COLOMBIA: UN PAÍS DE OSOS, PERRAS, ABEJAS, CONEJOS, CEBRAS Y ELEFANTES BLANCOS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El lenguaje suele dar cuenta de lo que somos como individuos y sociedad. Cuando hablamos o escribimos, dejamos ver nuestras partes pudendas. “Habitamos” en él, dijo un filósofo. Y en los usos particulares de una lengua como la que compartimos en Colombia, encontramos curiosas asociaciones entre palabras y unos hechos fácticos que responden a ejercicios metafóricos, muchos de estos con fines eufemísticos.

Desconozco de dónde viene la “costumbre lingüística” de conectar los nombres de animales con normas, actos de corrupción o para descalificar a específicas personas. No creo que esos usos muy particulares de nuestra lengua respondan a un alto nivel de conciencia por ser uno de los países más biodiversos del mundo. Si por algo se caracteriza el colombiano promedio es por no saber qué es eso de la biodiversidad, animales o plantas endémicas y mucho menos, ecosistemas frágiles y estratégicos protegidos.

Una de esas asociaciones con nombres de animales es el “Elefante blanco”. La usamos para referirnos a casos de corrupción y negligencia expresados en la no terminación de obras civiles como la construcción de hospitales, acueductos y colegios, entre otros. Aunque hay que advertir, que en el país los elefantes no hacen parte original de nuestra fauna. Por estos días, el gobierno anuncia que encontró por lo menos 100 de esos “elefantes blancos”. Algunos de esos los están intentando recuperar del deterioro físico al que han sido sometidos por el paso del tiempo. Lo interesante de esa asociación es que siempre habrá “elefantes blancos” en Colombia porque los políticos son quienes se aseguran de que jamás falten. Esos curiosos paquidérmicos son hijos del ethos mafioso que guía la vida de muchos miembros de la clase dirigente, política y empresarial de Colombia.

El “Lobo” es otro animal que sirve para descalificar la vestimenta y los gustos de personajes públicos. Por ahí anda un abogado colombiano muy mediático él, a quien suelen molestarlo por sus llamativas “pintas” (ropa que usa a diario), las mismas que le han permitido a sus detractores calificarlo como “lobo”.

El “Sapo” es quizás el animal más odiado en términos socio lingüísticos puesto que la gente asocia su presencia con una persona soplona, delatora o que se mete en donde la han llamado. También sirve para referirse a quien busca protagonismo, extendiendo su lengua para lamerle al jefe, quizás buscando un ascenso o para congraciarse con una decisión tomada.

La “Cebra” nos recuerda al hermoso animal rayado, pero también al paso peatonal pintado sobre las vías, con el propósito de que los transeúntes pasen con seguridad y orden. Hay que decir que hay animales humanos que prefieren no atravesar por la cebra por pereza o simplemente porque los desborda la incultura y la estupidez.

 La “Abeja” como imagen nos recuerda al útil animalito no humano, conocido por los expertos como un bioindicador de los ecosistemas en los que aún sobrevive. Pero sirve para que socialmente pensemos en personas hábiles para los negocios o quizás para intentar salirse con la suya, incluso, por fuera de la ley o las normas sociales. Caben en esa asociación ladrones, trabajadores mañosos y “avispados”. También políticos, porque hay unos que son unas verdaderas abejas. 

La imagen del dócil Conejo no solo se asocia a los numeritos circenses de magia, sino a la acción de no pagar una cuenta o de estafar a otra persona. Entonces, le “hicieron conejo” se asume como una acción negativa para quien sufre la estafa o el incumplimiento de algo previamente pactado.

Cuando se busca trabajo, entonces los colombianos azotados por el desempleo hablan de “buscar Camello”. También, para dar cuenta de dónde están o para dónde van: “voy para el camello o estoy en el camello”, para indicar que estamos en el lugar de trabajo.  

Los llamativos Lagartos los asociamos a políticos o a quienes suelen asistir a reuniones políticas, preferiblemente en campañas electorales, para “sobar chaquetas” o mendigar un contrato o un trabajo a un político clientelista y corrupto. “Lagartear” es la acción verbal reconocida a esos curiosos “Lagartos”. “Me estoy lagarteando un cargo en el gobierno” suele ser la expresión más común entre estos asqueantes especímenes.

La expresión “trabaja como una Hormiga” es positiva en la medida en que con esta se reconoce el trabajo laborioso e incansable de un empleado y por supuesto, de las Hormigas. Se trata de un trabajador eficiente y eficaz en el cumplimiento de sus obligaciones laborales. La pequeñez del animal no humano llamado Hormiga, sirve para engrandecer a quien se merece dicho reconocimiento.

El precioso Oso también es usado para hacer referencias a hechos culturales. Expresiones como “hizo el oso” sirve para dar cuenta de una situación vergonzosa y vergonzante que nadie más quiere volver a vivir o experimentar. En Colombia contamos aún con el Oso de anteojos (Tremarctos ornatus) en selvas y  páramos. Eso sí, asediado por colonos y ganaderos, que los asesinan porque los osos suelen atacar al ganado cuando tienen hambre. Olvidan que las selvas y los páramos son hábitat y que los intrusos son ellos y nos los osos. 

Y en un país machista, misógino y patriarcal como el nuestro, la “Zorra” sirve como epíteto para descalificar a las mujeres liberales o simplemente, aquellas que optaron por dejar a su pareja. Entonces, vieja “zorra” es un descalificativo muy usado por machitos violentos. Hay que recordar que esa expresión también estuvo asociada a los vehículos de tracción animal, halados por caballos. Entonces, se decía, en Bogotá especialmente, “contrate a un zorrero o ahí viene una “zorra”.

Para los propósitos de esa misma asociación se usa el vocablo Perra, referido como todos sabemos a esas hermosas caninas que alegran las vidas de millones de animales humanos en todo el mundo.  Por fortuna, el término “Perro” sirve para dar cuenta del hombre que se cree muy conquistador o es un picaflor consumido. De allí que anda enamorando mujeres. Hay por supuesto, un desbalance entre los efectos psicosociales que se generan cuando se usan las expresiones "perra" y "perro". Cosas del lenguaje machista. 

Y la Paloma, asociada a la idea de paz y cordialidad, sirve para señalar a aquellas personas que en su actuar cotidiano no le hacen mal a nadie o que trabajan en búsqueda de la anhelada paz en Colombia. Por eso, los primeros se llaman mansas Palomas y los segundos, soñadores. Claro que hay en la política una Paloma que suele entregar mensajes de odio. Es la Paloma mensajera de la violenta derecha colombiana, manejada por un vulgar caballista. 

Un extranjero podría pensar, después de comprender el sentido de esos particulares usos de nuestra lengua, que efectivamente somos una sociedad formada para respetar a los animales salvajes y domésticos. Pero no. Hay cientos de miles de compatriotas que asesinan a Osos de anteojos y envenenan perros callejeros y domésticos. Bueno, no podríamos esperar nada distinto en una sociedad violenta, cuyos miembros son capaces de matarse por una camiseta de un equipo de fútbol, o por ser de izquierda o de derecha o, porque simplemente se nos dio la gana.

