PAPÁ PITUFO: EL GENERAL DEL CONTRABANDO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Ahora que la Fiscalía confirmó que dentro de la investigación que adelanta en contra de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo se encuentra un grupo de oficiales retirados de la Policía, va siendo hora de revisar las condiciones en las que opera el mecanismo de ascenso de oficiales de alta graduación de la Policía. En esa ruta institucional aparecen las “relaciones políticas y la búsqueda de padrinazgos” con los que los méritos policiales quedan proscritos y se alientan las alianzas politiqueras que bien pueden terminar en hechos de corrupción y la consolidación de mafias institucionalizadas como la del contrabando.

Los coqueteos con politicastros y con las lógicas de la política colombiana aparecen en los grados de coronel y general de la República de la Policía, una de las fuerzas más comprometida en sucesos de corrupción y desviación misional en los últimos años; esos hechos de corrupción devienen atados a las dinámicas del conflicto armado, la lucha contra el narcotráfico, minería ilegal y el contrabando. Cuando un policía de grado coronel o general se acerca o busca a políticos, sean o no congresistas para que los “recomienden” para obtener un ascenso, los uniformados dejan de ser hombres de honor para convertirse en vulgares instrumentos especialmente cuando esos benefactores realmente son politicastros profesionales que los necesitan para sacar adelante entramados de corrupción como los que logró concretar Papá Pitufo.

Un coronel retirado del Ejército me dijo que “de acuerdo con la reglamentación existente esos ascensos están blindados frente a la ayuda de padrinos políticos. Esto se cumple más en las FFMM que en la Policía por cuanto los policiales a lo largo de sus carreras trabajan de manera cercana con gobernadores y alcaldes. En los ascensos a generales últimamente se ha abierto la puerta para influencias en ambos casos (FFMM y Policía) debido a la aprobación en el Congreso de los candidatos que presenta el ministro de la Defensa quien los recibe de la junta de generales”.

Dicho mecanismo resulta perverso porque de este participan congresistas, expresidentes y presidentes de la República, lo que convierte un asunto estrictamente castrense y de mérito militar o policial, en uno de carácter político que de acuerdo con las versiones periodísticas conocidas facilitó las tareas de infiltración adelantadas por Papá Pitufo en la Policía nacional.

Los hechos que hoy el país conoce gracias a los medios alternativos a pesar de que Papá Pitufo lleva por los menos 30 años haciendo negocios con generales y coroneles sirven para constatar que el mecanismo de los ascensos es permeable y que el blindaje es mínimo.

Ya veremos si el gobierno Petro logra traer de vuelta al zar del contrabando en Colombia para que prenda el ventilador en el que muy seguramente volarán “barras con estrellas y soles” y credenciales de congresistas y expresidentes cercanos, cómplices o partícipes de las cadenas y redes logísticas que necesitó Papá Pitufo para mover por aeropuertos, carreteras, aduanas y puertos millones de dólares en mercancía de contrabando.

Si el paramilitar Salvatore Mancuso fungió como un “general de facto y un agente bisagra con altos oficiales del Ejército para cometer masacres, es apenas lógico pensar, por lo que ha trascendido hasta el momento, que Papá Pitufo también fue un general de facto o un agente bisagra entre los altos oficiales de la Policía y de la POLFA que hacían parte de la nómina del zar del contrabando. 

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EXTRADICIÓN DE PAPÁ PITUFO: TRES ESCENARIOS POSIBLES

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Si el gobierno Petro logra traer de vuelta a Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, se pueden dar por los menos tres escenarios jurídico-políticos: el primero, que por recomendación legal o las amenazas que muy seguramente recibirá de sus aliados decida guardar silencio. Llegado ese caso, le corresponde a la fiscal general de la Nación asumir la tarea de destapar la olla podrida que esconde Papá Pitufo. Ello, por supuesto, favorecería política y electoralmente a poderosos agentes del establecimiento que hoy cientos de miles de colombianos creen a pie juntillas que fueron socios de Marín Buitrago, el ya tristemente célebre zar del contrabando. Bajo esas circunstancias lo más probable es que a muy alto nivel político se logren pactos de silencio que podrían beneficiar la tirante relación entre el gobierno y la oposición.

El segundo escenario estaría atado a la versión que decida ofrecerle a la Fiscalía, lo que implicaría delatar a quienes hoy el país supone que fueron sus colaboradores directos en el largo proceso que lo llevó a convertirse en el zar del contrabando en Colombia: oficiales de la Policía en grados superiores, agentes aduaneros, congresistas, fiscales, periodistas y presidentes en ejercicio, entre otros. De darse ese escenario, el ambiente electoral de 2026 podría tornarse aún más complejo por lo que representaría la confirmación de la versión que indica que Papá Pitufo viene delinquiendo desde los años 90. De resultar así, el progresismo y la izquierda podrían salir avante en su aspiración de ganar la elección presidencial.

Y un tercer escenario, derivado de los posibles efectos políticos y electorales que podría generar la delación de ese entramado de corrupción, estaría dado en la entrega de una versión amañada de sus andanzas mafiosas, esto es, la selección interesada de sus cómplices para favorecer a específicos sectores del establecimiento colombiano que no estarían dispuestos a permitir que el progresismo se quede cuatro años más. Estaríamos entonces ante un relato muy propio de las maneras como suele operar el establecimiento cuando sus más poderosos y peligrosos agentes de poder asuman como un riesgo potencial que lo que declare Marín Buitrago suponga un cambio en las correlaciones de fuerza y en las formas regladas e institucionalizadas en las que operan todas las actividades mafiosas que confluyen en las desarrolladas por Papá Pitufo: blanqueo de dinero que haya favorecido al sistema financiero nacional e internacional; el contrabando mismo y los intereses políticos que están detrás de la intención manifiesta de quebrar específicos sectores económicos a través de la entrada masiva e ilegal de todo tipo de mercancías que el país produce.

Eso sí, independientemente de cuál de los tres escenarios aquí planteados o quizás otros que se puedan dar, lo cierto es que el remplazo de Papá Pitufo debe estar ya listo para asumir las actividades ilegales desarrolladas por el personaje de marras. Y es así porque la corrupción público-privada en Colombia es apenas un problema moral que fácilmente se supera con acuerdos políticos al más alto nivel. Ni la captura o muerte de los grandes capos de la droga y mucho menos la caída de políticos y contratistas corruptos sirvieron y servirán para proscribir la corrupción en el país porque el ethos mafioso en el que se inspira y manifiesta está en las entrañas del orden social y cultural establecido. El sistema económico y político necesitan de la corrupción para subsistir y darle sustento al establecimiento colombiano. No hay nada qué hacer.

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EL OSO YOGUI Y PAPÁ PITUFO EN LA HISTORIETA LLAMADA COLOMBIA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El país político ya debe estar acostumbrado a que cada cierto tiempo y en particular antes, durante o después de elecciones presidenciales siempre aparece un escándalo de corrupción capaz de superar al anterior, así como poner en cuestión a toda la institucionalidad estatal y sacudir las correlaciones de fuerza sin que ello signifique que la sociedad está a punto de proscribir el ethos mafioso, fuente de todos los escándalos públicos y privados que aparecen por cuenta de la naturalizada corrupción.

Después del lamentable espectáculo en el que terminó el consejo de ministros y la esperada crisis ministerial aparecieron en la escena preelectoral dos hechos noticiosos con implicaciones políticas, morales y judiciales que sin duda sacudirán a una parte del establecimiento colombiano: de un lado, el tardío reconocimiento público y mediático del poder criminal de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, el zar del contrabando en el país.

Este personaje lleva por lo menos 20 años delinquiendo de la mano de oficiales  de la Policía nacional, agentes aduaneros, de la propia DIAN y muy posiblemente de políticos y presidentes de la República; y del otro lado está la carta que Héctor Amaris Rodríguez, alias el Oso Yogui, escribió y envió a la Fiscalía en la que expresa su intención de desenmascarar a los miembros del Clan Char, en particular al alcalde de Barranquilla, Alex Char por hechos delictivos como lavado de activos y malversación  de recursos públicos.

En la referida misiva, el Oso Yogui da pistas de los hechos delictivos de los que tiene pruebas: “En primer lugar, Triple A: Desvío de recursos públicos a través de contratos manipulados y apropiación indebida de activos que afectaron al patrimonio de Barranquilla”; Iarco: “Esquemas fraudulentos de licitación para favorecer a empresas vinculadas al clan Char; Aida Merlano: financiación irregular de campañas políticas, compra de votos y obstrucción de la justicia. Aportaré nuevas pruebas que esclarecerán definitivamente este caso; Tiendas Olímpica: Lavado de activos y triangulación de recursos de origen ilícito mediante esta red empresarial”.

