Por Germán Ayala Osorio
La Justicia Especial para la Paz
(JEP) acaba de imputar a seis máximos exjefes de las Farc-Ep el delito de reclutamiento
forzado de 18.677 menores. En un comunicado, los firmantes de paz o
exguerrilleros informaron que aceptan los cargos. Más allá del gesto de
arrepentimiento, genuino o no, esa ignominiosa cifra hace parte del
“inventario” que debemos hacer de la barbarie que como sociedad permitimos, por
acción u omisión.
Los 18.677 niños reclutados por
las Farc-Ep entre 1971 y 2016 (JEP), los 21.000 asesinatos perpetrados por
estructuras paramilitares (Centro de Memoria Histórica) en 40 años y los 6402
crímenes de Estado perpetrados entre el 2002 y 2008 (JEP) dan cuenta del
incontrastable dolor que dejan las dinámicas del conflicto armado interno de
Colombia.
Según esas cifras, las entonces
Farc-Ep durante 45 años reclutaron a por lo menos 18.677 menores de edad, lo
que da un promedio de 415 niños y niñas por año. Mientras que los paramilitares
masacraron civiles a cuenta de 525 por año. Sin duda alguna, ambos guarismos
confirman la atrocidad de un conflicto y la degradación moral de todos sus
actores armados. Un dato no menor: el
accionar criminal de esas dos estructuras ilegales se dio bajo dos
constituciones: la de 1886 y la de 1991.
Quizás los hoy firmantes de paz
justificaron en el pasado esos crímenes ocurridos en el marco de la carta
política de 1886 por aquello del
espíritu conservador y violento de esa constitución y de las estructuras de
poder que hacían gala del cumplimiento de sus preceptos jurídicos, con la ayuda
de la cultura dominante; ese mismo espíritu violento se irradió a gran parte de
la sociedad y guió las vidas y decisiones
de aquellos agentes del establecimiento que le apostaron a extender en
el tiempo el conflicto armado para consolidar dos fenómenos complementarios: de
un lado, la fragmentación del territorio entre las zonas de orden público
(selvas y espacios rurales) y las urbes militar, económica y políticamente protegidas y desarrolladas. Al
final, el país terminó dividido entre ciudadanos de quinta y primera
categorías. Y del otro lado, los
procesos de estigmatización surgidos por la aplicación a rajatabla de la
doctrina del enemigo interno a todo lo que oliera a izquierda, a defensa de los
derechos humanos y a los de la propia naturaleza.
Con el cambio del orden
constitucional, el reclutamiento forzado de las Farc-Ep se volvió sistemático,
hecho que invalidó los alcances y el propio espíritu garantista de la carta
política de 1991. La niñez en Colombia, bajo dos disímiles contextos
constitucionales jamás fue protegida. Esa es una conclusión que debería de
avergonzarnos como sociedad.
Y en lo que concierne a los 6402
falsos positivos o crímenes de Estado, estos fueron cometidos en un periodo de
gobierno en el que operó una política de seguridad que, con el apellido
“democrática”, legitimó y ocultó el desvío moral y misional del Ejército
nacional. Bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y amparados en la carta
garantista y liberal de 1991 se violaron los derechos humanos de manera
sistemática. Al final, el país que venía golpeado por las acciones criminales
de Farc-Ep y paramilitares durante 40 años, terminó sumido en la confusión que
produjo constatar que a agentes estatales les bastó seis años para equipararse
en barbarie a las guerrillas farianas y a las AUC.
No hay comentarios:
Publicar un comentario