 

Imagen tomada de https://www.google.com/search?sca_esv=a69b8a5a4d8be7ee&rlz=1C1UUXU_esCO975CO975&sxsrf=ACQVn0_mRyJI-9zWP-C_j5UQIxEMQUjJFQ:1714575382521&q=colombia+biodiversidad&uds=AMwkrPuKiz3kd7jHuta4ar-HNLVt_xcP2PTL9EvxPOPgbi_l3PbjbHW0mY03-5dkUZCfFZc3AC_DIwxEFQONB1oQbx9gI0ZSwqWpGCTZBDr6LEeskFf7jLQ6ub5WPjRZ5El6cJrgfuX87rVxFfRV-lsSnYebvyUIiI76vgvpFnKMauHMUYehuSOM2pdsvQ5LHf0ZiHX3zlfJj6EhIa0R0jXlAsjLkC2vdZbEZw3F-H6_kde2c5q2_KPgHvZvYqyXTEGGlM8KLj1itGQAfW6H5TqE7iP21bv6FaOxGMYlv5VWeZB6K1Dku6U&udm=2&prmd=ivnsmbtz&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwi54_WE2-yFAxVHfjABHaBiDBYQtKgLegQIDRAB&biw=1024&bih=641&dpr=1

JUEZ ORDENA "DESMONTAR" EL EGO DE BARBOSA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Francisco Roberto Barbosa Delgado será recordado por tres hechos públicos: 1. Haberse prestado para que desde la Fiscalía se solicitara a dos juezas de la República, igual número de vergonzantes preclusiones del proceso penal del expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez. Y todo, por cumplirle la tarea que le dejó su amigo, el también fatuo Iván Duque Márquez, el presidente-títere que lo ternó y que, con la anuencia de la Corte Suprema de Justicia, lo puso en la Fiscalía para servirle al uribismo en todas sus manifestaciones. 2. Convertir el búnker en un partido político y plataforma ideológica para lanzar su precoz candidatura presidencial del 2026, con el respaldo de Fenalco y otros gremios económicos. Hay que recordar que Barbosa Delgado de manera temprana usó escenarios académicos y empresariales para atacar al presidente Petro y dejar sentada su postura de ultraderecha. 3. Por la instalación de placas con las que pretendió lavar la mala imagen de su desastrosa administración y dar rienda suelta a su incontrastable ego.

Dedicaré esta columna a la orden que dio un juez de la República de retirar por lo menos seis placas que Barbosa Delgado mandó a hacer y pegar en paredes y baños con las que pretendió “inmortalizarse”, auto exaltando su labor como fiscal general de la Nación. Fue tan pobre su gestión al frente del ente acusador, que le tocó a él mismo auto alabarse porque sabía que nadie más se atrevería a exaltar su paso por la dirección general del ente acusador, a todas luces infausto y de ingrata recordación. Lo que no queda claro es si la orden del juez de desmontar las placas se pueda extender al desmonte de su ego. Quizás el juez, sin decirlo, lo esté enviando al diván para que un profesional de la psicología le ayude a controlar su egocentrismo. 

Este hombrecillo ya había hecho alarde de su capacidad de auto alabarse cuando en una entrevista con el director de noticias Caracol y en horario prime time, se calificó como el hombre de su edad, más preparado del país. Esto dijo en aquel momento: “soy doctor, tengo dos maestrías, soy historiador, he escrito 10 libros, he sido profesor en más de 10 universidades en el mundo, columnista y escritor”. No, pues, tremendos logros para quien estuvo al frente de la Fiscalía sin tener la más mínima idea del ámbito de lo penal.

Lo cierto es que la megalomanía de este sujeto es inocultable y enfermiza. Vaya uno a saber qué le pasó en su infancia, para haber crecido con esa egolatría que lo lleva a auto concebirse como un ser virtuoso, casi único, cuando, como todos, es un simple mortal. Usted, señor Barbosa, se ha  sobredimensionado. Usted decidió ser un peón de un régimen político que convirtió a Colombia en un oscuro platanal, en una "República bananera". Usted no tiene nada de especial. 

La orden del operario judicial de desmontar esas placas que más bien parecen lápidas con burdos epitafios propios de un ególatra, constituyen un duro golpe al ego de este inefable funcionario que se opuso a la Paz Total, a la política antidrogas del gobierno; que atacó a la JEP; y que se convirtió en el más acérrimo enemigo político del presidente de la República y por ese camino, hizo que el búnker de la Fiscalía fuera la sede política y electoral de los sectores de la derecha inconformes con la llegada de Petro al poder.

Además de haber gastado dinero público en las señaladas placas, se gastó 180 millones de pesos en la publicación de libros en los que da cuenta de su inflada gestión. Otra prueba más de que su ego necesita algún tipo de tratamiento por lo costoso que le sale mantenerlo en lo más alto. Antes de irse del cargo, ya le había dejado claro a los colombianos que es consciente de su prepotencia y de su ego: “Mucha gente me ha criticado y me ha dicho: el fiscal general no baja la cabeza, el fiscal general tiene el ego muy alto, el fiscal general es una persona prepotente, si ser prepotente o tener ego muy alto es no agacharles la cabeza a ciertos sectores de este país, seguiré siendo prepotente y seguiré teniendo el ego muy alto en este país” (Tomado de Infobae).

Claramente, en el 2026 lo veremos en la arena electoral con todas las ganas de parecerse a su amigo Iván Duque Márquez, todo un referente y ejemplo a seguir para este servil exfuncionario. Si siendo Fiscal mandó a hacer placas y publicar 5 libros con un tiraje de 5000 ejemplares, imagino que como presidente de la República fundará un barrio con su nombre o quizás le pida al Banco de la República que imprima un billete de 50 mil pesos con su rostro y su poderosa alopecia. O quizás, mande a acuñar su propia moneda. Pobre tipejo.

Imagen tomada de EL TIEMPO.COM

RACIONAMIENTO DE AGUA, CRISIS CLIMÁTICA Y CONCIENCIA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Los escenarios apocalípticos que la industria del cine ha recreado, poco a poco se tornan reales en un mundo que cada vez más confunde e intenta borrar los límites entre lo real y lo irreal: ataques con drones, la llegada de robot, la irrupción de la IA y por supuesto, la escasez de agua y las guerras por el preciado líquido, todo enmarcado en una crisis civilizatoria que solo deja espacio para la barbarie.

El racionamiento de agua que recién comenzó a padecer la capital del país debería de suscitar la discusión alrededor de las circunstancias y hechos fácticos que llevaron a vivir a los bogotanos semejante situación. Centrarse en los padecimientos de la gente y en las acciones estatales para mitigarlos constituye un error por cuanto la lupa hay que ponerla en las maneras y formas como nos tenemos que adaptar todos los colombianos a los efectos de una crisis climática que puede resultar inconmensurable.

Los negacionistas del cambio climático normalmente hacen parte de los sectores de poder político y económico que defienden a dentelladas el actual modelo de desarrollo, pero sobre todo, el orden social y cultural basado en el consumismo y en una confianza desmedida en que la ciencia, los técnicos y los científicos ayudarán a encontrar salidas a la escasez del agua: imagino que ya tienen contemplado construir largas tuberías que permitan bombear agua de caudalosos ríos de los departamentos como la Orinoquia, Amazonia, Vaupés y Vichada, y hacerla llegar a Bogotá y otras capitales que en lo consecutivo padezcan el mismo problema de abastecimiento de agua.

El modelo de desarrollo debe morigerarse en asuntos que tienen que ver con el consumo, la restauración y cuidado de los ecosistemas y el urgente auto control de la natalidad. Ponerle límites a la paridera es una medida que en el mediano plazo tendrá el mundo que empezar a discutir. Claro, los amigos del desarrollo capitalista, del capitalismo salvaje y del individualismo posesivo del que habla Macpherson se opondrán porque la mano de obra barata, especialmente de países subdesarrollados, escaseará como escasea hoy el agua en Bogotá y otras zonas del país.

La crisis ambiental, climática y civilizatoria exige cambiar sistemas culturales, que incluyen las valoraciones de la vida y el capital. Hay que descentrar el proyecto humano del valor del dinero. En una anterior columna hice referencia a un factor que puede oponerse a cualquier posibilidad de cambio en las lógicas con las cuales hoy dominamos el planeta, convertidos en una especie depredadora y perversa: hablo de la finitud. Sentirnos finitos nos hace potencialmente individualistas, lo que claramente impide pensar en los intereses y el bienestar colectivo.

¿Será posible repensarnos como especie? Si pienso con el deseo, creo que si lo es. Pero si lo hago examinando lo ocurrido con las guerras y las maneras como hemos poblado el planeta, entonces ya no soy tan optimista. Después de leer la columna de Julio César Londoño, “Desvaríos de un genio rabioso”, quiero cerrar esta columna con las respuestas que Fernando Vallejo le dio a las sabias e inquietantes preguntas del escritor vallecaucano:

¿Cree que la inteligencia de las máquinas superará la del hombre?

