MIGUEL URIBE TURBAY ACABARÁ CON LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD

 

Por Germán Ayala Osorio

En este ambiente de crispación ideológica, incertidumbres y cansancio de las audiencias al escuchar cada cuatro años las mismas promesas de los candidatos presidenciales lo que más seguro que ocurra es que aquellos caigan en el error de presentarse como los “salvadores” del país, proponiendo, cuando no imposibles, viejas soluciones que jamás aplicaron en el pasado los anteriores gobiernos.

Ya los muñequitos y generalas del expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez salieron a proponer pendejadas. Por ejemplo, el infantil y obsecuente Miguel Uribe Turbay ya gritó que si él llega a la Casa de Nariño se “acaba la corrupción y la impunidad”.

Frente al primer asunto, lo que quizás quiso decir el congresista del Centro Democrático es que la “reducirá la corrupción a sus justas proporciones” como lo propuso su abuelo, Julio César Turbay Ayala. Este opaco delfín habla de acabar con la corrupción en el momento en el que su partido, junto a Cambio Radical, se disputan los primeros lugares en las estadísticas de congresistas condenados, procesados, vinculados e investigados por corrupción. No sé si trata de un mal chiste, de una burla al electorado o simplemente que su cabeza no le da para proponer salidas reales a los problemas del país. Eso sí, creo que ya se ganó un lugar en Noticracia.

Frente al tema de la impunidad, el homúnculo congresista conservador parece que olvida que los problemas de la justicia están asociados a un orden constitucional garantista que en ocasiones resulta contaminado por la política tradicional lo que le da validez a aquella sentencia que señala que la “justicia es la para los de ruana”. Olvida, por ejemplo, que al interior de la Fiscalía, la POLFA y otras entidades del Estado operan mafias financiadas por personajes como Papá Pitufo. Evita recordar el Cartel de la Toga en las altas cortes, del que no hay certeza de que haya sido superado o proscritas las prácticas criminales y mafiosas de sus principales agentes.

Y volverán los otros temas de campaña: generar empleo, atacar la inseguridad, acabar con las guerrillas, pagarles a las EPS para que el sistema de salud siga operando en favor de mafias y bajarle los impuestos a los más ricos. Todos esos temas los presentan sin conexión alguna con el modelo de sociedad que opera en Colombia en donde sobresalen el clasismo, el racismo, la aporofobia y el arribismo, entre otros comportamientos que dan cuenta de los graves problemas que afrontamos como sociedad moderna y civilizada; y mucho menos los conectan con la operación mafiosa y criminal de los modelos económico y político responsables del atraso del país, de la pobreza y la concentración de la riqueza en pocas manos.

Convendría que los candidatos del progresismo y el que finalmente enfrentará a los aspirantes de la derecha y la ultraderecha no caigan en ese error. Es tiempo de insistir en que los problemas del país deben afrontarse no prometiendo, sino exponiendo que como sociedad necesitamos una “revolución cultural” con la que sea posible proscribir el ethos mafioso que naturalizamos, en el que confluyen la codicia de las élites política y económica, su torpeza para liderar cambios y el objetivo de extender en el tiempo sus mezquinos intereses.

Las preguntas que hay que proponerle al electorado son dos: ¿Para qué el Estado y quién debe hacerlo operar? No estoy diciendo que no se propongan soluciones, lo que hay que hacer es explicarle a la gente quiénes y qué factores son los responsables de los problemas de desempleo, inseguridad, orden público, pobreza y concentración de la riqueza en pocas manos.

PACIENTES-VÍCTIMAS DE LAS EPS: NUEVOS OBJETIVOS ELECTORALES

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Por cuenta de la consulta popular y los problemas con el sistema de salud, al target de los candidatos a la presidencia y al Congreso se sumarán los usuarios-clientes-víctimas de las EPS. Aunque para este grupo poblacional no habrá el sempiterno kit electoral que cada cuatro años suelen entregar los partidos y los políticos en campaña, las promesas de un mejor servicio aparecerán como por arte de magia. De hecho, la candidata presidencial de los clanes Gilinski y Gnecco, Vicky Dávila ya empezó a explotar electoralmente la penosa situación de los pacientes con enfermedades catastróficas. Su populismo ramplón y vergonzante está directamente conectado a su pasado como “periodista-periodista” pues la señora sabe muy bien qué es eso de la porno miseria mediática. Eso sí, dudo mucho que entienda cómo opera el pérfido modelo de salud en el país, que incluye la integración vertical en la que se gastaron millones de pesos y por esa vía desmejoraron la atención de los pacientes y por supuesto se perdieron billonarios recursos públicos en la sempiterna corrupción privada.

Hay en las redes sociales una enconada disputa entre bodegas y perfiles alrededor del establecimiento de responsabilidades en la crisis de un modelo de aseguramiento diseñado a la perfección para el desvío de dineros públicos y el enriquecimiento de unas cuantas familias y políticos metidos en el lucrativo negocio. La narrativa de la derecha neoliberal que defiende a dentelladas el perverso sistema de salud es fácil de usar en contra del actual gobierno: cuentan sus más visibles voceros con la prensa bogotana y regional y los noticieros nacionales dispuestos todos a explotar el dolor y las angustias de los enfermos, vistos por los periodistas como víctimas del gobierno y no de las EPS y de las empresas encargadas de dispensar los medicamentos. Por lo anterior, debe el gobierno Petro, de la mano de la Supersalud, hacer ingentes esfuerzos administrativos y logísticos para mejorar la prestación de los servicios de salud. Ya la prensa tradicional aprendió cómo hacer para que la gente salga berraca a votar.

De continuar la exhibición mediática de las angustias de los pacientes, es fácil imaginar las ofertas de los candidatos al congreso y a la presidencia amigos y defensores a muerte de la Ley 100 del 93: “acabaré con las filas para recibir los medicamentos”; en mi gobierno se girarán los recursos a tiempo y se aumentarán los pagos por capitación y reservas técnicas”; “volveremos a ser uno de los mejores sistemas de salud de todo el continente americano”; “no permitiremos la estatización del modelo de salud, no volveremos a los tiempos del Seguro Social”.

Mientras el gobierno escribe las preguntas que los colombianos deberán responder la consulta popular, las notas periodísticas de las empresas mediáticas aumentarán considerablemente con los fines electorales ya señalados. Esa es, desde ya, la estrategia política y electoral de las EPS para mostrarse como víctimas del gobierno Petro. Insistir en ralentizar la entrega de medicamentos y el asegurarse que siempre haya interminables colas a las afueras de las entidades prestadoras de salud ayuda a los medios hegemónicos a hacer la tarea compartida de señalar como el único culpable del colapso del sistema de salud al gobierno de Gustavo Petro. Estamos ante una sinuosa estrategia que beneficia a los propietarios de las EPS y a los medios masivos que le hacen oposición al actual gobierno.

COLAS EN CALI PARA RECLAMAR MEDICAMENTOS AVENIDA DE LAS AMERICAS - Búsqueda Imágenes

EL NEGOCIO DE LA SALUD Y LA AVIESA CONDICIÓN HUMANA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En la crisis del sistema de salud de Colombia confluyen factores-actores que la explican y que a su vez son síntomas de los graves problemas que arrastramos como sociedad civilizada. El Estado es el primer actor-factor que aparece en el colapso de un sistema de aseguramiento pensado más como negocio que como paradigma de solidaridad y respeto a los derechos de los pacientes.

En la operación del Estado surgieron dos preguntas: ¿Para qué el Estado? Se trata de un interrogante que nos retrotrae a los orígenes mismos de esa forma de dominación, cuyo sentido filosófico y político se fue diluyendo en el tiempo gracias en gran medida a la doctrina neoliberal. La segunda pregunta, para quién el Estado, nace del triunfo del capitalismo salvaje, fundado especialmente en un factor antropológico clave: el egoísmo de los seres humanos.

El ethos mafioso con el que siempre funcionó el “mejor sistema de salud” garantizó una única respuesta al segundo interrogante: el Estado para unos pocos. Así las cosas, la operación de todos los agentes al interior del sistema de salud se dio en torno a ese pernicioso y sinuoso ethos, muy propio de seres humanos amantes del capital y del poder político, pero, sobre todo, interesados en hacerse ricos a costa de la vida y de los derechos de los demás. En un Estado para unos pocos su captura por parte de clanes políticos es una condición natural y necesaria para que durante más de 30 años el sistema de salud se usara para que unas pocas familias se enriquecieran a costa de la vida y el bienestar de millones de colombianos. 

