PODER PRESIDENCIAL Y MARIPOSAS AMARILLAS

Por Germán Ayala Osorio

 

El sistema patriarcal y el machismo tienen en la Política- sí, con mayúscula- al mejor escenario para mantenerse, extenderse en el tiempo y reproducir las narrativas y lógicas de dominación sobre la mujer y los ecosistemas naturales, formas de violencia simbólica y física esenciales en eso de ser hombre. Baste con mirar la historia de las civilizaciones, el actual modelo de desarrollo extractivo y la experiencia misma de la colonización antioqueña para comprender la fuerza de ese sistema y de todo lo que se deriva de su operación.

Los presidentes de la República, todos hombres para el caso colombiano, confirman que la Política es el escenario en el que se reproducen taras civilizatorias como el racismo, el clasismo y por supuesto el machismo que convierte a los políticos en hombres interesantes, deseados, irremplazables y definitivos para otros hombres y para mujeres, todos y todas dispuestas y  capaces de hacer todo- y todo es todo- con tal de vivir de la política, esto es, enriquecerse, alcanzar visibilidad, reconocimiento y un lugar en la historia.

Quienes logran llegar al máximo poder político- la presidencia de la República- suelen convertirse en caudillos y en Mesías. A otros, por supuesto, solo les interesó llegar para cumplir las tareas que les impusieron otros hombres que los sentaron en el Solio de Bolívar para que fueran sus sirvientes: Iván Duque es el ejemplo más reciente, aunque todos de una y otra manera terminan hincándose al poder bien sea de banqueros, contratistas e incluso de mafiosos. Negocios y cosas de machos. No en vano la escritora Carolina Sanín habla del “cacorraje nacional” en detrimento del surgimiento de los liderazgos femeninos.

Otros buscaron llegar a la Casa de Nariño porque así lo ordenaba la tradición familiar: es el caso de Juan Manuel Santos, un “delfín” que sí o sí debía ser presidente. El caso de Vargas Lleras, nieto de presidente, resulta emblemático porque tuvo todo para llegar a la casa de gobierno, pero su nulo carisma, su rostro adusto, su clasismo y aporofobia le impidieron alcanzar la “gloria”. Por ahí andan unos “delfines” a más de 2600 metros sobre el nivel del mar, a los que muy probablemente les pasará lo mismo que le sucedió a Germán Vargas Lleras.

Otros llegaron extraviados, como es el caso del poeta Belisario Betancur Cuartas, un mandatario pusilánime que dejó de gobernar por un poco más de 48 horas: la tropera cúpula militar de la época le dio el mini golpe para retomar el Palacio de Justicia tomado a sangre y fuego por un piquete del M-19. Los uniformados no recuperaron el edificio porque lo quemaron y tampoco defendieron la democracia como creyó que lo estaba haciendo el coronel y caballero Alfonso Plazas Vega. Lo de caballero es porque era del arma de la Caballería. Muy cerca de ese momento histórico atado a la constitución de 1886 está la figura de Julio César Turbay Ayala, cuya presidencia se recuerda como violenta por la aplicación del Estatuto de Seguridad y la violación de los derechos humanos. Llegó al poder para dar rienda suelta a su incontrolable cachondez: se cree que venía a Cali a participar de bacanales con sus amigos los narcos.

El punto delirante llega cuando se vuelven caudillos, se sienten Mesías e incluso amanecen un día sintiéndose como los “papás” de los colombianos. Hay dos casos para citar: Álvaro Uribe Vélez y recientemente Abelardo de la Espriella Otero.

El primero, en su Manifiesto Democrático, los 100 puntos de Uribe dejó clarísimo cómo se veía frente al pueblo colombiano: “Aspiro a ser presidente sin vanidad de poder. La vida sabiamente la marchita con las dificultades y atentados. Miro a mis compatriotas hoy más con ojos de padre de familia que de político. Aspiro a ser presidente para jugarme los años que Dios me depare en la tarea de ayudar a entregar una Nación mejor a quienes vienen detrás. No quiero morir con la vergüenza de no dar hasta la última lucha para que mi generación pueda tranquilamente esperar el juicio de la historia”.

De la Espriella Otero no lo dejó consignado en un manifiesto y mucho menos en su escueto programa de gobierno de tres páginas. Lo dijo en Cali, dieciocho días después del terremoto que en particular afectó a la capital del Valle del Cauca. Dijo sentirse el “papá” de 53 millones colombianos. Qué locura tener un padre como De la Espriella.

Antes de la llegada de ADLA a la Casa de Nariño hay que referirse a Gustavo Petro Urrego, un huésped inesperado para la élite tradicional-hombres poderosos- que jamás imaginó que un exguerrillero se colgara la banda presidencial. Con Petro, llegó el populismo de izquierda, en contraste con el más grande populista de la derecha: Álvaro Uribe Vélez.

Petro será recordado por haber bajado la pobreza estructural, subir el salario mínimo y dignificar así la vida de millones de trabajadores y tratar de proteger los ecosistemas naturales, entre otros logros. Pero también será recordado por los escándalos de corrupción, por su debilidad ante la belleza femenina y comentarios sexualizados como el de “acompasar el clítoris y el cerebro” y su auto referencia a que “hace cosas muy buenas en la cama”.

La prensa hegemónica que lo hostigó durante los cuatro años le está sacando en cara la existencia de un grupo de Mariposas Amarillas, esto es, una red de mujeres esbeltas, hermosas y jóvenes que se habrían beneficiado de millonarios contratos. Lo de las Mariposas Amarillas despertó enfrentamientos entre mujeres y hombres en las redes sociales alrededor del empoderamiento de esas jóvenes y hermosas mujeres, frente a otras que, en alejados territorios, dieron la vida por defender las banderas del Pacto Histórico. Es en este punto en el que de detengo para atar el ejercicio del poder político y la Política con el sistema patriarcal y el machismo y lo que llamo la más grande trampa tendida a las mujeres por ocultos “agentes” patriarcales: las cirugías estéticas asumidas por muchas mujeres como el mecanismo para entrar al círculo de poder de hombres poderosos, incluido por supuesto el presidente de la República; y entendidas por los políticos como la oportunidad única de exhibir, como objetos, perfectos cuerpos femeninos esculpidos por cirujanos  (hombres) que encontraron en las inseguridades de un importante número de mujeres y en el exacerbado machismo una mina de oro al parecer inagotable.

Una de las más mediáticas de esas mujeres que la prensa incluyó en el pequeño grupo de las Mariposas Amarillas enfrenta en la red X críticas por su constante exhibición de sus atributos físicos y su cercanía política al expresidente Petro. Incluso, pareciera fungir como vocera del Pacto Histórico. Recojo lo dicho por una tuitera que la confrontó: “…una cosa es disfrutar la vida privada y otra muy distinta convertir la exhibición permanente del lujo, las cirugías y el estatus en una especie de performance, mientras alrededor suyo hay personas que llevan años dejándose la piel en las causas progresistas sin haber tenido nunca acceso a esos espacios de poder y reconocimiento… Porque si alguien recibe una visibilidad extraordinaria gracias a su cercanía con el poder, tiene derecho a disfrutarla, por supuesto, pero también debería preguntarse qué comunica y qué significa esa exhibición para quienes la observan”.

En medio de la sobreexposición individual, narcisista y egocéntrica de las redes sociales, hombres y mujeres reproducen juntos lo que tanto daños les hace a las segundas. Justamente esas son las circunstancias que ayudan a que el sistema patriarcal se mantenga en pie y el machismo siga siendo minimizado por las mujeres que por cuenta propia aceptan ser miradas como objetos sexuales, como territorios en disputa. 

¿QUIÉN LES DIO LA ORDEN?

Por Germán Ayala Osorio

 

Después del rechazo unánime que recibieron los cinco congresistas del Pacto Histórico (PH) que hacen parte de la históricamente ilegítima Comisión de Absoluciones (también conocida como Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes) la pregunta que se hacen muchos es quién les dio la orden.

Aunque el interrogante no arrastra la condena legal y moral que acompaña a quienes en el pasado preguntaron quién dio la orden a los militares que, en el contexto de la Seguridad Democrática de Uribe, asesinaron a por lo menos 7.837 colombianos, sí amerita una respuesta urgente del expresidente Petro en la medida en que las explicaciones dadas por varios de los cinco congresistas involucrados en el escándalo político del momento terminaron por oscurecer y por esa vía aumentar la indignación de propios y extraños.

Las respuestas dadas en sus cuentas de X resultaron insuficientes, confusas e insultantes, lo que obliga al expresidente Gustavo Petro a salir a responder qué fue lo que pasó. Ya hay sectores de la opinión pública que hablan de un “pacto por la impunidad” firmado con el uribismo.

El arreglo político entre Uribe y Petro que le aseguró al PH las mayorías en la Comisión de Absoluciones para proteger al expresidente progresista de una eventual persecución jurídico-política de la ultraderecha abelardista, no puede llevar a la colectividad a ese nivel de abyección al que llegaron Toro, Landínez, Pizarro, Bastidas y Becerra. Lo hecho por estos congresistas es ominoso, asqueante, funesto y produjo evidentes arcadas en militantes y simpatizantes del proyecto político progresista. Acercarse de esa manera al Establecimiento convierte al PH en una colectividad ilegítima e inviable.

