LAS LUCHAS DEL FÚTBOL FEMENINO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Los elogios que por estos días reciben las jugadoras de la Selección Femenina de Fútbol que participa del Mundial que se realiza en Australia son más que merecidos. Y es así, porque detrás de estos positivos resultados hay unas luchas que estas atletas vienen librando. Luchas que confluyen en lo que se puede llamar una lucha cultural contra el patriarcado y su correlato el machismo.

Las luchas de las futbolistas no se libran solo en las canchas. Ahora que millones de colombianos celebramos los triunfos de la Selección Femenina en el Mundial, debemos hacer conciencia de que estas muchachas vienen dando batallas mucho más difíciles que jugar 20 partidos seguidos contra la Selección de Alemania, a la que derrotaron con argumentos y un par de golazos de gran factura. Un triunfo enorme, histórico, épico.

Ellas vienen enfrentando el machismo estructural que se expresa en los bajos salarios, si se compara con lo que ganan los hombres en la misma categoría. A los machos les pagan muy bien y la verdad es que poco o nada han ganado a nivel mundial. Estas atletas, además, han soportado la estigmatización de dirigentes del fútbol colombiano, por la “orientación” sexual de algunas de las jugadoras.

Esa “preocupación” de los dirigentes del fútbol y de cientos de aficionados no se expresa en relación con el fútbol masculino. No. Aquí opera lo que en su momento la escritora Carolina Sanín llamó el “cacorraje nacional”, que no es otra cosa que ese pacto que entre machos funciona y con el que se busca descalificar o minimizar todo lo que hagan las mujeres, incluido, por supuesto, el fútbol y por esa vía, a las jugadoras. Que hay jugadores homosexuales, por supuesto y eso no tiene nada de perverso. Y que hay lesbianas en el mundo del fútbol femenino, pues también. Aquí lo que debe importar son los resultados y las condiciones de equidad para hombres y mujeres en términos de salarios y premios.

También deben luchar contra el lenguaje periodístico. Colegas se atreven a llamarlas “niñas”, para evitar reconocer que son atletas, jugadoras profesionales. En el partido contra las alemanas, un narrador colombiano dijo, refiriéndose a Popp, la goleadora teutona: "No vas a hacer nada hoy, muñeca. Estás bonita y todo, pero lo siento”. Ese es un típico comentario machista con el que se insiste en cosificar a las mujeres, llamándolas "muñecas", genérico que no puede usarse con todas. Si el narrador está acostumbrado a llamarlas así en su círculo social, eso no le da derecho a hacerlo con todas las mujeres y menos, con las futbolistas. Y no importa que sean del equipo rival, como en este caso. 

Les pueden llamar muchachas, pero no minimizar el esfuerzo y la disciplina de quienes asumieron ese deporte como oficio y manera de vivir. Y no faltará el comentario machista que toque el asunto de la belleza, a partir de los estándares impuestos por la cultura patriarcal que les exige a las mujeres dar cuenta de esas exigencias estéticas, para el disfrute masculino. Aplausos para ese puñado de mujeres que se esfuerzan por triunfar y conseguir títulos importantes para el país, en medio de un anacrónico patriarcado y machismo.

Imagen tomada de Telemedellín.

PETRO: “YO ME HAGO RESPONSABLE”

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Después de las infortunadas declaraciones públicas del general de la Policía, Henry Sanabria, el presidente Gustavo Petro asumió la responsabilidad por lo sucedido en Los Pozos (Caquetá). No hay duda de que lo sucedido en la sede de la petrolera Emerald Energy fue una asonada y que efectivamente los policiales que enfrentaron a los campesinos que se tomaron dichas instalaciones fueron víctimas de un secuestro. Y que por lo tanto no pudo darse un “cerco humanitario” como señaló el ministro del Interior, Alfonso Prada.

Como al general Sanabria le pareció correcto insinuar que el ministro Alfonso Prada fue constreñido y obligado a que calificara la acción colectiva campesina como un “cerco humanitario” y que además se canjeara por los 78 policiales retenidos o secuestrados, entonces la prensa enemiga del gobierno armó un gran escándalo mediático y político. Al griterío periodístico se sumó la orden de captura que expidió un juez penal militar en contra del comandante de la policía de Caquetá, coronel Javier Castro. Para ponerle fin a la polémica, el presidente Gustavo Petro salió a decir que él asumía toda la responsabilidad de lo sucedido, en particular, por la orden que dio a la cúpula militar y policial de NO entrar a las instalaciones de la petrolera, para evitar que el conflicto escalara más. Al final, murieron un policía y dos campesinos. Un saldo trágico, pero pudo ser peor si se hubiese intentado recuperar las instalaciones a sangre y fuego.

A pesar de que el “diligente” juez penal militar levantó la orden de captura contra el coronel Castro, este seguirá indagando para intentar probar si efectivamente el uniformado cumplió la orden presidencial o si fue negligente antes de que la directiva presidencial se produjera.

Sin duda alguna, el general Sanabria se equivocó. Al parecer, no ha entendido que los medios masivos tradicionales están acuciosos y muy pendientes de cualquier error que el gobierno cometa, para insistir en la narrativa que señala que las fuerzas armadas se están debilitando y que la moral está muy baja. Incluso, se atreven a señalar que hay una desbandada de oficiales, asociada esta a un malestar generalizado con el gobierno.

Ahora bien, lo sucedido en Los Pozos (Caquetá) sirve para ahondar en un espinoso asunto: las relaciones entre los presidentes y las fuerzas armadas. Hagamos algo de memoria para luego entender el talante de las que está proponiendo el actual presidente de la República.

Las relaciones entre los presidentes de la República y las fuerzas armadas en Colombia están atravesadas y contaminadas ideológicamente por las dinámicas del conflicto armado y las que se desprenden de las luchas de los campesinos víctimas de la persecución policial y militar por cultivar coca, única salida que les dejó la equivocada política agraria de sucesivos gobiernos neoliberales, desde César Gaviria Trujillo, hasta Iván Duque Márquez.  

Cuando los presidentes asumen, con ánimo guerrerista, el rol de comandantes supremos de esas fuerzas, esa relación se torna tensa y exigente por cuanto “dar de baja al enemigo”, esto es, asesinar guerrilleros, suele ser la orientación ética y moral, sin que importen mucho los daños colaterales.

Durante los 8 años del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, su relación con los militares y policías estuvo soportada en su peligroso maniqueísmo con el que evaluaba las circunstancias políticas que rodeaban el conflicto armado y sus dinámicas. La relación Amigo-Enemigo le sirvió a Uribe Vélez para presentarse como el primer soldado de la Patria. En su Manifiesto Democrático de 100 puntos, en el 30, dejó clara el tipo de relación que sostendría con sus subordinados: “El presidente dirigirá el orden público como corresponde en una sociedad democrática en la cual la fuerza pública respeta a los gobernantes de elección popular. En la Gobernación de Antioquia fui el primer policía del Departamento. En la Presidencia seré el primer soldado de la Nación, dedicado día y noche a recuperar la tranquilidad de todos los colombianos”.

En su declaratoria de guerra sin cuartel contra las Farc-Ep y las constantes presiones para producir “más y mejores resultados operacionales”, Uribe Vélez envileció a unidades militares que terminaron asesinando civiles para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate (falsos positivos). Bajo ese principio del enemigo interno y la relación amigo-enemigo, fueron perseguidos, estigmatizados y asesinados civiles incómodos. Baste con señalar los crímenes del profesor Alfredo Correa de Andreís y del alcalde del Roble, Eudaldo Díaz, para probar el peligroso talante con el que Uribe asumió el rol de comandante de las fuerzas armadas.