Hasta el momento el caso de Papá Pitufo toca tangencialmente a la campaña Petro presidente, situación que ya fue aprovechada por la Oposición mediática y política que le apuesta a convertir la versión que indica que dineros del zar del contrabando entraron o pudieron entrar a dicha campaña presidencial en lo que sería un nuevo Proceso 8.000. Logrado ese objetivo, la derecha pondría sobre Gustavo Petro una mácula que lo dejaría en el mismo nivel de indignidad que alcanzó la imagen del entonces presidente Ernesto Samper después de la probada entrada de dineros del cartel de Cali a su campaña. Una vez logrado ese objetivo moral y político, la derecha espera “herir de muerte” el proyecto progresista que defiende e impulsa el presidente Petro.

Con el visto bueno de un tribunal de Portugal para que Diego Marín Buitrago sea extraditado a Colombia, y con el interés del presidente Petro de traerlo de vuelta al país para que exponga a aquellos agentes de poder que desde varias instituciones le ayudaron a convertirse en el más grande contrabandista, los colombianos estarían avocados a ver por televisión un escándalo político que impactaría las elecciones presidenciales de 2026. Si todo sale como Petro lo está imaginando, la derecha sería el sector ideológico y político más golpeado si alias Papá Pitufo prende el ventilador.

La verdad que logre entregar el zar del contrabando al país tendría efectos políticos negativos que se sentirán en mayor proporción en Bogotá, centro de poder en el que la corrupción y el ethos mafioso se volvieron paisaje en instituciones estatales desde las que se facilitó el trabajo de importación ilegal y ficticia de mercancías y el lavado de millones de dólares gracias al emporio mafioso que agentes oficiales le permitieron consolidar a Papá Pitufo.

Entre tanto, el ventilador que prenda el amigo íntimo y exasesor de Alex Char, actual alcalde de Barranquilla solo sacudirá los cimientos del poderoso Clan Char, sobre el que recaen toda suerte de señalamientos y cuestionamientos por asuntos de compra de votos y uso indebido de recursos estatales.

Así las cosas, el país político y mediático aportará cada uno su grano de arena a la consolidación de la narrativa que indica que los colombianos, el Estado, sucesivos gobiernos y miembros de la élite política actúan bajo el influjo de un incontrastable ethos mafioso, el mismo que nos hace ver ante el mundo como una sociedad corrupta.

La aparición en escena de alias Papá Pitufo y del Oso Yogui sumergen al país en una especie de territorio propicio para las series animadas. Para el caso de Papá Pitufo, aún el país no sabe quién representará a Gargamel, aunque podría pensarse que la Fiscalía usará su poder para perseguirlo por toda la Aldea que el viejo contrabandista construyó Hay que advertir que dentro del ente investigador y al interior de otras entidades estatales hay agentes prestos a dar rienda suelta a sus más oscuros propósitos al momento en el que Papá Pitufo decida hablar. Estaríamos ante un Gargamel espejo.

Entre tanto, la tierna figura del Oso Yogui, la tira cómica, hace pensar en que se aprovecharon de su inocencia quienes usaron el poder para enriquecerse de manera ilícita. Eso sí, en esta historieta de país no hay cabida para la Pantera Rosa, personaje animado que casi siempre triunfa en su “lucha” contra aquel recordado hombre blanco y bigote. Convertida Colombia en una tira cómica, la justicia, con todo y su majestad, está representada en el Coyote. Y los corruptos y criminales que se burlan de ella y la timan están muy bien representados por el Correcaminos.

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LOS DINEROS DE ALIAS “PAPÁ PITUFO” Y LA ESTRATEGIA DEL CENTRO POLÍTICO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La tarea de los medios hegemónicos que le hacen oposición política al gobierno de Gustavo Petro será, para el resto de este 2025, la de afianzar las estrategias y afinar los tratamientos periodístico-noticiosos que conduzcan a consolidar la imagen negativa de la “izquierda” y del progresismo.

El propósito sigue siendo el mismo que se plantearon el 7 de agosto de 2022: deslegitimar a la administración Petro, con un elemento nuevo que es el de poner al presidente Petro en el mismo grado de indignidad que alcanzaron los entonces presidentes Samper por el proceso 8.000 y Uribe Vélez por los falsos positivos, la penetración paramilitar en entidades estatales durante su administración y los hechos punibles que lo tienen hoy enfrentando un juicio por manipulación de testigos y fraude procesal. Eso sí, hay que advertir que la indignidad de Uribe resulta más tolerable para una parte de la sociedad y los medios masivos porque se trata de un político de derecha que siempre le apostó a la privatización del Estado; la de Petro, por venir del progresismo y de la izquierda moderada resulta a todas luces inaceptable y terrible. Lo anterior confirma el triunfo cultural del doble rasero en la sociedad colombiana que deviene confundida moralmente. 

Una vez logrado ese objetivo, las empresas mediáticas le apostarán a imponer a sus audiencias las candidaturas pretendidamente de Centro que se mostrarán decididas a tomar distancia política de Uribe y Petro, los dos grandes electores que enfrentarán a sus seguidores en las elecciones de 2026. “El país más allá de Uribe y Petro” será la consigna que usarán aquellos candidatos presidenciales interesados en que Colombia supere la crispación ideológica y la indignidad resultante de la disputa política entre los seguidores y defensores de estos dos “barones” electorales. Muy seguramente entre el ramillete del medroso Centro llegarán, a pesar de militar o de guardar simpatías con la derecha, personajes como  Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria, Claudia López, David Luna y Vicky Dávila de Gnecco, reconocidos de tiempo atrás como veletas ideológicas y figuras camaleónicas que en semejante coyuntura pueden servir a los propósitos electorales que ya un sector del establecimiento colombiano está dejando ver: consolidar una opción de Centro que, aunque mentirosa, dé la sensación de que la lucha Petro vs Uribe quedó superada.

El registro periodístico que hace la revista Cambio de la entrada de dineros del zar del contrabando en Colombia, Diego Marín, alias “Papá Pitufo” a la campaña Petro presidente sirve a los propósitos arriba descritos. A pesar de la explicación anticipada dada por el presidente de la República reconociendo que efectivamente “Papá Pitufo” intentó infiltrar sus dineros en las arcas de la campaña presidencial, el titular será recogido por otros medios con el claro objetivo de insistir en la indignidad de Petro. “Cambio revela el papel del zar del contrabando en la financiación de la campaña de Gustavo Petro” es el titular.

De esa manera, ponen a la opinión pública a hablar sobre si los dineros del contrabandista entraron, o si los devolvieron en su totalidad. La periodista Paola Herrera postea en su cuenta de X que “El propio presidente Gustavo Petro le reconoció a @estoescambio que, a través de Xavier Vendrell, Papá Pitufo intentó infiltrar la campaña y dijo “ordené devolver esos dineros”. Aunque hay un video donde se ve que sí devolvieron plata, no se sabe si son todos los 500 millones, si entraron más recursos y ¿por qué no se avisó a las autoridades?”

La publicación pudo titular Petro rechazó dineros del zar del contrabando. Pero un titular de esa forma convertiría a la revista en “petrista”, imagen que no les conviene generar por cuanto las apuestas políticas de todas las empresas mediáticas cercanas al establecimiento es que en el 2026 la derecha regrese a la Casa de Nariño.

A la revista Cambio le resulta más efectivo política y mediáticamente sembrar la duda llevando al jefe del Estado al escenario propicio en el que se generan dudas entre las audiencias por cuenta de las versiones encontradas. Al final, lo que buscan Cambio y las otras empresas mediáticas es llevar a Petro a juicio adversarial mediatizado. 

Destruir moralmente una campaña y ponerle una mácula a una figura política resulta muy fácil para la prensa. Basta con un titular tendencioso para lograrlo. La revista Cambio desecha la aclaración de Petro y opta por sugerir que efectivamente alias "Papá Pitufo" financió la campaña presidencial, un asunto que no es nuevo en Colombia, pero que de cara a las elecciones de 2026 y bajo la idea del cambio que vendió Petro se vuelve extraña, llamativa, trascendental y moralmente inaceptable.

