URIBE EN MISA Y SU SAGRADA VICTIMIZACIÓN

 

Por Germán Ayala Osorio

 A los ya tendenciosos cubrimientos periodístico-noticiosos- en el marco de una evidente autocensura- que los medios hegemónicos están haciendo del juicio contra el expresidente antioqueño Álvaro Uribe Vélez se suma la teatralización religiosa que el Señor Acusado hizo recién de la realidad judicial en la que se encuentra.

Entrar a una iglesia, en la rezandera y camandulera Medellín, y pedir silencio a los seguidores-actores prestos al interior del recinto sagrado a ovacionarlo inaugura la etapa divina del juicio a la que llamaré la “sagrada victimización”. De resultar Uribe condenado por la jueza 44, Sandra Liliana Heredia, la derecha católica, apostólica y romana tendrá la oportunidad de elevar a su “presidente eterno” al estatus de Mesías condenado, circunstancia moralizante que serviría para calificar como impíos a cientos de miles de connacionales, incluidos en ese amplio grupo de irreligiosos a la juez, la fiscal del caso y a las víctimas acreditadas. Y una sociedad que es capaz de condenar a un “hombre bueno y probo como Uribe” debe, sí o sí, recibir el máximo castigo:  la ira divina.

Con esa escena, Uribe, como buen samaritano, pretende inspirar a quienes aún creen en su cuestionada inocencia a que programen procesiones a la Basílica de Nuestro Señor de los Milagros para pedirle al Señor que salve al Señor de Colombia, acusado de manera temeraria por hombres y mujeres injustos, cegados por la ignorancia y el odio.

Como se trata de un asunto de Fe, los argumentos jurídicos y el análisis del material probatorio pasan a un segundo plano. Acá no se trata, como lo ha pedido el senador Cepeda, dar una lucha jurídica de altura, sino llevar el juicio a los fangosos terrenos de la política electoral y a la moralizante y también cenagosa instancia de la religiosidad.

Uribe Vélez es creyente como millones de colombianos que saben explotar muy bien esa condición espiritual y religiosa para engañar incautos y dejar en manos de Dios sus culpas (no delitos). Quienes así operan, suelen sentir un desprecio enorme por la justicia terrenal, en particular cuando los procesos penales en los que están envueltos no les resultan favorables o porque sienten que se puede dar una inminente condena en su contra. Sentirse perdido y buscar a Dios es una práctica común en los creyentes.

El expresidente y expresidiario antioqueño sabe que cuenta con el respaldo mediático de todos los medios y periodistas de las empresas mediáticas cuyos propietarios hacen parte del Establecimiento que está obligado moral y políticamente a mantenerlo vigente política y electoralmente bajo el engañoso apelativo de Gran Colombiano, en el que confluyen valores que la ultraderecha siempre expone como parte de sus rasgos psicoafectivos: el amor por la Patria, el respeto por la institucionalidad y la ciega admiración por los hombres en armas (legales e ilegales).

Mientras surte efecto la escena de la sagrada victimización de Uribe, en las redes sociales y en particular en X los defensores del exmandatario hacen ingentes esfuerzos por encontrar vacíos y otros problemas en los argumentos de la Fiscalía que acusó al ladino político de los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos. 

Entre tanto, la prensa hegemónica apela a todo tipo de estrategias informativas para negar la gravedad de los delitos que finalmente llevaron a juicio a Uribe. Poner el foco en detalles irrelevantes hace parte de las maniobras periodísticas con las que a toda costa buscan la salvación social del Señor Acusado. Y por supuesto, seguir siendo la caja de resonancia de todo lo que diga y haga el cuestionado exmandatario. Viralizada la escena de la sagrada victimización, la prensa bogotana y regional queda lista para amplificar la siguiente escena programada de la teatralización religiosa a la que el uribismo está llevando a la opinión pública.

LA GALLARDÍA DE LA JUEZA SANDRA HEREDIA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La juez Sandra Liliana Heredia Aranda, que lleva el juicio al que comparece Álvaro Uribe Vélez en calidad de acusado por graves delitos, es un símbolo de dignidad, aplomo, seriedad, legitimidad y firmeza por el carácter con el que viene enfrentando las dilaciones de la defensa del expresidente antioqueño y el tono altanero y desafiante del abogado Jaime Granados, defensor y admirador número uno del exmandatario al que llama “presidente” a pesar de no ostentar esa dignidad.

Las objeciones elevadas por la defensa de Uribe, rechazadas recientemente por la jueza Heredia, han provocado toda suerte de comentarios favorables hacia la operadora judicial en una sociedad machista y misógina como la colombiana, en la que los hombres, poderosos o no, están acostumbrados a subir la voz en especial cuando quien los controvierte es una mujer. Heredia no se ha amilanado ante el poderoso y temido expresidente y el desafiante abogado Jaime Granados.

Las decisiones tomadas en derecho y la actitud profesional de Heredia dejan muy mal parados a los otros operadores judiciales, en particular a fiscales que bajo la fiscalía de Barbosa optaron por ponerse del lado de Uribe, afectando en materia grave la dignidad de la justicia, la misma que la jueza Heredia está defendiendo al evitar que la defensa del procesado continúe presentando excusas o mociones de orden con evidentes intenciones dilatorias.

Heredia Aranda viene actuando “confirmesa” frente a dos hombres hijos de esta sociedad machista que aún ven con extrañeza y molestia que hoy haya jueces, médicas, ingenieras y abogadas capaces de tomar decisiones profesionales y legítimas en medio de presiones de toda índole y en la insistencia de desconocer sus capacidades, inteligencia y rigor.

La gallardía de Sandra Liliana Heredia debería de servir de ejemplo para todas aquellas mujeres que a diario deben enfrentarse a hombres que siguen atados a las viejas creencias que les instaló el machismo en relación con las mujeres.

En el portal Kienyke se lee que “Sandra Liliana Heredia Aranda es una figura que ha consolidado su carrera en el ámbito judicial. Según registros de la Rama Judicial, su trayectoria comenzó en el Tolima, donde, en 2006, fue admitida como aspirante al Concurso de Méritos para conformar el Registro Seccional de elegibles para los cargos de empleados de Carrera de Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios del Distrito Judicial de Ibagué y el Tolima Administrativo. Este primer paso en su carrera marca el inicio de una ascendente trayectoria dentro del sistema judicial colombiano. A lo largo de los años, Heredia ha mostrado un compromiso con la justicia, destacándose por su rigor profesional y su dedicación al cumplimiento de la ley. Su nombre también ha sido reconocido en informes de gestión como parte del Comité Seccional de Género Bogotá y Cundinamarca, donde se destacó por su aporte en el ámbito de la perspectiva de género en el manejo de casos judiciales. En un informe de gestión, se mencionó su participación en sentencias que evidencian un importante aumento en la postulación de causas con enfoque de género, lo que subraya su compromiso con la equidad y la justicia social”.

JUEZA 44 SANDRA LILIANA HEREDIA - Búsqueda Imágenes

EL ESTADO DEBE PROTEGER A JUAN GUILLERMO MONSALVE

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La grave agresión, con fines de intimidación, de la que fue víctima Juan Guillermo Monsalve, amerita una respuesta del Estado pues la vida del principal testigo contra el expresidente Uribe corre peligro. A pocas horas de comparecer en calidad de testigo clave en el juicio contra el exmandatario antioqueño por manipulación de testigos y fraude procesal, Monsalve fue atacado, al parecer por propios guardianes del INPEC. ¿Quién dio la orden? Esa pregunta vuelve a aparecer esta vez en un caso penal en el que está involucrado Uribe Vélez. El mismo interrogante medianamente sigue sin respuesta en relación con la práctica sistemática conocida como los falsos positivos. Dichas ejecuciones extrajudiciales ocurrieron entre el 2002 y el 2010.

El gobierno de Gustavo Petro está en la obligación moral y política de salvaguardar la vida de Monsalve. Con el ataque de hoy queda claro que el INPEC no brinda las garantías suficientes para conservar la vida del exparamilitar que, de acuerdo con lo trascendido a la prensa, conoce de las andanzas de Uribe en lo que tiene que ver con la creación de grupos paramilitares, razón por la que fue buscado por el aboganster Diego Cadena, abogado de Uribe, para que cambiara su versión y recibir beneficios judiciales.

El INPEC es una institución en cuyas prácticas y protocolos se naturalizó la corrupción, circunstancia institucional y cultural que facilita que los enemigos de Monsalve puedan asesinarlo a pesar de las “garantías” con las que cuenta hoy gracias a que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó de tiempo atrás hacer ingentes esfuerzos para proteger su vida.

