sábado, 12 de septiembre de 2026

COLOMBIA EN ESCENAS

 

 

Epa Colombia fue trasladada con esposas y cadenas a su audiencia en Ibagué Foto: Montaje SEMANA | X: @colombiaoscura - ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Por Germán Ayala Osorio

 

En estos tiempos de sobreexposición ególatra en redes sociales, las puestas en escena se volvieron pan de cada día, lo que facilita la construcción de realidades con las cuales sus participantes y creadores engañan a los públicos que las ven, las reproducen, las hacen virales y les dan el siempre esperado y exigido “me gusta”.

El pastor-presidente monta la macabra escena en la que se pavonea, como si tratara de un capo que acaba de dar un golpe a sus enemigos, entre los despojos mortales de 23 cadáveres de terroristas que cayeron bajo el bombardeo estatal. Algunos dudan que en las bolsas blancas hubiese realmente cuerpos despedazados; otros se preguntaron por qué razón no estaban en Medicina Legal o si la entidad oficial autorizó su traslado para el montaje de la cruel escena.

Un juez de primera instancia y ante una acción de tutela le ordenó al Gobierno y a los organizadores del teatrino bajar esas imágenes de las redes sociales por los efectos psicológicos que pueda generar su exposición. La Defensora del Pueblo, Iris Marín le recordó al actor-presidente que hasta la guerra tiene límites.   

Frente a los desastres dejados por el terremoto del 10 de agosto, el gobierno del pastor-presidente, con el concurso de las grandes empresas mediáticas autocensuradas, montan escenas en las que dan un parte de tranquilidad a la opinión pública de que la reconstrucción de las viviendas va bien, que el Estado está respondiendo al monumental desafío de devolverle a los damnificados la dignidad que resultó resquebrajada e incluso sepultada debajo de los escombros. Entonces, usan los casos más emblemáticos de cada ciudad afectada para entregar llaves simbólicas de nuevos apartamentos y anuncios presidenciales sobre los que la prensa hegemónica no parece interesada en hacerle seguimiento para verificar su cumplimiento. No. Eso de confrontar e incomodar al poder era parte del ejercicio periodístico para el periodo 2022-2026. Después de la censura contra las dos periodistas y el caricaturista Vladdo, las directivas de las acuciosas empresas mediáticas del pasado optaron por la autocensura.

Pasaron los días y una de las llamadas “mariposas amarillas” de Petro montó su propio performance horas después de haber aceptado que cometió el delito de fraude procesal en el caso conocido por la opinión pública en el que falsificó el acta de grado y el título de contadora pública de la Fundación Universitaria San José para acceder al caro de viceministra de Juventudes. Bueno, hay que aclarar que la hábil y hermosa (belleza artificial) Juliana Andrea Guerrero habló de un “error”, lo que no es otra cosa que la deconstrucción de un hecho jurídico probado que termina minimizado en el vocablo “error” porque supone que no hubo voluntad en cometerlo, cuando claramente los hechos dicen lo contrario. Sin duda alguna, una contradicción de los términos en los que se aprobó el preacuerdo firmado con la Fiscalía y validado por el juez de conocimiento que finalmente la condenó a tres años por el delito referido. El cinismo que Guerrero dejó ver en la puesta en escena, sentada cómodamente en un sillón, es muestra clara de que tiene el talante, el perfil y la fuerza suficientes para continuar aspirando a cargos ministeriales, de la mano del Pacto Histórico o de cualquier otro movimiento que reconozca su potencial como actriz principal. Sin duda alguna, su vida está en la política colombiana.

El preacuerdo, en sí mismo es una acción y pieza teatral en la que se le hace creer a las audiencias “que se hizo justicia” y que el aparato de justicia salió fortalecido porque no solo fue condenada la delincuente, sino porque se evitó el desgaste económico e institucional por el tiempo que se invertiría en demostrar la responsabilidad penal de la procesada, imputada y finalmente condenada. La verdad es que, por el contrario, la escena en la que el juez le “da cantaleta” a la condenada solo sirve para darle sentido de realidad al dicho que dice que la “justicia es para los de ruana”.

En otra escena que se hizo viral en el país mediático, bochinchero y farandulero vimos a la empresaria e “influencer” Epa Colombia, Daneidy Barrera Rojas, caminar esposada de pies y manos, acompañada de agentes del INPEC. Se trata, por supuesto, de un performance en el que la entidad carcelaria exhibe un cambio en las maneras en las que, en adelante, ciertos presos, serán movidos de sus celdas para algún trámite por fuera de los muros de las prisiones. Una exhibición de poder mas no de autoridad. La escena humilla y erosiona la dignidad de los presos, al tiempo que edifica una legitimidad mentirosa del INPEC, entidad estatal cuya historia de escándalos de corrupción de guardianes y directores de centros carcelarios confirma que la justicia en Colombia es para los más pendejos o los de ruana. ¿Por qué Santiago Uribe Vélez, condenado por homicidio y conformación del grupo paramilitar los 12 Apóstoles no fue exhibido con los grilletes que le pusieron a Epa Colombia? Todos sabemos la respuesta.

El primer mes del gobierno en la Patria Milagro transcurre en medio de performance con los que nos quieren hacer creer que el país, el Estado y su legitimidad van por buen camino, cuando no es así. Seguiremos viendo a un presidente-actor o actor-presidente mandando o diciendo que él está firme por la patria, su grito de guerra con el que ya está librando la anunciada “batalla cultural”, la película de terror ideológico, político y cultural que nos transmiten todos los días en vivo y en directo. Ojalá que el descongelamiento del porte y la venta de armas amparadas no termine siendo una purga callejera en la que caerá gente de verdad y no actores de reparto.



LAS CLAVES DE LA PATRIA MILAGRO


Por Germán Ayala Osorio

 

La Patria Milagro o el milagro a secas atrajo a millones de colombianos creyentes y temerosos de Dios a votar por el proyecto regenerador, en lo moral e ideológico, que encarna Abelardo de la Espriella Otero, visto por muchos como la “oveja descarriada” que volvió al rebaño (dejó de ser ateo) para entregarse en cuerpo y alma a Cristo Rey. Ese feliz retorno al corral se asume, en esas comunidades religiosas, como un primer milagro.

La aceptación social y política del poderoso eslogan y visión de Estado está atada a varios factores, sentimientos o circunstancias contextuales sobre las cuales vale la pena discurrir en esta columna. Pueden ser más e incluso se pueden reagrupar. Estos son: 1. El odio a Petro. 2. El miedo al comunismo. 3. La oportunidad para excluir. 4. La necesidad de un líder religioso. 5. La inconciencia de clase y 6. Los excesos de la democracia liberal. Empecemos con el número 1.

El constante hostigamiento de las grandes empresas mediáticas hacia el entonces presidente de la República y al hombre que estaba detrás de esa dignidad dio vida a lo que los estudiosos de la comunicación de masas reconocen como los “efectos sociales de los media”. Efectivamente, se generó tal nivel de animadversión hacia Gustavo Petro que votar por cualquiera que pudiera vencerlo e incluso ofreciera encarcelarlo se entendió como una esperanza casi bíblica en quienes llegaron a las urnas convencidos de que el otrora ateo era lo mejor para ellos y el país. Incluso en peleas de pareja el apellido Petro fue usado como adjetivo para descalificar: “sos tan mentiroso(a) como Petro” escuché un par de veces.

Sigamos con el segundo. A pesar de las evidencias cotidianas, incluso registradas en los propios medios de información masivos, que demostraban que no había llegado el comunismo o el socialismo a Colombia de la mano de Petro, en las calles, en redes sociales y en espacios institucionales, privados y públicos, el “coco” del comunismo-neocomunismo-socialismo seguía intimidando a ciudadanos pobres y de clase media. Incluso, gente formada y estructurada entró en el pánico generalizado que producía la presencia fantasmal del “comunismo”.

Pasemos al factor número tres. La sociedad colombiana se caracteriza por ser goda, clasista, gazmoña, camandulera, doble moral, racista y aporofóbica. La narrativa a la que apeló el progresismo para develar esas condiciones propias de una sociedad premoderna e incivilizada generó el efecto contrario: en lugar de avergonzar a los clasistas, aporofóbicos, camanduleros y racistas, ese discurso reivindicativo en favor de los más pobres y vulnerables le abrió las puertas a De la Espriella, el típico “levantado” que desprecia la vida de todos aquellos que no tienen cómo exhibir “clase, poder, mujeres, ropa fina y buen gusto”. Se trata, por supuesto, de una estrategia con la que se pretende ocultar un evidente proceso de deshumanización y del padecimiento del efecto Macbeth.

El sueño de tener a un líder religioso en la Casa de Nariño se cumplió para los fanáticos religiosos que, con Biblia en mano, llevaban años esperando ese momento divino para dejar salir su desprecio por las conquistas liberales expresadas en los derechos y la visibilidad de las perseguidas vidas de los miembros de la población LGTBIQ+. Las apuestas del movimiento feminista también entraron en el radar despreciativo de los llamados “Provida”, que se oponen a la despenalización del aborto y ven con ojos pecaminosos a las mujeres que se niegan a la maternidad. De la Espriella Otero repartió Biblias a sus ministros como un gesto incontrastable de su reconversión, de su voluntad por borrar el carácter laico del Estado y por supuesto de su decisión de dar la “batalla cultural” que nos devuelva a las cavernas aquellas en las que se levantaron nuestras abuelas y madres. Mujeres prácticamente obligadas a tener 10, 12 o más hijos para satisfacer las arrecheras de sus maridos y da cuenta de la obediencia a la iglesia católica que les decía todos los domingos que Dios les dio la obligación de procrear. 

