domingo, 4 de octubre de 2026

NO HAY ACUÑA QUE MÁS APRIETE…

 



Foto: Colprensa. 


Por Germán Ayala Osorio

 

Las constantes y cinematográficas apariciones del presidente De la Espriella dejan ver a un mandatario que confunde poder con autoridad, legitimidad social y política con exposición mediática y aplausos de sus áulicos; que irrespeta la separación de poderes; esos mismos registros audiovisuales exponen la contradicción del presidente de la República que dice respetar las instituciones y las institucionalidades derivadas, pero que presionó la salida de Bruce Mac Master de la ANDI y sacó al director del DANE porque no encontró que el gobierno Petro hubiese manipulado cifras; a todo lo anterior se suma el saludo militar, el oufit castrense y el porte de un arma al cinto que lo aleja cada vez más de su condición civil para acercarlo a la de presidente-combatiente.

Son ya varios los videos en los que, como un presidente-actor, ordena y toma decisiones en asuntos menores si se comparan con los problemas complejos que arrastra de tiempo el país y que le exigen su atención en lugar de estar exhibiendo autoridad y poder como si fueran sinónimos.  Por ejemplo, en Santa Marta apareció a la madrugada armado y “patrullando” mientras la ciudad sufría un “paro armado” ordenado por un grupo paramilitar y mafioso; en Cali, aparece en una escena en la que le da la “bienvenida a la patria milagro” a un vendedor de estupefacientes de la olla de El Calvario en pleno centro de la ciudad; o en un hangar haciendo lo mismo, pero al criminal alias Araña, momentos antes de irse extraditado hacia los Estados Unidos.

En otro video que circula en las redes sociales aparece el presidente-actor llamando la atención al público: “Aplaudan, por qué no aplauden”. La exigencia presidencial la hizo con el objetivo de mostrar que su lucha contra la corrupción va en serio. La frase, por supuesto, se volvió meme en las implacables redes sociales. Pues en ese mismo escenario e insistiendo en el tema de la corrupción pública el propio Abelardo Gabriel de la Espriella Otero subió videos en los que aparece fustigando y descalificando al alcalde de Sincelejo, Jair Acuña.  

La embestida presidencial contra el alcalde Acuña se dio en el marco de un consejo de seguridad. “Todo Sincelejo lo sabe, todo Sucre lo sabe, lo que usted ha hecho con la plata del pueblo sincelejano. Usted cree que yo soy la clase de presidente que le va a permitir las prácticas ha hecho aquí en Sincelejo. Usted cree que yo voy a permitir que siga haciendo lo que sabe hacer que es politiquería… cómo confiar en una persona que tiene 13 procesos por corrupción…”. Sin duda alguna, De la Espriella convirtió al alcalde de Sincelejo en su “chivo expiatorio”. Al final, en la retina de las audiencias quedó claro que Acuña es corrupto, previa condena del presidente de la República. Solo le faltó mandarlo a detener, aunque el acalde aún no ha sido vencido en juicio.

Periodistas y políticos esperaban que el alcalde saliera a dar alguna declaración en respuesta a semejante embestida del jefe del Estado. Horas después, Acuña usó el mismo canal, las redes sociales, para confrontar al “juez” que lo condenó frente a las cámaras. Esto dijo el vapuleado mandatario local: “Señor Presidente, por favor, ese video está editado y manipulado digitalmente. Le pido que muestre el video completo donde se puede cómo se violentan los códigos disciplinarios y penales en Colombia… donde se puede ver como un alcalde es intimidado con fusiles, en cabeza de civiles, como se le coloca a un alcalde una persona con arma larga permanente con el único objetivo de intimidarlo; se me quita el legítimo derecho a la réplica, sopena de ser expulsado…”.

Si lo que dice Acuña en su video es cierto, lo sucedido en ese consejo de seguridad que se desarrolló en Coveñas, amerita no solo explicaciones del jefe del Estado, sino la intervención de la Procuraduría General de la Nación en la medida en que, de acuerdo con lo expresado por el alcalde de Sincelejo, se le violaron varios derechos, entre ellos a la presunción de inocencia, al debido proceso de la mano de un presidente-juez que lo condenó; a controvertir, a expresarse de manera libre. Que el presidente le haya permitido “quedarse, pero en silencio” en el evento resulta a todas luces oprobioso con una autoridad local elegida a través del voto.

Jair Acuña usó el concepto y derecho a la presunción de inocencia para jugar el mismo juego moral en el que lo metió el presidente de la República: “yo no le voy a quitar a Usted la presunción de inocencia porque Usted tenga expedientes…tampoco le voy a quitar la presunción de inocencia ni la buena fe de recaudos en cabeza de personas jurídicas no gubernamentales que hoy recaudaron recursos y que la gente no sabe dónde están, pero le doy la buena fe”.

Acuña le recordó a De la Espriella el lío de una chatarra de Bucaramanga en el que está involucrado su ministro de Vivienda; hizo lo propio con la viceministra de Defensa llamada a juicio… Y terminó su reacción con la exposición de unos audios en los que se escucha al entonces candidato presidencial, Abelardo de la Espriella Otero reconociendo la gestión en seguridad de Jair Acuña.

Le alcanzó al señor Alcalde para ventilar intimidades y cercanías con amigos en común. Es tal la familiaridad que Acuña le reconoció lo rico que cocina la señora madre de Abelardo Gabriel, una “santa”, dijo Acuña. Una especie de “sacada de cueritos al sol” muy propia de amigos de parranda y de actividades electorales.

La pulla final del funcionario local le recordó al país la lúgubre y macabra escena en la que aparece el presidente-sheriff caminando entre una veintena de cadáveres: “no me perfile…me rehuso a creer, señor presidente, que me quieran volver un falso positivo; que me quieran meter en una bolsa… Dios lo bendiga y chao, pescao”. Y como estamos hablando de cine y de actuaciones, este capítulo debe titularse No hay (A) cuña que más apriete que la del mismo palo.




SOFÍA MAC MASTER HABLÓ SIN EUFEMISMOS




Por Germán Ayala Osorio

 

La renuncia del presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, por presiones directas de Abelardo Gabriel de la Espriella Otero, no puede quedarse en el simple registro noticioso de unas empresas mediáticas que tímidamente abordaron el asunto sin ahondar en los peligros que conlleva que el jefe del Estado haya pedido la cabeza del dirigente gremial por diferencias personales y políticas.

En su carta de despedida Bruce apela a una serie de eufemismos con los que quizás deja ver el miedo que le produce señalar de manera directa al presidente de la República de ejercer presión directa sobre la Junta Directiva y afiliados claves al gremio para garantizar su dimisión. Quedó claro que Mac Master no renunció, “lo renunciaron”.

Cuando los medios y el propio Bruce hablan de “presiones del gobierno”, ocultan lo que realmente pasó: fue Abelardo el que pidió la cabeza de Mac Master. Más directa resultó la hija del decapitado dirigente gremial, Sofía Mac Master. Esto dijo: “Hoy es él. Pero el precedente queda. Si normalizamos que un presidente puede ejercer presión hasta volver incómodo o imposible que alguien continúe al frente de un gremio porque no le gusta lo que dice, mañana puede pasar exactamente lo mismo con cualquier otra persona”.

Ya dije en una anterior columna que Colombia es el país de los eufemismos. El miedo o la excesiva prudencia de Bruce Mac Master para exponer lo que realmente pasó con su abrupta salida de la ANDI expone la gravedad de lo sucedido. Lo que resulta a todas luces peor es la fractura al interior del gremio e incluso la división de otros agentes económicos de la sociedad civil sobre los cuales De la Espriella tiene el interés de capturarlos, someterlos y por esa vía reducir su interlocución a instancias individuales más fáciles de manipular. Eso de tender puentes con una organización en la que puede haber algo de pluralidad y disenso no parece ser del gusto del jefe del Estado.

Mientras el país empresarial pasa el trago amargo de la decapitada de Bruce, la ya famosa columna que escribió en favor del entonces candidato presidencial Abelardo de la Espriella no solo “envejeció mal”, sino que da cuenta de una incontrastable ingenuidad de Mac Master, alimentada por el odio de clase con el que se enfrentó al presidente Petro. A pesar de los agrios desencuentros discursivos, Petro jamás lo vetó o pidió su cabeza como si lo hizo De la Espriella.

Son varios los párrafos de esa ya famosa y ejemplarizante columna que escribió Bruce en el godo periódico El Colombiano. Rescato dos que dejan ver con claridad la ingenuidad y la zalamería del presidente de la ANDI que, por poco tiempo, estuvo “firme por la patria: “De La Espriella ha decidido rodearse de personas respetables, con visión institucional y democrática, eso es muy importante. Confiamos en que habrá un gobierno dentro del cauce de la Constitución, con respeto por los contrapesos, talento técnico, constructor de consensos y con buenas políticas públicas. El país necesita más unión y menos polarización…Este próximo domingo tendremos que decidir entre dos caminos. No tengo ninguna duda de que optaré por el camino de mayor institucionalidad, mayor Democracia y respeto de la Constitución”.