FV: No. Ellas jamás entenderán cómo lo material produce lo inmaterial, ni cómo producen gravedad los planetas, ni cómo las neuronas producen el alma, o la conciencia, o la mente, o como se le quiera llamar. Y si algún día lo comprendieran, no podrán comunicárnoslo. Para ellas y para nosotros, estas cosas serán siempre misterios impenetrables. Son bobas, como nosotros.

JCL: ¿Está de acuerdo con la afirmación de que la ciencia fracasó?

FV: La biología no. Ha triunfado al mostrar lo que no pudo adivinar Cristo, porque el alma no le alcanzó: que el hombre es un pobre animal como los otros, y que los otros animales también son nuestro prójimo.

La toma de conciencia sobre el cambio climático exige una gran dosis de desprendimiento de las comodidades y del poder económico y político alcanzado; requiere, igualmente, una evolución cultural significativa para reversar lo que le hemos hecho al planeta, a nosotros mismos y a las otras especies.

Poco a poco los escenarios apocalípticos que el cine sigue recreando terminarán siendo el espejo en el que nos miraremos pronto como una especie estúpidamente inteligente. Y quizás sea así porque no hay manera de cambiar la conciencia o las conciencias, porque esta es, como respondió Vallejo, “un río turbio, entre imaginario y caótico. Sin piedras, pero ruidoso. Caos interno que refleja el caos externo… eso es”. No hay manera de consolidar una conciencia universal limpia y prístina, porque en el fondo somos una especie de luces y sombras.

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, SOSTENIBILIDAD, CRISIS CLIMÁTICA Y DERECHOS HUMANOS

 

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La consulta que los gobiernos de Chile y Colombia acaban de hacerle a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en materia de crisis climática y derechos humanos, abre el camino para que el alto tribunal y otras instancias internacionales de justicia tomen nota de los efectos psico sociales, económicos, culturales y ambientales  que viene dejando la crisis climática. La idea es que los examinen en perspectiva de derechos humanos, lo que implica ampliarlos, más allá del derecho a tener un ambiente sano.

Establecer esa relación jurídico-política entre los efectos que deja el modelo de desarrollo agro extractivo a nivel mundial y los derechos humanos complejiza el actuar de los Estados, y pone de presente que el discurso de la sostenibilidad debe superar los reduccionismos en los que viene cayendo por culpa de quienes lo promueven desde las perspectivas empresariales y/o corporativas, atadas exclusivamente a los ámbitos económicos. Esto es, una sostenibilidad más pensada desde la viabilidad de los negocios y del capitalismo, dejando por fuera la mirada sistémica con la que deben observarse los efectos del cambio climático. Se requiere, por el contrario, hablar de una sostenibilidad más centrada en una ética ecológica y en un biocentrismo. 

Los cancilleres de Colombia y Chile enviaron un documento al tribunal de justicia en el que sobresalen seis puntos, a saber: “1. Deberes de prevención y garantía en derechos humanos vinculadas frente a la emergencia climática. 2. Preservación del derecho a la vida y la sobrevivencia frente a la emergencia climática a la luz de lo establecido por la ciencia y los derechos humanos. 3. Obligaciones diferenciales de los Estados con respecto a los derechos de los/as niños/as y las nuevas generaciones frente a la emergencia climática. 4. Procedimientos de consulta y judiciales dada la emergencia climática. 5. Protección y prevención a las personas defensoras del ambiente y del territorio, así como las mujeres, los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes en el marco de la emergencia climática. 6. Responsabilidades compartidas y diferenciadas en derechos de los Estados frente a la emergencia climática”.

Si la consulta de los cancilleres la asume la CIDH como esperan los gobiernos de Chile y Colombia, estaremos ante la juridización de la crisis climática que es no es otra cosa que la revisión del papel Estado en materia económica, lo que debería, en un futuro cercano, legitimar intervenciones públicas alejadas de las lógicas del capitalismo, para llegar, finalmente, a la construcción de Estados ecológica y humanamente comprometidos en la mitigación de los efectos del cambio climático a través de un reordenamiento territorial que atienda circunstancias étnico-territoriales, pero también, que promueva la recuperación de especies claves (plantas y animales) para recuperar ecosistemas valiosos; igualmente, los Estados de América Latina deberán emprender, bajo una celosa vigilancia de la CIDH, ajustes al modelo económico y a la transformación de las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza.

Si el tribunal de justicia tramita la consulta elevada por Chile y Colombia y redacta una declaración o incluso, determina acciones vinculantes para los Estados que están bajo su jurisdicción, las luchas políticas e ideológicas estarán en lo consecutivo atadas a la sostenibilidad, asumida esta como una apuesta educativa y de cambio cultural de los pueblos comprometidos en esta parte del hemisferio, así como de los políticos y de los líderes. Al final, humanizar la política y con esta la operación de los Estados serán las consecuencias que dejará el cambio climático, siempre y cuando este se asuma con la seriedad y la responsabilidad que acompañan la consulta de los cancilleres de Colombia, Álvaro Leyva y de Chile, Antonia Urrejola. Los próximos pronunciamientos y fallos que emita la Corte muy seguramente se podrán leer en clave de ecología política.

Ojalá la respuesta de la CIDH vaya encaminada, también, a contrarrestar la naturalización del posthumanismo y de la postnaturaleza, discursos estos que no solo miran de soslayo la crisis climática, sino que validan la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA), dispositivo con el que se cree que se superan los asuntos morales y éticos que confluyen en la crisis climática generada en y durante el Antropoceno.

COP16 EN CALI: ¿TURISMO ACADÉMICO Y POLÍTICO, O COMPROMISOS SERIOS PARA PROTEGER LA BIODIVERSIDAD?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Las cumbres ambientales, desde Río 92, poco o nada han servido para detener el deterioro ambiental y las transformaciones ecológicas que vienen sufriendo estratégicos, frágiles y valiosos ecosistemas alrededor del mundo y en particular en países catalogados como biodiversos como Colombia, Costa Rica y Brasil, entre otros. Las potencias económicas y militares, China y Estados Unidos, firman compromisos para reducir emisiones de dióxido de carbono y metano, pero el mundo sigue depredando bosques y sometiendo otros ecosistemas a las lógicas del desarrollo económico.

Ahora que Cali será sede de la COP16 sobre biodiversidad, vuelven a confluir en un mismo evento académicos, científicos, funcionarios públicos y gobernantes para examinar estrategias y apuestas para frenar el deterioro de selvas como las de la Amazonia y las que circundan todo el Chocó Biogeográfico (desde el Ecuador, hasta el Tapón del Darién). Como correlato aparecen el turismo y las rutas ecológicas con las que se piensa sorprender a las 12 mil personas que llegarán a la capital del Valle del Cauca. Pero también, los académicos que defienden a dentelladas el actual modelo de desarrollo económico, en particular, la gran plantación de monocultivos como la palma africana y la caña de azúcar, asumidos interesadamente como “ecosistemas emergentes”, cuando lo que realmente son enclaves artificiales desnaturalizantes.

Volvamos al tema del turismo. Nadie niega la importancia de las actividades turísticas y los beneficios de hospedar en la ciudad a esa cantidad de gente. Pero no se puede perder de vista la gravedad de lo que está sucediendo en el Pacífico colombiano con la minería legal e ilegal y el consecuente deterioro ecológico y ambiental de ríos y selvas, ecosistemas sometidos a la fuerza de retroexcavadoras y toneladas de cianuro que se vierten en sus aguas. Ponerle freno a esos procesos de intervención humana implica el sometimiento de las fuerzas ilegales y de los actores legales que trabajan de la mano para sacar oro, carbón, litio y coltán. De este último, se sabe que hay presencia en la Orinoquía, Vichada, Vaupés y Guainía.