Años atrás fueron los Rodríguez Orejuela que financiaron las campañas Samper y Pastrana presidentes; luego, el apoyo logístico y político de los paramilitares a la campaña Uribe presidente de acuerdo con lo declarado por Mancuso; luego, vino la financiación del Ñeñe Hernández a la campaña Duque presidente. Antes se había producido la financiación de la campaña de Santos presidente y la del candidato del Óscar Iván Zuluaga con los dineros de Odebrecht, multinacional corrupta que manoseó a presidentes de varios países latinoamericanos.

Dado que la investigación que adelanta el ilegítimo Consejo Nacional Electoral por la violación de los topes de la campaña presidencia de Petro no generó los efectos políticos esperados, la versión de si alias “Papá Pitufo” puso o no plata a la campaña Petro presidente es una forma de reiniciar lo que institucional y constitucionalmente los enemigos del gobierno no pudieron lograr. Ahora el turno les corresponde a las empresas mediáticas tradicionalmente eficaces a la hora de limpiar o ensuciar la imagen de un político. Más claro: la campaña de 2026 ya arrancó y la apuesta es convertir a Petro y a su gobierno en lo "peor que le ha pasado a Colombia en los últimos 30 años". 

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ETHOS MAFIOSO Y LA CRISIS DEL SISTEMA DE SALUD

 

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La crisis del sistema de salud en Colombia tiene además de componentes técnicos, factores ético-políticos y culturales que permiten entender  las posturas de quienes se oponen al incremento del 5,36% en la UPC, pero sobre todo, a los máximos controles sobre los millonarios recursos públicos girados a las EPS que el gobierno Petro, a través de la ADRES, quiere imponer para detener el acordado desangre institucional en el que terminó convertido dicho modelo de aseguramiento.

Dicho sistema de aseguramiento en salud nació durante la consolidación del neoliberalismo en Colombia, hecho que facilitó el debilitamiento de los máximos controles fiscales sobre las entidades prestadoras de salud. Después de más de 30 años de libertades políticas y económicas promovidas por gobiernos de derecha el modelo de salud dejó ver con claridad el principio que lo llevó al colapso: el ethos mafioso que guió las operaciones de IPS y EPS y la estrategia de los “técnicos del neoliberalismo” de intervenir en unos casos y en otros seguirle inyectando dinero a un enorme saco roto.

Bajo ese sistema de salud y la naturalización de la corrupción, los pacientes sufrieron las consecuencias de un conjunto de procedimientos reglados y pensados para favorecer a familias de políticos y miembros de las juntas directivas. El matute en el que convirtieron el manejo de los millonarios recursos les alcanzó en el pasado para financiar campañas presidenciales y congresionales. De esa manera aseguraban el recibimiento de más y más recursos sin la vigilancia requerida. Los entes de control durante más de tres décadas fueron testigos mudos del continuo desangre al erario.

La prensa hegemónica fue, durante esos largos 30 años, un actor político clave para salvaguardar las identidades de aquellos poderosos políticos (verdaderos politicastros) que hacían parte interesada del sistema con el único objetivo de sacar provecho económico. Desde el mismo día en el que se anunció el incremento, las empresas mediáticas abrieron sus espacios para escuchar las “razones técnicas” de ACEMI y de otras agremiaciones, convertidas en quejas y lecturas catastrofistas por el reducido incremento en la Unidad Por Capitación (UPC).  Ni los periodistas y mucho menos los agentes políticos y técnicos que hacen parte del sistema de salud han hecho referencia a los actos de corrupción que fueron llevando a la crisis, al parecer irreversible, del “aplaudido” sistema de aseguramiento en salud. Todos evitan discutir alrededor de la razón política y técnica que exhibió el gobierno para considerar el incremento del 5,36%: "las EPS no reportaron información confiable, oportuna y clara” sobre sus costos operacionales y los derivados de las demandas de los pacientes.

El colapso de las EPS y la crisis misma del sistema de salud en Colombia desvirtúa la narrativa aquella que señala que lo “privado es sinónimo de eficiencia y pulcritud”. En este caso faltó vigilancia estatal y sobró mezquindad y avaricia de gerentes, presidentes y miembros de juntas directivas que manejaron los recursos públicos de manera discrecional. Si hay oportunidad para dialogar entre el gobierno y todos los agentes involucrados para superar la crisis, lo primero que habría que acordar es la salida de todos los politicastros y la exposición de los hechos de corrupción que se taparon por presiones políticas en los más altos niveles del poder. De igual manera, confirmar el pago de millonarias sumas de dinero a congresistas-lobistas que se opusieron a la aprobación de todas las versiones de la reforma a la salud presentadas en el Congreso.

Habría también que declarar como problema de salud pública la entronización del ethos mafioso que guió la operación de específicos agentes claves del sistema de salud. Lo curioso es que no existe tratamiento médico alguno para la avaricia y la mezquindad de quienes se robaron billonarios recursos durante tres décadas. Esa crónica enfermedad solo se supera con un profundo cambio cultural al que se resisten los que en el pasado pensaron y diseñaron el sistema para enriquecerse y no para atender las necesidades de los pacientes; y los medios informativos, apéndices de poderosos agentes económicos a los que solo les interesa facturar, al parecer tampoco les interesa hablar de la imperiosa necesidad de proscribir el ethos mafioso que nos identifica como uno de los países más corruptos del mundo. 

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SIETE AÑOS DESPUÉS Y EL PAÍS NO SABE QUIÉN VIOLÓ A CLAUDIA MORALES

 

Por Germán Ayala Osorio

El 19 de enero de 2018 la periodista Claudia Morales puso al país a especular alrededor de la identidad del hombre que la violó. Han pasado ya siete años largos de cuando informó en su columna Una defensa del silencio que el violador “era un hombre relevante en la vida nacional. Ahora lo sigue siendo y, además, hay otras evidencias que amplían su margen de peligrosidad”.

Morales guardó silencio sobre la identidad del asqueroso que la accedió de manera violenta. Lo llamó "Él", para proteger su vida y la de su familia de una posible reacción del malandro que vulneró su cuerpo. Me pregunto: ¿Qué representa para Colombia el violador de la periodista Claudia Morales? Intentaré responderme el interrogante.

Considero que "Él" representa con lujo de detalles a la sociedad machista colombiana. A esa misma que a través de la publicidad sexista, los chistes callejeros de doble sentido, el humor en televisión y radio y el poder concentrado en la figura masculina convirtió el cuerpo de la mujer en un territorio en disputa, en el objeto de deseo de cientos de miles de hombres que sí o sí están decididos a “comprarlo u obtenerlo”. Al de Claudia Morales, "Él" accedió porque así lo decidió y porque su comportamiento contaba con el respaldo de la cultura dominante.

El violador de Claudia Morales es hijo de la Colombia violenta que desea el mal para el país, porque si a Colombia le va mal, a la derecha le va bien. Su comportamiento está más que naturalizado en empresas, universidades, colegios y hasta en el Congreso en donde bajo relaciones de poder, hombres en posiciones de privilegio se creen en el derecho de tocar, manosear y “morbosear” a las subalternas. Morales fue víctima de su jefe y de la sociedad que legitimó la incontrolable cachondez masculina como el paso previo al acceso carnal violento. Morales describió así la macabra escena: “Una mujer joven termina su jornada laboral, llega a su hotel, se baña y se arregla para salir a cenar con una pareja de amigos. Alguien golpea en su habitación. Ella mira por el rabillo de la puerta, es su jefe. Abre, “Él” la empuja. Con el dedo índice derecho le ordena que haga silencio”.

Aunque Morales no volvió a referirse al asunto es probable que la “relevancia y la peligrosidad” asociada a su violador sigan presentes. Las sospechas que recayeron sobre varios de sus jefes permitieron a cientos de miles de colombianos entrar en el juego de las especulaciones. Quizás cuando "Él" muera, Claudia Morales decida revelar su identidad. Eso sí, no importa si el país logra confirmar que efectivamente el maldito violador es el poderoso político que millones de colombianos creen que es el victimario. La cultura dominante buscará las maneras de disculparlo por ser Hombre y por no haber sido capaz de controlar su cachondez. Los agentes legitimadores, entre ellos los medios de comunicación hegemónicos sabrán decir que ese Hombre fue “provocado” por Claudia Morales. De lo que sí estoy seguro es que la “relevancia y peligrosidad” del violador de la periodista dice mucho de lo que somos como colectivo.

