DE LA PAZ TOTAL, A LA GUERRA TOTAL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

A pocos meses de terminar el gobierno Petro, las estructuras armadas ilegales que sostienen relaciones o guardan simpatías ideológicas con sectores del Establecimiento (nacional, regional y local) arreciarán sus ataques terroristas e incursiones armadas, incluidas masacres, con el único propósito generar un ambiente de zozobra y caos que beneficie a los candidatos presidenciales que ofrecen “recuperar la seguridad” a punta de bala, negando cualquier posibilidad de negociar con los grupos al margen de la ley.  La idea es pasar de la Paz Total a la Guerra Total. Eso sí, ambos caminos resultan inconvenientes por el carácter maximalista con el que suelen presentarse.

El candidato presidencial del gobierno, Iván Cepeda Castro ha dicho que insistirá en los diálogos de paz con las “guerrillas” (Disidencias de las Farc y ELN). Cepeda dará continuidad a la Paz Total, decisión política que lo pone en contravía de los sectores de poder económico y político y de la opinión pública que están dispuestos a desatar y apoyar en el país una Guerra Total como la que desató el entonces gobierno de Uribe con la nacionalización del Plan Colombia que le dejó operando Andrés Pastrana. Fue la seguridad democrática la política pública con la que se obligó a las entonces Farc-Ep, junto a otras circunstancias, a aceptar los diálogos en La Habana que terminaron con la firma del Acuerdo de Paz en el teatro Colón de Bogotá. El país no puede olvidar los 6402 crímenes de Estado, los seis millones de desplazados y el acaparamiento de cientos de miles de hectáreas de tierra que pasaron a manos de terratenientes y narco paracos.

Recién la capital del Valle del Cauca fue escenario de un ataque terrorista que, aunque fallido en contra de las instalaciones del Batallón Pichincha sirve a la narrativa de los sectores de la derecha y la ultraderecha que se benefician de dichos atentados. Electoralmente, la estructura armada “Jaime Martínez”, responsable al parecer de la acción terrorista, le hace el juego a Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo y Claudia López, aspirantes presidenciales que defienden a dentelladas aquello de la “violencia legítima del Estado”. Me pregunto: ¿Cómo puede ser legítima la violencia de un Estado precario, ilegítimo y que opera en muchos espacios del territorio de la mano de criminales?

Si bien es cierto que la Paz Total de Petro salió bastante mal, las responsabilidades del fracaso son compartidas con los grupos ilegales con los que el gobierno se sentó a dialogar. Del lado del gobierno hay que señalar que hubo yerros en el manejo político de unos diálogos en los que jamás se consolidó una mutua confianza.  

En este juego de la Guerra Total y la Paz Total hay una realidad inocultable: la paz no es buen negocio para las disidencias, el ELN y el clan del Golfo, entre otras estructuras. No les interesan curules y vivir de proyectos productivos. El narcotráfico y la minería ilegal-legal son un negocio billonario que bien vale la pena mantener. Lo demás es retórica política de unas “guerrillas” que hace rato perdieron su naturaleza política.

La Guerra Total que proponen los candidatos presidenciales de la derecha hay que conectarla con los intereses de agentes económicos que se vienen oponiendo a la entrega de tierras y la formalización de propiedades rurales que benefician directamente a familias campesinas. Retornar a los procesos de contrarreforma agraria, por vía de la desposesión y acaparamiento de tierras y el desplazamiento forzado hace parte de esa apuesta de la Guerra Total. El objetivo no está en acabar militarmente con el “enemigo interno”. De lo que se trata es de garantizar condiciones de acaparamiento y la convivencia institucional con los ejércitos mafiosos (guerrillas), lo que se traduce en el mantenimiento del negocio del narcotráfico y las finas relaciones establecidas de tiempo atrás con agentes económicos y políticos del Establecimiento colombiano.

Ni la Guerra Total, ni la Paz Total servirán para pacificar el país. Si esa sentencia es válida y tiene asidero, entonces qué se puede hacer o cuál es la salida se puede preguntar el lector que llegó hasta aquí. Si vamos a insistir en el discurso académico entonces inexorablemente nos llevará a hablar de “copar el territorio, ganarse la confianza de las comunidades rurales, implementar procesos de sustitución de cultivos y construir Estado”. Acciones que se han intentado en el pasado e incluso en el actual gobierno, con resultados agridulces.

Quizás sea el momento de plantear salidas más audaces y adoptar costosas decisiones de índole político y económico. Entre las primeras, convertir en agentes armados estatales a los miembros de los grupos al margen de la ley que operan en los territorios en donde el Estado brilla por su ausencia. Por supuesto, con un acompañamiento internacional.  Suena terrible, pero podría intentarse un programa piloto.

Y finalmente, que a través de labores de inteligencia y contrainteligencia se expongan a los Señores de la Guerra, nacionales y extranjeros que se benefician de la extensión en el tiempo de las dinámicas de lo que se conoce pomposamente como conflicto armado interno. Esta salida suena, imposible porque implica quitarle la máscara a los belicistas que disfrutan en elegantes clubes sociales el cierre de negocios en los que se venden pertrechos y armas para la guerra. Estamos condensados a vivir buscando la paz en un país que disfruta de la guerra.