Por Germán Ayala Osorio
La lucha por la tenencia y
explotación de la tierra hacen parte de los sempiternos problemas de inequidad,
inseguridad alimentaria, sostenibilidad ecológica y socio ambiental que
arrastra el país, de la mano de las múltiples formas de violencia social y
política que parecen perennes. Se suma a lo anterior la disputa entre quienes
le apuestan a un tipo de desarrollo económico basado en el modelo de la gran
plantación con monocultivos
y ganadería extensiva de baja producción y los que abogan por uno de corte agrarista
para beneficio del campesinado y la consolidación de la soberanía y la
seguridad alimentarias.
De los históricos procesos de concentración
de la tierra en pocas manos participan familias presidenciales, poderosos
banqueros, empresas multinacionales y sus filiales en el país, comunidades menonitas,
ganaderos, congresistas, agentes narcoparamilitares y guerrilleros.
Durante la transmisión del Consejo de ministros el presidente Petro dio a conocer la lista de políticos[1] que estarían apropiándose de manera irregular o ilegal de terrenos baldíos. “Mientras miles de campesinos luchan por un pedazo de tierra para vivir y producir, algunos congresistas han estado ocupando ilegalmente tierras que le pertenecen a la Nación. Tierras baldías que por ley son para los campesinos, no para enriquecer a los poderosos de este país. Estos congresistas no están del lado del campesinado. Están del lado del despojo, del privilegio, del enriquecimiento a costa de la ilegalidad. Utilizan su poder para blindar sus intereses, para arrebatarle a las comunidades lo que les pertenece por derecho”, señaló Andrés Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras.
Estamos ante una práctica consuetudinaria en el país, facilitada por circunstancias como la debilidad de las instituciones estatales en el control de los baldíos de la Nación y la captura mafiosa de instituciones como el Incora, Incoder y ahora la ANT. Esas condiciones hacen posible la apropiación ilegal e irregular de las tierras que por ley deberían pasar para el aprovechamiento del campesinado, previa evaluación de su valor ecológico y ambiental. Se trata de procesos de acumulación por desposesión, captura mafiosa institucional o apropiación irregular o ilegal de baldíos e incluso de terrenos que hacen parte del sistema de parques nacionales naturales.
En un informe de la Contraloría General de la República, en los tiempos de Sandra Morelli, se dio a conocer los nombres de los agentes económicos que se apoderaron de tierras baldías en la altillanura. En dicho informe están las familias Sarmiento Angulo y los Eder con los casos Aceites Manuelita y Manuelita - San Martin, así como las empresas Riopaila Castilla, Poligrow Colombia; los casos de los familiares del ministro Iragorri, de la Familia Lizarralde Ocampo y el caso de la Multinacional Cargill, entre otros más. Los narcoparamilitares también se apropian de tierras que hacen parte de parques nacionales naturales. Al final, los perfumados congresistas y banqueros terminan pareciéndose a los narcoparamilitares.
Por fuera de ese informe se
presentaron otros casos de apropiación irregular de baldíos, en los que están
involucrados miembros de la comunidad Menonitas en la Orinoquia y el
expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez. Este último se apropió los
terrenos del baldío El Laguito 2. Después de años de aprovechamiento y de solicitudes institucionales para que lo
devolviera, tan solo en el 2022 el poderoso y temido político antioqueño devolvió al
Estado los terrenos que había anexado a su hacienda El Ubérrimo.
Así las cosas, lo “denunciado”
por Petro en su habitual Consejo de ministros constituye una prueba más de que
en Colombia
hay procesos continuados de robos
de la tierra por parte de agentes políticos (congresistas, empresarios,
multinacionales y presidentes) que han contribuido en gran medida a que el campesinado,
comunidades negras e indígenas sufran las consecuencias de la avaricia provocada
por la “fiebre de la tierra”. Son, justamente, esos actores políticos los que
se oponen a que el Estado y en particular el actual gobierno logre hacer la
reforma agraria que el país necesita para superar el oprobioso indicador de concentración
de la tierra en pocas manos, del 0.84[2].
Con sus acciones, los congresistas que hacen parte del listado de acaparadores
de tierras baldías aportan a que la violencia en Colombia se extienda en el
tiempo.
[1]
Estos son los congresistas señalados por el presidente de la República: Marcos
Daniel Pineda
Liliana Ester Bitar, Lidio
García Turbay, Carlos Cuenca, Familiares de Paloma Valencia, Juan Samy y Habib
Merheg, Ana Paola García, Luis Eduardo Díaz
[2] Gini,
entre más cerca a uno, mayor es el nivel de concentración de la propiedad.
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