El segundo actor-factor es la política y la acción misma de los politicastros que capturaron el sistema para tener el suficiente músculo económico para financiar grupos paramilitares, campañas electorales, pautar en medios de comunicación y también para consolidar un lucrativo negocio usando la integración vertical para monopolizar los servicios de salud en unos pocos actores empresariales que se beneficiaron de la falta del control de un Estado tan privatizado como el sistema de  salud mismo.

Las juntas directivas de casi todas las EPS operaron como agentes financieros que desviaron billonarios recursos públicos, manejados en paraísos fiscales o invertidos en negocios inmobiliarios. Por supuesto que los miembros de esas juntas directivas contaron con la colaboración de los entes de control, de ministros de salud y del poder político bogotano que a pesar de saber de la existencia de la corrupción al interior de las EPS prefirieron guardar silencio y dejar que el colapso del sistema se dilatara en el tiempo, hasta que llegó el gobierno Petro a tratar de desmontar el entramado mafioso, hijo del bajo o escaso sentido ético de un sistema privado que desde el principio desconoció los principios de respeto, solidaridad y empatía con los pacientes. Aparecieron entonces los carteles de la hemofilia y la práctica criminal de cobrar servicios de salud prestados a pacientes fallecidos, entre otros ejemplos.

El tercer actor-factor es societal y de este hacen parte elementos culturales que dan vida a  eso de “ser colombiano” que, para el caso, es sinónimo de ser torcido, malicioso, insolidario, poco empático, ineficiente, mañoso, mentiroso, mafioso y corrupto. Todo el sistema de salud está permeado por esa condición civilizatoria que para el caso colombiano deviene naturalizada y difícil de superar. Desde los funcionarios de las empresas que dispensan los medicamentos por orden de las EPS y que se atreven a negar la entrega de esos insumos médicos señalando que hay desabastecimiento, hasta los directivos de las entidades prestadoras de salud que obligan a los pacientes a interponer tutelas, mientras que desvían los recursos públicos.

Todos los tres actores-factores señalados arriba se alimentan de una discusión ideologizada de la crisis del sistema de salud y de la incapacidad de unos y otros de poner por encima de sus intereses los derechos de los pacientes. Y claro, aparecen ya los candidatos presidenciales y exministros de salud para pescar en río revuelto. Los primeros, para hacer populismo con el sufrimiento de los pacientes y los segundos, para seguir defendiendo la impudicia de un sistema concebido por políticos y empresarios alevosos, dignos representantes de la aviesa condición humana que para el caso colombiano parece imposible de modificar. Acaparar los medicamentos, de acuerdo con lo reportado por la Superintendencia de Salud, en el caso de la firma dispensadora Audifarma, confirma que lo peor de la condición humana se sitúa y se reproduce todos los días en el País de la Belleza. ¡Qué asco!

 

allanamiento a audifarma superintendencia - Búsqueda Imágenes

RAZONES PARA DECIR NO A LA REBAJA DE LOS SALARIOS DE LOS CONGRESISTAS

Por Germán Ayala Osorio

Lo más probable es que el proyecto de ley con el que se propone bajar el salario de los congresistas sufra la misma suerte de la reforma laboral: que se hunda. Hay varias circunstancias -o quizás son razones- que garantizarán el voto negativo a dicha iniciativa.

La primera es que muchas de las curules- por no decir todas- devienen atadas a pactos económicos y políticos entre los candidatos y los mecenas que les patrocinan las campañas. Una vez alcanzada la curul, en Senado o en Cámara, el beneficiado deberá destinar un porcentaje de los 50 millones de pesos a pagarle el favor a los bienhechores que les regalaron el puesto en el legislativo. O lo hacen de manera directa comprometiendo una parte de la jugosa asignación salarial o gestionando millonarios contratos para los contratistas, empresas o lobistas que financiaron las campañas. Esto último es “ley”. Y punto.

Convertirse en congresista, a sabiendas de que deberá legislar a favor de los empresarios que lo patrocinan y muchas veces en contra del pueblo al que supuestamente representa, constituye una forma de prostitución política no muy alejada de las prácticas y de lo que se vive en las “casas de putas” de ciudades y pueblos. Los acuerdos al interior del Congreso no se hacen necesariamente en las noches o madrugadas y bajo el bombillo rojo muy propio de las casas de citas.

La segunda es que ser congresista es una forma de escalar socialmente en una sociedad clasista y arribista como la colombiana en la que el estatus, el reconocimiento y el tener dinero suelen valer más que formarse académicamente para ejercer una profesión o de servir al prójimo. “Hacer cuatro senados y cuatro cámaras para luego irse a una playa paradisíaca” es una aspiración generalizada en muchos de los congresistas. De esa manera, garantizan su futuro. Otros se quedan más tiempo y consolidan sagas familiares a través de las cuales las curules se heredan o se traspasan entre hijos, sobrinos, tíos o amigos. Así operan los Clanes y por esa vía el ethos mafioso se naturaliza en el país y también la prostitución de la política.

Y de cara a las próximas elecciones al Congreso, quienes desde ya están pensando en llegar por primera vez o de regresar a dicha corporación deben estar haciendo fuerza y quizás presión a los legisladores para que hundan la propuesta, a todas luces inconvenientes para los intereses corporativos, individuales y de clase que los anima para intentar “coronar” una curul. De aprobarse la disminución de los salarios no tendría sentido intentar llegar al Congreso en el 2026.

En el fondo hay una crisis cultural y civilizatoria en la operación del Congreso y en las maneras regladas para llegar al Legislativo. Pluricrisis que no se superará rebajándole el salario a los HP (Honorables Parlamentarios), aunque la iniciativa resulta popularmente atractiva. De aprobarse dicho proyecto, ya buscarán las maneras de devolverle el dinero a los empresarios que les “regalaron” las curules y de sacar provecho de  ser congresista en un país como Colombia.

congresistas de colombia ganan 50 millones de pesos - Búsqueda Imágenes

PAPÁ PITUFO: EL GENERAL DEL CONTRABANDO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Ahora que la Fiscalía confirmó que dentro de la investigación que adelanta en contra de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo se encuentra un grupo de oficiales retirados de la Policía, va siendo hora de revisar las condiciones en las que opera el mecanismo de ascenso de oficiales de alta graduación de la Policía. En esa ruta institucional aparecen las “relaciones políticas y la búsqueda de padrinazgos” con los que los méritos policiales quedan proscritos y se alientan las alianzas politiqueras que bien pueden terminar en hechos de corrupción y la consolidación de mafias institucionalizadas como la del contrabando.

Los coqueteos con politicastros y con las lógicas de la política colombiana aparecen en los grados de coronel y general de la República de la Policía, una de las fuerzas más comprometida en sucesos de corrupción y desviación misional en los últimos años; esos hechos de corrupción devienen atados a las dinámicas del conflicto armado, la lucha contra el narcotráfico, minería ilegal y el contrabando. Cuando un policía de grado coronel o general se acerca o busca a políticos, sean o no congresistas para que los “recomienden” para obtener un ascenso, los uniformados dejan de ser hombres de honor para convertirse en vulgares instrumentos especialmente cuando esos benefactores realmente son politicastros profesionales que los necesitan para sacar adelante entramados de corrupción como los que logró concretar Papá Pitufo.

Un coronel retirado del Ejército me dijo que “de acuerdo con la reglamentación existente esos ascensos están blindados frente a la ayuda de padrinos políticos. Esto se cumple más en las FFMM que en la Policía por cuanto los policiales a lo largo de sus carreras trabajan de manera cercana con gobernadores y alcaldes. En los ascensos a generales últimamente se ha abierto la puerta para influencias en ambos casos (FFMM y Policía) debido a la aprobación en el Congreso de los candidatos que presenta el ministro de la Defensa quien los recibe de la junta de generales”.

Dicho mecanismo resulta perverso porque de este participan congresistas, expresidentes y presidentes de la República, lo que convierte un asunto estrictamente castrense y de mérito militar o policial, en uno de carácter político que de acuerdo con las versiones periodísticas conocidas facilitó las tareas de infiltración adelantadas por Papá Pitufo en la Policía nacional.