El quinto elemento se mueve entre la cultura y la política. Millones de colombianos que “lograron salir adelante” (estudiaron, tienen casa propia y viven de un salario) se olvidaron de sus raíces campesinas y de las dificultades estructurales con las que lidiaron sus padres para poder darles una vida mejor. La esperada conciencia de clase se difuminó con el paso del tiempo, acompasada esa negación-desaparición en la inclusión en grupos sociales en los que por supuesto lo primero que se niega es el origen de clase, de dónde se viene. Por eso les resulta tan fácil odiar a los pobres, votar por los hijos y amigos de los responsables históricos de las difíciles condiciones de cientos de miles familias que en el pasado y aún hoy luchan para sacar adelante a sus hijos.

Y por último el sexto factor bien podría servir de gran contenedor en el que es posible guardar los cinco anteriores: los excesos de la democracia liberal. Asuntos como los derechos y libertades ciudadanas, asumidas por los sectores conservadores y godos que acompañan a De la Espriella en su falsa p ero efectista cruzada moral, vienen siendo asumidos como un riesgo para la vida religiosa y contemplativa y claro, para las élites premodernas, terratenientes y laboralmente explotadoras que se oponen al reconocimiento de derechos y libertades. La democracia en sí misma, para esos sectores societales, constituye un mal superior para quienes asumen que el poder y la cultura hegemónica están legitimados por los valores cristianos de sus más visibles y poderosos agentes: son altruistas, generosos; generan empleo y eso de exigir derechos constituye un desagradecimiento de parte de los empleados. No importa cómo consiguieron sus fortunas, es la “gente de bien”.

Después de un mes en el poder ya una parte de la sociedad, quizás la mejor formada en pensamiento crítico y comprensión lectora, es consciente de los riesgos que trae la consolidación de un régimen de mano dura y regenerador moral e ideológico como el de Abelardo de la Espriella Otero, el pastor-presidente que a petición de casi 13 millones de creyentes, el Señor Jesucristo les hizo el milagro de sentarlo en el itinerante solio de Bolívar.

 

 

viernes, 11 de septiembre de 2026

ACERCAMIENTOS PETRO Y CLAUDIA LÓPEZ




Por Germán Ayala Osorio

 

La posibilidad de que el expresidente Gustavo Petro y Claudia López Hernández limen asperezas y logren reunirse de nuevo en torno a las ideas progresistas y al Pacto Histórico (PH), suena inconveniente hasta tanto el PH no haga un auto análisis de lo positivo y negativo que dejó el paso de Petro por la Casa de Nariño. Además de revisar críticamente el papel que hasta ahora están desempeñando como fuerza opositora al actual gobierno.

Para reencontrarse, tanto López y Petro deben estar dispuestos no solo a tomarse un café y superar las desavenencias y mutuas acusaciones de traiciones, sino a revisar el lugar que piensan darles a sus liderazgos de cara a las elecciones regionales, a las presidenciales en el 2030. Y lo más importante: unirse para enfrentar los desafíos sistémicos-verdaderas amenazas- que implica para el país, la sociedad, la biodiversidad y el carácter laico del Estado los visos autoritarios y fascistas de Abelardo de la Espriella, el primer pastor y therian en convertirse en presidente de la República.

López Hernández arrastra ya un fuerte desgaste en su imagen como mujer política. Su oportunismo y “veletismo” político e ideológico menguaron su legitimidad y carisma, lo que hace pensar en que su reencuentro con Petro en lugar de servirle a la causa progresista podría resultar contraproducente. Ese examen lo deberán hacer Petro y López y sus equipos de trabajo más cercano.

La condición de Petro como expresidente de la República igualmente puede jugar a favor o en contra del progresismo en su tarea de “reinventarse” después de reconocer los graves errores que se cometieron durante el gobierno Petro.

Es claro que se requieren de nuevos liderazgos y dinámicas. El caso de Iván Cepeda debe ser revisado con urgencia. El excandidato presidencial y congresista exhibe hoy una imagen desgastada que se suma a su acartonado perfil academicista y nulo carisma. Es tiempo de mirar los perfiles de mujeres como la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba Curi y la exministra Carolina Corcho. Para ello, el machismo que le impidió a la segunda convertirse en candidata presidencial debe ser proscrito de las entrañas del PH. Al igual que las rencillas entre mujeres al interior de esa colectividad.

El PH debe entender y aprender de los errores cometidos durante la campaña electoral y revisar muy bien los aciertos del proyecto populista, con visos fascistas, que encarnó y encarna De la Espriella. Enfrentar a las granjas de bots, al discurso religioso, moralizante y peligrosamente estigmatizante que el actual gobierno dejará consolidado y a la prensa hegemónica que aceptó sin chistar la censura oficial a dos periodistas y al caricaturista Vladdo amerita sentarse a analizar estrategias para enfrentar semejante desafío.

Hay que examinar con juicio el liderazgo y la forma de gobernar de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Y en particular, el manejo que le ha dado a las siempre conflictivas relaciones políticas con el degenerado presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Los cuatro años en la Casa de Nariño representaron para el progresismo una oportunidad única para cambiar o modificar en algo las costumbres políticas en un país como Colombia en el que el ethos mafioso se naturalizó de tal modo que la política es asumida como una forma de negocio y bolsa de empleo a la que se llegan de muy diversas maneras con un solo objetivo: enriquecerse o por lo menos sacar tajadas millonarias.

La idea y propuesta del cambio se le vendió al país en términos maximalistas y utópicos. Lo mismo ocurrió con la Paz Total, una suerte de utopía político-militar fincada en una lectura ingenua de las realidades contextuales de unos grupos armados ilegales que perdieron hace rato su naturaleza política: son estructuras mafiosas. Punto.

Al final, esa utopía y ese maximalismo terminaron haciendo parte constitutiva de la espada de Damocles que pesadamente cayó sobre el proyecto progresista y sus más representativas figuras: el presidente Petro y su círculo más cercano de áulicos, casi todos del M-19. Petró dejó por fuera a congresistas que de tiempo atrás venían luchando en espera del momento de ser gobierno. Pero vendría lo peor: las pruebas fehacientes que confirmarían que la corrupción pública y privada jamás será proscrita por una razón fundamental: hace parte de la cultura, esto es, es una forma de ser y estar en el mundo y relacionarnos.

Que hubo corrupción, por supuesto; que se cometieron garrafales errores, claro que sí; y que se despreciaron genuinos liderazgos en los territorios por favorecer a esbeltas figuritas mediáticas que la prensa hegemónica llamó las “mariposas amarillas” de Petro, resulta innegable. El caso de Juliana Andrea Guerrero, confesa y condenada corrupta, confirma que el presidente Petro se equivocó al “retar al país” con ella por ser “joven y revolucionaria”, quizás como una manera de ocultar o proteger a quienes estuvieron detrás de esa figura emergente y prominente en la que quiso convertirse la señora Guerrero. Al final, terminó mal y afectó en materia grave la credibilidad del Pacto Histórico.

Las fuerzas progresistas están en mora de auto evaluarse. Y ello incluye examinar con criterio la conveniencia o no del regreso de Claudia López a las propias huestes. Que lime asperezas con Petro está muy bien como gesto y mensaje de reconciliación en un país sumergido en odios y venganzas; pero hay que revisar muy bien lo que aportaría la exalcaldesa de Bogotá al renovado proyecto político que debe salir si entienden que deben auto examinarse e incluso repensarse. Lo hecho por los cinco congresistas del PH en la Comisión de Absoluciones de la Cámara de Representantes es vergonzoso porque podría significar un pacto por la impunidad en favor del expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez. Son muchos los temas que deben tocarse al interior de la colectividad si de verdad quieren ser nuevamente alternativa de poder. 

 

 


jueves, 10 de septiembre de 2026

UN MES DESPUÉS

 





Por Germán Ayala Osorio

 

El 7 de septiembre cumplió un mes de estar al frente del Estado Abelardo de la Espriella Otero, el político-actor o actor-político que unos días se disfraza de pastor, gobernante eficiente  y Mesías y otros los dedica a fungir como sirviente de Donald Trump, capataz y fino sepulturero que camina entre cadáveres para calcular las medidas de sus mortajas o cajones y claro, para tomarle el pulso a la opinión de quienes le aplauden a rabiar su decisión de acabar con los “malos”, pero sobre todo, por exhibirlos como trofeos que brillan a pesar del estado de autólisis de esos despojos mortales.

Tres días después, Dios lo puso a prueba provocando el terremoto, suceso que también cumplió un mes. Ambos eventos comparten la tragedia de la muerte, la esperanza de la reconstrucción física de las ciudades y pueblos afectados por el terremoto y lo más importante, la restauración moral de la sociedad que por cuatro años fue víctima de ideas progresistas. De ahí que la batalla cultural sea el camino de la regeneración de una sociedad que cayó en el abismo de la inmoralidad al insistir en darle visibilidad y reconocerle derechos a la población LGTBIQ+ y por supuesto a las mujeres para decidir sobre sus cuerpos, maternidad y sexualidad. La fantasmal ideología de género debe ser combatida con toda la fuerza espiritual y moral de un Estado laico en proceso de reconversión. Quizás jamás seamos una teocracia, pero el país godo, puritano, gazmoño y camandulero ya probó que es posible poner en la Casa de Nariño a un pastor. En el 2030, volverán a intentarlo, ya con el consagrado reconocimiento de San Abelardo, el regenerador de las almas perdidas. 

