GRAVAR LA COMIDA Y ESTALLIDO SOCIAL

Por Germán Ayala Osorio

 

Las disímiles formas de violencia, simbólica y física que acompañan los tormentosos procesos civilizatorios de Colombia, aunque suelen ser rechazadas por defensores de la vida y los derechos humanos, algunos las asumen como salidas legítimas para resolver diferencias políticas y rechazar medidas gubernamentales. Justamente, varios tuiteros ya proponen que para rechazar el contenido del proyecto de ley de ajuste económico (realmente es una reforma tributaria) que el gobierno presentará al Congreso se vuelva a vivir un estallido social como el de 2021.

Para “justificar” su llamado recuerdan que el estallido social lo generó la reforma tributaria de Carrasquilla, el fierabrás e irresponsable ministro de Hacienda del inefable e infantil Iván Duque Márquez. Por supuesto que hay diferencias coyunturales que harían casi imposible que el país vuelva a vivir y sufrir semejantes escenas de odio étnico, aporofobia gubernamental y social, todo en el marco de una declarada lucha de clases.

La invitación a que el “pueblo se levante” en esas mismas condiciones para rechazar las regresivas medidas económicas de gravar con IVA las frutas, verduras y el café, entre otros productos y servicios es a todas luces temeraria, pero sobre todo irresponsable. Quienes aspiran a que se vuelva a presentar ese violento y caótico escenario parecen olvidar el saldo trágico que dejó el estallido social de 2021: las “Rutas del Conflicto registró 80 víctimas mortales durante el estadillo social, en su mayoría jóvenes estudiantes y trabajadores entre los 17 y los 26 años. Brutalidad policial, enfrentamientos y confusos hechos se evidenciaron en una base de datos construida por Rutas del Conflicto, en la que buscamos contar quiénes eran las víctimas y las circunstancias alrededor de su muerte”. Sin contar las jóvenes violentadas sexualmente por policías del Esmad.

Invitar a movilizaciones, plantones y marchas resulta legítimo para expresar el descontento social que crece a diario en contra del gobierno y la figura de Abelardo Gabriel de la Espriella Otero. Esperar y proponer que de estas se derive un nuevo estallido social deja ver un desprecio por la vida de los jóvenes sobre los que recaería la responsabilidad de las movilizaciones y la violencia oficial que este gobierno está dispuesto a ejercer con ferocidad y enmarcar la protesta social en lo que Duque en su momento calificó como “terrorismo urbano”.

Las organizaciones sociales de izquierda y progresistas, las centrales obreras y los agentes más visibles del petrismo no pueden recoger las ideas de unos cuantos tuiteros que asumen el estallido social de 2021 como fórmula e instrumento para echar para atrás las pretensiones de Abelardo de afectar negativamente la vida de las grandes mayorías de colombianos que cada mes hacen ingentes esfuerzos para asegurar los tres golpes (las tres comidas).

Que Abelardo y su equipo económico están jugando con candela no se puede negar, pero invocar y proponer un nuevo estallido social no puede ser el único camino posible que queda para responder al desafío cultural, social, económico y político de un presidente empeñado en seguir al pie de la letra las recetas del FMI y favorecer a los banqueros que financiaron su campaña.

Las aplastantes mayorías que tiene Abelardo en el Congreso, sin tener un partido político consolidado, hacen pensar que su proyecto de ley de ajuste fiscal pueda pasar tal cual como lo presentará. Pero cuidado que se vienen las elecciones regionales en 2027, escenario electoral que podrá ser aprovechado por las huestes petristas, la izquierda y el progresismo para tomar revancha de un gobierno que en menos de tres meses ya dejó ver una incontrastable ineptitud y sumisión a los siempre mezquinos intereses de los mega ricos del país y a la voluntad de Donald Trump. También se advierte que Abelardo les mintió a sus votantes durante la campaña. Les dijo, entre otros asuntos y promesas que no gravaría productos de la canasta familiar. Sin duda alguna, los engañó, les mintió, se burló de ellos.

Así las cosas, el reto para la izquierda, los progresistas e incluso para las mesnadas de la derecha que entienden los riesgos que corren electoralmente de seguir aprobando todo lo que propone y hace Abelardo está en oponerse con firmeza a la desacertada política de ajuste fiscal que está empeñado en sacar el inquilino de la Casa de Nariño. Si al país le va mal con Abelardo, el regreso al poder de la izquierda y el progresismo se podría dar, así no haya estallido social.

SABER-PENSAR Y EL PATRULLERITO DE LA NOCHE

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En estos tiempos en los que la razón instrumental y la bestialización de la humanidad confluyen en el ejercicio del poder político, el saber-pensar para explicar los orígenes, intereses y efectos de los hechos que dan cuenta de ese proceso de deshumanización se convierte en el último esfuerzo para tratar de detener lo que viene sucediendo en el mundo.

Sobre esos hechos, atados a una selecta misantropía, señalo el genocidio en Gaza a manos del ejército sionista de Israel como su más terrible ejemplo, así como las consecuencias del arrasamiento de la Amazonia brasilera y colombiana y la negación del cambio climático; también, la complacencia de ese fantasma llamado “comunidad internacional” con orates como Netanyahu y Trump, y los seguidores de este último que mandan- no gobiernan- en varios países de América Latina; y no puedo dejar por fuera a lo que algunos llaman el “neoliberalismo religioso” del que hacen parte evangélicos, católicos y cristianos que se oponen al aborto, pero aplauden el genocidio contra el pueblo palestino. Una  contradicción fruto de un no saber-pensar, que para el caso, supone el triunfo de la ignorancia. 

A lo anterior se suman las redes sociales convertidas en el refugio de millones de adolescentes que huyen de sus entornos familiares en los que las pocas preguntas que sobre la vida se hacen sus padres, los ahuyentan y lanzan a esos entornos digitales en los que no hay “rollos”, solo diversión. Esas mismas redes sociales resultaron determinantes en las recientes elecciones de Brasil y Colombia. En las de aquí, el estratega del ganador de la contienda electoral reconoció que “las elecciones se ganan entendiendo emociones y sentimientos”. El desprecio por el saber-pensar fue evidente. Ahora manda el algoritmo, votan los ignorantes y los bots. 

Las protestas en varios países europeos, en la propia tierra del Tío Sam y las recientes movilizaciones en Chile y Colombia contra los gobiernos de Kats y De la Espriella dan cuenta de una problemática global que mucho tiene que ver con el saber-pensar que, curiosamente se debilita como propósito de universidades privadas que se la jugaron decididamente por el modelo virtual y a la falta de rigor académico que lo acompaña y que se fortalece con el uso de la IA en la construcción de ensayos y en otros ejercicios reflexivos propios de la academia.

En la Crítica de la razón cínica, Peter Sloterdijk señala que “la antigua socialdemocracia había anunciado el lema «saber es poder» como una receta prácticamente racional. Y en ello no se lo pensó mucho. Se consideraba que había que aprender algo adecuado para, posteriormente, tenerlo más fácil. Una confianza pequeñoburguesa en la escuela era la que había dictado la frase. Esta confianza está hoy día en descomposición. Solamente entre nuestros jóvenes y cínicos estudiantes de medicina hay una línea nítida que lleva de la carrera al standard de vida. Casi todos los restantes viven con el riesgo de aprender para el vacío. Quien no busque el poder, tampoco querrá su saber, su equipamiento sapiencial, y quien rechaza a ambos ya no es, en secreto, ciudadano de esta civilización. Son numerosos los que ya no están dispuestos a creer que habría que «aprender algo» primeramente para, después, tenerlo un poco más fácil”.

Aunque no es exclusivo de esta época, hay quienes aspiran hoy a gobernar y tener poder con los menores elementos conceptuales y un mínimo conocimiento alrededor de la condición humana porque les facilita las cosas y la vida misma a la hora de ordenar o mandar. Y no hablo exclusivamente de aspirantes a convertirse en presidentes de la República, también tienen ese misma aspiración y perfil empresarios, dirigentes gremiales, CEO, gerentes, influenciadores y rectores. Eso los hace proclives a despreciar la vida de los intelectuales, escritores, artistas, poetas y librepensadores, en especial cuando estos defienden ideas y conquistas liberales, derechos humanos y los de la Naturaleza. El pensamiento crítico lo asumen como un problema indeseable. 

Para el caso colombiano, es visible la negación del saber-pensar en quienes votaron por el proyecto de profundización neoliberal y “contrarrevolución cultural” que encarna el presidente, sus ministros y los cientos de miles de aúlicos que le aplauden sus “patrullajes” y sus “bienvenidas” a la patria milagro que hace a bandiditos de poca monta a los que confronta e intimida a corta distancia.

De la Espriella no ha exhibido en sus ya casi tres meses de gobierno una sola reflexión profunda en torno a la vida, al modelo de desarrollo, o al cambio climático. En sus alocuciones no hay cabida para ese tipo de disquisiciones porque, a pesar de ser un profesional, el saber-pensar no lo motiva a despertar en los jóvenes e incluso en los viejos que lo siguen, el interés por leer y reflexionar. Y mucho menos le interesa dignificar la institución presidencial, dejando como huella preguntas y disquisiciones sobre el futuro de la humanidad.