Por el contrario, el presidente Gustavo Petro (2022-2026) asumió su rol de comandante supremo de las fuerzas armadas con un tono y talante distintos. El cambio es evidente: primero que todo, no sale a los medios a exigir bajas, como tampoco asume los cantos temerarios y victoriosos de los generales, como lo hizo el infantil, fatuo y mendaz de Iván Duque Márquez (2018-2022). Este último no solo gritaba con voz de mando, “me siento orgulloso”, sino ¡Ajúa!, exclamación guerrera que significa Arrojo, Justicia, Unión y Abnegación”, muy usada por el tropero general Eduardo Enrique Zapateiro.

La historia política y militar deberá recordar que Uribe Vélez, como comandante supremo de las fuerzas armadas, instrumentalizó a sus subalternos con el claro propósito de posicionar la narrativa que expresaba que “estaba ganándole la guerra contra la Far”; con ese relato, ocultó el crecimiento exponencial de la corrupción público-privada y todos los hechos que lo convirtieron en el político y expresidente más investigado por diferentes delitos. Baste con recordar los procesos en su contra por las masacres del Aro y la Granja, cuando fungió como gobernador de Antioquia y el proceso que actualmente enfrenta por manipulación de testigos y fraude procesal.

No es llevando soldados y policías a la confrontación armada como se respeta el honor militar y policial. Por el contrario, el mayor respeto que se puede expresar hacia los uniformados se expresa en los procesos de paz. Insistir en la idea de María Fernanda Cabal que señala que “el ejército es una fuerza letal que entra a matar”, es manchar el honor militar y convertir a sus miembros en genocidas. 

Mientras que Petro asume la responsabilidad por la orden dada, Uribe Vélez lleva años escurriendo el bulto por la política oficial que convirtió a los falsos positivos en la mayor vergüenza para los militares. Uribe, en 2021 y ante la Comisión de la Verdad, dijo: “los soldados me engañaron”. No hay nada más que agregar.

Imagen tomada del noticiero del Llano

¿PODRÁ PETRO ACABAR CON EL CLAN DEL GOLFO?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Con la decisión del presidente Gustavo Petro de atacar militarmente al Clan del Golfo se producen dos efectos inmediatos: el primero, se esfuma el anhelo de la Paz Total, por lo menos con esa estructura narco-paramilitar y el segundo, nace el compromiso del gobierno de hacer lo que anteriores administraciones no hicieron: atacar con determinación a dicho grupo criminal. Golpear al Clan del Golfo en sus finanzas es el camino que anteriores gobiernos poco recorrieron porque ello implicaba afectar las economías de las regiones en las que operan estos criminales. La ofensiva militar debe ser total, hasta lograr el desmantelamiento real de esa estructura armada.

El mendaz y fatuo de Iván Duque Márquez dijo, cuando se dio la entrega de alias Otoniel, líder de esa organización delincuencial, que el fin del Clan del Golfo estaba cerca. Sin duda alguna, una mentira con la que buscaba distraer una verdad inocultable: el maridaje entre elementos de la fuerza pública, políticos y las estructuras narco-paramilitares que confluyen en el Clan del Golfo, en otrora llamado Clan Úsuga.

Probado el contubernio entre clanes políticos, empresarios, policías y militares, las operaciones ordenadas por el presidente de la República deberán hacerse en dos ámbitos: uno, el militar y policial, contaminado por la mutua desconfianza que existe entre las dos instituciones, en particular entre la oficialidad, por las relaciones mafiosas construidas entre uniformados y los narco-paramilitares. Recordemos lo dicho por alias Otoniel a la JEP: “Nosotros hacíamos operaciones junto a los militares a diario. De inteligencia le pasaban mucha información a la organización".

El segundo ámbito tiene que ver con activar acciones de contrainteligencia que lleven a cortar los circuitos logísticos y las relaciones entre funcionarios del Estado, militares, policías, políticos y empresarios con los líderes del grupo criminal. De esas labores dependerán los resultados operacionales ordenados por Gustavo Petro. El asunto es de una delicadeza extrema por cuanto cualquier resultado positivo en materia de contrainteligencia, implicará llamamientos a calificar servicios de los uniformados comprometidos o el traslado a otras zonas.  

La decisión político-militar del presidente afectará las relaciones de este gobierno con esa parte del establecimiento que de tiempo atrás se beneficia, directa o indirectamente, de las actividades desarrolladas por el Clan del Golfo: minería ilegal, exportación de estupefacientes y circulación de dinero de origen ilícito que mueve las economías de zonas como el Bajo Cauca Antioqueño, el Urabá y Córdoba, entre otros. Esas molestias se expresarán en las elecciones de octubre, pues lo más seguro es que se presenten patrocinios de candidaturas a gobernaciones y alcaldías, afines al proyecto paramilitar. ¿Podrá Petro, de aquí a octubre, someter al Clan del Golfo?

Sin duda alguna, el Clan del Golfo es la expresión clara de los errores que se cometieron cuando el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez negoció con los paramilitares su desmovilización. La vigencia de dicha estructura armada también se debió a incumplimientos de ese gobierno y una serie de mentiras que le dijeron al país con falsas desmovilizaciones.

Va a necesitar mucho más que suerte el presidente de la República en su ofensiva contra este grupo criminal. Las dinámicas económicas desplegadas por el Clan del Golfo dan cuenta del fracaso parcial del Estado en las regiones en las que estos paramilitares son amos y señores. En términos sociales y políticos, el Clan del Golfo da cuenta de unos procesos civilizatorios truncos. Construir civilidad en esos territorios es un reto mayúsculo que escapa a las capacidades de este gobierno.

Imagen tomada de Youtube.

JUAN ROBERTO VARGAS: FICHA DEL URIBISMO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La gran periodista Cecilia Orozco fustigó al director de noticias de Caracol, Juan Roberto Vargas, por haberle preguntado a la fiscala general, Luz Adriana Camargo, si ella iba a ser la fiscal de Petro. El problema en sí mismo no está en la pregunta, pues esta hace parte del manual del periodista y está inscrita en el deber ser del oficio: molestar a quien ostenta poder. Orozco le critica Vargas el hecho que jamás le preguntó, como era su deber, al anterior fiscal general, Francisco Barbosa, si él iba a ser el fiscal del entonces presidente-títere, Iván Duque Márquez. Cecilia Orozco llamó a Vargas “sumiso interlocutor de Barbosa”. Diría, que es un dócil estafeta del uribismo. Un mandadero más.

Para hacernos una idea del perfil de este fatuo y obsecuente periodista, recordemos lo sucedido en la emisión de las 7 pm del domingo 30 de julio de 2023. El director del noticiero Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, entrevistó al embajador de los Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri. En varias ocasiones el periodista, ficha del uribismo, buscó sacarle al funcionario americano una respuesta que le sirviera al comunicador para indicar que existen graves contradicciones o preocupaciones en el gobierno americano por las decisiones autónomas tomadas por el presidente Petro, en materia de lucha contra las drogas o su política económica. Vargas, fracasó con rotundo éxito.

Palmieri todo el tiempo, como buen diplomático, supo sortear las venenosas insinuaciones y preguntas de su interlocutor. Quizás Vargas olvidó que estaba entrevistando a un diplomático y creyó que tenía al frente a María Elvira Salazar u a otro rabioso congresista republicano. En las redes le están enrostrando su perversa intención de convertir en escándalo las contradicciones que él esperaba que Palmieri le expusiera públicamente.