Un mes después es insuficiente para hacer evaluaciones del manejo de esos dos sucesos en la medida en que ambos están atravesados por el ejercicio del poder y la política, factores que, atados a las entrañas de la condición humana y la cultura dominante, siempre serán motivo de críticas, alabanzas y aleluyas, dependiendo desde dónde se hagan las evaluaciones y cuestionamientos. De hecho, los desastres dejados por el terremoto se alejan de la condición natural del fenómeno si se revisan con cuidado el incumplimiento de las normas de construcción (sismorresistencia) y se visibilizan los errores de los poderosos urbanizadores y de quienes, para el caso de Cali, le apostaron a sepultar al río Cañaveralejo que corría por el sur de la capital del Valle, la zona más afectada por el movimiento telúrico.

Hemos visto a un pastor-presidente, therian, capataz, cuasi militar y sepulturero viajando en helicóptero y caravanas de carros blindados de un lado a otro, llevando promesas de soluciones a los damnificados, la palabra de Dios y su espiritual Viva Cristo Rey con el que el jefe del Estado se siente iluminado, elegido y ungido por el ser superior.

Insisto: el terremoto del 10 de agosto y el triunfo electoral de la ultraderecha devienen como sucesos trágicos y dolorosos. Las evidencias del primero son incontrastables y hay los suficientes registros periodísticos que nos permiten entender y comprender la gravedad de los daños generados; sobre el segundo evento o suceso se esbozan poderosos y peligrosos símbolos, así como decisiones cuyos efectos los veremos en el mediano y largo plazo. Por ejemplo, la guerra declarada contra los cultivos de uso ilícito, fumigados en adelante con glufosinato de amonio, un poderoso herbicida y defoliante, peor que el glifosato, ya usado como madurante de los cultivos de caña de azúcar.

La posibilidad de que el gobierno le entregue a los Estados Unidos las “tierras raras” para su beneficio y las operaciones militares conjuntas hacen parte de la misma estrategia de despojo de las tierras a los campesinos. Viviremos, muy seguramente, una nueva y definitiva ola desplazamientos forzados de campesinos, indígenas y comunidades afrocolombianas. Y la promesa de realizar actividades de fracking, a lo que marque, como dijo en campaña el pastor-presidente.

Falta aún mucho tiempo para evaluar los efectos morales, económicos, socioambientales, ético-políticos y ecológicos que dejará el gobierno de Abelardo de la Espriella. Pero hay mensajes, discursos y símbolos que, un mes después, hacen pensar en que su paso por la presidencia dejará daños severos que se asemejan a los que dejó el terremoto de 7.4 grados. O quizás los que dejó la mega avalancha del 26 de agosto en Nepal. 

 


Nota:imagen tomada de Semana.com 

miércoles, 9 de septiembre de 2026

¿HACIA DÓNDE VA COLOMBIA?

 

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Un mes después de haberse posesionado como presidente de la República, Abelardo de la Espriella Otero va dejando claras las características del camino ético-político, moral y cultural que dejará para que los colombianos decidan- si es que ya no lo hicieron- si continúan dándole cabida a las ideas progresistas y liberales reinstaladas por Petro en sus cuatro años de mandato, o si por el contrario, sobre la proscripción de aquellas, el país opta por regresar a la oscuridad que siempre acompaña al discurso religioso, a la religiosidad misma, al fanatismo político y al desprecio por el cuerpo y el pensamiento liberal y liberador del yugo de los que de manera ciega, hipócrita y apasionada creen en mandatos divinos, mientras libran vibrantes y febriles luchas internas contra sus propios demonios. Montaigne decía que “la religión no ha tenido fundamento humano más cierto que el desprecio por la vida”.

Instalado en el poder omnímodo de un jefe de Estado de una república bananera, el therian y pastor-presidente jamás matizó la amenaza que lanzó en tono bíblico contra los petristas y progresistas asumidos por este agente regenerador de nuevo cuño como “enemigos de la patria”. Su desfile jactancioso y fierabrás sobre los 23 despojos mortales de igual número de “enemigos de la patria” confirmó su desprecio por la vida de los diferentes, sean terroristas o no, pero, sobre todo, mostró su animadversión hacia la dignidad de los muertos exhibidos como trofeos en perfecto estado de autólisis.

La censura oficial-corporativa contra las periodistas Camila Zuluaga y Ana Cristina Restrepo y el caricaturista Vlado ha sido minimizada por la prensa tradicional y los colegas que decidieron no poner en riesgo la lonchera. La autocensura es un tipo de mordaza peor que la censura en la medida en que el periodista encarcela su propia lengua y deslegitima su propio derecho a pensar, a opinar. Como si se tratara de los agentes nazis que simplemente cumplían órdenes en los tiempos del holocausto, los periodistas que se autocensuran dejan de pensar para convertirse en las simples arandelas de la máquina de desinformación y posverdad que ya opera en Colombia.

Los colegas periodistas que ya agacharon la cabeza ante el poder presidencial pasarán a la historia como cómplices no solo del gobierno, sino de la construcción de esas inmorales placas huella sobre las cuales ya estamos caminando de regreso a los tiempos de la quema de libros, señalamientos públicos y privados de impíos; a la persecución de homosexuales y mujeres. A estas últimas no por “brujas” sino por aplazar el deber divino de ser madres y lo que es peor por atreverse a abortar en las circunstancias que llevaron a la Corte Constitucional a despenalizar el aborto. Mujer violada y embarazada por su victimario debe dar a luz a la criatura concebida con violencia, porque así lo dispuso el más retardatario de los políticos colombianos de todos los tiempos: Enrique Gómez, nieto del tenebroso Laureano Gómez.

Vista la cultura como una segunda naturaleza, De la Espriella Otero está dejando las huellas y las rutas y prácticas culturales que llevarán a la sociedad colombiana a exhibir sin pudor que la condición humana, aviesa como ninguna otra, tiene en millones de colombianos, por lo menos en casi trece millones que lo votaron, a su más nítida e insuperable expresión, alimentada por aquellas fuerzas económicas y políticas internacionales que están naturalizando el desprecio de la vida a través del genocidio contra el pueblo palestino en Gaza y la persecución étnico-lingüística que declaró Trump contra los migrantes latinos.

La historia de la humanidad y de la iglesia católica misma se han alimentado y legitimado de las dicotomías cuerpo-alma y buenos-malos. Sobre esta última dualidad el país ya vivió y experimentó las moralizantes y paradigmáticas lecturas que impuso Álvaro Uribe Vélez, el premoderno, violento y pecaminoso Mesías que le mostró el camino a De la Espriella, su más aventajado discípulo. El therian presidente que se cree tigre -en la naturaleza es un magnífico depredador- ya se encaramó en lo más alto de la cadena ideológica, moral y ética que años atrás los conservadores, los del Opus Dei y otras yerbas construyeron para determinar quiénes tienen o no el derecho a vivir en la Patria Milagro.

Durante la campaña presidencial, el entonces candidato presidencial dijo que “Colombia atravesaba por su momento más oscuro y que él sintió un llamado patriótico para salvar al país. Por el contrario, millones de colombianos sentimos que desde el 7 de agosto de 2016 estamos regresando a los momentos de mayor oscuridad, penumbra y opacidad que ya vivimos durante los gobiernos de Turbay Ayala y Uribe Vélez.  Descongelar el porte de armas amparadas por el Estado es otra de esas medidas y acciones que harán posible tramitar nuestras diferencias a balazos, como corresponde en repúblicas bananeras. De la mano de Cristo Rey, estamos de regreso al más ominoso pasado. 

Quizás sea tiempo, para los que aún no lo hicieron, de leer y releer El país de las emociones tristes, de Mauricio García Villegas. A lo mejor, después de su lectura empiezan los abelardistas a entender- no espero tanto, la verdad- que los caminos que está trazando su ídolo y pastor-presidente nos conducirán hacia la barbarie de los años 80 y 90. Termino esta columna con esta cita del referido libro: “Tal vez deberíamos dedicar más tiempo a mejorar los arreglos emocionales que heredamos del pasado; a mitigar los rencores y domesticar las furias; a pensar menos en las guerras que tenemos que librar, en los enemigos que debemos aniquilar, en las cuentas que tenemos que saldar; a no caer en las trampas del  individualismo ciego…”.

martes, 8 de septiembre de 2026

ARMAS AMPARADAS EN LA PATRIA MILAGRO



Por Germán Ayala Osorio

 

El gobierno del pastor-presidente Abelardo de la Espriella le acaba de entregar a la ciudadanía, vía decreto, la posibilidad de dirimir los conflictos, las diferencias e incluso deshacer negocios a través del uso de armas de fuego amparadas por el Estado.

A los incontrolables atracos a mano armada y a las constantes riñas callejeras en las que se esgrimen palos, cuchillos, "mataganado", cadenas, crucetas, pistolas y revólveres se suman las armas amparadas que bien pueden usarse para repeler a los atracadores o simplemente para responder un insulto, un cierre indebido en las vías o hasta para rechazar a impíos que se niegan a leer la Biblia y ponerla por encima de la Constitución. O quizás esas mismas armas amparadas sirvan para asesinar petristas y progresistas. Nada de raro sería. 

Creer que es posible bajar los indicadores de violencia callejera, incluidos los atracos e intentos de secuestros exprés permitiendo que la “gente de bien” ande armada es un error que bien puede terminar en el aumento de las cifras de muertos en las calles por razones asociadas a la intolerancia y el ajuste de cuentas.