Las unidades militares y de policía tampoco ofrecen las garantías de seguridad que requiere el testigo estrella contra el expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez. Por todo lo anterior, el Estado colombiano en su conjunto debe volcarse a proteger la vida de Juan Guillermo Monsalve. Y si a pesar de las órdenes emitidas por la CSJ Monsalve corre peligro, entonces el presidente Petro, en su calidad de jefe del Estado, está en la obligación moral y política de buscar otras maneras o caminos que garanticen que Monsalve pueda libremente y sin intimidaciones de ninguna índole asistir a las instalaciones de Paloquemao a declarar todo lo que sabe de Uribe y de los hechos que tienen al exmandatario en etapa de juicio en calidad de acusado por delitos graves (no políticos).

Y uno de esos caminos podría ser pedir apoyo de países amigos con representación diplomática en Colombia, con el fin de que faciliten una embajada para trasladar a Monsalve. No se necesita la petición de asilo. Por tratarse de un juicio que se libra bajo condiciones excepcionales, el Estado debe responder con medidas igualmente excepcionales. El Estado debe reconocer que no puede salvaguardar la vida y la integridad del testigo contra Uribe. Esa es una realidad política e institucional que serviría de argumento para realizar las gestiones diplomáticas de las que aquí hablo.

Así como el Estado le garantiza de tiempo atrás un nutrido esquema de seguridad al expresidente Uribe, de la misma manera debe hacerlo con Juan Guillermo Monsalve. En este caso la dignidad presidencial no puede ser el obstáculo para que el Estado cuide la vida de Monsalve. Por el bien de la justicia y el buen nombre del país, Colombia no puede permitir que otro testigo contra Uribe termine asesinado, suerte que ya corrieron por lo menos cinco declarantes en otros procesos que se le siguen al expresidente antioqueño. Como  máxima autoridad administrativa, el presidente Petro debe ordenar a la Cancillería para que haga las gestiones necesarias. Monsalve no puede ser asesinado. 

 La indignidad que por estos días acosa al expresidente Uribe por sus líos judiciales no puede terminar ensuciando aún más la imagen de la justicia en Colombia por cuenta de las presiones a los jueces, la compra de magistrados para que tuerzan sentencias; así como la incapacidad de la Fiscalía y la penetración de mafias de todo tipo en sus dinámicas internas. 

juan guillermo monsalve testigo contra Uribe - Búsqueda Imágenes

EL ELN, UN AGENTE MÁS DEL ESTABLECIMIENTO COLOMBIANO

Por Germán Ayala Osorio

 

Con los atentados terroristas ocurridos recientemente en norte de Santander sectores divergentes de la opinión aseguran que hay una connivencia o por lo menos una curiosa coincidencia entre la ocurrencia de esos execrables actos prepolíticos y el discurso de la seguridad democrática que desde el uribismo se agita antes y después de las arremetidas dinamiteras del ELN o de otros grupos ilegales. Lo que sugieren quienes hacen parte de esa bifurcación de la opinión pública es que “Uribe y el ELN trabajan juntos para que los segundos generen miedo en la población civil y el primero venda su seguridad democrática”.

Cierto o no, ese ya viejo señalamiento popular me hace pensar en la posibilidad de que al interior del Establecimiento colombiano hay actores interesados en construir la narrativa que indica que el “país va mal, que Petro les entregó el país a las guerrillas”. Con esa realidad social y política consolidada, la derecha vuelve a ofrecer la seguridad democrática, lo que supone proscribir el cambio de doctrina militar propuesto por Petro, para devolver al país a los tiempos de los generales troperos y chafarotes, amigos de violar los DDHH y vender la falsa sensación de estar ganando la guerra.  El ELN es el actor armado y político ideal para específicos agentes de poder del Establecimiento interesados en vender seguridad y beneficiarse del negocio de la guerra y de las economías ilegales que sabe muy bien administrar esa “guerrilla”. La presencia de Uribe al otro día de los atentados ocurridos en norte de Santander es la expresión clara de los “buenos servicios electorales y políticos” que el ELN le presta a la ultraderecha.

El Establecimiento colombiano es una maraña de intereses y actores de poder, legales e ilegales que no necesariamente están articulados y mucho menos operan de manera cohesionada, aunque en la ocurrencia de particulares hechos de violencia política pareciera que hubiese un trabajo coordinado. Su funcionamiento deviene atado a las formas regladas histórica y culturalmente permeadas por el ethos mafioso y las prácticas criminales asociadas que hacen inquebrantables a los actores de poder, privados y públicos, que confluyen en esa mentada categoría política, para muchos fantasmal y para otros tantos invisible, pero no por ello inexistente.

Cuando el presidente Petro dijo “que eran gobierno pero que no tenían el poder”, ese reconocimiento apuntaba hacia agentes de poder legal, más no legítimos, dispuestos a torpedear las reformas sociales propuestas en campaña. Con el banquero Sarmiento Angulo hay una tensión con la Casa de Nariño por cuenta de las decisiones de política económica y en particular con la reforma pensional asumidas por el magnate como lesivas para sus intereses financieros. Acostumbrado a poner presidentes de la República para “manosearlos” e indicarles qué hacer en materia económica, el viejo Sarmiento Angulo atinó a responderle en campaña a Petro que “Primero que todo, se respetan los derechos adquiridos. Aquí no se viene con el cuentico de que vamos a cambiar todo esto y vamos a expropiar a todo el mundo, no señor”.

Otros actores que representan muy bien al viejo Establecimiento colombiano son los partidos políticos Liberal y Conservador, colectividades que a pesar de sus crisis programáticas siguen siendo los instrumentos para que banqueros, conglomerados económicos, agentes de la vieja oligarquía bogotana, incluidos expresidentes y políticos con poder clientelar y contactos con mafias burocráticas incrustadas en el Estado se opongan a que el país transite hacia estadios de modernidad, lo que supone la construcción de una sociedad más leída y si se quiere más culta, el afianzamiento de la democracia, superando su condición formal y sus propias restricciones, pero sobre todo, la recuperación del Estado para que, como forma de dominación, asegure el bienestar colectivo y se consolide como el símbolo sobre el cual sea posible construir una nación de la que todos nos sintamos incluidos, reconocidos y orgullosos.

Las empresas mediáticas tradicionales que hoy hacen un periodismo bancarizado son otros agentes del Establecimiento colombiano. Los medios y sus periodistas vedettes juegan un doble papel: de un lado, informan sobre asuntos inmorales ancorados a la sempiterna corrupción. De esa manera le hacen pensar a las audiencias que su papel moralizante está desligado de cualquier presión ejercida por sus propietarios y por lo tanto, alejados del Establecimiento. Del otro lado, esa misma prensa hegemónica actúa como una especie polisombra que no deja ver los entramados legales e ilegales que de forma natural brotan de la operación de un Establecimiento mafioso y criminal. El zar del contrabando, Diego Marín Buitrago es el ejemplo más claro de cómo agentes legales e ilegales terminan trabajando unidos no solo para enriquecerse sino para mantener las condiciones institucionales, políticas, sociales y económicas que confirman a Colombia como un país mafioso, corrupto y violento, fruto de las inercias que genera el propio Establecimiento.

 

 

uribe llega a cucuta despues del atentado del ELN - Búsqueda Imágenes

JUICIO CONTRA URIBE: DILATAR Y DILATAR Y LAS ALTAS CORTES EN SILENCIO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Las sistemáticas acciones dilatorias presentadas por la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez evidencian la total incapacidad de sus abogados para controvertir el material probatorio que incrimina al exmandatario antioqueño en la comisión de los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos. En lugar de dedicarse a demostrar la inocencia de su defendido desvirtuando cada una de las pruebas en su contra y de esa manera lograr un triunfo político que reivindique la ya penosa imagen del expresidente Uribe, su equipo jurídico está buscando la preclusión de la acción penal.

Se suma a la insolvencia jurídica el desespero del popular acusado por librarse de una eventual condena logrando la preclusión el 8 de octubre del año en curso para poder asumir el control electoral y político de los agentes de la ultraderecha interesados en recuperar la Casa de Nari para la ultraderecha colombiana. De llegar ese caso, Uribe sumaría un proceso penal más a la extensa lista de causas judiciales que reposan en la Fiscalía y en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

En la audiencia del día de ayer el abogado Jaime Granados recusó a la jueza 44 Sandra Heredia por considerar que la operadora judicial violó derechos del procesado. La recusación del abogado defensor del expresidiario y expresidente de la República fue rechazada de manera taxativa tanto por la representante de la fiscalía general como por la propia juez. El juicio debía continuar hoy 11 de febrero, pero la audiencia debió cancelarse porque muy temprano Jaime Granados instauró una acción de tutela buscando la protección de los derechos fundamentales presuntamente conculcados por la jueza Heredia. Además, a dicha diligencia no se presentaron el acusado ni sus abogados lo que claramente constituye un saboteo a la autoridad de la jueza 44. Hacia las 5 de la tarde el Tribunal Superior de Bogotá, receptor de la tutela de Jaime Granados, tomó la decisión de suspender el juicio hasta tanto no se resuelva la acción de tutela. Con esa decisión del tribunal, la preclusión de la acción penal está cada más cerca. 

