Por Germán Ayala Osorio
Abelardo Gabriel de la Espriella Otero, como jefe de
Estado, desde el 7 de agosto viene mandando mensajes que contradicen e incluso
desconocen los mandatos prescritos en la carta política de 1991. Hoy, casi dos meses después, con sus acciones se confirma que a su gobierno no le interesa ser garante del cumplimiento de lo consignado en el texto constitucional.
Con el retiro de la alianza internacional por los
derechos LGBTIQ+ el presidente de la República y jefe de Estado anima a los
sectores homofóbicos y transfóbicos de la sociedad para que den continuidad a
la estigmatización, persecución, señalamiento y eliminación física y simbólica
de los miembros de esa población que reclama el derecho a vivir en condiciones
de igualdad, seguridad y respeto.
Colombia se caracteriza por ser una sociedad gazmoña,
puritana, goda, conservadora, camandulera, hipócrita, ladina, violenta,
racista, clasista, arribista y aporofóbica, entre otras taras civilizatorias
que la “batalla cultural” dejará aún más expuestas, con un agravante: quedarán
legitimadas por la narrativa moralizante que desde el alto gobierno se está
imponiendo con la colaboración irrestricta y acrítica de la prensa hegemónica y
de las comunidades religiosas que están de plácemes porque por primera vez
tienen a un pastor en la presidencia de la República (a veces puede actuar como
rabino, cura de pueblo o agitador espiritual).
La decisión de retirar a Colombia del señalado
Comité Ejecutivo por la Igualdad de Derechos la justificó el alto gobierno
señalando que dicha “participación en el mecanismo no era prioritaria”.
Si no es prioridad cuidar y asegurar el cumplimiento de varios artículos del
capítulo I de la constitución y en la praxis reconocer la vida y los derechos de esa
población, entonces qué pueden esperar del Estado los militantes y defensores
de ese colectivo.
Antes de esa decisión, De la Espriella ya había puesto
en entredicho la naturaleza laica del Estado y consecuentemente desconocido el
artículo 19 que señala que “se garantiza la libertad de cultos. Toda
persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma
individual o colectiva”. Como ateo converso, De la Espriella Otero
viene actuando más como pastor y líder espiritual de su “manada” que como símbolo
de la unidad de la Nación y figura respetuosa de las diferencias. Se suma a lo anterior
los gritos “firme por la Patria” y “que viva Cristo Rey”,
expresiones que permiten asumir su ejercicio del poder político como una peligrosa
cruzada ideológica de carácter religiosa y militar y por lo tanto con visos
fascistas.
Con su plan Patriota 2.0 y el haberle puesto punto final a los procesos de diálogo con grupos al margen de la ley niega el derecho a la paz (artículo 22) lo que aboca al país a sufrir una guerra total con las consecuencias ya conocidas: desplazamiento forzado, crecimiento de los cinturones de miseria en las grandes capitales que acogerán a los desplazados; concentración de la tierra en pocas manos y el sometimiento de valiosos y estratégicos ecosistemas naturales a las dinámicas agro extractivas (minería, ganadería extensiva, monocultivos de palma africana, caña de azúcar y coca; y la minería a cielo abierto), bajo economías de enclave que lo único que garantizan es el sempiterno subdesarrollo para el país. Así las cosas, la guerra total, el desarrollo extractivista, la batalla cultural (ideológica) y el desconocimiento estatal de la población LGTBIQ+ son las prioridades inmorales del pastor-presidente.
Al Estado como estructura de dominación moderna se
le exige la protección de los derechos consagrados en la constitución política;
igualmente se espera que sea una fuente legítima del poder y de formas de
violencia física y simbólica con miras a que dentro del territorio en el que
funge como autoridad nacional establezca y garantice las condiciones para que
la sociedad y sus asociados (dominados) caminen hacia estadios civilizatorios
que alejen al colectivo de caer en la barbarie. De la Espriella Otero es abogado
y en su discurso de campaña siempre se mostró como una persona respetuosa de la
institucionalidad y de las leyes. Es claro que engañó a los casi trece millones de odiadores profesionales e ignorantes que lo votaron.
El Estado colombiano arrastra una histórica y
estructural debilidad y precariedad fruto de gobiernos que, guiados por la
doctrina neoliberal, le apuestan a la privatización de funciones sustantivas o a
la captura de su institucionalidad de parte de grupos de poder económico y
político (clanes) que lo deslegitiman como orden establecido, consolidando una imagen
negativa y el deterioro de las garantías constitucionales que está obligado a
mantener.
Abelardo Gabriel de la Espriella Otero actúa como un neoliberal más por la fuerza de los compromisos y la presión de los banqueros que lo pusieron en el solio de Bolívar, que por un convencimiento fruto del análisis académico de las virtudes de ese modelo y doctrina económica. De la Espriella no sabe de macroeconomía y desconoce cómo funciona el Estado. Es poco leído y eso se le nota en su precario discurso.
Es apenas evidente que poco o nada participa de las decisiones económicas. Estas las toman su vicepresidente, previa consulta con Sarmiento Angulo y los Gilinski; su trabajo como
jefe de Estado está exclusivamente orientado a regresarnos al siglo XIX y quizás
más atrás, dado que él se asume como un regenerador social, ideológico y
espiritual. Los daños sistémicos que dejará su gobierno- ya se advierten y
apenas lleva dos meses en el poder- serán presentados como retos del Santísimo,
recogidos bajo la sentencia que legitima aquello de “sufrir en vida para
poder alcanzar el paraíso” una vez llegue la muerte.