En ciudades como Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla sus ciudadanos viven con miedo de salir a las calles por los constantes atracos a lugares públicos por fuera de los centros comerciales, únicos territorios que ofrecen una mediana seguridad y tranquilidad a sus visitantes.

A partir de este momento los Observatorios que miden el comportamiento ciudadano deberán estar atentos a registrar e interpretar aquellos nuevos hechos de violencia en los que estén involucrados personas que usaron sus amparadas armas de fuego. Saber que a la calle llegarán más pistolas y revólveres no genera un ambiente de seguridad. Por el contrario, será motivo de mayores miedos e incertidumbres en una ciudad que podría ser protagonista de  balaceras, muchas de estas provocadas por quienes les bastará sentir temor o imaginar una amenaza para desenfundar sus armas, como si estuvieran en el viejo Oeste americano y “dar de baja” a un inexistente atacante o a un imaginado enemigo. 



En Cali funcionan casas de sicarios y se alquilan armas de fuego. A lo mejor se trata de armas amparadas o ilegales. Es tan complejo el asunto en la capital del Valle del Cauca y en el departamento que la legalidad y la ilegalidad se fusionan de tal manera que hay armas que las autoridades decomisan a los bandidos y luego aparecen, por arte de birlibirloque, en escenas sicariales. Así registró la revista Semana un hecho que deja muchas dudas sobre el real interés y capacidad de las autoridades por desmantelar el mercado de armas y sacarlas de circulación:  La autoridad determinó que un arma de fuego, con la que se ejecutó el múltiple crimen, había sido utilizada en otros 14 casos de sicariato”

Menos mal estamos viviendo en la Patria Milagro, escenario en el que quedamos en manos de lo que quiera hacer Dios con nosotros. Por eso hay que salir confiados de que, así como Dios provocó el terremoto para probar al gobierno y al presidente-pastor, según dijo el mismísimo jefe de Estado, la misma deidad hará lo propio con quienes resulten víctimas de un tiroteo. No se tratará de una muerte absurda por una bala perdida: Dios está probando a los familiares del caído. Para aquellos que sobrevivan, se tratará, claro está, de un milagro. Bienvenidos al viejo Oeste y   que Viva Cristo Rey. Y como dijo un tuitero, armaos los unos contra los otros. 




Nota: foto tomada de Semana.com 

LAS PRUEBAS PISA

 


 

Por Germán Ayala Osorio

 

Circulan ya toda clase de “explicaciones” a los malos resultados obtenidos por Colombia en las pruebas Pisa. En particular, en comprensión de lectura y análisis crítico el bajonazo llama la atención de políticos, académicos, periodistas y expertos en educación; esos dos factores están inexorablemente atados a realidades socioculturales complejas y diferenciadas territorial y étnicamente en una sociedad como la colombiana que históricamente subvaloró la lectura de libros y el ejercicio de pensar, y estigmatizó las prácticas orales de miembros de comunidades ancestrales que al llegar a la universidad se chocaron con las lógicas de producción académica fundadas en la escritura y con los criterios de validación del pensamiento a partir del eurocentrismo. Más claro: si no citas a Foucault el análisis categorial no es válido. O, ni se te ocurra citar a Mariátegui o a Eduardo Galeano. Y mucho menos a mujeres intelectuales, feministas y americanistas.

Con el paso del tiempo y en particular en las universidades privadas la clientelización del estudiantado fue contribuyendo al empobrecimiento de la práctica docente, sometida a las presiones de las directivas y de los estudiantes-clientes que encontraron, estos últimos, en ese cambio, la oportunidad para usar a su favor los problemas y vacíos emocionales originados en sus núcleos familiares, alimentados en los colegios y por esa vía ocultar lo que realmente pasaba: pereza para pensar, desinterés por aprender, discutir de manera argumentada,  discernir y escribir ensayos. Los estudiantes que llegan a las universidades no pueden sostener la atención en videos de más de cinco minutos. ¿Qué pasó en los colegios y en las casas?

El plagio hasta hace unos años fue una práctica común y un negocio para aquellos estudiantes que dominaban la técnica escritural y el pensamiento crítico; luego vino el chat gpt y ahora con la ayuda de la IA, los estudiantes-clientes asisten a la universidad a jugar a autoengañarse: pagan millones de pesos, creen que engañan a sus profesores, mientras disfrutan y se “forman” en las redes sociales, fuente generadora de recursos económicos para muchos y de reconocimiento social para otros tantos. A lo mejor en los colegios pasa igual: las tareas se las hace la IA y de esa manera los padres se ahorran la penosa tarea de discutir y pensar con sus hijos e hijas.

Este dato que arroja los resultados de los estudiantes colombianos evaluados es llamativo: El 56 % de los estudiantes colombianos usa inteligencia artificial, la mayor tasa en Latinoamérica, para resolver las tareas.

No se trata, por supuesto de demonizar a las redes sociales y al uso de la tecnología, pues siempre habrá quienes sabrán hacer un uso inteligente y provechoso de lo que estas ofrecen. Esos resultados ameritan análisis complejos y sistémicos que deben tocar a las familias, a los colegios, a los propios estudiantes; al contexto sociocultural de un país que de muchas maneras valida la trampa y la búsqueda de esguinces a las normas. Colombia es un país de mentirosos: mienten el Estado, los gobiernos, los presidentes, los empresarios, los curas, militares…; políticos que mienten sobre sus títulos académicos; políticas que compran títulos universitarios o cometen plagio en la escritura de sus tesis.

Quienes caen en lecturas simplistas para encontrar las razones de esos malos resultados en las pruebas Pisa, parecen venir de ese universo de estudiantes que por comodidad se alejaron, por decisión propia o presiones contextuales, del paradigma de la complejidad para entrar en el modelo de la simplificación de las realidades en la que operan el periodismo, las redes sociales, la vida cotidiana y probablemente las dinámicas familiares en las que ya no se dialoga y discuten asuntos públicos que nos interesan a todos. Los hijos interactúan hoy más con los celulares que con sus padres.  Es más, los dispositivos móviles se los facilitan sus progenitores para “tranquilizarlos” y para que dejen a los adultos conversar (pocos casos), ver el partido de fútbol, el programa favorito o usar sus celulares a plenitud.

La adaptación de los currículos universitarios, eliminando o reduciendo los cursos de humanidades y suprimir el pensamiento crítico, va justamente en la dirección que le conviene al sistema mundo capitalista que se alimenta de gente muy hábil para hacer negocios, manipular mercados, jugar en Wall Street y hacer de la estupidez visible en las redes sociales un nuevo valor humano. Todos ellos, se caracterizan por haberse alejado del paradigma de la complejidad, acompañado de una profunda deshumanización de las relaciones sociales, el empobrecimiento de la empatía y el desinterés por entender, comprender y sentir los efectos negativos que dejan actividades antrópicas altamente disruptivas.

Las evidencias del cambio climático y los avances en la creación artificial de la vida humana por la vía de los robots humanoides parece no preocuparles porque quizás hay una circunstancia que suele no tenerse en cuenta para analizar los deficientes resultados de las pruebas Pisa y el devenir como especie dominante: nuestra finitud. Si hemos de morirnos en cualquier momento, para qué dedicar tiempo- o malgastarlo- cuando para estar en el mundo de hoy no necesito de categorías de análisis y mucho menos del pensamiento crítico y sistémico. Basta con lo que veo y escucho en las redes sociales, pues ese es el mundo en el que hoy conviven los jóvenes evaluados en las señaladas pruebas. Muchos de ellos, criados en familias disfuncionales, padres ausentes, madres cabeza de hogar, víctimas de disímiles forma de discriminación y violencias simbólicas y físicas; familias empobrecidas culturalmente en las que poco se lee y se cultiva la escritura con todo su poder liberador y creador de realidades.

Como todo asunto coyuntural que pasa por los medios masivos, los malos resultados de las pruebas Pisa quedarán ahí como una realidad que seguirá asumiéndose y se tratará de revertir desde la misma mirada simplista que hoy los examina. Insisten en buscar culpables, Fecode, los docentes y por supuesto los estudiantes evaluados. Quizás el “muerto” no hay que buscarlo río abajo, sino río arriba.


lunes, 7 de septiembre de 2026

EXCORONEL PLAZAS VEGA A JUICIO



Por Germán Ayala Osorio

 

El asesinato del magistrado Carlos Horacio Urán Rojas a manos de miembros del Ejército Nacional vuelve a recordarles a los colombianos los hechos del holocausto del Palacio de Justicia ocurridos hace 40 años. De acuerdo con la familia del togado, la responsabilidad de la muerte recae en el entonces coronel Alfonso Plazas Vega, comandante operativo de la retoma del Palacio de Justicia.

Urán Rojas habría salido vivo de las instalaciones, de acuerdo con análisis que se hicieron de las imágenes de televisión que registraron las salidas del personal civil. Lo llamativo del caso es que el cuerpo del togado fue encontrado al interior del Palacio de Justicia, con un tiro de gracia que salió de una pistola 9 milímetros. En por lo menos dos ocasiones la Fiscalía colombiana desestimó esa versión, asegurando que Urán jamás salió de las instalaciones y que su muerte se produjo en su interior.

