Por Germán Ayala Osorio
A pocos meses de terminar el
gobierno Petro,
las estructuras armadas ilegales que sostienen relaciones o guardan simpatías ideológicas
con sectores del Establecimiento (nacional, regional y local) arreciarán sus
ataques terroristas e incursiones armadas, incluidas masacres, con el único
propósito generar un ambiente de zozobra y caos que beneficie a los candidatos
presidenciales que ofrecen “recuperar la seguridad” a punta de bala, negando cualquier
posibilidad de negociar con los grupos al margen de la ley. La idea es pasar de la Paz
Total a la Guerra Total. Eso sí, ambos caminos resultan inconvenientes
por el carácter maximalista con el que suelen presentarse.
El candidato presidencial del
gobierno, Iván Cepeda Castro ha dicho que insistirá en los diálogos de paz
con las “guerrillas” (Disidencias de las Farc y ELN).
Cepeda dará continuidad a la Paz
Total, decisión política que lo pone en contravía de los sectores de
poder económico y político y de la opinión pública que están dispuestos a
desatar y apoyar en el país una Guerra Total como la que desató el
entonces gobierno de Uribe con la nacionalización del Plan Colombia que le dejó
operando Andrés Pastrana. Fue la seguridad democrática la política pública con
la que se obligó a las entonces Farc-Ep, junto a otras circunstancias, a
aceptar los diálogos en La
Habana que terminaron con la firma del Acuerdo de Paz en el teatro Colón de
Bogotá. El país no puede olvidar los 6402 crímenes de Estado, los seis millones
de desplazados y el acaparamiento de cientos de miles de hectáreas de tierra
que pasaron a manos de terratenientes y narco paracos.
Recién la capital del Valle del
Cauca fue escenario de un ataque terrorista que, aunque fallido en contra de
las instalaciones del Batallón Pichincha sirve a la narrativa de los sectores
de la derecha y la ultraderecha que se benefician de dichos atentados. Electoralmente,
la estructura armada “Jaime Martínez”, responsable al parecer de la acción
terrorista, le hace el juego a Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella,
Sergio Fajardo y Claudia López, aspirantes presidenciales que defienden a
dentelladas aquello de la “violencia legítima del Estado”. Me pregunto: ¿Cómo
puede ser legítima la violencia de un Estado precario, ilegítimo y que opera en
muchos espacios del territorio de la mano de criminales? El batallón Agustín Codazzi de Palmira también fue atacado horas después de lo sucedido en Cali. ¿Se tratará de acciones criminales perpetradas en connivencia con las autoridades? ¿La derecha vallecaucana le está apostando a generar miedo en la población civil con propósitos electorales?
Si bien es cierto que la Paz
Total de Petro salió bastante mal, las responsabilidades del fracaso
son compartidas con los grupos ilegales con los que el gobierno se sentó a
dialogar. Del lado del gobierno hay que señalar que hubo yerros en el manejo
político de unos diálogos en los que jamás se consolidó una mutua confianza.
En este juego de la Guerra Total
y la Paz Total hay una realidad inocultable: la paz no es buen negocio para las
disidencias, el ELN y el clan del Golfo, entre otras estructuras. No les
interesan curules y vivir de proyectos productivos. El narcotráfico y la minería
ilegal-legal son un negocio billonario que bien vale la pena mantener. Lo demás
es retórica política de unas “guerrillas” que hace rato perdieron su naturaleza
política.
La Guerra Total que proponen
los candidatos presidenciales de la derecha hay que conectarla con los intereses
de agentes económicos que se vienen oponiendo a la entrega de tierras y la formalización
de propiedades rurales que benefician directamente a familias campesinas.
Retornar a los procesos de contrarreforma agraria, por vía de la desposesión y
acaparamiento de tierras y el desplazamiento forzado hace parte de esa apuesta
de la Guerra Total. El objetivo no está en acabar militarmente con el “enemigo
interno”. De lo que se trata es de garantizar condiciones de acaparamiento
y la convivencia institucional con los ejércitos mafiosos (guerrillas), lo que
se traduce en el mantenimiento del negocio del narcotráfico y las finas
relaciones establecidas de tiempo atrás con agentes económicos y políticos del
Establecimiento colombiano.
Ni la Guerra Total, ni la Paz
Total servirán para pacificar el país. Si esa sentencia es válida y tiene
asidero, entonces qué se puede hacer o cuál es la salida se puede preguntar el
lector que llegó hasta aquí. Si vamos a insistir en el discurso académico entonces
inexorablemente nos llevará a hablar de “copar el territorio, ganarse la confianza
de las comunidades rurales, implementar procesos de sustitución de cultivos y
construir Estado”. Acciones que se han intentado en el pasado e incluso en
el actual gobierno, con resultados agridulces.
Quizás sea el momento de plantear
salidas más audaces y adoptar costosas decisiones de índole político y
económico. Entre las primeras, convertir en agentes armados estatales a los
miembros de los grupos al margen de la ley que operan en los territorios en
donde el Estado brilla por su ausencia. Por supuesto, con un acompañamiento
internacional. Suena terrible, pero podría
intentarse un programa piloto.
Y finalmente, que a través de
labores de inteligencia y contrainteligencia se expongan a los Señores de la Guerra,
nacionales y extranjeros que se benefician de la extensión en el tiempo de las
dinámicas de lo que se conoce pomposamente como conflicto
armado interno. Esta salida suena, imposible porque
implica quitarle la máscara a los belicistas que disfrutan en elegantes clubes
sociales el cierre de negocios
en los que se venden pertrechos y armas para la guerra. Estamos condensados a vivir buscando la paz en un país que disfruta de la guerra.