Juan Roberto Vargas exhibe un estilo particular de periodismo. Vargas suele mostrar su carácter melifluo y obsecuente con los entrevistados que guardan simpatía con sus ideas políticas. No es riguroso. En esta oportunidad, para tratar de esconder que estaba interesado en encontrar graves contradicciones entre los dos gobiernos, destacó la cercanía de Palmieri con Luis Gilberto Murillo, embajador de Colombia en los Estados Unidos.

Es evidente que la política editorial de Noticias Caracol está orientada a deslegitimar al gobierno de Petro y a ensuciar su imagen, tratando de salvar la de Iván Duque y las de todas las fichas que confluyen ideológicamente con esa seudo doctrina que el país conoce como “uribismo”. Todo el tiempo están registrando hechos negativos, al tiempo que ocultan aquellos positivos. Hay, entonces, un evidente desequilibrio informativo.

El silencio del noticiero frente al robo continuado de los recursos de Ecopetrol es evidente. Y el mutismo de Vargas se explica porque dicho escándalo compromete los intereses de los miembros de anteriores juntas directivas de la estatal petrolera, asociadas por supuesto, con el uribismo.

Eso sí, el noticiero se dio todo un banquete con la captura del hijo del presidente Petro, pues es claro que el objetivo de ese medio informativo es dañar la imagen del gobierno, tratar de afectar su gobernabilidad y generar miedo en sus audiencias.

Ya el país sabe que hay medios de información y periodistas afectos al régimen uribista que sufrió derrota política y electoral con la llegada de Petro a la Casa de Nariño. Entre estos, podemos nombrar a los noticieros privados RCN, Caracol, las emisoras la FM, la W, Blu Radio y el portal Semana, convertidos en ruedas de transmisión y amplificadores de las ideas de esas seudo doctrina desde la que, curiosamente, salieron acciones intimidantes en contra de la prensa durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).

Por las actuaciones de colegas como Juan Roberto Vargas es que el país necesita con urgencia una Cátedra de Análisis de Medios que se imparta en colegios y universidades. Las audiencias necesitan herramientas para dilucidar los intereses ideológicos y políticos de los medios afectos al “viejo” régimen uribista.

Imagen tomada de Caracol

MURIÓ MALCOM DEAS

 

Por Germán Ayala Osorio

El mundo académico lamenta la muerte de Malcom Deas, uno de tantos extranjeros que estudió los fenómenos de violencia del país.  En 2014, el lúcido historiador dijo lo siguiente: “… Uribe era un presidente que necesitaba Colombia. Después de él hay un antes y un después…sí, yo creo que hay momentos para la guerra y para la paz. En 2002 el momento era para una política como la seguridad democrática, ahora el país vive otro momento”.

Desconozco si Deas alcanzó a escuchar a los militares responsables de los crímenes de Estado llamados falsos positivos, que vienen reconociendo ante la JEP que asesinaron civiles para hacerlos pasar como guerrilleros caídos en combates, a cambio de permisos, bacanales, arroz chino y ascensos. De haberlo hecho, es posible que se hubiera retractado de lo que dijo de Uribe y de su política, quizás la más nefasta y criminal política de seguridad, después de la aplicación del Estatuto de Seguridad durante el gobierno de Turbay Ayala (1978-1982).

No sé hasta dónde un país puede necesitar de periodos largos de violencia, militar y política, para esperar y sentir que se ha avanzado. ¿Hacia dónde avanzó Colombia después de Uribe? Muchos responden la pregunta, señalando que gracias a Uribe y a los resultados operacionales de su Política Pública de Defensa y Seguridad Democrática (PPDSD), las Farc se sentaron a negociar en La Habana el fin del conflicto con el Estado, durante el gobierno de Santos. Es posible que los duros golpes propinados a las Farc hayan incidido en la decisión de la cúpula fariana de dialogar con ese gobierno. Pero también pudieron tomar la decisión por cuestiones humanas, especialmente por el inexorable envejecimiento de sus principales cuadros. Y ese natural envejecimiento y cansancio no se debió, exclusivamente, al liderazgo político-militar que Uribe ejerció sobre los militares.

De igual manera, pudieron las Farc llegar a esa instancia decisiva por la confianza que generaba en sus comandantes tanto el propio presidente, como su equipo negociador, en particular Humberto de la Calle Lombana, especialmente si tenemos en cuenta -y recordamos- que la extradición de los jefes paramilitares hacia los Estados Unidos, por parte de Uribe, puede entenderse en las filas de las Farc como una traición, entendido así en el marco del proceso de negociación que el Gobierno de Uribe estableció con los líderes de los paramilitares.

De cualquier modo, señalar que Uribe resultó benéfico para el país es aceptar que su paso por la presidencia era un mal necesario, una especie de pesadilla, de malos sueños repetidos, para luego gozar, no de un plácido sueño, pero sí de una relativa tranquilidad para conciliarlo. La opinión del reconocido académico pareciera que justifica y legitima la violación de los derechos humanos, fruto de las ejecuciones conocidas como falsos positivos. Además, se aplaudirían los evidentes procesos de desinstitucionalización que puso en marcha el líder populista, tanto en materia ambiental, castrense y política.

Resulta inaceptable escuchar que fue necesario que el Estado violara los derechos humanos, o que una persona, desde la presidencia, manejara los asuntos público-estatales, desde sus intereses privados y desde su pernicioso carácter mesiánico y autocrático.

No es esta la manera para enfrentar la debilidad del Estado y la precariedad de sus instituciones. Después de los dos periodos de Uribe Vélez, el país podrá aplaudir que las Farc firmaron el armisticio, pero no podrá hacer lo mismo por el ethos mafioso que se instauró durante ocho años, en donde los procedimientos reglados fueron subsumidos por un espíritu voluntarioso, que claramente se legitimó y se institucionalizó, al tiempo que rompía y obviaba la importancia de tener instituciones fuertes y transparentes, en aras de proyectar la idea de que sólo existe un único Estado, y no la imagen de que ese Estado tiene un doble funcionamiento o una cara oculta, a la que los ciudadanos deberían de temer.

El profesor Deas olvidó que Uribe buscó, por todos los medios, instaurar lo que él mismo llamó un Estado de Opinión, que no es más que un régimen político que funcionaría exclusivamente alrededor del poder de encantamiento de su menuda figura mesiánica, con el claro concurso de una prensa que fue cooptada y sometida, por el miedo y por la entrega de pauta, hasta el punto en el que se consolidó un fuerte unanimismo ideológico y político.

¿Qué hizo, entonces, Uribe para que académicos de la talla de Deas, vieran en él y en sus acciones de Estado como ejemplo de un quiebre histórico en el devenir del país? Liderar la lucha contra las guerrillas, usando a las fuerzas militares como un ‘ejército privado’ al servicio de unas élites que creyeron ciegamente en que se podía aniquilar a las Farc, no puede considerarse como una virtud, y mucho menos como un factor de fortalecimiento del Estado. Por el contrario, el respeto por la institucionalidad se perdió, en medio de la creencia colectiva de que por fin el Estado colombiano se acercaba a la condición moderna por hacerse al monopolio legítimo de la violencia.

Creo que Uribe Vélez no fue más que un terrible experimento de una derecha que asumió la tarea de patrocinar de manera directa a las fuerzas militares y paramilitares, al tiempo que buscaba cerrarles espacios democráticos a sectores de izquierda, liberales y progresistas. Unas poderosas élites regionales, guiadas por la élite bogotana, auparon a Uribe y le dieron todo el juego institucional posible, hasta cuando sintieron su profundo desprecio, dado por su origen emergente, al que finalmente no pudo renunciar o transformar, a pesar de alcanzar la investidura presidencial. Siempre fue un vulgar ganadero, un patán; y lo sigue siendo. 