Mientras avanza el deterioro del planeta y los procesos civilizatorios alrededor del mundo colapsan por la fuerza de la razón instrumental de los negocios, incluido el de la guerra y el narcotráfico, en Colombia se fortalece la idea que a menor conocimiento más preparado se está para mandar y dirigir. El patrullerito-presidente seguirá jugando con su radio y pistola al cinto porque su vida está inexorablemente atada al saber-hacer o mejor, al saber-obedecer o saber-seguir el guion que le trazaron sus financiadores internos y Trump-Rubio, la dupla ignara, fatua, fierabrás, indocta e inculta que está detrás del Escudo de las Américas. 

 

LA TARDÍA REACCIÓN DE IVÁN CEPEDA

Por Germán Ayala Osorio

 

En medio de un debate de control político contra el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, el senador y excandidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro lanzó serios cuestionamientos contra el presidente de la República, Abelardo Gabriel de la Espriella Otero.

Esto trinó Cepeda, a manera de conclusión, horas después del debate: “Existe un nexo probado entre Abelardo de la Espriella y narcotraficantes ligados al despojo de tierras, la gran minería y al narcorrentismo. Esos vínculos quedaron probados en el debate de manera documental y testimonial, y no fueron controvertidos ni por el ministro de agricultura ni por los congresistas de las bancadas de gobierno. De la Espriella es socio de narcotraficantes”.

Las graves afirmaciones del congresista ponen a prueba a varios sectores de poder político, social y mediático que votaron en blanco en las pasadas elecciones o que decididamente lo hicieron por De la Espriella como una forma de castigar lo que consideraron como el mal gobierno de Petro. El desmonte de las decisiones y medidas administrativas adelantadas por el gobierno progresista en favor de una reforma agraria y del campesinado unen hoy a la derecha y a la ultraderecha en Colombia. Lo que viene haciendo el ministro Dangond hace parte del recetario neoliberal y del proyecto político que precisos agentes del Establecimiento defienden: concentrar la tierra en pocas manos, imponer el modelo de la gran plantación, la economía de enclave y los monocultivos de caña de azúcar y palma africana, entre otros; acabar, física y simbólicamente con el campesinado, afectar la seguridad alimentaria para imponer los intereses y las lógicas de quienes proponen importar alimentos. Y finalmente, someter selvas y otros ecosistemas estratégicos a procesos de transformación para favorecer intereses inmobiliarios y explotación de riquezas, incluidas las “tierras raras” que el actual gobierno se comprometió entregarle a los Estados Unidos.

Entre esas huestes de poder que podrán usar o no lo dicho por Cepeda están los agentes académicos que recientemente criticaron y se opusieron a los actos de censura ordenados por el presidente y su ministra de Cultura contra el Museo Nacional, en el marco de lo que ellos mismos llaman “contrarrevolución cultural” que no es otra cosa que borrar de la memoria colectiva nacional las luchas feministas y a quienes se levantaron en armas, pero que se la jugaron posteriormente por la paz como Carlos Pizarro; y a otros como Bernardo Jaramillo que jamás apoyaron la lucha armada y  que invitaron al país a darse la mano por la paz. ¿Recogerán lo dicho por Cepeda para consolidar el bloque centrista en el que dicen estar ubicados? Lo más probable es que no.

De igual manera, lo expresado por Cepeda confrontará la solidez y la coherencia ético-política de los miembros del Centro Democrático, partido gobiernista en cuyo interior hay políticos que critican el talante autocrático de Abelardo, pero que no parecen interesados en acoger como ciertos los hechos denunciados y mucho menos usarlos para confrontar la legitimidad del actual gobierno. Hablo en particular de los congresistas Carlos Meisel y Rafael Nieto Loaiza. El primero, desestimó la gravedad de los señalamientos diciendo que lo “tenían preparado desde hace dos meses”. En lo que toca a Loaiza, en reciente columna de opinión criticó el talante de Abelardo: “El patrón no se define por un único exabrupto, sino por la acumulación de conductas. Lo que viene ocurriendo ha dejado de ser una serie de incidentes aislados y refleja un talante autocrático”.

El Centro Democrático, incluido su referente, creador y líder espiritual, Álvaro Uribe Vélez, no usará los hechos denunciados por Cepeda porque el congresista de izquierda en el pasado confrontó política y judicialmente al expresidente antioqueño y a su hermano Santiago por hechos muy parecidos a los que expuso contra De la Espriella. Cepeda dijo que los hermanos Uribe Vélez “fueron amigos, socios comerciales y colaboradores de clanes como los Ochoa, los Gallón Henao, los Villegas Uribe y los Cifuentes Villa”. De igual manera, Cepeda y otros agentes políticos los conectan con intereses de las estructuras paramilitares en el despojo de tierras. El mismo Uribe se apropió del baldío El Laguito 2, predio que años atrás devolvió por presiones de agentes políticos de izquierda.

Lo dicho por Cepeda constituye también una prueba de fuego para la prensa hegemónica -ayer uribista, hoy abelardista-, que aplaude a rabiar y reproduce las escenas grabadas por el equipo de producción cinematográfica de Presidencia en las que De la Espriella cumple el rol protagónico del Sheriff que saluda y da la bienvenida a la “patria milagro” a bandidos de poca monta. El periodismo en Colombia poco o nada hará con lo expuesto por Cepeda por una razón estructural: la “bancarización de la prensa” es una realidad inobjetable en el país, así como la práctica de la autocensura que asumieron las grandes empresas mediáticas. 

Y por supuesto, los hechos que presentó Cepeda servirán hacia adelante como termómetro para definir al interior de la izquierda y el progresismo candidaturas para el 2030. Igualmente, podrían servir para atraer a las huestes del petrismo a aquellas figuras políticas y mediáticas que criticaron la “tibieza” del entonces candidato presidencial por no recoger información que hace parte de los imaginarios colectivos que de tiempo atrás circulan en el país en torno a las relaciones de Abelardo Gabriel de la Espriella Otero con mafiosos, más allá de su rol como abogado litigante. Sus relaciones con Alex Saab han sido usadas por periodistas y políticos para erosionar la legitimidad del hoy mandatario.

Uno de los grandes y feroces críticos de Cepeda por no haber señalado de “mafioso” a De la Espriella es el creador de la serie Matarife, Daniel Mendoza Leal, quien le dijo: “durante la campaña tampoco hizo nada por decirle a ese tipo lo que era. […] Usted no fue capaz de decirle narcotraficante al narcotraficante, paramilitar al paramilitar y ladrón al ladrón, claramente. […] Ahora tenemos a un fascista que le ha colaborado al genocidio y que nos va a vender nuestras riquezas.”

Ya veremos qué efectos políticos y sociales generan los señalamientos de Iván Cepeda Castro. Enviar esas “pruebas” a los Estados Unidos como lo anunció el congresista no servirá de nada mientras Trump esté en la Casa Blanca. Además, históricamente los demócratas y republicanos terminan pareciéndose cuando se trata de imponerle a Colombia sus políticas e intereses. Lo  cierto es que Cepeda reacciona tarde: De la Espriella ya está montado y no hay nada qué hacer. Si lo que hoy denuncia lo hubiera usado en la campaña quizás no habría impedido la llegada de Abelardo a la Casa de Nariño, pero sí habría evitado la ruptura al interior del PH. 

Al interior del país, está claro que los agentes de poder económico que instalaron a De la Espriella en el solio de Bolívar desestimarán las denuncias del congresista pues primero están sus intereses corporativos, que cualquier consideración ética o moral. La concentración de la tierra y la explotación minera, la ganadería extensiva y los intereses inmobiliarios están por encima de consideraciones ecológicas, ambientales, morales y éticas.

El imaginario que dice que Colombia es la “democracia más antigua y sólida de América Latina” está inexorablemente atado a la historia del ethos mafioso (corrupción público-privada y la injerencia directa de los narcotraficantes en la economía y la política) que la sociedad en su conjunto validó y naturalizó.  El proceso 8.000 es la prueba más clara e irrefutable de que los cimientos éticos y morales del conjunto del Establecimiento colombiano devienen inexorablemente atados a los intereses de narcotraficantes y paramilitares. Samper fue absuelto a pesar de que se probó la entrada de dineros del Cartel de Cali a su campaña presidencial.

DONOVAN BALANTA Y EL SILENCIO PRESIDENCIAL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

A Donovan Balanta lo habrían asesinado por ser negro. Los policías responsables, directos e indirectos, incluido un oficial en grado de Mayor, de la muerte del joven de 34 años fueron enviados a la cárcel por un juez de control de garantías. Recluidos en centro penitenciario esperarán el juicio por los delitos que les imputó la Fiscalía de homicidio y tortura agravadas y falsedad ideológica.

Balanta fue golpeado y sometido a descargas eléctricas con taser accionados por los policiales. Al final del martirio, una provocada arritmia cardíaca acabó con su vida. Durante el suplicio, de acuerdo con versiones periodísticas, uno de los policías le habría gritado que “estaba acostumbrado a matar negros”.