David Alejandro Toro, Heráclito Landínez, María del Mar Pizarro, Jorge Hernán Bastidas y Gabriel Becerra son los  cinco congresistas del Pacto Histórico que acompañaron al presidente de la Comisión de Absoluciones en su vulgar solicitud que elevó ante la Fiscalía con la que buscaba que el ente investigador y acusador remitiera el caso de las masacres de la Granja y el Aro y el asesinato de Jesús María Valle a semejante antro de impunidad que es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. El objetivo: evitar que el expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez sea procesado por su presunta responsabilidad en esos hechos cometidos cuando fungía como gobernador de Antioquia. La defensa de Uribe se inventó una colisión de competencias entre la Fiscalía y la Comisión de Absoluciones y los congresistas del PH la “compraron” sin mayor discusión. ¿Quién les dio la orden?

El silencio de Petro frente al asunto aporta a la retirada de cientos de miles de simpatizantes que vieron cómo el proyecto que votaron y defendieron con ahínco durante más de cuatro años se fue diluyendo entre los costosos contratos entregados a quienes hicieron parte de las llamadas Mariposas Amarillas, el clientelismo, la corrupción y la decisión del presidente de la República de encerrarse en el círculo de amigos y amigas del M-19. Al final, Petro redujo las aspiraciones de la izquierda y el progresismo a la historia del movimiento 19 de abril.

La “cagada” de los cinco congresistas debería generar un verdadero cisma en el Pacto Histórico. Hoy, los liderazgos de Petro y Cepeda devienen resquebrajados. El primero necesita de un descanso largo y una toma de distancia de las dinámicas de la política pues llega el momento en el que los expresidentes terminan convertidos o asumidos por la opinión pública como “muebles viejos que estorban”; por lo menos así lo consideró en su momento Alfonso López Michelsen. Eso sí, los vejetes de la derecha están ahí metidos en la política a pesar de sus achaques como actúan como verdaderos estorbos que le impiden al país avanzar hacia estadios de modernidad.

En cuanto a Cepeda, se le nota agotado. Su fallida candidatura presidencial es la mácula que termina por debilitar su ya frágil liderazgo y carisma. Además, su llamado a la “desobediencia civil” no pegó. Es tiempo de nuevos liderazgos. Si nadie sale a responder quién les dio la orden, por lo menos tengan la grandeza de permitir el brote de nuevos liderazgos. Dentro del PH hay mujeres y hombres que el propio Petro y sus aúlicos desecharon o mantuvieron al margen. Ese lugar de privilegio al parecer lo ocuparon las bellas Mariposas Amarillas.

 

EL PACTO HISTÓRICO, A LAS PUERTAS DE EL UBÉRRIMO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Lo hecho por los cinco congresistas del Pacto Histórico (PH) al interior de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes (en adelante Comisión de Absoluciones) golpea la credibilidad del partido, la del propio expresidente Petro y por supuesto la de Iván Cepeda; y lo que es peor, lo actuado constituye una mofa a las víctimas de los grupos paramilitares y de los agentes políticos y económicos que los auparon y patrocinaron.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, en medio del silencio del partido y de los involucrados en lo que constituye sin duda alguna una embarrada mayúscula que acerca al PH al ethos mafioso que siempre guió a la derecha uribizada, al tiempo que lo aleja de la idea del cambio prometido en las costumbres políticas, en especial en la urgente necesidad de ponerle límites éticos y morales a los acuerdos políticos consustanciales al ejercicio de la política. Lo acordado entre Uribe y Petro para que el PH tuviera la mayoría de esa Comisión de Absoluciones justamente para proteger al expresidente progresista de la intención del nuevo gobierno de meterlo preso, no puede arrastrar a la colectividad al fango y a las covachas en las que siempre vivió Uribe y sus seguidores.

Aprobar y acompañar la solicitud que el presidente de la Comisión de Absoluciones elevó a la Fiscalía para que el proceso contra el expresidente y expresidiario Álvaro Uribe por las masacres del Aro, la Granja y el asesinato de Jesús María Valle pase a manos de esa ilegítima corporación constituye de lejos una traición a los principios de justicia y búsqueda de verdad que millones de colombianos reconocieron en el PH y en los líderes políticos de esa colectividad que de tiempo atrás enfrentaron a Álvaro Uribe Vélez y confrontaron su oscura vida pública.

Petro y Cepeda, desde el Congreso, se enfrentaron a la maquinaria política, mediática e ideológica que está detrás de las actuaciones y decisiones de Álvaro Uribe Vélez, llamado por el periodista Josep Contreras, el “Señor de las Sombras”. Hablando de libros, Iván Cepeda y Jorge Rojas escribieron A las puertas del Ubérrimo. En los agradecimientos los autores reconocen que el libro se escribió “pensando en las víctimas de los crímenes de lesa humanidad que se han perpetrado en los últimos veinticinco años en Córdoba: las miles de personas desaparecidas, asesinadas y desplazadas por la violencia. A ellas está consagrada esta obra”.

La decisión política tomada por David Alejandro Toro, Heráclito Landínez, María del Mar Pizarro, Jorge Hernán Bastidas y Gabriel Becerra echa a la basura las luchas que dieron Petro y Cepeda que sirvieron para develar el demencial y diabólico carácter de lo que se conoce como el uribismo. Lo que hicieron Toro, Landínez, Pizarro, Bastidas y Becerra, curiosamente, los acerca a las puertas de El Ubérrimo.

Es urgente que el PH, como partido político, no solo reaccione frente al rechazo que en redes generó las actuaciones de los cinco congresistas, sino que diga quién les dio la orden. ¿Acaso el expresidente Petro está detrás de semejante “cagada”? No creo que Iván Cepeda esté detrás de esa torpeza, pues lo actuado por sus compañeros lo afecta de manera directa porque el excandidato presidencial hace parte del proceso judicial que nuevamente tiene a Uribe Vélez en el ojo de la justicia, esta vez por hechos violentos ocurridos cuando fungía como gobernador de Antioquia.

Me resulta asqueante y ominoso lo que hicieron los congresistas del Pacto Histórico. A los hechos de corrupción del gobierno Petro y a los errores cometidos durante su mandato no tenían porqué sumar semejante “deposición”. Es tan grande, que los avances sociales alcanzados en los cuatro años del gobierno progresista no serán suficientes en la titánica labor, al parecer no advertida aún, de repensar el futuro de una colectividad que parece más interesada en acercarse al viejo y criminal Establecimiento, que regresar a los caminos que la llevaron a convertirse en una alternativa de poder fundada en la coherencia ideológica y política, la defensa de los derechos colectivos, el mejoramiento de las condiciones de vida de las grandes mayorías y alejada de los vicios de la clase política tradicional. Hoy, veo a su dirigencia muy atada a la sobreexposición en redes sociales de figuritas que le restan seriedad al partido por cuanto una parte de la opinión pública las asocia con el clientelismo y el pago de favores políticos. El fenómeno "Juliana Guerrero" no puede mantenerse. Debe proscribirse de tajo. 

Adenda: al cierre de esta columna, la Fiscalía desestimó la solicitud elevada por Carlos Cuenca y los congresistas del PH. Tampoco se conoce pronunciamiento del expresidente Petro. El partido emite un escueto comunicado que poco a nada aclara lo actuado por los cinco congresistas. 

 

UN PACTO HISTÓRICO POR LA IMPUNIDAD

Por Germán Ayala Osorio

 

Los pactos entre partidos políticos hacen parte de las dinámicas congresionales, atravesadas estás últimas por la sempiterna elasticidad moral y ética de quienes al interior de esas agrupaciones políticas hacen acuerdos que en ocasiones resultan ser vergonzantes y vergonzosos.

Cuestión Pública informó que los cinco miembros del Pacto Histórico que hacen parte de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representante (CACR) apoyaron la solicitud que el presidente de esa corporación, Carlos Cuenca (Cambio Radical) le envió a la Fiscal Luz Adriana Camargo en la que le pide que el proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por las masacres del Aro, la Granja y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle pase a manos de la CARC.

Lo constatado por el equipo periodístico de Cuestión Pública resulta tan incomprensible, como repugnante, porque Iván Cepeda, figura prominente del Pacto Histórico, lleva años acompañando a las víctimas del paramilitarismo en Colombia y a las madres de los jóvenes asesinados por agentes estatales (falsos positivos).

La disputa jurídica entre Cepeda y Uribe se convirtió en una bandera que hizo brillar al progresismo, al propio excandidato presidencial y al Pacto Histórico como partido comprometido con la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad de la que gozan aún actores políticos y económicos que patrocinaron a los grupos paramilitares. Como parte de esa lucha política y jurídica del Pacto Histórico está la condena en segunda instancia contra Santiago Uribe, hermano del expresidente antioqueño.

El exmandatario está citado a declarar ante la Fiscalía el 4 de septiembre por los hechos relacionados con las masacres del Aro y la Granja y el asesinato de Jesús María Valle. Uribe Vélez fungía como gobernador de Antioquia cuando se produjeron esas masacres y el crimen del defensor de derechos humanos y abogado.