Paz en la tumba de Malcom Deas, quien recibió la ciudadanía colombiana en el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Quizás Deas dijo lo que dijo en agradecimiento por ese gesto que tuvo Uribe con él.  

Imagen tomada de El Colombiano. 

ORDEN DE CAPTURA CONTRA HIJO DE PETRO: CON UN TUFILLO DE VENGANZA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La captura del hijo del presidente de la República, Nicolás Petro, deviene con un tufillo de revancha política y de espectáculo mediático con el ánimo de golpear moralmente al mandatario, elevado previamente por Francisco Barbosa a la condición de enemigo público número uno. A pesar de ese carácter, la reacción presidencial fue gallarda y respetuosa de la división de poderes. Es decir, Gustavo Petro no está usando su poder como presidente para salvar a su hijo, buscando tratamientos especiales. Por el contrario, en su cuenta de Twitter, el mandatario de los colombianos reiteró: “no intervendré ni presionaré sus decisiones; que el derecho guie libremente el proceso”.

No digo que, por ser hijo del jefe del Estado, la justicia no puede tocarlo. No. Por el contrario, nadie puede estar por encima de la ley, pero es que estamos en Colombia, país en el que por años la justicia ha sido para los de ruana. Los ejemplos pululan en una larga lista de favorecimientos a familias políticas de la derecha infame que ha gobernado al país. Y la Fiscalía, en varias administraciones, favoreció y favorece a "delfines" y a familiares de clanes políticos mafiosos. 

El reconocido penalista, Miguel Ángel del Río considera que “no había necesidad de capturar a Nicolás Petro. Si la fiscalía tiene elementos de convicción bastaba una citación a imputación de cargos o medida. A esta fiscalía sólo la motiva el show y la retaliación. Derecho penal del enemigo”. Si desde el derecho no había necesidad de mandar a capturar al vástago del presidente, entonces la conclusión es clara: Barbosa le está cobrando a Petro haberlo expuesto públicamente por los hechos de corrupción en la SAE y en la UNP y tantos otros en los que quedó comprometida la idoneidad y seriedad del fiscal.

A pocos meses de terminar su nefasto periodo como fiscal general de la nación, Barbosa, ficha del uribismo, golpea duro al presidente Petro y a su familia, situación que de inmediato los colombianos conectan con familiares de presidentes y gente del mundo de la política colombiana, tratados por la Fiscalía a lo largo de su historia, con guantes de seda.

La periodista María Jimena Duzán recuerda el caso del primo hermano del hoy expresidente y sub júdice ciudadano, Álvaro Uribe: “cuando Mario Uribe fue capturado por parapolítica, el entonces presidente Álvaro Uribe -en lugar de aceptar la decisión de la justicia, como lo ha hecho Petro-, le montó al magistrado que hizo la investigación en contra de su primo hermano, un caso por manipulación de testigos con el objetivo de desprestigiarlo e incriminarlo con pruebas falsas. Ese magistrado era Iván Velásquez”.

Vienen también a la memoria los hijos de Uribe, quienes siempre salieron limpios de varios episodios oscuros en los que aparecen mencionados. Por ejemplo, la imagen aquella en la que aparecen con el narco paramilitar, Wilmer Pérez Padilla. O cuando Tomás Uribe, el hijo más parecido en su proceder al expresidente Uribe, sirvió de puente para que Guido y Miguel Nule se reunieran con el entonces presidente de Odebrecht. Fue el periodista Gerardo Reyes quien informó de ese encuentro: “el periodista Gerardo Reyes en El Nuevo Herald de Miami en el año 2010. Según la publicación, durante el gobierno de Álvaro Uribe, su hijo Tomás Uribe medió para que se reunieran en Panamá Guido y Miguel Nule con el presidente de Odebrecht Panamá a fin de que se presentaran juntos a la licitación de la Ruta del Sol, una de las más grandes del gobierno de Álvaro Uribe”.

Se suma lo anterior el “extraño” caso del hermano de Uribe, procesado por conformar el grupo paramilitar Los 12 apóstoles. Hace más de 2 años que el juez Jaime Herrera Niño tiene archivada su decisión de condenar o de absolver a Santiago Uribe Vélez. Con todo el material probatorio, hace rato debió haber sido condenado el hermano de Uribe. ¿No será que el juez recibió presiones?

Los hijos de Uribe Vélez se enriquecieron “vendiendo manillas”, fábula que solo unos cuantos ingenuos creen. Y de acuerdo con la imputación de cargos contra Nicolás Petro, este se habría enriquecido ilícitamente. La diferencia es que para los primeros se creó la preciosa e infantil leyenda; para el hijo de Petro, no.

Hay que sumar a esos hechos, los casos de la mamá del presidente-títere, Iván Duque, conocida con el alias de La Madrina, involucrada en la entrega de bienes de la SAE, a políticos afectos a Duque y al uribismo. Igualmente, los casos del clan Char y los enredos de la exvicepresidenta, Martha Lucía Ramírez. 

Curiosamente, la orden de captura contra el hijo de Petro llega en medio del escándalo del robo de petróleo de la estatal Ecopetrol, en el que estarían involucrados empresarios y la propia guerrilla del ELN. Cortina de humo o no, si queremos dejar atrás la confusión moral en la que estamos como sociedad, debemos respetar la ley y las decisiones judiciales. Para el caso del presidente, este está obrando como estadista, al respetar la división de poderes y no como padre. Ese es un mensaje claro que Petro le manda al Innombrable y a todos sus seguidores, convertidos en niños inocentes que creen en cuentos de hadas y en manillas milagrosas.

Imagen tomada de Red Más Noticias. 

EL ELN Y LOS BANDIDOS DE CUELLO BLANCO SE UNEN PARA ROBAR PETRÓLEO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Después de 50 años de conflicto armado interno, organizaciones guerrilleras como el ELN y ahora las disidencias de las Farc-Ep perdieron ese carácter revolucionario con el que se levantaron en los años 60, para convertirse en empresas criminales capaces de hacer transacciones con empresarios que pertenecen a la “oligarquía” o a la llamada “gente de bien” que dicen combatir política, militar e ideológicamente.

El robo continuado de petróleo que se habría descubierto entre frentes del ELN (Ejército de Liberación Nacional) y empresarios, confirma que tanto los guerrilleros como los “nobles” capitalistas son falsos ideólogos y profetas: los primeros, porque por un largo tiempo se presentaron ante el país y el mundo como unos revolucionarios enemigos de la corrupción y del régimen, cuando lo que realmente defendían era las actividades de una economía ilegal que al final los hizo perder el norte. Con el narcotráfico, los secuestros extorsivos y el robo del crudo que por estos días es noticia, decían y dicen aún que financian su lucha armada, cuando esos millonarios recursos para lo único que realmente sirven es para consolidarse como una empresa criminal. Hasta tal punto llegó la confusión ideológica, que hoy la sigla ELN traduce Entidad Lista para Negociar petróleo; y los segundos, porque suelen presentarse como generadores de empleo, emprendedores y enamorados del capital y enemigos de las guerrillas socialistas, cuando realmente son unos “pillos refinados” que se sirven de los primeros para alcanzar sus objetivos económicos. Más claro: los del ELN no son revolucionarios y los ladrones de cuello blanco no son empresarios y mucho menos capitalistas.

