EL VERGONZOSO LLAMADO A JUICIO A UN EXPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Eran de esperarse las reacciones que en defensa de Álvaro Uribe Vélez exhibieron sus áulicos y compañeros de bancada, incluso, las de la exvicepresidenta, Martha Lucía Ramírez y el expresidente y ex títere, Iván Duque Márquez. El llamado a juicio de su líder político y espiritual los tomó por sorpresa por cuanto creyeron que la práctica inmoral y jurídicamente temeraria de solicitar la preclusión del proceso penal al que está vinculado el expresidente y expresidiario iba a continuar con la nueva fiscal general, por tratarse de Álvaro Uribe Vélez, el “Gran Colombiano”, el “eximio Patriota” y el “presidente eterno”.

En la narrativa uribista, el escrito de acusación con el que será llevado a juicio el político antioqueño aparecen conceptos como “honorabilidad”, “retaliación” y “persecución política”. Los tres vocablos, asociados al ámbito de lo personal y alejados de las implicaciones morales, éticas e institucionales ancoradas a una vergonzosa realidad: el llamado a juicio por delitos penales a un expresidente de la República. Este asunto no es menor, por el contrario, es de lo más grave, por todo lo que atañe a esa figura de poder.

Incapaces de separar el ámbito afectivo, emocional y personal, del institucional, el relato de la derecha uribizada apela a las lealtades políticas para descalificar la actuación de la justicia ordinaria, defendida a dentelladas cuando dos operadores judiciales de la Fiscalía de Barbosa y el Tribunal Superior de Bogotá solicitaron la preclusión del proceso penal por manipulación de testigos y fraude procesal. La gravedad de estos delitos aumenta exponencialmente porque se trata de un expresidente de la República, condición esta que no puede soslayarse porque está de por medio la figura política que encarna Uribe Vélez.

Desde que Gustavo Petro llegó a la Casa de Nariño, ese sector de poder político ha insistido en que varias de las decisiones adoptadas por el jefe del Estado debilitan las instituciones y la institucionalidad. La opinión pública tiende a creer que se está ante un genuino llamado a respetar las instituciones, la separación de poderes, la democracia y otros conceptos manoseados por una narrativa uribista que reduce el sentido de dichos vocablos, a la imagen “impoluta” del político nacido en Salgar (Antioquia).

No sorprende que varios periodistas uribistas, directores de medios e informativos, se plieguen al sentido de esa narrativa, con el firme propósito de evitar referirse a lo que realmente importa: que un expresidente de la República sea llamado a juicio por delitos penales. Aquí no importa la disruptiva y cuestionada figura de Uribe Vélez, lo que realmente debería de lamentarse es que un exjefe del Estado será juzgado por delitos alejados de su ejercicio político.

Un presidente o expresidente de la República procesado por delitos penales, deshonra la figura presidencial, hasta ponerla al mismo nivel de cualquier banda de forajidos que a diario cometen los delitos por los cuales está imputado Uribe y deberá responder en juicio, a partir del mes de mayo. Reducir esa nefasta realidad a los intereses individuales y a la polémica figura del político paisa solo sirve para ver la baja temperatura ética y moral de quienes defienden a quien desde la Casa de Nariño y durante 8 años, hizo todo para reducir la institucionalidad estatal a sus innobles propósitos.

El enjuiciamiento del exjefe del Estado por delitos penales también dice mucho de sus electores, en especial de aquellos que, a sabiendas o no de los cuestionamientos morales y éticos que arrastra Uribe desde su paso por la dirección de la Aerocivil, la gobernación de Antioquia y el Congreso de la República, lo acogieron como un líder a seguir.

El editorial del diario El Espectador confronta la narrativa que defiende a Uribe, la misma que intenta arrasar o horadar la majestad de la justicia, por el solo hecho de que sus decisiones no las comparten por el simple hecho de que no favorecen los intereses de su líder espiritual y político.

“Lo único que hemos solicitado es respeto a las instituciones y coherencia en el actuar de las autoridades. Las pruebas del expediente merecen ser evaluadas en un juicio, sea cual fuere su resultado. Esperamos que eso sea lo que sigue en este caso”, señala el editorial del diario bogotano.

Ojalá su defensa no incurra en mañas y artilugios con el fin de dilatar en el tiempo el juicio, buscando que los delitos prescriban. Del mismo exjefe de Estado se espera una actitud propia de la dignidad que ostenta, es decir, que afronte con gallardía y honor. Los tiempos en los que iba lustrarse los zapatos, antes de afrontar el llamado de los jueces, ya pasó. ¿Será Uribe capaz de comportarse en el ocaso de su cuestionada y azarosa vida, como un verdadero exjefe de Estado? Tengo mis dudas.

Imagen tomada de Youtube. com

CIDH VUELVE A CONDENAR AL ESTADO COLOMBIANO

 

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó, hoy 18 de marzo de 2024, al Estado colombiano por la persecución política, institucional e ideológica que efectivos del DAS realizaron en contra del Colectivo de Abogados Jorge Alvear Restrepo (Cajar).

En el fallo se lee que el Estado “vulneró, en perjuicio de las víctimas, los derechos a la vida, a la integridad personal, a la vida privada, a la libertad de pensamiento y de expresión, a la autodeterminación informativa, a conocer la verdad, a la honra, a las garantías judiciales, a la protección judicial, a la libertad de asociación, de circulación y de residencia, a la protección de la familia, los derechos de la niñez y el derecho a defender los derechos humanos”.

Los delitos estatales se cometieron durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y la aplicación a rajatabla de la tenebrosa política de seguridad democrática, implementada entre el 2002 y el 2010, con el objetivo de socavar la legitimidad de los defensores de derechos humanos, considerados por agentes públicos como “amigos del terrorismo y de la guerrilla”. Esa fue la narrativa a la que apeló el entonces jefe del Estado para estigmatizar y perseguir a los miembros del colectivo Cajar.

Con esta nuevo fallo, el Estado colombiano acumula ya 13 condenas, proferidas por la CIDH, asunto que lo confirma como un orden social y político asesino y violador de los DDHH. Ahora, más allá del fallo condenatorio y de las acciones simbólicas que deberá adelantar para pedir perdón y reparar a las víctimas, lo que resulta de enorme valor ético-político es empezar a exigir que la Corte Penal Internacional (CPI) y la CIDH construyan el discurso  jurídico suficiente que permita hacer click entre las responsabilidades políticas y morales que se espera que asuma el Estado colombiano en su conjunto por los delitos cometidos, y las responsabilidades individuales (políticas y penales) de los presidentes de la República en cuyos mandatos se produjeron las violaciones a los derechos humanos; bien a través de masacres, desplazamientos forzados, asesinatos selectivos y persecución política como el caso ejemplarizante del Colectivo de Abogados.

Urge que la CIDH y la CPI trabajen en la armonización de sentencias, buscando que las condenas morales a los Estados que reconocen sus jurisdicciones, en este caso al colombiano, sobrepasen esos límites y condiciones simbólicas, para llegar a establecer responsabilidades penales y políticas.