Reconocidos juristas desestimaron la validez jurídica de la recusación y asumieron el uso del derecho de amparo como otra acción dilatoria de la defensa del expresidiario ante la actitud decidida de la jueza por darle celeridad al juicio. Otros consideran que la tutela interpuesta por el equipo defensor del expresidente fundador del Centro Democrático no interrumpe las diligencias porque la recusación ya se había negado. En consecuencia, sostienen que Sandra Heredia podría tomar medidas sancionatorias contra Uribe y sus abogados por la actitud de desacato a su decisión judicial.

Más allá de los tecnicismos en los que suelen moverse los abogados y el derecho mismo, lo cierto es que el expresidente Uribe Vélez viene de tiempo atrás mofándose de la justicia a través de las acciones dilatorias que terminan por consolidar la imagen contraria al político frentero que el propio Uribe supo venderle a los colombianos. Es decir, Uribe ya quedó expuesto a que millones de colombianos incluyan en la ya larga lista de epítetos con los que lo fustigan a donde quiera que vaya, el calificativo de cobarde. Recordemos que en varias plazas públicas le gritan “paraco, asesino, genocida, matarife, carnicero y criminal”.

Queda claro que detrás de las dilaciones y el sabotaje en contra de la jueza 44 hay una clara intención de deslegitimarla como juez de la República, lo que debería de concitar el apoyo de las altas Cortes del país, en particular de la Corte Suprema de Justicia, corporación que en su momento procesó a Uribe cuando este ostentaba la condición de congresista. El silencio atronador de los magistrados y magistradas de la Corte Constitucional, Consejo de Estado, CSJ y Consejo Superior de la Judicatura frente a las acciones retadoras, dilatorias, irrespetuosas y provocadoras de la defensa del expresidente Uribe parece confirmar la versión que señala que el exmandatario antioqueño tiene “amigos y/o simpatizantes” dentro de esas instancias de poder judicial. Es evidente que están dejando sola a la jueza 44 contra un agente político que se siente intocable y que cuenta con el respaldo de los medios comunicación hegemónicos que vienen ambientando una presunta politización del juicio contra el expresidente. La FM de RCN, por ejemplo, es el medio uribizado que asumió la tarea de defender a Uribe  descalificando las actuaciones de la jueza Sandra Heredia. Es posible que estemos pasando de la frase “Si tienen problemas, llamen al Cucho”, a la sentencia “Si quieren dilatar un proceso penal, llamen al mismo Cucho”.

Adenda: vergonzosa la actitud asumida por el representante del Ministerio Público en el juicio contra el famoso expresidiario. Actúa más con defensor de oficio de Uribe, que como garante de sus derechos. Supongo que está siguiendo instrucciones de la exprocuradora Cabello Blanco, con la anuencia del procurador Gregorio Eljach. 

uribe sentado en el banquillo de los acusados - Búsqueda Imágenes

IVÁN DUQUE Y EL PLAN PARA ASESINAR A NICOLÁS MADURO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Que el ex boina verde Jordan Goudreau diga que el entonces presidente de Colombia Iván Duque Márquez y el expresidente Uribe Vélez acompañaron la idea de una incursión militar en Venezuela para asesinar a Nicolás Maduro Moros constituye un hecho noticioso que debería ocupar la atención de toda la prensa colombiana. A pesar de que fue La W el programa radial que entrevistó al mercenario, el hecho noticioso no ha sido recogido como se esperaría que lo hicieran las otras empresas mediáticas, para convertirlo en un escándalo político de gran envergadura.

El legionario Goudreau, de origen canadiense, dijo a La W que les informaron que “Iván Duque nos iba a dar campos para entrenar, paso seguro en la frontera entre Colombia y Venezuela y poder traer a Colombia lo que necesitáramos, pero tenían una contingencia que era atacar al ELN. Había mucha gente en esa reunión. Hubo otra persona que salió a relucir y fue Uribe, él tenía representantes como Lester Toledo, que decía que se había reunido con Duque y Uribe. El señor Lester Toledo tenía el teléfono en altavoz, escuché la voz de Duque, esas presentaciones se hicieron, querían que nos reuniéramos, pero no me gusta reunirme con presidentes”. En su misma versión el mercenario señaló que detrás de la organización del operativo estuvo Juan Guaidó, presidente “interino” de Venezuela.

Más allá de los dimes y diretes que puedan sobrevenir si es que los propietarios de los medios masivos colombianos no se deciden a dar la directriz a sus periodistas de olvidarse de lo dicho por Goudreau, hay un asunto de fondo que no se puede dejar de señalar: durante los ocho años de Uribe y la aplicación a rajatabla de su temida política de seguridad democrática se consolidó un régimen criminal por la probada paramilitarización de varias instituciones estatales, como el Congreso de la época, guarniciones militares y el entonces DAS, cooptado por las AUC y usado por Uribe Vélez como su policía política para perseguir periodistas, enemigos y críticos de su gobierno.

Bajo esas circunstancias contextuales, y si lo dicho por el mercenario en mención es cierto, la llegada de Iván Duque Márquez a la Casa de Nariño en calidad de monigote de Uribe no solo sirvió para criminalizar la protesta social en el marco del estallido social, sino para que Colombia se consolidara como un Estado asesino y gansteril, capaz de participar de operaciones militares-sicariales para ultimar al presidente de Venezuela. Ya exportamos sicarios-mercenarios que se fueron a la guerra entre Ucrania y Rusia, mientras que otros participaron del operativo internacional que terminó con el asesinato del presidente de Haití Jovenel Moïse. Así las cosas, por cuenta del uribismo se estaría echando a la basura la tradición democrática y respetuosa del Estado colombiano de los asuntos internos de otras naciones.

Ya el país reconoce que efectivamente Iván Duque Márquez fue el títere de Uribe. Ahora, si lo dicho por el legionario resulta verídico, quedaría claro que como consecuencia de esa relación de dominación que ejerció el expresidente antioqueño sobre el “gordo marica”, como lo llamó María Fernanda Cabal, Duque será recordado como el jefe en la sombra de los mercenarios que estuvieron a punto de asesinar al presidente venezolano. Grave y espeluznante.

Adenda: algo puede haber detrás de la revelación que La FM permitió. ¿Le quieren cobrar algo a Duque? ¿Se trata de una acción propia del fuego amigo?

La foto con la que exboina verde vincula a Iván Duque con operación contra régimen en Venezuela

CRISIS HUMANITARIA, CIVILIZATORIA Y DE ORDEN PÚBLICO EN EL CATATUMBO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La crisis humanitaria y de orden público que explotó en el Catatumbo está íntimamente asociada al sempiterno centralismo bogotano que genera una presencia diferenciada del Estado en territorios periféricos y fronterizos alejados de los más importantes centros urbanos de poder: Cali, Medellín, Barranquilla y Bogotá.

Adicional a esa histórica circunstancia en la que viene operando el Estado colombiano se suman decisiones políticas como aquellas que confluyeron en la apuesta del uribismo de “hacer trizas ese maldito papel que llaman el Acuerdo final” y por supuesto en el sostenido proceso de lumpenización del ELN y las disidencias convertidas en estructuras narco armadas y sicariales  que operan gracias a las finas relaciones con agentes de poder legal que se lucran de los negocios de la guerra y la producción de cocaína. Dichos agentes están en Bogotá y suelen fungir como “salvadores”  y portadores de las soluciones a los problemas estructurales evidenciados en la zona del Catatumbo.

Aunque los “territorios nacionales” ya no existen como realidad político-administrativa desde la Constitución del 91, el abandono y el desprecio siguen siendo principios rectores en la operación estatal en aquellos 9 departamentos y extendido a otros como el Cauca, la zona del Catatumbo y en general en las jurisdicciones de Santander y Norte de Santander. El manejo infantil y estúpido que Iván Duque le dio a la crisis fronteriza con Venezuela es un antecedente irrefutable y un factor que debe tenerse en cuenta a la hora de explicar la realidad que hoy cubren de manera tendenciosa y amarillista los medios hegemónicos en su afán de responsabilizar al actual gobierno de esa crisis en el Catatumbo; “agravada”, según esos mismos estafetas del Establecimiento por el viaje a Haití del presidente Petro.

Así las cosas, los hechos violentos protagonizados por esas estructuras mafiosas y armadas en el Catatumbo es la constatación del fracaso del Estado como forma de dominación y estructura legítima de poder. Tiene razón el presidente Petro al decir que esa crisis humanitaria y de seguridad es la representación del fracaso de la Nación. Se trata de “soberanías en vilo y en disputa” como lo planteó María Teresa Uribe.