El caso de Donovan Balanta me hizo recordar la historia real que hay detrás de la película “Milagros inesperados”. Después de haber sido condenado por un crimen que no cometió, la justicia gringa concluyó que George Stinney era inocente. Las historias de Balanta y Stinney (era un niño cuando fue ejecutado) comparten prácticas racistas que siguen vivas tanto en los Estados Unidos como en Colombia. El jurado que condenó a Stinney estuvo compuesto por personas blancas. A Balanta lo asesinaron policías mestizos que quizás desconocen que ellos llevan en su sangre genes negros e indígenas.

El factor racial tendría sustento y validez jurídica por lo espetado por uno de los servidores públicos y por el evidente desprecio hacia la vida de la víctima que exhibieron los uniformados. Los videos de cámaras de seguridad confirman el ultraje y la subvaloración de la vida de Balanta, quien por varios minutos estuvo tirado en el piso de la estación de Policía a la que fue llevado en calidad de detenido.

El abogado Alí Bantú Ashanti en su cuenta de X señaló lo siguiente: “Juez impone medida de aseguramiento a cuatro policías por el presunto homicidio de Donovan Balanta. @ABDELAESPRIELLA no los salvará de la justicia y la prisión. No levanten las armas contra el pueblo y el indefenso. Nuestra voz firme contra el odio racial y la violencia policial. La respuesta contra el racismo debe ser siempre el amor al prójimo. Podrán recibir miles de cursos pagos con nuestros impuestos, pero si no se aman a ustedes mismos, saldrán a matar llenos de prejuicios, y no lo permitiremos”.

Al incluir en el trino al presidente de la República, el penalista asume que habría una tácita intención del Ejecutivo de lanzar algún tipo de salvamento que permita sacar a los policiales del lío judicial en el que se metieron por haber violado los derechos de Balanta, hasta producirle la muerte. O quizás la referencia se produce por el silencio guardado por De la Espriella frente al aberrante crimen.

Quizás el silencio del comandante supremo de las fuerzas armadas frente al crimen motivó al abogado a escribir ese mensaje. Hasta hoy 27 de octubre de 2026 De la Espriella no se pronunció sobre el homicidio de Balanta. Los pueblos afros y cientos de miles de ciudadanos esperan un contundente rechazo de quien, de acuerdo con la Constitución, funge como comandante supremo o jefe directo de los policiales que participaron de la tortura y la golpiza con el desenlace ya conocido.

El silencio del presidente hace parte del proceso comunicativo en el que está inmerso como ser humano y por supuesto en la comunicación de carácter político en la que están inscritas sus responsabilidades políticas y simbólicas como jefe de Estado. De ahí que, el no expresarse sobre los hechos conlleva a múltiples lecturas que cuestionarían su rol como jefe de Estado y garante del respeto de los derechos humanos de los servidores públicos que están bajo su mando. “Un silencio más extenso o más breve de lo habitual al terminar o antes de iniciar el discurso puede ser incluso más elocuente que la palabra misma. Lo dicho, sin decirlo, abre un campo de interpretación capaz de envolver a la palabra con un aura que puede evocar amenaza, incomodidad, expectación, ironía, temor, compasión, empatía, desconfianza, complicidad, venganza, entre otros”.

Es posible leer su mutismo como parte de un ejercicio de prudencia atada a la evolución del proceso jurídico e incluso a la llegada al momento del juicio. Pero también puede leerse ese significativo sigilo presidencial como un apoyo tácito al actuar de los policiales dada la cercanía y la admiración expresada por De la Espriella hacia las fuerzas armadas. El país ya parece haberse acostumbrado a ver al presidente de la República “patrullando”, con arma al cinto, radio y saludo militar incluido, acompañado de policías en operativos en los que se capturan toda suerte de bandidos. Se trata de actos simbólicos con los que el jefe del Estado deja ver su propensión a defender sin ambages las institucionalidades derivadas de la operación de militares y policías. Su condición civil se desvanece cuando aparece en los episodios grabados cumpliendo funciones de juez, sheriff y comandante militar.

Hay una expresión de Abelardo que puede ser usada para interpretar el silencio que hasta el momento exhibe alrededor del crimen de Balanta. Esto dijo a Noticias Caracol en mayo del año en curso, en condición de candidato presidencial: “…vas a ver lo duro que muerde el tigre. Y no como de indio, no como de negro, no como de blanco, no como de nada. El que salga a hacer desmanes y atacarme a la gente y a la fuerza pública, le voy a caer con mano de hierro”.

El homicidio de Balanta por racismo tendrá que probarse en el juicio. Mientras tanto, las interpretaciones alrededor del silencio presidencial seguirán haciendo parte de ejercicios de análisis del discurso y la comunicación política. Entre más se extienda el silencio presidencial, más precisos y duros podrán ser las conclusiones académicas, simbólicas y políticas que se deriven.  

UNA BARRIDA PENDIENTE

 

Por Germán Ayala Osorio

“Mañana será el triunfo, mañana barremos a la basura socialista de América Latina”. Esto dijo la exsenadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal Molina horas antes de la jornada electoral en Brasil. Después de la derrota de Flavio Bolsonaro, lo dicho por Cabal Molina durante una manifestación en las playas de Rio de Janeiro a la que asistió vestida con una camiseta de la selección brasileña, puede parecer para muchos anecdótico e incluso apenas útil para hacer memes. En redes le pusieron el mote de “Refisal” por haberle llevado la sal o la mala suerte a su amigo Flavio Bolsonaro.

Todos sabemos que el triunfo inobjetable de Lula da Silva no fue fruto de la buena suerte y mucho menos obedeció a las influencias terrenales de Nuestra Señora de la Concepción Aparecida (Virgen Negra). Entre otros factores, Lula resultó reelecto porque los católicos reaccionaron ante las poderosas iglesias evangélicas que en Colombia y Brasil son actores políticos que movilizan emociones y una estigmatizante religiosidad; además, los errores cometidos por Bolsonaro en el último debate, la estrategia digital de la campaña de Lula, la burda injerencia de Trump en los asuntos internos de Brasil y el terror que generó la derecha bolsonarista, le aseguraron el cuarto mandato a ese hijo del pueblo trabajador llamado Luiz Inacio Lula da Silva.

Volvamos a la expresión de la señora Cabal. En lo espetado hay odio, violencia verbal y simbólica muy propia de la derecha colombiana que asume al contradictor político e ideológico como “enemigo de la Patria” o “basura” que debe ser tirada en escombreras o en botaderos a cielo abierto como el de Doña Juana en Bogotá. En eso, Cabal y Abelardo se parecen. En el pasado, Cabal Molina dijo que ser izquierda debería ser considerado ilegal. Se confirma así su inquina, odio, animadversión y deseo de que la izquierda, con todo y militantes, desaparezca por lo menos de su atormentada vida política. 

En la “extrema incoherencia” en la que funda sus ideas, Cabal se presenta como “republicana”: “Ser republicano es poner a Colombia primero. Defender la vida, la familia, la propiedad privada y la libertad. Creer en la ley, el mérito y los límites al poder. Colombia nos pertenece a todos”, dice en su cuenta de X.

Si la frase que expresó en las playas de Río la exponemos a la luz de su particular idea republicana, entonces se deriva una conclusión lógica: se valora la vida de todos, menos las de los diferentes, de la Otredad, de esa que exige derechos y la presencia de un Estado capaz de cumplir con el mandato constitucional propio de un Estado Social de Derecho; sí, a la vida de todos, menos las de de aquellos que ella misma llama despectivamente “mamertos”, la de los socialistas, la de los rojos, la de la izquierda, la de los progresistas; todos metidos en la misma bolsa o “chuspa” porque no hay tiempo para disquisiciones alrededor de las diferencias entre esas categorías. La derecha no pierde tiempo en discusiones conceptuales en las que progresistas, socialistas e izquierdistas suelen trenzarse en medio de la bohemia y cervezas que los hace diletantes e irresolutos. La derecha republicana que representa María Fernanda Cabal Molina es pragmática, es decir, es más del hacer que del pensar, por eso su alusión a “barrer la basura socialista…” es fruto de esa manera de ver la vida. Es mejor ejecutar que pensar. 

Barrer la basura socialista es un acto de habla propio de ese pragmatismo en el que ella milita, alejado eso sí de los efectos sociales, identitarios y políticos de su acción verbal. A Cabal poco o nada le importan los efectos y el rechazo que generen sus expresiones. Lo de ella es provocar, herir y decidir qué o quién sirve, qué  o quién se puede botar o eliminar.  Llamar “basura” a quienes defienden unas ideas deviene violenta y se acerca al carácter igualmente violento que acompañan las decisiones de proscribir del lenguaje institucional del ICBF a las niñas y adolescentes y la negar al campesino como sujeto de derechos, ahora llamados “productores rurales”.

Pero no es la primera vez que Cabal Molina descalifica la identidad, las luchas y la vida de quienes ella considera “enemigos”, contradictores o basura socialista. En el pasado descalificó la lucha feminista y a quienes defienden los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres: “Como las locas esas feminazis que son inmundas que salen en bola a quemar iglesias”; “todo lo que toca la izquierda en causas justas lo degenera. Entonces, el feminismo, un poco de viejas locas horrorosas”.