Hay que recordar que Uribe Vélez usó al DAS como su policía política para estigmatizar y perseguir a sus críticos y detractores, a los que señaló varias veces como “amigos de los terroristas”. Cajar, en su momento, recordó los violentos y desobligantes epítetos que usó Uribe para desprestigiar a los defensores de los DDHH: “Hablantinosos”, “voceros del terrorismo”, “traficantes de derechos humanos”, “compinches”, “áulicos”, “politiqueros” y hasta “chismosos” han sido los adjetivos más recurrentes del presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, para atacar durante sus siete años de gobierno a los defensores de derechos humanos. En discursos, declaraciones a la prensa nacional e internacional, intervenciones televisadas y en consejos comunales de gobierno, el presidente Uribe ha arremetido contra personas y organizaciones que trabajan en la promoción y defensa de los derechos humanos en el país, así como en tareas de denuncia contra las acciones perpetradas por organismo de seguridad del Estado violatorias de derechos fundamentales de la ciudadanía”.

Insisto en la necesidad de que los dos tribunales internacionales construyan puentes jurídicos que conduzcan, ojalá, a juicios penales y políticos a los jefes de Estado que de manera directa e indirecta auparon, azuzaron, permitieron o cohabitaron con la violación sistemática de los derechos humanos. Las peticiones de perdón y los actos simbólicos son importantes para las víctimas y el registro noticioso de los fallos condenatorios, pero poco o nada sirven para evitar que jefes de Estado usen el aparato represivo para dar rienda suelta al odio que profesan hacia los defensores de los DDHH.  En juego está la legitimidad del Estado. Para el caso colombiano y por su carácter criminal, el Estado arrastra una histórica ilegitimidad que supera las 13 condenas que lleva a cuestas. 

EL COLOMBIANO QUE LE LAVA LA IMAGEN AL EXPRESIDENTE URIBE VÉLEZ

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El editorial del periódico El Colombiano, titulado Mancuso, el cínico, es una oda silenciosa al expresidente antioqueño, Álvaro Uribe Vélez. De manera soterrada, apelando a la fuerza de lo no dicho, el diario que representa a la godarria paisa defiende la “honorabilidad” del exmandatario, dejando de lado una realidad insoslayable: que está imputado de graves delitos, los mismos que llevaron a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia a librarle orden captura. Aunque estuvo detenido en su hacienda y no en una cárcel, sobre su espalda pesa el haber sido reseñado por el Inpec bajo el número 1087985. Al final, logró enfrentar en libertad el proceso penal por fraude procesal y manipulación de testigos, lo que lo convierte en un expresidiario.  La Fiscalía, de manera cínica, ha solicitado en tres ocasiones la preclusión de ese proceso penal. Ahora sí, vamos al texto.

La férrea defensa del político antioqueño se da en medio de la lapidación pública que El Colombiano hace del confeso criminal, Salvatore Mancuso. Veamos algunos apartes del mencionado editorial, para dar cuenta de la intención del diario conservador de sacar incólume al nefasto político.

Dice el editorial: “Durante diez años, entre 1996 y 2006, Mancuso convirtió con sus bandas a Colombia en un triste y aterrador cementerio. Es investigado por crímenes de la mayor gravedad, entre ellos 12.315 homicidios en persona protegida, 2.050 desapariciones forzadas, 13.951 desplazamientos forzados, 880 crímenes de violencia basada en género y 4.997 crímenes de guerra y una larga lista de hechos delictivos que se pueden consultar en su expediente de Justicia y Paz”.

Lo que oculta o deja de señalar El Colombiano es que entre 2002 y 2006, Uribe Vélez fue presidente de la República. En el corte sincrónico que hace el editorialista olvida ese dato que resulta clave para comprender los hechos a los que hace referencia. Justamente, las declaraciones de Mancuso ante Justicia y Paz y luego ante la JEP, en las que involucra a Uribe con la operación de las estructuras paramilitares, se expone ese periodo de 4 años en el que se habrían dado los apoyos estatales a las AUC. Mancuso actuó como un general de facto, patrullando con tropas paramilitares, que las hacía pasar como Ejército nacional, con la anuencia de los altos mandos militares, en el marco de la política de seguridad democrática.

El editorialista pega un brinco en su proceso narrativo, para decir, a renglón seguido que “ahora viene a señalar con su dedo acusador al expresidente Álvaro Uribe con el argumento de que está involucrado en un proceso judicial de presunta manipulación de testigos. Dice Mancuso: “Nunca he llamado a nadie para orientar versiones ni testimonios, de hecho, no soy yo quien está involucrado en procesos judiciales por ese motivo, no soy yo el que tiene esas prácticas de enviar a terceros a inducir falsos testimonios”. De manera sinuosa, el responsable de este editorial pone en duda la existencia del proceso judicial del que hace parte el expresidiario y expresidente en calidad de imputado. No se puede negar que Uribe Vélez es agente procesal en ese tormentoso y mediático caso.

En otro párrafo, vuelve El Colombiano a ocultar información contextual relevante: “Lo cierto es que Salvatore Mancuso no había aterrizado en Colombia deportado desde Estados Unidos y ya estaba levantando una polvareda. El hombre, que hace 20 años entró al Congreso y pronunció un discurso que alentaba a pensar que en el país era posible la rendición de estas estructuras criminales en el marco de Justicia y Paz, regresó con el propósito de buscar beneficios en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en la que fue admitido el año pasado, y de paso cumplir una misión que le encomendó el presidente Gustavo Petro: ser gestor de paz”.

El diario les niega a sus lectores un dato clave: Mancuso llegó al Congreso gracias a dos congresistas uribistas, amigas de Uribe Vélez: Eleonora Pineda y Rocío Arias, ambas señaladas por Mancuso de ser cercanas a los paramilitares.

Este editorial constituye un buen ejemplo para entender cómo operan las funciones de informar (lo dicho) y ocultar lo que no conviene o pueda resultar inapropiado (lo no dicho). En esos dobleces del lenguaje, El Colombiano intenta lavar la imagen de un expresidente sobre el que pesan graves señalamientos y procesos penales en diferentes instancias: por ejemplo, en la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, por los casos de las masacres de La Granja y El Aro y el crimen del defensor de derechos humanos, José María Valle. El mismo Mancuso declaró ante la JEP que Uribe “siempre estuvo al tanto de la masacre de El Aro”.

Está muy bien que El Colombiano califique a Mancuso de cínico, pero lo que no está bien es que intente librar al expresidente y expresidiario de responsabilidades penales y políticas por el solo hecho de ser paisa.

 

Imagen tomada de Canal 1

MANCUSO Y URIBE: HIJOS LEGÍTIMOS DE LA COLOMBIA VIOLENTA Y MACHISTA

 

Por Germán Ayala Osorio

En una sociedad moralmente confundida como la colombiana, los extremos ideológicos y políticos suelen servir de trinchera a personajes públicos que el grueso de la población los ve como polos opuestos, lo que significa que es prácticamente imposible hallar puntos en común.

En esta columna expongo los elementos que comparten el expresidente Álvaro Uribe Vélez y Salvatore Mancuso Gómez, exlíder paramilitar. Aunque por estos días se han cruzado trinos, señalamientos y amenazas de demandas, estos dos personajes se parecen más de lo que se pueda pensar, al verlos trenzados en disputas legales y políticas.