Con todo y lo negativo y peligroso que resulta que un jefe del Estado vete y haga sacar a un líder gremial por discrepancias personales, ese insuceso deja una lección para los miembros de la élite empresarial: a veces, el real “enemigo” de la institucionalidad no está en las huestes opuestas, sino que está presente y se incuba en las propias mesnadas. Más claro: el “enemigo” no estaba en la izquierda o en el progresismo tal como Bruce se lo hizo ver a la opinión pública, sino en la misma derecha.

A Bruce lo sacó Abelardo, eso está claro. Su caso se puede explicar desde las circunstancias de un particular “fuego amigo” en el que se enfrentaron dos visiones de clase, con sus respectivos clasismos. El clasismo de Bruce, anclado a su origen y pertenencia a una élite empresarial profundamente aporofóbica; y el clasismo sobreviniente de un tipo como Abelardo de la Espriella que, desde el tradicional elitismo gremial y político colombiano, siempre fue y será visto como un “emergente”, como un “levantado”.  Eso sí, el jefe del Estado y su prestante víctima tienen en común que ambos son profundamente aporofóbicos. Desde la sede presidencial de Barranquilla, una vez Abelardo Gabriel conoció la carta de renuncia de Bruce, debió haber espetado, bienvenido a la Patria Milagro y que viva Cristo Rey.

sábado, 3 de octubre de 2026

MARÍA FERNANDA CABAL Y LA NUEVA DERECHA

 


Por Germán Ayala Osorio

 

Después de su renuncia al Centro Democrático, partido que jamás le respondió su solicitud de escisión, María Fernanda Cabal Molina inicia el camino para consolidar un nuevo partido político en Colombia y sobre esa plataforma buscar la presidencia de la República en 2030. La señora Cabal Molina habla de una “nueva derecha”, pero no oculta su apoyo a las políticas y actitudes propias de la ultraderecha que viene implementando y exponiendo públicamente Abelardo Gabriel de la Espriella Otero. Abiertamente apoyó la candidatura del “tigre”. “Felicitaciones @ABDELAESPRIELLA vamos firmes por la patria en segunda vuelta. El país a votar para derrotar a Petro y su camarada Cepeda”.

Se entiende el desespero de la excongresista y feroz defensora del expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez- a quien insiste en llamarlo “presidente”- por construir su propia historia política sin jefe político. Pero llegar al movimiento Liga de Gobernantes contra la Corrupción, fundado por Rodolfo Hernández, condenado por corrupción, hoy llamado Partido Republicano, constituye una decisión política que de entrada le pone una mácula a su aspiración presidencial. El tamaño de esa sombra crece al confirmar que la acompañará el congresista de la Alianza Verde, Jota P Hernández. No podía quedar peor acompañada la señora Cabal al lado de semejante personaje.

En declaraciones a varios medios, Cabal Molina dijo que “vamos a ser la plataforma que siempre soñé, la nueva derecha, que conecta con el ciudadano bueno, con el trabajador, con la defensa de la vida, la propiedad y de la fuerza pública que tanto nos cuida”.

Cabal Molina no se caracteriza justamente por tener un excelso dominio de categorías y conceptos propios de la filosofía política. Eso sí, aprendió en el Centro Democrático a lanzar mensajes efectistas que no soportan un análisis crítico. Habla de una “nueva derecha”, pero hace referencia a los mismos elementos ideológicos que durante varios años ella defendió al interior del Centro Democrático, un partido de derecha: “la propiedad privada, la vida y la fuerza pública” aplicando, esos sí, los principios y recetas de la doctrina neoliberal con las que efectivamente se defiende la propiedad privada y se extiende su espectro al Estado que termina siendo “privatizado” y operado por agentes empresariales que solo buscan hacer negocios y enriquecerse a costa del bienestar colectivo; bajo esas circunstancias, ni el Estado ni la derecha tradicional han defendido la vida como asegura Cabal.

Baste con recordar que el entonces presidente Uribe “entregó 8.53 millones de hectáreas a empresas mineras. Muchas de esas hectáreas incluso estaban en páramos y en lugares de reserva natural. Uribe fue un desastre entregando títulos mineros a diestra y siniestra”. Se estima que en los ocho años que duró su gobierno se concedieron 7.869 títulos mineros, casi 984 anuales. Muchos de estos títulos se dieron en el suroeste antioqueño, en donde Uribe sigue siendo admirado con fervor”.

En lo que corresponde a la defensa de la fuerza pública Uribe los llevó a una guerra frontal contra las Farc-Ep, con cientos de miles de militares y policías mutilados; con millones de campesinos desplazados y la consecuente ruina del campo. Sin duda alguna una forma curiosa de respetarlos y dignificar sus vidas. Los 7.837 crímenes de Estado (falsos positivos), que Cabal pone en duda su ocurrencia y las precarias condiciones salariales de soldados, no dan cuenta precisamente de una actitud de reconocimiento y respeto hacia los uniformados. Fue Petro, el "comunista exguerrillero" quien les mejoró el salario y la comida que se reparte en los ranchos de los batallones. 

En sus declaraciones a la prensa tradicional que cubrió su llegada al Partido Republicano, la exsenadora Cabal dijo que “como primera militante del Partido Republicano voy a trazar el rumbo que siempre quise… hoy es una plataforma que se construye para las elecciones regionales y para la presidencia de 2030. El buen gobernante, dice la Biblia, tiene feliz a su pueblo”.

Cabal Molina habla de conectar con ciudadanos “buenos”. Al insistir en esa falsa y peligrosa dicotomía entre Buenos y Malos la excongresista se acerca a la ultraderecha que hoy gobierna a Colombia. De la Espriella la llevó a otro nivel pues calificó al petrismo y a los petristas claro está, como “enemigos de la Patria”, es decir, desde el discurso de la señora Cabal, millones de ciudadanos que votaron por Petro y Cepeda serían malos ciudadanos. Y termina alineada aún más con el actual gobierno, al citar la Biblia. Por ser creyente y al parecer camandulera, lo más probable es que en su campaña presidencial de 2030 también programe retiros espirituales para entregar biblias a sus fututos ministros con la "marca Cabal", apoyada en el eslogan con "extrema coherencia". Es tan coherente que fue a dar a un partido creado por un corrupto. El cambio de nombre no borra ese deshonroso antecedente. 

Al final, creo que Cabal Molina con su Partido Republicano no le apostará realmente a consolidar una “nueva derecha”, sino a naturalizar las prácticas de la ultraderecha que dejará operando De la Espriella. Ojalá la futura candidata presidencial entienda que Colombia jamás funcionó como una verdadera República por decisión directa de la élite y presidentes de la derecha tradicional. Apenas si lograron crear una República pero bananera. 

LO QUE SIGUE DESPUÉS DE ACABAR CON LA JEP

 



Por Germán Ayala Osorio

 

Acabar con la JEP ha sido el anhelo de la derecha colombiana que directa o indirectamente tiene responsabilidades en la degradación moral de las fuerzas militares y en general de las dinámicas del conflicto armado interno. El expresidente Uribe sigue siendo el más enconado enemigo de ese tribunal de paz porque a partir de los testimonios de los militares comparecientes se consolidó la narrativa que indica o sugiere que le cabe a él una responsabilidad política en la ocurrencia de los crímenes de lesa humanidad (falsos positivos) cometidos por militares que seguían las directrices de su política de seguridad democrática.

Con el anunciado recorte a las finanzas que permiten la operación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), De la Espriella “releva” a Uribe en su pretensión de acabar con el alto tribunal apoyado en el mismo falaz argumento de recuperar la imagen y defender los derechos de los “patriotas” que no cometieron crímenes, sino errores o pequeñas extralimitaciones en sus funciones. En particular los soldados que asesinaron a civiles desarmados lo hicieron porque, como dijo el general Montoya Uribe, eran de “estratos 1 y 2 y por su ignorancia no supieron diferenciar entre bajas y resultados”.

La animadversión hacia la justicia transicional representada en la JEP y la incomodidad político-militar de sus hallazgos partió del proceso de paz de La Habana, espacio de negociación política entre los plenipotenciarios del gobierno y las FARC-Ep en el que emergió la idea de crear esa jurisdicción para procesar a los combatientes, legales e ilegales, que participaron de las hostilidades y violaron los derechos humanos y el DIH. Los que votaron No en el plebiscito por la paz de 2016 dejaron claro que las penas alternativas (sanciones morales) que recibirían los criminales de las Farc-Ep les resultaban insultantes para el grueso de la sociedad.

Eso sí, las sanciones morales que también recibirían los militares comprometidos en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos les resultaban menos ofensivas en la medida que eso de los “falsos positivos” hacía parte de la falsa narrativa promovida por defensores de derechos humanos y enemigos de Uribe, todos cercanos a las guerrillas. En el 2021 la senadora uribista María Fernanda Cabal dijo que “eso enferma la izquierda porque necesitan crear una narrativa que destruya el honor de la fuerza pública, por eso se inventan 6.402 falsos positivos. pero el presidente de la JEP no pública la lista para demostrarle que es falso. ¡Publique la lista, no deshonre más a los hombres que perdieron sus ojos sus piernas y su vida por este país!”