Y pensar que con ese falso discurso revolucionario cautivan a jóvenes que, con espíritu libertario y en buena medida por la falta de oportunidades, se unen a las filas de un Ejército ilegal que apela a todo tipo de estratagemas para mantener un perfil político que ya no les queda, porque terminaron pareciéndose cada vez más a miembros de una oligarquía lumpenizada, mafiosa y criminal. Al final, la acumulación de riqueza une a los elenos y a la “gente de bien” en el innoble propósito de extender en el tiempo un conflicto armado interno que se degradó gracias a la confusión ideológica de unos “revolucionarios” que roban y se comportan de la misma manera que cientos de empresarios colombianos. Unos y otros comparten el apoyo de políticos igualmente mafiosos, que usan las pretensiones de los confundidos guerrilleros para justificar y poner en marcha políticas de seguridad democrática pensadas para asesinar inocentes, quitarles la tierra a los campesinos y desplazar comunidades. No falta quienes, desde la Academia, aún defiendan a los empresarios bandidos del ELN o quizás debamos llamar a esa agrupación armada ilegal ELNP (Entidad Lista para Negociar Petróleo). Vergonzoso y vergonzante.

Llama la atención el silencio de los dirigentes del antiguo ELN frente al escándalo del robo de petróleo a la estatal petrolera. ¿Hasta cuándo insistirán en mantener el cañazo de estar comprometidos con la Paz Total?

Imagen tomada de Pulzo.com

PETRO LLEGÓ AL GOBIERNO, PERO NO TIENE EL PODER

 

Por Germán Ayala Osorio

En diálogo con la periodista María Jimena Duzán, el presidente de la República, Gustavo Petro, lanzó una frase que pasó inadvertida en los medios masivos, ocupados todos en la tarea diaria de deslegitimar al gobierno. Petro dijo que él había llegado al gobierno, pero que el poder lo tienen otros. Habló de poderes de facto que hoy ostentan un poder mucho mayor que el del Estado.

Detrás de esa conclusión a la que llega el presidente Petro están el vaciamiento del sentido público del Estado, la corrupción público-privada, la actitud mendicante de los gobernantes que le sucedieron a Petro y finalmente, la consolidación de poderes económicos de facto, representados en las 4 ó 5 familias poderosas en el país, que convirtieron el Estado en la fuente de donde salen millonarios recursos, con los que construyeron sus fortunas.

Esa constatación presidencial erosiona el sentido de la democracia, en la medida en que quienes votan y eligen con sus sufragios a los presidentes de la República, no necesariamente están votando por un proyecto de país, sino por los intereses corporativos de los grupos económicos que financian, cada cuatro años, las campañas presidenciales. Esos mismos poderes de facto patrocinan a quienes aspiran a llegar al Congreso de la República, a cambio de que legislen en favor de sus intereses o por lo menos, que no lo hagan para afectar sus negocios. Por eso quizás ha sido imposible aprobar una ley que haga posible que las campañas las financie en su totalidad el Estado, para evitar, justamente, que cuatro o cinco familias poderosas continúen poniendo en el Solio de Bolívar a monigotes que solo saben asentir, como perros de taxi, las indicaciones y las órdenes que les dan los hijos o los patriarcas de cada grupo económico.

En la conversación con la periodista, Petro señaló que en sus encuentros con los grupos económicos (Sarmiento Angulo, Ardilla Lulle, Santodomingo, Gilinski y el GEA) les dejó en claro que él buscaba una relación de tú a tú y no, como ocurrió en el pasado, una en la que veía a presidentes arrodillados y sometidos a sus intereses.

Lo dicho por Gustavo Petro confirma lo que siempre supieron los colombianos: los presidentes de la República llegan a la Casa de Nariño en calidad de sirvientes de los poderosos grupos económicos. Los mejores ejemplos de esa relación de dominación están representados en las figuras de Iván Duque Márquez, Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe Vélez y más lejano, Andrés Pastrana Arango. Todos, homúnculos obedientes cuyo poder solo lo usaron para someter al pueblo a las peores condiciones económicas y políticas.

En el hilo de esa relación sumisa, aparece el neoliberalismo como doctrina con la que el capital y el mercado reducen la acción del Estado, por dos vías claramente definidas: las recetas impuestas por el FMI y el Banco Mundial, y la entrega de millonarios contratos a los representantes de esos poderes de facto que han contribuido, con su avaricia, a la consolidación de una sociedad altamente desigual como lo es la colombiana.

Al comprender que su llegada al gobierno se da en condiciones limitadas del poder presidencial, lo que está tratando de hacer Petro es dignificar la vida de los más pobres, recuperar la legitimidad del Estado y sobre todo, dejar claro en la historia política que no fue el títere o el sirviente de unos cuantos encopetados que desprecian la política y el Estado; también, Petro insiste en dar a conocer las relaciones mafiosas tejidas por años entre esos y otros poderes de facto. Odebrecht y el reciente escándalo de corrupción al interior de Ecopetrol son dos ejemplos del vaciamiento del sentido de lo colectivo que viene sufriendo la figura del Estado. Lo que se impuso en Colombia fue la lógica de un Estado corporativo-privatizado al servicio de los poderes de facto a los que se refiere el presidente en la ya señalada entrevista con la periodista María Jimena Duzán.

Imagen tomada de Youtube.com

ELECCIONES REGIONALES: DOS NARRATIVAS, DOS VISIONES DE PAÍS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

A tres meses de las elecciones regionales, la opinión pública gravita en torno a dos narrativas políticas que dan cuenta de dos bandos perfectamente diferenciados y enfrentados. De un lado aparece el gobierno de Gustavo Petro y del otro, el uribismo, sector de poder que intenta deslegitimar a la actual administración.

La narrativa gubernamental apunta a consolidar el imaginario colectivo que asocia al uribismo con actos de corrupción. Esa circunstancia tendría que hacer posible que los votantes castiguen a ese sector de poder, y en particular a la secta-partido, el Centro Democrático, microempresa electoral que arrastra la ya desgastada imagen del expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez. Por supuesto que colectividades como Cambio Radical, La U y los partidos históricos, el Conservador y el Liberal también ocupan un lugar en ese negativo imaginario. 

Con su lucha contra la corrupción, el presidente Petro y su equipo apelan al espejo retrovisor para exponer las prácticas corruptas que se naturalizaron durante el nefasto gobierno de Iván Duque Márquez e incluso, desde gobiernos anteriores. Los recientes hechos de corrupción al interior de Ecopetrol son apenas la punta del iceberg de lo que ocurrió durante ese cuatrienio en el que el ethos mafioso se consolidó y se volvió paisaje. Se suma a la millonaria corruptela dentro de la estatal petrolera, la captura de la Dirección Nacional de Protección (DNP) por parte de redes de narcotraficantes y por supuesto, los manejos irregulares de los bienes incautados a las mafias que se destaparon dentro de la SAE (Sociedad de Activos Especiales), entregados a políticos a los que les pagaron favores electorales, con la administraron y aprovechamiento económico de tierras, hoteles y fincas. Por supuesto que los escándalos de  Reficar y Odebrecht también se conectan con el uribismo o con políticos defensores de las ideas del inefable expresidente Álvaro Uribe. 

Entre tanto, la narrativa uribista apela al tema de la inseguridad ciudadana y a los problemas de orden público para deslegitimar al actual gobierno. Los atracos cotidianos en Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali que se transmiten en las redes sociales y los medios masivos anti-Petro, aportan a la generación de miedo e incertidumbre en amplias capas de la sociedad, sentimientos estos que pretenden contrarrestar insistiendo en el regreso de la seguridad democrática.

La idea de los uribistas es meter miedo para vender seguridad y para ello cuentan con los medios masivos afectos al “viejo” régimen para señalar que el actual gobierno nacional le entregó el país al terrorismo y a la delincuencia común y organizada.