La solicitud de Carlos Cuenca se da por lo que se puede considerar una fina “leguleyada” de la defensa del expresidente y expresidiario antioqueño. Se trata de una interpretación jurídica que, de la mano de la misiva enviada por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes (en adelante, Comisión de Absoluciones) busca asegurarle total impunidad al expresidente Uribe.

En el oficio que envió Cuenca se lee el argumento que la defensa de Uribe le entregó para que elevara la solicitud a la Fiscalía: “…Álvaro Uribe Vélez ejerció como presidente de la República desde el 7 de agosto de 2002 hasta el 7 de agosto de 2010, mientras que la actual investigación tendría como fecha de consumación del delito de concierto para delinquir agravado el año 2003”.

El corte sincrónico que hace el defensor del expresidente Uribe desatará una colisión de competencias entre la Fiscalía y la Comisión de Absoluciones, situación jurídica que deberá resolver la Corte Suprema de Justicia o en su defecto la Corte Constitucional. Así las cosas, la comparencia de Uribe ante la Fiscalía, prevista para el 4 de septiembre, se suspendería lo que sin duda alguna representará un triunfo político y jurídico del que hizo parte sustantiva el Pacto Histórico (PH).

Que los cinco miembros del PH hayan aprobado la citada solicitud debería de desatar una crisis monumental al interior de esa colectividad, pero, sobre todo, una condena pública del senador Iván Cepeda. Varias fuentes le confirmaron a Cuestión Pública que efectivamente David Alejandro Toro, Heráclito Landínez, María del Mar Pizarro, Jorge Hernán Bastidas y Gabriel Becerra aprobaron el sentido de la solicitud enviada por Cuenca. Cepeda se limitó a decir que “le he solicitado a mis abogados que mantengan nuestra posición para que la fiscalía general de la Nación conserve la competencia para adelantar esa investigación, con las debidas garantías procesales”.

Becerra defendió lo hecho y le dijo a Cuestión Pública que “la decisión adoptada debe entenderse en el marco de una controversia jurídica sobre la autoridad competente para continuar esta investigación”. Gabriel Becerra no solo acoge sin miramientos la interpretación jurídica que hace la defensa de Uribe, sino que trata de justificar lo que claramente debe entenderse como una afrenta contra las víctimas, una contradicción ética, ideológica y política que incluso toca a su compañera María del Mar Pizarro, hija de Carlos Pizarro Leóngomez, asesinado por orden de las AUC.

En su lamentable justificación entregada a Cuestión Pública, Becerra insiste en que “por la gravedad de estos hechos consideramos indispensable que la investigación tenga plena seguridad jurídica, respete el debido proceso y sea adelantada por el juez natural…”. Si por juez natural se refiere a la Comisión de Absoluciones, lo que queda claro es Uribe será protegido por quienes hoy son mayoría de esa corporación, gracias al pacto inicial con el Centro Democrático que le aseguró al expresidente Petro que las investigaciones en su contra no prosperarán gracias a los cinco miembros del Pacto Histórico que hacen parte de la Comisión. 

Todo indica que los cinco miembros del Pacto Histórico tomaron esa decisión sin consultarle al senador Cepeda, lo que constituye un golpe ético y político a su liderazgo y un desconocimiento a su condición de actor civil y defensor de los derechos de las víctimas. Cepeda debería de pensar seriamente en abandonar la colectividad pues claramente lo hecho por sus compañeros de la Comisión de Absoluciones constituye una burla a su lucha.

Los militantes del PH cumplieron con la tarea que les encomendaron, que es fruto del primer pacto firmado con el Centro Democrático que les permitió ser mayoría para defender al expresidente Petro. ¿Fue Petro quien les dio la orden de acompañar la solicitud de Carlos Cuenca? Lo cierto es que esa decisión deja muy mal parado al PH en la medida en que confirma que como partido político mantiene la elasticidad ética y moral de las demás colectividades. Lo hecho resulta vergonzoso, bochornoso, inaceptable, oprobioso, indigno, deslinderado y aberrante. Sin duda alguna, un Pacto Histórico por la impunidad.

GOBERNAR CON LA BIBLIA EN LA MANO DERECHA

Imagen tomada de Las 2 Orillas. 

Por Germán Ayala Osorio

 

Con el nombramiento del sacerdote Rodolfo Londoño de la Espriella como delegado presidencial en cinco universidades públicas, el gobierno avanza en su proceso de regeneración social, ideológica y política que, aunque no finaliza o se agota en la idea abstracta de la Patria Milagro, resulta determinante en el objetivo final de refundar la patria a través del relato bíblico y los mitos religiosos que hacen parte de la imaginación colectiva en una sociedad creyente, camandulera, pacata, morronga, puritana, gazmoña, violenta y antiderechos como la colombiana.

Aquello de “refundar la patria” o volver a la familia tradicional en los términos que ya expone el abelardismo no está lejos de las pretensiones que quedaron consignadas en el Pacto de Ralito. Mientras volvemos a la “familia tradicional y a sus valores”, el país debe continuar con la profundización del neoliberalismo, la captura del Estado por parte de clanes políticos tradicionales, la proscripción de las ideas socialistas-comunistas-progresistas y la consecuente eliminación simbólica y física de sus voceros; el desarrollo extractivo y la expansión de la ganadería extensiva y el modelo de la gran plantación.  Todo lo anterior se mantiene con un matiz clave:  la moralización de la política y el ejercicio del poder. Lo nuevo es la naturalización del discurso moral y moralizante de las comunidades religiosas que sostienen espiritual y políticamente al jefe del Estado, quien vive su propio proceso de reconversión que lo tiene ad portas de pasar de ser presidente de la República y jefe de un Estado laico, a pensar y actuar como pastor-presidente, salvador de los colombianos y un insuperable Mesías. Un juez de la República, tímidamente, le ordena disculparse por haber convertido la sesión en el Congreso en la que fue investido como presidente de la República en una eucaristía. Ya veremos cómo reacciona el pastor-presidente.

La victoria religiosa a la que apunta conseguir De la Espriella en cuatro años- pueden ser más- está fundada en el poder del lenguaje que, con todo y sus dobleces, es clave para hacer que los colombianos vuelvan a creer en esa realidad imaginada que les ha permitido  usar a Dios para rechazar los movimientos progresistas  que le han dado vida social y política al feminismo y visibilidad a los miembros de la población LGTBIQ+ asumidos por pastores y agentes políticos provida como figuras demoniacas promotoras o fuentes de la “ideología de género” que deberán ser perseguidas y quemadas en las redes sociales convertidas en las más efectivas hogueras de estos nuevos tiempos de sobreexposición individual y narcisista.

En todo lo anterior, De la Espriella el converso, está dispuesto a gobernar para las élites tradicionales con salvedades ideológicas atadas unas, a ejercicios de la moral religiosa y otras al pasado político de hijos, esposas y familiares de aquellos que quieran llegar a cargos públicos y privados. Los nombramientos y desnombramientos de los últimos días explican con claridad el tipo de escrutinios a los que fueron sometidos funcionarios elegidos para servir al Estado o profesionales seleccionados para trabajar en el sector privado. A los casos de Carlos Sepúlveda en el DNP y al de Carolina Soto en la Cámara Colombiana de la Infraestructura se suma el de Hannah Escobar, la química farmacéutica que se opuso con vehemencia a la reforma a la salud del gobierno Petro. Por su formación y ese rasgo político fue nombrada en la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud del Ministerio del ramo. A los pocos días renunció (la renunciaron) por su postura proaborto.  Es este el elemento moral que está exponiendo el pastor-presidente y el abelardismo para determinar quién es digno o no de trabajar para el Estado. Parece que existe un círculo de poder muy cercano al presidente De la Espriella que ya funge como una especie de “policía moral” que de manera selectiva recomienda al jefe del Estado quién merece hacer parte de la Patria Milagro.

Como dije líneas atrás, el lenguaje, con todo y sus dobleces y capacidad para nombrar los fenómenos, calificar a las personas e incluirlas en los listados de los moralmente viables o inviables para trabajar en el Estado e incluso en los gremios económicos, es el factor clave en esta nueva etapa en la que entra la operación de la República. Sobre el lenguaje, Ernest Cassirer, en su libro El Mito del Estado, dice que “…no es tan solo una escuela de sabiduría; es también una escuela del desatino. El mito nos revela este último aspecto; no es más que la oscura sombra que el lenguaje proyecta sobre el mundo del pensamiento humano”.

El relato bíblico con el que De la Espriella y su séquito más cercano están enfrentando la tragedia del terremoto del 10 de agosto y la transformación moral de Colombia hace parte de esa imaginación común que les permite a millones de colombianos encontrarse alrededor del mito de la eternidad, del cielo y el infierno. Alcanzar el reino de los cielos, así toque sufrir en la Tierra la irresponsabilidad del Estado y la avaricia y la corrupción de su clase política y empresarial, es la apuesta del actual gobierno. No en vano el pastor-presidente decretó que el terremoto fue un castigo divino, una prueba: “las cosas de Dios, queridos compatriotas, solo Dios las sabe. Él decidió ponernos en esta prueba tan dura y, en su sabiduría, lo hizo justo el día en que comenzó mi mandato”.