Por estos días el expresidente Santos y el entonces jefe de la delegación de paz en La Habana, Humberto de la Calle Lombana se refirieron a la decisión política del gobierno de Abelardo de la Espriella de ahogar económicamente a la JEP. Llama la atención que, en su defensa del tribunal de justicia transicional, el expresidente criticara las “demoras” en las investigaciones y expedición de sentencias por parte de los magistrados de la JEP y el segundo hablara de “errores”.

De la Calle afirmó a varios medios que “ha utilizado demasiado tiempo para tomar decisiones y se ha llenado de procedimientos que no corresponden a su carácter transicional”. Humberto de la Calle y el expresidente Santos comparten ese mismo diagnóstico, pero insisten en que la JEP no debe ni puede eliminarse. Además, están de acuerdo en que el periodo de ese tribunal de paz no debe extenderse en el tiempo. Lo contrario piensa el expresidente Petro, quien en su cuenta de X afirmó que “la JEP debe recuperar las facultades derivadas del acuerdo de paz: debe ser el máximo tribunal de la verdad del conflicto y los terceros deben ser parte de su investigación e intervenir”.

La degradación del conflicto armado y la conversión de los actores armados ilegales en estructuras mafiosas (narcotraficantes) son suficientes factores para extender en el tiempo la operación de la JEP, con miras a probar que la producción y tráfico de cocaína, la minería legal e ilegal, la extorsión y el comercio de armas están conectados con agentes económicos y políticos que deben quedar expuestos ante la opinión pública. Y el mejor lugar para lograr ese objetivo es la JEP. El país necesita que ese tribunal abra un mega caso sobre los Señores de la Guerra. Muy seguramente se trata de terceros civiles muy poderosos que deberían de comparecer ante la JEP. 

Volvamos a lo dicho por Santos y De la Calle. Frente a la arremetida política del actual gobierno y el uso político-militar del virtual ahogamiento del alto tribunal de paz, lo expresado por Santos y De la Calle resulta a todas luces inconveniente porque legitima la pretensión presidencial de acabar con la JEP. 

Hay una diferencia entre Uribe y De la Espriella en lo que tiene que ver con la verdad que la JEP ya ha venido construyendo alrededor de lo ocurrido durante el conflicto armado interno, en particular en lo que toca al trabajo coordinado entre militares y paramilitares. Al expresidente Uribe le interesaba exclusivamente salvar su imagen, ya bastante comprometida por los crímenes y excesos que dejó la aplicación a rajatabla de su política de seguridad democrática; mientras que De la Espriella le está apuntando a ganarse un lugar dentro del espectro castrense, en particular ser reconocido como un verdadero patriota por quienes son partidarios de la línea dura (tropera), que incluye la extensión y aplicación sin miramientos de la doctrina del enemigo interno a gente de izquierda, progresistas, liberales, intelectuales, defensores del ambiente y los derechos humanos, así como contra académicos críticos del militarismo que representa De la Espriella.

El saludo militar, portar un arma al cinto y su permanente grito de guerra, firme por la Patria, hacen parte del proyecto de cerrar la JEP, que va de la mano de la intención ya manifiesta de consolidar en el país un régimen de terror que supere con creces lo sufrido y vivido durante los gobiernos de Turbay Ayala, Uribe Vélez y Duque Márquez. El referente político y moral es el gobierno de Nayib Bukele. El silencio de las altas cortes frente a la disminución del presupuesto a la JEP y las amenazas de Abelardo a los jueces que con sus fallos se opongan a la fumigación de cultivos de uso ilícito; la presión del presidente de la República para sacar de la ANDI a Burce Mac Master, la censura contra dos periodistas de Blu radio, y la consecuente autocensura asumida por los grandes medios, ponerle límites a la protesta social y varias iniciativas que caminan en el Congreso como pasar a la Justicia Militar los procesos que lleva la JEP, van ambientando lo que sería la “bukelización” del país. Ya no se escucha el “ajúa”, pero se oye con enorme simpatía en los sectores más fanáticos, tanáticos y religiosos, que ¡viva Cristo Rey!



viernes, 2 de octubre de 2026

UN CANSINO DESPRECIO DE LA VIDA




Por Germán Ayala Osorio

 

El uso de peligrosos herbicidas como el glifosato y ahora el glufosinato de amonio hace parte de una discusión interminable entre ecólogos, biólogos, ambientalistas y gobiernos pro-gringos como el de Abelardo Gabriel de la Espriella; este último, insiste en darle continuidad a la fallida política antidrogas que los Estados Unidos. Recordemos que el presidente colombiano es ciudadano norteamericano, circunstancia que lo obliga a salvaguardar y defender los intereses de la potencia militar, por encima del bien general de la nación colombiana.

Una vez tomada la decisión del presidente De la Espriella de arriar la bandera gringa y desechar la colombiana, entonces vuelve el país a la misma discusión con un elemento nuevo: la decisión sin ninguna clase de miramientos sobre los efectos ecológicos y socioambientales que generará el uso del glufosinato de amonio, el herbicida con el que buscan afectar los cultivos de coca que abundan en el Putumayo y otras zonas del país. Más claro: la orden es fumigar, fumigar y fumigar.

Como Abelardo es incapaz de dar una discusión académica sobre los graves efectos que generará la aplicación de ese veneno (herbicida), descarga la responsabilidad en su ministro de Justicia, Iván Cancino. Y como la idea es despreciar el Principio de Precaución consignado en la Ley 99 de 1993 y desarrollado por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado a través de varias sentencias y obedecer a Trump, entonces el funcionario judicial salió a defender a dentelladas el piloto con el que el país regresa a la fumigación aérea de los cultivos de uso ilícito. Lo hizo en el Congreso exhibiendo una actitud arrogante y grosera, propia de quien está obligado a negar la evidencia científica que advierte de los graves efectos y riesgos que trae la aplicación de herbicidas. No olvidemos que este es un gobierno negacionista del cambio climático.

En un debate de control político Iván Cancino soltó esta perla: “Este programa no es para experimentar a ver qué le pasa al ser humano, es para revisar si ese componente químico realmente causa sobre la mata lo que dicen que causa. Y perdóneme que se lo responda, yo no le puedo contestar qué va a pasar con el ser humano porque es que este programa no está diseñado para ver qué le pasa al ser humano cuando le hagan una aspersión con uno de los componentes; se trata de cuidarlo, de que no esté presente, de alejarlo y ver qué le causa a la mata”.

El desprecio por las vidas asociadas a los ecosistemas naturales e incluso a las que rondan a los llamados “ecosistemas emergentes” como el monocultivo de la coca es evidente en el ministro y hace parte sustantiva de la narrativa oficial del gobierno colombiano.

Cancino parece olvidar que son los vientos los que hacen posible que la peligrosidad del herbicida se potencie y se propaguen sus efectos negativos y termine afectando a cultivos de pan coger, las aguas superficiales, los suelos y por supuesto al campesinado y a los labriegos ubicados en zonas no tan cercanas a las elegidas para asperjar el glufosinato de amonio.

De acuerdo con informe de Indepaz, “…al tratarse de un herbicida no selectivo de amplio espectro, su potencial de quema abarca casi la totalidad de las cubiertas vegetales fotosintéticamente activas, lo que exige una delimitación técnica rigurosa de las bandas de amortiguamiento físico durante su dosificación en campo para impedir la destrucción colateral de cultivos útiles vecinos o de flora nativa circundante”. Y en el mismo documento, al que el ministro Cancino muy seguramente no le interesara conocer, se expone con claridad los riesgos sobre la salud humana: “El análisis ecotoxicológico y clínico del glufosinato de amonio demuestra que este principio activo no se comporta como un agente inocuo o estrictamente circunscrito al tejido vegetal objetivo. La literatura científica internacional ha acopiado evidencia empírica que sitúa a este xenobiótico como un factor de riesgo relevante para la salud humana, la estabilidad de la biodiversidad y la integridad de los recursos hídricos superficiales”.

Quizás por su formación como abogado, Cancino no desarrolló los pensamientos sistémico, complejo y mucho menos el crítico. Su mirada asistémica es propia de ciudadanos a los que jamás les interesó comprender las complejidades de los ecosistemas naturales y las de la propia condición humana. Al hacer gala de su ignorancia sobre asuntos que tienen que ver con la sostenibilidad sistémica, Cancino se ve obligado a vociferar y gritar para sentir que él tiene la razón, así lo espetado resulte ser una estupidez o simplemente confirme que como ministro legitima la narrativa oficial con la que se desprecian las vidas de los ecosistemas naturales y las de los seres humanos. El fracking a lo que marque, la fumigación aérea con glufosinato de amonio y la autorización para desarrollar minería a gran escala en el Páramo de Santurbán, en pleno fenómeno del Niño y las evidencias de una pluricrisis ambientales (cambio climático), confirman el espíritu ecocida con el que gobierno está actuando.