Igualmente, la lamentable situación en el referido territorio obedece a que el uribismo en sus 20 años al frente del Estado jamás se interesó en consolidar una visión de Estado más allá de la relación moral amigo-enemigo que naturalizó Uribe Vélez y que sirvió de guía moral a Santos y Duque que le dieron continuidad en sus gobiernos. De allí que los elenos y otras estructuras criminales igualmente lumpenizadas vienen debilitando la legitimidad social del Estado (local, regional y nacional) a partir de la conquista, el respeto y la sumisión de comunidades rurales y semiurbanas que jamás tuvieron al Estado como una forma decente de poder y orden.

Quizás por tratarse de una respuesta coyuntural la declaratoria de la Conmoción Interior no pueda arrebatarle por completo la forzosa legitimidad ganada por los ilegales, pero si podría dejar las bases ético-políticas para que esa parte de la sociedad colombiana entienda que los problemas de orden público que hoy padecen están atados a unos procesos civilizatorios que devienen truncos y debilitados. Cada ciudadano y ciudadana de esa turbulenta zona está en la obligación de reflexionar, más allá de las amenazas de sus victimarios, incluyendo al propio Estado, qué responsabilidades deberán asumir como colectivo en lo que hoy es una incontrastable crisis civilizatoria.

El Catatumbo En Colombia - Búsqueda Imágenes

LAS CUCHAS Y LOS CUCHOS EN LA COLOMBIA MACHISTA

 

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La actitud negacionista, fascista y retardataria del alcalde de Medellín frente al mural “Las cuchas tenían razón” deviene atado al sistema cultural en el que se ancla el poder masculino.

El vocablo “cucha” está territorialmente amarrado a las comunas más pobres de Medellín y Cali para nombrar dos urbes que comparten el uso cotidiano de dicha palabra porque deviene atada a la vida de cientos de jóvenes que sueñan con tener la oportunidad de “comprarle una casita a la cucha”.

Por el contrario, las lecturas clasistas y feministas consideran que la palabra “cucha” es despectiva por cuanto deviene asociada al desprecio de las mujeres cuando envejecen. Ante la “dictadura de la juventud” impuesta por la moda, las firmas de maquillaje y en general la publicidad sexista, llegar a “cucha” resulta ser una situación indeseable y para muchos casi que un “crimen estético”.

Baste con recordar lo dicho por Margarita Rosa de Francisco para entender lo duro que puede resultar para las mujeres envejecer en un país machista como Colombia. “El espectáculo de mi propio envejecimiento es algo que no me quiero perder, no quiero ponerme más botox ni rellenos. Estoy curiosa de ver cómo es el proceso de mi envejecimiento. Antes, cuando tenía antes como 40 y pico, sí me alcanzó a dar esa crisis de vejez y me puse relleno en los labios y botox en todas partes".

El machismo hace posible pensar en que las únicas que se “arrugan” y se ponen “feas” son las mujeres. Baste con recordar la idea que hizo carrera en el país y quizás en el mundo occidental que señala que “los hombres canosos” se ven “interesantes”, mientras que una mujer con el cabello pintado de gris expresa “descuido” y un estado de “abandono” socialmente mal visto. De allí que en relación con los hombres “maduros o viejos”, la palabra “cucho” no tiene el poder de recordación y mucho menos produce los daños psicosociales que genera el uso despectivo del vocablo “cucha” en los estratos medios y altos.

Gracias a la polémica desatada en Medellín, el término “cucha” termina reivindicando a las madres que desde hace 30 años vienen diciendo y gritando que allá en La Escombrera pueden estar sus hijos enterrados. Lo llamativo es que los responsables de lo ocurrido en la Comuna 13 son hoy “cuchos” que exhiben “razones” institucionales soportadas y derivadas del Estado paramilitar que se consolidó entre 2002 y 2010. Así entonces, la razón que el mural les reconoce a las “cuchas” colisiona ética y moralmente con las “razones de Estado” que siempre izaron aquellos machitos que entraron a la Comuna 13 de Medellín echando bala a diestra y siniestra no tanto para recuperar el territorio, sino para consolidar el machismo como sistema cultural.

El alcalde Federico Gutiérrez es un claro exponente de ese sistema cultural fundado en el poder los machos violentos, aquellos capaces de “dar en la cara marica” y de desaparecer jóvenes cuyas vidas despreciaron porque eran pobres. En Colombia hay cientos de miles de “cuchas” que siempre tuvieron la razón y “cuchos” que tuvieron el poder suficiente para burlarse de ellas y hasta de tratarlas como “viejas” locas. Colombia siempre fue manejada por machos cabríos que siguen creyeron que tienen la razón en todo lo que hacen, piensan y deciden. Varios de los agentes del establecimiento colombiano hoy son “cuchos” violentos que no se cansan de defender la causa paramilitar, responsable de los falsos positivos y de las víctimas enterradas en La Escombrera.

mural las cuchas tenían razon - Búsqueda Imágenes

URIBE VÉLEZ VICEPRESIDENTE: LA DESESPERADA PROPUESTA DE LA DERECHA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Es tal el desespero de la derecha uribizada por recuperar la Casa de Nari que el abogado Abelardo de la Espriella propuso recientemente que el expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez sea la fórmula vicepresidencial del candidato que el mismo exmandatario escoja como candidato presidencial. Es decir, se superaría la negativa y grotesca experiencia vivida con Iván Duque, quien fungió como el títere de Uribe. Al abandonar el rol de titiritero, el político antioqueño gobernaría de manera directa ostentando la inservible figura vicepresidencial.

La propuesta sale de la desesperación de la derecha colombiana ante los pobres perfiles de posibles candidatos presidenciales de cara a las elecciones de 2026. Los nombres de María Fernanda Cabal, Germán Vargas Lleras,  Elsa Noguera, Sergio Fajardo, Juan Daniel Oviedo, Claudia López, Vicky Dávila de Gnecco y Miguel Uribe no logran convencer a una fanaticada y mucho menos a los más poderosos miembros del “viejo” régimen que temen que el progresismo pueda volver a ganar la presidencia de la República.

En su cuenta de X el abogado uribista dijo que “la clave para ganar en 2026, si es que hay elecciones libres, o para no perder, como bien dice el presidente Uribe, es incluirlo como vicepresidente. Esa posibilidad es jurídicamente viable y, más importante aún, estratégica”.

Es apenas evidente que la intención de una eventual vicepresidencia de Uribe es burlarse de la medida constitucional consagrada en el acto legislativo 02 de 2015 que prohíbe su regreso. Cualquier candidato o candidata a la presidencia que lleve como fórmula vicepresidencial al avezado político estaría sometido a su liderazgo y al carácter dominante e irrespetuoso del expresidente. Si María Fernanda Cabal es escogida por Uribe como la candidata presidencial del CD, su fórmula vicepresidencial no saldría de una elección libre de parte de la ungida. Por el contrario, se entendería como el segundo acto de sumisión a los designios de su mentor. Pasaría lo mismo si el elegido fuese Miguel Uribe Turbay y cualquier otro político que se preste para lo que sería la más grande burla a la institucionalidad presidencial.

Un eventual triunfo electoral en el 2026 de una fórmula Cabal-Uribe o Uribe Turbay-Uribe se asumiría internacionalmente como una broma jurídico-política de gran calado, lo que despertaría todo tipo de especulaciones y preocupaciones por los riesgos que representaría el regreso de la política de seguridad democrática y la mano dura aplicada por Uribe durante sus ocho aciagos años como presidente de la República. Los organismos internacionales y nacionales de derechos humanos levantarían sus voces para exponer los peligros que correrían defensores de los DDHH y del ambiente bajo un gobierno en el que mandaría el vicepresidente sin la necesidad de la ausencia del presidente constitucionalmente elegido.

Por lo anterior, la Corte Constitucional debería de ir preparando un borrador de fallo frente a lo que sin duda alguna constituiría una guaza jurídica y política a la prohibición constitucional que le impide a Uribe volver a ser presidente de la República. Hay elementos subjetivos que aportan a la construcción jurídica de lo que sería un nuevo fallo de la Corte Constitucional que frenaría la intención de Uribe Vélez de volver a gobernar y completar los tres periodos a los que aspiró después de haber comprado en el Congreso su reelección inmediata (Yidis política). La ponencia del entonces magistrado Humberto Sierra Porto le puso freno a esa pretensión de gobernar durante 12 años.

En caso de que la CC no prepare el borrador de fallo que aquí se sugiere y ante los efectos ético-políticos y los riesgos sociales que vienen atados a ese eventual escenario, solo queda que la jueza que lleva el caso en contra de Uribe por fraude procesal y manipulación de testigos lo declare culpable. De esa manera, se impediría el regreso del exmandatario a la Casa de Nari. En la Carta Política, artículo 197, se lee que “no podrá ser elegido Presidente de la República o Vicepresidente quien hubiere incurrido en alguna de las causales de inhabilidad consagradas en los numerales 1, 4 y 7 del artículo 179: 1. Quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos. 4. Quienes hayan perdido la investidura de congresista”.