Manuel Rodríguez Becerra, el primer ministro del medio ambiente que tuvo Colombia, considera de gran valor para el país que se realice en su territorio la cumbre de la biodiversidad de la COP16. “En la convención de biodiversidad se han obtenido algunos logros siendo, quizá, el principal la creación y ampliación de las áreas protegidas en el mundo. En Colombia las políticas de parques nacionales, de resguardos indígenas, y de propiedades colectivas de las comunidades negras, que en su conjunto representan el 42 % del territorio nacional, han sido, en balance, exitosas en la protección de la biodiversidad y de los bosques. Sin embargo, el tercer informe de Parques Cómo Vamos (2023) ha puesto la alarma de que hoy el 60 % de los parques nacionales son víctimas de algún tipo de amenaza”.

Hay que aplaudir las decisiones de ampliar las zonas de parques nacionales naturales, pero igualmente hay que rechazar y llamar la atención sobre los actores, legales e ilegales que están interviniendo esas zonas protegidas: ganaderos, narcotraficantes, terratenientes, grupos armados ilegales que viven del negocio de la coca y la minería ilegal. Se suman colonos que van abriendo trochas y haciendo “mejoras” hasta que logran “tumbar el monte”, expresión que con enorme claridad da cuenta de la nula conciencia y valoración que se tiene de la existencia de indicadores de una biodiversidad que resiste las arremetidas de unos procesos civilizatorios alejados de cualquier posibilidad de construir relaciones armónicas entre los seres humanos y los ecosistemas naturales.

Si no se detienen esos procesos altamente disruptivos, eso de “que somos uno de los países más biodiversos del mundo” quedará como un simple recuerdo, recogido en libros, informes científicos, inventarios de especies, enciclopedias y en la mente de un reducido número de colombianos que sí entendieron el real significado que trae esa condición natural. Las comunidades negras, indígenas y campesinas que viven dentro de las zonas biodiversas deben ser la prioridad para el Estado colombiano si de verdad se quiere proteger el Chocó Biogeográfico. No será fácil ganarle la batalla a los narcos (incluye guerrillas, bandas y paracos) que viven de la economía ilegal (explotación de oro y tráfico de cocaína). Por lo pronto, hay que dignificar la vida de las comunidades que históricamente establecieron una relación consustancial con la naturaleza. Ellos, mejor que nadie, sabían qué es eso de ser biodiversos, antes de que se realizara la cumbre de la tierra en 1992.

Imagen tomada de EL ESPECTADOR.COM 

CAYÓ ALIAS “PACHO MALO” Y LA CSJ NO ELIGIÓ A LA NUEVA FISCAL: ¿FELIZ COINCIDENCIA?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La Corte Suprema de Justicia (CSJ), por tercera ocasión, aplazó la elección de la nueva fiscal general de la Nación, lo que alarga la interinidad de la cuestionada fiscal encargada, Martha Janeth Mancera, mano derecha del exfiscal, Francisco Barbosa Delgado. Mientras los y las togadas votaban en el marco de su enrevesado mecanismo de elección, el CTI de la Fiscalía informaba de la captura de Francisco Javier Martínez Ardila, alias “Pacho Malo”, quien, según señalamientos institucionales y periodísticos, tendría relaciones con narcotraficantes y estaría siendo protegido, de tiempo atrás, por Martha Janeth Mancera.

La captura de “Pacho Malo”- ¿se trató de una negociación? – genera todo tipo de suspicacias, las mismas que ya despertó la CSJ con sus incomprensibles dilaciones para elegir el remplazo del inefable Francisco Barbosa y extender en el tiempo la interinidad de Mancera. No creo, por lo tanto, que estemos ante una coincidencia, pues justo resulta detenido o se entrega el cuestionado exdirector del CTI en Buenaventura el mismo día y casi a la misma hora en la que los magistrados votaban discrecionalmente por las mujeres ternadas.

Por lo anterior, lanzo la siguiente hipótesis con la que intento explicar el significado de la captura del cuestionado “Pacho Malo” y la conexión que podría existir entre ese hecho judicial y la extensión en el tiempo de la interinidad de Mancera, la misma que fue cuestionada por la oficina de derechos humanos de la ONU, la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Esta es la hipótesis: los magistrados y magistradas de la CSJ no eligieron hoy 22 de febrero de 2024 a la nueva fiscal porque, al conocer de la captura de Martínez Ardila, asumieron que ese hecho judicial despeja las dudas y debilita las versiones periodísticas y la del propio presidente de la República con las que se cuestionan la legitimidad y la moral de Mancera, por las relaciones mafiosas que según connotados periodistas y medios alternativos tiene la fiscal encargada con alias “Pacho Malo”.

Sin duda alguna, la CSJ está mandando un mensaje claro y contundente al presidente Petro: no aceptamos presiones sociales y políticas. Y encontraron en la captura de “Pacho Malo” el mejor momento y argumento para dilatar la elección y aumentar las molestias y las suspicacias lanzadas desde la Casa de Nariño.

Con la aprehensión de Martínez Ardila, Martha Mancera golpea a los periodistas y al propio presidente Gustavo Petro, pues con la salida de circulación de alias “Pacho Malo”, ella se libera de los pesados cuestionamientos sobre su moral y ética, a pesar de que varios medios tradicionales venían lavándole la imagen y por ese camino debatiendo y erosionando la idoneidad de las fuentes de los periodistas Daniel Coronell, Gonzalo Guillén y las que soportaron el informe de la Revista Raya, que confirmarían las andanzas de Mancera.

En el plano internacional, la captura de Francisco Javier Martínez puede terminar confundiendo a los voceros de los tres organismos que exhortaron a la CSJ para que cuanto antes eligiera a la nueva fiscal general de la Nación. Y es así, porque no se entendería que una fiscal cuestionada moral y éticamente ordene buscar y someter a quien se le sindica de tener relaciones con criminales, con la protección de la Fiscalía.

La captura de “Pacho Malo” da vida a un contra argumento que mediáticamente servirá para darle algo de legitimidad a la interinidad de Mancera. Es el mismo contra argumento al que apela a cada momento el expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez, cuando se le cuestiona por sus relaciones con grupos paramilitares. Recuérdese que el exmandatario antioqueño se defiende señalando que él mismo extraditó a 14 de sus comandantes a los Estados Unidos, lo que borraría cualquier relación con los “paracos”. Así las cosas, Mancera dirá en adelante que ella no puede tener vínculos con “Pacho Malo” porque ella misma lo mandó a detener y que bajo su administración jamás se protegió y protegerá a funcionarios que tengan relaciones con estructuras delincuenciales y en particular con narcos del Valle del Cauca.

El 7 de marzo volverá la CSJ a votar. Quizás ese día, por fin decidan cumplir con lo que les ordena la Constitución Política.

Adenda: se cuidó la Fiscalía, en manos de Mancera, de presentar públicamente la captura de "Pacho Malo". Curioso, porque se trata de un golpe que mediáticamente le viene bien a su cuestionada imagen. Y le va a imputar el delito de contrabando, en lugar de narcotráfico. Algo huele muy mal. 

Imagen tomada de La FM. 

CALI SEDE DE LA COP16: OPORTUNIDAD PARA REPENSARNOS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Hay que celebrar que Cali será sede de la COP16, a realizarse entre el 21 octubre y el 2 noviembre del año en curso. La edición 16 de la convención sobre la biodiversidad debe asumirse no solo como una vitrina para exhibir el potencial biodiverso del Chocó Biogeográfico y la diversidad cultural ancorada a los territorios, sino para revisar los desafíos, amenazas y problemas que se ciernen sobre el Pacífico colombiano y los Farallones de Cali, sometidos sus ecosistemas a los impactos negativos de la minería ilegal y legal, el acecho de las constructoras y los asentamientos ilegales, entre otras actividades que constituyen una grave amenaza para especies animales y vegetales.

El evento internacional debe servir también para poner en cuestión el modelo de la gran plantación que se impuso en el valle geográfico del río Cauca, con el que se priorizó el monocultivo de la caña de azúcar y se afectó en materia grave ecosistemas valiosos como humedales y ríos, así como las aguas subterráneas; el paisaje monótono que ofrece la caña de azúcar debe entrar también en la discusión. Claramente, dicho monocultivo es un enclave que desnaturaliza la vida ecosistémica porque borró conexiones ecológicas y por esa vía, afectó nichos ecológicos de varias especies.