Los dos hicieron parte de las dinámicas del conflicto armado interno. El político antioqueño, en calidad de gobernador de Antioquia y comandante en jefe de las fuerzas armadas, por haber sido jefe de Estado durante 8 años. Aunque no hay condenas judiciales sobre hechos como los falsos positivos y las masacres de La Granja y El Aro, Uribe Vélez tiene abiertas investigaciones en la Fiscalía, la misma Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Comisión de Acusaciones de la Cámara, en las que se le endilgan responsabilidades políticas y operativas; entre tanto, Mancuso fungió como agente bisagra, lo que le permitió operar como un “General de facto”, con mando de tropas paramilitares, que se hacían pasar por tropas oficiales. Sobre Mancuso recaen varias condenas y señalamientos por la comisión de masacres y otros delitos graves y violaciones al DIH. Sobre Uribe, indicios, sospechas y procesos penales abiertos.

Mancuso y su familia sufrieron la extorsión de las guerrillas, circunstancia que lo obligó a buscar las maneras de salvaguardar su propia vida y de las de sus familiares. Ese episodio lo habría conducido a simpatizar con las estructuras paramilitares de las que llegó a ser comandante, de la mano de los hermanos Carlos y Vicente Castaño. En el caso de Uribe Vélez, el hijo de Salgar ha insistido en la narrativa que señala que su padre fue asesinado por las Farc-Ep. Durante el proceso de paz de La Habana, la dirigencia de esa guerrilla lo desmintió. Con ese discurso, Uribe habría buscado llegar al Estado para vengar la muerte de su padre.  De ser cierta la versión entregada por el exmandatario, a ambos los une la venganza, como valor moral y principio ético.

Con su regreso al país, después de pagar una larga condena en los Estados Unidos, Mancuso ostenta el perfil de exconvicto. Recordemos que fue extraditado por el propio Uribe y de manera discrecional, para que fuera juzgado por narcotráfico, evitando así su juzgamiento en Colombia por delitos de lesa humanidad. Uribe Vélez exhibe la misma condición de expresidiario, porque la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió orden de captura en un proceso que se le sigue por fraude procesal y manipulación de testigos. Aunque duró poco tiempo detenido en su hacienda, él mismo publicó el número bajo el cual el INPEC lo reseñó: el 1087985.

Mancuso Gómez y Uribe Vélez comparten ser hijos del machismo y de una sociedad patriarcal. También, comparten la azarosa relación con la tierra y el afán por concentrarla como demostración de poder, montados en briosos caballos, como si hicieran parte de películas del viejo Oeste americano. Del condenado exparamilitar se habla de su frialdad para ordenar crímenes. En una nota de EL TIEMPO, de junio 2021, se lee que "sus amigos (lo) describen como un hombre beligerante, parco, intelectual, pero, sobre todo, rencoroso".

En lo que corresponde a Uribe, varias frases sirven para hacerse una idea de su carácter belicoso y de su lenguaje procaz y de su naturalizada ordinariez, así como de su altura ética: “donde lo vea le voy a dar en la cara marica”, “esta llamada la están escuchando esos hijueputas” y “proceda doctor Cadena”.

Otro elemento que pone a Uribe y a Mancuso en el mismo lado de la moneda es la defensa del Establecimiento. Mientras que Uribe lo hizo desde el Estado, apoyado en la parainstitucionalidad que resultó de la captura de entidades públicas de parte de las AUC, Mancuso lo hizo desde su rol como comandante paramilitar al servicio de ganaderos y latifundistas, actores que patrocinaron a las estructuras paramilitares de las que Mancuso fue su líder máximo.

Así las cosas, Mancuso y Uribe son como hermanos gemelos, así los sistemas judicial, político y el cultural los presenten a través de las sentencias, las narrativas políticas y las prácticas cotidianas, como actores diferentes sin elementos que puedan compartir o que tengan en común. Por el contrario, el exlíder paramilitar y el expresidente son “hijos legítimos” de una sociedad premoderna, violenta, machista e incivilizada de donde brotan políticos violentos, guerrilleros, paracos, narcotraficantes, sicarios y matones de barrio.

Imagen tomada de Semana.com

URIBE DICE TENER UN “TIGRE” PARA EL 2026: DE TITIRITERO, A DOMADOR DE FIERAS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Desde los Estados Unidos, el expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez, anuncia que, para las elecciones de 2026, que tempranamente ya arrancaron, tiene un “tigre” y por los menos dos “tigresas”.

Muy dado a lanzar mensajes cifrados y eufemismos, el súb judice ciudadano y político colombiano intenta desde ya que olvidemos su rol de titiritero, para que en adelante lo veamos como adiestrador o domador de felinos. Huelga recordar que, en su papel de marionetista, manipulando los hilos que él mismo ató al voluminoso cuerpo del puppet Iván Duque Márquez (2018-2022), sus actos circenses provocaron un grave estallido social.  Aunque la gente recuerda de mala manera lo hecho por el títere-presidente, lo cierto es que la culpa recae totalmente en quien por cuatro años manipuló al pesado muñeco.

El anuncio del hijo de Salgar (Antioquia) hace pensar que él es el domesticador del tigre y de las tigresas que ya tiene listos para lanzarlos al ruedo electoral, para que se coman de un solo zarpazo a los candidatos del progresismo o de la izquierda que se atrevan a retar a sus peligrosas mascotas.  Es decir, cualquiera de los felinos estará en capacidad de obedecer sus órdenes, con solo mover el látigo o el fuste que Uribe tiene amarrado a su mano derecha. Entonces, los señalados carniceros y fieros “gatitos” correrán a cumplir la instrucción so pena de ser maltratados por el temido domador. En este punto deberán estar atentos los defensores de la biodiversidad y de los animales no humanos. Aunque en estricto sentido estaríamos hablando de humanos animalizados.

Aunque no quiso revelar el nombre del “tigre”, su nuevo juguete político-electoral, es posible pensar que se trata de Miguel Uribe Turbay, un obsecuente congresista, quien muy seguramente estaría más que agradecido si su adiestrador político le diera la oportunidad de salir de su jaula, para vivir a sus anchas en la Casa de Nari. Aunque joven, el nieto del inefable Julio César Turbay Ayala, un verdadero animal político, bien podría estar en estos momentos siendo amaestrado para los propósitos del Gran Domador.

Si se descarta al joven “animal político”, ¿será que el Gran Domador (antes el Gran Colombiano) ya está domando a Germán Vargas Lleras? El país conoce a este hijo de la rancia élite bogotana por su patanería, grosería y sus malos modales. ¿Será ese el “tigre” que tiene amarrado el expresidente Uribe? Aunque no se puede descartar que a El Ubérrimo esté asistiendo a entrenamientos el saliente fiscal, Francisco Barbosa.

De las “tigresas”, ya el país sabe que podrían ser Paloma Valencia y María Fernanda Cabal. Eso sí, ellas saben que el Gran Domador prefiere a los tigres, a los machos, porque él mismo es un “macho frentero”.  Mientras en las huestes del uribismo se guarda celosamente el nombre de la fiera, Uribe y todos los uribistas en estos momentos lamentan el fallecimiento de La Gata, amiga íntima del Gran Domador.

Adenda: consultado un experto, me dice que descarta de plano a Francisco Santos, porque apenas si llega a comportarse como perrito faldero. 

Imagen tomada de EL ESPECTADOR. 