El entonces coronel de Caballería, Plazas Vega fue procesado y condenado, pero luego absuelto por la Corte Suprema de Justicia en lo que concierne a la suerte que corrió la vida del magistrado Urán Rojas. Sin embargo, la familia demandó al alto oficial ante la justicia norteamericana pues el exmilitar se fue a vivir a Miami. El proceso judicial (civil) está por iniciar la etapa de juicio en contra de Plazas Vega. Está previsto el inicio de esa etapa procesal para el 8 de septiembre. Plazas Vega está demandado por tortura y el asesinato del magistrado. “En 2022, las hijas del magistrado Urán –Xiomara, Mairée y Helena Urán Bidegain– presentaron una demanda ante la jurisdicción estadounidense contra el coronel Luis Alfonso Plazas Vega, quien reside en el estado de Florida. Ellas están representadas por el Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas (CJA), una organización que denuncia jurídicamente casos de tortura y crímenes de guerra en todo el mundo”.

El llamado a juicio en sí mismo resulta relevante, pero lo es más la reacción del presidente Abelardo de la Espriella Otero, quien ordenó a su canciller Omar Bula y a la embajadora de Colombia en los Estados Unidos, Consuelo Araújo acompañar al excoronel y acoger su defensa como agente estatal y héroe de la patria. De la Espriella le dijo a la prensa que “el coronel Plazas Vega es un héroe de la patria. La Corte Suprema de Justicia lo declaró inocente, después de una persecución infame y mentirosa que duró años”.

Al asumir el caso como un “asunto de Estado”, De la Espriella se alinea con una concepción militarista del Estado que, de acuerdo con el balance final que dejó la retoma del Palacio de Justicia, resulta inmoral por el sacrificio de las vidas de los civiles que quedaron en medio del fuego cruzado entre militares y guerrilleros del M-19. Además, lo hace en un momento histórico definitivo para él como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, para el Estado y el viejo establecimiento. Aunque su saludo militar se lee en ocasiones como una burla o pantomima, su alineamiento ideológico, institucional y político con las mesnadas castrenses debilita el carácter civil del jefe del Estado, lo que lo acerca a la posibilidad de terminar gobernando vestido de verde oliva como ocurrió con Nicolás Maduro Moros y hasta el propio Fidel Castro Ruz.

Su más reciente aparición en público, desfilando entre bolsas blancas en cuyo interior estaban los cadáveres de 23 terroristas “dados de baja”, da cuenta de su decisión consciente de transformarse en un militar más. Daniel Coronell, en su columna Farsa macabra, lo define como un actor que sigue un libreto. Para aquella ocasión en la que se pavoneó sobre los despojos mortales de los terroristas abatidos, Coronell dijo que llegó “caracterizado con pantalones tácticos entubados, camisa verde oliva entallada, botas y walkie-talkie en mano”.

Se trate o no de una actuación o del cumplimiento de un guion predeterminado, la alineación sin asomo de crítica a los uniformados que en el presente y en el futuro reciban el encargo de defender la patria pone a la dignidad presidencial en riesgo de perder su condición civil para aceptar sin ambages el espíritu, las lógicas y las dinámicas militares en un país que arrastra una historia de violaciones a los DDHH y al DIH ordenadas desde batallones y legitimadas por presidentes de la República cuestionados por ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas.

La retoma del Palacio de Justicia por parte de los militares partió de un afán de venganza de los uniformados contra el M-19, estructura armada ilegal que con golpes mediáticos como el robo de las cinco mil armas del cantón norte de Bogotá y la extracción de la espada de Bolívar, entre otros golpes, terminó ridiculizando a los miembros del Ejército.

La operación militar emprendida para recuperar a sangre y fuego el edificio, asaltado a tiros por una célula del M-19, le permitió al entonces coronel de Caballería, Alfonso Plazas Vega justificar el operativo diciendo la frase “aquí, defendiendo la democracia maestro. El militar en ese estresante momento y ante una prensa ávida de conocer qué estaba pasando al interior del Palacio de Justicia, redujo la democracia a la recuperación de un edificio. Desde una perspectiva simbólica, la frase tiene sentido, pero desde lo conceptual, la misma expresión deviene con una fuerte carga reduccionista en la medida en que jamás estuvo en riesgo la institucionalidad y mucho menos el control de los tres poderes públicos. Quienes por más de 24 horas rompieron la jerarquía y la responsabilidad del mando fueron los militares que prácticamente sacaron de la ecuación al presidente Belisario Betancur Cuartas.

La legitimidad del Estado y el uso de la violencia o de la fuerza no puede asumirse como una patente de corso para debilitar la democracia y mucho menos violar derechos y libertades. La degradación del conflicto armado interno y de los actores armados, legales e ilegales, comprometidos, exige del jefe del Estado ecuanimidad y sindéresis al momento de examinar las actuaciones de los militares durante las ofensivas en contra de las organizaciones criminales. Posar o actuar como un militar más no es un detalle menor en una sociedad que desde el plebiscito por la Paz evidencia una fuerte fractura social, política e ideológica que terminó dividiendo al país entre “buenos” y “malos”. No vaya a ser que, De la Espriella, frente a un hecho parecido al del holocausto del Palacio de Justicia termine diciéndole a la prensa “aquí, defendiendo el Estado gendarme, maestro”.

 

domingo, 6 de septiembre de 2026

EN COLOMBIA NO HAY NIÑAS NI CAMPESINOS


Por Germán Ayala Osorio

 

En un país clasista, aporofóbico y racista como Colombia y que además desdice de su proceso de mestizaje, la eliminación o el no reconocimiento identidades es consecuencia de esos sentimientos muy propios de la derecha.

Con la instalación en la Casa de Nariño de Abelardo de la Espriella, borrar a las niñas del lenguaje institucional del ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) fue la primera decisión que confirmó que efectivamente hay en el gobierno la intención manifiesta de borrar, anular, eliminar o deslegitimar todas las luchas que impliquen la defensa de los derechos de las niñas y mujeres, asumidas por los agentes del movimiento político Salvación Nacional y en general por los abelardistas como instrumentos para recuperar la tasa de natalidad que viene en declive y satisfacer los deseos sexuales de los hombres autorizados para decidir sobre sus cuerpos y maternidad. Les inquieta y molesta en grado sumo que las mujeres aplacen la maternidad, el número de hijos e incluso decidan no tenerlos. Lo consideran decisiones caprichosas, irresponsables, egoístas y contra natura porque por mandato divino, sí o sí, deben traer niños y niñas al mundo.

La desaparición de las niñas del lenguaje institucional no puede reducirse a una acción administrativa y semántica. No. Es apenas el inicio de lo que les deparará a las adolescentes y finalmente a las mujeres cuando ese mismo país godo les exija ser madres y les impida abortar así hayan sido víctimas de violaciones o estén a merced de varias de las circunstancias en las que la Corte Constitucional despenalizó la práctica del aborto.

Empezaron con las niñas. Ahora, el portal La Silla Vacía informa de un instructivo que la Agencia Nacional de Tierras les hizo llegar a los contratistas de esa entidad. En el documento oficial el término “campesino” se remplaza por “productores rurales” y se prohíbe hablar de “reforma agraria”. Se recomienda hablar de “acceso a tierras” o “formalización”. Parece un capricho lingüístico, pero no lo es. Mucho menos se trata de un asunto semántico o una decisión de estilo para la escritura de informes oficiales. La intención es clara: desconocer las identidades colectivas e individuales del campesinado asociadas a sus históricas luchas por consolidar una verdadera reforma agraria a la que se vienen oponiendo los grandes terratenientes y ganaderos que votaron por De la Espriella. El Pacto de Chicoral, firmado entre congresistas, terratenientes y latifundistas para frenar los procesos y avances de la reforma agraria implementada por gobiernos anteriores al de Misael Pastrana Borrero, responsable político de la firma de ese pacto, es el más vivo ejemplo de las pretensiones de la derecha colombiana por someter y acabar física y simbólicamente con el campesino. 

Reconocido como sujeto de derechos en el acto legislativo 01 de 2023 en el que se lee que “el campesinado es sujeto de derechos y de especial protección, tiene un particular relacionamiento con la tierra basado en la producción de alimentos en garantía de la soberanía alimentaria, sus formas de territorialidad campesina, condiciones geográficas, demográficas, organizativas y culturales que lo distingue de otros grupos sociales”, llamarlos “productores agrícolas” constituye un retroceso identitario y un acto de anulación histórica de sus luchas agrarias.

Es apenas obvio que el gobierno del pastor-presidente está empeñado en anular aquellas identidades colectivas e individuales porque devienen atadas a luchas de reivindicación de derechos, asumidas por la godarria como subversivas en el sentido en que subvierten el orden y por esa vía apuntan a erosionar la hegemonía del hombre blanco, culto y propietario de grandes extensiones de tierra usadas para impulsar la producción agrícola sin campesinos. El modelo de la gran plantación del Valle del Cauca, con el monocultivo de la caña de azúcar, es el mejor ejemplo que hay para hablar de campesinos “descampenizados” o de agricultura sin campesinos (Uribe Castro, Hernando).

La manera como termina el referido acto legislativo debe generar urticaria en las huestes abelardistas que hoy están detrás de la anulación física y simbólica de las niñas, mujeres y de la población campesina: “Los campesinos y las campesinas son libres e iguales a todas las demás poblaciones y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular las fundadas en su situación económica, social, cultural y política”.

