstracto de la Ilustración, que se refería a una naturaleza humana indiferenciada. Aun cuando la emergencia de las primeras teorías de democracia moderna y del individuo como portador de derechos fue posible merced a estos conceptos, hoy en día son un gran obstáculo para la futura extensión de la revolución democrática. Los nuevos derechos que se reclaman hoy son la expresión de diferencias cuya importancia no se había afirmado hasta ahora y que ya no son derechos universalizables. En efecto, la democracia radical exige que reconozcamos la diferencia -lo particular, lo múltiple, lo heterogéneo-, o sea todo aquello que el concepto abstracto de hombre excluía. No se rechaza el universalismo, se lo particulariza; lo que hace falta es un nuevo tipo de articulación entre lo universal y lo particular” (Mouffe 2015: 33-34).

Abelardo De La Espriella responde a solicitud de investigación de Gustavo Petro

POLÍTICOS COLOMBIANOS Y GRINGOS SALIERON EN DEFENSA DE URIBE

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Como era de esperarse, después de que la jueza Sandra Heredia encontrara culpable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal al expresidente Álvaro Uribe Vélez, sus áulicos, varios precandidatos presidenciales y agentes políticos de los Estados Unidos salieron en defensa del temido político antioqueño.

La primera en manifestarse fue María Fernanda Cabal, unas de las “tigresas” de Uribe, quien en tono amenazante y desencajada espetó que “si creen que van a amilanarnos, les digo que están despertando un león dormido que defenderá con orgullo y firmeza el legado del mejor presidente de la historia colombiana. El legado del presidente Uribe, mejor presidente de los últimos 100 años en Colombia, está más vivo que nunca. Defenderemos democracia, defenderemos libertad y buscaremos una justicia digna para todos los colombianos”.

El precandidato presidencial Mauricio Lizcano hizo lo propio y defendió de esta manera a su padrino de matrimonio: “Toda mi solidaridad y respeto hacia el expresidente Álvaro Uribe en estos difíciles momentos. Su aporte a la democracia y a la seguridad de este país ha sido innegable”. Aunque Lizcano hizo un llamado a respetar las instituciones, la defensa de Uribe lo ubica como uno más de los áulicos que defienden a dentelladas la ya raída honorabilidad del expresidente de la República. “El respeto a la institucionalidad es la clave para salvaguardar nuestra democracia”, puntualizó Lizcano.

Entre tanto, el candidato presidencial del fantasmal centro político, Sergio Fajardo Valderrama asumió una postura con la que intenta desmarcarse de su cercanía a Uribe y al uribismo. Esto dijo el tibio político: “más allá de cualquier consideración política, los fallos de los jueces deben respetarse y acatarse. La separación de poderes es un pilar central de nuestra democracia. El desacuerdo con una decisión judicial es legítimo, pero debe tramitarse por las vías que la misma justicia establece”.

Si bien aplaudo el llamado que hace Fajardo a que se respete la decisión de la jueza 44, es conocida la incoherencia política del exalcalde de Medellín y su capacidad para acomodarse a las coyunturas. Recordemos que en las pasadas elecciones se acercó al entonces candidato presidencial Rodolfo Hernández, a pesar de que estaba llamado a juicio por corrupción.

Mientras que al interior del país se registraban manifestaciones de regocijo por el fallo condenatorio contra Uribe Vélez y por supuesto, lamentaciones en las huestes uribistas, desde los Estados Unidos llegaban reacciones que claramente constituyen inaceptables intromisiones en los asuntos internos del país, que ameritan que las altas cortes y otros actores del aparato judicial rechacen lo expresado por el congresista Mario Díaz-Balart, quien en su cuenta de X señaló que “como he advertido en numerosas ocasiones, la decisión del juicio falso, la persecución política y la cacería de brujas contra el expresidente @AlvaroUribeVel es una evidente violación del estado de derecho y refleja el avance de fuerzas extremo izquierda que controlan a @petrogustavo . Desde Estados Unidos, es muy preocupante ver día a día el deterioro de la democracia, la seguridad, la creciente violencia política y el aumento de grupos criminales en Colombia bajo Petro”.

Esa intrusión en los asuntos internos de Colombia y la actitud irrespetuosa hacia la jueza 44 deben ser rechazadas por la Cancillería y por los presidentes de las altas cortes. Resulta inaceptable lo expresado por el político cubanoamericano que piensa que Colombia es una colonia o un Estado adjunto de la Unión Americana.