Cancino es un apellido “de origen español, vinculado a la música y la poesía, con presencia histórica en España y América Latina, y con connotaciones de creatividad y expresividad artística”. A juzgar por la actitud hostil del ministro en la sesión de control político en el Congreso y su demostrada ignorancia sobre asuntos relacionados con la sostenibilidad sistémica, su vinculación con la música y la poesía se circunscribe al canturreo del estribillo “fumigar, fumigar, fumigar y firme por la patria”.

jueves, 1 de octubre de 2026

BRUCE NO RENUNCIÓ, LO "RENUNCIARON"



Por Germán Ayala Osorio

 

Los eufemismos hacen parte de nuestra cultura. Y los discursos todo el tiempo nos lo confirman. Pongamos un ejemplo: en lugar de hablar de ejecuciones extrajudiciales o crímenes de Estado, la prensa y cientos de miles de ciudadanos hablan de “falsos positivos”. Sin duda alguna, un eufemismo cruel que minimiza la gravedad de esos hechos en los que militares monetizaron la vida de por lo menos 7837 ciudadanos. Los asesinaron, los vistieron con prendas de combate y los hicieron pasar como “guerrilleros caídos en enfrentamientos con la fuerza pública”.

Ahora que se conoce la carta de despedida del presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, después de más de una década al frente de ese gremio, vuelven los eufemismos. Entonces, en lugar de decir que a Bruce lo vetó y tumbó el presidente De la Espriella, los periodistas usan los términos “renunció” o “dimitió”. Titulares como este de Caracol Radio dan cuenta del registro del hecho noticioso del día, del mes y quizás del año: “Bruce Mac Master presentó su renuncia a la Presidencia de la ANDI: esta es la carta”.

Lo más preocupante es que el propio (ex) presidente de la ANDI en su misiva apela a eufemismos para enmascarar lo que claramente fue una “emboscada política” que desde la Casa de Nariño (sede Barranquilla) se planeó de tiempo atrás. Baste con recordar lo publicado por Vicky Dávila en su cuenta de X para entender que la cabeza del presidente de la ANDI pendía del hilo que estaba pendiente de cortar el jefe del Estado. Hasta que lo cortó.

Veamos apartes del comunicado con el que Bruce enmascara lo que realmente pasó y que la estafeta-periodista Vicky Dávila ya le había advertido a él y al país en su cuenta de la señalada red social. “En las últimas semanas se han presentado circunstancias inesperadas y preocupantes que han hecho particularmente complejo el entorno de la Asociación… Múltiples presiones han afectado su capacidad de actuar libremente y cumplir sus funciones con autonomía.” Bruce Mac Master se cuida de hablar de “presiones políticas”, de diferencias insuperables entre él y De la Espriella. Y mucho menos se atreve a hablar del veto del que fue objeto, primer paso antes de su caída. Si hubiese un concurso para elegir el más precioso eufemismo, el de “Circunstancias inesperadas” se llevaría todos los honores. Y por supuesto, su emisor.

Sigamos. “La Junta de Dirección General, su Mesa Directiva y yo mismo hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para propiciar una solución y unas condiciones que le permitieran a la Asociación cumplir plenamente su función, buscando mantener abiertos los espacios de interlocución y continuar contribuyendo, como lo ha hecho durante toda su existencia, a la construcción de soluciones para el país, preservando siempre su independencia, su autonomía y su lugar institucional en la sociedad”.

Si no se tuviera todo el contexto que la estafeta-periodista le entregó al país a cuentagotas, quien lea el documento no comprendería de qué está hablando el hasta hace unos meses aguerrido líder gremial que se enfrentó discursivamente al presidente Petro a quien le faltó poco para calificarlo de dictador. ¿A qué se refiere con “propiciar una solución”? ¿Cuál era el problema? El problema estaba claro: De la Espriella pidió su cabeza. Lo vetó primero y quizás haya logrado fracturar internamente a la ANDI y a su Junta. Una vez logrado el ambiente enrarecido, solo era cuestión de esperar la renuncia o mejor, la caída de Mac Master.

Estamos ante una misiva encriptada gracias en buena parte a los eufemismos, pero también a los dobleces del lenguaje. No es necesario explicitar todo para que la gente entienda. Lo que sucede es que esa misma gente puede pensar que el tono de la carta de Bruce se mueve entre la elegancia, la jactancia, la tranquilidad, la mesura, el cansancio por lo vivido durante semanas y el miedo porque, como pocos, pudo comprender hasta dónde podría llegar el presidente de la República de no conseguir la renuncia del dirigente gremial. Ahora Mac Master sabe lo “duro que muerde el tigre”.

Al décimo párrafo, de los 24 que compone su larga misiva, Bruce aterriza al lector en el nudo del problema: el Gobierno. O mejor, su nula interlocución con el presidente de la República. “A pesar de lo anterior, todos esos intentos resultaron infructuosos. Lo lamento profundamente, porque siempre he creído en la inteligencia colectiva y en la necesidad de que el Gobierno, el sector productivo y las instituciones puedan trabajar juntos, incluso en medio de diferencias, con respeto, independencia y sentido de responsabilidad nacional. Lo intentamos y no tuvimos éxito”.

Desde Lo No Dicho, elemento clave en el análisis del discurso, resulta apenas lógico pensar que a Bruce lo irrespetaron o por lo menos así se sintió. Y cómo no si fue vetado por el jefe del Estado. En el siguiente párrafo, Mac Master vuelve otra vez a los eufemismos. Quizás le sirvieron al propósito de no dejar salir la rabia y la desazón que pudo sentir de ver y darse cuenta de que de nada le sirvió votar por De la Espriella y sobre todo de haber publicado esa columna de opinión en El Colombiano en la que con zalamería le dijo al país y al entonces candidato presidencial cuál era su decisión. Recordemos un par de las ideas consignadas en el texto titulado Votaré por la democracia liberal con el único propósito de conectarlas con las del final de la misiva. Las coloreo con rojo para que el lector las conecte más adelante.

“Para quienes creemos en la democracia liberal, la Constitución, el Estado de derecho, las libertades, y una economía capaz de generar oportunidades, la elección actual es fundamental. Votaré por Abelardo de la Espriella porque considero que es la alternativa más conveniente para todo el país, para las empresas y para los trabajadores. La alternativa de Cepeda representa la continuidad política y operativa del actual gobierno. Él mismo habla de “nuestro gobierno”. Frente a esa continuidad existen razones serias de preocupación. El problema no es sólo de ejecución; es su relación con los principios de la democracia liberal, su posición frente a las instituciones, la búsqueda del debilitamiento de los contrapesos, la presión sobre Cortes y Congreso, el ataque al sistema electoral materializado en insistencia en promover una Asamblea Nacional Constituyente que promueve mayor concentración presidencial y por lo tanto no fortalece la democracia, la debilita”.

Mírese con cuidado el último párrafo extraído de la carta de renuncia del dirigente gremial. Sugiero hacerlo recordando las frases subrayadas con rojo del párrafo anterior.

“Colombia atraviesa un momento que exige esfuerzos de todos. El país necesita instituciones fuertes y trabajo armónico en muchos frentes. Dentro de ellas, resulta esencial la existencia de pesos y contrapesos que aseguren los límites que protegen la democracia. Esta situación me deja reflexiones que considero importantes para nuestra democracia. Me recuerda el valor de las libertades, la importancia de la autonomía de las instituciones y la necesidad de proteger siempre los espacios desde los cuales los ciudadanos y las organizaciones pueden expresar sus posiciones, participar en la conversación pública y contribuir al desarrollo del país. Me recuerda muy especialmente la importancia de una actividad gremial íntegra, independiente, desprovista de agendas paralelas y acorde con las responsabilidades que la sociedad le otorga”.

La frase subrayada con el color verde hace pensar que Bruce se fue no solo por la presión de Abelardo Gabriel de la Espriella Otero, sino porque dentro del gremio y quizás desde otros, esas “agendas paralelas” incluían su salida, al parecer aclamada por empresarios que dejaron atrás su independencia para entregarse sin límites a los caprichos del poder presidencial. Varios deben estar hoy gritando aún ¡viva Cristo Rey!, al enterarse que Bruce cayó. Bruce no renunció, lo "renunciaron", es decir, el presidente pidió su cabeza. 

No es necesario decir que la descabezada a Bruce Mac Master manda un mal mensaje a la sociedad y a otros agentes económicos de la sociedad civil: o se alinean con la "batalla cultural" y la patria milagro, o se atienen a las consecuencias.  ¿Si eso es capaz de hacer el gobierno, el presidente de la República con un dirigente gremial, qué podemos esperar los ciudadanos de a pie que no compartimos sus ideas?

EL TEMPRANO MANIFIESTO DEL CENTRO POLÍTICO

 



Por Germán Ayala Osorio

 

Figuras del “centro político” acaban de publicar un manifiesto en el que expresan una serie de preocupaciones alrededor de las formas en las que el gobierno conduce algunos asuntos de interés nacional. Dicho documento, titulado La Constitución: Escudo de Colombia, llega antes de que se cumplan dos meses de haber llegado a la Casa de Nariño el falso outsider que vendieron los medios masivos y por el que votaron agentes gremiales que, curiosamente, los firmantes de dicho manifiesto defienden ante la arremetida presidencial en contra del presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, quien hizo público su voto por De la Espriella en una columna que rápidamente “envejeció mal”.