Ojalá no se asuma el evento como una simple vitrina para lavarle la cara (greenwash) a quienes promovieron un desarrollo económico que con el tiempo demostró ser insostenible, en particular para las actuales circunstancias que afronta el país y el mundo con la crisis climática, que está inexorablemente articulada a una crisis civilizatoria y humana.

Para conservar, restaurar y aprovechar con criterio los ecosistemas que anidan en el Chocó Biogeográfico hay que aceptar que desde Cali y Bogotá se alientan procesos y acciones propias de lo que se conoce como racismo estructural. La capital del Valle, por ejemplo, es una urbe que segregó a los negros que se asentaron en su suelo, huyendo de la violencia política y social de guerrilleros y paramilitares y atraídos por el espejismo del desarrollo urbano.

Nadie puede negar que ser sede de la COP16 constituye un logro importante del actual gobierno, comprometido con la transición energética y en detener la deforestación de las selvas, en particular la amazónica. También es una oportunidad para revisar el estado del bosque seco y de la selva húmeda del Pacífico; preguntarse cómo está hoy en día la Serranía de Los Paraguas, así como los manglares en zonas costeras como Buenaventura, enriquecerá, sin duda, las discusiones académicas.

El discurso ambientalista que de todas maneras ronda la COP16 no puede quedarse en hacer un inventario de las especies que habitan en nuestros variados ecosistemas naturales-históricos. Saber qué especies endémicas tenemos es de gran valor, pero lo es más si comprendemos los riesgos de continuar sometiendo a la naturaleza a las lógicas económicas de actores legales e ilegales que operan a lo largo y ancho del Chocó Biogeográfico.

Huelga recordar lo dicho por Antonio Guterres: “es el momento de decir basta. Basta de brutalizar la biodiversidad, basta de matarnos a nosotros mismos con carbono, basta de tratar a la naturaleza como una letrina (...) y de cavar nuestra propia tumba". A pesar de la fuerza semántica, lo dicho por el funcionario de la ONU solo quedará en los registros periodísticos. Y es así, por cuanto hay una inercia civilizatoria que el ser humano ya no maneja y no puede controlar. De esa inercia civilizatoria hacen parte el mercado, el consumo, la reproducción humana y el sistema capitalista. A esos tres factores o elementos hay que sumarle dos más: de un lado, la ciega confianza en que la tecnología servirá para mitigar y enfrentar los problemas generados por las crisis climáticas. Del otro lado, la aspiración de vivir en escenarios tan artificiales, que ya pueda hablarse y situarse en un mundo postnaturaleza. Y para ello, necesitará avanzar en la consolidación de un poshumanismo, lo que nos conducirá, muy seguramente, al nacimiento de un nuevo ser (poshumano) no solo capaz de sobrevivir en medio de difíciles condiciones atmosféricas, sino alejado de cualquier preocupación o angustia ética y moral, por aquellos que no alcanzaron a crear aquellos escenarios alta y tecnológicamente artificiales que les garanticen vivir en condiciones de seguridad y dignidad. Mientras se toma consciencia, la especie humana seguirá convirtiendo el planeta en una maloliente letrina, en un basurero de carros, motos, celulares, llantas, lavadoras e impresoras, entre otras tantas mercancías, sin asumir que se convirtió en una peligrosa plaga.

Imagen tomada de la Alcaldía de Cali 

OEA, CIDH Y ONU: ¿INTROMISIÓN EN ASUNTOS INTERNOS DE COLOMBIA?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Las exhortaciones que hicieron la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la oficina de DDHH de la ONU en Colombia para que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) elija cuanto antes a la nueva fiscal general de la Nación no constituyen necesariamente una intromisión en los asuntos internos de Colombia, por dos razones fundamentales, a saber:

La primera, es que Colombia hace parte de los sistemas de las Naciones Unidas y el interamericano, lo que legitima estas recomendaciones y otras que en adelante estos organismos decidan hacerle al país. Esa, digamos, es una razón y una circunstancia jurídico-política que no es posible desconocer, por más molestias que genere en quienes insisten en desestimar las graves denuncias periodísticas que ensucian los nombres de la fiscal encargada, Martha Mancera y el de su exjefe, Francisco Barbosa. Justamente, los tres organismos ven en la interinidad un problema de legitimidad que la Oposición no quiere ver, porque no les conviene a sus más connotados miembros, que se elija, por primera vez en el país, a una fiscal recta, proba y que no sea amiga del presidente de la República.

En lugar de protestar por las misivas enviadas por los tres organismos, en las que también exhortaron al presidente Petro a brindar garantías y a evitar presiones sociales que de manera violenta impidan a la CSJ cumplir cabalmente con lo que le ordena la Carta Política, deberían los miembros de la Oposición entender que lo que está en juego es la legitimidad del ente acusador, el mismo que deviene capturado por mafias políticas y organizaciones criminales, de acuerdo con las mismas fuentes periodísticas y las propias actuaciones de la Fiscalía consistentes en favorecer intereses de poderosos agentes económicos y políticos que debieron ser acusados por corrupción y otros que ostentan la calidad de procesados e imputados. Pero no. Hablan de defender la institucionalidad, mirando de soslayo la impunidad del 94% en los casos de corrupción público-privada que dejó el nefasto periodo de Francisco Barbosa.

Y la segunda razón nace de la credibilidad que le reconocen al presidente Gustavo Petro los organismos mencionados en virtud de que sus denuncias de un quiebre institucional o golpe blando son del resorte de la ONU, la OEA y la CIDH. Así entonces, no se trata de una intromisión maliciosa en los asuntos internos de Colombia como lo aseguran miembros visibles de la Oposición, entre estos el también nefasto exfiscal general, Néstor Humberto Martínez Neira, sino de la observación de una delicada situación política que, de darse en Colombia, obligaría a los tres organismos a actuar en consecuencia.

Lo que hizo el gobierno de Petro fue internacionalizar la situación anómala que según él se estaría fraguando al interior del país: el quiebre institucional azuzado por Francisco Barbosa, desde su cargo de Fiscal general de la Nación, siguiendo instrucciones de agentes del establecimiento.  Guardando las proporciones, lo que hizo el actual gobierno se parece en algo a lo que hizo Pastrana cuando internacionalizó el conflicto armado interno, expuso a las Farc-Ep ante el mundo, entregándole la zona de distensión sin verificación de la ONU y naturalizó la injerencia militar de los Estados Unidos. Todo lo anterior, en el marco del Plan Colombia, política pública de corte transnacional que se aprobó en el Congreso americano, sin el visto bueno de la corporación legislativa de Colombia.

La gran diferencia entre las dos situaciones está en que Petro prendió las alarmas en la ONU y la OEA por los riesgos de un quiebre democrático en el país, lo que supondría además el abandono de todo esfuerzo por pacificar al país; mientras que en el caso de Pastrana (1998-2002), lo que hizo fue generar las condiciones internas y externas que terminaron escalando el conflicto armado interno de tal manera, que la propia ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos terminaron, la primera, validando el acuerdo de paz de La Habana firmado durante el gobierno de Santos;  y la segunda, declarando como culpable  al Estado colombiano por la violación sistemática de los derechos humanos cometida durante las administraciones de Pastrana y Uribe, con la aplicación del Plan Colombia.  

Es decir, Pastrana, Uribe y Duque lo que hicieron fue naturalizar las condiciones de una democracia de mano dura, mientras que Petro lo que hizo al llamar la atención de los tres organismos fue evitar un quiebre institucional que regrese a Colombia a las sistemáticas violaciones de los DDHH, reeditando las circunstancias de la guerra perpetua a la que le apostaron Pastrana, Uribe y Duque.   