Imagen tomada de ABELARDO DE LA ESPRIELLA Y UIRIBE - Búsqueda Imágenes

LAS CUCHAS TIENEN RAZÓN

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Ahora que el mito de La Escombrera se desvanece ante la aparición de cinco cuerpos, empiezan los ejercicios de memoria histórica en manos de artistas urbanos que le gritan al país y en particular al uribismo paisa que “Las cuchas tienen razón”. Las “cuchas” son las madres que llevan por lo menos 20 años insistiendo en que bajo el gobierno de Uribe y con la Operación Orión, entre otras operaciones, cobró vida esa fosa común de la que gracias a la JEP ya se han inhumado cinco cadáveres. Aunque falta precisar si los restos óseos pertenecen a personas desaparecidas durante la ejecución de esa pérfida operación militar y paramilitar en La Comuna 13, lo cierto es que se trata de ejecuciones extrajudiciales.

El mural con la frase “Las cuchas tienen razón” duró apenas 12 horas en las paredes del puente del Mico, en la Medellín que le rinde tributo a la imagen de Pablo Escobar, el sanguinario criminal que goza de admiración local, nacional e internacional. El mural del narco asesino es la constatación de la doble moral que parece guiar la vida privada y pública de las autoridades locales y de cientos de paisas que se sienten orgullosos de vivir en la tierra que vio nacer al criminal de marras.

Borrar con pintura gris el grito de justicia de las madres de las víctimas que fueron enterradas en La Escombrera confirma que dentro de la alcaldía de Federico Gutiérrez hay metido ese espíritu fascista que se opone a las narrativas populares que se atreven a confrontar el poder hegemónico de una derecha que entre 2002 y 2010 se acostumbró a violar los DDHH, a despreciar la vida de los diferentes, a perseguir al pensamiento divergente; y a violentar a todos los que se opusieran al pensamiento único promovido bajo el relato del unanimismo ideológico que vino de la “mano firme” de la seguridad democrática. Aquello del “corazón grande” fue una gran mentira o quizás un mito.

Oponerse a ese tipo de expresiones artísticas y a los reclamos de justicia envilece la función pública y deslegitima a las autoridades que dieron y ejecutaron la orden de borrar el reclamo de las “cuchas”. A esos “defensores” del ornato que les molesta que con la complicidad de los muros se pongan en evidencia las aberraciones del régimen criminal que operó en el país durante los ocho aciagos años de Uribe, hay que educarlos para vivir en democracia.

Estoy seguro de que en ese mismo puente o en otro, la voz de las “cuchas” se volverá a escuchar en forma de grafitis o murales. Los ejercicios de memoria histórica no se podrán detener jamás. Podrán pintar de gris una y otra vez el dolor de las víctimas de un Estado criminal, pero jamás podrán dormir tranquilos aquellos agentes que desde frías oficinas dieron la orden de eliminar a los hijos de las “cuchas”.

Esos defensores de oficio y guardianes de las políticas de represión como la seguridad democrática jamás podrán conciliar el sueño en sus pulgosas cuchas (casa del perro, en Argentina). Su condición de "perros rabiosos" no asusta a esas madres que buscan a sus hijos y mucho menos a los artistas urbanos que optaron por recoger su dolor, rabia y desesperanza. 

Imagen  tomada de El Espectador. 

HACIA UNA CARACTERIZACIÓN DE LOS SEGUIDORES DE URIBE VÉLEZ

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La más reciente presentación pública del expresidente Álvaro Uribe Vélez en Cúcuta, en la que pidió la intervención militar internacional contra Venezuela, resultó en un rotundo fracaso político a juzgar por la poca presencia de seguidores. Más bien había curiosos y unos cuantos migrantes venezolanos que apoyan cualquier medida con tal de sacar a Maduro del Palacio de Miraflores.

A pesar del deterioro de la imagen del político antioqueño, no se puede negar que aún existen colombianos que lo siguen, admiran y estarían dispuestos a volver a votar por quien les indique su admirado expresidiario. Por lo anterior, puede resultar interesante el ejercicio de caracterizar a quienes apoyan las ideas que promueve el “rufián de esquina” como lo llamó Juan Manuel Santos Calderón.

En un primer grupo de obsecuentes seguidores y admiradores del Gran Patrón habría que reconocer a los politicastros que siempre saben sacar provecho de un gobierno de derecha apoyado por Uribe a través de contratos, volteo de tierras y acciones conducentes a privatizar servicios estratégicos que deberían estar en manos del Estado. Bajos esas circunstancias, mientras viva el expresidente, siempre contará con el apoyo de aquellos políticos, congresistas, empresarios y candidatos presidenciales cuyas vidas están guiadas por el ethos mafioso, esto es, amigos de la corrupción, la politiquería, el clientelismo y las marrullas al interior del Congreso y en la operación de las entidades públicas. A ese primer grupo lo llamaré Agentes del Ethos Mafioso.

Luego aparece un grupo de ciudadanos del común que jamás revisaron las actuaciones de Uribe Vélez durante su paso por la alcaldía de Medellín y su abrupta salida.  En lo que toca a su paso por la alcaldía de la capital de Antioquia, en internet se lee que “…recientemente han circulado otras versiones que señalan que Uribe no renunció, sino que salió del cargo por orden del entonces presidente Belisario Betancur. Según esta versión, contenida en la biografía oficial del exgobernador Villegas, el presidente Betancur pidió su salida del gobierno porque tenía información confiable sobre vínculos de Uribe con el narcotráfico”. Y mucho menos les interesó saber de las decisiones que tomó cuando fue director de la Aerocivil y las adoptadas cuando fungió como gobernador de Antioquia. Se trata de colombianos que nunca se leyeron uno de los tantos libros e informes periodísticos que dan cuenta de las andanzas de Uribe Vélez. A ese grupo lo llamaré Ignorantes Funcionales.

Como líder conservador y promotor de ideas premodernas, Uribe es un referente para la Colombia goda, rezandera, pendenciera, pueblerina, poco leída y de doble moral. En lo que toca a sus ideas neoliberales que siempre conducen a la privatización del Estado, esa misma godarria apoya todas las decisiones que en materia económica adoptó entre 2002 y 2010, que son las mismas que promoverá en el 2026. A ese grupo lo llamo Agentes de la Doble Moral.

Y finalmente, aparece el grupo de compatriotas a los que les encantan los “machos” como Uribe. Esto es, aquellos capaces de irse a las manos, que gritan y vociferan, que son capaces de “dar en la cara marica” y todo lo quieren resolver a las malas; se trata de machitos con espíritu de matones que les gusta andar armados y admiran a los líderes de los carteles de la droga. Son domadores de bestias con excesos de testosterona que se quedaron atados a la masculinidad que promovía la Phillip Morris con su comercial el Hombre Marlboro. También caben en este selecto grupo aquellos que sienten una pasión desbordada por las armas, la guerra y una tendencia a violar los derechos humanos en nombre de la seguridad y la defensa de la Patria y la democracia. Por supuesto, odian a todo lo que huela a izquierda, a defensores de DDHH y de la naturaleza; desprecian la vida de mechudos, grafiteros y gente con tatuajes. A este grupo los llamo Paramachitos de Cajetilla.

Si usted admira a Uribe, lo sigue y cree aún en la mentira que construyeron los medios alrededor de que es o fue el Gran Colombiano, entonces revise muy bien a cuál de estos grupos pertenece para que siga haciendo parte de eso que se conoce como el uribismo.

Nota aclaratoria: puede sentirse incluido en varios grupos.

 

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URIBE, LA ESCOMBRERA Y EL NUEVO FANTASMA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Los hallazgos óseos en La Escombrera, de la Comuna 13 de Medellín motivaron la reacción del expresidente Álvaro Uribe Vélez y la atención de los medios y los periodistas afectos a la causa uribista que asumen lo dicho por el exsenador como una verdad inobjetable. Esto dijo el político antioqueño sobre la Operación Orión, responsable de las personas asesinadas que fueron inhumadas en ese botadero de escombros.   “No fue una operación en la que entrara el Ejército a arrasar; fue con todas las instituciones, la Policía, la Alcaldía de Medellín, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, el CTI y la Fiscalía. Hubo la vigilancia de organismos de derechos humanos”.