“BUKELIZAR” LA DISCUSIÓN: PRÓXIMA ESTRATEGIA DE LA DERECHA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

De manera anticipada, los colombianos saben o por lo menos intuyen que el escenario electoral de 2026 se caracterizará por una mayor crispación ideológica y política, en buena medida aupada desde los medios masivos tradicionales afectos al “viejo” régimen que fue derrotado en las urnas por la alternativa de izquierda que hoy gobierna.

Sin importar cómo termine el gobierno de Gustavo Petro, con sus luces y sombras, lo cierto es que varios fantasmas ya no podrán usarse para asustar a esa parte del electorado que aún cree en lo que les dicen RCN, Caracol, La FM, Blu radio, Semana, El País y El Colombiano, entre otros medios afectos a lo que se conoce como el uribismo, es decir, la extrema derecha. Esos espectros son: el “castrochavismo” y las manidas frases de campaña de la que sacaron provecho durante varios años: “nos vamos a convertir en Venezuela”, “Uribe es el muro que supo contener la llegada del comunismo”; y “le entregaron el país a las Farc”.

De no suceder nada extraordinario, llegaremos al 2026 para vivir y sufrir una jornada electoral plagada de medias verdades y mentiras desplegadas desde las empresas mediáticas que la derecha dispuso para deslegitimar al actual gobierno desde el 7 de agosto de 2022.

Quizás el tema de la inseguridad en las ciudades se convierta en la bandera de lucha electoral y en el elemento clave para los “genios” del marketing político. Con lo que viene sucediendo en el Ecuador, la problemática de las pandillas y las organizaciones criminales tipo Tren de Aragua, los Chotas, Espartanos y el Clan del Golfo, entre otras, se volverá un asunto político-electoral de especial trascendencia para quienes en el 2026 aspirarán, desde la derecha, a recuperar la Casa de Nari para quienes históricamente hacen parte del “viejo” establecimiento colombiano.

Si el actual gobierno no desmantela para siempre todas las estructuras criminales que delinquen en ciudades capitales desde donde se orquestan los discursos y las proclamas electorales, la derecha hará todo lo que esté a su alcance para desatar viejas y nuevas formas de violencia y por ese camino “bukelizar” el ambiente electoral con el claro objetivo de evitar la continuidad del progresismo y la izquierda en el poder.

Será muy difícil someter a todas las agrupaciones delincuenciales, circunstancia que sectores de la derecha sabrán aprovechar para facilitar, aupar o provocar asonadas y disturbios graves en cárceles y en ciudades capitales. Poner al presidente Bukele como referente de orden, disciplina y punto civilizatorio de inflexión será el gran objetivo ético-político y electoral de la derecha, ante la desaparición del “castrochavismo y el comunismo”, sus hasta ayer exitosos fantasmas.

Por todo lo anterior, el gobierno Petro debe trabajar en estos dos años que le quedan, en consolidar la acción estatal, combinando muy bien el garrote y la zanahoria. Sabemos que estructuras criminales como el Clan del Golfo siempre operaron de la mano de fiscales, jueces, militares, policías, políticos y empresarios. Romper esas relaciones será el punto de quiebre. Y para lograrlo, el gobierno deberá contar con la nueva fiscal general de la Nación, quien, por primera vez en mucho tiempo, su elección no genera las suspicacias y sospechas que sí generaron la llegada a ese cargo Luis Camilo Osorio, Néstor Humberto Martínez Neira y el saliente, Francisco Barbosa.

Fortalecer la inteligencia militar y policial para sacar del camino a los uniformados y otros agentes estatales que de tiempo atrás trabajan de la mano con el Clan del Golfo y otras organizaciones delincuenciales, disminuirá la posibilidad de que la derecha uribizada ambiente escenarios caóticos como los que soporta por estos días el hermano país del Ecuador.

 

 

Imagen tomada de NTN24

PETRO, MARÍA FERNANDA CABAL, MILITARES Y POLICÍAS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Detrás del nuevo rifirrafe entre la senadora de derecha, María Fernanda Cabal y el presidente de la República, Gustavo Petro, está la aspiración de la congresista de convertirse en la primera mujer en gobernar a Colombia. En su crítica a los evidentes problemas de inseguridad que afronta el país en sus zonas rurales y urbanas, Cabal busca ganarse electoralmente a los militares y policías, en particular a los altos oficiales (generales) que Petro sacó del Ejército y la Policía, por razones ideológicas, políticas, sospechas de corrupción, así como actitudes que al interior del mundo castrense se conocen como propias de soldados disociadores, ancladas a la huella que dejó dentro de la institución el hoy exgeneral Enrique Zapateiro.

De manera temprana, la señora Cabal quiere ganarse la simpatía de los militares y policías retirados por el presidente Petro en uso de su poder discrecional para llamar a calificar servicios a los integrantes de la fuerza pública. Cabal pretende recoger el malestar de esa oficialidad para convertirse en su redentora y defensora, para alinearla con vociferantes de la Reserva activa que han propuesto dar un golpe de Estado.

La congresista de derecha señaló que “ustedes destruyeron la moral de la fuerza pública; desarticulada por despidos y paranoia, por irrespeto a la jerarquía militar y policial…”. La lectura maliciosa que hace Cabal de las medidas adoptadas por el gobierno oculta lo que realmente está haciendo Petro como comandante supremo de las fuerzas armadas. El presidente pretende erosionar y desmontar la doctrina del enemigo interno que por más de 50 años guió la formación y el actuar de militares y policías, a pesar de la operación de grupos que aún insisten en llamarse como guerrilleros y con los que el gobierno habla de paz. El presidente de la República posiciona la idea de que el conflicto armado interno, tal y como lo conocimos hasta la firma del tratado de paz de La Habana, ya desapareció, para dar cabida a una lucha entre grupos armados ilegales por el control de las economías ilícitas y los territorios en los que estas se reproducen.

En su respuesta a la señora Cabal, Gustavo Petro confirma que “el objetivo es desactivar las economías ilícitas y las organizaciones armadas que sostienen”. Así las cosas, Petro se alinea con el tradicional discurso castrense con el que los uniformados descalificaron en el pasado a las llamadas “guerrillas”, cada vez más untadas de narcotráfico y minería ilegal. Bajo esa premisa, el presidente, sin pretender construir una relación patronal con los militares y policías, como la que construyó Uribe Vélez en sus ocho años de mandato, lo que está haciendo es dignificar la vida castrense y devolverle lo que el uribismo les quitó a cientos de policías y militares: dignidad y mística. Cabal habla de destrucción de la moral militar, cuando lo que creció en los ocho años de gobierno de Uribe fue el comportamiento inmoral de los uniformados que violaron los derechos humanos, participaron de masacres, patrullaron de la mano de los paramilitares; asesinaron civiles (6402) para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate; y protegieron narcotraficantes, entre otras conductas contrarias al honor militar.

En su tempranero y comprensible desespero electoral, María Fernanda Cabal quiere convertirse en la defensora y madrina de exmilitares y expolicías que por diferentes razones fueron llamados a calificar servicios. A la congresista le sugiero que aproveche el tiempo para consolidar un discurso propositivo y sólido conceptualmente. Dedíquese a leer. La opinión pública cambió, señora Cabal. Esa actitud vociferante poco le ayudará a ganarse el respeto de los colombianos. Y recuerde que Álvaro Uribe Vélez, su patrón, desconfía de las capacidades de las mujeres para gobernar. Salvo que Usted quiera remplazar a Iván Duque, siendo la “títere” del expresidente y expresidiario, entonces continúe con sus peleas en tuiter, porque lo que menos querrá escuchar el latifundista antioqueño son propuestas de una mujer.