A esa andanada en contra de la soberanía judicial se sumaron otros congresistas como María Elvira Salazar y Carlos A. Jiménez. La señora Salazar, en el mismo tono amenazante de María Fernanda Cabal dijo en su cuenta de X que “hoy no se hizo justicia en Colombia. Se consumó una infamia contra Álvaro Uribe, el hombre que rescató al país del terrorismo y enfrentó a las FARC cuando nadie más se atrevía. Lo condenan porque se negó a pactar con criminales, porque es un obstáculo para la izquierda radical que quiere tomar el poder y convertir a Colombia en otra Venezuela. Es el mismo libreto del castrochavismo: persecución política contra todo el que se oponga a sus agendas radicales. Desde Estados Unidos, alzamos la voz: ¡Uribe no está solo! ¡Los colombianos decentes y amantes de la libertad están con él!”.

Entre tanto, en el mismo tono Jiménez señaló que “hoy presenciamos una injusticia en Colombia. Se ha consumado una persecución política contra el expresidente Álvaro Uribe, un líder valiente que salvó a su país del terrorismo y enfrentó a las FARC con firmeza cuando muchos guardaban silencio. Lo atacan porque representa un obstáculo para la agenda de la izquierda radical que quiere convertir a Colombia en otra dictadura al estilo de Venezuela o Cuba. Este es el mismo libreto castrochavista que hemos visto una y otra vez: usar el sistema judicial para destruir a quienes defienden la democracia, la libertad y el Estado de Derecho”.

Los congresistas americanos insisten en mantener vigente la nomenclatura que Uribe Vélez inventó en los tiempos del plebiscito por la paz: el castrochavismo. Se trata de una “categoría” que solo existe en la suspicaz y resbaladiza mente del expresidente antioqueño. En lugar de ocuparse de los problemas internos que afrontan los Estados Unidos como su decadencia, los altos costos de la comida, el supremacismo y la infame persecución de los inmigrantes latinos que puso en marcha el gobierno de Trump, estos congresistas creen que pueden entrometerse en los asuntos internos del país, sin que nadie los confronte.

Las intromisiones de los agentes gringos y la defensa de la “honorabilidad” de Uribe por parte de candidatos presidenciales confirman el desprecio que la derecha local e internacional sienten por las instituciones, la institucionalidad y la justicia, cuando los fallos no los benefician.

Foto de José Vargas, tomada de El Espectador. 

ÁLVARO URIBE VÉLEZ: ¡CULPABLE!

 

Por Germán Ayala Osorio

Véase esta versión en video: https://www.youtube.com/watch?v=WZoVKr-MhHs&t=453s

 

Después de una larga espera para las audiencias y de una fatigante lectura, por fin la jueza 44 Sandra Heredia dio a conocer el sentido de su fallo en el caso Álvaro Uribe Vélez. La juez encontró al expresidente y expresidiario antioqueño culpable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Esta columna plantea tres momentos. Después de 13 años, por fin la justicia sometió al temido político.

URIBE VÉLEZ, EL POLÍTICO, MESÍAS Y PRESIDENTE ETERNO

Uribe Vélez nació un 4 de julio de 1952 en Salgar, Antioquia. Ganadero, domador de bestias, hacendado y político. Fungió como presidente de la República entre 2002 y 2010. El país recuerda que en ese periodo se cambió la constitución para permitir su reelección presidencial inmediata. Dicha reforma constitucional se hizo de manera ilegal, caso que se conoce como la Yidispolítica y que privó de la libertad a varios altos funcionarios del gobierno Uribe y a la Congresista Yidis Medina. Hubo sobornos y enrarecidas peticiones patrióticas en uno de los baños del Congreso.

Uribe Vélez es una invención mediática gracias a que periodistas y empresas periodísticas lo convirtieron en un “presidente irremplazable, el Mesías que salvó al país del comunismo  y construyeron de la imagen de político honorable y combativo, que en los 13 años que duró su proceso judicial, incluido el juicio que recién terminó, se fue desmoronando por el acervo probatorio que lo señala como determinador o cómplice de los delitos de fraude procesal, manipulación de testigos y soborno a testigos en actuación penal.