GALÁN: DE ALCALDE MAYOR, A SUBGERENTE

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Hay sutiles maneras de deslegitimar a los alcaldes elegidos a través del voto. Durante las administraciones de Uribe Vélez (2002-2010), sus famosos consejos comunitarios o comunales sirvieron al propósito de afianzar el centralismo, debilitar la autonomía y por esa vía someter la gobernabilidad local a los deseos del entonces jefe del Estado que, en más de 200 visitas a los territorios, “solucionaba” problemas que les correspondía asumir a los mandatarios locales. Por supuesto que los alcaldes, en total sumisión, aceptaron la intromisión del entonces presidente de la República. Antanas Mockus dijo en su momento que los consejos comunales del gobierno Uribe fue una práctica que “…no respeta la descentralización y permite que las regiones limiten sus recursos para que el gobierno los use de manera arbitraria".

En la actual coyuntura política y con la llegada de Abelardo de la Espriella a la Casa de Nariño nombrarle una “Gerente” al alcalde Mayor de Bogotá apunta a hacer lo mismo que hacía Uribe con sus consejos comunales: afianzar la centralización en medio de las críticas de De la Espriella al centralismo bogotano, ponerle cortapisas a la gobernabilidad del alcalde Carlos Fernando Galán, restarle autonomía y erosionar la imagen gerencial que de manera natural debería acompañar a todo alcalde, en particular al de Bogotá. Carlos Carrillo, exdirector de la UNGRD, consideró como “inaceptable que el presidente pisotee la autonomía de Bogotá nombrando a una aliada suya en un cargo que no existe. Bogotá tiene un alcalde, no dos; desde 1988 los alcaldes se eligen por voto popular sin interferencia del presidente”.

Aunque el objetivo de nombrar a Claudia Lucía Sandoval es “articular y hacer seguimiento a proyectos estratégicos y contribuir a resolver dificultades de ejecución, sin sustituir las competencias de la administración distrital”, lo cierto es que políticamente suena a que la presidencia de la República le está imponiendo una jefa al alcalde Mayor Carlos Fernando Galán porque no confía en sus capacidades gerenciales y ejecutorias, de ahí que se necesite controlar de cerca sus decisiones y formas de administrar la capital del país. Quizás sin proponérselo, Abelardo de la Espriella está minando la credibilidad de Galán, quien muy seguramente querrá aspirar a la presidencia en el mediano plazo.

 

El jefe del Estado justificó, en medio de las críticas, la llegada de la Gerente para Bogotá usando cuatro verbos a saber: coordinar, destrabar, articular y avanzar. ¿Acaso esos mismos vocablos no hacen parte de las funciones gerenciales que debe cumplir un alcalde? Otro asunto que le cuestionan a De la Espriella es que en campaña habló de reducir el tamaño del Estado y por esa vía disminuir los costos de su operación, disminuyendo la burocracia. ¿Cuánto salario devengará la gerente de Bogotá y de dónde saldrán esos recursos? ¿Se trata de un nuevo cargo público? ¿Sus ejecutorias estarán bajo la lupa de los organismos de control o exclusivamente bajo la auditoría de su amigo el presidente de la República?

Galán aceptó la imposición recordando sus enfrentamientos personales y políticos con el presidente Petro. Carlos Fernando Galán pasó de ser el alcalde Mayor a ser el “subgerente” de la ciudad, bajo las órdenes de Claudia Lucía Sandoval.

En las imágenes y videos publicados se ve a un Galán sometido a la voluntad del jefe del Estado. Sus gestos dan cuenta de un político que cree poder sacar ventajas políticas y electorales de las gestiones conjuntas que emprenda con la gerente. Ya veremos. Lo único que se le puede reconocer como positivo es que Galán no hizo el ridículo saludo militar y mucho menos gritó Firme por la Patria.

Lo cierto es que, por ahora, la imagen de alcalde-gerente deviene debilitada no solo por los problemas de inseguridad y la recolección de las basuras que acosan a la capital del país, sino por la actitud sumisa del alcalde Mayor de Bogotá. Quizás ya está pensando en lanzarse a la presidencia de la República. Su condición de “delfín” y la imagen de pusilánime proyectada serán serios obstáculos por vencer, aunque después de Iván Duque cualquiera puede convertirse en presidente de la República. Baste con que una parte del Establecimiento lo apoye. 

NOMBRAR Y DESNOMBRAR POR RAZONES IDEOLÓGICAS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

No cumple el mes al frente del Estado y Abelardo de la Espriella Otero (ADLA) ya deja las marcas suficientes que dan cuenta de su talante vindicativo, infantil, excluyente y autoritario con el cual mandará- gobernar es otra cosa- hasta el 2030.

El nombramiento y desnombramiento de Carlos Sepúlveda Rico en el Departamento Nacional de Planeación (DNP) por ser gay y haber colaborado en la redacción del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Petro confirma que al pastor-presidente lo inspiran las retaliaciones ideológicas y las prácticas moralizantes de doble rasero que en el marco de la Patria Milagro se consideran como propias de un proceso de regeneración de la sociedad. Esa es la primera marca.

La presión que ejerció De la Espriella sobre la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) con el propósito de que sus directivas echaran para atrás el nombramiento de Carolina Soto Losada como presidenta ejecutiva es la segunda marca que ya deja el gobierno de ADLA. Este segundo caso expone asuntos políticos, ideológicos y gremiales que deben leerse desde las viejas prácticas de lo que se conoce como la “puerta giratoria” entre el sector estatal (público) y el privado y por supuesto la operación del clasismo y el elitismo en los sectores económicos de agentes de la sociedad civil instalados en la lucha política y electoral.

Blu radio, medio abelardista, dice en su plataforma que “…a través de llamadas de la ministra de Transporte, Elsa Noguera, se reclamó formalmente al gremio por haber ignorado las sugerencias del presidente de la República. Al enterarse de la situación real, la junta directiva le solicitó a Carolina Soto dar un paso al costado. Lejos de ceder inmediatamente, Soto publicó un mensaje en sus redes sociales agradeciendo el nombramiento. Esto provocó la furia de los grandes constructores del país afiliados al gremio. Firmas de la envergadura de Sacyr, Corficolombiana y Odinza notificaron que, de mantenerse el nombramiento de Carolina Soto, se retirarían definitivamente de la CCI”.

A esas circunstancias descritas por el medio oficialista se suman otras que hacen parte de las maneras en las que el poder actúa en los niveles más altos de una sociedad clasista y arribista como la nuestra. Sigamos.

Soto Losada es la compañera sentimental de Alejandro Gaviria Uribe, exministro de Educación en el gobierno Petro. Esa sería otra razón por la que ADLA presionó la salida de la ya nombrada presidenta ejecutiva de la CCI. Sin duda alguna, una retaliación de corte ideológico que, aunque no es nueva, sí debería de preocupar a los otros gremios que a pesar de no reconocerlo como miembro de clase VIP, lo votaron por el odio a Petro y al progresismo. No se descarta que sectores de la élite gremial vea al presidente de la República como un “levantado” con el que sí o sí deberán entenderse por los intereses que están en juego.

Veamos dos casos recientes en los que presidentes de la República en ejercicio interfirieron o chocaron con los nombramientos de los presidentes de Asocaña y la Federación Nacional de Cafeteros. Para el caso del gremio azucarero, en el 2020, fue elegido para presidir Asocaña Frank Pearl, quien había trabajado en el gobierno Santos en los asuntos del proceso de paz con las Farc. Desde el uribismo se presionó su salida y Asocaña dio el reversazo. La razón del desnombramiento la dio Juan Fernando Cristo: “los ingenios no aguantaron la presión del Palacio de Nariño” y que “el pecado” de Pearl había sido “ser santista y negociador del acuerdo”. Y el caso del gremio cafetero se presentó durante el gobierno Petro. El jefe del Estado tuvo agrios enfrentamientos con Germán Bahamón, presidente del gremio cafetero.

Los gremios económicos, históricamente de derecha, siempre abogan por el respeto a la institucionalidad, la democracia, la separación de poderes y la libertad de empresa. Durante el gobierno Petro, los enfrentamientos políticos e ideológicos con Fenalco y la Andi fueron frecuentes, lo que finalmente fue aprovechado en campaña por De la Espriella para mostrarse como defensor de la libre empresa y amigo del empresariado.

Lo sucedido con la Cámara Colombiana de la Infraestructura parece preocupar a los otros gremios que apenas ahora están conociendo el verdadero talante del jefe del Estado por el que ellos mismos votaron. Quedaron notificados los gremios: sus elecciones internas serán examinadas con rigor ideológico en la Casa de Nariño.

Ya la vocera del grupo Gilinski y abelardista comprometida, Victoria Eugenia Dávila está pidiendo la cabeza del eterno presidente de Fenalco. En su cuenta de X, la “periodista-periodista” espetó lo siguiente: “La ANDI requiere una renovación y una modernización. Es importante impulsar nuevas voces y liderazgos dentro del mismo gremio. Hay que reconocer la importante labor de Bruce Mac Master durante más de 15 años. Dicho eso, si las directivas de la ANDI piensan más en el pasado que en el presente, corren el riesgo de un futuro en la obsolescencia”.

 

La reacción de Alejandro Gaviria

No se descarta que la intromisión de Abelardo de la Espriella en los asuntos internos del CCI se haya producido también porque la elegida es una mujer. ADLA en campaña dejó ver visos de una misoginia igualmente ideologizada. Eso sí, varios periodistas y exfuncionarios criticaron el reversazo del gremio exaltando las calidades académicas y las capacidades de Carolina Soto Losada.