En la explicación del expresidente y expresidiario aparece sin lugar a duda la violencia legítima del Estado, una especie de valor moral con el que se asumió la seguridad en el país durante sus ocho aciagos años de la mano de la peligrosa política de defensa y seguridad democrática. En el texto La política como vocación, de Max Weber se lee: “Estado es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio (el “territorio” es elemento distintivo), reclama (con éxito) para sí el monopolio de la violencia física legítima. Lo específico de nuestro tiempo es que a todas las demás asociaciones e individuos sólo se les concede el derecho a la violencia física en la medida en que el Estado lo permite. El Estado es la única fuente del “derecho” a la violencia.”

No se discute en esta columna la validez del axioma de Weber, sino lo que implicó para el país su aplicación de la mano del control que ya los paramilitares ejercían en varias instituciones del Estado.

Los jefes del Estado tienen la potestad de hacer con esa forma de dominación y estructura de poder lo que les inspire. Y de acuerdo con la Comisión de la Verdad, la JEP y otras entidades, incluidas defensoras de los derechos humanos, el Estado colombiano operó, entre el 2002 y el 2010, bajo la influencia paramilitar y el deseo de estigmatizar, someter, perseguir y desaparecer a todo lo que oliera a izquierda. Los 6402 falsos positivos, más los cuerpos de las víctimas de la Operación Orión y los asesinatos de varios académicos, entre ellos Alfredo Correa de Andreis y la persecución contra defensores del ambiente, los derechos humanos y periodistas, confirman que en ese aciago periodo de gobierno, el Estado en su conjunto actuó conducido por dos espíritus: el que se desprende del axioma de Weber y el que inspiraba a los paramilitares que actuaron como agentes estatales.

Frente a la explicación de Uribe Vélez hay que decir que el acompañamiento de todas las autoridades que él señaló jamás fue garantía de que en la Operación Orión no se violaran los derechos humanos por una razón fundamental: la institucionalidad derivada de esas entidades y en particular la que procedía del apoyo electoral que recibió Uribe de los paramilitares y la evidente captura del DAS estaba contaminada del espíritu criminal que inspiró a los grupos de autodefensa en el país. Los restos que están apareciendo en La Escombrera constatan que efectivamente ese acompañamiento institucional no fue efectivo a la hora de respetar los derechos humanos. Frente a la Operación Orión, la Comisión de la Verdad dijo que “fue emblemática por las modalidades de violencia que desplegó (capturas arbitrarias, detenciones selectivas y posteriormente desapariciones), por las series denuncias sobre la actuación irregular de agentes del Estado (además de fuerza pública, DAS y Fiscalía) y por la participación de grupos paramilitares”.

Entre tanto, el presidente Petro señaló que “la Fiscalía, el CTI y el DAS estaban en manos de los paramilitares y actuaron en asocio con otros cabecillas y delincuentes. Los paramilitares de Don Berna se quedaron con el territorio y desaparecieron a más de 500 personas…”.

Las explicaciones dadas por el expresidente y expresidiario hoy 27 de diciembre de 2024 no se dan porque lo atormenten los hechos acaecidos en la Comuna 13 de Medellín y mucho menos para asumir responsabilidad política alguna por haber autorizado dicha operación. No. De manera ladina, el 1087985 (número que le otorgó el INPEC cuando estuvo preso) aprovechó la rueda de prensa para darle vida oficial al nuevo enemigo de Colombia y caballito de batalla electoral: el Petro-Santismo.

El uribismo cada cierto tiempo crea enemigos políticos para explotar electoralmente el miedo generado en los colombianos. Hace unos años atrás nos asustaron con el cuento de que nos “volveríamos como Venezuela” con la llegada del “castrochavismo” y el “comunismo” si Gustavo Petro llegaba a la Casa de Nariño. Como esos fantasmas ya no asustan, Uribe necesita crear y vender otro duende o espíritu maligno. Y ese temido espectro es el Petro-santismo que ya se apoderó de la JEP. Así las cosas, cualquiera que sea su nuevo títere o muñeca, ella o él estará obligado a confirmar que efectivamente el Petro-santismo es un riesgo para el país y por esa razón lo primero que hará si resulta electo o electa es acabar con la JEP, lugar en el que se oculta el temido duende.

SERGIO FAJARDO: EL CANDIDATO PRESIDENCIAL DE NOTICIAS CARACOL E INVAMER

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Noticias Caracol y Blu radio asumieron dos tareas políticas complementarias: la primera, recuperar del cuarto de San Alejo a Sergio Fajardo Valderrama, sacudirlo e investirlo nuevamente de candidato presidencial; y la segunda, aportar a la consolidación del siempre fantasmal centro político.

Como actor político en oposición al gobierno de Petro, dicho noticiero privado cree que es posible, a punta de encuestas hechas por Invamer y entrevistas radiales y televisivas al candidato antioqueño, proponerle al país una “tercera vía” para hacerle el quite o superar la violenta crispación ideológica que hay entre izquierda y derecha, o mejor, entre el petrismo y el uribismo. Eso sí, esa apuesta la harán en medio de la inexistencia de un centro de pensamiento que explique muy bien qué es eso del centro en un país históricamente gobernado por una derecha mafiosa, neoliberal y retardataria frente a la que los candidatos que se autoproclaman de centro guardaron silencio cómplice o exhibieron simpatías en específicas coyunturas, como por ejemplo, durante la aplicación a raja tabla de la política de defensa y seguridad democrática que dio como resultado el asesinato de 6402 jóvenes presentados engañosamente por el Ejército como guerrilleros muertos en combate.

Después de 20 años de uribismo y cuatro de progresismo, Fajardo cree que llegó el tiempo de gobernar a la centroderecha o quizás a esa derecha de las “buenas maneras”, pero que en el fondo defiende los mismos intereses y apelaría a las mismas prácticas económicas, políticas y sociales con las que se identifica al uribismo y en general a la derecha neoliberal.

Es decir, un eventual gobierno de Sergio Fajardo le apostaría a marchitar los avances y proyectos que el gobierno de Petro haya dejado: parar la incipiente reforma agraria y si es posible reversar la entrega de predios en los que están comprometidos políticos y parapolíticos afectos a la “causa” fajardista. Detener el proceso de recuperación del campesinado y de las actividades agropecuarias que vienen creciendo a un ritmo del 10%. Volver a entregarle la SAE a los amigos de la derecha y del medroso centro y tratar de echar para atrás los avances en materia de salud, en particular en los controles a los dineros girados a las EPS. Los avances en la movilidad férrea no gustan mucho en los sectores de la derecha que dominan el transporte de carga en tractomulas y el de pasajeros en buses. Muy seguramente ese sector termine marchitándose en un eventual gobierno de Sergio Fajardo.

El país no puede olvidar que su desprecio por las ideas progresistas, llevaron a Fajardo a apoyar la campaña de Rodolfo Hernández a sabiendas de su proceso penal por corrupción, de su patanería y su condición de putero. 

Fajardo Valderrama arrastra el haber simpatizado y apoyado las maneras de gobernar y de operar el Estado durante los tenebrosos 20 años de uribismo. De igual manera, su imagen está atada a los intereses del GEA y a los de un empresariado que le apostó a la concentración de la riqueza y de la tierra en pocas manos, lo que produjo en 20 años de uribismo y 30 de neoliberalismo el crecimiento sostenido de la pobreza y la informalidad laboral. Ese mismo empresariado que niega la crisis climática y sus efectos económicos, ecológicos y socioambientales apoyaría a Fajardo en su nueva aventura electoral, porque saben que encuentran en él a un político de “buenas maneras”, tibio, obsecuente y alejado de las ideas progresistas. No es gratuito que cientos de miles de ciudadanos digan que es un “uribista enclosetado”, incapaz de tomar distancia del expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez. La tibieza que se le endilga al exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín está atada al miedo que le produce Uribe Vélez y quizás a un hecho político sobre el que Fajardo aún debe darle explicaciones al país: la conocida “donBernabilidad”.

En el portal La Silla Vacía se lee lo siguiente: “la historia de la ‘donbernabilidad’ se remonta a la segunda mitad de los años 90 cuando la Oficina de Envigado controlaba las bandas delincuenciales de Medellín a través de una oficina de cobro. Cuando Sergio Fajardo llega a la alcaldía de Medellín en 2004, encuentra este poder que ya ejercía la oficina de Envigado en las comunas. Fajardo no auspició nada, pero tampoco se le opuso y sí le sacó provecho a los resultados con eso de ‘Del miedo a la esperanza’”, dice Fernando Quijano.

Cansados de la polarización entre petristas y uribistas, los propietarios de Noticias Caracol le van a apostar duro, política, económica y mediáticamente, a recuperar a una figura como Sergio Fajardo que bien puede parecerse a Iván Duque Márquez. Fajardo sería el mandadero de los empresarios neoliberales que a pesar de ser cercanos a Uribe Vélez y de agradecerle por los buenos servicios prestados a la causa neoliberal durante 20 años, entienden que su mala imagen y el juicio que enfrentará a partir de 2025 son suficientes razones para apostarle a crear, únicamente para la coyuntura electoral de 2026, un centro político, así a los pocos meses el país descubra que se trata de una mera fachada de la derecha rentista y neoliberal de siempre.