Esto dijo el dirigente gremial, hoy confrontado y vetado por el jefe del Estado: “La elección que tenemos enfrente no es una decisión cualquiera. Estamos hablando del futuro de la democracia, el de la economía, la libre empresa, el empleo, la propiedad privada, la separación de poderes, de un modelo con límites democráticos para evitar abusos”.

Entre los firmantes aparecen exministros del gobierno Petro y de otras administraciones, Alejandro Gaviria Uribe y José Antonio Ocampo, así como Juan Daniel Oviedo, quien fuera fórmula vicepresidencial de la candidata presidencial Paloma Valencia y reconocidos académicos.

Son cuatro asuntos sobre los que discurren los firmantes del Manifiesto: la guerra cultural, ejercicio del poder presidencial, relaciones con la prensa y libertad sindicatos y gremios. Veamos algunos apartes del documento con el objetivo de develar los alcances de lo explicitado en el Manifiesto.

En lo que respecta a la “Guerra Cultural”, en el texto se lee lo siguiente: “Este factor de confrontación social, que viene de tiempo atrás y ocurre en muchas partes del mundo, se agudizó durante el pasado gobierno y subsiste en el actual así los referentes ideológicos sean distintos”.

Aunque Petro no habló de batalla cultural, si usó su popular y aclamada figura política para confrontar al viejo Establecimiento y a las decisiones económicas y políticas cargadas de sentimientos y actitudes a todas luces aporofóbicas, clasistas y racistas. Si se comparan las actitudes de Abelardo de la Espriella que hoy confrontan quienes firman el Manifiesto, con las de Petro, no hay manera de asimilarlas a las apuestas del actual gobierno con su dichosa y peligrosa “batalla cultural”. Así las cosas, esa lectura del Manifiesto deviene exagerada. Eso sí, no se puede negar que Petro ideologizó la discusión de todos los asuntos públicos.

Consideran quienes refrendan el contenido del Manifiesto que la declaratoria de “guerra cultural” es contraria a la Constitución. Y sin duda es así.

“El uso recurrente de la expresión “Viva Cristo Rey” en los discursos presidenciales nos preocupa: fue usado como grito de guerra en los violentos enfrentamientos de los partidos políticos en el siglo pasado. Ese precedente trágico no puede ignorarse. Ciertos nombramientos de ministros pueden augurar políticas encaminadas a restringir los derechos de aquellos cuya vida sexual es diversa, a sesgar la educación por motivos religiosos, y a la intención de imponer en las aulas una visión cerrada de la historia de nuestra nación”.

En el punto número dos, Ejercicio del poder presidencial, los firmantes del Manifiesto caen en el error de destacar la política comunicacional del presidente de la República. Sostener que lo hace “con buen criterio” cuando las evidencias hablan de censura, autocensura y de la construcción de realidades dramatizadas y recreadas como el patrullaje del presidente con un arma al cinco por algunas calles de Santa Marta acerca a los signatarios del documento a ese discurso centrista que con algo de razón se califica como “tibio o medroso”. Esto dice el texto: “Con buen criterio, el presidente está empeñado en generar una disciplina comunicacional que le dé claridad a sus propósitos. Sin embargo, centralizar en él mismo la difusión de los mensajes puede tener consecuencias negativas”.

A renglón seguido, los suscriptores del Manifiesto advierten del peligro de esa férrea disciplina comunicacional fundada claramente en la incapacidad de Abelardo para articular un discurso hilvanado y la evidente molestia que le genera ser confrontado y preguntado por asuntos que claramente no domina.

“La disciplina adoptada puede conducir a un gobierno autoritario y unipersonal semejante a otros que le sirven al presidente de la Espriella de paradigma. La destitución del director del DANE, a pesar de que esa entidad goza de autonomía técnica, y de que la difusión de sus informes es pública y obedece a una programación estricta, debilita la credibilidad de esa institución”.

El país sabe que De la Espriella admira a Bukele y a Milei, jefes de Estado con tendencias totalitarias. Hacen bien quienes firman el documento en señalar que el presidente colombiano sigue el paradigma político en el que están instalados esos dos y quizás otros más autócratas, reyezuelos o dictadorcitos bananeros.  

En el punto tres, que corresponde a las Relaciones con la prensa, los signatarios del mencionado documento lanzan una velada crítica al evidente proceso de politización e ideologización de los medios públicos durante el gobierno Petro. Claro que hubo excesos, lo que trae nuevamente la discusión acerca de la incapacidad institucional de consolidar medios públicos con visión de Estado que evite o por lo menos minimice su uso para defender gobiernos.

En el Manifiesto se lee: “El gobierno ha tomado la decisión de reducir y despolitizar los medios de comunicación estatales. Respaldamos esa política. Sin embargo, cabe advertir que la libertad de prensa tiene dos dimensiones diferentes: la de informar y la de recibir información veraz y oportuna (art.19).  En este contexto nos preocupan: • Los cierres intempestivos de programas de opinión política en medios de comunicación privados.  Cuando esa circunstancia coincide con la antipatía, real o presunta, de los gobernantes hacia determinados periodistas, la conclusión obvia es que pudo haber censura gubernamental, la cual, por supuesto, no tiene que ser explícita. • La estrategia de no conceder ruedas de prensa abiertas a los diferentes medios. Si el presidente y otros altos funcionarios escogen a sus interlocutores, surge la sospecha de que previamente se ha pactado la exclusión de temas y preguntas incómodas”.

En este punto, quienes suscriben el documento omiten hacer referencia a la autocensura, práctica que puede resultar peor que la censura oficial a la que fueron sometidas las periodistas de Blu radio. Además, se cuidan de señalar que efectivamente hubo censura. Al decir que “pudo haber censura gubernamental” se esconde una realidad que contradice el sentido y el objetivo del Manifiesto. Nuevamente el lenguaje centrista (medroso y tibio) aparece en el texto.

En lo que corresponde al cuarto punto, Libertad sindicatos y gremios, llama la atención la defensa que hacen los firmantes del Manifiesto de la soberanía popular a la que de manera permanente apeló el entonces presidente Petro, y que fue asumida por sus críticos, enemigos y detractores, incluidos agentes del Centro político, como una forma de meter miedo con los constantes llamados a una Asamblea Nacional Constituyente, a las concentraciones y movilizaciones masivas que recibió en respaldo el gobierno anterior.

“Cuando el poder político fluye desde el Estado hacia los ciudadanos puede surgir la tiranía; si se configura desde abajo, la democracia florece. Por eso dice la Constitución que “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del que emana el poder público” (art.3). El pueblo somos los ciudadanos como titulares de los derechos políticos (art.40), que podemos ejercer solos o asociados con otros (art. 38)”.

En este último punto dejan claro los suscriptores del Manifiesto su rechazo al veto que impuso De la Espriella al presidente de la ANDI. “Existen abundantes indicios para creer que el gobierno pretende interferir en el funcionamiento de los gremios. En tal caso, sería por entero lógico que se intentara una estrategia semejante con relación a las organizaciones sindicales. Así unos y otros pasarían a ser dependencias gubernamentales. La libertad para defender sus intereses dejaría de existir”.

El texto en mención puede asumirse como un primer llamado de atención- realmente una alerta- al gobierno de Abelardo Gabriel de la Espriella Otero, a los medios, al empresariado y al resto de la sociedad de los riesgos que vislumbran quienes firman el Manifiesto. Ya veremos cuál Abelardo responde al contenido del Manifiesto, si el presidente-actor, el presidente-pastor o el presidente-combatiente. O quizás decida guardar silencio o les mande a decir que no tiene tiempo de responderles porque anda ocupado actuando para la cámara y el camarógrafo de la presidencia. 


Adenda: pocas horas después de la publicación del Manifiesto se produjo la salida de Bruce Mac Master de la presidente de la ANDI. Abelardo ganó el pulso: lo vetó, lo obligó a renunciar. 

miércoles, 30 de septiembre de 2026

MILAGRO: SE ACABÓ LA POLARIZACIÓN



Por Germán Ayala Osorio

 

La polarización política e ideológica fue usada por la prensa hegemónica y varios analistas políticos como un factor generador de disímiles formas de violencia, incluida la discursiva. Una suerte de enfermedad viral que no permitía a los colombianos llevar una vida normal e incluso, impedía, de acuerdo con ese mismo relato, que pudiesen entenderse sin agredirse.

Un vez instalado Abelardo Gabriel de la Espriella Otero en el solio de Bolívar de la agenda informativa desapareció la tal polarización que el país “sufrió” durante el gobierno Petro.

La sociedad a la que le hablaron por cuatros años de polarización política parece vivir hoy en una especie de ataraxia colectiva porque hay un “tigre” que la defiende y protege a cada colombiano de todo mal y peligro. Qué puede salir mal si hay un presidente-pastor que todo el tiempo invoca a Dios y lanza vivas a Cristo Rey. Incluso, el terremoto que sacudió al país lo convirtió en un reto que el Señor le envió, a lo que se suma que habla de Patria Milagro en una sociedad camandulera y creyente que se siente a gusto con un presidente piadoso. Todo un conjunto de elementos religiosos que hacen pensar a muchos que el país está viviendo una especie de resurrección (anastasis).

