Por Germán Ayala Osorio
Con un llamado a movilizaciones
sociales y la convocatoria a una Consulta Popular el presidente Petro hará frente a
lo que el llama el “bloqueo institucional” aupado por congresistas de la
Oposición y otros agentes del Establecimiento colombiano que se resisten a
cambiar los “Estados de Cosas Inconstitucionales” que restringen y violan los
derechos laborales, a la salud y a pensionarse de millones de colombianos.
La alocución presidencial del 11 marzo confirma la ruptura de las relaciones entre el Congreso y el
Ejecutivo, situación que bien se puede extender a las altas cortes que han
aportado al “bloqueo institucional” de las reformas
sociales presentadas por el gobierno Petro al Congreso. Recordemos que la Corte
Constitucional está por fallar sobre la exequibilidad de la ley pensional que
se aprobó en el Congreso. Senadores del Centro Democrático demandaron la norma,
como expresión clara de su interés como colectividad de extender en el tiempo la
enorme dificultad de millones de colombianos para alcanzar una pensión en un
sistema de aseguramiento pensado para que unos pocos alcancen una jubilación.
El llamado a una Consulta Popular
le entrega a la plenaria del Senado de la República la responsabilidad política
y social de aprobar o no el texto con el que el gobierno Petro justificará la
convocatoria a ese mecanismo de participación ciudadana. De ser aprobado, y
después de surtir un par de etapas más, el electorado deberá salir a las urnas
y votar a favor o en contra de las preguntas que darán sustento a dicha
consulta.
Se trata sin duda alguna de una
arriesgada salida institucional y constitucional que confirma el talante
democrático del presidente de la República, pero que al tiempo expone el
proyecto político progresista a sufrir una derrota electoral y política. Por
estas razones podría fracasar: 1. Los grandes medios de información están
alineados con los sectores de poder político y económico que se oponen a las
reformas sociales, lo que no es otra cosa que la patente de corso para
manipular y mentir tal y como lo hicieron durante la campaña del No en el plebiscito
por la Paz. Recordemos que, por culpa de esas empresas mediáticas, la derecha
logró que millones de colombianos engañados “salieran berracos” a votar por el
No. 2. Los empresarios que no apoyan la reforma laboral, por ejemplo,
presionarán a sus trabajadores para que voten negativamente la Consulta
Popular. No se puede descartar que haya amenazas de despidos.
Bajo esas circunstancias, el gobierno Petro se expone a una derrota si esos dos actores, las empresas mediáticas y los empresarios logran sus cometidos con unas audiencias y un electorado asalariado temeroso de ser despedido por secundar las reformas del gobierno. Por supuesto que la clase política que lidera el “bloqueo institucional” hará lo propio para garantizar que la consulta popular fracase.
Si por el contrario los
trabajadores y en general la opinión pública entienden que es tiempo de ponerle
fin a esos Estados de Cosas Inconstitucionales en los que opera el
sistema de aseguramiento en salud y pensión y el mercado laboral, la votación
masiva por un SÍ a las reformas sociales de inmediato se convertirá en un
plebiscito que posiblemente garantice el triunfo electoral en el 2026 al
progresismo, siempre y cuando la figura escogida para llevar esa bandera no
genere rechazo, tenga carisma y sepa capotear la embestida mediática que de todas maneras se
va a dar cuando llegue el momento de votar en las presidenciales.
Con este llamado a la Consulta Popular
y a las movilizaciones sociales la crispación ideológica y el conflicto entre
clases sociales enrarecerán aún más el actual escenario preelectoral en el que
estamos. Las elecciones de 2026 podrían tornarse violentas si la Consulta
Popular es aprobada y el progresismo logra mantenerse en la Casa de
Nariño. Veremos cuál de los “dos
pueblos” que parecen existir en Colombia gana las elecciones.