Los hechos que hoy el país conoce gracias a los medios alternativos a pesar de que Papá Pitufo lleva por los menos 30 años haciendo negocios con generales y coroneles sirven para constatar que el mecanismo de los ascensos es permeable y que el blindaje es mínimo.

Ya veremos si el gobierno Petro logra traer de vuelta al zar del contrabando en Colombia para que prenda el ventilador en el que muy seguramente volarán “barras con estrellas y soles” y credenciales de congresistas y expresidentes cercanos, cómplices o partícipes de las cadenas y redes logísticas que necesitó Papá Pitufo para mover por aeropuertos, carreteras, aduanas y puertos millones de dólares en mercancía de contrabando.

Si el paramilitar Salvatore Mancuso fungió como un “general de facto y un agente bisagra con altos oficiales del Ejército para cometer masacres, es apenas lógico pensar, por lo que ha trascendido hasta el momento, que Papá Pitufo también fue un general de facto o un agente bisagra entre los altos oficiales de la Policía y de la POLFA que hacían parte de la nómina del zar del contrabando. 

generales y coroneles con papá pitufo - Búsqueda Imágenes

EXTRADICIÓN DE PAPÁ PITUFO: TRES ESCENARIOS POSIBLES

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Si el gobierno Petro logra traer de vuelta a Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, se pueden dar por los menos tres escenarios jurídico-políticos: el primero, que por recomendación legal o las amenazas que muy seguramente recibirá de sus aliados decida guardar silencio. Llegado ese caso, le corresponde a la fiscal general de la Nación asumir la tarea de destapar la olla podrida que esconde Papá Pitufo. Ello, por supuesto, favorecería política y electoralmente a poderosos agentes del establecimiento que hoy cientos de miles de colombianos creen a pie juntillas que fueron socios de Marín Buitrago, el ya tristemente célebre zar del contrabando. Bajo esas circunstancias lo más probable es que a muy alto nivel político se logren pactos de silencio que podrían beneficiar la tirante relación entre el gobierno y la oposición.

El segundo escenario estaría atado a la versión que decida ofrecerle a la Fiscalía, lo que implicaría delatar a quienes hoy el país supone que fueron sus colaboradores directos en el largo proceso que lo llevó a convertirse en el zar del contrabando en Colombia: oficiales de la Policía en grados superiores, agentes aduaneros, congresistas, fiscales, periodistas y presidentes en ejercicio, entre otros. De darse ese escenario, el ambiente electoral de 2026 podría tornarse aún más complejo por lo que representaría la confirmación de la versión que indica que Papá Pitufo viene delinquiendo desde los años 90. De resultar así, el progresismo y la izquierda podrían salir avante en su aspiración de ganar la elección presidencial.

Y un tercer escenario, derivado de los posibles efectos políticos y electorales que podría generar la delación de ese entramado de corrupción, estaría dado en la entrega de una versión amañada de sus andanzas mafiosas, esto es, la selección interesada de sus cómplices para favorecer a específicos sectores del establecimiento colombiano que no estarían dispuestos a permitir que el progresismo se quede cuatro años más. Estaríamos entonces ante un relato muy propio de las maneras como suele operar el establecimiento cuando sus más poderosos y peligrosos agentes de poder asuman como un riesgo potencial que lo que declare Marín Buitrago suponga un cambio en las correlaciones de fuerza y en las formas regladas e institucionalizadas en las que operan todas las actividades mafiosas que confluyen en las desarrolladas por Papá Pitufo: blanqueo de dinero que haya favorecido al sistema financiero nacional e internacional; el contrabando mismo y los intereses políticos que están detrás de la intención manifiesta de quebrar específicos sectores económicos a través de la entrada masiva e ilegal de todo tipo de mercancías que el país produce.

Eso sí, independientemente de cuál de los tres escenarios aquí planteados o quizás otros que se puedan dar, lo cierto es que el remplazo de Papá Pitufo debe estar ya listo para asumir las actividades ilegales desarrolladas por el personaje de marras. Y es así porque la corrupción público-privada en Colombia es apenas un problema moral que fácilmente se supera con acuerdos políticos al más alto nivel. Ni la captura o muerte de los grandes capos de la droga y mucho menos la caída de políticos y contratistas corruptos sirvieron y servirán para proscribir la corrupción en el país porque el ethos mafioso en el que se inspira y manifiesta está en las entrañas del orden social y cultural establecido. El sistema económico y político necesitan de la corrupción para subsistir y darle sustento al establecimiento colombiano. No hay nada qué hacer.

papa pitufo - Búsqueda Imágenes

EL OSO YOGUI Y PAPÁ PITUFO EN LA HISTORIETA LLAMADA COLOMBIA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El país político ya debe estar acostumbrado a que cada cierto tiempo y en particular antes, durante o después de elecciones presidenciales siempre aparece un escándalo de corrupción capaz de superar al anterior, así como poner en cuestión a toda la institucionalidad estatal y sacudir las correlaciones de fuerza sin que ello signifique que la sociedad está a punto de proscribir el ethos mafioso, fuente de todos los escándalos públicos y privados que aparecen por cuenta de la naturalizada corrupción.

Después del lamentable espectáculo en el que terminó el consejo de ministros y la esperada crisis ministerial aparecieron en la escena preelectoral dos hechos noticiosos con implicaciones políticas, morales y judiciales que sin duda sacudirán a una parte del establecimiento colombiano: de un lado, el tardío reconocimiento público y mediático del poder criminal de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, el zar del contrabando en el país.

Este personaje lleva por lo menos 20 años delinquiendo de la mano de oficiales  de la Policía nacional, agentes aduaneros, de la propia DIAN y muy posiblemente de políticos y presidentes de la República; y del otro lado está la carta que Héctor Amaris Rodríguez, alias el Oso Yogui, escribió y envió a la Fiscalía en la que expresa su intención de desenmascarar a los miembros del Clan Char, en particular al alcalde de Barranquilla, Alex Char por hechos delictivos como lavado de activos y malversación  de recursos públicos.

En la referida misiva, el Oso Yogui da pistas de los hechos delictivos de los que tiene pruebas: “En primer lugar, Triple A: Desvío de recursos públicos a través de contratos manipulados y apropiación indebida de activos que afectaron al patrimonio de Barranquilla”; Iarco: “Esquemas fraudulentos de licitación para favorecer a empresas vinculadas al clan Char; Aida Merlano: financiación irregular de campañas políticas, compra de votos y obstrucción de la justicia. Aportaré nuevas pruebas que esclarecerán definitivamente este caso; Tiendas Olímpica: Lavado de activos y triangulación de recursos de origen ilícito mediante esta red empresarial”.

Hasta el momento el caso de Papá Pitufo toca tangencialmente a la campaña Petro presidente, situación que ya fue aprovechada por la Oposición mediática y política que le apuesta a convertir la versión que indica que dineros del zar del contrabando entraron o pudieron entrar a dicha campaña presidencial en lo que sería un nuevo Proceso 8.000. Logrado ese objetivo, la derecha pondría sobre Gustavo Petro una mácula que lo dejaría en el mismo nivel de indignidad que alcanzó la imagen del entonces presidente Ernesto Samper después de la probada entrada de dineros del cartel de Cali a su campaña. Una vez logrado ese objetivo moral y político, la derecha espera “herir de muerte” el proyecto progresista que defiende e impulsa el presidente Petro.

Con el visto bueno de un tribunal de Portugal para que Diego Marín Buitrago sea extraditado a Colombia, y con el interés del presidente Petro de traerlo de vuelta al país para que exponga a aquellos agentes de poder que desde varias instituciones le ayudaron a convertirse en el más grande contrabandista, los colombianos estarían avocados a ver por televisión un escándalo político que impactaría las elecciones presidenciales de 2026. Si todo sale como Petro lo está imaginando, la derecha sería el sector ideológico y político más golpeado si alias Papá Pitufo prende el ventilador.

La verdad que logre entregar el zar del contrabando al país tendría efectos políticos negativos que se sentirán en mayor proporción en Bogotá, centro de poder en el que la corrupción y el ethos mafioso se volvieron paisaje en instituciones estatales desde las que se facilitó el trabajo de importación ilegal y ficticia de mercancías y el lavado de millones de dólares gracias al emporio mafioso que agentes oficiales le permitieron consolidar a Papá Pitufo.