Imagen tomada de Youtube.com 

LA INTERINIDAD MANCERA ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD… DE LA FISCALÍA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

José Fernando Reyes, presidente de la Corte Constitucional (CC) entró a terciar en el ya agrio enfrentamiento entre el Ejecutivo, en cabeza de Gustavo Petro y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por la demora en la escogencia de la nueva fiscal general de la Nación. Y lo hizo de la peor manera posible: recomendando a los togados de la CSJ que, de volverse a presentar presiones violentas, se aplace la ya enrarecida elección. Sin duda alguna, una lectura equivocada de parte de Reyes, a quien poco le importan los cuestionamientos morales y éticos que recaen de tiempo atrás sobre Francisco Barbosa y su vicefiscal, Martha Mancera.

Un simple acto administrativo, que no debería de concitar tamaño enfrentamiento institucional, los magistrados de la CSJ lo convirtieron en un asunto de una inexistente complejidad. ¿Si ya hace meses aceptaron las hojas de vida de las ternadas, cuál es la demora en elegir a la mejor?

Horas después de lo expresado por Reyes, entró a terciar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. El organismo internacional exhortó a la CSJ para que “a la mayor brevedad posible" elija a la nueva titular del ente investigador, hoy en manos de la cuestionada Martha Mancera. “La ausencia de una persona titular y la designación de personas interinas puede afectar a su independencia y autonomía. Por lo tanto, la CIDH alienta al Tribunal Supremo de Justicia a cumplir con su deber constitucional y finalizar el proceso de selección de la persona titular de la Fiscalía General de la Nación, a la mayor brevedad posible".

Estamos ante dos posturas diametralmente distintas que hacen pensar en que el simple acto administrativo constituye realmente una decisión trascendental contaminada muy seguramente por intereses personales y corporativos de poderosos agentes económicos y políticos del establecimiento colombiano a los que no les conviene que se elija a una nueva fiscal que de pronto ordene reabrir procesos penales en los que están involucrados. Prefieren, claro está, la interinidad de Mancera, porque saben que ella es la continuidad de Barbosa, en el cuerpito y en las carnitas de la cuestionada fiscal encargada (o encartada).

Al parecer, en la CIDH tienen claro que existen poderosos actores políticos y económicos que no quieren que por primera vez en Colombia haya una terna de mujeres preparadas y no recomendadas por amistad con aquellos poderosos o lo que es peor, amiguitas del presidente de la República. En este punto recordemos que el fiscal Barbosa fue ternado por su amigo entrañable, el entonces presidente-títere, Iván Duque Márquez. Al final, la CSJ de la época cometió el gravísimo e imperdonable error de elegirlo como fiscal general.

No se entiende que con una terna de mujeres probas, sin tacha alguna y alejadas de las históricas mañas clientelares que en el pasado sirvieron para que se ternaren y eligieran anteriores fiscales, la CSJ no haya cumplido con la tarea y por esa vía dilatado la elección de la nueva fiscal. ¿Habrá algo de misoginia en los togados y envidia en las togadas?

El espaldarazo de la CIDH al gobierno Petro constituye un hecho político que bien podría tener efectos políticos en los mismos Estados Unidos. Con la misiva de la CIDH, la elección de la nueva fiscal en Colombia se volvió un asunto internacional, lo que bien podría tener efectos que bien pueden asumirse como positivos o negativos, dependiendo de la perspectiva política desde la que se asuma la lectura de la situación. Podría ser positivo para el gobierno Petro que los togados de la CSJ por fin este 22 de febrero voten y elijan a la mujer que remplazará al egocéntrico de Francisco Barbosa y se recupere, para la sociedad y el Estado de derecho, la maltrecha institucionalidad de la Fiscalía, fruto de la pésima, oscura y maliciosa gestión de Barbosa.

También podría producirse la intervención directa de la DEA y los Departamentos de Justicia y Estado de los Estados Unidos a raíz de las versiones periodísticas que señalan que Barbosa y Mancera habrían protegido a mafiosos y a fiscales con vínculos con traquetos del norte del Valle del Cauca. De darse esa situación, la narrativa que señala que Colombia es un Estado mafioso se confirmaría, lo que obviamente afectaría los esfuerzos del actual gobierno de enfrentar no solo a los narcotraficantes, sino a sus amigos y compinches de cuello blanco. Esa misma reacción de los entes americanos serviría para consolidar las buenas relaciones y la confianza entre los gobiernos de Biden y Petro, lo que redundaría en beneficio de Colombia.

Imagen tomada de Youtube.com

FISCALÍA DE BARBOSA: UNA FORMA DE CONTRAPODER PRESIDENCIAL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Si para algo ha de servir la nefasta gestión de Francisco Barbosa Delgado al frente de la fiscalía general de la Nación es para poner en evidencia varias dimensiones y comprender que el enfrentamiento con el presidente de la República va más allá de rencillas personales y que, por el contrario, hay asuntos de fondo cuya visibilidad se pierde por el registro noticioso de las disputas entre Barbosa y Petro:

1. Con la llegada del primer gobierno de izquierda, la figura del fiscal general se erige como una forma oposición política institucionalizada, esto es, un contrapoder que impide el trabajo armónico entre las tres ramas del poder público, por cuanto el fiscal general se torna tan intocable como el propio presidente de la República. Esa actitud de contrapoder se acrecentó con el silencio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), alto tribunal que jamás llamó la atención al fiscal durante los agrios enfrentamientos que sostuvo con el presidente Gustavo Petro. De igual manera, aporta su granito de arena la Procuraduría por estar en manos de Margarita Cabello Blanco, ficha del clan Char en el ministerio público. 

Bajo esas circunstancias, el poder presidencial se conecta exclusivamente para resolver asuntos institucionales muy propios del sistema presidencialista, esto es, política económica, monetaria y relaciones con agentes políticos y económicos de la sociedad civil y por supuesto, las relaciones internacionales; mientras que el rol del fiscal general de la Nación estaría al servicio de asuntos nocivos y nefastos para las institucionalidades aquí comprometidas: la entrega de cargos públicos y contratos a familiares de los togados de la CSJ, lo que explicaría el no llamado de atención a Barbosa por su mala gestión y su evidente participación en política y por supuesto, la demora para elegir a la nueva fiscal de la terna enviada por el presidente Petro. 

Se suma a lo anterior, la imposibilidad de que las fuerzas militares y de policía puedan trabajar de manera armónica con el ente investigador por decisión del fiscal general, interesado en hacer fracasar la política criminal.

Así entonces, Francisco Barbosa Delgado inauguró en el país la figura del contrapoder al Ejecutivo, apoyado por una parte importante del Establecimiento colombiano que detesta a Petro y sus políticas sociales y ambientales, así como su disposición de golpear exclusivamente las finanzas de los narcotraficantes y de querer recuperar a la Fiscalía, para el Estado de derecho, lo que implica arrebatársela a clanes políticos y empresariales. Todo indica que hay sectores de la economía formal que no les gusta la estrategia de Petro de golpear las finanzas de los mafiosos y narcotraficantes por cuanto se estaría afectando la cadena institucionalizada de lavado de activos. 

2. De acuerdo con las denuncias de connotados periodistas, existirían relaciones mafiosas con el Clan del Golfo, lo que convierte al fiscal general en un actor político que actúa en contravía de cualquier política criminal y antidrogas que desde el Ejecutivo se quiera ejecutar.

Si las denuncias de los periodistas Daniel Coronell, Yohir Ackerman y Gonzalo Guillén, entre otros más,  acerca de las relaciones mafiosas de la vicefiscal y mano derecha de Barbosa, Martha Mancera, con narcotraficantes del Valle del Cauca son ciertas,  la fiscalía general de la Nación estaría fungiendo dentro del Estado como un agente en oposición a la política antidrogas del gobierno de Petro, fundada en golpear las finanzas de los mafiosos a través de la interdicción de los envíos de cocaína, la destrucción de los laboratorios y la incautación de sus bienes, lo que supone dejar de criminalizar a los campesinos que se ven obligados cultivar la coca.