Mientras medios tradicionales cerraron filas en torno a la menuda figura del político antioqueño, un grupo reducido de periodistas optó por esculcar su paso por la Aerocivil en calidad de director, la gobernación de Antioquia y por supuesto durante su largo periodo presidencial, el mismo que intentaron extender cuatro años más. Gracias a la Corte Constitucional y en particular a la ponencia del togado Humberto Sierra Porto se frenó esa intención de continuar erosionando el equilibrio de poderes. Gonzalo Guillén y Julián Martínez son periodistas que han dedicado parte de su vida a demostrar quién ha sido realmente Álvaro Uribe Vélez. Sus versiones contrastan ética y moralmente con la imagen de político probo que la prensa hegemónica consolidó del hacendado y domador de bestias. Las 6402 víctimas de los falsos positivos son una especie de mácula sobre las decisiones tomadas por quien fuera el padre de la Política de Seguridad Democrática. La aplicación a rajatabla de dicha política pública, junto al decreto Boina y a la directiva ministerial 029 de 2005 terminaron por alentar a miembros del Ejército a “monetizar” la vida de los jóvenes que fueron llevados con engaños y terminaron asesinados con tiros de gracia, vestidos de camuflado y presentados como “guerrilleros dados de baja” en combates con el Ejército.

EL PROCESO JUDICIAL Y EL JUICIO

El sentido del fallo leído por la juez Sandra Heredia, acosada periodística y políticamente en las últimas semanas por agentes uribistas, está atado a un complejo y dilatado proceso judicial que cumplió 13 años y que inició en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia a raíz de una denuncia que el propio Uribe interpuso en contra del senador Iván Cepeda y que por cosas del destino, terminó comprometiendo al expresidente en los hechos punibles que él mismo intentó endilgarme al congresista  del Pacto Histórico.

El llamado “Juicio del Siglo” transcurrió en medio de dilaciones de la defensa, recusaciones y llamados de atención de la jueza 44 por esas maniobras dilatorias y de otras “jugaditas” a las que apeló el equipo de abogados que defendió al poderos y temido acusado. Paralelo al proceso, en redes sociales y en los propios medios hegemónicos se libró una verdadera “batalla” entre los simpatizantes del expresidente Uribe y los abogados de Iván Cepeda Castro y Deyanira Gómez, expareja de Juan Guillermo Monsalve, quien militó en el Bloque Metro de las Autodefensas y principal testigo en contra del expresidente Uribe.

¿QUÉ ENTENDEMOS POR URIBISMO?

 En Colombia somos dados al uso de “ismos” en la política. Entonces se habla de Santismo, Pastranismo, Uribismo y Petrismo, como maneras de reconocer el poder político de quienes han pasado por la Casa de Nariño y extenderlo en el tiempo como funcionales fórmulas electorales y mecanismos de presión burocrática.

Eso sí, no se trata de doctrinas filosóficas y políticas reconocidas por la Academia. Lo que se conoce como el uribismo es también una invención mediática sostenida sobre ideas políticas como “privatizar” el Estado en beneficio de unas cuantas familias, aplicar recetas del Fondo Monetario Internacional para extender las condiciones propias de un país subdesarrollado y un Estado incapaz de cumplir lo que prescribe la Constitución de 1991 en lo referente a las condiciones en las que debe operar un Estado Social de Derecho. Eso sí, el uribismo da cuenta de un pérfido ethos mafioso que no permite que la sociedad avance a estadios de modernidad.

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HABLEMOS DE LA INDIGNIDAD DE HUMBERTO DE LA CALLE Y JUAN LOZANO RAMÍREZ

Por Germán Ayala Osorio

 

La dignidad, como valor y principio se alimenta de la ética individual y de la moral colectiva. Su importancia para el ejercicio de la política resultaría fundamental si aquellos agentes públicos sobre los que la opinión pública y los medios masivos suelen poner sus ojos, la asumieran como un norte a seguir y de esa manera mantenerla a flote a pesar del relativismo moral y ético que nos caracteriza como sociedad. Dos agentes políticos dejaron ver con inusitada claridad la débil y casi inexistente dignidad con la que actúan en el espacio de lo público. Se trata de Humberto de la Calle Lombana y Juan Lozano Ramírez.

El primero, posteó con orgullo en su cuenta de X la fotografía que confirma su encuentro con el expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez, en el que dijo que “…conversamos sobre sobre el futuro de Colombia. El diálogo es una herramienta fundamental para superar diferencias y construir un mejor país para todos/as”. No puede hablarse de futuro con un político que representa el más oscuro pasado.

Mientras tanto, el segundo, puso a circular la columna que escribió para El Tiempo y en la que defiende la ya cuestionada “honorabilidad” del exmandatario colombiano, quien está atento a la lectura del sentido del fallo que este 28 de julio hará la jueza 44, Sandra Heredia.