Hay allí un juicio estético, político y moral (religioso) propio de quien defiende la hegemonía de la iglesia católica y por esa vía el pudor de los desnudos callejeros que no alcanzan a ruborizar a los curas pederastas que violan niñas y niños y mucho menos a quienes los defienden en silencio. Cabal desestima el poder que acompaña a la insolencia de los desnudos de mujeres que confrontan el sistema patriarcal porque ella es incapaz de reflexionar y criticar esas instituciones responsables de años de dominación y sometimiento de las mujeres (niñas y adolescentes) a los designios masculinos. Cabal Molina es tan machista como Abelardo o su nuevo ministro del Interior, Alejandro Ordóñez Maldonado. 

Lo más seguro es que Cabal Molina sea candidata presidencial en el 2030. Llegará a esas instancias con la magra experiencia pública de haber sido únicamente congresista. Jamás administró una caseta de peaje, una alcaldía, un ministerio o una gobernación. Lo hará, eso sí, con su carácter intolerante y su pragmatismo que la hace proclive a desestimar el enfoque sistémico necesario para evaluar los efectos de las decisiones tomadas a la ligera y fruto de “calenturas verbales”. Qué bueno sería que Cabal Molina se tomara el tiempo de leer a Charles Pierce, a semiólogos y lingüistas. Quizás, después de leerlos reconsidere las formas como se representa a la Otredad y revise que los resultados buscados son tan importantes como los procedimientos para lograrlos. Y, por último, señora Cabal: nadie merece ser considerado basura o desechable; toda vida es sagrada, incluso, la de sus enemigos. 

REELECTO LULA DA SILVA

Por Germán Ayala Osorio

 

Luiz Inacio Lula da Silva ganó, logró su reelección. Ganó Brasil, pero también Latinoamérica y la humanidad. Este octogenario, con apenas nueve dedos, de la mano de millones de brasileños, derrotó a Trump, a la ultraderecha internacional; a los Cerimedo locales, a las viejas glorias del jogo bonito que se alinearon con la derecha local; al sionismo, a Israel y a la poderosa familia Bolsonaro. Al interior del país, y en materia religiosa, los católicos vencieron a las poderosas iglesias evangélicas que actúan como verdaderos partidos políticos. Estos traficantes de la fe se metieron de lleno en la política electoral. Los casos de Brasil y Colombia resultan emblemáticos. Es también una derrota para lo que llaman ya el "neoliberalismo religioso". 

Luiz Inacio Lula derrotó a la godarria brasileña, esa misma que dice defender la “familia tradicional”. En un ejercicio de doble rasero moral, persiguen y señalan a los miembros de la población LGTBIQ+ e insisten en mantener la vigencia de un sistema patriarcal que solo tiene para las mujeres el rol de reproductoras de hijos e hijas, esto es, mano de obra barata para un sistema mundo capitalista que necesita de nuevas víctimas para explotar.  Lo peor de todo es que defienden a los curas pederastas y a la godarria homosexual enclosetada y perfumada de sus élites. Admiran a Trump, un consumado pederasta que en sus años de juventud se divirtió de lo lindo violando niñas en la isla de su amigo Epstein.

El triunfo de Lula da Silva es un bálsamo, un respiro y una esperanza para el hemisferio, controlado y sometido casi en su totalidad por la dupla Trump-Rubio con todo y su Escudo de las Américas y las sempiternas políticas de expoliación y empobrecimiento de los pueblos de esa parte de las Américas que estos dos llaman el “patio trasero”. Lula se los volvió a decir: “No seremos el patio trasero de nadie”.

En esta parte del mundo, sobreviven Uruguay, México y ahora Brasil como gobiernos progresistas. Colombia giró a la ultraderecha y en menos de tres meses ya está sintiendo lo que significa ser el “patrio trasero” de los Estados Unidos: Abelardo se comprometió a entregar las tierras raras a los gringos y a mantener la falaz lucha contra las drogas, mientras logran los “americanos” cultivar en sus pisos térmicos la mata de coca. En estos momentos están afinando el control institucional de la producción de cocaína para satisfacer a los cocainómanos y garantizar las ganancias al sistema financiero mundial y en particular a Wall Street.  

Ganó Lula, aunque al cierre de esta columna Flavio Bolsonaro no reconoció aún la derrota que por más de cuatro millones de votos le propinó Lula da Silva, pero si pidió anular los resultados por la decisión de la autoridad electoral del Brasil de extender por dos horas la jornada, a solicitud de ambas campañas.

El mundo y la aviesa condición humana no cambiarán por la continuidad del gobierno progresista en el gran Brasil, pero se siente un fresquito y se abre una luz de esperanza frente a la consolidación de la funesta, mafiosa, neoliberal, enferma y criminal derecha trumpista en este hemisferio. Esta parte del mundo dormirá mejor esta noche. Ya veremos mañana.

ADEMÁS DE FACHOS...

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El triunfo electoral y político de la ultraderecha que encarna Abelardo, el actor-presidente, abre el camino para que se consoliden o se repotencien en el país, como prácticas cotidianas difíciles de superar, el altruicidio y la adiaforización. El real riesgo es que el país las reclame como propias para hacerlas parte del conjunto de taras civilizatorias con las que ya nos ganamos el vergonzante lugar de una sociedad premoderna, poco democrática, retrograda y violenta.

El primer concepto, propuesto por Mbembe (2016) se entiende como una actitud proclive a ver al otro como un peligro inminente, del que debo cuidarme. Es una negación del otro en tanto que lo descifro como un riesgo. Si lo examinamos a la luz de nuestra realidad jurídico-política y el ya naturalizado doble rasero moral, es fácil conectarlo con la doctrina del enemigo interno que el entonces presidente Uribe supo extender su aplicación hacia defensores del medio ambiente, de los derechos humanos, periodistas, intelectuales y otros agentes críticos de la seguridad democrática, vistos todos como “amigos de los terroristas o terroristas vestidos de civil”. Ahora, en la “era del tigre”, esos mismos actores sociales y políticos son vistos como “enemigos de la Patria” porque se presumen seguidores de Petro o defienden las banderas progresistas y de izquierda.

El segundo concepto se define como algo sin importancia y más recientemente como la capacidad de no reaccionar como si algo le ocurriera no a personas, sino a cosas físicas, objetos. En palabras de Bauman, este último concepto da cuenta de la “pérdida de la sensibilidad moral en la sociedad, donde se trata de tomar los “…actos o inacciones como moralmente neutros y evitar que las opciones entre ellos se sometan a juicio ético, lo que significa eludir el oprobio moral”. Somos, entonces, una sociedad altruicida y adiafórica.

Se respira en el país un ambiente enrarecido motivado en gran medida por la infantilización[1] de la función pública, del sentido del Estado y de la democracia de parte de un presidente que camina entre cadáveres, lanza vivas a Cristo Rey que recuerdan un pasado violento, anda con un arma al cinto, saluda como militar y juega con un radio con el que autoriza desde demoliciones de edificios, hasta bombardeos contra estructuras narcoterroristas del ELN. Mientras juega a gobernar, la prensa hegemónica y corporativa todos los días le aplaude, al tiempo que aporta, con el siempre moralizante lenguaje periodístico, a que vayamos naturalizando el altruicidio y la adiaforización como las nuevas-viejas prácticas de una sociedad clasista, racista, aporofóbica, homofóbica, transfóbica, gazmoña, morronga, puritana, creyente y fanática que pondera el regreso de Alejandro Ordóñez Maldonado, el político y fanático religioso que llega al gobierno para ejercer como el líder espiritual de la anunciada “batalla y la contrarrevolución culturales”. Su adoctrinante liderazgo no se limitará por supuesto a las relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo. No, claro que no. Esta especie de Torquemada criollo será la cara visible del régimen ultraconservador con el que soñaron católicos y evangélicos, entre otras sectas religiosas que odian a los miembros de la población LGTBIQ´+ y se oponen, con Biblia y camándula en mano, a los derechos reproductivos de las mujeres, al aborto y a la eutanasia.

Lo que está en juego en Colombia no es menor ahora que la ultraderecha llegó para quedarse: la ya débil democracia colombiana va poco a poco perdiendo sentido de realidad, eficacia jurídica y legitimidad social y política por cuenta de la intolerancia cultural que desde el Estado se alienta y promociona. Los responsables de ese retroceso son, en su orden, las empresas mediáticas que, convertidas en actores políticos, erosionaron hasta más no poder la legitimidad del gobierno anterior a través de un ejercicio periodístico ideologizado; también son responsables los que votaron por Abelardo- por odio a Petro- a sabiendas de que sucedería lo que ya ocurre apenas dos meses después de su posesión. Igualmente deberán asumir responsabilidades el expresidente Petro y las figuritas que usaron las redes sociales para hacer alarde de su cercanía con el mandatario, al tiempo que exhibían sus atributos físicos en una práctica de auto sexualización que facilitó la tarea de los periodistas que las redujeron a meros objetos sexuales. Y por supuesto, los corruptos que horadaron un proyecto político que se equivocó al vender una idea maximalista e irrealizable de cambio, por lo menos en lo que toca a las costumbres políticas.

Insisto: asistimos a una peligrosa y preocupante coyuntura política en la que además de distinguirnos por ser “fachos” y proclives a querer eliminar al diferente, vamos a sumar dos características más: adiafóricos y altruicidas. Será un verdadero milagro si al llegar el 2030 queda algo de patria, democracia y derechos.