Hay que recordar que Francisco Barbosa, en misiva enviada al Consejo Nacional de Estupefacientes rechazó la política antidrogas de Petro. En la carta no solo expone su voto negativo a dicha política gubernamental, sino que minimiza las intenciones de proteger la vida de los cultivadores, consumidores y al medio ambiente. Es apenas lógico que Barbosa defienda actividades como la aspersión con glifosato, peligroso defoliante potencialmente cancerígeno y la erradicación violenta de los sembrados de coca. Y es así porque él sigue las instrucciones del uribismo, que son las mismas que promovió su amigo, el entonces presidente-títere, Iván Duque Márquez (2018-2022), quien en su momento lo ternó para que la entonces Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo eligiera fiscal general de la Nación hasta el 12 de febrero, día en el que termina el oscuro periodo de Barbosa.

La desaprobación o el rechazo que la Fiscalía hizo de la Política Nacional de Drogas (2022-2023) expresa el desinterés de Francisco Barbosa por las variables socio ambientales y ecológicas que axiológicamente el gobierno del presidente Petro conecta con la fracasada lucha contra el narcotráfico, de la que es amigo cercano el fiscal general de la Nación.

3. La politización del ente investigador, lo que supone dejar de investigar y procesar a miembros de clanes políticos y de familias poderosas (élite económica). Baste con señalar el favorecimiento judicial que desde la dirección general de la fiscalía se promueve hacia tres poderosos agentes económicos y políticos: la familia Sarmiento Angulo, Álvaro Uribe Vélez y el Clan Char. Y no podemos olvidar que por orden de Barbosa, se cerró la investigación por la "Ñeñe política" para proteger a su amigo el presidente Iván Duque Márquez y a quienes hicieron posible que a la campaña Duque presidente entraran dineros del señalado narcotraficante. 

Si Sarmiento Angulo reconoció ante las autoridades americanas que cometió actos de corrupción en la construcción de la ruta del Sol 2, esos delitos los cometió en Colombia, lo que supondría que la Fiscalía debe reabrir el proceso para procesar a los implicados. Para el caso de Uribe Vélez, la intención de Barbosa es clara: insistir en la preclusión del caso en el que está involucrado el vulgar caballista antioqueño, en calidad de imputado por los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos. El objetivo final de Barbosa es lograr la prescripción de los delitos. Y, por último, la Fiscalía ha actuado con evidente complacencia con varios miembros del clan Char investigados por varios delitos, entre estos, de tipo electoral. Igual comportamiento ha tenido con miembros de otros clanes como los Gnecco y Name.

Imagen tomada de Vanguardia. 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: LA VOLVIÓ A HACER

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Sucedió de nuevo: la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no eligió a la nueva fiscal general de la nación. En un contexto de presiones sociales y políticas y de denuncias periodísticas que ponen en tela de juicio la honorabilidad de Martha Mancera, las magistradas y magistrados del alto tribunal votaron y al final ninguna de las ternadas logró los votos suficientes para ser designada fiscal general de la nación. El voto en blanco volvió a triunfar.

El mecanismo de votación interna resulta caprichoso y permite que sobre los togados caigan toda suerte de sospechas y lecturas suspicaces. ¿Qué es lo realmente sucede? ¿Las candidatas aún no logran convencer a los y las magistradas o es que hay lobistas furtivos que ejercen presión con el objetivo de dilatar la decisión para favorecer a la pareja Barbosa-Mancera?

Sin duda alguna, el aplazamiento se entiende como un mensaje al presidente Petro y a quienes se movilizaron hoy exigiendo a la CSJ que eligiera a la fiscal general: no se aceptan presiones políticas y mucho menos, exigencias.

Volverán el 22 de febrero a reunirse para tratar de sacar adelante la elección. De no hacerlo, la señalada y cuestionada Martha Mancera quedará al frente de la Fiscalía más desprestigiada que haya existido en el país, desde que fue creada en 1991. Recordemos que Barbosa se va del cargo el 12 de febrero.  Estamos hablando de una fiscalía que bien puede superar a las escandalosas administraciones de Luis Camilo Osorio y Néstor Humberto Martínez Neira.

Lo que llama la atención es que de poco o nada han servido los informes que periodistas serios vienen publicando, en los que exponen hechos pútridos e impúdicos en los que aparece el nombre de Mancera, la actual vicefiscal.

Es de público conocimiento que, a raíz del agrio enfrentamiento institucional y personal entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal saliente, Francisco Barbosa Delgado, el gobierno en pleno presiona a la CSJ para que adopte cuanto antes la elección y evitar que Mancera, mano derecha de Barbosa, siga al frente de una Fiscalía cuestionada y señalada de estar capturada por clanes políticos, mafiosos y por el Clan del Golfo. La politización de la Fiscalía es evidente. Baste con señalar dos casos: las 3 veces que el ente acusador solicitó la preclusión del caso Uribe Vélez por manipulación de testigos y fraude procesal y la no apertura de investigación contra Sarmiento Angulo, después de que reconociera ante las autoridades americanas, haber cometido actos de corrupción en la construcción de la Ruta del Sol 2.

Tanto las denuncias de golpe de Estado hechas por el presidente Petro, que circulan en Estados Unidos y España, entre otros países y los graves señalamientos en contra de Mancera y Barbosa, solo sirven para que la mala imagen del Estado colombiano y la de sus connacionales se extienda y se confirme. Si a la CSJ le importara lo que sucede con una Fiscalía politizada y capturada por mafias de todo tipo, revisarían las denuncias periodísticas de medios como la revista Raya, Daniel Coronell, Yohir Ackerman y Gonzalo Guillén en las que señalan las relaciones mafiosas que, según aquellos, tendrían Mancera y Barbosa con organizaciones al margen de la ley.

En últimas, las marchas y concentraciones masivas de hoy 8 de febrero tienen un valor ético-político importante en la medida en que se está rechazando la corrupción y la captura mafiosa del ente investigador. Ese genuino clamor social debería de ser suficiente para que la CSJ evite dejar a Mancera al frente de la Fiscalía.

Prolongar en el tiempo la elección del remplazo de Barbosa acrecentará el malestar social, las rencillas políticas y el alto nivel de crispación política e ideológica que desde ya convierten a las elecciones de 2026 en un delicado escenario en el que bien pueden aparecer peligrosas circunstancias y hechos políticos: por ejemplo, el de la reelección de Petro, la irrupción de un Bukele de las huestes de la extrema derecha que estaría detrás del golpe blando y por supuesto, los efectos jurídico-políticos que muy seguramente provocarán las actuaciones de la nueva fiscal general de la Nación en contra de los poderosos agentes políticos y económicos que Barbosa y Mancera vienen protegiendo de tiempo atrás. Será que hay temor en aquellos agentes de poder ante la llegada de una fiscal decente?

Adenda: rechazo los actos violentos en contra de la sede de la CSJ. Así no. 

Imagen tomada de Semana.com

ELECCIÓN DEL REMPLAZO DE FRANCISCO BARBOSA: DOS NARRATIVAS, UNA SOLA VERDAD

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La ya sospechosa dilatación de la elección de la nueva fiscal general de la Nación por parte de los 23 magistrados y magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tiene enfrentado ideológica y políticamente al país. Se ven dos bandos claramente diferenciados: de un lado, están quienes sospechan que hay togados interesados en pagarle favores clientelares al fiscal saliente, Francisco Barbosa, asegurando que la controvertida vicefiscal Martha Mancera asuma la encargatura del ente acusador por lo menos por dos meses o más. También, que hay poderosos agentes económicos y políticos, legales e ilegales, interesados en que la administración de Barbosa se extienda en el tiempo en los “huesitos y las carnitas” de Mancera. En ese bando aparecen los petristas, algunos juristas serios, periodistas independientes y el gobierno de Gustavo Petro.

El otro bando, en el que están uribistas y fervorosos anti petristas, creen que la presión que desde las redes sociales se viene haciendo a los magistrados de la CSJ obedece al interés del presidente Petro de que rápidamente se elija a la fiscal para salvaguardar la suerte de su hijo Nicolás Petro, procesado por enriquecimiento ilícito. La nueva fiscal, de acuerdo con esa narrativa, por el hecho de haber sido ternada por el jefe del Estado estaría en la obligación de defender los intereses, políticos y personales del presidente de la República. Es decir, que cualquiera de las tres mujeres ternadas que resulte elegida como fiscal general de la Nación será ficha de Petro y en consecuencia actuará desde uno de los bolsillos de la camisa del presidente de los colombianos.