La guerra total contra las organizaciones criminales tiene el doble propósito de derrotarlas militarmente y de sacar de sus tierras a los campesinos que sobreviven en medio del fuego cruzado. Una vez logrado el desplazamiento forzado de cientos de miles de familias campesinas, ganaderos, latifundistas, empresas mineras y narcotraficantes llegarán a ocupar esas tierras para someterlas sus insostenibles lógicas de aprovechamiento y explotación. Así entonces, el gobierno y sus áulicos podrán recuperar la idea con la que el uribista José Obdulio Gaviria, primo hermano del asesino serial Pablo Emilio Escobar Gaviria propuso no hablar de “desplazados”, sino de “migrantes internos”. Luego, el títere-presidente, Iván Duque Márquez planteó dejar de hablar de masacres, para llamarlas “homicidios colectivos”.

Si se presenta una próxima masacre de campesinos, entonces la prensa y el gobierno, que trabajan coordinados, registrarán el hecho de esta manera: “aparecen muertos varios productores rurales, al parecer se trata de un homicidio colectivo”. Eso sí, los sobrevivientes, que siempre los hay para contar cómo sucedieron los hechos, serán aleccionados para que digan que se salvaron gracias a la Patria Milagro.

¿Qué sigue? Mañana dirán que no hay derechos, que solo hay deberes. Que no se hablará más de democracia, sino de Patria Milagro... Y a lo mejor se les ocurre borrar el término mujer, como en la serie El cuento de la criada. Quizás lo remplacen por la frase, ser que no es hombre. 


ESCENAS ANTICONCEPTIVAS



Por Germán Ayala Osorio


Las rabietas de niños y la exposición cotidiana de estupideces en las que suelen incurrir los seres humanos se presentan en las redes sociales, a manera de chiste, como razones suficientes para no tener hijos: consideran que esas conductas fungen como formas de planificación, pero sobre todo de anticoncepción tan efectivas como la inyección aquella y los condones.

Entre chiste y chanza, lo cierto es que Colombia envejece por la disminución de nacimientos, lo que ya preocupa a expertos en temas como el aseguramiento social (salud y pensiones) y por supuesto a los que tienen que ver con la producción de riqueza. Por supuesto que la disminución en la tasa de natalidad no solo se presenta en el “país de la belleza”- hoy, el “país de los cadáveres”-. En el viejo continente sucede lo mismo de tiempo atrás, aunque con medidas migratorias conducentes a reversar ese estadio de envejecimiento que parece irreversible.

A las “escenas anticonceptivas” señaladas arriba se suman otras: la transmisión en vivo y en directo del genocidio en Gaza a manos de los gobiernos de Netanyahu y Trump. Este par de asesinos decidieron, una tarde cualquiera, que el pueblo palestino debía desaparecer por mandato divino. Una vez ejecutada la orden del Santísimo, sobre Gaza llovieron, además de bombas, proyectos de gentrificación urbana en los que están metidas cadenas de hoteles e inversionistas millonarios que necesitaban de la “limpieza étnica” que acompaña al genocidio que perpetra aún el sionista ejército de Israel.

Para el caso colombiano, otra escena que podría invitar a la no concepción la componen la execrable práctica de reclutamiento forzoso de niñas, niños y adolescentes de parte de las organizaciones criminales. Y más anticonceptiva se vuelven las escenas expuestas en las redes sociales cuando el Estado colombiano, en nombre del “imperio de la ley”, bombardea los campamentos guerrilleros en donde caen despezados menores de edad. Es el mismo Estado que jamás fue capaz de evitar el reclutamiento de esos menores. En el pasado, más de 18 mil niñas y niños fueron reclutados por las Farc-Ep. Sin duda alguna, una tragedia humanitaria que hace y haría preguntarse para qué traer hijos a un país como Colombia que los desprecia, los viola, abandona y asesina. Además de esas circunstancias que hacen pensar a más de uno a no dejarse llevar por el cuento de la cigüeña, les pregunto: ¿Vale la pena traer hijos e hijas para entregarlos a un sistema mundo capitalista que los someterá toda la vida a las precarias condiciones laborales que imponen los gobiernos neoliberales?

Hoy, el presidente-pastor celebra alborozado la caída en “combate” de más de tres menores de edad, mientras un juez intenta ponerles límites a las operaciones militares y a la generación de esos “daños colaterales”, porque así se asumen esos crímenes. Mientras los criminales no dejen de reclutar niñas, niños y adolescentes, el país seguirá viendo bolsas plásticas, blancas, muy blancas, con pedazos de seres humanos en su interior.

El bajonazo de la tasa de natalidad en el país coincide con la estupidización de millones de seres humanos, entre ellos cientos de miles jóvenes que se volcaron a las redes sociales y video juegos para escapar de las angustias, incertidumbres y problemas que surgen en familias disfuncionales en donde se ejercen violencias simbólicas y físicas sobre las menores y mujeres en particular.

Se suma a lo anterior, el desarrollo de la IA y la robótica que ya ambienta los escenarios que desde hace años la literatura de ficción y el cine de Hollywood vienen recreando: la presencia de seres humanos biónicos, ciborg, humanoides o los robots que ya remplazan en disímiles cadenas de producción fordista a los seres humanos. De la mano de esas fantasías que ya no lo son tanto, la misma industria cinematográfica se ha dedicado a imaginar escenarios apocalípticos tipo Mad Max o Elysium, que terminan por confirmar que la aviesa condición humana es quizás hoy la más efectiva razón para no traer hijos a sufrir a un mundo en el que la avaricia, la intolerancia y formas variadas de violencia física y simbólica contra mujeres, niñas y niños prácticamente se consolidaron y naturalizaron como formas de estar y relacionarse entre los seres humanos.

A los curas pederastas, por ejemplo, la Santa Sede los protege; la curia local, para el caso colombiano, hace lo propio con esos degenerados. Lo peor de todo sucede cuando una sociedad como la norteamericana valida, apoya y aplaude la pederastia del presidente Donald Trump. Eso sí, estoy seguro de que ese violento carcamal inspira a más de un joven republicano a tratar de procrear teniéndolo como referente ético y moral. Muchos de los que votaron por De la Espriella son admiradores del criminal de pelo anaranjado porque representa al macho cabrío que en Colombia también existe en el ámbito de la política y el ejercicio del poder. Por ahí anda todavía dando lora el vejestorio señalado de haber violado a la periodista Claudia Morales y de haber conculcado los derechos humanos de cientos de miles de colombianos en grado sumo.

Quizás lo anterior explique que hoy muchos jóvenes y adultos en edad de procrear prefieran criar perros y gatos, animales no humanos con los que resulta más fácil relacionarse y comunicarse porque no están mediados por los intereses y las mezquindades que rodean las relaciones entre los seres humanos. Además, esas relaciones están lejos de verse contaminadas por el uso particular de una lengua. Basta con la construcción de dos o tres instrucciones, expresiones e incluso miradas para que la relación fluya. Un movimiento de cola es suficiente para comprender qué quieren esos seres maravillosos. Son verdaderos ángeles.

Eso sí, que el mundo esté ya caminando hacia la robotización y el remplazo total del ser humano por máquinas (humanoides) no significa que habrá un mañana de fantasía en el que se acabarán los conflictos y vivirán las generaciones de ese futuro en medio de ríos de miel y leche. No. Los humanoides o los robots con apariencia humana serán creados para mantener en el tiempo las características de esa aviesa condición humana. Habrá, entonces, robots “buenos”, “malos” y “tibios”, esto es, los “Fajardo” del futuro.

Mientras llega ese momento, sigamos viendo al presidente-pastor caminando entre cadáveres; en un futuro no muy lejano veremos a presidentes haciendo lo mismo, pero sobre humanoides “dados de baja” por inservibles o defectuosos. El fin del Homo Sapiens está cerca. Alisten gaseosas y palomitas para continuar viendo las mismas y nuevas escenas anticonceptivas, que funcionan como poderosos “condones simbólicos” que invitan a detener la paridera en un mundo que sobrevive en medio de escenas distópicas. Y por supuesto, para ver la cruzada moral del actual gobierno en contra de las mujeres que optaron por no tener hijos o aquellas que asumen el aborto como un derecho. Para Enrique Gómez, de Salvación Nacional, las mujeres que abortan son asesinas y lo hacen con suma facilidad. Este godo y machista recalcitrante es uno de los tantos soldados dispuestos por la De la Espriella para librar la "batalla cultural" para someter a liberales, feministas y progresistas. Bienvenidos al pasado, mientras llega el momento de decir adiós a la especie humana.

 

 

viernes, 4 de septiembre de 2026

GOBERNADOR DE NARIÑO PERFILADO POR EL PRESIDENTE




Por Germán Ayala Osorio

Todos los días Abelardo de la Espriella deja salir su talante autoritario, su nula formación humanística, fanatismo religioso, su incontrastable egolatría y consecuencialmente su desprecio por la diferencia y por la vida. Cada vez más parece sentirse como un emperador y no como un jefe de un Estado democrático.

A pocas horas de ocurrido el terremoto del 10 de agosto, llegó del comité oficial conformado para enfrentar semejante desafío, sonriendo y tirando besitos como si estuviera en una carroza del carnaval de Barranquilla; luego, montó una escena en la que un grupo de personas levantaban los brazos como señal de aprobación por su presencia en un pueblo afectado por el terremoto; y más adelante, el país lo vio muy majo y henchido de felicidad caminando entre los 23 cadáveres de terroristas “dados de baja” y sacando pecho horas después por la muerte del criminal Bendito Menor de quien dijo que “estaba a buen recaudo en el infierno”.