Tanto el diálogo sostenido entre De la Calle y el “Gran Colombiano”, como la defensa pública que hizo Lozano de la inocencia del expresidiario, sirven al propósito jurídico-político de deslegitimar el proceso penal que enfrentó Uribe Vélez, acusado de graves delitos, para llevarlo al terreno político con dos fines: de un lado, presionar a la jueza Sandra Heredia para que en su interpretación jurídica del  material probatorio exhibido durante el juicio,  favorezca al temido político antioqueño; y del otro, reconstruir la abatida imagen de la derecha uribizada y por esa vía apostarle a recuperar la Casa de Nari (no de Nariño) en el 2026. No se trata, por supuesto, de dos hechos aislados. No. Por el contrario, la columna-carta de Lozano, cuya imagen de “lagarto” lo acompaña de tiempo atrás y la reunión entre Uribe y De la Calle se suman a la andanada de presiones políticas que circulan contra la jueza que tiene la responsabilidad de declarar culpable o inocente al poderoso y atemorizador político antioqueño. 38 abogados, investidos de “juristas” por la prensa, publicaron una misiva en la que defienden a dentelladas la probidad del Señor Acusado.

En su Carta abierta a la juez de Álvaro Uribe, Lozano le dice a la jueza que “no permita usted que conviertan la administración de justicia en un instrumento de revancha política. Falle en derecho señora juez. Su compromiso no es ni puede ser con un bando político. Ni con una militancia”. El título de la columna expresa con claridad la arrogancia y la perfumada insolencia con la que presiona a la jueza 44, así como su dignidad hincada ante una “deidad” caída en desgracia como lo es Álvaro Uribe Vélez.

Humberto de la Calle Lombana, exvicepresidente de Ernesto Samper Pizano y Juan Lozano Ramírez, el exministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de Uribe Vélez, dejaron ver que sus ideas sobre la dignidad devienen empobrecidas muy seguramente por el apetito burocrático que los impulsa a dejar de lado la condición sub júdice del expresidente, desconocer el material probatorio que, de acuerdo con la Fiscalía, Uribe es acusado de ser el determinador de los delitos de fraude procesal, manipulación de testigos y soborno a testigos en actuación penal y de apostarle a la recuperar el poder en el 2026 de la mano del político que más daño le hizo al país, a las instituciones democráticas y a los sentidos de legitimidad y legalidad en la operación del Estado.  

De la Calle y Lozano Ramírez son dos políticos indignos que hacen política de la mano del principal agente del Establecimiento colombiano. Ambos dejaron ver en público las fisuras morales y éticas que los acompañan de tiempo atrás y que calzan a la perfección con la inmoralidad y la fracasada eticidad de millones de colombianos; incluso, es posible verles las marcas que dan cuenta del proceso erosivo que vienen sufriendo en el uso del concepto de dignidad en medio de una sociedad como la colombiana que deviene confundida moralmente, fruto de una ética acomodaticia practicada por quienes de tiempo atrás ejercen el poder político en contravía de todos los principios republicanos. De la Calle, Uribe y Lozano representan el pasado que estamos en mora de olvidar.

Imagen tomada de la cuenta de X del exvicepresidente de Samper Pizano. 

JURISTAS PRESIONAN A LA JUEZA 44 QUE DEBE FALLAR EN CASO URIBE VÉLEZ

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El 28 de julio se conocerá el sentido del fallo de la jueza 44, Sandra Heredia, que puede resultar a favor o en contra del expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez. En el llamado “juicio del siglo”, el político antioqueño fue procesado por los delitos de fraude procesal, manipulación de testigos y soborno a testigos en actuación penal. Se trata de conductas delictivas no asociadas a su actividad política.

Sus áulicos, con la anuencia de los medios masivos, han querido consolidar la narrativa que señala que se trata de un “juicio político y no jurídico”.  Con ese mismo relato están buscando que el gobierno de Donald Trump haga el mismo señalamiento para justificar medidas arancelarias contra Colombia, como las que sufrió Brasil porque en ese país está siendo procesado el expresidente golpista Jair Bolsonaro; esas mismas retaliaciones económicas podrían tomarse si es hallado culpable el ladino y temido expresidente de Colombia y exdirector de la Aerocivil. El congresista de origen colombiano, Bernie Moreno fue el primer congresista americano en advertir al gobierno de Gustavo Petro y a la jueza Heredia sobre las medidas que podía adoptar la administración Trump si la señalada operadora judicial encuentra razones jurídicas suficientes para condenar al líder de la fatal política de seguridad democrática.