Así las cosas y a pesar de los problemas de orden público en Santa Marta y en el Cauca, y en otros territorios, y los que generará la sequía en el marco del fenómeno del Niño, la prensa y los periodistas que en el pasado atacaron a Petro y a su familia con evidente  inquina, aportando al crecimiento de la polarización, en estos dos meses del gobierno de Abelardo están fungiendo como una suerte de agentes ataráxicos que generan la tranquilidad mental, la calma emocional  y el sosiego que tanta falta le hizo al país en el anterior periodo presidencial.

Las empresas mediáticas pro-Abelardo están dedicadas a proteger y exaltar la imagen del presidente de la República. A pesar de dejar ver su frágil masculinidad al portar un arma al cinto y gritar como militar enardecido, para la gran prensa bogotana se trata de un macho valiente y berraco, capaz de retar y enfrentarse a los más peligrosos bandidos.

 Anulado, borrado o proscrito el enfrentamiento político e ideológico entre la derecha y la izquierda, entre el progresismo y el neoliberalismo, o entre Petro y el Establecimiento empresarial, la discusión pública de asuntos públicos desapareció en buena medida gracias a que De la Espriella no da entrevistas a esos medios porque no le gusta que lo contradigan o cuestionen su gestión y mucho menos los incumplimientos y las contradicciones en las que está incurriendo de acuerdo con lo prometido en campaña. Baste con nombrar dos: el primero, que gobernaría con técnicos y los “Nunca”. Es claro que está gobernando con los de Siempre.

Y el segundo, que acabaría con los privilegios de corruptos que pernoctan en guarniciones policiales y militares, convertidas en verdaderos resort. Santiago Uribe sigue recluido en una instalación militar. Fue condenado por homicidio agravado, pero seguirá en esa guarnición para no contrariar a su mentor, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pero quizás la más evidente contradicción está en la orden de trasladar a su primo Antonio Guerra de la Espriella, preso en la Picota, a un batallón en el Cesar. Recordemos que fue condenado por corrupción en el caso Odebrecht. Al final, la denuncia pública que hizo Iván Cepeda obligó al gobierno a echar para atrás la decisión.

Otro hecho político que hoy se registra distinto es el veto de Abelardo contra el presidente de la ANDI. Los agrios enfrentamientos discursivos que sostuvo Petro con varios agentes gremiales, incluido Bruce Mac Master, la prensa bogotana los presentó como parte del libreto que estuvo por convertir a Petro en un dictador. Pero ahora que De la Espriella veta al presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, entonces el hecho político e ideológico se minimiza al máximo. Ni siquiera les da para convertirlo en chisme de sala de redacción.

Eso sí, estos medios que operan hoy como agentes ataráxicos, están listos para descalificar las movilizaciones que muy seguramente se van a dar por cuenta de decisiones económicas tomadas por De la Espriella que afectarán a las clases menos favorecidas y a la clase media que lo votó. Entonces, ya no hablarán de polarización política e ideológica, sino de acciones propias de terrorismo urbano, siguiendo, por supuesto, el guion que el gobierno les pasará para deslegitimar las movilizaciones en defensa de derechos laborales y el páramo de Santurbán. Quizás ruidosas manifestaciones populares sean lo único que puede sacudir a quienes viven en ese estado de ataraxia colectiva. Eso sí, hay miedo porque el gobierno trabaja para acabar con las garantías constitucionales que legitiman las movilizaciones y la protesta social.

A pesar de que esos agentes ataráxicos están cumpliendo muy bien la tarea de exaltar y proteger la imagen del presidente-combatiente, en los sectores progresistas estos dos meses de gobierno se sienten ya como una pesadilla. Ya veremos qué pasa en esa Colombia que sigue creyendo en milagros.

LA FALSEADA REALIDAD DE LA PRIMERA MEGACÁRCEL




Por Germán Ayala Osorio

 

La prensa oficialista, corporativa y hegemónica siempre mintió, miente y mentirá. Esa es una verdad incontrastable que incluso le sirve a la gente del común y en particular a ciertos académicos a invalidar los análisis del discurso que solían hacer profesores de periodismo interesados en develar los intereses y presiones políticas que obligaban a las empresas a ocultar hechos y a exponerle al público verdades a medias. En los Observatorios de Medios de varias universidades privadas esos ejercicios analíticos confirmarían que esa prensa en particular, miente. Sobre este asunto volveré al final de la columna.

En adelante me ocupo de un hecho ético-mediático y político que sirve para asentar aún más el imaginario colectivo que señala que la prensa corporativa falsea la realidad. Los noticieros privados de RCN y Caracol dieron despliegue noticioso a la que será la primera megacárcel de las 10 que prometió construir en campaña Abelardo Gabriel de la Espriella Otero.

Noticias Caracol, por ejemplo, en su cuenta de X, incluido video de la obra carcelaria dice: “Se conocieron las imágenes de la primera megacárcel que entrará en operación durante este Gobierno. El centro penitenciario, ubicado en Magdalena, inicialmente tendrá una capacidad para unos 2000 reclusos”. Justo se presenta esa información cuando De la Espriella apenas va a cumplir dos meses al frente del Estado. Vaya si resulta conveniente políticamente exponer “semejante logro” cuando la promesa es construir nueve más. Ese tipo obras, al igual que la construcción de viaductos, colegios o carreteables deben ser presentadas como realizaciones de Estado. Esa obra en particular involucra a tres gobiernos.

En Última Hora Caracol el texto noticioso es similar: “@CaracolRadio conoció detalles de la que se convertirá en la primera megacárcel del Gobierno de Abelardo de la Espriella. Se llamará Renacer y estará ubicada en Sabanas de San Ángel en Magdalena en Magdalena. Tendrá 60 mil metros cuadrados y 1974 cupos. La directora de la USPEC, Isadora Fernández, tiene la misión de tenerla lista en el mayor tiempo posible. La obra ya alcanza el 88% de ejecución”.

Entre tanto, en su cuenta de X, Noticias RCN-medio uribista y ahora abelardista- escribió: “La megacárcel de Sabanas de San Ángel, en Magdalena, entró en la etapa final de la construcción. Así será el proyecto Eron Renacer”.

Si se lee la información publicada por Caracol y RCN queda la idea de que en tiempo récord- ni los chinos se atrevieron a tanto- el gobierno de Abelardo entregará la primera de las 10 megacárceles que prometió en campaña. RCN y Caracol prácticamente celebran y aplauden la entrega del centro de reclusión, aunque lo hacen sobre una realidad acomodada al interés que tienen de cuidar y exaltar la imagen de la actual administración.

El hecho noticioso tiene, como todos los hechos que se elevan a la condición de lo noticiable, un contexto y unos antecedentes que tanto Caracol y RCN omitieron de manera ladina. Resulta que la obra se inició en el gobierno de Iván Duque Márquez en el 2019. Por razones no precisadas, la construcción se detuvo y quedó abandonada. Llegó el gobierno Petro, la reactivó, hizo ajustes, la dejó financiada y en plena ejecución. Es más, si les interesara hacer buen periodismo, deberían de decir “después de siete años de haber iniciado obras, Colombia tendrá su primera megacárcel”.

De manera tendenciosa, ambas empresas mediáticas les dijeron a sus audiencias que se trataba de un “avance” del gobierno al que decidieron defender, cuando la historia de la misma obra desdice esa versión. ¿Qué necesidad de mentir de esa manera? La respuesta es casi que evidente: se dan el lujo de falsear la realidad porque aún conservan a unas audiencias que creen a pie juntillas todo lo que publican. Unas audiencia crédulas, que basan esa ciega confianza en simpatías ideológicas con la ultraderecha que gobierna y la incapacidad generalizada de los públicos para analizar y confrontar el discurso periodístico. Cómo hace de falta una Cátedra de Análisis del Discurso en colegios y universidades para enseñarles a los estudiantes y ellos a sus padres a comprender los dobleces del lenguaje periodístico-noticioso.

La revista Semana, otro medio oficialista que cumple labores de estafeta del actual gobierno se unió al impúdico tratamiento periodístico de ese hecho noticioso: "Así es la primera megacárcel que el gobierno de Abelardo de la Espriella quiere terminar rápido: imponentes imágenes" Al igual que Caracol y RCN guardó silencio frente a los antecedentes de las actividades de construcción del reclusorio. 

Varios años atrás, durante la presentación del libro De la democracia radical, al unanimismo ideológico, medios de comunicación y seguridad democrática, una persona del público (formada se puede decir) me interpeló y esto dijo: “para qué insistir en publicar esos estudios cuando todos sabemos que la prensa siempre miente”. Esto le respondí: “esa verdad necesita ser revalidada con nuevos estudios. Si se dejan de hacer, de pronto los estudiantes de periodismo creerán que decir mentiras en público es hacer buen periodismo”.