Y el último lo protagonizó durante la cumbre de gobernadores en Mompox. En dicho evento amenazó, estigmatizó y expuso al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar. Esto le dijo en tono autoritario y pendenciero el pastor-presidente: “… en este punto quiero hacer una advertencia muy clara: ningún gobernador, ni ningún alcalde puede adelantar por su propia cuenta negociaciones, acuerdos o contactos clandestinos con estructuras terroristas. Me encargaré- aquí subió el tono- de que aquel que atraviese esa línea responda ante la justicia. No voy a tolerar bajo ninguna circunstancia que mientras nuestros soldados y policías arriesgan sus vidas para enfrentar a esos bandidos alguna autoridad intente hacer pactos por debajo de la mesa con los enemigos de la patria. Quiero ser muy claro y quiero ser especialmente claro con Usted señor gobernador de Nariño: está advertido”.

Para entender la dimensión y el alcance de semejante amenaza hay que remitirse a los graves problemas de orden público que afronta el departamento de Nariño por la operación en ese territorio de varias estructuras criminales. El gobierno anterior, en el marco de la Paz Total, adelantó conversaciones territoriales con el grupo Comuneros del Sur que delinque en ese departamento.

De la Espriella le dijo al país que no habrá procesos de paz, mesas de diálogo y negociación con los grupos al margen de la ley. Además, dejó claro que la paz se impondrá por la razón o por la fuerza. Con esa postura, el jefe del Estado deja sin valor político, ético y moral el artículo 22 de la Constitución política que señala que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Así las cosas, la guerra total se abre paso como política de orden público pensada para castigar a quien se atreva a hablar de paz negociada. Buscar la paz se asemeja a la comisión de un delito. Así vamos.

La amenaza-advertencia que lanzó el pastor-presidente en contra del mandatario regional se asume como un perfilamiento al gobernador Luis Alfonso Escobar y lo que es peor, su mandato queda deslegitimado y cercano a la ilegalidad. Escobar fue expuesto ante la opinión pública nacional como un eventual enemigo de la patria que, de acuerdo con la sentencia del jefe del Estado, podría ir preso en cualquier momento.

Como responsable del orden público, el presidente de la República tiene la potestad de diseñar las acciones conducentes a someter a las estructuras delincuenciales que de tiempo atrás desconocen la autoridad del Estado y lo atacan militarmente. Eso no se discute. Aquí lo que está en cuestión es el tono y la amenaza que lanzó sobre un mandatario elegido popularmente. Un gobernador no es un sirviente del presidente de la República. Al representar los intereses de sus electores, Escobar está en la obligación moral y ética de hacer todo lo que esté a su alcance para garantizar la vida y el bienestar de los nariñenses. Si De la Espriella está empeñado y cree posible ganar la guerra contra los grupos narcoterroristas, lo mejor que puede hacer es, junto con el Gobernador y la cúpula militar, sentarse a diseñar la estrategia bélica que logre desmantelar a esas estructuras delincuenciales. Perfilar de esa manera al mandatario regional lo deslegitima y pone en riesgo su vida.

Casi de inmediato, el expresidente Petro reaccionó a la “guachada” del presidente-pastor: “Los diálogos de paz en Nariño redujeron la tasa de homicidios de Nariño a la mitad, ahora los amantes de la sangre quieren que suba, se derrame y Nariño entre a la matanza. Me parece que llegó el momento que ya no sólo el gobernador sino el pueblo nariñense se exprese”. Y en su cuenta de X, el mandatario regional también le contestó a De la Espriella, en un tono conciliador que contrasta con el pendenciero que usó el jefe del Estado en su amenaza: "Por eso en el sur las puertas están abiertas. Lo invito a conocer de primera mano lo que hemos hecho en materia de Paz Territorial, sus resultados y los enormes desafíos que todavía enfrentamos. Como nos enseña el Papa León XIV @Pontifex_es, les deseo que alberguen en sus corazones una paz desarmada, desarmante en el lenguaje y perseverante, todos los días”.

Solo resta esperar mañana y los días siguientes para ver con qué va a salir este ateo converso y hoy fanático religioso que parece sentirse cómodo actuando como un vulgar, fatuo e histriónico capataz respaldado por los sectores más violentos, premodernos y conservadores de la sociedad colombiana.


UN ASESINO AL AIRE

 



Juan Francisco Gómez Cerchar, "Kiko Gómez", negó estar involucrado en el atentado perpetrado contra la Procuraduría - crédito Germán Enciso/Colprensa



Por Germán Ayala Osorio

 

El condenado criminal Kiko Gómez, ex gobernador de La Guajira, estuvo al aire conversando con el periodista Julio Sánchez Cristo de Caracol. Todo indica que la llamada salió del celular que tenía el penado en su celda. Más allá del asunto que periodísticamente avala la conversación entre el periodista y el asesino, llaman la atención tres elementos: el primero, los vergonzosos controles del INPEC, institución que arrastra una larga historia de corrupción y tratos especiales que reciben narcoparamilitares y peligrosos asesinos como Juan Francisco Gómez Cerchar, conocido como Kiko Gómez.

En esa ignominiosa historia de la institución penitenciaria ningún gobierno ha sido capaz de acabar con la corrupción al interior de las cárceles o por lo menos “reducirla a sus justas proporciones”, como diría el degenerado presidente Julio César Turbay Ayala. Todos se limitan a ordenar traslados a cárceles de “máxima seguridad” a los condenados que infringen las normas carcelarias, mientras que el ethos mafioso que guía a los guardianes y directores corruptos se mantiene firme en los protocolos y el espíritu de la entidad estatal. El gobierno actual propuso trasladar a los más peligrosos condenados que delinquen desde las penitenciarías a barcos-cárceles anclados en altamar. ¿Por qué ha sido tan difícil acabar o depurar al INPEC?

El segundo elemento tiene que ver con el momento político por el que atraviesa el país en lo que toca a la censura oficial de parte del gobierno de Abelardo de la Espriella contra dos periodistas radiales cuyo programa en la cadena Blu radio fue cerrado por petición presidencial a la familia Santo Domingo, propietaria de la empresa radial.

La relación de ese caso censura oficial con la conversación entre Sánchez Cristo y el homicida exgobernador se pone en evidencia al momento en el que en plena llamada llegan guardianes del INPEC a la celda del penado para someterlo a una requisa rascada o raqueta. La llamada seguía al aire, mientras el operativo se desarrollaba. ¿Alguien del gobierno estaba escuchando en ese preciso momento la conversación o se facilitó la llamada para favorecer la imagen de un gobierno que saca pecho al decir que no tolerará la corrupción en las cárceles del país? Antes de la llamada en cuestión, el presidente De la Espriella se reunió con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para tratar varios asuntos, entre ellos, el de las amenazas contra los togados. El jefe del Estado espetó que “aquí nadie va a amenazar a la Corte. Cualquiera que se levante contra la Corte se levanta contra el Gobierno y a dejar sobre él o ellos todo el peso de la ley

Kiko Gómez llamó a la emisora para negar su participación en unas amenazas contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y en particular contra Pedro Luis Bonilla Bolaños, procurador primero delegado para Casación Penal, que pidió a la Corte que condenara a “Kiko Gómez”.  La denuncia señala que la oficina de Bonilla, ubicada en el piso 26 de la sede de la Procuraduría, apareció una bala disparada. Además, identificó dos ventanas rotas y evidencia de dos disparos de fusil. Finalmente lo condenaron a 50 años de prisión por homicidio. De manera diligente el jefe del Estado ordenó el traslado del penado al centro de reclusión de La Picaleña ubicado en el Tolima.

Y el tercer elemento está atado al interés de Sánchez Cristo de silenciar a su compañero de la mesa de trabajo quien estaba a punto de decir que Gómez estaba llamando desde la cárcel La Picota de Bogotá. “Seguramente tuvo que colgar porque estaba llamando desde aquí desde la Picota”. Sánchez Cristo intenta callar diciéndole “no, no, digamos desde dónde nos llamó”. En este punto vale la pena detenerse para preguntar si el periodista conductor del programa radial quería proteger a la fuente o simplemente validar la corrupción al interior de la cárcel y por esa vía sacar provecho periodístico y en el rating que muy seguramente se alcanzó con la llamada. Si el condenado hubiese contado con algún tipo de autorización de la institución carcelaria, el periodista no habría tratado de silenciar a su compañero que al final si dijo desde dónde hizo la llamada el criminal de marras. Otras fuentes periodísticas indicaron que el criminal estaba en la cárcel de La Dorada, Caldas.

Después de insistir en el llamado “señor Gómez me escucha” y de cortar el intento de sus compañeros de la mesa por saber cómo entró el celular el penado, Julio Sánchez Cristo termina diciendo: “un segundito, un segundito, el señor nos llama por teléfono y entonces el asumirá los riesgos y los costos de la llamada pero él tiene la intención de aclarar una acusación que se está haciendo en los medios, pues lo escuchamos, ya como es lo del teléfono y si lo metió él o la enfermera dejemos allá al INPEC”.

Muchas veces en el ejercicio periodístico se traspasan límites éticos y morales que si bien favorecen a las empresas mediáticas por el rating alcanzado y a las audiencias interesadas en conocer qué pasa con la vida de criminales como Kiko Gómez,  se termina por legitimar la evidente corrupción que existe dentro de las cárceles del país, convertidas en verdaderos resort en donde los condenados en lugar de estar sometidos a las normas carcelarias son ellos quienes someten a los guardias y al INPEC a sus costosos caprichos. Algo no huele bien en esa llamada. 