---

[1] Sobre el perfil del presidente-therian y su actitud infantil atada a su incontrastable narcisismo hay quienes se atreven a decir que obedecen a un trastorno de personalidad. Recién, en El Unicornio, Jaime David Pinilla señaló en su columna que se trata de “…un trastorno de la personalidad claramente tipificado en el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, más conocido como DSM-V: el narcisismo, según el cual, este se define como «un patrón dominante de grandeza (en la fantasía o en el comportamiento), necesidad de admiración y falta de empatía». Véase: https://elunicornio.com.co/la-presidencia-como-terapia-para-el-narcisista/

 

HABLEMOS DE CINE

Por Germán Ayala Osorio

 

La estética del poder que exhibe todos los días el inquilino de la Casa de Nariño deviene atada a un inverso teatro de lo absurdo en el que él, como figura pública y máxima autoridad administrativa de la Nación, representa el mal ejercicio de la política y de lo político, así la prensa hegemónica insista en registrar sus apariciones circenses y el juego de roles en el que está inmerso bajo una narrativa que lo hace ver como un presidente que gestiona, ejecuta y gobierna. Por supuesto que se trata de una falsa narrativa muy propia de un periodismo oficialista y de unos periodistas que fungen realmente como estafetas, mandaderos e incluso como nefastos activistas políticos. Baste con escuchar a varios de estos en Mañanas Blu y Noticias Caracol para entender que ellos también están actuando. Por tratarse de un derecho fundamental, las actuaciones de aquellos periodistas se consideran altamente perjudiciales para la democracia. Eso sí, nutren la falsa conciencia de una opinión pública manipulada por la teatralización de la política y del oficio periodístico.  

Baste con ver la “pinta” del actor-presidente para entender que estamos ante una estética patriarcal de nuevo cuño en la que irrumpe, radio en mano y pistola al cinto, el clásico macho proveedor y violento que está obligado a exhibir su virilidad ante un público femenino y masculino que lo reclama. Se trata, por supuesto, de un juego de un hombre adulto que está disfrutando de la suerte de ser el presidente de Colombia. En el paro armado decretado por bandidos en Santa Marta, entró a cuadro pistola al cinto y el radio dispuesto a “patrullar” las calles de la sitiada ciudad. Días después, en Cali, le dio la “bienvenida” a la Patria Milagro a un vendedor minorista de droga. Lo mismo hizo en un hangar momentos antes de ser extraditado hacia los Estados Unidos un criminal conocido como alias Araña. Solo le faltó a Abelardo decirle la ya popular y cinematográfica frase “hasta la vista, baby”.

Lo negativo del asunto es que esa dignidad presidencial la ha infantilizado y ridiculizado de tal manera que los millones de colombianos que no lo votaron asumen de manera contraria ese cargo idealmente pensado para personas inteligentes, formadas y comprometidas con las responsabilidades constitucionales asignadas. Al ver las constantes escenas, finamente preparadas en los laboratorios del marketing político, es claro que reducen la presidencia a un papel que cualquiera puede interpretar porque para eso hay asesores, estrategas y las empresas mediáticas dispuestas a matizar, maquillar y ocultar errores en la interpretación e incluso los vacíos del guion neoliberal, antiderechos, conservador-regenerador y altamente disruptivo desde lo ecológico y ambiental que está siguiendo al pie de la letra. Abelardo no está gobernando, está actuando. Lo que sucede es que las escenas en las que participa son las cortinas que no dejan ver lo que realmente está pasando en los territorios. 

Junto al alcalde de Cali, Alejandro Eder, se burla de las víctimas del terremoto al volver un espectáculo la decisión de demoler edificios afectados por el terremoto del 10 de agosto. Con los anuncios de las demoliciones, Eder y Abelardo venden la idea de que están brindándole a los damnificados prontas soluciones de vivienda después de más de dos meses de ocurrido el evento sísmico. Las propiedades de la SAE prometidas para ser entregadas a las víctimas hacen parte de los pendientes que como Estado local y nacional arrastran estos dos actores de reparto... de ilusiones. La crudeza de las realidades de ciudades como Pereira, Dosquebradas y Cali, entre otras, confrontan esa realidad novelada, editada y con música incidental que proyectan estos dos actores-mandatarios.

A lo anterior hay sumar la estética que proyecta el patrioterismo que con evidentes rasgos de revanchismo ideológico promocionan a diario los integrantes del gobierno y congresistas de la bancada oficialista. La “batalla y la contrarrevolución culturales” hacen parte del mismo guion de esa película que empezó a grabarse el 7 de agosto de 2026. Se trata de un azaroso largometraje pensado, en una primera etapa, para cuatro años, pero que puede extenderse por un periodo similar.

Con la entrada en escena de Alejandro Ordóñez Maldonado, empieza un capítulo que hace pensar a los críticos audiovisuales e incluso a los cineastas que siguen de cerca a esta película que se graba y se edita en vivo, que habrá un giro de la comedia hacia ejemplarizantes escenas de terror muy al estilo de la película Psicosis. El exprocurador y hasta hace poco embajador de Colombia ante la OEA hará las veces de Tomás de Torquemada. Hay suspenso y grandes expectativas entre los públicos para ver lo que podría ser la mejor actuación de Ordóñez, experimentado actor de reparto de puestos, de acuerdo con el Consejo de Estado que en el pasado anuló su reelección como Procurador justamente por incurrir en prácticas clientelistas. Su regreso a la gran pantalla es visto por las mesnadas abelardistas como un milagro en la medida en que se asume que “Monseñor” Ordóñez resucitó de entre los muertos (quemados o políticos desahuciados). Los estudiosos de la fe consideran que ese tipo de milagros son la antesala del esperado regreso de Cristo Rey. 

Hay que estar atentos porque en cualquier momento se escucha la claqueta para dar inicio a otra escena de esta película que atrapa y asusta. Sin duda alguna, una costosa producción cinematográfica en recursos públicos, de la biodiversidad e incluso de vidas pérdidas. 

¿HACIA DÓNDE LLEVA ABELARDO A COLOMBIA?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Las manifestaciones y protestas sociales en varios países europeos, el genocidio en Gaza perpetrado por Netanyahu, con el apoyo del pederasta presidente de los Estados Unidos; la persecución étnico-lingüística desplegada por ICE en la tierra del Tío Sam contra los inmigrantes latinos, la consolidación de gobiernos de derecha (neoliberales) en América Latina dispuestos a someter a importantes ecosistemas naturales dan cuenta de una coyuntura particularmente compleja que compromete la sostenibilidad sistémica del capitalismo, el sentido mismo de la globalización económica y cultural,  la democracia liberal y reedita los enfrentamientos éticos y morales entre la derecha y la izquierda. Una consecuencia de esas disputas está expresada en la irrupción de líderes populistas-autoritarios de derecha dispuestos a traspasar los límites de las guerras y los conflictos de baja intensidad como el colombiano, así como a debilitar las libertades, proscribir derechos y conquistas liberales.

Así las cosas, América Latina, a la espera de los resultados de la segunda vuelta presidencial en Brasil, es un hervidero ideológico y el teatro de todo tipo de operaciones de sometimiento de las soberanías estatales y populares a los intereses siempre mezquinos de los Estados Unidos. El caso colombiano no es ajeno a esos procesos de escaldamiento de ideas, identidades colectivas e individuales asociadas a la izquierda y el progresismo. El regreso del proyecto conservador-regenerador en lo social y cultural y neoliberal en lo económico, en cabeza del actual gobierno, con el apoyo moral de agentes narcoparamilitares orgánicos, banqueros, empresarios, gremios económicos, iglesias, medios de comunicación y todos los expresidentes de la República menos Gustavo Petro, está diseñado para proscribir derechos y libertades de las mujeres y grupos minoritarios asumidos como incómodos e incluso como inmorales (impíos).

La temprana radicalización político-religiosa del gobierno de Abelardo Gabriel de la Espriella Otero es el síntoma inequívoco de que el país ya inició el regreso a los tiempos de la constitución de 1886, marco legal y cultural desde el que la derecha y la ultraderecha someterán libertades, proscribirán derechos y perseguirán a quienes traten de impedir la consolidación del proyecto conservador-regenerador que orienta el presidente de la República.

La llegada al ministerio del Interior del fanático religioso, quemador de libros y ferviente defensor del sistema patriarcal Alejandro Ordóñez Maldonado es la expresión clara de hacia dónde quiere llevar el país Abelardo Gabriel de la Espriella Otero. La “batalla cultural” y la “contrarrevolución cultural” tienen como objetivos proscribir libertades y derechos a las mujeres y a la población LGTBIQ+ usando toda la fuerza coercitiva del Estado para lograrlos. El retiro de más de 30 piezas del Museo Nacional que daban cuenta de la historia cultural del país y la desaparición simbólica e identitaria del campesino como sujeto histórico y de las niñas y adolescentes de la institucionalidad del ICBF dan cuenta de la dimensión de lo que el país ya enfrenta en menos de tres meses de un gobierno autoritario cuya fuente de legitimidad viene de las actuaciones  y los llamados que hacen pastores y clérigos a sus feligreses para que aplaudan al presidente que todos los días lanza vivas a Cristo Rey.  

