Por Germán Ayala Osorio
En la reciente reyerta entre el
expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez y manifestantes que le
recordaron los 7.837 crímenes de Estado que dejó su cacareada, pero peligrosa
política de seguridad democrática confluye el odio entre petristas y uribistas,
y se naturaliza el hostil ambiente electoral de cara a la primera vuelta presidencial de
este 31 de mayo. Quizás estamos a “tres doritos” de pasar de la violencia
simbólica, a la violencia física y política expresada en eventuales magnicidios.
En esta columna haré referencia a lo que considero el uso indebido de la Memoria Histórica como proceso clave para allanar la paz y reconstruir socialmente el pasado, en particular el triste y aberrante episodio de las ejecuciones extrajudiciales. La Memoria Histórica tiene un halo de dignidad y grandeza moral que se desdibuja cuando la acción simbólica (discursiva) de recordar que en Colombia, entre 2002 y 2010, se consolidó un aparato criminal (sicarial) con los visos de legitimidad y legalidad propios de un Estado asesino construido a imagen y semejanza de la élite política.
Pintar y despintar paredes termina
siendo un ejercicio inocuo para el objetivo de develar las lógicas y dinámicas que
permitieron que miembros del Ejército, azuzados desde la Casa de Nariño y
amparados en una política pública, tomaran la decisión de monetizar la vida de 7.837
jóvenes asesinados con armas oficiales y presentados falsamente como
guerrilleros caídos en combate. Uno de los objetivos materiales (morales y
éticos) de los ejercicios académicos y cotidianos de la Memoria Histórica debería estar atado a la acción de reescribir los manuales de formación en las escuelas castrenses;
también, de recordarles a los militares, en sus propias instalaciones, que en el
pasado compañeros mancharon de indignidad el uniforme. Los murales que hoy
pintan los "anti uribistas" y despinta el rabioso expresidente Uribe deben colorearse al interior de
todos los batallones.
El país necesita comprender desde
la ética, la moral y escarbando en la siempre aviesa condición humana cómo fue
posible que la exigencia diaria del entonces presidente Uribe a los militares
de “entregar más y mejores resultados operaciones y el falso anhelo de
acabar con lafar”, fuera determinante para que oficiales, suboficiales y
soldados asesinaran con tiros de gracia a inermes jóvenes. Vestirlos de camuflado
una vez asesinados y ponerle las botas al revés constituye una cruel perfidia en
el ámbito militar.
De esa forma, esos militares
terminaron convertidos en sicarios estatales al servicio de la “causa” de Uribe
Vélez de vengar la muerte de su padre, asesinado según su propio y falso
relato, por la organización armada ilegal (Farc).
Al borrar con rodillo el acusador
y develador mensaje, el expresidente Uribe dejó entrever que en su adolescencia
y en su vida madura quizás se acercó a las prácticas reconocidas en lo que se conoce
como latrinalia. Finalmente, entre 2002 y 2010 Uribe Vélez asumió al
país como un “gran letrina” en la que se sentó a sus anchas a expulsar las
heces que producen quienes cargan sobre su conciencia procesos penales por la
comisión de graves delitos; además de su enfermiza necesidad de concentrar poder y riqueza.
Uribe cree que la fetidez y los
nauseabundos olores que dejó la aplicación a rajatabla de su política de
seguridad democrática pueden borrarse con un rodillo embadurnado de pintura
blanca. Cuán equivocado vive el expresidiario antioqueño.
Insisto: reducir los procesos
simbólicos de reconstrucción de la Memoria Histórica exclusivamente a informes
académicos y murales pintados en puentes y paredes es propio de una sociedad
que sigue anclada a la violencia verbal y simbólica, primer paso para continuar
matándonos como lo venimos haciendo desde hace marras. ¿Por qué no exponer la
fría y dolorosa cifra de 7837 crímenes de Estado en estadios de fútbol, en
buses, semáforos, batallones, estaciones de policía e incluso en medallas y
condecoraciones militares? Sería viable hacerlo por una razón: se trata de crímenes
de Estado de los que somos responsables todos y todas, por acción u omisión.