Imagen tomada de Pulzo. 

MAL AMBIENTE

 

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social- periodista y politólogo

 

Con el retorno de lo que se conoce como el “Uribismo” al poder, esa parte de Colombia que dijo SÍ al Acuerdo de Paz, en el innecesario plebiscito del 2 de octubre de 2016, sabía lo que se vendría para el país con la llegada del dócil y sumiso Iván Duque Márquez a la Casa de Nariño. Así, retornaron las siempre selectivas y ejemplarizantes masacres de grupos paramilitares; se dio continuidad y se consolidó el Genocidio Político de los firmantes de la paz (ya van 220); se aceleró la violencia estatal contra los campesinos (más de 200 líderes y lideresas asesinados) que se acogieron a la política y a los planes de sustitución de los cultivos de uso ilícito; y desde la bancada del Centro Democrático se enfilaron baterías jurídico-políticas para frenar, entorpecer y debilitar aún más el delicado proceso de implementación del Acuerdo Final II.

El mismo Duque Márquez, siguiendo instrucciones de Uribe Vélez, enfiló, tempranamente, baterías en contra del Acuerdo de Paz, firmado entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las Farc-Ep. Y lo hizo, al objetar varios artículos de la ley estatutaria que daba vida a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el mismo tribunal que de tiempo atrás recibió y recibe presiones y ataques desde la Fiscalía General de la Nación, desde las huestes del Centro Democrático y recientemente, indebidas presiones de Iván Duque Márquez, al exhortar a los magistrados de dicho Tribunal de Paz para que rápidamente definan responsabilidades penales en contra de los comandantes de las Farc-Ep comprometidos de manera directa en el reclutamiento de menores para la guerra;  la exigencia de Duque la hace en medio de su silencio cómplice frente al sistemático asesinato de excombatientes farianos y en relación con el reciente y forzado traslado del ETCR de Ituango, por presiones de grupos paramilitares, entre otros hechos que expresan con preocupante claridad el poco compromiso de él y del Gobierno que representa, con la consolidación de una paz estable y duradera. Y claro, Duque no exige la misma celeridad a la JEP en los casos que comprometen a exmilitares de alto rango en los casos de los “Falsos positivos”.

Hay que decirlo con total contundencia: Duque y el “uribismo” se han encargado de generar un mal ambiente a la Paz y  a la implementación de lo acordado. Y lo han hecho no solo con pronunciamientos destemplados de Archila y Ceballos, sino con acciones y decisiones administrativas conducentes a debilitar la confianza de los firmantes de la paz y comparecientes a la JEP. Sobre este asunto, la JEP acaba de ordenarle al Gobierno de Iván Duque proteger a los exguerrilleros de las Farc que hoy están amenazados y rinden cuentas a esta justicia. La Sección de Ausencia de Reconocimiento decretó hoy medidas cautelares colectivas a los excombatientes, después de “constatar la grave situación de vulneración a sus derechos fundamentales, fenómeno que ha sido documentado por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y el Instituto Kroc”.

Además de todo lo señalado líneas atrás, hay otros hechos que aportan a la generación de un mal ambiente a la construcción de una paz estable y duradera. Ya casi nadie se acuerda de las 16 curules que debieron ser entregadas a las víctimas de los actores armados.

En materia castrense, el mal ambiente que genera Duque lo logra con los ascensos de los generales  Nicacio de Jesús Martínez Espinel (retirado por presiones del gobierno norteamericano) y Eduardo Enrique Zapateiro, recientemente ascendido al grado de General. Se trata del mismo oficial que lamentó la muerte del sicario, alias Popeye, lugarteniente del narcotraficante y también asesino, Pablo Emilio Escobar Gaviria. No se ve nada bien que un alto oficial del Ejército lamente públicamente  la muerte del “popular” asesino y no exprese lo mismo cuando a diario en Colombia matan lideresas y líderes sociales, defensores de los derechos humanos y del ambiente y firmantes de la paz.

Al conformar una cúpula tropera el gobierno de Duque no solo manda un mensaje claro al ELN, sino a los mismos firmantes de la paz, en la medida en que los oficiales troperos suelen ser los instrumentos por donde transpira esa Colombia que dijo NO al Acuerdo de Paz ese adverso 2 de octubre de 2020. Pensar en una cúpula cercana a la Paz, como la que en su momento diseñó Santos Calderón, constituye un exabrupto para Duque y para el llamado “uribismo”. A lo que hay que sumar que el general Zapateiro tiene varias investigaciones en curso y está comprometido con los perfilamientos y acciones de inteligencia que desde el Ejército y con recursos entregados por los Estados Unidos se hicieron contra periodistas y  operadores políticos de la Oposición. Y lo que es peor para Colombia, es que  quedan dos años para que el “uribismo” pueda consolidar el ya evidente Mal ambiente para la Paz y quizás intente ir más allá.

 

Imagen tomada de Pluralidad Z

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FRANCISCO BARBOSA: PRECOZ CANDIDATO PRESIDENCIAL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La derecha colombiana está desesperada. La precoz candidatura de Francisco Barbosa y sus últimas acciones jurídico-políticas conducentes a desestabilizar al gobierno de Petro son muestras claras de ese afán. A lo anterior se suma el trabajo de varios medios masivos empeñados en asimilar las circunstancias del Proceso 8.000, con las que rodean el escándalo de la campaña Petro presidente, por cuenta de las declaraciones de su hijo Nicolás. Esta mañana, la FM, del ladino periodista Luis Carlos Vélez, le abrió los micrófonos al artero expresidente Andrés Pastrana Arango para que este estableciera diferencias y similitudes entre el caso de la posible entrada de dineros sucios a la campaña de Petro y el probado ingreso de dineros del Cartel de Cali a la campaña Samper presidente.

En el monólogo, Pastrana, llamado presidente por Juan Lozano y otros integrantes de la mesa de trabajo de la FM que decidieron actuar como simples “lagartos”, aprovechó para promocionar su nueva empresa electoral, la Nueva Fuerza Democrática, como alternativa de poder para las elecciones del 29 de octubre. Y lo hizo, además, llamando a sus antiguos compañeros en el partido Conservador, como “Petro conservadores”.

La prematura candidatura del inefable fiscal general arrancó en la pasada asamblea de la ANDI en la que fue aplaudido y ovacionado, al tiempo que le tiraba pullas al presidente Petro. El senador Iván Cepeda le envió a Barbosa un derecho de petición con el objetivo de que le confirme si tiene aspiraciones presidenciales. No era necesario elevar dicha petición, aunque se entiende el propósito del congresista del Pacto Histórico. Lo cierto es que una parte importante del empresariado estaría dispuesto a aportar dinero a la campaña Barbosa presidente. Dentro del listado de aspirantes presidenciales al servicio de la derecha uribizada hacen parte el exministro bombardeador de niños, Diego Molano Aponte y María Fernanda Cabal, cercana a la ultraderecha representada en el partido español, VOX.