Entre tanto, el ventilador que prenda el amigo íntimo y exasesor de Alex Char, actual alcalde de Barranquilla solo sacudirá los cimientos del poderoso Clan Char, sobre el que recaen toda suerte de señalamientos y cuestionamientos por asuntos de compra de votos y uso indebido de recursos estatales.

Así las cosas, el país político y mediático aportará cada uno su grano de arena a la consolidación de la narrativa que indica que los colombianos, el Estado, sucesivos gobiernos y miembros de la élite política actúan bajo el influjo de un incontrastable ethos mafioso, el mismo que nos hace ver ante el mundo como una sociedad corrupta.

La aparición en escena de alias Papá Pitufo y del Oso Yogui sumergen al país en una especie de territorio propicio para las series animadas. Para el caso de Papá Pitufo, aún el país no sabe quién representará a Gargamel, aunque podría pensarse que la Fiscalía usará su poder para perseguirlo por toda la Aldea que el viejo contrabandista construyó Hay que advertir que dentro del ente investigador y al interior de otras entidades estatales hay agentes prestos a dar rienda suelta a sus más oscuros propósitos al momento en el que Papá Pitufo decida hablar. Estaríamos ante un Gargamel espejo.

Entre tanto, la tierna figura del Oso Yogui, la tira cómica, hace pensar en que se aprovecharon de su inocencia quienes usaron el poder para enriquecerse de manera ilícita. Eso sí, en esta historieta de país no hay cabida para la Pantera Rosa, personaje animado que casi siempre triunfa en su “lucha” contra aquel recordado hombre blanco y bigote. Convertida Colombia en una tira cómica, la justicia, con todo y su majestad, está representada en el Coyote. Y los corruptos y criminales que se burlan de ella y la timan están muy bien representados por el Correcaminos.

papa pitufo - Búsqueda Imágenes

 

LOS DINEROS DE ALIAS “PAPÁ PITUFO” Y LA ESTRATEGIA DEL CENTRO POLÍTICO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La tarea de los medios hegemónicos que le hacen oposición política al gobierno de Gustavo Petro será, para el resto de este 2025, la de afianzar las estrategias y afinar los tratamientos periodístico-noticiosos que conduzcan a consolidar la imagen negativa de la “izquierda” y del progresismo.

El propósito sigue siendo el mismo que se plantearon el 7 de agosto de 2022: deslegitimar a la administración Petro, con un elemento nuevo que es el de poner al presidente Petro en el mismo grado de indignidad que alcanzaron los entonces presidentes Samper por el proceso 8.000 y Uribe Vélez por los falsos positivos, la penetración paramilitar en entidades estatales durante su administración y los hechos punibles que lo tienen hoy enfrentando un juicio por manipulación de testigos y fraude procesal. Eso sí, hay que advertir que la indignidad de Uribe resulta más tolerable para una parte de la sociedad y los medios masivos porque se trata de un político de derecha que siempre le apostó a la privatización del Estado; la de Petro, por venir del progresismo y de la izquierda moderada resulta a todas luces inaceptable y terrible. Lo anterior confirma el triunfo cultural del doble rasero en la sociedad colombiana que deviene confundida moralmente. 

Una vez logrado ese objetivo, las empresas mediáticas le apostarán a imponer a sus audiencias las candidaturas pretendidamente de Centro que se mostrarán decididas a tomar distancia política de Uribe y Petro, los dos grandes electores que enfrentarán a sus seguidores en las elecciones de 2026. “El país más allá de Uribe y Petro” será la consigna que usarán aquellos candidatos presidenciales interesados en que Colombia supere la crispación ideológica y la indignidad resultante de la disputa política entre los seguidores y defensores de estos dos “barones” electorales. Muy seguramente entre el ramillete del medroso Centro llegarán, a pesar de militar o de guardar simpatías con la derecha, personajes como  Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria, Claudia López, David Luna y Vicky Dávila de Gnecco, reconocidos de tiempo atrás como veletas ideológicas y figuras camaleónicas que en semejante coyuntura pueden servir a los propósitos electorales que ya un sector del establecimiento colombiano está dejando ver: consolidar una opción de Centro que, aunque mentirosa, dé la sensación de que la lucha Petro vs Uribe quedó superada.

El registro periodístico que hace la revista Cambio de la entrada de dineros del zar del contrabando en Colombia, Diego Marín, alias “Papá Pitufo” a la campaña Petro presidente sirve a los propósitos arriba descritos. A pesar de la explicación anticipada dada por el presidente de la República reconociendo que efectivamente “Papá Pitufo” intentó infiltrar sus dineros en las arcas de la campaña presidencial, el titular será recogido por otros medios con el claro objetivo de insistir en la indignidad de Petro. “Cambio revela el papel del zar del contrabando en la financiación de la campaña de Gustavo Petro” es el titular.

De esa manera, ponen a la opinión pública a hablar sobre si los dineros del contrabandista entraron, o si los devolvieron en su totalidad. La periodista Paola Herrera postea en su cuenta de X que “El propio presidente Gustavo Petro le reconoció a @estoescambio que, a través de Xavier Vendrell, Papá Pitufo intentó infiltrar la campaña y dijo “ordené devolver esos dineros”. Aunque hay un video donde se ve que sí devolvieron plata, no se sabe si son todos los 500 millones, si entraron más recursos y ¿por qué no se avisó a las autoridades?”

La publicación pudo titular Petro rechazó dineros del zar del contrabando. Pero un titular de esa forma convertiría a la revista en “petrista”, imagen que no les conviene generar por cuanto las apuestas políticas de todas las empresas mediáticas cercanas al establecimiento es que en el 2026 la derecha regrese a la Casa de Nariño.

A la revista Cambio le resulta más efectivo política y mediáticamente sembrar la duda llevando al jefe del Estado al escenario propicio en el que se generan dudas entre las audiencias por cuenta de las versiones encontradas. Al final, lo que buscan Cambio y las otras empresas mediáticas es llevar a Petro a juicio adversarial mediatizado. 

Destruir moralmente una campaña y ponerle una mácula a una figura política resulta muy fácil para la prensa. Basta con un titular tendencioso para lograrlo. La revista Cambio desecha la aclaración de Petro y opta por sugerir que efectivamente alias "Papá Pitufo" financió la campaña presidencial, un asunto que no es nuevo en Colombia, pero que de cara a las elecciones de 2026 y bajo la idea del cambio que vendió Petro se vuelve extraña, llamativa, trascendental y moralmente inaceptable.

Años atrás fueron los Rodríguez Orejuela que financiaron las campañas Samper y Pastrana presidentes; luego, el apoyo logístico y político de los paramilitares a la campaña Uribe presidente de acuerdo con lo declarado por Mancuso; luego, vino la financiación del Ñeñe Hernández a la campaña Duque presidente. Antes se había producido la financiación de la campaña de Santos presidente y la del candidato del Óscar Iván Zuluaga con los dineros de Odebrecht, multinacional corrupta que manoseó a presidentes de varios países latinoamericanos.

Dado que la investigación que adelanta el ilegítimo Consejo Nacional Electoral por la violación de los topes de la campaña presidencia de Petro no generó los efectos políticos esperados, la versión de si alias “Papá Pitufo” puso o no plata a la campaña Petro presidente es una forma de reiniciar lo que institucional y constitucionalmente los enemigos del gobierno no pudieron lograr. Ahora el turno les corresponde a las empresas mediáticas tradicionalmente eficaces a la hora de limpiar o ensuciar la imagen de un político. Más claro: la campaña de 2026 ya arrancó y la apuesta es convertir a Petro y a su gobierno en lo "peor que le ha pasado a Colombia en los últimos 30 años". 

revista cambio y los dineros papa pitufo - Búsqueda Imágenes

ETHOS MAFIOSO Y LA CRISIS DEL SISTEMA DE SALUD

 

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La crisis del sistema de salud en Colombia tiene además de componentes técnicos, factores ético-políticos y culturales que permiten entender  las posturas de quienes se oponen al incremento del 5,36% en la UPC, pero sobre todo, a los máximos controles sobre los millonarios recursos públicos girados a las EPS que el gobierno Petro, a través de la ADRES, quiere imponer para detener el acordado desangre institucional en el que terminó convertido dicho modelo de aseguramiento.