Una reflexión final: que la prensa aplauda la construcción de una megacárcel y que una parte importante de la sociedad sienta alivio e incluso placer al ver la obra culminada no solo advierte cansancio por los altos niveles de inseguridad e impunidad en el país, sino que dice mucho de los problemas- verdaderas taras civilizatorias- que arrastramos como sociedad. Y cuidado porque son muchos los casos de gente inocente condenada a pagar largas condenas porque un juez se torció, por un falso testigo o porque simplemente el sistema judicial está hecho para castigar a los de ruana.

Adenda: mientras se entrega la “gran obra”, el gobierno echó para atrás, previa denuncia de Iván Cepeda, el traslado de La Picota a una guarnición militar de Antonio del Cristo Guerra de la Espriella, primo del presidente de la República. ¿Para qué megacárceles para los corruptos si hay condenados de primera, segunda, tercera y hasta de quinta categoría?

 

martes, 29 de septiembre de 2026

¿QUIÉN DIJO MIEDO?



 

Por Germán Ayala Osorio

 

El régimen que recién se instaló en el país no nació con Abelardo Gabriel de la Espriella Otero. Es el mismo que lleva operando en el país más de doscientos años y que se caracteriza por la captura privada (mafiosa) del Estado, el sometimiento de los ecosistemas naturales a procesos violentos de transformación y eliminación de sus servicios ambientales y la escisión de la sociedad entre “buenos” y “malos”; entre “inservibles” y “necesarios”. El país de la atrocidad está de regreso.

Al final, sobre esos estratégicos ecosistemas veremos ganadería extensiva, monocultivos de caña de azúcar, palma africana y coca; carreteras para beneficiar a los propietarios de esas haciendas y por supuesto, los procesos de gentrificación urbana que borrarán cualquier recuerdo de la existencia de humedales, ríos y alamedas. Cali, el Valle del Cauca y el valle geográfico del río Cauca sufrieron las pisadas de quienes trajeron e impusieron el monocultivo de la caña de azúcar y las actividades de desaparición de ríos y madres viejas. A ese desprecio de la vida natural se suma el de la vida de los críticos, librepensadores, feministas, gente de izquierda y progresistas.

Que existen diferencias con gobiernos anteriores, por supuesto, pero no son estructurales: la ética acomodaticia, la inmoralidad, el doble rasero y el talante antidemocrático se mantienen como características fundantes de ese régimen de terror que está de regreso, después de la obligada pausa que significó el gobierno de Petro.  

Hay, eso sí, actores nuevos como las redes sociales, el surgimiento no explosivo de medios y periodistas independientes que a diario enfrentan las mentiras y las medias verdades de unas empresas mediáticas que optaron por “comer calladas” ante decisiones del alto gobierno que benefician, como es tradición en el país, a cuatro o cinco familias mega ricas que recuperaron la Casa de Nariño, con su capataz y la servidumbre completa, para continuar haciendo negocios, empobreciendo a los colombianos y generando las condiciones socioambientales y ecológicas que nos harán sentir la solastalgia que suele dejar un modelo de desarrollo a todas luces insostenible y responsable de las pluricrisis que llegan de la mano del cambio climático.

Digamos que ese es el panorama y la situación real que enfrenta el país. La pregunta es: ¿Qué podemos hacer los ciudadanos de a pie? Resistir es la primera palabra que se viene a la cabeza. Otros recomiendan hacer redes solidarias para intercambiar información, ejercicios de análisis e incluso de prospectiva y para advertir de peligros asociados a la presencia de los viejos “tiras” y la creación de listas de gente incómoda para el gobierno.

Se escuchan decir los vocablos documentar y denunciar aplicados a prácticas violatorias de los derechos humanos, muy propias de regímenes de ultraderecha como el que recién empieza en Colombia su caravana de persecuciones, estigmatizaciones y desapariciones simbólicas y físicas. Ya se habla de los primeros “falsos positivos”, el cruel eufemismo con el que la prensa evita llamar ejecuciones extrajudiciales o crímenes de Estado. Los casos de Ricardo Andrés Martínez Rodríguez y Donovan Balanta dan cuenta, aunque con evidentes diferencias, de que está de regreso la violencia policial aún no rechazada por el alto gobierno. Silencio sepulcral ante los reclamos de la Defensora del Pueblo y el registro en redes sociales y medios internacionales de los hechos que llevaron a la muerte a los dos jóvenes.

De fondo escucho esa canción que dice:

 “yo aquí sentada y todo tan paraco

tan sucio tan verraco, tan por debajo e la mesa

quien invite a la cerveza, le cuento este cuento largo

largo como el cañón del rio

donde habitan los escorpiones… se comieron todo el queso y mataron al ratón

le pegaron tres balazos y quien fue ya se voló

se voló pa los oscuros huecos de las bestias innombrables

a recoger más billetes para acabar con la plaga

y como dicen los señores

lo callamos, o se calla!

a las balas o los golpes, así el niño esté mirando

así usted esté comiendo, pa que vaya pues sabiendo

cómo son las vainas en las tierras de las altas democracias”.

Lo peor que podemos hacer como ciudadanos es callar y naturalizar lo que ingenuamente y durante cuatro años creímos que había sido proscrito en el país: la violencia estatal. Se escucha muy débil, casi imperceptible, la voz de la oposición, de los periodistas independientes y del resto de los ciudadanos que ya advierten el peligro en el que está el país, sus instituciones y recursos naturales. El Pacto Histórico, con todo y su fractura interna, sigue anclada a las redes sociales y a hacer las réplicas, y se olvidaron del trabajo comunitario y la generación de actividades contra discurso.

Apelar a los sempiternos grimorios no ayudará en nada a cambiar el destino que la ultraderecha neoliberal y camandulera nos propone para estos cuatro años. Como tampoco ayuda pensar que el gato montes de la casa de gobierno es un belcebú, cuando apenas si le alcanza para ser fanfarrón y fierabrás. Mucho menos sirve la coprolalia que se ve en las redes sociales para descalificar su mandato. Eso sí, a pesar del miedo que genera la ultraderecha con todo y sus aparatos ideológicos y represivos de Estado hay que mantener hasta donde sea humana y racionalmente posible el espíritu erasmista de quienes creemos que es posible convivir en medio de las diferencias y nos oponemos a la doctrina del enemigo interno extendida por el uribismo a todo aquel que se opusiera en ese entonces a lo que decía su Mesías,  convertido hoy en un débil carcamal que aplaude en silencio todo lo que dice y hace su creación política.

Falta mucho tiempo. De pronto, el real milagro es que sobrevivamos a esta nueva embestida de la ultraderecha, peligrosamente más religiosa, fanática, fanfarrona, hipócrita, sicofante y tanática. 


lunes, 28 de septiembre de 2026

CANCELAN VISA AMERICANA A CONGRESISTA MARTHA PERALTA

 



Por Germán Ayala Osorio

La cancelación de las visas americanas a la senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta y al empresario Euclides Torres devienen con un tufillo de venganza política de los gobiernos de Estados Unidos y Colombia contra agentes de la izquierda y el progresismo.

La decisión discrecional del gobierno gringo es noticia en Colombia porque tener ese permiso para ingresar a los Estados Unidos es asumido por la prensa hegemónica como una suerte de “privilegio” e incluso como un factor de distinción social y política en una sociedad clasista y proamericana como la colombiana. No tener la visa o lo que es peor, que esta sea cancelada de un momento a otro, se asume en el país como una “condena moral” para aquellos que se precian de tener el permiso de ingreso a la tierra del Tío Sam.

La estafeta-periodista del régimen abelardista, Vicky Dávila, en su cuenta de X hizo eco de la medida migratoria apelando al lenguaje propio de ese periodismo que suele mirar de rodillas hacia el país del norte. Esto dijo la mandadera: “¡URGENTE! EEUU les quitó la VISA a Euclides Torres y a Martha Peralta. “Corrupción o narcotráfico”. Euclides ha sido intocable y lo han relacionado con la financiación, no reportada, de la campaña de Petro.  Luego con pago de favores por contratos. Martha Peralta está investigada por el escándalo de corrupción de la UNGRD”.

Lo que llama la atención es la reacción de Peralta, quien grabó un video en el que, visiblemente afectada por la discrecional medida migratoria, anuncia que “iniciará las acciones institucionales y administrativas pertinentes ante la Cancillería, ante la Embajada y al mismo gobierno de los Estados Unidos que se me informe de manera formal cuáles fueron los argumentos para dicha decisión…”.

Con el reclamo público de la congresista convierte el tener visa en un derecho adquirido, cuando se trata de una medida administrativa discrecional del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Salir a pedir explicaciones a los gringos expone con claridad la indignidad de la congresista que le da un valor superlativo que no tiene el visado gringo. Señora Peralta, si Usted misma dice que esa medida hace parte de una “persecución mediática, judicial y política”, solicitar explicaciones a la Embajada norteamericana y al gobierno Trump es ridículo por cuanto las autoridades norteamericanas no están obligadas a darle explicaciones a nadie por la cancelación de la visa. Además, cae Usted en un error al meter en la dolorosa ecuación a la Cancillería colombiana, pues la medida la adoptó el Departamento de Estado.