Se trata de dos estrategias distintas que están ancladas al mismo número de visiones de país que se enfrentan: mientras que el gobierno insiste en luchar contra la corrupción y evitar el desangre de las finanzas públicas, y por esa vía construir un Estado moderno, al uribismo, sector de poder altamente comprometido con ethos mafioso que alimenta las prácticas corruptas, solo le interesa generar desazón y miedo en el electorado, afectado tempranamente por la idea de que el “país va mal”, cuando, de acuerdo con expertos economistas, el presidente Petro viene respetando la regla fiscal y actuando de acuerdo con la doctrina económica del FMI y el BM.

Veremos, entonces, a candidatos a gobernaciones y alcaldías enfocados en el tema de la inseguridad ciudadana. Muy seguramente, estos harán parte del uribismo, así nieguen su cercanía con el expresidente Uribe Vélez. Como también veremos a otros aspirantes interesados en dar cuenta de los logros del actual gobierno, empañados por la propaganda "negra" (sucia)y gris de los medios masivos.

Imagen tomada de Youtube.com

PALOMA VALENCIA: LA NUEVA ENCOMENDERA

 

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

 

La polémica propuesta de la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, de dividir el departamento del Cauca entre indígenas y mestizos, está anclada a su origen feudal, de clase y a un asunto de fondo que por años ha alimentado el conflicto armado interno, así jamás se haya reconocido como detonador y combustible de las hostilidades internas: la animosidad étnica que agentes de la cultura blanca impulsan contra indígenas, afrocolombianos y campesinos.

Paloma Valencia representa, sin duda alguna, el pasado feudal en el que aún siguen instalados miembros de ciertas familias, las mismas que buscan hoy refundar la patria, en especial, aquella que aún gravita y soporta su devenir, en los principios liberales de la Carta Política de 1991. Esa misma Constitución que de manera clara reconoce los derechos de los indígenas, los mismos que Paloma Valencia desea apartar, segregar y arrinconar, con el claro propósito de erosionar sus proyectos de vida, sus identidades y deslegitimar su lucha ancestral por la tierra, que blancos como Paloma Valencia, les han arrebatado.

Con su propuesta, quizás Paloma Valencia se vea como una suerte de nueva Encomendera, ante su empobrecido liderazgo, el mismo que la tiene hoy como una sumisa escudera de Uribe Vélez, una suerte de Mesías con el que siempre soñó la derecha y la ultraderecha colombiana.

Eso sí, la senadora Valencia no explicó si ella vivirá en el “Cauca mestizo”, en tanto ella sigue convencida de que pertenece, por su color de piel, a una casta aria, que de forma natural debe gozar de privilegios. Ese es el elemento que la une con Uribe, quien también está convencido de hacer parte de una raza aria, con derechos adquiridos por el color de piel.

Lo dicho por Paloma Valencia da cuenta del país que el conflicto armado jamás transformó: el país de unos cuantos privilegiados, que quieren seguir dominando a sus anchas, como si se tratara de un mandato divino, para manejar zonas del país como si tratara de extensas plantaciones o territorios aún sujetos a las disposiciones de capataces, gamonales e incluso, las de nuevos encomenderos. Y da cuenta, de la mezquindad y del atraso cultural de unas élites que a pesar de que han tenido la oportunidad de estudiar por fuera del país, no lograron superar su empobrecido liderazgo y esa malquerencia étnica que profesan de tiempo atrás contra los dignos y organizados pueblos indígenas del Cauca, en especial el pueblo Nasa.

Paloma Valencia representa el país godo, miserable, premoderno, ladino, oscuro, precapitalista, violento, conservador, excluyente y patriarcal. El mismo país que es responsable del atraso cultural de una Nación liderada por unas élites que se han ganado un lugar en la historia oficial, sobre la base del despojo, la expoliación, el crimen y el contubernio con fuerzas criminales e ilegales, a las que tradicionalmente le dieron un lugar en la institucionalidad. Pobre país este que ya piensa en escenarios de posconflicto, cuando no ha superado aún la animadversión étnica que siente una élite irresponsable y cicatera, hacia quienes simplemente viven bajo cosmovisiones distintas.

Adenda: distinto el talante ético y político de familiares de Paloma Valencia, como Álvaro Pío Valencia y Josefina Valencia.

Imagen tomada de Semana

CHITA Y PANCHO NO FUERON NEUTRALIZADOS, FUERON ASESINADOS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El asesinato de Chita y Pancho, los chimpancés que por una falla humana huyeron del zoológico Ukumarí de Pereira despertó en cientos de miles de colombianos una profunda molestia, indignación y pesar. En conversación con periodistas radiales la gerente del bioparque se refirió a los dos ejemplares, todo el tiempo que duró la entrevista, como animales, así, a secas.

Frente al error humano que cometió un trabajador del zoológico y que facilitó la huida de Chita y Pancho, hay que decir que el primer yerro se configuró con la existencia del zoológico como institución pensada para divertir a los seres humanos y recrear, frente al mundo salvaje y a la propia cultura dominante, la capacidad, fuerza y poder como única especie dominante capaz de transformar y someter a las otras especies y sus nichos ecológicos. No es gratuito que hoy se hable de Antropoceno, como una nueva era geológica.

Olvida la gerente que nosotros también somos animales; animales humanos, pero, al fin y al cabo, animales. Y quizás la peligrosidad de los chimpancés de la que habla la gerente, sea menor o una nimiedad, al lado del peligro que representa para la viabilidad de la vida en el planeta, la especie humana.

A pesar de expresar el profundo pesar por el crimen de Pancho y Chita, la gerente lo hizo amparada en una inocultable supremacía, atada a la doctrina antropocentrista con la que subvaloró la vida de los dos primates, en relación con las vidas humanas, que, según ella, estuvieron en peligro ante la presencia de los chimpancés.  

Quedan muchas dudas sobre el operativo policial que terminó con el asesinato de Pancho y Chita. Me pregunto: ¿si se descartó el uso de dardos tranquilizantes, era necesario dispararles con el objetivo de asesinarlos? ¿Intentaron herirlos? ¿Pudieron usar armas traumáticas?

La señora gerente justificó el asesinato por tratarse, según ella, de animales peligrosos que pusieron en riesgo la vida de uno de los cuidadores que hacía parte del grupo que salió, junto con miembros de la policía y el ejército, a tratar de “recuperar” a los primates.

En su discurso antropocentrista, la gerente no solo se refirió a Chita y a Pancho como animales, acto de habla desprovisto de cualquier empatía por parte de quien dijo sentirse compungida por el fatal desenlace, sino que usó la palabra “neutralizar”, eufemismo con el que se oculta lo que verdaderamente sucedió: el asesinato de dos seres sintientes y no de unos simples animales.

En lengua quechua, Ukumarí significa “aquel que tiene la fuerza de un oso”. Por el fatal error que cometió un animal humano al permitir que los dos chimpancés se salieran del ecoparque- zoológico, quizás sea hora de cambiar ese nombre por wañuchikuq sh[1].

Imagen tomada de la revista Semana. 