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NO DEJES DE MIRARME: PELÍCULA Y ESPEJO PARA COLOMBIA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

No dejes de mirarme es una película en la que confluyen de manera acertada elementos como la supremacía étnica en los tiempos del nazismo alemán y la pintura como “arma” política e ideológica capaz de develar secretos de las prácticas propias de la biopolítica con las que Hitler y sus agentes médicos pretendieron mantener la “pureza aria”. De igual manera, el lienzo y los bocetos tienen la facultad de provocar epifanías como la que le permitió al joven Kurt Barnert reencontrarse con su pasado y con su tía víctima del sistema disciplinar que se abría camino con el hospital psiquiátrico para todos aquellos que no “encajaran” en la “ejemplar” sociedad alemana.  

El Dr. Seeband, médico nazi sobre quien pesan abortos y asesinatos de ciudadanos considerados como “inservibles”, está atado a la niñez del joven pintor que sirvió a los intereses socialistas de la Alemania democrática, para luego huir y disfrutar del reconocimiento social y económico propio del capitalismo. Al hacer uso de esa tecnología del poder y al estar convencido de la necesidad de conservar la pureza de su sangre aria, el reconocido ginecólogo le provoca un legrado a su propia hija, que esperaba un hijo de Kurt, pintor visto como “impuro” y por lo tanto fuente de vergüenza para la familia.

El filme en mención es una hermosa e inquietante pieza audiovisual que bien puede servir para explicar esos viajes de superioridad moral y étnica en la que se embarcaron los alemanes que creyeron a pie juntillas en el proyecto universal-civilizatorio que emprendió Adolf Hitler a partir de los años 30 del siglo XX; viajes de superioridad moral vigentes hoy en el mundo y en esta Colombia mestiza, negra, campesina e indígena, que hacen pensar en la permanencia de una de las tantas taras civilizatorias de la sociedad humana, de la aviesa condición humana y en particular de la colombiana que se avergüenza de su mestizaje.

Así como los nazis apelaron a la biopolítica para convertir la vida en asuntos de gobierno (Esposito, R. 2005), agentes de la élite colombiana y otros que de manera advenediza se sumaron al rechazo a esa mezcla de sangre indígena, negra y española de la que venimos, siguen usando el lenguaje como arma con la que sucesivos gobiernos subvaloraron la vida de indígenas, negros y campesinos, así como la de millones de pobres y población desplazada. Eliminar al Otro apelando al lenguaje es una forma de biopoder en la medida en que la “muerte” no necesariamente se expresa a través de la desaparición física del cuerpo, sino del asesinato moral, étnico-cultural-identitario de aquellos vistos como indeseables o quizás como en la Alemania nazi, como “inservibles y costosos” para el erario.

No podemos olvidar cuando el fatuo presidente Iván Duque exhortó a los indígenas del Cauca a que se devolvieran a sus resguardos, en rechazo a su presencia en Cali y Bogotá en los tiempos del estallido social. O cuando un titular del noticiero Caracol daba cuenta del enfrentamiento entre “ciudadanos e indígenas”. Cómo olvidar la propuesta de la senadora Paloma Valencia de dividir el departamento del Cauca entre indígenas y mestizos. Sin duda alguna, su pasado feudal, su superioridad moral y de clase le permitieron lanzar su arbitraria propuesta.

El desprecio por la vida de los “impuros, indeseables e inservibles” en la Alemania nazi también hace presencia en Colombia. Los feminicidios de niñas pobres, mestizas e indígenas como Yuliana Samboní cometidos por hombres “blancos y ricos” parecen ser extrapolaciones de la superioridad racial del médico Seeband. O la manera despectiva con la que el General Mario Montoya Uribe se refirió a los soldados que asesinaron civiles (falsos positivos) para que luego el Ejército los presentara como “guerrilleros muertos en combate”. “La verdad es que los soldados que prestaban servicio militar eran de estrato 1 y 2, pues 'esos muchachos ni siquiera sabían cómo coger cubiertos ni cómo ir al baño', eran ignorantes que no tenían valores, que no entendieron la diferencia entre resultados y bajas, y por eso cometieron estos hechos”. Y siguiendo en esa misma línea de desprecio de la vida de los humildes, cómo olvidar lo dicho por el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, en referencia a los mismos muchachos víctimas de los “falsos positivos”: “esos muchachos no estarían recogiendo café”. Uribe Vélez sí que supo convertir la vida de los más pobres en un asunto de gobierno, desde la mirada de Esposito.

No dejes de mirarme también es un espejo en el que cada uno de nosotros deberíamos de mirarnos con la firme intención de revisar nuestra historia personal, sin abandonar que ésta siempre estará atada a ejercicios del poder. 

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PETRO EL PROVOCADOR

 

Por Germán Ayala Osorio

Definitivamente el presidente Gustavo Petro es un polemista profesional. Desde su cuenta de X se cruzó duros mensajes con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a quien calificó de genocida; también con el presidente de la Argentina, Javier Milei, a quien tildó de fascista. En el plano local, las confrontaciones y rifirrafes con políticos y periodistas que le hacen oposición están a la orden del día.

Así como el presidente de la República defiende a dentelladas sus ideas políticas, hace lo mismo con sus leales servidores y amigos. Su reciente defensa del padre Francisco de Roux es una prueba de su admiración y respeto por el sacerdote, señalado de encubrir prácticas de pederastia perpetradas por el cura Darío Chavarriaga, quien le habría confesado a de Roux que había violado menores de edad por allá en los años 70, de acuerdo con la versión del periodista Daniel Coronell. Los delitos por los que la Fiscalía investiga al padre Francisco de Roux son favorecimiento y omisión de denuncia. Huelga recordar que el defendido de Petro le dio trámite a los hechos confesados por Chavarriaga dentro de los protocolos y caminos del derecho canónico.

La polémica que despertó el jefe del Estado se explica por la notoria sensibilidad social y política que despierta de tiempo atrás la pederastia, debido a las constantes denuncias contra miembros de la iglesia católica comprometidos en la comisión de este delito. Petro, en su cuenta de X, escribió: “Debo decir que lo que siento del padre Francisco de Roux es que es un hombre íntegro al que con agrado condecoraría por su labor de vida al lado de los humildes de Colombia”. Por supuesto que no se hicieron esperar las reacciones de las ciento de miles de víctimas de curas pederastas en el país. Sienten que el presidente las está revictimizando al salir en defensa del padre de Roux, por no haber denunciado en la justicia ordinaria los hechos que conoció de primera mano.

Está bien que Petro defienda al cura de Roux, pero al decir que con “agrado lo condecoraría” resulta una clara provocación que es aprovechada de inmediato por sus detractores, enemigos y críticos. En ese punto el presidente se equivoca en grado sumo, al tiempo que confirma su perfil provocador.

No es posible negar que en buena medida el carácter confrontacional, alborotador y provocador del presidente Petro es el elemento que usan sus opositores para descalificarlo, haciéndole creer al país que jamás hubo en la Casa de Nariño un jefe del Estado con esa personalidad, asumida como “atípica y nociva”. Olvidan que Álvaro Uribe Vélez durante sus ochos años de administración actuó de manera similar, pero con efectos diametralmente distintos a los que dejan las "provocaciones" de Petro. Uribe confrontó de manera violenta, pendenciera, belicosa, agresiva, camorrera y estigmatizante a periodistas y defensores de los derechos humanos y de la naturaleza. Por supuesto que entre esas dos personalidades, uno pendenciero y el otro provocador, existen  diferencias de fondo: la primera, que en los tiempos de Uribe la prensa se hincó ante su poder intimidante, lo que hizo que su carácter belicoso pasara a un segundo plano o se validara; en los de Petro, esa misma prensa funge como una rabiosa opositora a todo lo que diga y haga el presidente de la República. Y la segunda, que de los rifirrafes con Petro no se derivan persecuciones y chuzadas y mucho menos que los periodistas con los que ha discutido en la red X deban salir a pedirle medidas cautelares a la CIDH como sucedió con Holman Morris, calificado por Uribe "amigo del terrorismo". 

Lo más probable es que el caso del padre Francisco de Roux se cierre rápidamente. Eso sí, sus detractores lograron afectar en algo su imagen de hombre de paz y misericordioso. Y Petro, por salir en su defensa, de la manera como lo hizo, terminó dándole “papaya” a los medios y periodistas que en silencio cómplice celebran lo que gritan en estadios y movilizaciones: ¡Fuera Petro!

