Por Germán Ayala Osorio
¿Habrá algo más ridículo que el
marco legal que prohíbe al presidente y a otros servidores públicos “participar
en política” cuando, justamente, la llegada a esos cargos es el
resultado de actividades y acciones electorales y políticas?
Al presidente Petro lo quieren
censurar porque insiste en que hubo fraude en las pasadas elecciones y lo
fustigan por “tirar línea” desde su cuenta de X e incluso a través de
sus alocuciones. Para el caso del posible fraude, circulan en las redes sociales
actas y los famosos E14 posiblemente adulterados. Desde las huestes del Pacto
Histórico se habla de la recuperación de por lo menos una curul para el senado.
Se trate o no de hechos fraudulentos cometidos por algunos jurados de votación,
lo que le corresponde a la Registraduría es garantizar que se corrijan los “errores”
y se investigue a quienes los cometieron para descartar si hubo dolo. Para eso
es el escrutinio. Vigilar que se haga de manera transparente es un acto
político. Y los actos ilocutivos de Petro hacen parte de la política.
El fraude electoral, de
comprobarse, constituye un hecho prepolítico alentado por decisiones políticas
tomadas desde sectores de poder (partidos y movimientos, gamonales y líderes
políticos) interesados en desconocer la voluntad política de millones de
sufragantes.
Que Petro exponga sus reservas en
torno al software y al posterior manejo de los datos hace parte de la Política
en la medida en que desde la presidencia se confronta a un poder administrativo
atado de tiempo atrás a los intereses privados que también hacen parte del
juego de la política. Además, están en juego los derechos políticos de millones
de ciudadanos que votaron por el Pacto Histórico. Y los derechos políticos
hacen parte del ejercicio de la Política.
De hecho, los llamados de
atención al jefe del Estado que le hacen desde la Procuraduría constituyen un hecho
político. El Procurador Eljach es un actor político que vigila las actuaciones
políticas y administrativas de los funcionarios estatales. Bajo esa condición,
Eljach también estaría participando en política, aunque investida de la natural
legitimidad de un ente de control. Petro, en su condición de jefe del Estado, todo
el tiempo hace política porque toma decisiones, confronta poderes privados y
públicos.
Urge entonces reformar ese marco
legal por inaplicable y a todas luces antidemocrático. Otra cosa muy distinta
es violar la ley de garantías, instancia jurídica que todos los gobiernos
encuentran la forma de hacerle el esguince.
Con la partida del filósofo Jürgen
Habermas vuelve a ponerse de presente la necesidad de consolidar los procesos
democráticos, la democracia misma y la institucionalidad democrática derivada a
través de la deliberación y el diálogo simétrico entre actores capaces de
discutir con argumentos. En esa medida, la mejor forma de confrontar a Petro no
es censurándolo, sino controvirtiendo sus ideas con argumentos sólidos. Lo que ha
pasado en estos casi cuatro años es que la Oposición, muy pobre para exponer
argumentos, sus más visibles voceros y líderes prefirieron “caer” en la falacia
ad hominen, en la que se ataca a la persona y no al argumento.
Es mejor que se redacte una ley que conmine a todos los políticos profesionales a que se lean los dos tomos de la Teoría de la Acción Comunicativa del filósofo alemán. Paz en su tumba.
