Por Germán Ayala Osorio
Si revisamos la reciente historia
política de Colombia podemos advertir que el poder hegemónico ejercido por la
derecha sirvió, por lo menos en los últimos 30 años, para construir de sus representantes
y figuras más visibles una imagen de políticos coherentes, formados técnica y
académicamente para servirle al país, de probada e insuperable inteligencia y,
sobre todo, comprometidos con profundizar la democracia colombiana de la que
siempre se dijo que era “la más antigua de América Latina”.
Esa invención mediática y política
fue suficiente para ocultar la pobreza, el racismo y el clasismo estructurales,
la vulgar e insostenible concentración de la riqueza y de la tierra en pocas
manos, fruto en muchos casos de operaciones institucionales mafiosas
(clientelismo, la captura paramilitar del Congreso y de la Superintendencia de
Notaria y Registro y corrupción).
Esa imagen de los políticos de
derecha, construida mediáticamente, se fue erosionando en gran medida por sucesivos
escándalos de corrupción, los efectos catastróficos en materia socioambiental
de 30 años de aplicación de las recetas del Banco Mundial y el FMI atadas a las
recomendaciones del Consenso de Washington y por la llegada de Gustavo Petro a
la Casa de Nariño, un progresista, señalado de ser de izquierda radical, a
pesar de haber mantenido la estructura de dominación internacional ejercida por
los señalados organismos multilaterales de crédito. Bastó que el actual
gobierno propusiera reformas sociales en beneficio de los más vulnerables para
que los integrantes de la derecha salieran a oponerse desde el Congreso, con el
concurso de las altas cortes. Con el incremento del salario mínimo vital del
23,7%, Petro terminó por desnudar el miserable talante de una derecha acostumbrada
a recibir millonarios subsidios (Agro Ingreso Seguro), a tener millonarios
salarios y mantener el control privado del Estado para el beneficio de una élite
parásita y precapitalista.
Por cuenta de la suspensión temporal
del incremento del salario mínimo por parte del Consejo de Estado nuevamente quedaron
expuestos los agentes políticos de la derecha dominante. Quienes demandaron ante
lo contencioso administrativo el aumento del 23,7% decretado por el gobierno
Petro, hoy, en calidad de precandidatos presidenciales y en medio de un
caldeado ambiente electoral, se atrevieron a pedirle a los empresarios que, pase
lo que pase con la decisión de fondo que tomará el Consejo de Estado, continúen
pagándole a sus empleados los 2 millones de pesos que corresponde al salario mínimo
vital que el gobierno decretó.
A pocas semanas de las elecciones
parlamentarias y de votaciones para las consultas presidenciales, precandidatas
como Vicky Dávila de Gnecco, Mauricio Cárdenas y Paloma Valencia, entre otros,
salieron, sinuosamente, a respaldar el incremento, eso sí sin fustigar la
arbitraria y peligrosa decisión adoptada por el magistrado Juan Camilo Morales
Trujillo, ponente del fallo. Estos mismos tres personajes, meses atrás, criticaron
el incremento y advirtieron escenarios económicos catastróficos: alta
inflación, despidos masivos y deterioro de las condiciones macroeconómicas.
Ya veremos en qué queda este nuevo pulso entre el Establecimiento empresarial y el gobierno Petro. Lo que quedó claro es que el empresariado (banqueros y Fenalco) con el denodado apoyo del Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Congreso, le siguen apostando a frenar la reforma pensional, laboral y al sistema de salud.
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