El país estará abocado a reeditar disímiles formas de violencia como el genocidio de la UP, las ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos), el desplazamiento forzoso por razones de orden público y por supuesto, por las de origen ecológico y ambiental generadas por el extractivismo, la ganadería extensiva y el cambio climático. La persecución contra agentes de izquierda y progresistas, señalados por De la Espriella como “enemigos de la Patria” hace recordar las Caravanas de la Muerte del régimen de Pinochet Ugarte en Chile e incluso a las prácticas de terrorismo de Estado implementadas en Colombia durante los gobiernos de Turbay Ayala, Uribe Vélez e Iván Duque.

Eso sí, hay sectores societales que parecen no advertir la aparición de esos escenarios porque están convencidos de que al estar Dios de por medio, hay límites morales y éticos que el gobierno colombiano no podrá traspasar. Craso error: la historia de la humanidad da cuenta de que en nombre de Dios se cometieron, se siguen cometiendo y se seguirán cometiendo y justificando masacres, genocidios, maltratos y persecuciones grupales e individuales. Ya veremos qué pasa en esta Colombia que votó con odio en junio de 2026 y puso en la Casa de Nariño a un converso, a un tipo que en su adolescencia asesinó gatos y en su adultez se regodeó de semejante “hazaña”; a un abogado que dice que la ética nada tiene que ver con el derecho; a un falso Mesías al que le urge sentirse reconocido y aplaudido para alimentar su megalomanía y matizar sus vacíos emocionales.

SALE LARA, ENTRA ORDÓÑEZ

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo fue echado por Abelardo desde su cuenta oficial de X. Aunque para muchos se trató de una salida intempestiva, la verdad es que hacía rato el funcionario “venía en capilla”. Los viejos trinos de corte liberal y críticos contra Trump, Netanyahu e incluso, contra quien lo reemplazará, el "Monseñor" Alejandro Ordóñez Maldonado, tenía incómodo a su jefe inmediato y a su círculo de aúlicos más cercano.

Esos trinos fueron recuperados por miembros de las mesnadas abelardistas. Solo tocaba esperar el momento para sacarlo. Y este llegó con el error de trámite en la ley de presupuesto que obligó al gobierno a decretarlo. Cuando le preguntaron por semejante pifia, solo atinó a decir que “no pasó nada”. Una frase que dice mucho de su perfil y carácter.

Algunos miembros de la oposición, en particular del Pacto Histórico, celebraron como propia la caída de Lara. “Lo tumbamos”, dijeron en X. Si se mira en perspectiva de lo que se viene con la llegada de Ordóñez Maldonado a la cartera de la política, esa victoria que reclaman se hace minúscula por todo lo que se vendrá en contra de las mujeres, la población LGTBIQ+ y los otros sectores societales que apoyan la eutanasia y el aborto, entre otras conquistas de corte liberal.

Dicen que Lara se va para buscar la Alcaldía de Bogotá. Lo que si deja claro Lara Restrepo es su incoherencia ideológica, su débil carácter y su propensión a agachar la cabeza ante los poderosos. Ya se ganó un lugar en el Establecimiento y funge como uno de sus hijos más (des) preciados.

Como si tratara de un partido de fútbol, Abelardo saca del juego político a Lara y mete a Alejandro Ordóñez Maldonado. Es decir, retira de la nómina a un regular jugador e ingresa a uno que algunos comentaristas califican como perverso o malo, y otros exaltan su fanatismo religioso, su decisión de quemar libros como lo hizo en el pasado y su proclividad a perseguir impíos como si aún estuviéramos en los tiempos de la Santa Inquisición. Eso sí, Ordóñez cuenta con la admiración de las huestes godas, laureanistas y antiderechos que rodean al gobierno. La agenda que ‘Torquemada’ Ordóñez liderará en el Congreso es clara: penalizar el aborto, proscribir la eutanasia, reversar derechos sexuales y reproductivos y atacar desde el legislativo la vida de la población LGTBIQ+.

De esa manera, Abelardo Gabriel de manera temprana se radicaliza en su intención de convertirse en el líder religioso de un burdo y peligroso régimen teocrático. Está por consolidarse en Colombia un nuevo tipo de democracia, la de los púlpitos, de las casas de la Roca desde donde se Mira cómo el fanatismo religioso y la invocación a Cristo Rey ganan terreno en una sociedad creyente, pero moralmente confundida.

Regresar al país a los tiempos de la Constitución de 1886 es el objetivo estratégico del gobierno y más ahora con el ingreso de Ordóñez Maldonado, un político y fanático religioso en el que el presidente confía plenamente en que sacará adelante la agenda antiderechos que acordó con cristianos, pentecostales, católicos y otros sectores homofóbicos, transfóbicos, enemigos del feminismo y de las libertades ciudadanas. 

En menos de tres meses de estar pernoctando en la Casa de Nariño, Abelardo Gabriel de la Espriella Otero ya logró despertar al “centro político” bogotano, en particular a la élite académica que en cinco manifiestos expresó sus críticas y reservas frente a decisiones arbitrarias. La más reciente, la orden de retirar del Museo Nacional más de 30 piezas de la historia cultural del país. Ya veremos qué dicen cuando ‘Torquemada’ Ordóñez saque adelante la agenda antiderechos que millones de colombianos y otros cientos de miles de bots apoyaron y votaron en la pasada elección presidencial. Desde esta tribuna les digo: disfruten lo votado, especialmente los que lo hicieron en blanco y no escucharon las advertencias de lo que se venía para el país. Desde la casa de gobierno les dicen bienvenidos a la Patria Milagro y que viva Cristo Rey.

Adenda 1. El descriteriado Rodrigo Lara, muchas horas después de haber sido sacado del cargo, presentó su carta de renuncia. Un acto protocolario y administrativo que deja ver su lealtad y pusilanimidad. 

Adenda 2. la reelección  de Ordóñez Maldonado como Procurador General de la Nación fue anulada en 2016 por el Consejo de Estado. Cayó en prácticas de nepotismo y clientelista. 

LEY DE SOMETIMIENTO: MÁS DE LO MISMO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Los errores cometidos por el gobierno Petro, operacionales y de enfoque, al concebir la Paz Total desde una perspectiva maximalista, le facilitaron al entonces candidato presidencial Abelardo de la Espriella la tarea de vender la negación de diálogos de paz con los terroristas como un valor moral de inaplazable acogida por quienes se cansaron de hablar de paz con los grupos al margen de la ley.

Una vez instalado Abelardo en la Casa de Nariño, millones de colombianos pensaron que se vendría una confrontación armada peor a la que el país vivió durante los aciagos ocho años de la administración de Álvaro Uribe Vélez y por supuesto el sometimiento voluntario u obligado de los máximos cabecillas de las estructuras armadas por fuera de la ley.

Es temprano para evaluar los resultados de las operaciones hasta ahora emprendidas, aunque ya se habla del regreso de la terrible práctica de las ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos) y una actitud violenta de varios agentes de la policía contra ciudadanos evidenciada en videos subidos a las redes sociales. El asesinato de Ricardo Andrés Martínez Rodríguez, el joven campesino de 18 años ejecutado por la Policía en el dichoso operativo en contra de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) sería el primer crimen de Estado del actual gobierno; así como el asesinato del joven afro Donovan Balanta a manos de cuatro policiales y el regreso del ESMAD para confrontar las movilizaciones podrían advertir un negativo cambio actitudinal-institucional en las relaciones de la Policía Nacional con la gente.

Mientras que en territorios como el Catatumbo y el Cauca los grupos armados ilegales hacen de las suyas, el Congreso se aboca a discutir el proyecto de ley 433 de 2026 Cámara - 296 de 2026 Senado “por medio de la cual se modifica, adiciona y prorroga la ley 418 de 1997, sus prórrogas y se establece la política estatal para garantizar el orden público, lograr una intervención territorial integral”.

Al leer el referido documento y escuchar las voces críticas de analistas como Ariel Ávila es posible señalar que durante el gobierno del presidente therian, de la mano de las bancadas oficialistas del Congreso, el país verá procesos de sometimiento de las agrupaciones terroristas una vez esa ley se apruebe. Eso sí, a juzgar por el contenido de ese proyecto esos procesos terminarán pareciéndose a los términos de la negociación que adelantó Uribe con los paramilitares en Santafé de Ralito y acogidos en Justicia y Paz: nula reparación a las víctimas, reducidas penas e impunidad. Se trataría, eso sí, de diálogos en la sombra, sin mesa, sin veeduría internacional y con nulo cubrimiento periodístico que garantizarían la construcción de una “paz pasajera” con visos claros de ser mendaz en su concepción y finalización.

El senador Ariel Ávila, opositor del gobierno, señala que tal y como está concebido el proyecto de ley de sometimiento, terminará beneficiando a los testaferros, lavadores de los dineros, empresarios y políticos, llamados en ese marco legal como “colaboradores”. Como dice Ávila, los “terceros civiles de buena fe”. En el Acuerdo Final de La Habana, antes del plebiscito por la Paz, los “terceros civiles” que de manera directa, indirecta, voluntaria o no, colaboraron con las entonces Farc-Ep y otros actores armados como los Paras, comparecerían ante la JEP. Esa parte fue eliminada como parte de la renegociación a la que se vio abocada a hacer el presidente Santos con los agentes del No, que reclamaron la victoria del plebiscito.