Llama la atención la reacción del exministro Alejandro Gaviria Uribe, esposo de la desnombrada presidenta de la CCI, quien se refirió al asunto desde su cuenta de X. Lo expresado por Gaviria Uribe podría tener una doble lectura. Esto dijo: “El autoritarismo desbordado de derecha es tan perjudicial como el de izquierda para el sector privado. El desprecio por la ley y por unos límites mínimos de decencia debe combatirse sin importar el color político del gobierno. El Leviatán es peligroso para la democracia y las instituciones, vístase como se vista”.

Una primera lectura apunta a que, al evitar nombrar al presidente de la República, Gaviria Uribe intenta minimizarlo haciendo una referencia si se quiere abstracta y atemporal del ejercicio del poder político. Es posible que en lo "No Dicho" el exministro esté la pequeñez que ya muchos ven en De la Espriella al inmiscuirse en las decisiones del gremio que hoy resulta clave para el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto.  

Una segunda lectura de la reacción de Gaviria indicaría una tibia defensa de la formación y la capacidad de su compañera sentimental. ¿Miedo al jefe del Estado? El exministro pudo aprovechar el espacio para exaltar las cualidades de Soto Losada e insistir en lo peligroso que puede resultar para el país naturalizar el carácter vindicativo del presidente de la República. En un país machista y misógino como Colombia los hombres públicos con reconocimiento social y político están más que obligados a defender a las mujeres cuando por la mezquindad del poder ideologizado son rechazadas por hombres con un poder incontrastable como el del presidente de la República.

Contrario a la reacción abstracta del exministro Gaviria, su “descabezada” esposa terminó su comunicado público en el que declina a su nombramiento por la furiosa reacción que generó en el alto gobierno. “Finalmente, quiero llamar la atención sobre la importancia de la independencia de las decisiones del sector privado y del respeto del gobierno a las mismas”.

Nota: foto tomada de Semana.com

EL VOTO MILITAR, OTRA VEZ

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Cada cierto tiempo la derecha militarista colombiana vuelve a proponer que los militares puedan votar, es decir, que puedan deliberar y meterse de lleno, con las armas en las manos, en los debates públicos y privados en torno a candidaturas presidenciales.

En el pasado, desde el Partido de la U- en el 2018- y el Centro Democrático- en el 2020, alborotaron el avispero con el espinoso asunto que le apunta a modificar la Constitución, en particular el artículo 219 que señala que “la fuerza pública no es deliberante; no podrá reunirse sino por orden de autoridad legítima, ni dirigir peticiones, excepto sobre asuntos que se relacionen con el servicio y la moralidad del respectivo cuerpo y con arreglo a la ley. Los miembros de la fuerza pública no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo, ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos”.

Ahora, en el 2026, la propuesta sale de las manos aún camufladas del senador Germán Rodríguez (Salvación Nacional), mayor retirado de la Infantería de Marina, quien presentó el proyecto de ley con el ya señalado objetivo. La iniciativa legislativa requerirá de un largo y arduo trámite legislativo. Más allá de lo que pueda o no suceder al interior del Congreso, la propuesta cobra mayor relevancia -y peligro- en estos momentos en los que el gobierno de Abelardo de la Espriella Otero lidera el Proyecto de Regeneración Ideológica y Social (PRIS) que ya empezó con la anunciada “batalla cultural” que muy seguramente apelará al uso de la fuerza oficial para disciplinar a los agentes sociales (civiles) que se opongan a las nuevas condiciones que se impondrán en el contexto del PRIS: el retorno a la familia tradicional, educación confesional en todos los colegios, vigilancia y control de lo que se dice en las redes sociales y formación académica universitaria alejada de la dimensión humanística, del pensamiento crítico y sistémico.

Detengámonos un momento para recordar a Martha Nussbaum y lo consignado en su libro Sin fines de lucro, por qué la democracia necesita de las humanidades. Mientras que la autora establece una maravillosa conexión entre educación y democracia, la “batalla cultural” (religiosa) que ya libra el actual gobierno apunta a anular esa conexión en aras de imponer el relato bíblico como verdad absoluta y con éste la obediencia a ciegas a lo que Dios les ordene hacer a militares, policías y al gobierno del pastor-presidente.

“Se están produciendo cambios drásticos en aquello que las sociedades democráticas enseñan a sus jóvenes, pero se trata de cambios que aún no se sometieron a un análisis profundo. Sedientos de dinero, los estados nacionales y sus sistemas de educación están descartando sin advertirlo ciertas aptitudes que son necesarias para mantener viva a la democracia. Si esta tendencia se prolonga, las naciones de todo el mundo en breve producirán generaciones enteras de máquinas utilitarias, en lugar de ciudadanos cabales con la capacidad de pensar por sí mismos, poseer una mirada crítica sobre las tradiciones y comprender la importancia de los logros y los sufrimientos ajenos. El futuro de la democracia a escala mundial pende de un hilo”. Sigamos.

Permitir que los militares deliberen y voten constituye un riesgo para la democracia y en particular para el pensamiento liberal, divergente, para la civilidad, el progresismo, y la izquierda; así como para las víctimas de los crímenes de Estado (Falsos positivos), defensores de los derechos humanos y de la paz como camino para ponerle fin al degradado conflicto armado interno y a los objetores de conciencia. El fenómeno paramilitar no pudo haberse consolidado y extendido en el tiempo y por los territorios del país sin la doctrina del enemigo interno que los gobiernos de Turbay Ayala, Uribe Vélez, Santos Calderón y Duque ampliaron su aplicación a específicas comunidades que las fuerzas militares y organismos de inteligencia estatal asociaron con la operación de las guerrillas: gente de izquierda, mamertos, músicos, profesores, investigadores sociales y ambientalistas.

Así las cosas, la pretensión del senador Rodríguez llega en el peor momento para la República y en el mejor para el régimen de mano dura que apenas está tomando vuelo en el gobierno del pastor-presidente Abelardo de la Espriella Otero. Ya el país sufrió en el pasado las acciones de los Chulavitas. No vaya a ser que por cuenta de la participación en política de policías y militares broten de las guarniciones y escuelas de Policía los “Abelardistas”, policía moral que a sangre y fuero patrullarían calles y campos para someter a quienes se opongan a las acciones de reconversión religiosa, persecución a impíos, homosexuales progresistas, agentes liberales, tatuados, mechudos y miembros de la población LGTBIQ+, ambientalistas y opositores a la minería y al fracking, entre otros, considerados como ciudadanos incómodos para el régimen proto teocrático que en ciernes le apunta a disciplinar a millones de colombianos que perdieron el rumbo, es decir, que se salieron del rebaño.

EL HELICÓPTERO

Por Germán Ayala Osorio

 

El hombre blanco, rico, perfumado, elegante, de buenas maneras en espacios públicos, pero patán en lo privado; con o sin el síndrome de Macbeth y ojalá terrateniente tiene derecho a montar en aeronaves privadas y estatales e incluso violar y asesinar niñas pobres[1]. La sociedad colombiana, clasista y racista, siempre estará dispuesta a perdonarle a todo hombre blanco sus antojos,  “mañas sexuales” y su arrogancia en el ejercicio del poder.

En los tiempos del gobierno Petro, la vicepresidenta Francia Márquez Mina fue víctima del racismo estructural por ser negra y haber cumplido en el pasado labores domésticas, circunstancia étnica y social suficiente para que el uso de un helicóptero Black Hawk de la Fuerza Aérea Colombia (FAC) debido a su cargo, lo convirtieran las empresas mediáticas tradicionales y varios agentes del poder hegemónico blanco, entre ellas María Fernanda Cabal, en una imperdonable osadía, casi que en un delito. Por aquella época los periodistas defensores del Establecimiento escrutaban con especial interés las horas de vuelos y los destinos a los que viajaba la vicepresidenta.

Agobiada por el hostigamiento mediático y político, Márquez Mina dejó salir en una entrevista un “de malas” dirigido a quienes le criticaban, según ellos, el uso excesivo de ese recurso público. Ese “de malas” se convirtió en meme, en stickers y dio cuenta del clasismo y el racismo, taras civilizatorias que nos mantienen atados al pasado y al deseo de muchos de volver a los tiempos de la esclavitud. Fue tal el odio que se despertó en contra de la vicepresidenta Francia Márquez que le gritaban “simio” y otras expresiones racistas. Varias personas resultaron procesadas por ese exacerbado racismo. Las empresas mediáticas que atacaron a Márquez por ser mujer negra lo hicieron cumpliendo la tarea de agentes ideológicos creados para reproducir las formas de dominación de la cultura hegemónica. En este caso, de la "cultura blanca". 

Con la llegada de Abelardo de la Espriella Otero a la presidencia, el uso del helicóptero oficial para su servicio no llama la atención de esos mismos periodistas que llegaron a registrar en titulares y textos noticiosos que Francia Márquez realizó “130 vuelos en aeronaves C-295, E-135, F-28, SK350 y UH-60 Black Hawk; 128 horas y 33 minutos que nos han costado a los colombianos $2.869.972.464".