Si realmente fuéramos solidarios con Morales y con otras tantas de las mujeres violadas en Colombia, todos los días deberían de escribirse columnas de opinión o grafitis preguntando por la identidad del maldito, protervo, perverso, sucio, asqueroso, repulsivo, repugnante, inmundo, siniestro y malévolo personaje  que la violó. 

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EL REGRESO DE FABIO OCHOA VÁSQUEZ

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Como era de esperarse, el regreso al país de Fabio Ochoa Vásquez lo cubrieron varios medios de comunicación como si se tratase de un famoso artista o deportista olímpico. Faltó poco para que el carro de bomberos lo paseara por las congestionadas vías de la capital del país. O por las de Medellín, la tierra entrañable de quien regresó después de pagar una condena de 23 años en los Estados Unidos por narcotráfico.

Ese tipo de cubrimientos periodísticos se explican por razones que tienen que ver con la doble moral colectiva que se naturalizó en el país y por supuesto por la aplicación de los criterios de noticia al hecho mismo del retorno a Colombia del ex narcotraficante. Haré referencia en esta columna a esa doble moral que es, de tiempo atrás, un distintivo cultural de los colombianos, el mismo que a diario la prensa hegemónica se encarga de validar.

La evidente admiración de cientos de miles de ciudadanos por los mafiosos en Colombia fue el elemento cultural que permitió su aceptación social y política por allá en los años 70, 80 y 90 cuando aparecieron con toda su “magia”. Conseguir plata, ostentar la posesión de carros lujosos, relojes, anillos, haciendas e incluso presumir la compañía de mujeres hermosas, en particular reinas y modelos, y tener con qué sobornar a las autoridades hace parte de los imaginarios de millones de hombres en Colombia. Y también de mujeres a las que les fascina andar con Machos con plata. De allí que mafiosos como los Ochoa Vásquez, Pablo Escobar o los Rodríguez Orejuela, para solo nombrar a los más famosos, cuenten con la admiración social suficiente como para que el interés de saber cómo envejecieron, vivieron o murieron sea perenne. Que se vendan camisetas y gorras con el rostro y el nombre de Pablo Escobar estampados y que haya una ruta turística en Medellín para saber de la vida del afamado criminal es la más clara expresión de esa doble moral que es el camino por el que permitimos la corrupción público-privada y todas las formas de violencia, física y simbólica que nos dejó la operación de los carteles de la droga en el país.

La prensa cumple con la función de mantener vigente esa “necesidad” social de saber de la vida de narcotraficantes cuya fortuna y vida son anheladas en sectores populares y legitimadas por miembros de la élite económica y política tradicional.

La llegada del menor del clan Ochoa Vásquez se da pocos días después de que Miguel Rodríguez Orejuela, entonces capo del Cartel de Cali le enviara una misiva al presidente Petro en la que le solicita ser nombrado como “gestor de paz” para “contar mi verdad sin odios ni revanchas y así poder alcanzar el perdón Divino”.

El contenido de la carta del octogenario criminal despertó todo tipo de especulaciones alrededor de cuáles políticos podrían ser señalados en esa tardía verdad que por más treinta años reposa en la conciencia del arrepentido mafioso. Entonces, en las redes sociales recordaron que la financiación de campañas políticas fue un hecho común en la Colombia mafiosa y corrupta. Esas mismas especulaciones que surgieron de la epístola enviada por Miguel Rodríguez acompañaron la ruidosa llegada de Fabio Ochoa Vásquez. En ambos casos, aparecen los nombres de tres expresidentes de la República (Samper, Pastrana y Uribe) hecho que confirma la doble moral en el ejercicio de la política, actividad tan permeada por todo tipo de mafias, como la propia economía. La vigencia política de los tres exmandatarios constituye una prueba irrefutable de que esa doble moral es funcional a la democracia, a la economía y a todas las prácticas societales.

Se equivocan aquellos que esperan que Fabio Ochoa abra la boca para señalar las relaciones que el clan al que pertenece sostuvo con políticos antioqueños o de otras regiones. No. Ante todo, la lealtad y la imperiosa necesidad de conservar los distintivos culturales de aquello que se conoce como la cultura paisa y la Antioquia federal en la que no hay nada que corregir porque hay ser “berracos, avispaos, metelones y creativos”. Contrario al silencio sepulcral que guardará Ochoa Vásquez, el entonces líder del cartel de Cali, Miguel Rodríguez parece dispuesto a “contar su verdad” con el único objetivo de alcanzar el “perdón Divino”.

Los tres expresidentes que suelen aparecer relacionados con las actividades mafiosas de los carteles de Medellín y Cali, así como Fabio Ochoa y Miguel Rodríguez son creyentes. La rezan al mismo Dios, deidad a la que son devotos millones de colombianos. Al final, ser mafioso o no poco importa cuando la vejez empieza a abrirle el camino a “flaca” o a la “pelona” que, con lista en mano, empiece a cobrar lo hecho en la tierra. Y va quedando claro que la doble moral de los colombianos es tan universal como los criterios de noticia. Y la fuente en donde se produce y se reproduce ese distintivo humano es el sistema financiero internacional.

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BETTY LA FEA, ECOMODA Y LA CORRUPCIÓN EN LAS EPS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La novela Betty la fea es un ícono para la sociedad colombiana porque representó con lujo de detalles lo que como sociedad hemos construido. Las principales características sociales representadas en esa producción audiovisual fueron el machismo, instrumentalización sexual de la mujer, la homofobia y la corrupción. Así las cosas, Betty La Fea fue y sigue siendo el espejo en el que aún nos podemos mirar como sociedad para concluir que no hemos cambiado mucho.

La corrupción público-privada sigue siendo el principal problema que arrastramos como colectivo. Es ya una marca social indeleble que va camino a consolidarse como una tara civilizatoria.

La crisis de las EPS en el país en gran medida se produjo por los manejos discrecionales y dolosos que muchas de estas entidades hicieron con los millonarios recursos girados por el Estado para que prestaran un servicio de salud de calidad. Desviaron recursos, invirtieron en negocios inmobiliarios y construyeron sus propias clínicas para consolidar el negocio, prestando deficientes servicios de salud.

Se dedicaron varios de los gerentes de las EPS intervenidas e investigadas a hacer piruetas financieras como lo hizo en su momento Betty para salvar a Ecomoda. Mientras que don Armando, el flamante presidente de la empresa de moda les bajaba la calidad a las telas y compraba de contrabando otros insumos, en nuestra realidad, gerentes de las EPS, con la anuencia de sus Juntas Directivas, negaban procedimientos clínicos, medicamentos o aplazaban cirugías, convirtiendo el acceso a los servicios de salud en un verdadero infierno para sus afiliados. Las maniobras financieras que encontró la Superintendencia de Salud en el caso reciente de Coosalud hacen pensar en que el “espíritu” de Betty, la gran economista, se les coló y los miembros de su Junta Directiva, según la propia Supersalud, sabían que estaban poseídos por ese “malévolo” hálito.

El emblemático caso de corrupción de Saludcoop y las recurrentes prácticas dolosas que lograron hacer por más de 30 años les hizo pensar que jamás llegaría un gobierno a ponerle coto a semejantes irregularidades. Por tres décadas asumieron que los ministros  y superintendentes de salud siempre serían las “Patricias Fernández”, esto es, figuras decorativas y poco formadas e incapaces de reconocer entuertos financieros.  Y ahora que llegó el gobierno de Petro a poner orden, pero sobre todo a sacudirles sus libros contables, tanto los defensores de oficio del modelo de salud, entre ellos exministros del ramo, como los actuales gerentes de las EPS, se siguen haciendo los “Hugo Lombardis” con los recursos desviados y hurtados.

Betty La Fea seguirá siendo el arquetipo de la novela colombiana por haber representado de manera genuina eso de ser colombiano. La trampa, el machismo y la instrumentalización sexual de las mujeres, los hombres puteros, las mujeres sumisas, el maltrato laboral y la corrupción representados en la exitosa novela nunca se parecieron tanto a la realidad. Por ello, Betty La Fea y lo acaecido en Ecomoda seguirán metidas en los corazones de los televidentes, y en las dinámicas financieras de muchas empresas. Y cuando los jueces y otras autoridades, requieran a gerentes, presidentes y miembros de juntas directivas para dar explicaciones, seguirán haciéndose “los no heterosexuales”, es decir, los “maricas”.