Un país en el que se violan los derechos humanos de los migrantes, muchos de ellos connacionales de la congresista, tiene que dejar de ser un destino turístico para quienes desde el progresismo y la izquierda defienden los derechos humanos. Nada tienen que ir a hacer allá. Y si se quedó con las ganas de ir a ver a Mickey Mouse y a otras atracciones de Universal Studios, entonces vaya armando viaje para Panaca en el Eje Cafetero. Le aseguro que hay vida después de la cancelación de la deseada visa. Pregúntele al expresidente Ernesto Samper Pizano. 

Entienda senadora Peralta que con su infantil y ridículo reclamo a los gringos por la cancelación de su visa para lo único que sirve es para consolidar el imaginario colectivo que indica que los Estados Unidos es el único destino turístico deseable en el mundo. No. Viajar a ese país hoy, termina significando un apoyo a un gobierno, como el de Trump, que patrocina el genocidio en Gaza y su pérfida injerencia en Colombia. Tenga dignidad, señora congresista. 

EL PAÍS DE LA ATROCIDAD

 


Por Germán Ayala Osorio

 

Gobernar a Colombia, o por lo menos tratar de hacerlo, siempre terminará siendo un desafío moral, democrático, ético y estético tanto para los agentes históricos del Establecimiento como para esos grupos societales que, en medio de confusiones conceptuales, ignorancia convertida en un bien individual y colectivo, así como la naturalización de un ethos mafioso, sobreviven a esas fuerzas tradicionales responsables de haber impedido la consolidación de una verdadera República en este territorio.

Los presidentes de la República suelen asumirse como verdaderas provocaciones éticas, morales, democráticas y estéticas. Veamos algunos ejemplos, incluyendo al actual jefe del Estado, Abelardo Gabriel de la Espriella Otero.

Inicio con Álvaro Uribe Vélez, quizás el político que mejor representa a esa Colombia violenta, premoderna, incivilizada, camandulera, goda y neoliberal que durante ocho años se consolidó como un proyecto cultural que desafió los límites democráticos, los valores y principios morales y éticos, así como los de la estética del poder. Los daños que dejó Uribe fueron inconmensurables. Baste con señalar a los 7.837 crímenes de Estado perpetrados por agentes militares que acogieron a placer el espíritu de la política de seguridad democrática. Al final, esa política pública la convirtieron en el puntal de un democidio[1]. En lo que respecta a su ejercicio del poder, desde la dimensión estética fue grotesco por el uso reiterativo de un lenguaje vulgar, pendenciero y de la constante invitación a que la vida en todas sus manifestaciones fuera violentada. El presidente Santos lo llamaría después “rufián de esquina”.

Con la llegada de Juan Manuel Santos Calderón el legado de Uribe guio en parte las ejecutorias del hijo de la rancia bogotana que una vez elegido, dio un giro ético-político con el proceso de paz de La Habana pues intentó cerrar la “carnicería” en la que había convertido el país el presidente antioqueño. Frenar por un tiempo la producción de víctimas por el enfrentamiento entre el Estado y las Farc-Ep fue asumido como una “traición” no solo por el creador de la tanática política de seguridad democrática, sino por amplios sectores de la sociedad que llegaron a sentirse a gusto- pletóricos, quizás- con esa particular ética de un hombre premoderno, con la negación de la democracia como apuesta civilizatoria, y la inmoralidad de un mandato y un ejercicio del poder fascinado con la atrocidad y la barbarie. Édgar Barrerro acuñó el concepto de Estética de lo Atroz. Creo que esa categoría calza muy bien con lo que vivimos en el país durante esos aciagos años.

Luego vendría Iván Duque Márquez, un ser diminuto, un verdadero homúnculo que se encontró con la presidencia como quien se topa por accidente con un billete. Claro, las consecuencias de ese evento accidental partieron de la misma eticidad, inmoralidad y la burda estética que le legó su jefe, patrón, mentor y titiritero, Álvaro Uribe Vélez. Realmente Duque Márquez fue un costoso pasante de la Casa de Nariño. Lo único que una parte del país le reconoce es que gracias a su estulticia y estolidez el progresismo y la izquierda pudieron soñar con la posibilidad de conquistar el poder. Y lo lograron con Gustavo Petro Urrego, después de una pandemia y un estallido social mal manejados por este descriteriado y fatuo personaje.

Petro Urrego no solo llegó a retar al poder hegemónico, sino a deconstruir imaginarios, individuales y colectivos alrededor de eso de ser de izquierda y progresista. Al final, actuó más como progresista que como hijo de una izquierda armada degradada. Aunque quiso alejarse de la inmoralidad uribista, terminó erosionando su propia idea del cambio con las prácticas corruptas que ensuciaron su mandato. Esos hechos fueron magnificados por una prensa adversa que hizo todo y lo hace aún para exponerlo como lo peor que le pudo suceder al país. Se trata, por supuesto, de una apuesta política e ideológica con la que se busca demonizar las reformas sociales alcanzadas y la dignificación de los trabajadores a través de un fuerte incremento del salario mínimo.

Petro defendió la vida en todas sus manifestaciones. Intentó imponer un relato y una estética contraria a la de la barbarie que naturalizaron Uribe y Duque. El País de la Belleza recoge muy bien esa estética que se opone al modelo de desarrollo agro extractivo y la economía de enclave a la que le apostaron todos los presidentes que lo antecedieron. La fuerza de esa consigna atrajo el turismo internacional y puso al país de moda por las ocurrencias de Petro como desafiar a Trump y al genocida Estado de Israel, a la derecha internacional; insistir en el multilateralismo y de entrar en la Nueva Ruta de la Seda.  

Después de cuatro años de una lucha ideológica mediatizada, llegaría la campaña electoral. La corrupción, los errores cometidos por la campaña de Iván Cepeda, su nulo carisma y acartonada figura coadyuvaron en gran medida al triunfo de Abelardo de la Espriella, el falso outsider que la prensa hegemónica impuso. Claro, las granjas de bots aportaron al triunfo electoral y político de un abogado que considera que “la ética nada tiene que ver con el derecho”. De la Espriella llegó a la Casa de Nariño gracias a los clanes Gilinski, Char y al apoyo de Sarmiento Angulo. Es decir, de una parte, importante del viejo Establecimiento colombiano.

A pocos días de cumplir dos meses al frente del Estado, De la Espriella Otero ya deja ver los derroteros éticos, estéticos, democráticos y morales[2] con los que manejará el país. En campaña dijo que iba a gobernar con los “Nunca” que han vivido del Estado, pero a su gobierno llegaron los de Siempre. Mintió. Primer fallo ético. En lo que respecta a su idea de la democracia y el respeto a las instituciones, el veto contra el presidente de la ANDI y el acoso judicial contra periodistas dejan ver su talante antidemocrático. Peligroso antecedente de un perfil autocrático que se puede consolidar con el paso de los días.

En cuanto a su estética del poder, caminar entre cadáveres, mofarse de criminales a punta de ser extraditados y abandonar su condición de civil para actuar como un militar[3] más, lo acercan a lo que Édgar Barrero llamó la “Estética de lo atroz”.

“Nuestras élites políticas nos acostumbraron al ejercicio de la atrocidad como forma privilegiada de resolver nuestros conflictos sociopolíticos, toda vez que una de las características fundamentales de lo atroz es que alguien siente un gusto especial, un placer, una alegría con la destrucción severa de otros seres humanos que le resultan desagradables e inaceptables como para convivir con ellos”.

Insisto en la idea con la que inicié esta columna: gobernar a Colombia, o por lo menos intentarlo, constituye un desafío moral, ético, estético y democrático. Cambiar lo que lleva más de doscientos mal no ha sido la prioridad de la mayoría de los presidentes colombianos. Por el contrario, desde la Casa de Nariño han hecho todos los esfuerzos simbólicos e institucionales para mantener esos niveles de barbarie que hoy parecen disfrutar esos casi 13 millones de colombianos que votaron por un candidato presidencial que, una vez investido como Presidente, desprecia la ética, la Otredad, la dignidad de los muertos y la vida de los ecosistemas naturales. Ya estamos en camino de dejar de ser el País de la Belleza para ser el País de la Atrocidad.



[1] “Democidio es un término acuñado por el politólogo estadounidense Rudolph Rummel para describir "el asesinato intencional de una persona desarmada o desarmada por parte de agentes del gobierno que actúan en su capacidad autoritaria y de conformidad con la política del gobierno o el alto mando".

[2] “Invocar el nombre de Dios para legitimar la violencia o la opresión es una profanación de este nombre. Nada de lo que desfigura la dignidad humana se puede reivindicar como una auténtica inspiración divina. El discurso religioso debe exhortar constantemente a desarmar los corazones y las palabras” (Papa León XIV, en cuenta de X).

[3] “Esa naturalización de la vía “militarista” para resolver los conflictos va acompañada de posturas ideológicas profundamente intransigentes a través de las cuales se instala en la subjetividad una intencionalidad política de eliminación de la diferencia. Esa intencionalidad de asesinar física o simbólicamente la diferencia es lo que se puede llamar “violencia política”, pues ésta “supone una elaboración en la que existe una intención manifiesta o latente de hacer daño, siendo la estructura psicológica la que mayor impacto recibe” (Barrero, 2008, p. 38).

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