Con la apertura de una investigación contra Petro en la inservible Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, Barbosa cumple con el mandado de generar una crisis de gobernabilidad que lleve a Petro a comportarse de la misma manera que lo hizo Ernesto Samper cuando estalló el escándalo del 8.000. Es decir, que Petro se pase los tres años que le quedan, defendiéndose de acusaciones y filtraciones que la fiscalía hace rato empezó a hacer del proceso contra Nicolás Petro que toca, por supuesto, al presidente de la República. La idea, claro está, es que las acciones gubernamentales, esto es, el proyecto político progresista, se detengan al interior del país, para que la narrativa de una “crisis institucional generalizada” legitime el proyecto de la derecha de “recuperar el poder, para salvar al país de la oscuridad”. Ya en la fallida marcha de las antorchas de la ultraderecha se escuchó decir que las antorchas encendidas servirán para salir de las tinieblas en las que está el país, según el relato de varios de los asistentes a la lánguida convocatoria. La intención es clara: ocultar la conexión con las ideas fascistas que mueven a quienes elevaron las antorchas y levantaron sus manos de la misma manera como en su momento lo hicieron Adolf Hitler y Álvaro Uribe. Solo les faltó gritar, ¡ajúa!

Mientras Petro conversa con los “cacaos” sobre un posible acuerdo nacional, los medios corporativos, propiedad de los mismos magnates, hacen ingentes esfuerzos para desestabilizar al gobierno, de la mano del expresidente Pastrana, quien se cree líder de la Oposición y faro moral, cuando un hijo de los mismos Rodríguez Orejuela señaló que su campaña también recibió aportes del Cartel de Cali.

Una vez termine la jornada electoral del 29 de octubre, sabremos si los “cacaos” le apuestan a un acuerdo nacional, o si el presidente Petro cae en la trampa de comportarse de la misma manera como lo hizo Ernesto Samper, gracias en buena medida a las presiones de unos medios masivos que actúan como actores políticos a los que poco les importa la suerte de la Nación, porque lo que les interesa es que sus patrones recuperen lo que Petro les arrebató: el Estado. 

Imagen tomada de Infobae

EL “LEGADO” DE URIBE

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Las más recientes declaraciones del expresidiario y expresidente, Álvaro Uribe Vélez en contra de la Justicia Especial para la Paz (JEP), a raíz del reconocimiento de responsabilidades del general del Ejército, Henry Torres Escalante por los crímenes de lesa humanidad cometidos por hombres bajo su mando, no solo buscan deslegitimar al alto tribunal de paz, sino enredar a esa parte de la opinión pública que aún le come cuento al desacreditado expresidente de la República.

La postura editorial y política asumida por el diario EL ESPECTADOR frente a las temerarias declaraciones del inefable y oscuro personaje del poder político en Colombia constituye un buen ejemplo del papel que debe jugar la prensa al momento de confrontar hechos públicos de trascendencia nacional como los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales. Señor expresidente Uribe: no pretenda confundir es el título del editorial con el que el diario bogotano “pone en su sitio” al temido exmandatario.

Dice el diario, manejado periodísticamente por los Cano, que “la batalla del expresidente Álvaro Uribe Vélez por destruir la necesaria labor de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es un error histórico que enloda su legado como líder político. Su respuesta al reconocimiento que dos decenas de militares hicieron ante los tribunales de paz sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas durante su administración está llena de tergiversaciones y argumentos problemáticos; pero, sobre todo, se trata de un acto de agresión al intento por construir una justicia transicional que le aporte al país”.

Pongo la atención, sobre todo, en la primera idea subrayada. No comparto lo dicho por EL ESPECTADOR cuando habla de “legado político” de Uribe, si se está entendiendo como un hecho positivo aquello de dejar o transmitir algo a la sociedad, sea material o inmaterial. Aquí no hay hechos positivos que la prensa seria deba reconocer a la trayectoria política del expresidente y súb judice ciudadano. ¿Cuál legado político, si las más de 300 investigaciones que reposan en la inservible Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, Fiscalía y Corte Suprema de Justicia, justamente, dan cuenta de hechos negativos que enlodan la vida pública y privada de Uribe Vélez?

Aquí no hay legado, señores, lo que deja el 1087985 es todo lo contrario: deja un ethos pernicioso y nocivo para la operación del Estado y para el trámite de los conflictos sociales; con ese mismo ethos, su política de seguridad democrática convirtió al Estado en un aparato criminal, operado por militares que fungieron como “perros ferales” liberados de unidades castrenses con el objetivo de cazar civiles inermes, para hacerlos pasar como guerrilleros caídos en combate. El feroz olfato de los uniformados se acrecentaba al momento de escuchar mentiras y arengas desde la Casa de Nari: “estamos ganando la guerra; por la patria, todo se vale; vamos a acabar con el terrorismo y el comunismo; más y mejores resultados operacionales y los que no, que vayan pasando la carta de renuncia”.

De igual manera, ese ethos dañino no solo les facilitó a los militares perpetrar crímenes de lesa humanidad con las armas de la República, sino que se extendió a las maneras como desde el 2002 se entiende lo público, es decir, aquello que nos interesa y conviene a todos. El resultado no puede ser más negativo y nefasto: la corrupción público-privada se naturalizó y se volvió paisaje en Colombia. El Estado fue capturado por clanes políticos mafiosos, articulados a intereses corporativos nacionales e internacionales. El caso de Odebrecht es el mejor ejemplo para confirmar que efectivamente durante su gobierno la corrupción, el ethos mafioso, fueron el pan de cada día. Los hechos son tozudos y siempre tocan de manera indirecta y directa al expresidente Uribe Vélez.

Creo, entonces, que a la postura editorial del diario bogotano le faltó un poquito de contundencia para decirle al país que Uribe Vélez es, después de Pablo Escobar, el personaje público que más daño le hizo y le hace aún al país.

 

Imagen tomada de Canal 1

CONTRA LA PAZ, HAY UN ENEMIGO DE CAMUFLADO

 

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social –periodista y politólogo

 

Entre los múltiples daños que Uribe le hizo al país con el ethos mafioso que irradió e inoculó en las prácticas políticas e institucionales, entre el 2002 y el 2010 y luego, entre 2018-2022, está el haber provocado divisiones al interior de las Fuerzas Militares en torno al tratado de paz firmado en La Habana. En particular, al interior del Ejército, existe una fractura que deja dos islas incomunicadas: una, en la que conviven una oficialidad que tempranamente desconoció lo pactado en La Habana entre el Estado y las antiguas Farc-EP; y en la otra, en la que deambulan sin mayor atención por parte de la cúpula, unos ya pocos oficiales que ven en lo pactado en Cuba no una rendición militar, sino el mejor escenario para dar tributo a los caídos y mutilados durante más de 50 años de estéril confrontación interna.

Las razones que tuvieron los oficiales leales a Uribe oscilan entre las ideológicas y político-militares, esto es, el odio visceral contra los alzados en armas y a todo lo huela a izquierda y las que aluden a intereses por el manejo discrecional de los millonarios recursos económicos destinados a combatir a los grupos al margen de la ley. Ese manejo facultativo del presupuesto, está destinado a mantener la guerra como un lucrativo negocio que debe extenderse en el tiempo, lo que supone una apuesta política para que el proceso de paz fracase, al tiempo que se espera que las disidencias farianas y el ELN crezcan en número de efectivos y se consoliden en los territorios en los que hoy operan, para insistir en la aplicación de la doctrina del enemigo interno y su extensión a todos aquellos que piensen diferente y critiquen al régimen político.