Los siguientes titulares confirman que la prensa uribizada jamás aceptará que alguien diferente a Uribe, pueda, desde la Casa de Nariño, defender sus ideas, amigos, ministros, obra de gobierno y mucho menos expresar admiración por personajes como el padre de Roux, visto con ojeriza por los sectores societales que rechazaron su trabajo al frente de la Comisión de la Verdad.

RCN radio, por ejemplo, tituló: <<Petro asegura que "condecoraría" a padre Francisco de Roux, a pesar de denuncias de encubrimiento>>. El Tiempo, otro medio anti-Petro, hizo lo propio en estos términos: <<Presidente Petro sale en defensa del padre Francisco de Roux ante nuevas revelaciones sobre caso del cura Darío Chavarriaga, señalado de violencia sexual>>.

Adenda: una curiosidad lingüística. Pederastia, Pedófilos, Pendencieros, Presidente, Periodistas, Papaya, “Pelaos”, Patrón, Probidad, Perjudicar, Prestigio, Peleador, Proteger, Prestidigitador, Paramilitares y Provocar se escriben con P de Petro. 

petro salio en defensa del cura de Roux - Búsqueda

PERIODISMO Y EL USO DEL VOCABLO PRESUNTO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El uso de los términos “polémico empresario” y “presunto” en el discurso periodístico-noticioso para referirse a delincuentes de cuello blanco y a toda suerte de criminales y corruptos sin linaje, bien puede obedecer a simpatías ideológicas con los procesados, sindicados o acusados. O quizás puede obedecer a una estrategia jurídica de las empresas mediáticas para cuidarse de demandas o solicitudes de retractación directa de parte de los involucrados o también puede entenderse como un acto de responsabilidad social frente a quienes, por cuenta de las autoridades, llámese policía o fiscalía, entre otras, terminan señalados de delitos que jamás cometieron. Procesos estos que terminan legitimados por la prensa que suele exponer al escarnio público a los señalados o sindicados de delitos infundados.

Eso sí, en ocasiones los editores exageran en el uso del vocablo, pues a pesar de que el sindicado o procesado acepta los cargos que le fueron imputados, se continúa hablando de la “presunta” responsabilidad o culpabilidad. Una vez el sospechoso acepta la comisión del delito, no se trata de un supuesto, o de una conjetura periodística.  Hay un hecho probado sobre la base de que ya el individuo aceptó la responsabilidad, se allanó a los cargos o le fue aceptado un acuerdo con la Fiscalía.

El caso del expresidente Álvaro Uribe resulta paradigmático en lo que tiene que ver con el uso particular del vocablo “presunto”. Veamos algunas diferencias en los tratamientos periodísticos que varios medios hicieron y que hacen pensar en que algunos de estos, por decisión editorial, optan por seguir cuidando la imagen, aunque ya maltrecha, del poderoso político antioqueño. En el portal Infobae se lee lo siguiente: “En la tarde del 23 de mayo de 2023, la jueza Laura Estella Barrera decidió continuar con el juicio en contra del expresidente Álvaro Uribe por el delito de soborno”.

En la página web de La W se puede leer lo siguiente: “La juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Heredia, terminó el decreto probatorio de las evidencias que serán presentadas en el juicio contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez, por presunta manipulación de testigos”.

Entre tanto, El Universal registró así el hecho jurídico-político: “la jueza 44 de conocimiento de Bogotá, durante la audiencia que se realizó este miércoles 20 de noviembre de 2024, decidió avalar como prueba técnica las interceptaciones telefónicas ordenadas por la Corte Suprema de Justicia en 2018, en las que se registraron conversaciones entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el abogado Diego Cadena. Esta decisión llega en medio del juicio que se lleva a cabo contra Uribe, quien es acusado por manipulación y presión a testigos”.

RCN, casa periodística afecta al expresidente y hoy acusado, registra de esta manera la decisión de la operadora judicial: “La juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento, encargada del caso del expresidente Uribe, definió las pruebas que serán tenidas en cuenta durante el juicio contra el exmandatario por supuesto soborno a testigos y fraude procesal”.

El diario EL PAÍS de Cali, en manos hoy del clan Gilinski expuso en la bajada de la nota periodística del 20 de noviembre que “el proceso judicial que enfrenta el expresidente, acusado de fraude procesal y soborno a testigos, avanzó este 20 de noviembre”.

El diario bogotano El Espectador dijo el 22 de noviembre que “durante la audiencia preparatoria del pasado 20 de noviembre en el caso en contra de Álvaro Uribe Vélez por presunto soborno a testigos y fraude procesal, la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, definió la lista de los nuevos testigos que declararán en el juicio en contra del expresidente de Colombia”.

Por aquello de la presunción de inocencia y hasta que la jueza que lleva el juicio contra Uribe no falle en derecho, las empresas mediáticas afectas al Señor Acusado o al Gran Acusado seguirán hablando de su presunta responsabilidad a pesar de que el material probatorio conocido públicamente indicaría otra cosa.

MARIO MONTOYA URIBE: EL GENERAL SIN GLORIA, SIN HONOR Y SIN VISA AMERICANA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El departamento de Estado de la Unión Americana le canceló la visa al general Mario Montoya Uribe por sus responsabilidades operacionales en la comisión de crímenes de lesa humanidad conocidos en Colombia como “falsos positivos”. Así registró la decisión política, diplomática y administrativa El Espectador: “Estados Unidos prohibió la entrada al país al excomandante del Ejército colombiano, Mario Montoya Uribe, general retirado y acusado de ser uno de los autores de los llamados “falsos positivos”, por “graves violaciones” a los derechos humanos. También, les niega la entrada a sus familiares directos”.

La decisión constituye un espaldarazo moral a las madres de los jóvenes asesinados por militares, maltratadas recientemente por el anodino representante a la Cámara, Miguel Abraham Polo Polo, uribista pura sangre. De igual manera, se entiende como un nuevo acto de legitimación de la JEP y del proceso de paz por parte de los Estados Unidos. El retiro de la visa a Montoya Uribe también tiene un significado político en la medida en que el expresidente, expresidiario y hoy acusado de graves delitos, Álvaro Uribe Vélez sigue considerando al general (R) como “héroe de la Patria”. El país no olvida que los “falsos positivos” fueron el resultado de la aplicación sin límites éticos y morales de la temida política de defensa y seguridad democrática del gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).

A otros oficiales en uso de buen retiro se les había aplicado la misma medida restrictiva para ingresar a territorio americano. Se trata de los generales Arias Cabrales e Iván Ramírez Quintero y a los coroneles Publio Hernán Mejía Gutiérrez (de las entrañas del uribismo) y Juan Carlos Figueroa Sánchez. El caso del también coronel Plazas Vega, absuelto en Colombia por los hechos criminales en la retoma del Palacio de Justicia, las autoridades americanas estarían revisando su residencia permanente por el caso del asesinato del magistrado Horacio Urán.  

Esas medidas llaman la atención porque contar con la visa de entrada a los Estados Unidos está asociada a una idea de estatus derivada de su obtención y uso, pero también al  reconocimiento de funcionarios y exfuncionarios colombianos sobre los que la DEA, el FBI y el propio Departamento de Estado tienen información privilegiada, bien de actividades ilegales o de pronunciamientos y posturas políticas asumidas por los gringos como “retadoras, inaceptables, ilegales o de clara enemistad”, que les permite “castigarlos” moral y políticamente con la cancelación de los visados. El retiro de la visa al entonces presidente en ejercicio, Ernesto Samper Pizano resulta paradigmático para entender la injerencia de los gringos en los asuntos internos de Colombia y el sigilo con el que suelen usar la información que reúnen de presidentes, congresistas, gobernadores y militares de alta graduación. Estoy seguro de que los gringos tienen información clasificada que serviría a los procesos judiciales a los que están vinculados los señores generales y coroneles retirados para aclarar aún más sus actuaciones y responsabilidades en la comisión de los graves delitos por los cuales están siendo procesados. Pero lo gringos prefieren callar y afectarles la imagen retirándoles las visas.

Eso sí, la cancelación de los visados no es más que un triunfo moral para las víctimas de estos exoficiales que hicieron parte cada uno de ellos en disímiles momentos históricos, de la aplicación de la doctrina del enemigo interno que terminó por legitimar al interior de las fuerzas armadas la violación de los derechos humanos.

La vida del general Montoya Uribe terminará entonces sin visa, sin honor y sin gloria, pero con el respaldo (in) moral del expresidente Uribe Vélez que enfrenta un juicio por manipulación de testigos y fraude procesal. Lo curioso es que para agentes económicos, sociales y políticos de la sociedad colombiana el expresidente y el exgeneral siguen siendo “héroes y faros morales”. De ese tamaño es la confusión moral de esos sectores de poder.

Foto tomada de EL ESPECTADOR

Estados Unidos prohibió la entrada al país a Mario Montoya Uribe, un excomandante del Ejército colombiano acusado de falsos positivos | EL ESPECTADOR