Dicho sistema de aseguramiento en salud nació durante la consolidación del neoliberalismo en Colombia, hecho que facilitó el debilitamiento de los máximos controles fiscales sobre las entidades prestadoras de salud. Después de más de 30 años de libertades políticas y económicas promovidas por gobiernos de derecha el modelo de salud dejó ver con claridad el principio que lo llevó al colapso: el ethos mafioso que guió las operaciones de IPS y EPS y la estrategia de los “técnicos del neoliberalismo” de intervenir en unos casos y en otros seguirle inyectando dinero a un enorme saco roto.

Bajo ese sistema de salud y la naturalización de la corrupción, los pacientes sufrieron las consecuencias de un conjunto de procedimientos reglados y pensados para favorecer a familias de políticos y miembros de las juntas directivas. El matute en el que convirtieron el manejo de los millonarios recursos les alcanzó en el pasado para financiar campañas presidenciales y congresionales. De esa manera aseguraban el recibimiento de más y más recursos sin la vigilancia requerida. Los entes de control durante más de tres décadas fueron testigos mudos del continuo desangre al erario.

La prensa hegemónica fue, durante esos largos 30 años, un actor político clave para salvaguardar las identidades de aquellos poderosos políticos (verdaderos politicastros) que hacían parte interesada del sistema con el único objetivo de sacar provecho económico. Desde el mismo día en el que se anunció el incremento, las empresas mediáticas abrieron sus espacios para escuchar las “razones técnicas” de ACEMI y de otras agremiaciones, convertidas en quejas y lecturas catastrofistas por el reducido incremento en la Unidad Por Capitación (UPC).  Ni los periodistas y mucho menos los agentes políticos y técnicos que hacen parte del sistema de salud han hecho referencia a los actos de corrupción que fueron llevando a la crisis, al parecer irreversible, del “aplaudido” sistema de aseguramiento en salud. Todos evitan discutir alrededor de la razón política y técnica que exhibió el gobierno para considerar el incremento del 5,36%: "las EPS no reportaron información confiable, oportuna y clara” sobre sus costos operacionales y los derivados de las demandas de los pacientes.

El colapso de las EPS y la crisis misma del sistema de salud en Colombia desvirtúa la narrativa aquella que señala que lo “privado es sinónimo de eficiencia y pulcritud”. En este caso faltó vigilancia estatal y sobró mezquindad y avaricia de gerentes, presidentes y miembros de juntas directivas que manejaron los recursos públicos de manera discrecional. Si hay oportunidad para dialogar entre el gobierno y todos los agentes involucrados para superar la crisis, lo primero que habría que acordar es la salida de todos los politicastros y la exposición de los hechos de corrupción que se taparon por presiones políticas en los más altos niveles del poder. De igual manera, confirmar el pago de millonarias sumas de dinero a congresistas-lobistas que se opusieron a la aprobación de todas las versiones de la reforma a la salud presentadas en el Congreso.

Habría también que declarar como problema de salud pública la entronización del ethos mafioso que guió la operación de específicos agentes claves del sistema de salud. Lo curioso es que no existe tratamiento médico alguno para la avaricia y la mezquindad de quienes se robaron billonarios recursos durante tres décadas. Esa crónica enfermedad solo se supera con un profundo cambio cultural al que se resisten los que en el pasado pensaron y diseñaron el sistema para enriquecerse y no para atender las necesidades de los pacientes; y los medios informativos, apéndices de poderosos agentes económicos a los que solo les interesa facturar, al parecer tampoco les interesa hablar de la imperiosa necesidad de proscribir el ethos mafioso que nos identifica como uno de los países más corruptos del mundo. 

crisis de las eps en colombia - Búsqueda Imágenes

SIETE AÑOS DESPUÉS Y EL PAÍS NO SABE QUIÉN VIOLÓ A CLAUDIA MORALES

 

Por Germán Ayala Osorio

El 19 de enero de 2018 la periodista Claudia Morales puso al país a especular alrededor de la identidad del hombre que la violó. Han pasado ya siete años largos de cuando informó en su columna Una defensa del silencio que el violador “era un hombre relevante en la vida nacional. Ahora lo sigue siendo y, además, hay otras evidencias que amplían su margen de peligrosidad”.

Morales guardó silencio sobre la identidad del asqueroso que la accedió de manera violenta. Lo llamó "Él", para proteger su vida y la de su familia de una posible reacción del malandro que vulneró su cuerpo. Me pregunto: ¿Qué representa para Colombia el violador de la periodista Claudia Morales? Intentaré responderme el interrogante.

Considero que "Él" representa con lujo de detalles a la sociedad machista colombiana. A esa misma que a través de la publicidad sexista, los chistes callejeros de doble sentido, el humor en televisión y radio y el poder concentrado en la figura masculina convirtió el cuerpo de la mujer en un territorio en disputa, en el objeto de deseo de cientos de miles de hombres que sí o sí están decididos a “comprarlo u obtenerlo”. Al de Claudia Morales, "Él" accedió porque así lo decidió y porque su comportamiento contaba con el respaldo de la cultura dominante.

El violador de Claudia Morales es hijo de la Colombia violenta que desea el mal para el país, porque si a Colombia le va mal, a la derecha le va bien. Su comportamiento está más que naturalizado en empresas, universidades, colegios y hasta en el Congreso en donde bajo relaciones de poder, hombres en posiciones de privilegio se creen en el derecho de tocar, manosear y “morbosear” a las subalternas. Morales fue víctima de su jefe y de la sociedad que legitimó la incontrolable cachondez masculina como el paso previo al acceso carnal violento. Morales describió así la macabra escena: “Una mujer joven termina su jornada laboral, llega a su hotel, se baña y se arregla para salir a cenar con una pareja de amigos. Alguien golpea en su habitación. Ella mira por el rabillo de la puerta, es su jefe. Abre, “Él” la empuja. Con el dedo índice derecho le ordena que haga silencio”.

Aunque Morales no volvió a referirse al asunto es probable que la “relevancia y la peligrosidad” asociada a su violador sigan presentes. Las sospechas que recayeron sobre varios de sus jefes permitieron a cientos de miles de colombianos entrar en el juego de las especulaciones. Quizás cuando "Él" muera, Claudia Morales decida revelar su identidad. Eso sí, no importa si el país logra confirmar que efectivamente el maldito violador es el poderoso político que millones de colombianos creen que es el victimario. La cultura dominante buscará las maneras de disculparlo por ser Hombre y por no haber sido capaz de controlar su cachondez. Los agentes legitimadores, entre ellos los medios de comunicación hegemónicos sabrán decir que ese Hombre fue “provocado” por Claudia Morales. De lo que sí estoy seguro es que la “relevancia y peligrosidad” del violador de la periodista dice mucho de lo que somos como colectivo.

Si realmente fuéramos solidarios con Morales y con otras tantas de las mujeres violadas en Colombia, todos los días deberían de escribirse columnas de opinión o grafitis preguntando por la identidad del maldito, protervo, perverso, sucio, asqueroso, repulsivo, repugnante, inmundo, siniestro y malévolo personaje  que la violó. 

claudia morales fue violada - Búsqueda Imágenes

EL REGRESO DE FABIO OCHOA VÁSQUEZ

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Como era de esperarse, el regreso al país de Fabio Ochoa Vásquez lo cubrieron varios medios de comunicación como si se tratase de un famoso artista o deportista olímpico. Faltó poco para que el carro de bomberos lo paseara por las congestionadas vías de la capital del país. O por las de Medellín, la tierra entrañable de quien regresó después de pagar una condena de 23 años en los Estados Unidos por narcotráfico.

Ese tipo de cubrimientos periodísticos se explican por razones que tienen que ver con la doble moral colectiva que se naturalizó en el país y por supuesto por la aplicación de los criterios de noticia al hecho mismo del retorno a Colombia del ex narcotraficante. Haré referencia en esta columna a esa doble moral que es, de tiempo atrás, un distintivo cultural de los colombianos, el mismo que a diario la prensa hegemónica se encarga de validar.