Al final, los militares que se hincaron ante Uribe, entendieron que, con tal de mostrar resultados operacionales, así fuera a través de macabras puestas en escenas como los Falsos Positivos, tendrían al entonces presidente y luego al senador y expresidente, como un aliado político interesado en tapar la corrosiva corrupción que por largos años se ha extendido al interior de las fuerzas militares, en particular, en lo que tiene que ver con la contratación para la compra de pertrechos, carros blindados, aviones y demás. Desde el primer momento en que Uribe se proclamó como el “primer soldado de Colombia”, la unidad de mando empezó a resquebrajarse, para dar vida a los dos bandos que hoy subsisten y medianamente conviven al interior del Ejército nacional.  

Las primeras grietas se abrieron por el acoso que Uribe lideró para que “se produjeran más y mejores resultados operacionales”. Es decir, bajas, a como diera lugar. Y en un segundo momento, cuando el propio Uribe, durante las negociaciones de paz en Cuba, cuestionó ferozmente lo acordado entre las partes y dio inicio a la campaña del NO al plebiscito y los consecuenciales ataques a la JEP. En su momento, señaló: “Este proceso premia al terrorismo al negar cárcel a los máximos responsables de delitos atroces, en un país con más de 100 mil presos por delitos menores que los de FARC; premia al terrorismo con elegibilidad política que no tienen esos presos, ni los paramilitares, ni los políticos que han perdido la investidura; premia al terrorismo con la aceptación del lavado de dineros de narco tráfico, delito sin castigo en cabeza de FARC, el mayor cartel de cocaína del mundo”.

Así entonces, es evidente que al interior del Ejército subsisten dos sectores, dos bandos: los que están con Uribe, y la extensión en el tiempo de las circunstancias institucionales y contextuales que les conviene al mantener vigente la doctrina del enemigo interno, a pesar de que el conflicto armado como tal mutó y se transformó con la salida de las Farc-Ep de la confrontación armada. Y del otro lado, está aquella oficialidad que viene gozando de las condiciones de una relativa paz, lo que les permitió el disfrute de la vida al lado de sus familias, sin la zozobra que les producía operar en las condiciones difíciles y apremiantes generadas por las temerarias incursiones y sangrientos ataques de las antiguas Farc-EP.

El reciente retiro del coronel Rojas Guevara, quien adujo haber perdido la confianza en el alto mando, porque “hay una evidente división y crisis de liderazgo” es apenas la expresión de lo que está aconteciendo al interior del Ejército y en general, en las fuerzas armadas de Colombia. El hecho de que el general Zapateiro no esté comprometido con sacar adelante la transformación del Ejército, en el marco de la doctrina Damasco, constituye una muestra clara de que dentro de la fuerza hay líderes que no reconocen lo acordado en La Habana, y mucho menos están comprometidos con la transformación de sus manuales y prácticas, a todas luces ancladas a un conflicto armado interno que con la desmovilización de las Farc-EP, cambió el ajedrez político-militar. El mismo coronel Rojas, director del Centro de Doctrina del Ejército, explicó que “con la doctrina Damasco se comenzará a cerrar una brecha histórica que el Ejército Nacional de Colombia estaba en mora de consolidar, en el sentido de pensar en una doctrina enfocada a diseñar una verdadera capacidad de disuasión, frente a las potenciales amenazas internas y externas, antrópicas y no antrópicas. La doctrina como componente de capacidad, condiciona la organización, el material y el equipo, el personal, la infraestructura, el liderazgo, la educación y el mantenimiento, por ello la doctrina Damasco se constituye en el eje articulador del plan de transformación institucional”.

Sin duda, el general Zapateiro y la alta oficialidad que sigue atada ideológicamente a Uribe están asegurando un inconveniente y peligroso ambiente al interior de las filas, que bien puede terminar en deserciones y salidas intempestivas de más oficiales como Rojas Guevara. Y no se trata de suponer que el Ejército debe ser una estructura monolítica. Lo que está aquí en juego es la obediencia debida al poder civil y específicamente, el respeto al proceso de implementación del Acuerdo de Paz. Con el actual gobierno de Duque no existió, ni existirá inconveniente alguno en la línea de mando por cuanto la cúpula militar sabe y reconoce que el actual presidente no está comprometido con sacar adelante el proceso de implementación. El problema con el respeto al Ejecutivo aparecerá si el próximo presidente decide jugársela toda para asegurar la consolidación de una paz estable y duradera.

Por ello, si el próximo gobierno no sacude las toldas del Ejército y las de las otras fuerzas, y nombra una cúpula que se la juegue por la paz, la presencia del Ejército en departamentos convulsionados como el Cauca, continuará estando asociada al interés institucional de los sectores militares uribizados, de generar incertidumbre, miedo y terror en campesinos, indígenas y afros, al permitir la operación libre de narcos y paramilitares, responsables del sistemático asesinato de líderes sociales, campesinos reclamantes de tierra y amigos de la sustitución de cultivos de uso ilícito, así como  defensores del ambiente y por supuesto, los integrantes de los pueblos ancestrales.

Contra la construcción de una Paz estable y duradera se cierne un enemigo que anda de camuflado. Y no es la guerrilla del ELN o las disidencias de las Farc.

Imagen tomada de Kienke

PETRO, DUQUE, DICTADURA CUBANA Y TERRORISMO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En el enfrentamiento verbal entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Iván Duque Márquez sobresalen dos equívocas valoraciones alrededor de lo que es una dictadura y el terrorismo. Petro cae en el error de no evaluar en su integridad al régimen cubano, exaltando solo unos factores sociales con los que históricamente se ha defendido la violenta y cerrada dictadura castrista. El mandatario de los colombianos dijo que “los Castro cuidaron que los niños tuvieran comida, salud y educación”. Hay que ver la crisis en la seguridad alimentaria, la mendicidad asociada al turismo, la persecución política a críticos y detractores, la corrupción en las altas esferas del poder y la operación doctrinal de un único partido y del periódico Granma, para entender que Cuba no es precisamente un ejemplo de democracia, como tampoco lo son Colombia, Nicaragua e incluso, los mismos Estados Unidos.  

Claro, no se puede negar que el bloqueo económico y político de USA genera efectos económicos graves en la economía de la isla, pero también hay que decir que ese mismo bloqueo le ha servido al régimen cubano como disculpa ante el fracaso del modelo socialista. 

Entre tanto, el mendaz expresidente Iván Duque Márquez insiste en el uso del vocablo terrorismo, con el fin último de cerrar toda posibilidad de alcanzar la paz en el país, haciéndole el juego a la doctrina negacionista que del conflicto armado interno echó a andar su mentor y dueño de su voluntad, Álvaro Uribe Vélez en 2002, cuando este último negó la existencia del conflicto y promovió la idea de que lo que había en Colombia era una “amenaza terrorista”. Duque solo está defendiendo sus ideas y su “obra de gobierno”, es decir, el haberle dado continuidad al régimen de terror y el cerramiento democrático propio de la aplicación de la temida seguridad democrática de Uribe.

No se puede negar que tanto las Farc como el ELN apelaron a prácticas propias del terrorismo, de la misma manera como desde el propio Estado colombiano se activaron conductas asociadas al terrorismo de Estado. Como tampoco se puede negar que Duque, como comandante en jefe de las fuerzas armadas, dio la orden para que la aviación del Ejército bombardeara campamentos guerrilleros en los que se sabía de la presencia de menores de edad, catalogados por el entonces ministro de la guerra, Diego Molano, como “máquinas de guerra”.