Parece no interesar que el fatuo pastor-presidente use el helicóptero presidencial o cualquier otra aeronave para sus desplazamientos sea para actividades propias de su cargo o las de índole personal. Ya no es noticia. No se atreven a preguntar por los millonarios costos de esos viajes del therian presidente por varias razones a saber: 1. Les da miedo meterse con el “tigre” porque de un zarpazo les quita la pauta o los censura. 2. Es hombre y blanco, lo que de inmediato anula cualquier posibilidad de esculcar los millonarios gastos de esos desplazamientos.

Conclusión: el uso del helicóptero no era el problema y mucho menos los costos del combustible. El asunto de fondo era quién lo usaba. Y para el caso, lo usufructuaba una mujer negra que antes de ser vicepresidenta había sido muchacha del servicio en una casa de familia en Cali. Es tal el clasismo, el arribismo y el racismo que el pastor-therian-presidente prefirió mandar a remodelar una instalación dentro del Batallón Paraíso de Barranquilla para convertirla en la sede presidencial alterna. La explicación salta a la vista: no quiso vivir en la Casa de Nariño porque el “manteco” del Petro vivió allí durante sus cuatro años de mandato. Nadie sabe de la suerte del o de los helicópteros que usó Francia Márquez Mina. Eso sí, no creo que Abelardo sea capaz de usarlos a sabiendas de que la negra Márquez se montó en esas aeronaves.

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[1] El caso de Yuliana Samboní representa con claridad ese “derecho” social, jurídica y políticamente otorgado a los hombres blancos (o mestizos blanqueados). Recomiendo estas columnas: https://ayalalaotratribuna.blogspot.com/2024/11/no-dejes-de-mirarme-pelicula-y-espejo.html y https://ayalalaotratribuna.blogspot.com/2023/12/los-casos-de-michel-dayana-gonzalez-y.html

 

GRANJAS DE BOTS, ABELARDISMO Y CERIMEDO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La caída de Fernando Cerimedo y sus granjas de bots o trolls hace parte del proceso de empobrecimiento de la política y lo político, reducidas a meros instrumentos generadores de conflictividad, animadversión y disímiles formas de violencia, física y simbólica, que terminan por criminalizar la opinión divergente, sumando por supuesto realidades étnico-identitarias de comunidades subalternas asumidas por gobiernos de derecha como enemigos de la patria, incómodas ancestralidades y formas no deseadas de estar en el mundo.

Esto dice La Nación, medio argentino, sobre este oscuro individuo: “Fernando Cerimedo, consultor político y exasesor de Javier Milei, fue detenido este martes en Bolivia, donde es investigado por un ataque a balazos contra Nadia Beller, abogada y activista boliviana que sería su expareja. Cerimedo es fundador y accionista (al menos hasta marzo de este año) de La Derecha Diario, medio afín al gobierno libertario y parte del engranaje comunicacional de La Libertad Avanza”.

La captura de este personaje es importante para Colombia porque tiene relación directa con la derecha colombiana, en particular con el naciente abelardismo, comunidad religiosa que usa la política y lo político para perseguir, estigmatizar y neutralizar a impíos, liberales, negros, políticos, periodistas independientes, empresarios, campesinos e indígenas defensores de los ecosistemas naturales y las ideas progresistas. El abelardismo es el correlato del sionismo, doctrina con la que Israel está prácticamente borrando del planeta a los palestinos frente a los ojos de la ONU, la CPI y el silencio cómplice de muchos países que validan el siniestro genocidio perpetrado en Gaza por Israel. Colombia, como Estado, desde el 7 de agosto, legitima lo que está haciendo el ejército sionista de Israel contra el pueblo palestino.

El abelardismo, al ser el correlato ideológico del sionismo, recoge algunas de las “razones” con las que el ejército de Israel viene eliminando al pueblo palestino a través de unas muy bien planeadas prácticas genocidas. Enumero las más visibles para sugerir que el abelardismo como nueva doctrina religiosa podría superar el carácter coyuntural del gobierno de Abelardo de la Espriella, pastor-presidente y líder de esa secta emergente que podría consolidarse como partido político con pretensiones teocráticas y de limpieza racial.  Vamos a entonces a esas “razones” que el abelardismo ya está exponiendo para justificar su llegada al poder de la mano de Dios: la primera y la segunda están atadas al pensamiento y el discurso del converso presidente de la República: “la inteligencia viene del hombre, pero la sabiduría viene de Dios” y “el progresismo y los progresistas son enemigos de la Patria”.

La primera sentencia no solo borra el carácter laico del Estado, sino que alienta procesos de conversión que bien podrían darse a través de la “batalla cultural” y las decisiones que ya tomaron la ministra de Educación, Viviane Morales y la directora del ICBF, Carolina Restrepo. Morales ordenó revisar textos escolares y las prácticas docentes, incluido el curriculum oculto con el doble propósito de descubrir y proscribir la espectral “ideología de género”. Por su parte, Restrepo borró del lenguaje institucional la palabra “niña”. Ambas acciones están pensadas para proscribir los derechos de aquellos ciudadanos considerados como disonantes y perjudiciales para la operación tranquila de la Patria Milagro.

En la segunda sentencia, expresada por el entonces candidato presidencial y que no corrigió como presidente de la República comparte el mismo fundamento de odio a la que hace unos días expresó el ministro de Seguridad de Israel, Ben Gvir: “Creo que se deben llevar a cabo asesinatos selectivos en Gaza, eliminando entre 30 y 40 cada noche. No solo quienes representan una amenaza inmediata, hay personas allí que no son dignas de vivir. No deberían vivir. Ni siquiera son personas”.

Y no se trata de una exageración. El relato bíblico sobre el cual se sostiene la vida de Israel como el “pueblo elegido” ya tiene un lugar preponderante en la vida política y social del país. Baste con recordar el retiro espiritual del recién posesionado jefe del Estado y el momento en el que repartió Biblias a sus ministros-pastores como símbolo inequívoco de que estarán dispuestos a todo para hacer cumplir con lo que el Dios misericordioso les ordene en adelante. El noticiero privado Noticias Caracol título la frase-sentencia del funcionario israelí como “polémica”. De esa manera sutil se minimiza el horror y el alcance de semejante orden.

Así entonces, la granja de bots o trolls descubierta en el domicilio de Fernando Cerimedo confirma la transformación de la arena pública y las elecciones presidenciales en escenarios de posverdad en los que el algoritmo, la hiperrealidad, la manipulación de las emociones y la anulación de la discusión pública de asuntos públicos van llevando a los votantes ciegos y de las narigueras a votar sin ningún asomo de reflexividad.  

Hace unos años Giovanni Sartori habló de la llegada del Homo Videns, destacando el poder de la televisión en los escenarios electorales. Sartori llamó la atención alrededor de una realidad que sigue vigente, pero que ya fue superada por las granjas de bots y trolls: “la televisión produce imágenes y anula los conceptos, y de este modo atrofia nuestra capacidad de abstracción y con ella toda nuestra capacidad de entender” (p. 47).

Las granjas de bots o trolls y agentes de la ultraderecha como Cerimedo no solo anulan las discusión conceptual que debería acompañar al ejercicio del poder, a la política y a lo político, sino que promueven la robotización de las reacciones de los votantes a través de ideas y relatos artificiales y artificiosos de una verdad manipulada. Estamos ya en medio de la estupidización del mundo y el inicio, para Colombia, de un proceso de regeneración social, política y cultural fundado en la fe en Dios. 

EL REGRESO DE LA “FAMILIA TRADICIONAL”

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Detrás de la defensa de la “familia tradicional” que expone el abelardismo como proyecto social, religioso y político están varias conductas y prácticas atadas a la caverna conservadora: 1. Homofobia y transfobia. 2. Miedo a pensar. 3. Pacto Patriarcal. 4. Poder blanco. Todos cuatro están, por supuesto, atravesados por el racismo, el clasismo y el arribismo, tres de las taras civilizatorias que aún no superamos en Colombia y que nos define y pone en los lugares más rezagados de los procesos civilizatorios echados a andar en el mundo. Empecemos.

Los homosexuales, hombres y mujeres, siempre fueron vistos como enfermos y desviados. Vinieron entonces las violentas prácticas de conversión sexual, las estigmatizaciones y rechazos en los colegios y el humor homofóbico de Sábados Felices, escuela en donde se formaron humoristas que aún creen que los chistes de “maricas” los hacen inteligentes y creativos. Lo curioso y preocupante es que ese humor básico de Sábados Felices ayudó a varias generaciones a mantener los principios y valores de la “familia tradicional” que hoy está de regreso. La imagen de la mujer también fue usada en esa ominosa escuela: su cuerpo fue expuesto para generar hilaridad, al igual que los pobres y aquellos con algún “defecto físico”. Las mujeres gordas, locas y celosas fueron los perfiles más comunes para la función ideologizante que cumplió con honores Sábados Felices. Claro, hay que sumar los reinados de belleza, otro escenario de instrumentalización de la mujer. Y pensar que nos reuníamos en familia-tradicional- a ver los desfiles de quienes años después caerían en la trampa que el sistema patriarcal les puso: las cirugías estéticas.

