Por Germán Ayala Osorio
Los pactos entre partidos
políticos hacen parte de las dinámicas congresionales, atravesadas estás
últimas por la sempiterna elasticidad moral y ética de quienes al interior de
esas agrupaciones políticas hacen acuerdos que en ocasiones resultan ser vergonzantes
y vergonzosos.
Cuestión Pública informó
que los cinco miembros del Pacto Histórico que hacen parte de la Comisión de
Acusaciones de la Cámara de Representante (CACR) apoyaron la solicitud que el
presidente de esa corporación, Carlos Cuenca (Cambio Radical) le envió a la
Fiscal Luz Adriana Camargo en la que le pide que el proceso en contra del
expresidente Álvaro Uribe Vélez por las masacres del Aro, la Granja y el
asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle pase a manos de la
CARC.
Lo constatado por el equipo
periodístico de Cuestión Pública resulta tan incomprensible, como
repugnante, porque Iván Cepeda, figura prominente del Pacto Histórico, lleva
años acompañando a las víctimas del paramilitarismo en Colombia y a las madres
de los jóvenes asesinados por agentes estatales (falsos positivos).
La disputa jurídica entre Cepeda
y Uribe se convirtió en una bandera que hizo brillar al progresismo, al propio excandidato
presidencial y al Pacto Histórico como partido comprometido con la defensa de
los derechos humanos y la lucha contra la impunidad de la que gozan aún actores
políticos y económicos que patrocinaron a los grupos paramilitares. Como parte
de esa lucha política y jurídica del Pacto Histórico está la condena en segunda
instancia contra Santiago Uribe, hermano del expresidente antioqueño.
El exmandatario está citado a
declarar ante la Fiscalía el 4 de septiembre por los hechos relacionados con
las masacres del Aro y la Granja y el asesinato de Jesús María Valle. Uribe
Vélez fungía como gobernador de Antioquia cuando se produjeron esas masacres y
el crimen del defensor de derechos humanos y abogado.
La solicitud de Carlos Cuenca se
da por lo que se puede considerar una fina “leguleyada” de la defensa del
expresidente y expresidiario antioqueño. Se trata de una interpretación
jurídica que, de la mano de la misiva enviada por la Comisión de Acusaciones de
la Cámara de Representantes (en adelante, Comisión de Absoluciones)
busca asegurarle total impunidad al expresidente Uribe.
En el oficio que envió Cuenca se
lee el argumento que la defensa de Uribe le entregó para que elevara la
solicitud a la Fiscalía: “…Álvaro Uribe Vélez ejerció como presidente de la
República desde el 7 de agosto de 2002 hasta el 7 de agosto de 2010, mientras
que la actual investigación tendría como fecha de consumación del delito
de concierto para delinquir agravado el año 2003”.
El corte sincrónico que hace el
defensor del expresidente Uribe desatará una colisión de competencias entre la
Fiscalía y la Comisión de Absoluciones, situación jurídica que deberá
resolver la Corte Suprema de Justicia o en su defecto la Corte Constitucional.
Así las cosas, la comparencia de Uribe ante la Fiscalía, prevista para el 4 de
septiembre, se suspendería lo que sin duda alguna representará un triunfo
político y jurídico del que hizo parte sustantiva el Pacto Histórico (PH).
Que los cinco miembros del PH
hayan aprobado la citada solicitud debería de desatar una crisis monumental al
interior de esa colectividad, pero, sobre todo, una condena pública del senador
Iván Cepeda. Varias fuentes le confirmaron a Cuestión Pública que
efectivamente David Alejandro Toro, Heráclito Landínez, María del Mar Pizarro,
Jorge Hernán Bastidas y Gabriel Becerra aprobaron el sentido de la solicitud
enviada por Cuenca. Cepeda se limitó a decir que “le he solicitado a mis
abogados que mantengan nuestra posición para que la fiscalía general de la
Nación conserve la competencia para adelantar esa investigación, con las
debidas garantías procesales”.
Becerra defendió lo hecho y le
dijo a Cuestión Pública que “la decisión adoptada debe entenderse en
el marco de una controversia jurídica sobre la autoridad competente para
continuar esta investigación”. Gabriel Becerra no solo acoge sin
miramientos la interpretación jurídica que hace la defensa de Uribe, sino que
trata de justificar lo que claramente debe entenderse como una afrenta contra
las víctimas, una contradicción ética, ideológica y política que incluso toca a
su compañera María del Mar Pizarro, hija de Carlos Pizarro Leóngomez, asesinado
por orden de las AUC.
En su lamentable justificación
entregada a Cuestión Pública, Becerra insiste en que “por la gravedad
de estos hechos consideramos indispensable que la investigación tenga plena
seguridad jurídica, respete el debido proceso y sea adelantada por el juez
natural…”. Si por juez natural se refiere a la Comisión de Absoluciones,
lo que queda claro es Uribe será protegido por quienes hoy son mayoría de esa
corporación, gracias al pacto inicial con el Centro Democrático que le aseguró
al expresidente Petro que las investigaciones en su contra no prosperarán
gracias a los cinco miembros del Pacto Histórico que hacen parte de la
Comisión.
Todo indica que los cinco
miembros del Pacto Histórico tomaron esa decisión sin consultarle al senador
Cepeda, lo que constituye un golpe ético y político a su liderazgo y un
desconocimiento a su condición de actor civil y defensor de los derechos de las
víctimas. Cepeda debería de pensar seriamente en abandonar la colectividad pues
claramente lo hecho por sus compañeros de la Comisión de Absoluciones
constituye una burla a su lucha.
Los militantes del PH cumplieron
con la tarea que les encomendaron, que es fruto del primer pacto firmado con el
Centro Democrático que les permitió ser mayoría para defender al expresidente
Petro. ¿Fue Petro quien les dio la orden de acompañar la solicitud de Carlos
Cuenca? Lo cierto es que esa decisión deja muy mal parado al PH en la medida en
que confirma que como partido político mantiene la elasticidad ética y moral de
las demás colectividades. Lo hecho resulta vergonzoso, bochornoso, inaceptable,
oprobioso, indigno, deslinderado y aberrante. Sin duda alguna, un Pacto
Histórico por la impunidad.