Posterior a ese primer rifirrafe, Petro y Duque continuaron con su cruce de frases, hasta que apareció la más popular en boca del presidente de la República: “Me importa un pito los que se creen demócratas con la sangre de niños colombianos y cubanos en sus manos”.

En el fondo, parece que Petro aún sigue creyendo en la idea de la “democracia popular” que encarna al régimen cubano; y por el lado de Duque, este sigue creyendo en la idea inmejorable de la “democracia liberal” en la que lo más importante es la defensa del libre mercado a través de políticas militaristas como la seguridad democrática, con las que bombardear guerrilleros menores de edad es, además de legítimo, necesario para la permanencia de las libertades en las que cree el infantil, fatuo y mendaz expresidente.

Creo que el presidente Petro debe morigerar su lenguaje. Si bien el espejo retrovisor le sirve para mostrar los yerros económicos, políticos, socio ambientales, ecológicos y económicos del gobierno de Duque, defender la dictadura cubana, fácilmente lo expone a que el uribismo califique su discurso como de “doble moral”, justamente cuando viene de conmemorar en Santiago de Chile, el infausto 11 de septiembre y rechazar así la oprobiosa dictadura chilena a manos del criminal, Augusto Pinochet Ugarte.

Eso sí, entre “me importa un pito” y “de qué me hablas viejo” hay enormes diferencias ético-políticas entre estos dos políticos. En la frase de Petro hay beligerancia; por el contrario, en la de Duque hay displicencia y arrogancia. Duque jamás tendrá la altura intelectual de Petro porque su mezquino y obsecuente carácter solo le sirvió para ser el títere de Uribe Vélez y el mandadero de Sarmiento Angulo. 

Imagen tomada de la BBC

MENDOZA LEAL: EL GALLO FINO QUE SE LE PARÓ A URIBE VÉLEZ

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En una audiencia de conciliación y en las postrimerías de su cuestionada existencia, al expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez le salió al corte un gallo fino llamado Daniel Mendoza Leal, creador de la exitosa serie Matarife.

En la señalada audiencia, Mendoza Leal, abogado, periodista y criminólogo, le propuso al temido expresidente que reconociera sus crímenes y reparara a sus víctimas vendiendo sus haciendas y este dejaba de producir series y de referirse a él en los términos que tradicionalmente el abogado usa para dar cuenta de sus análisis en los que aparece Uribe Vélez como un genocida, asesino despiadado, paramilitar y violador.

Aunque el país no sabe aún la respuesta que dará Uribe a lo propuesto por su contradictor, al que demandó por injuria y calumnia, resulta apenas lógico que el expresidente seguirá adelante con el proceso penal, lo que significa que habrá, muy seguramente, una imputación de cargos contra Mendoza Leal y un juicio en el que cada parte expondrá sus argumentos. De hecho, el abogado, en la audiencia, le pidió a la fiscal que le imputara de una vez cargos, para irse a juicio.

Este caso resulta interesante porque da cuenta de aspectos que hacen referencia al ejercicio libre de opinar, pensar y de construir representaciones sociales acerca de personajes públicos cuyas decisiones y su vida quedan expuestas al público, lo que legitima la acción de opinar, de acuerdo con la capacidad de análisis de quien desea hacerlo, su aforo argumentativo y en este caso, de la solvencia discursiva de Mendoza Leal para establecer relaciones causales, interpretar hechos y emitir juicios de valor que, por la cantidad de investigaciones que en contra de Uribe Vélez reposan en Fiscalía y en la Corte Suprema de Justicia, le sirven al abogado para sacar conclusiones y hacer inferencias que los jueces ya no podrían medir bajo el rasero de la injuria y la calumnia, pues entraron hace rato en el mundo del análisis criminal.

Esta audiencia tiene como antecedente la tutela que interpuso Uribe Vélez con el propósito de evitar que la serie Matarife saliera y se mantuviera al aire, producción audiovisual en la que Mendoza concluye que el expresidente es un “matarife, paramilitar y responsable de guiar un aparato criminal de poder”. En el Auto 1732/22 se lee: “Las afirmaciones publicadas por el señor Mendoza Leal no se encuentran amparadas por la libertad de expresión porque “constituyen un discurso de odio” en su contra. En criterio del accionante, su etiquetamiento como autor responsable de los delitos de genocidio, concierto para delinquir agravado y acceso carnal “configura un discurso de odio que hace expresa apología a la violencia y al delito, al tiempo que conduce a la polarización política” …No existe ninguna sentencia de tutela que haya autorizado al señor Mendoza Leal a calificarlo de genocida, paramilitar o narcotraficante…”

Sin embargo, en el mismo Auto1732/22, en cuanto a las pretensiones del expresidente Uribe, se lee: “La solicitud no satisface el requisito de subsidiariedad, dado que “el actor cuenta con acciones judiciales ordinarias que no ha ejercido y tampoco invoca la figura del mecanismo transitorio de la acción de tutela”.   La tutela no cumple con el requisito de inmediatez, puesto que “los cuatro capítulos que se conocen de la serie ‘Matarife’, están basados exclusivamente en informes periodísticos de la década de 1980 y 1990, así como en artículos de Gonzalo Guillen y de mi autoría, que tienen más de 2 años de publicados”. Estos artículos “nunca fueron cuestionados por Álvaro Uribe Vélez, a pesar de haber tenido amplia difusión nacional e internacional”. El señor Uribe Vélez “no agotó el requisito previo de solicitud de rectificación”, dado que no respondió al escrito de aclaración que su apoderado envió el 8 de junio de 2020”.

Daniel Mendoza hila delgado y fino en sus deducciones, fruto de un cruce de hechos y circunstancias, análisis político, histórico, sociológico y periodístico de hechos en los que aparece Uribe Vélez involucrado o nombrado. Lo que ha hecho Mendoza Leal es la construcción de un relato periodístico con el que el productor audiovisual erosiona la imagen que los medios tradicionales crearon de Uribe: un Mesías, un Patriota al servicio del país. Mendoza apela a sus conocimientos y experiencia en asuntos propios de la criminalística y usa la técnica del perfil psicológico criminal para hacer inferencias de los aspectos psicosociales que rodean la vida política y el ejercicio del poder de Uribe, considerado por Mendoza como un sociópata.

Que el asesino serial, alias Popeye le haya tenido miedo a Uribe Vélez y lo haya expresado públicamente, constituye, para Mendoza Leal y sus análisis, un hecho que probaría la peligrosidad del expresidente, cuando alguien decide retarlo, o contradecir sus órdenes o deseos.

Ya veremos en qué queda este proceso penal que hasta el momento solo tiene la atención de las redes sociales, pero que debería de ocupar a periodistas, penalistas, criminólogos, comunicadores sociales, psicólogos, lingüistas, filósofos del lenguaje y sociólogos, porque lo dicho y hecho por Mendoza Leal hace rato traspasó los límites de la doxa, para acercarse a los ámbitos de la interpretación, el análisis complejo, sistémico, multifactorial y la de-construcción de unos hechos que, aunque tozudos, solo algunos jueces se atrevieron a conectar con Álvaro Uribe Vélez.

Imagen tomada de Semana.com