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GRUPOS DE PODER Y SILENCIOS FRENTE A LA CORRUPCIÓN

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Hay consenso académico, social y político alrededor de dos realidades que suelen estar conectadas: la primera, que en Colombia hay una élite oligárquica y que el principal problema que arrastra la nación es la corrupción público-privada.

De acuerdo con Pearce y Velasco (2022), “la élite oligárquica aparece conformada por 46 personas que disponen de la mayoría accionaria o la propiedad de los principales conglomerados o grupos financieros: Grupo Aval, Grupo Empresarial Antiqueño (Sura, Nutresa, Argos y Bancolombia), Grupo Bolívar, Grupo Empresarial Olímpica, Grupo Santo Domingo, Grupo Mercantil Colpatria, Grupo Gilinski y Organización Ardila Lülle. Estas personas inciden en la opinión pública a través de la adquisición de medios de comunicación de alcance nacional (El Tiempo, Semana, Caracol, RCN, etc.)”.

Los grupos de poder económico y político en Colombia suelen no cuestionar públicamente hechos de corrupción en los que estén involucrados miembros de familias políticas tradicionales o de aquellos que hacen parte de lo que se conoce como los “cacaos”, esto es, la élite oligárquica referida líneas atrás. Así entonces, “cubrirse las espaldas” es una práctica común que deja en claro que no les interesa erigirse como referentes de moralidad y eticidad en un sistema mundo capitalista que de manera natural deviene inmoral y éticamente acomodaticio.

Cuando se supo de la millonaria multa que debió pagar el Grupo Aval en los Estados Unidos por el caso de los sobornos pagados por Odebrecht, de otros clanes y familias “de bien” y mucho menos de los otros miembros de esa élite oligárquica se emitió un comunicado público cuestionando el ilegal comportamiento corporativo. Lo mismo pasó con la sanción de 20 millones de dólares que debió asumir el clan Gilinski recientemente en el Reino Unido porque su banco Metro Bank no hizo lo suficiente para evitar el lavado de activos. Expresidentes de la República y directores de partidos políticos guardaron sepulcral silencio porque siguen la misma huella conductual: tampoco están pensando en convertirse en faros morales en un mundo y un país como Colombia cuya sociedad desde hace más de 50 años arrastra visos de vivir en medio de una inocultable confusión moral y una laxa eticidad.

Entre tanto, el presidente de la República, Gustavo Petro, asumió una postura crítica frente al reconocimiento que hizo ante las autoridades americanas el Grupo Aval de los dolosos hechos de Odebrecht: “El hecho de que el principal grupo económico del país haya confesado ante la justicia extranjera estar incurso en la red de corrupción y sobornos a políticos y funcionarios del Estado colombiano, es causa suficiente para presentar una reforma a la justicia, que debe tener como prioridad su fortalecimiento e independencia, la cercanía a la ciudadanía y la lucha contra la corrupción”.

Con los hallazgos de corrupción en el sector salud que viene exponiendo públicamente la Superintendencia de Salud los miembros de esa élite oligárquica que no opera de manera cohesionada, también guardaron silencio. Lo mismo hicieron otros actores quizás menos poderosos desde la perspectiva económica, pero que suelen ser consultados por los medios corporativos. Hablo de exministros de Salud que defienden a dentelladas la ley 100 de 1993, el sistema de aseguramiento en salud y la operación dolosa de aquellas EPS que la misma Supersalud ha cuestionado, investigado e intervenido.

El ensordecedor silencio del profesor uribista Alejandro Gaviria, exministro de educación de Petro y exministro de Salud durante los 8 años del gobierno de Juan Manuel Santos ante las sospechosas maniobras financieras de la EPS Coosalud, hace pensar que agentes académicos y políticos como Gaviria operan como “pararrayos” al servicio de esa élite oligárquica de la que saldrían recursos económicos para financiar su posible candidatura presidencial para el 2026. De acuerdo con lo expresado por el presidente Gustavo Petro, la Junta Directiva de la que hacen parte hermanos de los expresidentes Juan Manuel Santos y Andrés Pastrana validó los movimientos financieros que la Supersalud está cuestionando.

Gaviria, por haber sido ministro los 8 años de Santos, no podría salir a los medios a cuestionar a los miembros de esa Junta Directiva por tres razones fundamentales: por simpatías ideológicas, por agradecimiento con la familia Santos y porque él, junto a otros tantos actores políticos al unísono están obligados a defender el sistema de salud y las prácticas de las EPS privadas que optaron por hacer negocios con los dineros públicos girados por el Estado, antes de asumir como prioridad atender con eficiencia, eficacia y calidad las necesidades de sus afiliados (pacientes).

Por todo lo anterior, no hay manera de que en Colombia supere el ethos mafioso en el que se soportan los hechos de corrupción público-privada. Toda lucha que se proponga en esa dirección fracasará porque tanto la élite oligárquica, como los políticos están en función de enriquecerse y concentrar poder económico y político. No hay nada qué hacer.

alejandro gaviria defiende las EPS - Búsqueda Imágenes

PETRO, COOSALUD Y LOS MEDIOS HEGEMÓNICOS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Desde el 7 de agosto de 2022, las relaciones entre el presidente Petro y los grandes medios de comunicación no son buenas porque de manera temprana el país supo de la cofradía que armaron las más grandes empresas mediáticas con el propósito de hacerle oposición política al gobierno.

Llevamos dos años de una relación hostil que compromete la ética periodística y la resistencia de un presidente diariamente atacado con noticias falsas, tergiversaciones, medias verdades y tratamientos noticiosos cargados de mala leche. Desde su cuenta de X, Petro contraataca a los periodistas que, de acuerdo con el presidente, mienten o hacen lecturas amañadas de los hechos.

A esa tensa relación se suma otro hecho que sin duda alguna aumentará la crispación ideológica y política alimentada en gran medida desde los medios hegemónicos, que vienen actuando como incisivos actores políticos. Ese hecho tiene que ver con la EPS Coosalud.

Frente a los graves hallazgos de corrupción que recién acaba de informarle al país la Superintendencia de Salud en la EPS Coosalud hay que señalar que el silencio mediático es aturdidor. Los medios hegemónicos que le vienen haciendo oposición política al actual gobierno se abstuvieron de cubrir los graves hechos a pesar de que estos ofrecían todos los ingredientes para ser convertidos en noticia. He aquí los más importantes y visibles: se embolataron 221.000 millones del erario, la denuncia la hizo la Supersalud y el presidente de la República en su cuenta de X informó que en la junta directiva de Coosalud tenían asientos familiares de los expresidentes Pastrana y Santos. Esas tres circunstancias son suficientes para que todas las empresas se volcaran a informar sobre semejante situación.

El caso de Coosalud, como mínimo, debió cubrirse de la misma manera como las empresas mediáticas abordaron los hechos de corrupción en los que estuvo involucrado y está siendo procesado Nicolás Petro, hijo del presidente de la República.

Los grandes medios de información esperaron más de 24 horas a que los miembros de esa junta directiva que fueron expuestos por el jefe del Estado emitieran un comunicado exigiéndole que se retractara de “esos injuriosos y calumniosos señalamientos”. La respuesta de Petro no se hizo esperar. Dijo que no se retractaría y que buscaría que la justicia reconozca al Estado como víctima en ese entramado de corrupción denunciado por la Supersalud. Aun así, dos días después de lo expuesto por el superintendente de Salud, Noticias Caracol, entre otros medios, guardan silencio.

El asunto es de tal relevancia política que el presidente Petro no dejó pasar el momento para develar la razón que explicaría la autocensura, los silencios o lo tímidos cubrimientos de un hecho noticioso que sí o sí debe cubrirse periodísticamente. En un mensaje desde su cuenta de X, Petro les dijo: “entiendo los lazos de los dueños de medios comunicación con los representantes políticos de esa oligarquía. Pero no es calumniando el gobierno como deben esconder este tipo de negociados”.

El reclamo de Petro a la prensa continúa en estos términos: “Ahora entiendo el porqué de tanto silencio ante la pérdida de 221.000 millones de pesos del erario, cuando sí hacen el mayor de los estruendos cuando se trata de un funcionario del gobierno, porque me pueden golpear.  A todos hay que perseguirlos, pero no silenciarse cuando se trata de la cleptocracia oligárquica del país. No señores de los grandes medios, incluido El Espectador, no fue ningún funcionario del actual gobierno quien se llevó los 221.000 millones de pesos que mi gobierno giró a Coosalud EPS para atender a sus afiliados, fue el gerente de una empresa dirigida por sus socios de club y con quienes, ustedes toman whisky”.