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[1] Tomado de: https://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/20.500.12799/7196/Yachachinapaq%20shimikuna%20-%20chawpin%20qichwa%20Vocabulario%20pedag%C3%B3gico%20quechua%20central.pdf?sequence=1&isAllowed=y

MANCUSO COMO GESTOR DE PAZ Y LA ANDANADA DE LA DERECHA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Pocas horas después de que el presidente anunciara la designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz, se activó el bloque político-mediático con el que se rechaza la decisión presidencial. El fiscal Barbosa y el noticiero Caracol noticias lideraron la andanada en contra de la designación. Barbosa, declarado enemigo de la paz y del presidente Petro, dejó entrever que se opondría a que Mancuso, una vez en el país, pudiera cumplir en libertad las tareas propias de un gestor de paz: viajar por los territorios llevando un mensaje de paz y reconciliación. Por el lado de Mancuso, este aceptó el llamado del presidente Petro, pero hay circunstancias contextuales que podrían hacerlo retroceder o impedirle que cumpla con un encargo del que aún hay muchas dudas sobre sus objetivos políticos y sociales.

Por las huestes del uribismo, el expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez desestimó la designación, pero criticó la elección de Mancuso, a quien el inefable político antioqueño tilda de mentiroso porque en varias ocasiones ha dicho que las AUC fueron determinantes en la elección y reelección de Uribe como presidente de la República. En su lugar, propuso a Jorge 40, paramilitar cuyo hijo fue elegido en el 2022 representante a la Cámara por el Cesar, La Guajira y Magdalena. Aunque Uribe aclaró que no es amigo de Jorge 40, el país sabe qué hay detrás del comentario del caballista y ganadero.

Así, en medio de un rechazo generalizado del nombramiento de Mancuso como gestor de paz, el presidente Petro presiona a la JEP para que decida si acepta o no al exlíder paramilitar como compareciente. Será en ese momento en el que Barbosa y la Corte Suprema de Justicia podrían hacer un bloque jurídico-político para evitar que Mancuso quede libre una vez llegue a Colombia a cumplir las penas pendientes, siendo gestor de paz.

Las amenazas en su contra, que bien pueden provenir de aquellos miembros de la élite política y económica sobre los que Mancuso entregó información de manera privada a la JEP o de la nueva generación de paramilitares e incluso, de los mismos militares a los que señaló en su reciente declaración ante los magistrados de la JEP, son un factor que podría echar al traste la designación presidencial.

Mancuso le debe al país información sobre los agentes económicos que se aliaron a la causa paramilitar, a través del lavado de activos, el tráfico de armas y narcóticos y por supuesto, la financiación. Quizás quienes tempranamente se oponen a su nominación como gestor de paz, le están haciendo un favor a los agentes económicos de la sociedad civil que patrocinaron el despojo de tierras, el desplazamiento forzado y los delitos de lesa humanidad que cometieron las AUC.

Lo cierto es que Justicia y Paz resultó todo un fracaso como política de sometimiento y esclarecimiento de los hechos relacionados con la violencia paramilitar. Le corresponderá al nuevo fiscal que elija la Corte Suprema de Justicia, de la terna que envíe el presidente Petro, asumir la inaplazable tarea de revivir los procesos de Justicia y Paz que varios fiscales generales permitieron su archivo o ayudaron a que marcharan a paso de tortuga. Hay que tener en cuenta que esa misma Corte puede rechazarle varias veces las ternas que presente Petro, con el propósito de garantizar la continuidad, en cuerpo ajeno y en franca interinidad, de la nefasta administración de Francisco Barbosa.

Imagen tomada de Vanguardia. 

CON MANCUSO COMO GESTOR DE PAZ, PETRO MANDA UN RAMO DE OLIVOS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Anuncia el presidente Gustavo Petro que Salvatore Mancuso será gestor de paz. Antes de examinar los pros y los contras de dicha designación, hay que preguntarse si el regreso al país del excomandante paramilitar se dará en los próximos meses, pues la tarea de ser gestor de paz no tendría mayor sentido estando recluido en una cárcel en los Estados Unidos.

El nombramiento como gestor de paz deviene con un carácter de reconciliación política a la que podrían no estar dispuestos los sectores de poder político y económico que Mancuso salpicó en sus declaraciones a la JEP. Y no por miedo a que vayan a verse involucrados sus principales voceros en procesos penales, sino porque asumen lo dicho por el líder paramilitar como una traición y una innoble colaboración con quien los viene confrontando y denunciando a sus familias y clanes desde que fungía como congresista: Gustavo Petro.

A las familias y empresarios que aportaron millonarias sumas de dinero a la causa paramilitar les preocupa la sanción mediática-moral que se desprenda de los eventuales llamados que haga la JEP para versiones libres, que no les comprometen penalmente. Y más que esa sanción, les molesta que ésta llegue, justamente, en el gobierno de quien los viene fustigando de tiempo atrás.

Con Mancuso, quizás el presidente Petro les está mandando un ramo de olivos a esos sectores de poder económico y político que osaron aportar millones de pesos a la causa paramilitar que no buscaba acabar con las guerrillas, sino despojar millones de hectáreas de tierra para repartirla entre hacendados, ganaderos y proyectos agroindustriales. Ese ramo de olivos, por supuesto, que tendría la intención de ganar apoyos para sacar adelante sus reformas y una mayor gobernabilidad. 

La apuesta del presidente de la República se entiende como parte de la Paz Total, idea maximalista que requiere de una reflexión de todos los actores armados, circunstancia esta que es difícil que se produzca porque demanda un alto nivel de formación política y desapego de todo lo que les garantiza las economías ilegales, asunto que no todos los líderes paramilitares, guerrilleros e incluso los miembros de la clase política asociada a esas organizaciones criminales tienen. Si hay algo que caracteriza a mafiosos, paramilitares, sicarios y guerrilleros es su bajo capital social y cultural y una formación política premoderna, anclada al temple de señores feudales que jamás entenderán el carácter público del Estado moderno.

No creo que Mancuso sirva mucho como gestor de paz al momento de buscar acercamientos con las estructuras narco-paramilitares que hoy operan en varios territorios, de la mano de prácticas sicariales. Es decir, Mancuso no tendría con quién dialogar pues esos nuevos grupos paramilitares deambulan acéfalos y con una baja formación política.

Imagino que las disidencias de las Farc exigirán al gobierno que gestione ante Biden el regreso de su líder Ricardo Palmera, alias Simón Trinidad, preso también en una cárcel americana, con una situación penal distinta a la de Mancuso.

Una vez llegue al país Salvatore Mancuso, las redes sicariales diseñadas desde sectores políticos y económicos entrarán en operación con el objetivo de asesinar al confeso paramilitar. 

 

Imagen tomada de El Colombiano. 

LOS DAÑOS QUE URIBE VÉLEZ LE HIZO A COLOMBIA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Después de escuchar a la jueza 41, Laura Barrera negar la vergonzante segunda solicitud de preclusión del proceso penal en contra del expresidente y ex presidiario, Álvaro Uribe Vélez, es bueno que como sociedad evaluemos los daños que el caballista y latifundista antioqueño le hizo y la hace aún al país.  La academia, periodistas independientes y los sectores democráticos de la sociedad colombiana están en mora de evaluar los daños culturales, sociales, económicos, ambientales y políticos que Álvaro Uribe Vélez le dejó al país durante y después de su mandato (2002 y 2010).

Esa tarea es inaplazable de cara a desmitificar su imagen, pero especialmente para erosionar los imaginarios y las representaciones sociales que en torno a él y a su ‘obra’ de Gobierno circulan todavía en Colombia, gracias a su vigencia político-mediática. En varias columnas publicadas aquí en este blog he dado puntadas alrededor de los nefastos ocho años que vivió el país, liderado por quien para algunos fue un Mesías y para millones de ingenuos- cándidos-, el Mejor Presidente de Colombia. Sin duda, dos exageraciones alimentadas por la gran prensa que se hincó a su poder y por la ignorancia, la falta de criterio y los intereses de sectores económicos, sociales y políticos que históricamente usan a los presidentes para consolidar monopolios y fortunas de unas pocas familias. He aquí algunas consideraciones alrededor de los daños que Uribe Vélez le hizo al país y los que seguirá produciendo.

