Por Germán Ayala Osorio
Pocas horas después de que el presidente anunciara la designación de Salvatore
Mancuso como gestor de paz, se activó el bloque político-mediático con el que
se rechaza la decisión presidencial. El fiscal Barbosa y el noticiero Caracol
noticias lideraron la andanada en contra de la designación. Barbosa, declarado
enemigo de la paz y del presidente Petro, dejó entrever que se opondría a que
Mancuso, una vez en el país, pudiera cumplir en libertad las tareas propias de
un gestor de paz: viajar por los territorios llevando un mensaje de paz y reconciliación.
Por el lado de Mancuso, este aceptó el llamado del presidente Petro, pero hay
circunstancias contextuales que podrían hacerlo retroceder o impedirle que cumpla
con un encargo del que aún hay muchas dudas sobre sus objetivos políticos y
sociales.
Por las huestes del uribismo, el expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe
Vélez desestimó la designación, pero criticó la elección de Mancuso, a quien el
inefable político antioqueño tilda de mentiroso porque en varias ocasiones ha
dicho que las AUC fueron determinantes en la elección y reelección de Uribe como
presidente de la República. En su lugar, propuso a Jorge 40, paramilitar cuyo
hijo fue elegido en el 2022 representante a la Cámara por el Cesar, La Guajira
y Magdalena. Aunque Uribe aclaró que no es amigo de Jorge 40, el país sabe qué
hay detrás del comentario del caballista y ganadero.
Así, en medio de un rechazo generalizado del nombramiento de Mancuso como
gestor de paz, el presidente Petro presiona a la JEP para que decida si acepta
o no al exlíder paramilitar como compareciente. Será en ese momento en el que
Barbosa y la Corte Suprema de Justicia podrían hacer un bloque jurídico-político
para evitar que Mancuso quede libre una vez llegue a Colombia a cumplir las
penas pendientes, siendo gestor de paz.
Las amenazas en su contra, que bien pueden provenir de aquellos miembros de
la élite política y económica sobre los que Mancuso entregó información de
manera privada a la JEP o de la nueva generación de paramilitares e incluso, de
los mismos militares a los que señaló en su reciente declaración ante los
magistrados de la JEP, son un factor que podría echar al traste la designación
presidencial.
Mancuso le debe al país información sobre los agentes económicos que se aliaron
a la causa paramilitar, a través del lavado de activos, el tráfico de armas y
narcóticos y por supuesto, la financiación. Quizás quienes tempranamente se oponen
a su nominación como gestor de paz, le están haciendo un favor a los agentes
económicos de la sociedad civil que patrocinaron el despojo de tierras, el desplazamiento
forzado y los delitos de lesa humanidad que cometieron las AUC.
Lo cierto es que Justicia y Paz resultó todo un fracaso como política de
sometimiento y esclarecimiento de los hechos relacionados con la violencia
paramilitar. Le corresponderá al nuevo fiscal que elija la Corte Suprema de
Justicia, de la terna que envíe el presidente Petro, asumir la inaplazable tarea
de revivir los procesos de Justicia y Paz que varios fiscales generales
permitieron su archivo o ayudaron a que marcharan a paso de tortuga. Hay que
tener en cuenta que esa misma Corte puede rechazarle varias veces las ternas
que presente Petro, con el propósito de garantizar la continuidad, en cuerpo
ajeno y en franca interinidad, de la nefasta administración de Francisco Barbosa.
Imagen tomada de Vanguardia.
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