Lo que hace Petro en este mensaje es develar una recurrente práctica periodística en Colombia: cuando se trata de hijos de la oligarquía bogotana o de poderosos clanes políticos regionales se suele guardar prudencia y silencio a la hora de informar sobre crímenes, actos de corrupción o denuncias de otra índole. Ante todo, hay que conservar las “buenas relaciones” y salvaguardar el nombre de la “gente de bien”.

He dicho en varias columnas que los criterios con los que los medios tradicionales aplican a los hechos que convierten en noticia no son universales como se suele enseñar en las escuelas de periodismo. Que no sean universales significa que cada empresa mediática de acuerdo con los intereses políticos y económicos de sus propietarios e incluso de sus editores, decide ocultar información sensible, minimizar su impacto o simplemente abstenerse de cubrir esos hechos que por su misma naturaleza deberían de ser expuestos públicamente. Los tímidos y nulos tratamientos a los hechos que rodean a Coosalud constituyen una prueba más de que la universalidad de los criterios de noticiabilidad es una de las más grandes mentiras que se enseñan en las escuelas de periodismo.

coosalud y petro - Búsqueda

CORRUPCIÓN EN LA UNGRD Y EL SUEÑO DE LA PRENSA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El caso de corrupción en la UNGRD (Unidad de Gestión del Riesgo) es ya una mancha con la que deberá lidiar el progresismo y la izquierda en las elecciones de 2026. Mientras llega ese momento, la prensa hegemónica le está apostando, a través del periodismo de declaraciones y filtraciones de apartes de piezas procesales, convertir los hechos punibles que involucran a congresistas, exfuncionarios de esa entidad, altos consejeros del gobierno y ministros, en una especie de “nuevo” proceso 8.000 que permita invalidar ética y políticamente al presidente Gustavo Petro.

El cubrimiento periodístico que vienen haciendo las empresas mediáticas está en función de presionar a los involucrados en los actos de corrupción para que se atrevan a decir que “el presidente Petro sí sabía”. Recientemente el periodista Juan Diego Alvira, de la W sin carreta, intentó llevar a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, a que dijera lo que él supone que sucedió. Es decir, Alvira ya prejuzgó y solo quería que Ortiz validara su hipótesis. Esto dijo el periodista: “¿nunca hubo una directriz (del presidente) en ese sentido, es decir, hay que comprar votos?”. La respuesta de la exfuncionaria y militante de la Alianza Verde fue contundente: “jamás el presidente haría eso, es un hombre correcto, honesto”.

Es decir, Alvira y otros colegas buscan reeditar lo sucedido con Fernando Botero, ministro de Defensa en el gobierno de Ernesto Samper Pizano, quien en una entrevista en televisión y en horario estelar confesó que el entonces presidente sí sabía de la entrada de los dineros del cartel de Cali a la campaña presidencial.

Hace unas horas, Noticias Caracol publicó apartes de las declaraciones que dio María Alejandra Benavides, exasesora y mano derecha del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, entrañable amigo del presidente Petro. En la misma nota se alude al exministro Luis Fernando Velasco.

De acuerdo con la versión filtrada, el ministro de Hacienda siempre estuvo al tanto de la entrega de millonarios contratos a congresistas y de los 3.000 millones de pesos que, de acuerdo con lo publicado por la prensa, recibieron Iván Name y Andrés Calle, presidente del Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente.  La finalidad del gobierno era que Name y Calle, entre otros congresistas apoyaran las reformas presentadas por el gobierno al legislativo para que fueran debatidas y aprobadas.

El cubrimiento periodístico del caso de corrupción al interior de la UNGRD (o Unidad de Gestión del Riesgo) tiene parecidos con las maneras con las que los medios masivos cubrieron el proceso 8.000. El manual es el mismo: filtrar a cuentagotas declaraciones a la Fiscalía, buscar entrevistas en horario prime time con los exfuncionarios o funcionarios más cercanos al presidente de la República como Ricardo Bonilla y conectar los hechos punibles con la Casa de Nariño, para que las audiencias se pregunten cómo es posible que el presidente Petro no se diera cuenta de lo que estaban haciendo sus ministros con los recursos de la Unidad de Gestión del Riesgo.

Ya veremos en qué queda este espinoso caso de corrupción que sin duda alguna afectó y afecta aún la legitimidad del gobierno del cambio. Lo que sí es claro es que los periodistas y políticos de la derecha están cruzando los dedos y quizás estén soñando despiertos con ese momento en el que, al caer Bonilla y Velasco en manos de la justicia, uno de los dos o los dos, haga lo que hizo en su momento Fernando Botero: reconocer al aire que presidente sí sabía.

 

juan diego alvira y sandra ortiz - Búsqueda

 

NEPOTISMO EN EL GOBIERNO PETRO: ¿Y EL CAMBIO?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Hay consenso académico, político y social en torno a que la corrupción público-privada es el mayor problema de Colombia en la medida en que se afectan las finanzas públicas y la eficacia del Estado al momento de responder a las demandas sentidas de las comunidades que bajo su autoridad y tutela esperan que aquellas sean asumidas por las entidades estatales bajo condiciones de eficacia, eficiencia y efectividad.  “La corrupción es uno de los principales obstáculos al desarrollo socioeconómico, la consolidación de un Estado eficaz y eficiente y el fortalecimiento de la democracia en Colombia” (Theodore Kahn y Víctor Saavedra, Fedesarrollo).

La corrupción resulta ser tan determinante en el país, que su permanencia en el tiempo y su naturalización se asume como parte del objetivo final de todo gobierno de alcanzar niveles aceptables de gobernabilidad, lo que supone la activación del clientelismo y el nepotismo como formas aceptadas de distribución del poder.

De allí que ofrecer combatir las prácticas corruptas y proscribir el ethos mafioso que las facilita suele servir a los propósitos electorales de los candidatos a cargos de elección popular que ofrecen erradicarlas de tajo. No hay candidato a la presidencia que en la historia del país no haya ofrecido enfrentarla y acabarla o por lo menos “reducirla a sus justas proporciones” como lo propuso el entonces presidente de la República, Julio César Turbay Ayala.

Es tal la fuerza de la corrupción público-privada en el país, que el referendo de 2018 con el que se intentó proponer cambios institucionales y operacionales conducentes a ponerle coto a las prácticas corruptas fracasó. La dificultad para acabar con la corrupción radica en que el ethos mafioso que genera las conductas dolosas o por lo menos éticamente comprometedoras en los sectores público y privado está validado política, cultural, social y económicamente. Bajo esas circunstancias, pretender eliminarla es un imposible cultural. De ahí que insistir en que es posible proscribirla constituye una gran mentira.

Con la bandera del cambio y la lucha frontal contra la corrupción, el entonces candidato Gustavo Petro logró cautivar a millones de colombianos que creyeron a pie juntillas en que era posible cambiar las maneras en las que se viene haciendo la política en el país, asociada esta a los poderes de facto ejercidos por contratistas y otros mecenas que suelen aportar millonarias sumas de dinero a las campañas a cambio de contratos multimillonarios con los que no solo recuperan la inversión electoral, sino que logran aumentar sustancialmente sus riquezas. A ese factor político y económico se suma que hacerse con la presidencia en Colombia constituye un triunfo electoral que le abre las puertas al nepotismo en la medida en que la torta burocrática queda bajo el dominio del partido vencedor o de las otras colectividades que conforman la coalición de gobierno.

El diario El Espectador reveló que ministros de la actual administración tienen a familiares trabajando en varias dependencias. Esto se lee en la referida nota del diario bogotano: “Una docena de ministros, directores de departamentos administrativos y otros altos funcionarios nombrados por el presidente Petro tienen a sus familiares contratados en diferentes entidades del poder público. Aunque muchos cumplen con los requisitos para desempeñar las funciones, la oposición y otros sectores hablan de una práctica cuestionable que el propio Petro y sus más cercanos rechazaron antes de llegar a la Presidencia”. En el texto noticioso se hace claridad en torno a nombramientos que vienen desde antes del 7 de agosto de 2022.

Lo informado por el diario El Espectador tiene dos efectos: de un lado, expone al gobierno Petro a las críticas de sus detractores y del otro, le da a la oposición, incluidas las empresas mediáticas que pactaron deslegitimarlo, elementos fácticos que en el 2026 serán usados para atacar al candidato o candidata encargada de recoger y defender las banderas del progresismo, incluida la ya manida lucha contra la corrupción.  Eso sí, hay que decir que el nepotismo es una práctica común en todos los gobiernos de derecha.

