Por Germán Ayala Osorio
En la etapa final de alegatos de conclusión
del juicio
en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez la Fiscalía solicitó a la jueza que
emita fallo condenatorio contra el político antioqueño por los delitos de
fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno.
La solicitud del ente acusador
constituye un hecho jurídico-político que compromete la cacareada probidad del
exmandatario y pone en cuestión las lealtades políticas de los congresistas,
empresarios y ciudadanos del común que siguen pensando que Uribe Vélez es el Gran
Colombiano, esto es, un hombre probo,
virtuoso, ejemplar y que el proceso penal que enfrenta de tiempo atrás obedece
a una “persecución política orquestada por los comunistas”.
Si la jueza Sandra
Heredia acoge la solicitud de la Fiscalía, ese fallo debería de ser suficiente
para que sus seguidores y defensores abandonen las huestes del llamado uribismo
y por esa vía la sociedad colombiana en su conjunto pueda superar todo lo que
ética y moralmente representó el ejercicio del poder de parte del político
colombiano con más cuestionamientos ético-políticos de los últimos 50 años. Su
pasado como director de la Aerocivil, la intempestiva salida del alcaldía de Medellín,
las violaciones a los derechos humanos que le endilgan en su paso por la
gobernación de Antioquia y las responsabilidades políticas y penales que aún le
exigen que asuma por los 6402 falsos positivos, la captura mafiosa de entidades
del Estado por parte de los paramilitares ocurrida durante su paso por la Casa
de Nariño, así como la compra de su reelección presidencial inmediata, ponen en
duda su presumida honorabilidad.
En una sociedad con criterios
morales claros y una eticidad probada dichos cuestionamientos y el juicio mismo
serían suficientes razones para que el país
político y empresarial decida proscribir el uribismo,
entendido no como una doctrina política, sino como un conjunto de prácticas sociopolíticas
y económicas ancoradas a una visión premoderna, feudal, violenta y autoritaria
de la política que aportaron a la operación de un Estado que, fundado en la relación
amigo-enemigo y en la aplicación extendida y sin límites de la doctrina del
enemigo interno violó los derechos humanos y por esa vía se estableció entre
2002 y 2010 un Estado autoritario, policivo y militarista.
Independientemente de la decisión que adopte la jueza Heredia, es tiempo de que la sociedad y en particular agentes de la sociedad civil hagan un acto de contrición que inexorablemente los lleve a retirar todo apoyo político a Uribe. Para Luis Eduardo Celis “el uribismo es la fuerza política más retrograda, la que está abiertamente ligada a los clanes políticos que se han construido vía corrupción y apropiación del Estado para sus intereses, sin mencionar sus abiertos, o velados, vínculos con las mafias que se han articulado con la política, lo que en su momento conocimos como la parapolítica y que en parte fue judicializado por un aparato de justicia probo y comprometido con el Estado de derecho”.
Ya en la recta final de su agitada
vida pública y arrinconado moral y éticamente, ojalá el expresidente Uribe
entienda que es el momento de dar un paso al costado y retirarse de la política.
El país necesita de nuevos liderazgos que lo lleven a estadios de modernidad.
Para lograrlo se requiere repensar la idea de la seguridad democrática para
remplazarla por la de la seguridad humana.
Al ser Uribe Vélez una invención
mediática, urge que la Gran Prensa bogotana asuma la tarea de proscribir el
uribismo invisibilizando las reacciones de los defensores y amanuenses
del expresidente y expresidiario si la jueza lo declara culpable; de igual
manera, si la misma operadora judicial lo absuelve de los delitos que le fueron
imputados. Los colombianos deben entender que los tiempos del Embrujo
Autoritario hacen parte de un doloroso pasado que como sociedad civilizada
debemos superar, pero sobre todo, evitar que esos aciagos años y las
condiciones que impuso la seguridad democrática regresen.
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