La evidente admiración de cientos de miles de ciudadanos por los mafiosos en Colombia fue el elemento cultural que permitió su aceptación social y política por allá en los años 70, 80 y 90 cuando aparecieron con toda su “magia”. Conseguir plata, ostentar la posesión de carros lujosos, relojes, anillos, haciendas e incluso presumir la compañía de mujeres hermosas, en particular reinas y modelos, y tener con qué sobornar a las autoridades hace parte de los imaginarios de millones de hombres en Colombia. Y también de mujeres a las que les fascina andar con Machos con plata. De allí que mafiosos como los Ochoa Vásquez, Pablo Escobar o los Rodríguez Orejuela, para solo nombrar a los más famosos, cuenten con la admiración social suficiente como para que el interés de saber cómo envejecieron, vivieron o murieron sea perenne. Que se vendan camisetas y gorras con el rostro y el nombre de Pablo Escobar estampados y que haya una ruta turística en Medellín para saber de la vida del afamado criminal es la más clara expresión de esa doble moral que es el camino por el que permitimos la corrupción público-privada y todas las formas de violencia, física y simbólica que nos dejó la operación de los carteles de la droga en el país.

La prensa cumple con la función de mantener vigente esa “necesidad” social de saber de la vida de narcotraficantes cuya fortuna y vida son anheladas en sectores populares y legitimadas por miembros de la élite económica y política tradicional.

La llegada del menor del clan Ochoa Vásquez se da pocos días después de que Miguel Rodríguez Orejuela, entonces capo del Cartel de Cali le enviara una misiva al presidente Petro en la que le solicita ser nombrado como “gestor de paz” para “contar mi verdad sin odios ni revanchas y así poder alcanzar el perdón Divino”.

El contenido de la carta del octogenario criminal despertó todo tipo de especulaciones alrededor de cuáles políticos podrían ser señalados en esa tardía verdad que por más treinta años reposa en la conciencia del arrepentido mafioso. Entonces, en las redes sociales recordaron que la financiación de campañas políticas fue un hecho común en la Colombia mafiosa y corrupta. Esas mismas especulaciones que surgieron de la epístola enviada por Miguel Rodríguez acompañaron la ruidosa llegada de Fabio Ochoa Vásquez. En ambos casos, aparecen los nombres de tres expresidentes de la República (Samper, Pastrana y Uribe) hecho que confirma la doble moral en el ejercicio de la política, actividad tan permeada por todo tipo de mafias, como la propia economía. La vigencia política de los tres exmandatarios constituye una prueba irrefutable de que esa doble moral es funcional a la democracia, a la economía y a todas las prácticas societales.

Se equivocan aquellos que esperan que Fabio Ochoa abra la boca para señalar las relaciones que el clan al que pertenece sostuvo con políticos antioqueños o de otras regiones. No. Ante todo, la lealtad y la imperiosa necesidad de conservar los distintivos culturales de aquello que se conoce como la cultura paisa y la Antioquia federal en la que no hay nada que corregir porque hay ser “berracos, avispaos, metelones y creativos”. Contrario al silencio sepulcral que guardará Ochoa Vásquez, el entonces líder del cartel de Cali, Miguel Rodríguez parece dispuesto a “contar su verdad” con el único objetivo de alcanzar el “perdón Divino”.

Los tres expresidentes que suelen aparecer relacionados con las actividades mafiosas de los carteles de Medellín y Cali, así como Fabio Ochoa y Miguel Rodríguez son creyentes. La rezan al mismo Dios, deidad a la que son devotos millones de colombianos. Al final, ser mafioso o no poco importa cuando la vejez empieza a abrirle el camino a “flaca” o a la “pelona” que, con lista en mano, empiece a cobrar lo hecho en la tierra. Y va quedando claro que la doble moral de los colombianos es tan universal como los criterios de noticia. Y la fuente en donde se produce y se reproduce ese distintivo humano es el sistema financiero internacional.

fabio ochoa vásquez - Búsqueda Imágenes

BETTY LA FEA, ECOMODA Y LA CORRUPCIÓN EN LAS EPS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La novela Betty la fea es un ícono para la sociedad colombiana porque representó con lujo de detalles lo que como sociedad hemos construido. Las principales características sociales representadas en esa producción audiovisual fueron el machismo, instrumentalización sexual de la mujer, la homofobia y la corrupción. Así las cosas, Betty La Fea fue y sigue siendo el espejo en el que aún nos podemos mirar como sociedad para concluir que no hemos cambiado mucho.

La corrupción público-privada sigue siendo el principal problema que arrastramos como colectivo. Es ya una marca social indeleble que va camino a consolidarse como una tara civilizatoria.

La crisis de las EPS en el país en gran medida se produjo por los manejos discrecionales y dolosos que muchas de estas entidades hicieron con los millonarios recursos girados por el Estado para que prestaran un servicio de salud de calidad. Desviaron recursos, invirtieron en negocios inmobiliarios y construyeron sus propias clínicas para consolidar el negocio, prestando deficientes servicios de salud.

Se dedicaron varios de los gerentes de las EPS intervenidas e investigadas a hacer piruetas financieras como lo hizo en su momento Betty para salvar a Ecomoda. Mientras que don Armando, el flamante presidente de la empresa de moda les bajaba la calidad a las telas y compraba de contrabando otros insumos, en nuestra realidad, gerentes de las EPS, con la anuencia de sus Juntas Directivas, negaban procedimientos clínicos, medicamentos o aplazaban cirugías, convirtiendo el acceso a los servicios de salud en un verdadero infierno para sus afiliados. Las maniobras financieras que encontró la Superintendencia de Salud en el caso reciente de Coosalud hacen pensar en que el “espíritu” de Betty, la gran economista, se les coló y los miembros de su Junta Directiva, según la propia Supersalud, sabían que estaban poseídos por ese “malévolo” hálito.

El emblemático caso de corrupción de Saludcoop y las recurrentes prácticas dolosas que lograron hacer por más de 30 años les hizo pensar que jamás llegaría un gobierno a ponerle coto a semejantes irregularidades. Por tres décadas asumieron que los ministros  y superintendentes de salud siempre serían las “Patricias Fernández”, esto es, figuras decorativas y poco formadas e incapaces de reconocer entuertos financieros.  Y ahora que llegó el gobierno de Petro a poner orden, pero sobre todo a sacudirles sus libros contables, tanto los defensores de oficio del modelo de salud, entre ellos exministros del ramo, como los actuales gerentes de las EPS, se siguen haciendo los “Hugo Lombardis” con los recursos desviados y hurtados.

Betty La Fea seguirá siendo el arquetipo de la novela colombiana por haber representado de manera genuina eso de ser colombiano. La trampa, el machismo y la instrumentalización sexual de las mujeres, los hombres puteros, las mujeres sumisas, el maltrato laboral y la corrupción representados en la exitosa novela nunca se parecieron tanto a la realidad. Por ello, Betty La Fea y lo acaecido en Ecomoda seguirán metidas en los corazones de los televidentes, y en las dinámicas financieras de muchas empresas. Y cuando los jueces y otras autoridades, requieran a gerentes, presidentes y miembros de juntas directivas para dar explicaciones, seguirán haciéndose “los no heterosexuales”, es decir, los “maricas”.

ecomoda betty la fea - Búsqueda Imágenes

GRUPOS DE PODER Y SILENCIOS FRENTE A LA CORRUPCIÓN

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Hay consenso académico, social y político alrededor de dos realidades que suelen estar conectadas: la primera, que en Colombia hay una élite oligárquica y que el principal problema que arrastra la nación es la corrupción público-privada.

De acuerdo con Pearce y Velasco (2022), “la élite oligárquica aparece conformada por 46 personas que disponen de la mayoría accionaria o la propiedad de los principales conglomerados o grupos financieros: Grupo Aval, Grupo Empresarial Antiqueño (Sura, Nutresa, Argos y Bancolombia), Grupo Bolívar, Grupo Empresarial Olímpica, Grupo Santo Domingo, Grupo Mercantil Colpatria, Grupo Gilinski y Organización Ardila Lülle. Estas personas inciden en la opinión pública a través de la adquisición de medios de comunicación de alcance nacional (El Tiempo, Semana, Caracol, RCN, etc.)”.

Los grupos de poder económico y político en Colombia suelen no cuestionar públicamente hechos de corrupción en los que estén involucrados miembros de familias políticas tradicionales o de aquellos que hacen parte de lo que se conoce como los “cacaos”, esto es, la élite oligárquica referida líneas atrás. Así entonces, “cubrirse las espaldas” es una práctica común que deja en claro que no les interesa erigirse como referentes de moralidad y eticidad en un sistema mundo capitalista que de manera natural deviene inmoral y éticamente acomodaticio.