Nadie niega que este gobierno viene logrando cambios en el sector rural a través de una reforma agraria que otras administraciones evitaron hacer porque sus intereses estaban anclados a los negocios de los grandes terratenientes y ganaderos que les patrocinaron sus campañas. Hablo en particular de los gobiernos de Uribe, Santos y Duque.

La contratación de las vías terciarias con las JAC hace parte de esos cambios en las maneras en las que el Estado coadyuva a garantizarle a los campesinos que puedan sacar sus productos a las cabeceras municipales. Y hay otros asuntos en los que este gobierno viene haciendo la diferencia. Pero esas prácticas nepotistas terminan por ensuciar un proyecto político progresista que ante todo debería haberse diferenciado ética y moralmente de los propósitos de la derecha, sector de poder político responsable de haber naturalizado todas las formas de corrupción público-privada en el país.

nepotismo gobienro de petro dice el espectador - Búsqueda Imágenes

CON GREGORIO ELJACH, PETRO ENTRÓ EN EL JUEGO POLITIQUERO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Con la designación de Gregorio Eljach como ternado del Gobierno para el clientelizado y turbio proceso de elección del nuevo procurador general de la Nación, el presidente Petro entra en el juego politiquero del que ya participaron el Consejo de Estado (CE), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el ex vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras. Hay que recordar que este último logró que las dos altas cortes eligieran a sus amigos Luis Felipe Henao y Germán Varón Cotrino como candidatos a remplazar a la inefable procuradora Margarita Cabello Blanco.

Así las cosas, en el Senado veremos una lucha político-clientelista entre Vargas Lleras y el presidente de la República. Eljach, inveterado secretario del Senado, representaría los intereses del gobierno y de los sectores políticos contrarios a Cambio Radical, partido de Vargas Lleras.

No parece probable que Eljach, viejo amigo de congresistas, termine elegido por el Senado como el nuevo procurador general de la Nación en la medida en que esa corporación el gobierno Petro no tiene las mayorías y porque la postulación del exsecretario del Senado se asume como una jugada política del jefe del Estado en su afán de evitar que la jefatura del Ministerio Público pase de las manos de los CHAR, a las de Vargas Lleras.

Ya completada la terna, se confirma que el poder de la política tradicional se impuso sobre los alcances tecnocráticos de la convocatoria que abrió el propio gobierno para aspirantes no políticos presentaran sus hojas de vida. ¿Le tocó a Petro entrar en el juego enrarecido que siempre está detrás de la elección del Procurador o se trata de una decisión personal? Recordemos que siendo Senador, Petro votó por el ladino Alejandro Ordóñez Maldonado, el mismo que lo sacó de la alcaldía de Bogotá.

Cualquiera que sea el elegido, Henao, Varón o Eljach, estará obligado a mantener los altos niveles de clientelización bajo los cuales viene operando la Procuraduría, convertida de tiempo atrás en un nido clientelar desde donde se pagan favores político-electorales. Ninguno podrá actuar con total independencia. Sus decisiones siempre las deberá consultar con sus jefes políticos, lo que viciará los procesos disciplinarios que decidan abrir. 

Imagen tomada de El País. 

LA PROCURADURÍA PASARÍA A MANOS DE GERMÁN VARGAS LLERAS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Está por terminar el dañino periodo de la actual procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, conocida como la CHARina del Ministerio Público por ser ficha sumisa del clan Char. Durante cuatro años la señora Cabello defendió los intereses de sus patrones, así como los del uribismo e incluso, los del ladino Germán Vargas Lleras, dueño de Cambio Radical, microempresa electoral reconocida porque varios de sus miembros han sido procesados y condenados por actos de corrupción. 

La elección de su sucesor obedece y da cuenta del perverso diseño constitucional que hace posible que para este caso metan las manos los magistrados del Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. De la elección de la terna que finalmente llegará al Senado para que esta corporación elija al sucesor de Cabello Blanco participa el presidente de la República, quien deberá en pocos días exponer su candidato. Ya el jefe del Estado sabe que por dos años más el Ministerio Público estará en manos de los sectores de poder que le hacen oposición.

Se da por descontado que el Senado escogerá a una de las dos fichas que Germán Vargas Lleras logró poner en las dos cortes. Se trata de los políticos Luis Felipe Henao y Germán Varón Cotrino amigos íntimos del exvicepresidente de Santos. Vargas Lleras gana con cara o con sello. Más claro: el control presupuestal y clientelar de la Procuraduría General de la Nación pasa del control efectivo del clan Char, a las manos también clientelistas de Germán Vargas Lleras, eterno candidato presidencial y vetusto delfín, hijo de la rancia y parásita oligarquía bogotana.

Hechos políticos vergonzantes como el señalado líneas atrás constituyen una burla y una afrenta a los procesos selectivos que, fundados en la meritocracia, hacen pensar en que es posible que a esos cargos lleguen los mejores formados académicamente y no figuritas políticas cuyo único mérito es ser amigos de un político como Vargas Lleras.

La derecha suele rasgarse las vestiduras exigiendo respeto por las instituciones y la institucionalidad derivada. De qué institucionalidad hablan si esta es el resultado de mangualas y matutes clientelistas de los que participan togados y partidos políticos, convertidos estos últimos en bolsas de empleo y contratación pública con los que se pagan favores y apoyos políticos recibidos en las campañas.

Llama la atención los estruendosos silencios de la clase empresarial y de la academia frente a este tipo de elecciones a todas luces contaminadas de intereses politiqueros. Esa realidad institucional hace pensar en que naturalizamos en Colombia el clientelismo y por esa vía, el ethos mafioso que rodea el ejercicio de la política.

La elección amañada del jefe del Ministerio Público constituye una forma de violencia institucional, social y política contra aquellos candidatos que, con méritos académicos suficientes, presentaron sus hojas de vida, con publicaciones y un ejercicio profesional sin tacha. Insisto en que este proceso de elección del remplazo de la inefable Cabello Blanco da asco. Si al final Vargas Lleras logra poner a uno de sus dos muñecos en la Procuraduría, podemos confirmar que se volverá a la lanzar en el 2026, para ver si logra cumplir su sueño de llegar a la Casa de Nariño. Y es así porque podrá usar la estructura del ente de control para devolver favores a quienes decidan acompañarlo en su nueva aventura por conquistar la presidencia de la República.

Adenda: Germán Varón Cotrino dice que “no tiene relaciones con Vargas Lleras”. Miente. De esa manera, Varón Cotrino se burla del país. El entonces presidente Álvaro Uribe lo llamó “manzanillo de cuello perfumado”. En el 2009, La Silla Vacía escribió esto: “Ayer a las siete de la noche se reunieron en Casa de Nariño el presidente Álvaro Uribe y el congresista con más opción de enredar el referendo: Germán Varón Cotrino, presidente de la Cámara y mano derecha de Vargas Lleras”.

vargas lleras y varón cotrino - Búsqueda Imágenes (bing.com)

ESTOS SON LOS QUE SE LLEVARON LA PLATA

 

Por Germán Ayala Osorio

Mientras transcurren los Olímpicos de París, en Colombia, uno de los países más corruptos del planeta, la conquista de medallas por parte de los atletas colombianos sirve de pretexto para "mamar gallo" con memes que se vuelven virales en las redes sociales. En la acción humorística aparecen fotografías de políticos corruptos, con frases alusivas a las medallas ganadas por los deportistas nacionales: "Estos son los que se llevaron la plata, o estos fueron los que se quedaron con la plata". 

Al tratarse de memes, dichos actos de habla propios del humor activan de inmediato los dobleces propios del lenguaje, así como procesos como los de la "doble articulación" y los de la "interpretación" del mensaje por parte de quienes estén en la capacidad comunicativa de develar su sentido. Si no hay la suficiente capacidad interpretativa e incluso la madurez cognitiva, ese tipo de memes no podrán interpretarse de manera adecuada, lo que supone entonces que la comunicación falló. 

"Llevarse" o "quedarse" son dos verbos que, dentro del contexto de los juegos orbitales, hacen referencia a  acciones legítimas y legales que no permiten mayor discusión, pues vienen investidas de una incuestionable eticidad, salvo  que dentro de las instancias mismas de la organización de los Olímpicos se dé algún tipo de reclamación por parte de una delegación deportiva. 