A esa intromisión en los asuntos internos de Colombia y en particular la intrusión en el proceso deliberatorio de la jueza 44 por parte del congresista Bernie Moreno se sumó la carta enviada por 38 juristas colombianos que firmaron una misiva con la que pretenden ejercer presión política y jurídica a la jueza que tiene la responsabilidad de fallar en derecho en el complejo caso. La carta enviada por los nuevos defensores de oficio del expresidiario y exmandatario constituye una presión indebida sobre la juez Sandra Heredia y por extensión es una falta de respeto hacia los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que hallaron pruebas suficientes para vincular a Uribe Vélez en los graves delitos que se le imputaron, en un proceso judicial que tiene ya 13 años.

Esto se lee en la epístola de los 38 juristas: “De las declaraciones de los numerosos testigos, y del análisis de los documentos, y pericias técnicas y científicas que se presentaron en las múltiples audiencias, se concluye que el llamado ‘Caso del Siglo’ fue un burdo montaje y una campaña de descrédito urdida por los adversarios y detractores políticos del expresidente, y cohonestada por una Fiscalía militante, para mancillar su buen nombre, enlodar su legado histórico, deslegitimar su lucha política y reducir su ascendencia ante los más amplios sectores de la opinión pública”.

El uribismo, los 38 juristas, periodistas como Juan Lozano y en general la derecha colombiana durante los tres años de mandato de Petro han alzado la voz para exigir que el jefe del Estado respete las instituciones y en particular a los jueces. Pero cuando uno de sus líderes naturales está metido en semejante lío judicial, entonces cambian el discurso y deciden presionar a la jueza y por esa vía deslegitimar lo actuado por la Corte Suprema de Justicia, corporación que inicialmente imputó cargos al entonces senador Uribe. El país recuerda que el expresidente antioqueño renunció a su curul para esconderse debajo de las fustanes del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, que hizo todo lo institucionalmente posible para dilatar y sacar en limpio al hasta ayer “político frentero”. Al final, Uribe terminó mostrando lo que es: un cobarde.

38 juristas envian carta en defensa de Uribe - Búsqueda Imágenes

SI CONDENAN A URIBE ES POR CULPA DE PETRO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Desprestigiar a Petro y deslegitimar su gobierno incluso en instancias internacionales ha sido el único propósito de la oposición en Colombia. A lo que se suma el devaneo golpista de Álvaro Leyva Durán que provocó nuevas tensiones diplomáticas y políticas entre Washington y Bogotá por cuenta de los señalamientos que hizo el presidente Petro en torno a la posible colaboración de Marco Rubio en los deseos desestabilizadores del exministro de Relaciones Exteriores, Leyva Durán.

Ahora, por cuenta del fin del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, la “amenaza” que lanzó desde los Estados Unidos el congresista Bernie Moreno y la sanción económica que Trump impondrá al Brasil si es condenado el expresidente Jair Bolsonaro, nuevamente la derecha colombiana, con la anuencia de agentes republicanos de USA y  empresas mediáticas, insisten en politizar el juicio contra Uribe, asociando su eventual condena con el gobierno Petro, para que Trump castigue al país con el incremento de aranceles a las exportaciones colombianas hacia ese país. Y de esa manera afectar la economía al final del mandato del primer gobierno progresista en doscientos años de República. 

La narrativa que buscan posicionar es clara: si el expresidente y expresidiario resulta condenado por la jueza 44 por los delitos de fraude procesal, manipulación de testigos y soborno a testigos en actuación penal es porque la operadora judicial está cumpliendo instrucciones de la presidencia de la República. Eso se traduce en que si Uribe es declarado culpable es por culpa de Petro.

En su cuenta de X, el exmandatario de ultraderecha señaló: “no podemos olvidar que este juicio ha sido inducido por el actual Gobierno”. De manera pérfida el político antioqueño relaciona ideológicamente al presidente Petro con el senador Cepeda, quien fue el político que llevó a Uribe a esa instancia judicial en calidad de víctima.

El sentido del fallo se conocería este 28 de julio. El uribismo ya empezó a presionar política y mediáticamente a la jueza 44, Sandra Heredia, quien tiene la enorme responsabilidad jurídica de revisar el material probatorio para fallar en derecho.

La derecha internacional, alojada en los Estados Unidos, está decidida a defender a dentelladas a Bolsonaro y a Uribe desechando la gravedad de los delitos por los cuales están siendo procesados, pero, sobre todo, violando las soberanías de Brasil y Colombia. La maniobra intervencionista de USA deviene validada por la condición de convicto que ostenta el presidente Donald Trump y que millones de colombianos y norteamericanos admiran. 

 

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