ESTADO Y ESTRUCTURAS CRIMINALES IGUALADOS EN CRUELDAD



Por Germán Ayala Osorio

 

La burda, tétrica y sombría exhibición de los cuerpos de bandidos “dados de baja” (léase, asesinados) de parte del presidente-pastor Abelardo de la Espriella nos está regresando a los tiempos barbáricos de la Seguridad Democrática a los que el país se acostumbró con pasmosa facilidad. Los “carrotancados de sangre o los litros de sangre o a mí no me traiga detenidos” regresarían como lemas y orientaciones de unas fuerzas armadas sometidas en poco tiempo a vaivenes ideológicos y a cambios de doctrina moral que en lugar de unificar criterios y protocolos al momento de realizar operaciones militares ofensivas alineados con el respeto al DIH y a los DDHH, quedarían sujetos a la toma de decisiones discrecionales de aquellos comandantes que se sienten cómodos con el nuevo gobierno, lo que los haría proclives a violar las normas de protección de civiles e incluso la dignidad y el respeto debido a los combatientes “neutralizados”. Presentar cadáveres como trofeos de guerra convierte la guerra en un frenético juego que nadie querrá perder y a los combatientes en jugadores que, como en el fútbol, apelan a toda suerte de trampas y trapisondas para engañar a los árbitros. Y cada miembro de la sociedad, en espectador del innoble espectáculo.  

Las imágenes de televisión en las que se ve al comandante supremo de las fuerzas armadas caminar-desfilar en medio de cadáveres van a inspirar a las organizaciones criminales a hacer lo mismo cuando logren dar golpes de mano a las fuerzas legales: se grabarán exhibiendo los cuerpos mutilados de militares y policías vengando el agravio presidencial. Al final, las estructuras delincuenciales y el Estado operarán igualados en crueldad.

Las puestas en escena en las que el jefe del Estado desfila entre los muertos generan miedo en sectores de la sociedad por el posible regreso de la práctica sistemática de asesinar civiles para hacerlos pasar como guerrilleros-bandidos-terroristas caídos en combate. De la Espriella se regodea en público por la “hazaña” o gesta militar que además de pasajera, de poco servirá para pacificar a las malas el país por una razón de fondo: al gobierno del pastor-presidente no le interesa atacar y superar las circunstancias históricas, subjetivas y objetivas que permiten el surgimiento de toda suerte de criminales. Por el contrario, sus decisiones de política económica y el mismo modelo económico, político y cultural están pensados para que debajo de cualquier piedra que se levante en el país brote un ladrón que luego se convertirá en sicario; y posteriormente, en comandante paramilitar o guerrillero.

Los menores de edad que cayeron en las recientes operaciones Azarías y Amon, ambos nombres bíblicos, fueron víctimas de las estructuras narcoguerrilleras que los reclutaron de manera forzada y doblemente víctimas de un Estado que jamás los protegió y les brindó mejores condiciones de vida. Al asesinarlos, el jefe del Estado cree que borra la primigenia responsabilidad no asumida cuando lo único que logra es debilitar la legitimidad estatal que De la Espriella cacarea constantemente, derivada del principio weberiano del monopolio de la fuerza legítima atado al Estado asumido como una estructura de dominación humana de la que se espera actos de violencia legítima de parte de sus aparatos de represión.

El jefe del Estado está ambientando el regreso de ese escenario luctuoso de la Seguridad Democrática a través de sus actos de habla cargados de un preocupante desprecio por la vida y el uso de los cadáveres para justificar políticamente los operativos. Es un craso error insistir en que el Estado se legitima a partir de su deshumanización como orden establecido.

El caso del criminal conocido con el alias de “Bendito Menor” ratifica la crueldad y la descomposición moral del Estado. Evitar, impedir o alargar la entrega del cuerpo del bandido asesinado por agentes estatales tal y como lo denuncian sus familiares, consolida la imagen que del Estado está naturalizando De la Espriella: un Estado indolente que se burla del dolor de las familias de los criminales “neutralizados”. No, así no.

Adenda: hace poco el pastor-presidente dijo sentirse como el “papá de 53 millones de colombianos”. Por la inmoral y pomposa exhibición de cadáveres, De la Espriella no es un padre cualquiera. Para el caso, sería un filicida, pues ordenó el asesinato de hijos de esta patria, así hayan estado por fuera de ley. Mi padre, con todo y sus defectos, jamás asesinó y mucho menos ordenó una ejecución. 



Imagen tomada de El Colombiano.com

jueves, 3 de septiembre de 2026

¿EN QUÉ ANDA LA OPOSICIÓN?

 



Por Germán Ayala Osorio

 

Para enfrentar el proyecto político que encarna y lidera el presidente-pastor, Abelardo de la Espriella se requiere de una oposición dispuesta a hacer ejercicios de análisis crítico que superen las siempre emocionales opiniones que circulan en las redes sociales. Quedarse en esas “cloacas ideológicas” es quizás el error más grande en el que están incurriendo los agentes más visibles del progresismo y del Pacto Histórico (PH) que le hacen oposición al gobierno. Al tener al aparato mediático de su lado, a De la Espriella hay que desnudarlo construyendo redes de la que deben hacer parte periodistas independientes, líderes y lideresas sociales, influencers y youtubers, entre otros agentes sociales dispuestos y capaces de trabajar de manera coordinada. Eso sí, sin egos y protagonismos.

Los congresistas del PH podrían organizar eventos de análisis con académicos y políticos que, fundados en ejercicios de prospectiva y análisis de coyuntura política y noticiosa, les permita cualificar  a los sectores de la opinión pública cercanos a la causa progresista; recuperar simpatizantes y ganar otros de cara a las elecciones regionales que se avecinan y por supuesto a las presidenciales de 2030 debería de ser el objetivo final de esas estrategias de análisis y comprensión de para dónde está llevando el país la ultraderecha abelardista.

Noto a una oposición desorganizada y cómoda criticando cada acción de gobierno, sin consolidar un relato que sirva para que la gente comprenda con suficiencia los riesgos que corremos como colectivo si el proyecto de muerte que ya ejecuta el gobierno se consolida y naturaliza. Las noticias diarias y sesgadas que presentan las empresas mediáticas abelardistas-ayer uribistas- no le permiten a cientos de miles de ciudadanos visualizar el norte hacia donde quiere conducir la godarria que llegó al Estado para librar desde ahí la ya anunciada “batalla cultural”. Las empresas mediáticas están aprovechando la catástrofe dejada por el terremoto del 10 de agosto para invisibilizar las reales pretensiones del gobierno actual.

Razón le cabe a la tuitera Marcela cuando dice que “hoy tenemos una oposición convertida en comentarista de la personalidad del metro y medio. Una oposición que amplifica lo que la ciudadanía ya sabe, que denuncia lo que la ciudadanía ya sabe y es que los presidentes gobiernan con sus amigos, que tienen aliados, que hacen política y que tienen intereses. ¡Pues claro! Eso no es hacer oposición. A un gobierno como este se le derrota políticamente, no siguiéndole el juego del espectáculo. Lo que hay que hacer es desmontar su proyecto político, sus decisiones, sus políticas, sus intereses, sus alianzas y, sobre todo, mostrar quiénes son los que pagan el costo de cada cosa que propone este infeliz”.

El proyecto regenerador que lideran fanáticos y sectas religiosas y agentes del Opus Dei, impulsados por el jefe del Estado tiene en la policía moral y en el viva Cristo Rey a la más fuerte estrategia ideológica y política para perseguir a la gente de la misma derecha y por supuesto a los liberales de izquierda y progresistas que le apuestan a una educación no confesional que  mantenga el reconocimiento de los derechos de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y  a los miembros de la población LGTBOQ+ que están en la mira del proyecto regenerador que impulsa el actual gobierno.

De esos ejercicios de prospectiva, así como los análisis de coyuntura noticiosa y política deberían salir libros, cartillas, manifiestos y productos audiovisuales ampliamente divulgados y trabajados en sectores de clase media y populares, en particular aquellos que por diversas razones perdieron la confianza en la izquierda y el PH. Insisto: noto a la oposición fracturada, individualizada, desorganizada, atomizada y lo que es peor veo los enfrentamientos entre militantes del PH como una expresión clara de que no saben qué hacer con su rol de oposición. Al parecer no se recuperan del mazazo electoral que les dieron ese fatídico 21 de junio. Con o sin las granjas de bots, la realidad es que la ultraderecha montó en la Casa de Nariño a un ateo converso dispuesto a lavar sus pecados, cometiendo las barbaridades que su Dios le está ordenando para “sacar a Colombia de su época más oscura”.

La soberbia y la falta de autocrítica están consumiendo a quienes tienen el deber moral y político de mantener la legitimidad y vigencia de las ideas progresistas. Lo sucedido con los cinco congresistas del PH que acompañaron la inmoral apuesta del presidente de la Comisión de Absoluciones de la Cámara de Representantes para garantizarle impunidad al expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez es una mácula que difícilmente se borrará.

De seguir así, el PH y el progresismo dejarán de ser una real opción de poder. Para vencer nuevamente a la derecha se necesita de un proyecto renovado que, en lugar de hablar de una idea maximalista del cambio y la paz, se acerque a la cotidianidad de millones de colombianos que sobreviven en medio de precariedades y de un Estado capturado por mafias atadas al sector privado. Es tiempo de ir exponiendo nuevos liderazgos, en particular femeninos. La gobernadora del Chocó es una mujer inteligente y estructurada que bien podría asumirse como una futura candidata presidencial. Se necesita de un equipo de trabajo que le ayude a consolidarse como tal. El tiempo pasa rápido.  

COLOMBIA EN ESCENAS

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