En el lenguaje deportivo es común hablar de que los deportistas se "quedaron" con la medalla, se "alzaron" o se "llevaron" una o varias de las preseas en disputa. Como está legitimado ese uso cotidiano de los dos verbos, a los humoristas furtivos de las redes sociales se les facilita la tarea gracias al naturalizado ethos mafioso que permite que la sociedad asocie a los políticos con corrupción y mafias. Si Colombia no tuviera los escandalosos indicadores de corrupción público-privada, "hacerse, "alzarse" o quedarse" serían acciones verbales solo aplicables al deporte y por lo tanto, improcedentes para hacer memes. 

Y la plata, en un doble sentido, busca que el receptor entienda que se trata de  las medallas que bajo ese valor se entregan a los deportistas que ocuparon el segundo lugar; y el mismo agente de la acción comunicativa puede entender que se hace referencia al dinero que normal y tradicionalmente se roban congresistas, alcaldes, gobernadores, contratistas y presidentes de la República. 

Mientras que los atletas que compiten en las olimpiadas de París 2024 dedican años de esfuerzos y para el caso colombiano, deben superar toda suerte de obstáculos y limitaciones como las que imponen la pobreza, el biotipo y la falta de apoyo técnico, entre otros, los políticos corruptos solo tienen que hacer una llamada, apoyar a un gobierno  o adherir a un partido político para hacerse con recursos del erario, que terminan casi siempre en sus bolsillos o en los de los contratistas que financiaron sus campañas. 

Eso sí, no podemos olvidar que tanto deportistas de alto rendimiento como cientos de políticos comparten un mismo origen de clase atado a la pobreza y a la falta de oportunidades. Mientras que a los primeros hay que reconocerles que optaron por el camino del deporte para superar esa determinante  condición, los operadores políticos normalmente se inclinan por jugar al límite del código penal, pues el sistema político se los permite por cuanto desviar recursos, comprar congresistas, o dejarse comprar; pagar deudas adquiridas con contratistas y caciques políticos, o hacer populismo con los recursos de la nación está más que legitimado, pues en todos los gobiernos siempre se presentarán casos de corrupción.

Claro que hay otros políticos que son hijos de familias adineradas que muy seguramente en el pasado se "alzaron" o se "hicieron" con billones de pesos o con la riqueza de la nación. Los políticos que nacieron en la pobreza les sirven a los más destacados miembros de esa clase política. Son sus mandaderos. 

Cada cuatro años Colombia vivirá la fiesta de los Olímpicos y la conquista de medallas de oro, plata o bronce. Y bajo el mismo periodo, el mismo país sabrá por las noticias que políticos inescrupulosos se "quedaron" o se "alzaron" con billones de pesos. Por ejemplo, el robo continuado de los recursos de la salud por parte de las EPS, administradas por políticos a través de la creación de por lo menos 100 IPS fantasmas. 

Lo curioso de todo es que hay millones de ciudadanos que le exigen triunfos y medallas a los deportistas, mientras que a los políticos les hacen la venia, se toman fotos con ellos, los aplauden, votan por ellos y los reeligen. 

Imagen tomada de Youtube.com

REVOLUCIÓN CULTURAL

 

Por Germán Ayala Osorio

La ya probada corrupción al interior de la UNGRD de poco o nada servirá para proscribir las prácticas corruptas como es el deseo de millones de colombianos. Una vez pase este gobierno, en el próximo lo más seguro que harán los nuevos y sempiternos contratistas, congresistas, alcaldes, gobernadores y miembros del gabinete es afinar los mecanismos y los acuerdos para continuar desangrando el erario. No hay manera de acabar con la corrupción. 

Contrario a lo que se piensa, lo que la opinión pública llama corrupción, en el lenguaje de los políticos profesionales y los contratistas se llaman negocios, derivados y sostenidos en las inversiones que hacen empresarios y contratistas al momento de financiar las millonarias campañas presidenciales, de alcaldes, gobernadores, diputados y congresistas. Los costos de todas esas campañas son millonarios, lo que de manera formal e institucional naturaliza la corrupción. ¿Por qué ha de costar tanto una campaña para hacerse a una curul en el Congreso? Jamás escuché a las empresas que aportan a dichas campañas, hacerse esa pregunta. Ese es el origen de la corrupción. 

Así las cosas, mientras a los grandes conglomerados económicos que financian dichas campañas les sea más rentable hacer esos aportes que generar riqueza a través de la innovación, el patrocinio de nuevos talentos y la industrialización, no habrá forma de dejar atrás la corrupción. El ethos mafioso que guía la vida privada y pública de todos los actores aquí señalados es tan fuerte que para proscribir la corrupción en Colombia se necesitaría de una revolución cultural que hasta el momento nadie parece estar dispuesto a liderar.  

El presidente Petro puede aún liderar ese proyecto revolucionario. Pero para ello debe primero morigerar un tanto su apuesta populista y su enfrentamiento con el vetusto establecimiento colombiano, para dejar sembradas las bases de esa revolución cultural que necesita la sociedad colombiana. El liderazgo internacional que sin duda ha ganado Gustavo Petro debe servirle para invitar a líderes mundiales para que vengan a conversar con la comisión de sabios del país y pensar los términos, alcances y las condiciones que se requieren para lograr esa urgente revolución cultural en una sociedad como la colombiana que deviene confundida moral y éticamente. 

Le cabe razón a EL ESPECTADOR cuando en su editorial dice que "estamos frente a una resignación cultural con el delito, a una incapacidad de exigir decencia en nuestros servidores públicos. Es la misma lógica que, en las ciudades, justifica a alcaldes que “roban pero hacen obras”. Si no hay líneas claras que no se cruzan, si se instala el cinismo como moneda de cambio política, no habrá escándalo ni cruzada anticorrupción que valga. Confiamos en que las escandalosas revelaciones del uso de recursos tan vitales para el enriquecimiento ilegal de unos mercenarios del poder nos hagan despertar para dejar de tolerar tamaña infamia". 

Recogeré varias de las ideas contenidas y subrayadas en ese aparte del editorial del diario bogotano. Claro que hay una resignación cultural con el delito. Desde los desfalcos en la construcción de la represa de El Guavio, pasando por el caso de Granahorrar, los colombianos estamos resignados. Luego vinieron otros casos que no puedo listar acá por falta de espacio. Baste con recordar el cartel de la Toga, el carrusel de la contratación en Bogotá, el caso de las "marionetas", los carro tanques de La Guajira, la plata del Ocad-paz, lo sucedido con la obra de "caregato" en la Mojana, los 70 mil millones del Mintic y ahora el desfalco en la UNGRD son pruebas suficientes de la putrefacción que se vive al interior del Estado, alimentada desde instancias privadas que siempre se vendieron como pulcras y probas. 

Los sistemas político, legislativo y judicial están permeados por ese ethos mafioso. Los jueces se venden porque hay particulares con el suficiente músculo financiero para comprar fallos. Los congresistas están obligados a devolver a sus mecenas los millones que costaron sus campañas. Y lo hacen, legislando a su favor, bien oponiéndose a normas que los afectarán o llevando proyectos de ley diseñados en escritorios de gerentes y presidentes de compañía ¿Por qué se oponen, unos y otros a que el Estado financie todas las campañas? 

Jamás vi a agentes de poder económico de la sociedad civil salir a condenar la corrupción y mucho menos a proponer un cambio cultural que nos lleve como sociedad a estadios civilizatorios que nos permitan superar la tara civilizatoria que exhibieron ocho mil colombianos en la final de la Copa América, el mismo presidente de la FCF y vice presidente de la Conmebol, Ramón Jesurún; o la reciente reacción violenta del ex vice presidente de la República, Francisco Santos contra un exmilitar, cargada de clasismo y supremacía étnico social. Los hechos de corrupción que reconoció ante autoridades americanas la poderosa familia Sarmiento Angulo debería ser el punto de partida para empezar a hablar y diseñar un proyecto de revolución cultural que no solo proscriba el ethos mafioso y su expresión la corrupción público-privada, sino que sirva para superar la tara civilizatoria de la que vengo hablando en este blog. 

El acuerdo nacional del que volvió a hablar Petro durante la instalación del nuevo periodo legislativo no significa nada si no empezamos a hablar de revolución cultural. Lo más probable  es que sigamos en las mismas. De esa manera daremos respuesta a la pregunta que sirvió de título  al reciente editorial de EL ESPECTADOR: ¿Qué tal si con el escándalo en la Ungrd dejamos de normalizar la corrupción?