Cuando se supo de la millonaria multa que debió pagar el Grupo Aval en los Estados Unidos por el caso de los sobornos pagados por Odebrecht, de otros clanes y familias “de bien” y mucho menos de los otros miembros de esa élite oligárquica se emitió un comunicado público cuestionando el ilegal comportamiento corporativo. Lo mismo pasó con la sanción de 20 millones de dólares que debió asumir el clan Gilinski recientemente en el Reino Unido porque su banco Metro Bank no hizo lo suficiente para evitar el lavado de activos. Expresidentes de la República y directores de partidos políticos guardaron sepulcral silencio porque siguen la misma huella conductual: tampoco están pensando en convertirse en faros morales en un mundo y un país como Colombia cuya sociedad desde hace más de 50 años arrastra visos de vivir en medio de una inocultable confusión moral y una laxa eticidad.

Entre tanto, el presidente de la República, Gustavo Petro, asumió una postura crítica frente al reconocimiento que hizo ante las autoridades americanas el Grupo Aval de los dolosos hechos de Odebrecht: “El hecho de que el principal grupo económico del país haya confesado ante la justicia extranjera estar incurso en la red de corrupción y sobornos a políticos y funcionarios del Estado colombiano, es causa suficiente para presentar una reforma a la justicia, que debe tener como prioridad su fortalecimiento e independencia, la cercanía a la ciudadanía y la lucha contra la corrupción”.

Con los hallazgos de corrupción en el sector salud que viene exponiendo públicamente la Superintendencia de Salud los miembros de esa élite oligárquica que no opera de manera cohesionada, también guardaron silencio. Lo mismo hicieron otros actores quizás menos poderosos desde la perspectiva económica, pero que suelen ser consultados por los medios corporativos. Hablo de exministros de Salud que defienden a dentelladas la ley 100 de 1993, el sistema de aseguramiento en salud y la operación dolosa de aquellas EPS que la misma Supersalud ha cuestionado, investigado e intervenido.

El ensordecedor silencio del profesor uribista Alejandro Gaviria, exministro de educación de Petro y exministro de Salud durante los 8 años del gobierno de Juan Manuel Santos ante las sospechosas maniobras financieras de la EPS Coosalud, hace pensar que agentes académicos y políticos como Gaviria operan como “pararrayos” al servicio de esa élite oligárquica de la que saldrían recursos económicos para financiar su posible candidatura presidencial para el 2026. De acuerdo con lo expresado por el presidente Gustavo Petro, la Junta Directiva de la que hacen parte hermanos de los expresidentes Juan Manuel Santos y Andrés Pastrana validó los movimientos financieros que la Supersalud está cuestionando.

Gaviria, por haber sido ministro los 8 años de Santos, no podría salir a los medios a cuestionar a los miembros de esa Junta Directiva por tres razones fundamentales: por simpatías ideológicas, por agradecimiento con la familia Santos y porque él, junto a otros tantos actores políticos al unísono están obligados a defender el sistema de salud y las prácticas de las EPS privadas que optaron por hacer negocios con los dineros públicos girados por el Estado, antes de asumir como prioridad atender con eficiencia, eficacia y calidad las necesidades de sus afiliados (pacientes).

Por todo lo anterior, no hay manera de que en Colombia supere el ethos mafioso en el que se soportan los hechos de corrupción público-privada. Toda lucha que se proponga en esa dirección fracasará porque tanto la élite oligárquica, como los políticos están en función de enriquecerse y concentrar poder económico y político. No hay nada qué hacer.

alejandro gaviria defiende las EPS - Búsqueda Imágenes

PETRO, COOSALUD Y LOS MEDIOS HEGEMÓNICOS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Desde el 7 de agosto de 2022, las relaciones entre el presidente Petro y los grandes medios de comunicación no son buenas porque de manera temprana el país supo de la cofradía que armaron las más grandes empresas mediáticas con el propósito de hacerle oposición política al gobierno.

Llevamos dos años de una relación hostil que compromete la ética periodística y la resistencia de un presidente diariamente atacado con noticias falsas, tergiversaciones, medias verdades y tratamientos noticiosos cargados de mala leche. Desde su cuenta de X, Petro contraataca a los periodistas que, de acuerdo con el presidente, mienten o hacen lecturas amañadas de los hechos.

A esa tensa relación se suma otro hecho que sin duda alguna aumentará la crispación ideológica y política alimentada en gran medida desde los medios hegemónicos, que vienen actuando como incisivos actores políticos. Ese hecho tiene que ver con la EPS Coosalud.

Frente a los graves hallazgos de corrupción que recién acaba de informarle al país la Superintendencia de Salud en la EPS Coosalud hay que señalar que el silencio mediático es aturdidor. Los medios hegemónicos que le vienen haciendo oposición política al actual gobierno se abstuvieron de cubrir los graves hechos a pesar de que estos ofrecían todos los ingredientes para ser convertidos en noticia. He aquí los más importantes y visibles: se embolataron 221.000 millones del erario, la denuncia la hizo la Supersalud y el presidente de la República en su cuenta de X informó que en la junta directiva de Coosalud tenían asientos familiares de los expresidentes Pastrana y Santos. Esas tres circunstancias son suficientes para que todas las empresas se volcaran a informar sobre semejante situación.

El caso de Coosalud, como mínimo, debió cubrirse de la misma manera como las empresas mediáticas abordaron los hechos de corrupción en los que estuvo involucrado y está siendo procesado Nicolás Petro, hijo del presidente de la República.

Los grandes medios de información esperaron más de 24 horas a que los miembros de esa junta directiva que fueron expuestos por el jefe del Estado emitieran un comunicado exigiéndole que se retractara de “esos injuriosos y calumniosos señalamientos”. La respuesta de Petro no se hizo esperar. Dijo que no se retractaría y que buscaría que la justicia reconozca al Estado como víctima en ese entramado de corrupción denunciado por la Supersalud. Aun así, dos días después de lo expuesto por el superintendente de Salud, Noticias Caracol, entre otros medios, guardan silencio.

El asunto es de tal relevancia política que el presidente Petro no dejó pasar el momento para develar la razón que explicaría la autocensura, los silencios o lo tímidos cubrimientos de un hecho noticioso que sí o sí debe cubrirse periodísticamente. En un mensaje desde su cuenta de X, Petro les dijo: “entiendo los lazos de los dueños de medios comunicación con los representantes políticos de esa oligarquía. Pero no es calumniando el gobierno como deben esconder este tipo de negociados”.

El reclamo de Petro a la prensa continúa en estos términos: “Ahora entiendo el porqué de tanto silencio ante la pérdida de 221.000 millones de pesos del erario, cuando sí hacen el mayor de los estruendos cuando se trata de un funcionario del gobierno, porque me pueden golpear.  A todos hay que perseguirlos, pero no silenciarse cuando se trata de la cleptocracia oligárquica del país. No señores de los grandes medios, incluido El Espectador, no fue ningún funcionario del actual gobierno quien se llevó los 221.000 millones de pesos que mi gobierno giró a Coosalud EPS para atender a sus afiliados, fue el gerente de una empresa dirigida por sus socios de club y con quienes, ustedes toman whisky”.

Lo que hace Petro en este mensaje es develar una recurrente práctica periodística en Colombia: cuando se trata de hijos de la oligarquía bogotana o de poderosos clanes políticos regionales se suele guardar prudencia y silencio a la hora de informar sobre crímenes, actos de corrupción o denuncias de otra índole. Ante todo, hay que conservar las “buenas relaciones” y salvaguardar el nombre de la “gente de bien”.

