Por Germán Ayala Osorio
Hacer “vueltas” ante entidades
del Estado suele resultar engorroso y extenuante. Corregir el nombre en la
cédula y/o anular un segundo nombre solo existente en el registro civil de
nacimiento es uno de esos trámites que confirman que hacerlos ante instituciones
públicas termina siendo un suplicio, una verdadera “jartera”. Esta es la
historia que me contó un amigo.
Un familiar de él, ad-portas de
pensionarse, tenía la situación particular de un segundo nombre que aparecía en
el registro civil de nacimiento, mas no en la cédula de ciudadanía como tampoco
en su pasaporte. Además, jamás lo aceptó desde su fuero identitario, lo que obviamente
le generaba incomodidad. Al existir esa irregularidad, estaba obligado a
tramitar ante la Registraduría Nacional del Estado Civil la corrección de la
cédula, aceptando a regañadientes el segundo nombre que un cura metiche decidió
ponerle porque sí, o solicitar la
anulación del registro civil de nacimiento.
El engorroso trámite tomó casi dos
días, incluidos desplazamientos entre el sur y el oeste de la ciudad, además de
largas colas. Y pasó lo que parece ser “normal” en Colombia: una instrucción
mal dada por parte de un funcionario te pone a “voltiar” de aquí para allá y de
allá para acá. La cosa inició así: lo primero que se hizo fue buscar una sede de
la Registraduría Nacional del Estado Civil para exponer el caso. Efectivamente,
la funcionaria- quizás sea contratista- interpretó que se trataba de un caso de
“corrección de la cédula”, trámite por el que había que consignar unos 70 mil
pesos en un banco o a través de corresponsales bancarios. ¿Por qué no facilitarle
al ciudadano el pago al interior de las oficinas estatales? Primera inquietud
que da cuenta de que el Estado no está para servirle al ciudadano, sino para hacerle
todo más difícil. Lo contrario sucede con la “vuelta” del pasaporte, trámite
que ha mejorado sustancialmente, por lo menos en la ciudad de Cali. Claro, no
siempre fue así.
Continúo. Por fin se canceló el
costo de la “corrección de la cédula”. Ahora habría que ir a una sede de la
Registraduría a hacer la cola. En este caso, en la de la Pasoancho con carrera
80. Cuando se llega, se encuentra el ciudadano con una imagen caótica que lo
prepara negativamente para empezar a vivir el suplicio: gente aglomerada frente
a una funcionaria preguntando por toda suerte de trámites. Todos hablando al
mismo tiempo, mientras que otros esperaban sentados, en sillas rimax, el turno
para entrar. La paciencia de la funcionaria al límite, al igual que las de los
ciudadanos. Las instalaciones, como casi todas las sedes oficiales feas, con
signos de abandono, verdaderos cuchitriles, incómodas. ¿Por qué lo del Estado
tiene que ser feo?
Por fin atendieron al familiar del
amigo. Su caso: “existen en el sistema dos registros civiles: uno con el nombre
compuesto y el otro con el primer nombre. Debe ir a la Notaría a que ANULEN uno
de los dos”. Esta fue la instrucción mal dada y a “voltiar”. Les tocó ir a
la Notaría (actor privado que cumple funciones públicas). Una vez allá, la
funcionaria espetó: “ninguna notaría tiene la potestad de anular registros
civiles. Eso solo puede hacer la Registraduría. Acá solo aparece uno. Usted
aparece aquí con el segundo nombre”. Volvieron a la señalada sede de la Registraduría.
Otra vez el mismo espectáculo: la misma funcionaria rodeada por un “enjambre”
de ciudadanos con dudas y necesidades apremiantes. Y la gente sentada en las
sillas rimax esperando el turno para entrar.
Entonces, salió otra funcionaria-
contratista quizás-. Se le expuso el caso y se acordó. Le pidió los papeles y se
entró. Más o menos a la media hora salió la funcionaria. Ingresó al ciudadano.
En baja voz le dijo que ya había anulado los registros existentes. Pasó el
ciudadano a otra funcionaria que le dijo: “mire, corregir la cédula es
engorroso. Es mejor que Usted vaya a una notaría y a través de una escritura
pública diga que Usted no se quiere llamar como aparece en el registro civil de
nacimiento”. Efectivamente, así se hizo. El suplicio había terminado. Tiempo
dedicado: un día y medio. Conclusión: nacer y morirse en Colombia bien puede
resultar en un trámite engorroso por la tramitología, la ineficiencia de las
entidades públicas, la mala actitud y falta de preparación de sus funcionarios.
Y quizás por una razón fundamental: porque hemos naturalizado el ethos mafioso
(prácticas corruptas), lo que hace que el Estado dude de sus ciudadanos y estos
hagan lo propio de las entidades y los funcionarios oficiales.
Adenda: a propósito de trámites
engorrosos, recordé la “vuelta” cuando murió mi madre. El certificado de
defunción lo debía expedir un médico de la EPS en la última sede de la IPS en
la que había sido atendida. No servía el del médico particular que prácticamente
la vio morir. Ella vivía en el sur de la ciudad. Y la visita más reciente a una
clínica fue en el norte. En el carro de la funeraria nos trasladamos hasta la
sede de Versalles de dicha IPS. Busqué al personal médico. Le pregunté que si
era necesario bajar el cuerpo. Dijo que no. Firmó el documento en el que se
certificaba su defunción.