Álvaro Uribe Vélez, junto con sus abogados, y en particular en el marco del actual proceso al que está vinculado en calidad de imputado, se burla de la justicia y erosiona su majestad; por esa misma línea, el temido ex presidiario hundió en el más profundo fango de la ignominia la solemnidad de la presidencia de la República. Nunca antes ser presidente y expresidente de Colombia se consideró un asunto tan inmoral. Es el primer presidente imputado por graves delitos. El proceso 8.000 de Samper y su preclusión en la siempre oscura Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, al lado de las innumerables investigaciones y procesos en los que está involucrado Uribe Vélez, constituye una querella, una pelea entre vecinos.

Uribe Vélez debilitó las instituciones ambientales y las convirtió en oficinas privadas en donde se tramitaron licencias de exploración y explotación de oro, carbón y madera, entre otros, sin mayores consideraciones étnico culturales, sociales, técnicas y/o científicas. Por ello los desastres ambientales que Santos heredó y que su Gobierno aumentó bajo la puesta en marcha de la llamada locomotora-minero energética. El primer ministro de ambiente que tuvo Colombia, Manuel Rodríguez Becerra confirma el debilitamiento de la institucionalidad ambiental y además, cuestionó a Uribe por la entrega de títulos mineros: “No tienen ningún derecho los cientos de títulos mineros que irresponsablemente y en forma inexplicable entregó Ingeominas en diferentes páramos y parques nacionales del país”. Mal podía considerar el Ministerio del Medio Ambiente el estudio de impacto ambiental presentado por la Greystar y haberlo recibido siquiera. Entonces seamos claros de dónde están las responsabilidades. No me parece poner en la palestra a los representantes de la Greystar como responsables de una acción en la que muchos de ustedes están en desacuerdo y es que se explote una mina de oro y plata en el Páramo de Santurbán; el gran responsable es el Gobierno Nacional. En concreto, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que fue quien recibió el estudio de impacto ambiental y naturalmente el actual gobierno de Juan Manuel Santos sigue con esa responsabilidad”.

Uribe Vélez eliminó el sentido de lo público de la política. Tomó decisiones y modificó las reglas de juego de la democracia, amparado en su carácter autocrático y mesiánico. Privatizó la política para favorecer a los sectores, legales e ilegales, de poder político, social y económico que lo llevaron a la Presidencia  siendo él un político emergente. Así lo confirmó Mancuso en sus recientes audiencias ante la JEP: “aporté dinero y camisetas”, dijo el confeso asesino.

Uribe Vélez privatizó a sectores de la Fuerza Pública. Manejó a los militares como si hicieran parte de un ejército privado, de una fuerza asociada más a un gran hato o a una hacienda, que a un Estado cuyas responsabilidades son mayores. Uribe desestimó, por esa vía, el pensamiento divergente y a la crítica, de allí que en concurso con la Inteligencia Militar, persiguió periodistas, magistrados, sindicalistas, y libre pensadores, críticos de su pasado y de su gestión como Presidente. Usó el DAS como su policía política. Baste con recordar las chuzadas a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Uribe Vélez irrespetó al periodismo y sometió a los periodistas a sus caprichos. No contestó preguntas, no asumió responsabilidades públicas. Desde Presidencia, según varias fuentes, se presionó a los periodistas para que sirvieran de ruedas de transmisión de un Gobierno que supo manipular a la opinión pública no sólo con la ayuda de los medios masivos, sino con el discurso coloquial de un Presidente carismático.

Por su carácter montaraz, autoritario y camorrero, Uribe Vélez se erigió como un Gran Macho. Por ello caló muy bien en una sociedad patriarcal y machista en donde los hombres no lloran, pues están hechos para resolver sus conflictos y diferencias a puños y patadas, como bestias. Por ello, la frase célebre, “donde lo vea le doy en la cara marica” se convirtió para muchos jóvenes en un referente y en un principio para fortalecer procesos de construcción de masculinidades violentas y retadoras. Uribe, como individuo premoderno, coadyuvó a que muchos hombres (jóvenes y adolescentes) lo vieran como un ejemplo a seguir.

Uribe Vélez relativizó la ética pública. Con el Todo Vale, Uribe Vélez sacó de los colombianos lo más oscuro de su formación ciudadana. La consecución de los objetivos por encima de consideraciones éticas fue su gran bandera, agitada por millones de colombianos. Uribe Vélez debilitó el Estado en su investidura de orden social, político y cultural. Redujo la función pública a sus caprichos. Incluso, la función judicial la quiso cooptar y capturar, de allí que mandara a capturar sin mediar orden alguna de un juez a un ciudadano en Buenaventura; igualmente, mandó a matar a sicarios de la Oficina de Envigado. Desestimó el Estado de Derecho cuando le dijo a un general, ¡Acábelos, y por cuenta mía!  En su momento, la revista Semana tituló así ese acto de habla: “Acábelos por cuenta mía, no se preocupe, mi general". Fue la orden que el presidente, Álvaro Uribe, le dio al comandante de la Policía de Medellín, Dagoberto García, sobre ‘Yiyo’ y ‘Memín’, cabezas de la criminal oficina de Envigado.

Uribe Vélez supo aprovecharse de una circunstancia contextual: los  procesos civilizatorios en Colombia vienen fallando porque hay una débil identidad nacional y el Estado no es referente de orden moral y cultural. Uribe Vélez, en su calidad de político emergente, supo jugar con una verdad incontrastable: la élite empresarial y política de Colombia se forma académicamente para capturar el Estado y mantener así sus privilegios de clase. En resumen, Uribe Vélez fue un Mesías y un líder inflado por los medios de comunicación. Supo canalizar el odio que millones de colombianos profesaban y profesan aún contra las Farc y se aprovechó de la incapacidad de esos mismos colombianos para buscar responsabilidades en la clase dirigente, en el Estado mismo y en una reducida élite, por la presencia otoñal de esa guerrilla y de la permanencia del conflicto armado interno.

Para muchos, Uribe Vélez fue un mal necesario. Me niego a aceptar esa sentencia. Por el contrario, considero que Uribe Vélez fue un cruel, peligroso e inconveniente experimento de una Derecha que vio en él a un líder político capaz de traspasar todos los límites éticos y morales. Cuando vieron que su experimento se les salía de control, entonces, poco a poco le fueron quitando respaldo hasta dejarlo solo. Esto, claro está, con el concurso de los Estados Unidos que se sirvió de tener en la Casa de Nariño (o de Nari) a un político que siendo calificado por autoridad norteamericana como el Narcotraficante 82, debía cuidar muy bien los intereses del Coloso del Norte en Colombia. Y Uribe les cumplió. Al final, Uribe debilitó la democracia, el Estado Social de Derecho y el sentido de la política. Se atrevió a decir que el Estado de Opinión era la fase superior del Estado de derecho.  La categoría Estado de Opinión es una invención de este vulgar capataz que, convencido de que podía mantener engañados a millones de colombianos, las decisiones políticas las tomaría en nombre de esos cautos ciudadanos.

Pobre país que aún cree en Mesías y en Héroes. Por ello, cuando una sociedad cree y espera la llegada de un Mesías es porque aún no está madura para vivir en democracia. Y estoy seguro de que avanzaremos como sociedad civilizada cuando dejemos de creer en Mesías, en Héroes y en Patriotas.

Imagen tomada de Twitter