De ambos bandos surgen narrativas diametralmente opuestas, defendidas con ardentía por Francisco Barbosa y el presidente Gustavo Petro. El primero, acusa al presidente Petro de proteger y beneficiar a las estructuras criminales (narcos, en particular), de ahí su interés de poner en el búnker de la Fiscalía a quien daría continuidad a esa apuesta presidencial. Por supuesto que ese discurso de Barbosa no tiene asidero por ser fruto de la animadversión que le produce la figura presidencial y porque, contrario a su propio caso, las ternadas por Gustavo Petro no son sus amigas entrañables. En este punto hay que recordar que el entonces presidente-títere, Iván Duque Márquez ternó a Francisco Barbosa y fue la CSJ que lo eligió Fiscal general de la Nación, hasta el 12 de febrero de 2024.

Recientemente, periodistas afectos a Barbosa recogieron la insinuación del saliente fiscal en la que señaló que Petro estaría preocupado por la suerte de su hijo, Nicolás Petro, quien está procesado por enriquecimiento ilícito, por haber recibido millonarios recursos económicos durante la campaña Petro presidente. Lo mejor que puede pasar es que el juez que lleva el caso del hijo de Petro falle cuanto antes, para evitar que caiga mancha alguna sobre las mujeres ternadas, y en particular sobre quien resulte elegida. Si hay pruebas contundentes, que lo condene. Y si, por el contrario, no hay pruebas suficientes que demuestren la comisión del delito, entonces que falle en consecuencia.

Entre tanto, Gustavo Petro descalifica la gestión de Barbosa, apoyado en investigaciones de periodistas muy serios como Gonzalo Guillén, Daniel Coronell y Jahir Ackerman, que señalan, entre otras cosas, que Mancera tendría vínculos con fiscales mafiosos de Cali que a su vez tendrían relaciones con narcos del norte del Valle del Cauca. De igual manera, las mismas investigaciones periodísticas aluden a que Barbosa y Mancera estuvieron comprometidos en defender las actuaciones oscuras de políticos de los clanes Char, Gnecco y Name; y en la decisión institucional de no someter a la justicia a los miembros del clan del Golfo.

El tamaño de la corrupción público-privada en Colombia es colosal. Y lo peor de todo es que no se vislumbra solución alguna, pues en las prácticas corruptas están involucradas, políticamente, la Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, jueces, congresistas y magistrados de las altas cortes.

Los carteles de la Toga, la Hemofilia, y el caso de las Marionetas dan cuenta de verdaderas empresas criminales cuya operaciones giraron, de un lado, en torno a magistrados que vendían fallos amañados y, del otro, alrededor de congresistas corruptos con capacidad para desviar millonarios recursos de dependencias estatales a las que tuvieron acceso gracias a funcionarios conectados directamente con dependencias estatales como el Departamento para la Prosperidad (DPS) o a programas de inversión para la paz o aquellos asociados a políticas públicas de corte social.

En medio de esos entramados de corrupción aparece la Fiscalía general de la Nación no como una entidad diseñada para perseguir, investigar y acusar a los corruptos, sino como una convertida para evitar, justamente, que se investiguen esas conductas punibles. De tiempo atrás la Fiscalía opera como una bolsa de empleo a la que se accede a través de componendas entre togados de la Corte Suprema de Justicia y los fiscales generales que han dirigido el ente acusador para tapar, minimizar, ocultar  y evitar calificar las conductas de altos funcionarios del Estado y las de particulares con poder económico y político,  con acceso a las más altas esferas de la dirección de la Fiscalía general de la Nación e incluso, de la presidente de la República.

Por todo lo anterior, la elección del Fiscal general de la Nación se asume, desde un deber ser, como una oportunidad para frenar y castigar los crímenes, incluidos los actos de corrupción; por el contrario, desde la tradición y el ya naturalizado ethos mafioso, para perpetuarlo, así como las relaciones clientelares y el crimen. No es gratuito que la impunidad en el país ronde el 94%.

Los mecanismos para elegir a las cabezas visibles de la Contraloría, Procuraduría y la Fiscalía general de la Nación devienen enrevesados desde el diseño constitucional mismo. Es así porque están contaminados por los sempiternos intereses políticos asociados al pago de favores cuando quien gana las elecciones comprende que está en la obligación de entregar dichas entidades a los partidos políticos para su administración, saqueo o direccionamiento para tapar o destapar, de acuerdo con los acuerdos mafiosos logrados entre las colectividades que resultaron ganadoras en las elecciones. Petro está lidiando con los acuerdos clientelares y políticos que Iván Duque Márquez consolidó y legitimó durante sus pérfidos cuatro años. Lo cierto es que hay dos narrativas contrarias en la ya enrevesada elección del remplazo de Barbosa y una sola verdad: la corrupción en Colombia no se acabará jamás.

Imagen tomada de Canal 1. 

7 PREGUNTAS PARA LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

 

 

Por Germán Ayala Osorio

Ante la posibilidad de que el fiscal Francisco Barbosa Delgado siga al frente de la Fiscalía, en las “carnitas y huesitos” de Martha Mancera, su vicefiscal, expongo estos interrogantes a los magistrados y magistradas que componen el alto tribunal de justicia.

Barbosa termina su desastrosa gestión el 12 de febrero. Y cuatro días antes, es decir, el 8, el pleno de la corporación judicial se reunirá por segunda vez para votar la elección de la nueva fiscal, de la terna enviada por el presidente Gustavo Petro.

Al parecer, ese mismo 8 de febrero escucharán al saliente fiscal general, quien rendirá el informe sobre su oscura gestión. Imagino que no reconocerá que el 94% de los delitos en Colombia quedan en la impunidad y mucho menos dará explicaciones del porqué en tres ocasiones aprobó que varios de sus subalternos solicitaran la preclusión del proceso penal en contra del expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez. Recuérdese que Uribe está imputado – imagino que también emputado- por los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos.

Así las cosas, no parece que el 8 de febrero los togados y togadas elegirán a la nueva fiscal, para incumplir así con la tarea constitucional de elegir el remplazo del ladino Francisco Barbosa. Les pregunto, señores magistrados y magistradas:

1.      1. ¿Les importa en algo las versiones periodísticas que hablan de las relaciones clientelares entre la Fiscalía, el fiscal Francisco Barbosa y algunos de los togados?

2.      2. ¿Les preocupa la mala imagen que por estos días ustedes mismos están consolidando en la opinión pública por la demora injustificada de elegir a la nueva fiscal general de la nación?

3.      3. ¿Cómo reciben las graves denuncias y señalamientos que periodistas serios como Daniel Coronell, Johir Ackerman y Gonzalo Guillén vienen haciendo del fiscal Barbosa y de su vicefiscal, Martha Mancera?

4.      4. ¿Por qué jamás llamaron la atención a Francisco Barbosa por sus burdas actuaciones y por haber convertido la Fiscalía en su sede de campaña para aspirar a la presidencia en el 2026?

5.     5.  Ante los agrios enfrentamientos entre Barbosa y el presidente de la República, ¿por qué la CSJ guardó silencio?

6.      6. ¿Qué piensan del lobby que Barbosa hizo ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos con el objetivo de “validar” lo que ya parece una realidad: que Martha Mancera, señalada de tener vínculos con narco fiscales del Valle del Cauca, se quedará un par de meses al frente de la Fiscalía?

7.      7. ¿Han recibido presiones de poderosos agentes económicos y políticos (de clanes políticos) para dejar en interinidad el cargo de fiscal general?

Como son 7 las preguntas y porque sé que no las van leer y mucho menos a responder,  aspiro a que por lo menos sean recogidas por un admirador de aquel presidente-títere, que en un evento internacional habló de los 7 principios de la espectral economía naranja porque ese número era muy importante para la humanidad por la existencia de los 7 enanitos, las 7 maravillas del mundo y las 7 artes.

Imagen tomada del Canal 1.