Por Germán Ayala Osorio
La tierra en Colombia ha sido,
históricamente, la fuente de conflictos étnicos y políticos, expresados estos últimos
en lo que se conoce como el conflicto armado interno. Esas dinámicas armadas
terminaron generando procesos de concentración de la tierra por desposesión,
validados por gobiernos de derecha y agentes económicos de la sociedad civil atados
a las lógicas e intereses del modelo de la gran plantación caracterizado por la
siembra de monocultivos como la caña de azúcar y palma africana altamente disruptivos.
Sin duda alguna, el reflejo del perfil feudal de una élite precapitalista y
rentista.
Bajo esas circunstancias, los
baldíos jugaron un papel protagónico gracias a que particulares, hijos o primos
de la élite dominante se apropiaron de cientos de miles de hectáreas de esas
tierras que por ley deberían pasar a manos de campesinos interesados en aportar
a la autonomía y soberanía alimentarias.
El caso del primo de la candidata
presidencial del uribismo, Paloma Valencia Laserna resulta paradigmático porque
ilustra con precisión que las prácticas ilegales, esto es, la violación de la
ley, terminan legitimadas por las relaciones familiares y políticas de una
derecha enemiga del campesinado y de la reforma y la jurisdicción agrarias. Nicolás
Laserna explotó a su antojo 6102 hectáreas de un baldío de la Nación. Tuvo que
llegar un gobierno progresista interesado en consolidar la imaginada reforma
agraria para recuperar dichos terrenos adquiridos “legalmente” por el primo de
la candidata presidencial. La Agencia Nacional de Tierras, en cabeza de Felipe Harman
confirmó la recuperación del extenso baldío.
Los terrenos baldíos ocupados por
Laserna están ubicados en el Vichada, departamento que sigue siendo considerado
por la derecha que representa Paloma Valencia como parte de lo que en el marco
de la Constitución de 1886 se conoció como los “territorios nacionales”, categoría
que, con toda su carga eufemística, sirvió a las familias poderosas con conexiones
en centros de poder político a hacer y deshacer en esos departamentos en los
que el Estado brilla por su ausencia y decisión del centralismo bogotano.
Por estar íntimamente ligado a la
moral uribista, las acciones ilegales cometidas por el primo de Paloma Valencia
Laserna resultan legítimas. Es más, bajo esa particular moral, bien podría
tratarse de “errores involuntarios” de la tradicional gente de bien. Lo mismo
sucedió con el expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez, quien en el
pasado se apropió de El Laguito 2, un baldío que el ventajoso político
antioqueño explotó a su antojo. Gracias a las gestiones y presiones del senador
Wilson Arias, acompañado por la Contraloría y otras instituciones estatales, el
exmandatario se vio obligado a devolver el baldío que muy seguramente se
apropió y explotó por “error”. A lo mejor, siguiendo la lógica del Chavo del 8:
“fue sin querer, queriendo”.
Alirio Barrera, congresista del
Centro Democrático tiene abierto un expediente en la Agencia Nacional de Tierras
(ANT) al parecer por posesión ilegal- léase por “error involuntario”- de
baldíos de la Nación. El Tiempo, periódico uribizado dice que “el expediente
administrativo que posee la ANT no es por acumulación de terrenos que
actualmente ostenten la vocación de baldíos, sino por la acumulación de bienes
que tienen un origen baldío”.
Baste con estos tres casos para
entender que el uribismo es la inmoral doctrina política de una derecha enemiga
de la reforma agraria y del campesinado. Los baldíos para su más visibles representantes
son tierras abandonadas que tienen que ser explotadas por quienes tienen el suficiente
músculo financiero y fuertes conexiones políticas. Finalmente, Nicolás Laserna,
Álvaro Uribe y Alirio Barrera no violaron la ley: cometieron errores involuntarios.
Punto. La candidata presidencial, "hija" de Uribe, defiende a su primo y al senador Alirio Barrera porque Paloma Valencia es enemiga del campesinado y de la idea de consolidar un Estado al servicio de la seguridad alimentaria.