En el borrador del proyecto de ley, artículo 8B, se lee: “Este artículo faculta al Presidente de la República para definir el lugar en el que se materializará la judicialización de los integrantes de los Actores Armados Ilegales o terroristas que se sometan a la Constitución y a la ley, sujeto a cuatro condiciones que operan como límites materiales de esa facultad. La primera exige una precisa delimitación geográfica del lugar, de modo que la facultad presidencial no habilite una indeterminación territorial incompatible con el principio de legalidad. La segunda mantiene vigente, dentro de ese lugar, el Estado social de Derecho, las operaciones de la Fuerza Pública y el ejercicio de las funciones de las autoridades civiles y judiciales, de manera que la definición del lugar no representa, en ningún caso, un vacío de autoridad ni una forma de despeje territorial… el artículo dispone que tampoco se suspenderá la extradición de quienes se sometan”.

Hay tantos intereses económicos y políticos, nacionales e internacionales, en las dinámicas del conflicto armado interno colombiano, que cualquier proceso de sometimiento a la justicia e incluso las mesas de diálogo que en adelante se puedan disponer, estará siempre sometido a las condiciones que imponen quienes agencian esos intereses políticos y económicos. En cualquier caso y por directa injerencia de los Estados Unidos, la producción de cocaína no puede detenerse por una razón económica fundamental: El sistema financiero internacional y el colombiano necesitan mover las enormes ganancias que deja el narcotráfico. En términos políticos, los procesos de sometimiento a la justicia y los mismos procesos de negociación política tradicionales (mesas de diálogo con acompañamiento de la ONU) no pueden exponer las identidades de los poderosos agentes económicos que se benefician del narcotráfico y mucho menos exponer los inmorales intereses de la DEA y el FBI, instituciones que sobreviven gracias al negocio de las drogas y su aparente persecución internacional.

Por supuesto que la ley de sometimiento que discutirá y aprobará el Congreso está diseñada a la medida de las estructuras paramilitares; a las llamadas “guerrillas” se les seguirá combatiendo, pero sobre todo asociando con el progresismo y la izquierda para alimentar la animadversión y validar la sentencia de Abelardo: “el petrismo, los petristas, esto es, los progresistas y la izquierda democrática son enemigos de la Patria”. El Estatuto Antiterrorista es el instrumento para "combatir" a esos sectores societales. 

Al final, y hasta en el 2030 y más allá, seguiremos viendo por televisión ataques terroristas, enfrentamientos militares, desplazamientos de campesinos, dudosas bajas en combate; persecuciones ideológicas y el sufrimiento de cientos de miles de ciudadanos en los territorios rurales. De la Espriella y sus áulicos jamás entenderán que solo la paz perpetua minimiza los lancinantes dolores de la guerra. Seguiremos viendo morir combatientes legales e ilegales y civiles hasta que los gringos logren cultivar la mata de coca en sus pisos térmicos.

¿QUÉ PASÓ CON LA CATEGORÍA POSCONFLICTO?

Por Germán Ayala Osorio

 

Han pasado por lo menos 26 años desde que el país académico y político empezó a reconocer y usar con fines dialécticos la categoría Posconflicto. Son innumerables las publicaciones y disertaciones alrededor de dicha nomenclatura sobre la que parece haber consenso de su problemático carácter y el sentido polisémico que la acompaña. Huelga recordar el texto La construcción del posconflicto en Colombia, enfoques desde la pluralidad, publicado por la Fundación Friedrich Ebert Stiftung (Fescol en Colombia), una de las primeras reflexiones que circularon en la academia en el 2003.

Su aparición y las discusiones generadas parecen haberse diluido en el tiempo. Ya poco se habla de Posconflicto como escenario de futuro en un país en el que las múltiples violencias aportan a la consolidación de una narrativa fatalista y estigmatizante en la que la búsqueda de la Paz se asume hoy, con el gobierno de Abelardo de la Espriella, como un yerro político e incluso como una forma en la que se concretan y visibilizan simpatías ideológicas y programáticas con los grupos armados ilegales que aún le disputan al Estado extensos territorios, su legitimidad y soberanía. Hablo en particular del ELN y de las disidencias farianas.

Para explicar el olvido, la negación o la desaparición de la categoría Posconflicto lanzo la siguiente hipótesis: Si bien el proceso de negociación política de La Habana entre el Estado y las entonces Farc-Ep y el triunfo del No en el Plebiscito por la Paz de 2016 avivaron el desarrollo y la discusión conceptual y la viabilidad política y sociocultural del Posconflicto como escenario posible, anteriores dinámicas políticas, sociales y económicas resultaron simbólica y políticamente determinantes en la construcción de un imaginario negativo en torno a esa idea de Posconflicto que oscila entre la negociación política con miras a superar el conflicto social y armado del país y por supuesto, la posibilidad de que haya vencidos y vencedores, circunstancia que aún no sucedió. De esas dinámicas políticas, sociales y económicas destaco en el mismo orden la naturalización de la idea de que era posible acabar militarmente con las guerrillas. Bajo esa ilusión Uribe Vélez y sus áulicos justificaron la reelección presidencial inmediata y la búsqueda de su tercer periodo, anhelo en el que se atravesó la Corte Constitucional con ponencia del magistrado Humberto Sierra Porto; el evidente cansancio de sectores societales que vieron que la arremetida armada estatal durante los ocho años de Uribe contra las guerrillas, en particular contra las Farc-Ep no arrojó los resultados esperados, fueron aportando a la proscripción de la señalada categoría y a la naturalización de la idea de que solo sirve dar bala y más bala; de la mano de ese hartazgo social vino el giro político del gobierno Santos quien decidió jugársela por la paz, más convencido de poder ganar el Nobel de Paz que finalmente le otorgaron, que de verdad apostarle a la construcción de las condiciones que le permitieran al país transitar hacia escenarios de Posconflicto. Una vez las Farc-Ep abandonaron los territorios en los que fungían como autoridad bajo condiciones de legitimidad forzada, Santos cometió el gran error de no copar esos territorios.

En cuanto a las dinámicas económicas estas están ancoradas a dos circunstancias: la primera, la conversión de las estructuras armadas ilegales en mafias de camuflado a pesar de mantener las ínfulas revolucionarias y el afianzamiento del modelo neoliberal y la privatización del Estado. Esta última condición haría prácticamente imposible pensar y diseñar escenarios de Posconflicto en los que fuera posible “construir una paz extensiva al tejido social, estable y duradera donde los conflictos encuentren cauces de resolución política por fuera del retorno a las armas”; a lo que habría que sumar reformas conducentes a la justicia social y a la desaparición de la violencia estructural que estuvo en la génesis del conflicto armado”.

La lenta y progresiva proscripción del vocablo Posconflicto vino de la mano del afianzamiento del relato uribista, atado a la aplicación de la Seguridad Democrática, en el que se destacan elementos como la doctrina de seguridad nacional y la extensión de la concepción del enemigo interno a defensores de los derechos humanos, pacifistas y comunidades que seguían insistiendo en una salida negociada a las hostilidades, acompañada de la necesidad de pensar en escenarios de superación de las circunstancias, subjetivas y objetivas, que legitimaron el levantamiento armado en los años 60.

Con la llegada de Abelardo Gabriel de la Espriella Otero a la Casa de Nariño, la posibilidad de retomar la nomenclatura Posconflicto y el proceso institucional y social es prácticamente nula por una razón: la Paz y los pacifistas son vistos por el actual gobierno como “enemigos de la patria”. Así las cosas, la “muerte” de la categoría Posconflicto es consecuencia también de la consolidación del relato político y periodístico fruto del triunfo del No en el plebiscito por la paz que indica que quienes en el pasado votaron Sí al acuerdo de paz de La Habana son “malos ciudadanos” y los que negaron la legitimidad del tratado de paz son los “buenos” que hoy defienden con la fe del carbonero la Patria Milagro. 

Existen tantos actores interesados en perpetuar las dinámicas del conflicto armado en Colombia, que hablar de paz y de posconflicto se convierte en un riesgo para quienes insistan en hacerlo. Los fabricantes de armas y pertrechos, los latifundistas y las mineras se benefician del desplazamiento forzado que provocan los enfrentamientos armados; los traficantes de droga y el sistema financiero internacional son socios "involuntarios" de los grupos armados ilegales. Estados Unidos e Israel, proveedores de armas están de plácemes con el gobierno de Abelardo. La guerra es un gran negocio del que viven los anteriores agentes, así como la DEA, el FBI y otras agencias gringas, instrumentos políticos para someter a los gobernantes colombianos. 

ESTÁN JUGANDO CON CANDELA

Por Germán Ayala Osorio

Cada cuatro años el Establecimiento juega con el destino de millones de colombianos que sufren las consecuencias de la incontrastable mezquindad, ruindad e incapacidad-desinterés de su más poderosos agentes de liderar procesos que lleven a consolidar por fin y después de 200 años, una verdadera República. La historia demuestra que le tienen pavor a pensar cómo sería una Colombia moderna, civilizada, educada y formada, plural, diversa, con un desarrollo económico sostenible, con espíritu sistémico y claros beneficios para las grandes mayorías.