Eso sí, esos procesos de descalificación y tratamiento punitivo y moralizante no tenían cómo alcanzar a las familias con reconocimiento social, político y económico: los hijos de la élite para ser más precisos. Mientras vivieran metidos en los perfumados y amplios closet no había problema. Se les permitía, eso sí, dejar salir sus verdaderas orientaciones y gustos en cerrados cócteles acompañados de amigos periodistas o sin el cubrimiento mediático.  Lo mismo pasaba con las “mañas” pederastas y pedófilas de esos hombres de élite. Solo debía aplicarse ese señalamiento a las demás familias porque hasta para ser homosexual, bisexual o pedófilo se necesitan “genes bendecidos, glamur, clase y paladar fino”. Cuidar a los curas pederastas y pedófilos sigue siendo un mandato divino. De ahí la lucha y dificultad para procesar penalmente a esos enviados de Dios en la tierra. Que lo diga el periodista Juan Pablo Barrientos, reconocido autor del libro Dejad que los niños vengan a mí.

La doctrina conservadora está profundamente ancorada a la construcción de unas verdades irrefutables de las que derivaron los miedos a pensar por sí mismos. El control ideológico, político y el disciplinamiento de las masas a través de la prensa, la escuela, el cuartel, el hospital psiquiátrico y la cárcel siempre le apuntaron al mismo objetivo. De ahí que las ideas liberales y el discurso de las libertades confrontaran tanto a la godarria colombiana que hoy está de regreso de la mano del pastor-presidente Abelardo de la Espriella. Las masculinidades violentas, los machos proveedores, el sometimiento de las mujeres a las labores reproductivas no consensuadas y las consabidas y aprobadas “canas al aire” de los cachondos padres y esposos hacían parte del decorado. El sistema patriarcal es la casa en la que se reproduce la “familia tradicional” a la que nos quieren regresar la ministra de Educación y fanática religiosa Viviane Morales, el pastor-presidente y las comunidades religiosas que están “firmes con el Señor”.

El Pacto Patriarcal aún funciona a pesar de los cambios en generaciones que hace rato dejaron de copiarle a sus agentes más visibles. Lo vimos recientemente en los escandalosos casos de abuso sexual al interior de Caracol Televisión, pues por años, hombres a su interior, ocultaron las denuncias de las mujeres abusadas. Por estos días un grupo de mujeres le está exigiendo explicaciones al expresidente Andrés Pastrana a propósito de sus relaciones con Epstein y su amiga la proxeneta Ghislaine Maxwell. Tanto la prensa corporativa y hegemónica y los hombres con poder político y económico lo protegen con su silencio.

La lucha de ese grupo de mujeres ya va está en los estrados judiciales. En la más reciente columna de Ana Bejarano Ricaurte y Ana Cristina Restrepo, titulada Pastrana, el periodista, dejan claro lo difícil que es confrontar al poder y a los agentes patriarcales que defienden la familia tradicional. “En su calidad de mandatario, Pastrana accedió a esas relaciones sociales, al punto de permitir a Maxwell el uso de bienes públicos. Exigir respuestas a un expresidente no implica una acusación; significa someterlo al escrutinio al que su dignidad lo obliga ante la opinión pública…En Colombia, la complacencia del statu quo con Pastrana revela cómo funciona el pacto de silencio patriarcal”.

De la mano de Dios, con camándula en mano y del poder político y la colaboración mediática, la godarria abelardista nos quiere regresar a los tiempos de la “familia tradicional”, oportunidad para insistir en la supremacía blanca (mestizos blanqueados a la fuerza), terratenientes, creyentes y ricos. Y claro, hay nuevos elementos: el cambio climático, la familia multiespecie, las mujeres cabeza de familia, la privatización del Estado, la sobre exposición en las redes sociales del individualismo y la consagración como enemigo de la Patria a las ideas progresistas y a quienes se atrevan a defenderlas. Bienvenidos al pasado.

Imagen tomada de la red: mujeres cabeza de familia y un perro - Búsqueda Imágenes

COLOMBIA A LA ESPERA DE UNA ESTADISTA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Cada cuatro años los colombianos votan por dos o más opciones presidenciales; unos lo hacen con la esperanza de ver por fin el inicio de una transformación del país, lo que no es otra cosa que la superación del ethos mafioso[1] que guía la vida de los hijos de la élite y la de los vástagos de eso que llaman las comunidades subalternas. Y por supuesto, esa anhelada transformación incluye el progreso y el bienestar de todos los hijos e hijas de este territorio sin que ello se traduzca en daños ecológicos y ambientales irreparables sobre ecosistemas estratégicos y frágiles y en general del paisaje que nos lleve a sufrir de solastalgia.

Otros asisten a las urnas obligados por sus patronos (políticos y empresarios), por la promesa de un contrato millonario, un puesto de trabajo, una ayuda a manera de subsidio o el arreglo de un par de calles y la construcción de un parque o una capilla. En Colombia, el rico, el de clase media y el pobre venden o negocian su voto, cada uno de acuerdo con sus capacidades para intercambiar o negociar el sufragio.

Por supuesto que están quienes sufragan por convicciones políticas e ideológicas y otros tantos, por odio hacia el partido, el presidente saliente y la línea política del gobernante que termina el mandato. Al final, los colombianos no votan por un proyecto colectivo porque nadie lo lidera: lo hacen por micro proyectos familiares e individuales. Quizás ahí radiquen los problemas que arrastramos para consolidar una nación grande.

Los elegidos mediante la democracia electoral-la única que realmente funciona en el país- no suelen llegar con el perfil o vocación de estadistas que tanto se reclama en sectores societales, en particular los mejor formados e informados. Para Ortega y Gasset, un estadista o, un hombre o mujer de Estado, debe tener virtudes magnánimas como la honradez, la verdad y los escrúpulos.

Propongo este perfil de estadista para estos tiempos de sobre exposición egocéntrica en redes sociales, el empobrecimiento del pensamiento crítico y la naturalización de la ignorancia y la estupidez en amplias capas de la sociedad como una manera válida de estar en el mundo y participar de la vida pública del país. Una forma de huir al esfuerzo de comprender las complejidades de una condición humana que transita hacia estadios de deshumanización o posthumanismo por cuenta de la llegada de la IA y la robótica y por supuesto por la persecución étnico-identitaria-cultural que emprendieron Estados Unidos e Israel contra latinos y el pueblo palestino. Sobre este pueblo, el sionista ejército israelí emprendió una feroz persecución genocida con el objetivo de borrar física y culturalmente toda expresión de vida en Gaza.  

Un estadista, hombre o mujer, debe conocer muy bien la historia y los problemas que arrastramos como sociedad. Debe ser capaz, a través de un discurso fluido, soportado en el dominio de categorías y el pensamiento sistémico, de confrontar a todos los agentes que, de acuerdo con hechos probados, vienen dificultando o se oponen a la superación de las taras civilizatorias que nos impiden avanzar hacia estadios de modernidad. Un estadista no insiste en provocar enfrentamientos entre clases sociales, sino que le apuesta a superar o minimizar el clasismo, el racismo y la aporofobia, tres de las taras civilizatorias que arrastramos como nación.  

Debe ser carismático, cercano a los más necesitados, comprensivo de las lógicas y los intereses de los más favorecidos, incluida la clase media. A todos los debe convocar para construir un proyecto de país incluyente que supere las diferencias de clase fundadas en la incapacidad compartida de apostarle a la construcción de una mejor sociedad. Además de lo anterior, una mujer o un hombre con vocación de estadista debe ser civilista y defensor a ultranza de los derechos civiles y las libertades ciudadanas, lo que implica no ser y mucho menos mostrarse proclive a legitimar el uso de las armas oficiales contra los civiles o el pueblo, como tampoco mostrar simpatías por grupos armados ilegales que en el pasado se levantaron contra el Estado y cometieron crímenes de lesa humanidad. Ni saludar como militar, ni mostrar nostalgia por un violento pasado revolucionario que dejó víctimas y deshumanizó la lucha armada en el contexto de un conflicto armado interno que se degradó. El uso de las armas no se puede romantizar, así a través de estas se hayan logrado algunos débiles cambios en las correlaciones de fuerza. Por lo menos el viejo Establecimiento sigue en pie. 

Si es un hombre, ese estadista de estos tiempos de sobre exposición mediática debe saber lidiar con esos sectores de la sociedad que aún siguen atados a la tradición machista y la defensa del sistema patriarcal. De ahí que debe ser capaz de controlar las ínfulas de macho cabrío que terminan por deslegitimarlo como persona, como hombre y jefe de un Estado con una historia inocultable de ser violador de niñas, niños, adolescentes y mujeres. La vida privada de ese mandatario con vocación de estadista debe cuidarse de tal manera que no sea posible que circulen rumores de haber violado mujeres y de llevar una vida licenciosa. No se trata de moralismos, sino de dar ejemplo a una sociedad en la que hay periodistas y ciudadanos del común que disfrutan de los chismes en los que se exponen la cachondez de unos y otros. Y peor aún, una sociedad que aún sigue viendo a la mujer como un objeto sexual de consumo o un territorio en disputa.