El 7 de agosto del año en curso sus más perniciosos agentes de poder instalaron en el solio de Bolívar a un abogado que considera que la ética nada tiene que ver con el derecho; la desafortunada y ejemplarizante frase coincide de muchas maneras con el histórico actuar de una élite parásita que convirtió el subdesarrollo en el camino predilecto para sostener las sempiternas prácticas de despojo, corrupción público-privada y expoliación. Ser o estar en condición de subdesarrollo se asume como un estado natural-cultural que no se puede cambiar. Una suerte de determinismo que impide probar, por ejemplo, una revolución cultural que haga posible superar y proscribir el ethos mafioso que desde arriba naturalizaron y que los de abajo normalizaron. La “revolución ética” que propuso el entonces candidato presidencial Iván Cepeda les debió generar una inmensa hilaridad pues reconocen que las prácticas derivadas del ethos mafioso hacen parte del ADN de la clase política y empresarial tradicionales.

Esa sentencia del abogado-presidente opera como la bisagra moral, cultural y ético-política de la anunciada “batalla cultural” que hoy asombra a prestigiosas universidades privadas de la capital del país, en las que curiosamente, hijos de la élite se educan para extender en el tiempo privilegios de clase y la captura mafiosa del Estado. Bienvenidos son los llamados de atención que reconocidos académicos y personalidades hicieron recién en el Quinto Manifiesto del Centro Político. En el primer párrafo dejan ver sus preocupaciones por el sinuoso camino que Abelardo y sus patrocinadores están llevando al país: “En este quinto manifiesto queremos recordar que los principios fundamentales de la política exterior están consagrados en la Constitución de 1991: soberanía nacional, integridad territorial, autodeterminación de los pueblos, respeto al derecho internacional, solución pacífica de las controversias, protección del medio ambiente e integración de América Latina y el Caribe. Preservarlos es esencial para defender los intereses nacionales y orientar decisiones que inciden en la democracia, la seguridad, el desarrollo y el bienestar de los colombianos”.

Insisto: se aplaude la reacción de ese grupo de personas que bien pueden agruparse en la expresión “élite académica”, pero no es suficiente. También se pondera la reacción institucional de las universidades Javeriana y Externado frente a la censura presidencial que en contra de la historia cultural que salvaguardaba el Museo Nacional.  Resulta plausible y sintomática alrededor de lo que puede estar pasando al interior de ese no homogéneo mundo del llamado Establecimiento colombiano. Lo que es evidente es que varios de sus miembros, especialmente banqueros, terratenientes y empresarios, aplauden en privado la ruta por la que Abelardo Gabriel de la Espriella Otero está llevando al país. Un itinerario que deviene provocador por el descontento social que algunos expertos advierten que generará, que puede incluso parecerse o superar al estallido social de 2021 que surgió de la actitud mezquina y torpe del entonces inquilino de la Casa de Nariño, el inefable y fierabrás Iván Duque Márquez. Hay que recordar que la molestia popular se venía consolidando desde 2019. El mal manejo de la pandemia de Duque terminó de potenciar el rechazo colectivo.

Es claro que Abelardo Gabriel está jugando con candela. Está probando los propios límites éticos y morales de los agentes del Establecimiento que lo instalaron en la Casa de Nariño, sedes de Barranquilla y Bogotá y por supuesto, la resistencia de las clases sociales, bajas y medias, que van sintiendo ya los “mordiscos de un tigre deslinderado y depredador”. Lo que están haciendo las bancadas gobiernistas del Congreso y el propio Abelardo ponen también a prueba la fortaleza, coordinación, capacidad, liderazgo y la coherencia de las fuerzas y sectores progresistas de la sociedad.

Las condiciones de 2019, 2020 y 2021 no son las mismas. Las pasadas elecciones presidenciales demostraron que para recuperar el poder en el 2030- si es que hay elecciones- se necesitará de nuevos liderazgos en la izquierda y el progresismo. Los “Cerimedo” locales son una realidad, de ahí que las redes sociales siguen siendo un escenario importante para exponer los yerros del gobierno de Abelardo. El despertar de los “tibios” debe abrir la posibilidad para que sus más visibles figuras se reúnan con las del progresismo con el propósito de articular intereses de cara a enfrentar a quienes quieren regresar al país a los aciagos tiempos de la constitución de 1886 y en particular al régimen fascista de Turbay Ayala.

DE LA BATALLA CULTURAL A LA GUERRA VERBAL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Después de que se cumpliera la orden presidencial de retirar del Museo Nacional por lo menos 30 piezas que daban cuenta de episodios de la historia cultural del país, la facultad de Artes de la universidad de los Andes, ciudadanos del común, historiadores, artistas y políticos del Pacto Histórico rechazaron la medida. Frente a las instalaciones del señalado recinto de conservación cultural hubo manifestaciones pacíficas e incluso profesores de la señalada alma mater dieron clases al aire libre sobre el significado político y simbólico de la arbitraria decisión.

Por tratarse de un ejercicio de violencia simbólica de origen oficial, cientos de ciudadanos respondieron con cánticos, arengas o consignas que recogen imaginarios colectivos que tocan de manera directa al pasado del abogado Abelardo De la Espriella y al de Paola Holguín. A ese tipo de violencia oficial o estatal se responde con un tipo de violencia verbal de origen popular.

En las manifestaciones se escucharon estribillos como “Abelardo, mafioso, el pueblo está furioso” y “Holguín, traqueta, el arte se respeta”. Es decir, a la violencia simbólica del gobierno se responde con violencia verbal fundada en los imaginarios colectivos que en torno al hoy presidente de la República y su ministra de Cultura se vienen consolidando de tiempo atrás. Esos imaginarios colectivos surgieron en gran medida gracias al registro noticioso de hechos públicos que hacen parte de una “verdad social” derivada de un ejercicio del periodismo que bien podemos llamar de contrapoder. Y por supuesto, fruto de interpretaciones de miembros de grupos sociales que se oponen al poder hegemónico.

No es necesario ahondar en las situaciones individuales sobre las cuales dichos imaginarios colectivos se anclaron a las formas en las que millones de colombianos se representan al presidente De la Espriella y a su ministra de Cultura.

Se trata de insultos que se acercan a las condiciones propias de la violencia simbólica en la medida en que no se busca atacar exclusivamente a las personas, sino al poder político que representan y del que provino la orden de retirar, por ejemplo, afiches de Bernardo Jaramillo, candidato presidencial de la UP asesinado por las sempiternas “fuerzas oscuras”, de Carlos Pizarro Leóngomez, el facsímil de la Séptima Papeleta y fotografías alusivas a las luchas feministas y de la población LGTBIQ+.

Al hacer parte de protestas y movilizaciones sociales, esos actos de habla, basados en imaginarios, no necesitan estar atados a una verdad jurídica que los desmienta porque devienen con tal fuerza deconstructiva que no hay quién pueda impedir su circulación y reproducción. Para el caso de la ministra de Cultura, ella misma ha desmentido los señalamientos que circulan contra su padre, que indican que fue “testaferro” del asesino serial y terrorista Pablo Emilio Escobar Gaviria. La verdad jurídica señala que el padre de Holguín jamás fue condenado por ser narcotraficante o testaferro. Lo destacable aquí es que la ministra Holguín es consciente de la existencia de esa negativa representación. El caso del expresidente Uribe es similar. En las movilizaciones populares acaecidas durante sus ocho años de gobierno, se escuchó la arenga “Uribe, paraco, el pueblo está berraco”. La fuerza perlocutiva de ese estribillo obligó al expresidente a referirse a la negativa representación social que sobre él pesa.

“Antes me decían mucho ‘Uribe paraco’. Ahora he ido a muchas universidades, he tenido un buen diálogo y ha sido más amable. Claro, me duele, porque aquí confundieron una política severa de seguridad con el paramilitarismo, entonces uno dice este país necesita seguridad ‘ay, paraco’, fortaleza, hay que meterles un bombazo a esos bandidos, ‘ah, paraco’. Entonces, yo desmonté el paramilitarismo y extradité; ni eso ha servido”.

Así como Holguín y Uribe Vélez son víctimas de la fuerza perlocutiva de esos actos de habla con los que son descalificados política y moralmente, Abelardo Gabriel de la Espriella Otero también es consciente de la existencia de ese imaginario que lo señala como “mafioso”, derivado de haber sido “defensor de mafiosos”. Esto dijo Abelardo en una entrevista a un creador de contenido: “Fíjate lo que decían. Que yo defendía a mafiosos. Cuando tú hablas de mafiosos, es una persona que se dedica al narcotráfico. Yo nunca he defendido a narcotraficantes, eso es una leyenda urbana”.

Lo cierto es que la contrarrevolución cultural en la que están empeñados en ejecutar De la Espriella y Holguín está soportada en una violencia simbólica que en algún momento podrá superar la violencia física que ya ejerció el ESMAD contra los manifestantes. La censura oficial de los símbolos y hechos históricos que dan cuenta de los tropiezos que arrastra la sociedad colombiana en sus atormentados procesos civilizatorios despertó rabia e indignación en los marchantes. Esos sentimientos hacen parte sustantiva de las arengas con las que se deslegitiman al presidente de la República y a su ministra de Cultura. Bienvenidos a la Patria Milagro o Miseria. Para el caso, son lo mismo.