Si es mujer, esa estadista de estos tiempos en los que con mucha dificultad se intenta erosionar el poder del sistema patriarcal y la cultura machista, debe actuar con mayor inteligencia frente a las reacciones de los hombres que, con o sin poder político y económico, insistirán en que la mujer no está en capacidad de asumir el control de un Estado y de una sociedad que históricamente despreció a las mujeres y las redujo a cumplir los roles de reproductoras, amas de casa o adornos institucionales. Sin caer en los extremismos de un feminismo mal concebido, la mujer estadista debe saber escoger los mejores hombres y mujeres para consolidar equipos de gobierno capaces de trabajar bajo condiciones de armonía, desechando cualquier forma de dominación y violencia alimentadas por consideraciones de género. Hablo de mujeres con vocación de estadistas porque fueron capaces de tomar distancia del sistema patriarcal en las que fueron criadas. Jamás tendrán esa vocación aquellas defensoras a ultranza del machismo. 

Y, por último, un estadista hombre no debería de ser vanidoso, arrogante, pro-militarista y fanfarrón. No puede ser negacionista del cambio climático y mucho menos actuar como un vendepatria. La gente quiere ser gobernada por un líder con pensamiento sistémico y crítico, y con las virtudes magnánimas de las que habló Ortega y Gasset y otras que se requieran para enfrentar las complejidades de un país y de un mundo que transitan inexorablemente hacia escenarios de acidia y fanatismo religioso; cargados de individuos nefarios que se instalan estratégicamente en lugares y puestos de poder.

Eso sí, ese anhelado estadista, mujer o hombre, no podrá emerger de una sociedad como la colombiana que arrastra protuberantes taras civilizatorias que hacen pensar en que estamos ad-portas de fracasar como colectivo. Hasta tanto no se dé una transformación o una revolución cultural, los colombianos seguirán votando por hombres que no les interesa gobernar como estadistas sino como verdaderos íncubos, enaltecidos por grupos sociales cuyos demonios los hacen proclives a odiar al diferente, al que no comparte sus mismas características estéticas: hombres y mujeres “blancos”, bonitos, elegantes y con el efecto Macbeth a flor de piel. Y votarán por mujeres con ansias de gobernar, pero que son víctimas del machismo que en la política opera con eficiencia y efectividad.

En cuatro años nos veremos nuevamente en las urnas para seguir por las mismas. Pasará a la historia de los no estadistas que gobernaron a Colombia el payaso siniestro que, como un perfumado fierabrás, va camino a reversar lo hecho en favor de los menos favorecidos por quien pudo ser un gran estadista, pero que sucumbió a las nostalgias de su pasado revolucionario, a las presiones de quienes llevaban años defendiendo el ethos mafioso y a la cachondez propia de los hombres que saben que se acercan al declive de esa vieja masculinidad dominante. Ya es tiempo de ver gobernar a una mujer estadista en esta patria en la que las mujeres sobreviven de milagro. 

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[1][1] Conjunto de prácticas y actitudes concebidas para violar los derechos de los demás, para beneficio propio o de un grupo reducido. En ese ethos confluyen la corrupción, el lavado de dinero, el robo al erario; las mordidas a las autoridades para evitar una multa, conseguir un permiso oficial o acelerar una gestión ante una autoridad. 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA: UNA EMPRESA FAMILIAR

Imagen tomada del home de Cuestión Pública

Por Germán Ayala Osorio

 

Por más treinta años de aplicar a rajatabla la doctrina neoliberal se logró privatizar funciones y sectores estratégicos del Estado colombiano en beneficio de una élite mezquina, premoderna, retardataria, precapitalista, rentista, parasitaria, negacionista del cambio climático y conservadora que desdice de sus procesos de mestizaje, al tiempo que hace ingentes esfuerzos para desconocer lo prescrito en la constitución alrededor de la idea que somos un Estado Social de Derecho. Desde el gobierno de César Trujillo hasta el inefable Iván Duque, las acciones privatizadoras se aplicaron sin asomo alguno de vergüenza y preocupación por los efectos socioambientales y económicos generados por más de tres décadas: concentración de la tierra y la riqueza en pocas manos, una inmoral pobreza extrema, la consolidación de la economía de enclave en vastos territorios y la sempiterna desigualdad social. 

Los cuatro años del gobierno de Gustavo Petro se recordarán como un intento de reversar en algo esas condiciones en las que venía operando el Estado. Al no tener el poder absoluto para modificar lo que estructural y culturalmente consolidaron los agentes de la doctrina neoliberal, Petro le apostó a construir un relato comunitario anti-élite que derivó en un proceso inacabado de concientización social en las bases populares y en sectores de una clase media medrosa. Esa narrativa giró alrededor de los derechos colectivos e individuales y de la imperiosa necesidad de apostarle a naturalizar la solidaridad, pero, sobre todo, a exigirle al Estado y a sus agentes públicos cumplir con lo que ordena la carta de 1991; la respuesta de los agentes políticos, sociales, mediáticos y económicos defensores de la doctrina neoliberal fue el despliegue de una narrativa fundada en el racismo, el clasismo, la homofobia, la transfobia y la aporofobia.

Al final del gobierno Petro el relato comunitario anti élite fue derrotado no por ausencia de razones éticas, morales y otras que hacen parte de la ecología política, sino por los problemas de comunicación que tardíamente trató de solucionar el gobierno progresista- no de izquierda-, a lo que se sumaron por supuesto los escándalos de corrupción y los “papayazos” que el propio Petro le dio a la prensa para que hiciera y deshiciera con su vida personal, hábilmente atada a la moral de una sociedad conservadora, pacata, gazmoña, puritana, hipócrita, goda, camandulera, iliberal, morronga, mojigata, machista y morbosa.

De regreso al poder, la derecha y la ultraderecha están de plácemes pues lograron poner en la presidencia no solo a un servil amigo de la élite, sino a quien poco a poco está convirtiendo la presidencia de la República en un negocio privado, en una empresa familiar, una famiempresa. De la Espriella nombró a su exesposa, Yoly Beatriz Illidge Pimienta como Superintendente de Notariado y Registro. Y su esposa, la primera dama, de la mano de su recién creada fundación, manejará las donaciones recibidas para atender a los damnificados del terremoto del 10 de agosto, el mismo que el pastor-presidente asumió como un castigo divino: “las cosas de Dios, queridos compatriotas, solo Dios las sabe. Él decidió ponernos en esta prueba tan dura y, en su sabiduría, lo hizo justo el día en que comenzó mi mandato”.

La Fundación Colombia Luz y Sonrisas, una organización sin ánimo de lucro cuya representante legal es la propia primera dama, está en el ojo de un huracán mediático de baja intensidad que está intentando desatar el portal periodístico Cuestión Pública. Por supuesto, la gran prensa, ayer uribista y hoy abelardista, no está interesada en preguntar por el monto de las donaciones en dinero y el manejo de esos recursos. Los cuestionamientos ético-políticos y morales eran exclusivamente para el gobierno Petro. En adelante, la autocensura bastará para lavarle la imagen al gobierno del pastor-presidente. ¿Por qué no cuestionar, preguntar y vigilar por los destinos y la procedencia de los recursos manejados por la señalada fundación? ¿Qué habría dicho esa misma prensa si la esposa de Petro y entonces primera dama hubiese creado a los pocos días del triunfo de su esposo una fundación para manejar recursos y enfrentar, por ejemplo, las inundaciones provocadas por la ruptura del canal del Dique?

En la página de Cuestión Pública se lee lo siguiente: “Revisamos la iniciativa privada, porque vale recordar que la primera dama no es una funcionaria, y encontramos que el primer canal oficial para las donaciones directas es la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, una entidad sin ánimo de lucro cuya representante legal es la misma Ana Lucía Pineda. En la página web donde se recepcionan las ayudas, la fundación encabeza a otras organizaciones de mayor trayectoria como El Minuto de Dios y la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia. Las cuentas de las tres organizaciones se muestran como verificadas para hacer aportes económicos. Es decir, la iniciativa que la primera dama creó está recogiendo plata para su propia fundación. De acuerdo con el RUES, Colombia Luz y Sonrisas se constituyó el pasado 7 de julio con 10 millones de pesos, después de que De la Espriella salió victorioso en segunda vuelta. Sin embargo, la reunión por medio de la cual se acordó crear la ONG fue el 20 de marzo de 2026”.

Su condición de pastor-presidente, su idea de la Patria Milagro y el ridículo saludo militar son, si se quiere, caprichos que a la élite tradicional poco o nada le preocupa mientras les garantice mantener la captura mafiosa del Estado y los beneficios económicos de su privatización. Lo que haga Abelardo de la Espriella con la presidencia y la dignidad presidencial pasa a un segundo plano para los miembros de la élite beneficiada; al igual que las actividades y decisiones regeneradoras como las de borrar del lenguaje institucional del ICBF el término “niñas” y la cruzada emprendida por la ministra de Educación contra la espectral “ideología de género”. Más claro: el discurso antiderechos y su aplicación paulatina cuenta con la aprobación de la élite tradicional colombiana que comparte con el pastor-presidente la idea de que la sociedad colombiana necesita ser disciplinada y alejada de la narrativa pro-derechos que Petro impulsó en sus cuatro años de mandato.  No olvidemos que el enemigo de la patria es el progresismo, así declarado por el therian presidente.

 

Adenda: el cierre de las 20 emisoras comunitarias surgidas del Acuerdo de Paz de La Habana es un acto de censura oficial. El pastor-presidente dirá que simplemente está cumpliendo con un mandato divino porque nuevamente Dios lo está poniendo a prueba.