He dicho en varias columnas que los criterios con los que los medios tradicionales aplican a los hechos que convierten en noticia no son universales como se suele enseñar en las escuelas de periodismo. Que no sean universales significa que cada empresa mediática de acuerdo con los intereses políticos y económicos de sus propietarios e incluso de sus editores, decide ocultar información sensible, minimizar su impacto o simplemente abstenerse de cubrir esos hechos que por su misma naturaleza deberían de ser expuestos públicamente. Los tímidos y nulos tratamientos a los hechos que rodean a Coosalud constituyen una prueba más de que la universalidad de los criterios de noticiabilidad es una de las más grandes mentiras que se enseñan en las escuelas de periodismo.

coosalud y petro - Búsqueda

CORRUPCIÓN EN LA UNGRD Y EL SUEÑO DE LA PRENSA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El caso de corrupción en la UNGRD (Unidad de Gestión del Riesgo) es ya una mancha con la que deberá lidiar el progresismo y la izquierda en las elecciones de 2026. Mientras llega ese momento, la prensa hegemónica le está apostando, a través del periodismo de declaraciones y filtraciones de apartes de piezas procesales, convertir los hechos punibles que involucran a congresistas, exfuncionarios de esa entidad, altos consejeros del gobierno y ministros, en una especie de “nuevo” proceso 8.000 que permita invalidar ética y políticamente al presidente Gustavo Petro.

El cubrimiento periodístico que vienen haciendo las empresas mediáticas está en función de presionar a los involucrados en los actos de corrupción para que se atrevan a decir que “el presidente Petro sí sabía”. Recientemente el periodista Juan Diego Alvira, de la W sin carreta, intentó llevar a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, a que dijera lo que él supone que sucedió. Es decir, Alvira ya prejuzgó y solo quería que Ortiz validara su hipótesis. Esto dijo el periodista: “¿nunca hubo una directriz (del presidente) en ese sentido, es decir, hay que comprar votos?”. La respuesta de la exfuncionaria y militante de la Alianza Verde fue contundente: “jamás el presidente haría eso, es un hombre correcto, honesto”.

Es decir, Alvira y otros colegas buscan reeditar lo sucedido con Fernando Botero, ministro de Defensa en el gobierno de Ernesto Samper Pizano, quien en una entrevista en televisión y en horario estelar confesó que el entonces presidente sí sabía de la entrada de los dineros del cartel de Cali a la campaña presidencial.

Hace unas horas, Noticias Caracol publicó apartes de las declaraciones que dio María Alejandra Benavides, exasesora y mano derecha del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, entrañable amigo del presidente Petro. En la misma nota se alude al exministro Luis Fernando Velasco.

De acuerdo con la versión filtrada, el ministro de Hacienda siempre estuvo al tanto de la entrega de millonarios contratos a congresistas y de los 3.000 millones de pesos que, de acuerdo con lo publicado por la prensa, recibieron Iván Name y Andrés Calle, presidente del Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente.  La finalidad del gobierno era que Name y Calle, entre otros congresistas apoyaran las reformas presentadas por el gobierno al legislativo para que fueran debatidas y aprobadas.

El cubrimiento periodístico del caso de corrupción al interior de la UNGRD (o Unidad de Gestión del Riesgo) tiene parecidos con las maneras con las que los medios masivos cubrieron el proceso 8.000. El manual es el mismo: filtrar a cuentagotas declaraciones a la Fiscalía, buscar entrevistas en horario prime time con los exfuncionarios o funcionarios más cercanos al presidente de la República como Ricardo Bonilla y conectar los hechos punibles con la Casa de Nariño, para que las audiencias se pregunten cómo es posible que el presidente Petro no se diera cuenta de lo que estaban haciendo sus ministros con los recursos de la Unidad de Gestión del Riesgo.

Ya veremos en qué queda este espinoso caso de corrupción que sin duda alguna afectó y afecta aún la legitimidad del gobierno del cambio. Lo que sí es claro es que los periodistas y políticos de la derecha están cruzando los dedos y quizás estén soñando despiertos con ese momento en el que, al caer Bonilla y Velasco en manos de la justicia, uno de los dos o los dos, haga lo que hizo en su momento Fernando Botero: reconocer al aire que presidente sí sabía.

 

juan diego alvira y sandra ortiz - Búsqueda

 

NEPOTISMO EN EL GOBIERNO PETRO: ¿Y EL CAMBIO?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Hay consenso académico, político y social en torno a que la corrupción público-privada es el mayor problema de Colombia en la medida en que se afectan las finanzas públicas y la eficacia del Estado al momento de responder a las demandas sentidas de las comunidades que bajo su autoridad y tutela esperan que aquellas sean asumidas por las entidades estatales bajo condiciones de eficacia, eficiencia y efectividad.  “La corrupción es uno de los principales obstáculos al desarrollo socioeconómico, la consolidación de un Estado eficaz y eficiente y el fortalecimiento de la democracia en Colombia” (Theodore Kahn y Víctor Saavedra, Fedesarrollo).

La corrupción resulta ser tan determinante en el país, que su permanencia en el tiempo y su naturalización se asume como parte del objetivo final de todo gobierno de alcanzar niveles aceptables de gobernabilidad, lo que supone la activación del clientelismo y el nepotismo como formas aceptadas de distribución del poder.

De allí que ofrecer combatir las prácticas corruptas y proscribir el ethos mafioso que las facilita suele servir a los propósitos electorales de los candidatos a cargos de elección popular que ofrecen erradicarlas de tajo. No hay candidato a la presidencia que en la historia del país no haya ofrecido enfrentarla y acabarla o por lo menos “reducirla a sus justas proporciones” como lo propuso el entonces presidente de la República, Julio César Turbay Ayala.

Es tal la fuerza de la corrupción público-privada en el país, que el referendo de 2018 con el que se intentó proponer cambios institucionales y operacionales conducentes a ponerle coto a las prácticas corruptas fracasó. La dificultad para acabar con la corrupción radica en que el ethos mafioso que genera las conductas dolosas o por lo menos éticamente comprometedoras en los sectores público y privado está validado política, cultural, social y económicamente. Bajo esas circunstancias, pretender eliminarla es un imposible cultural. De ahí que insistir en que es posible proscribirla constituye una gran mentira.

Con la bandera del cambio y la lucha frontal contra la corrupción, el entonces candidato Gustavo Petro logró cautivar a millones de colombianos que creyeron a pie juntillas en que era posible cambiar las maneras en las que se viene haciendo la política en el país, asociada esta a los poderes de facto ejercidos por contratistas y otros mecenas que suelen aportar millonarias sumas de dinero a las campañas a cambio de contratos multimillonarios con los que no solo recuperan la inversión electoral, sino que logran aumentar sustancialmente sus riquezas. A ese factor político y económico se suma que hacerse con la presidencia en Colombia constituye un triunfo electoral que le abre las puertas al nepotismo en la medida en que la torta burocrática queda bajo el dominio del partido vencedor o de las otras colectividades que conforman la coalición de gobierno.

El diario El Espectador reveló que ministros de la actual administración tienen a familiares trabajando en varias dependencias. Esto se lee en la referida nota del diario bogotano: “Una docena de ministros, directores de departamentos administrativos y otros altos funcionarios nombrados por el presidente Petro tienen a sus familiares contratados en diferentes entidades del poder público. Aunque muchos cumplen con los requisitos para desempeñar las funciones, la oposición y otros sectores hablan de una práctica cuestionable que el propio Petro y sus más cercanos rechazaron antes de llegar a la Presidencia”. En el texto noticioso se hace claridad en torno a nombramientos que vienen desde antes del 7 de agosto de 2022.

Lo informado por el diario El Espectador tiene dos efectos: de un lado, expone al gobierno Petro a las críticas de sus detractores y del otro, le da a la oposición, incluidas las empresas mediáticas que pactaron deslegitimarlo, elementos fácticos que en el 2026 serán usados para atacar al candidato o candidata encargada de recoger y defender las banderas del progresismo, incluida la ya manida lucha contra la corrupción.  Eso sí, hay que decir que el nepotismo es una práctica común en todos los gobiernos de derecha.

Nadie niega que este gobierno viene logrando cambios en el sector rural a través de una reforma agraria que otras administraciones evitaron hacer porque sus intereses estaban anclados a los negocios de los grandes terratenientes y ganaderos que les patrocinaron sus campañas. Hablo en particular de los gobiernos de Uribe, Santos y Duque.

La contratación de las vías terciarias con las JAC hace parte de esos cambios en las maneras en las que el Estado coadyuva a garantizarle a los campesinos que puedan sacar sus productos a las cabeceras municipales. Y hay otros asuntos en los que este gobierno viene haciendo la diferencia. Pero esas prácticas nepotistas terminan por ensuciar un proyecto político progresista que ante todo debería haberse diferenciado ética y moralmente de los propósitos de la derecha, sector de poder político responsable de haber naturalizado todas las formas de corrupción público-privada en el país.

nepotismo gobienro de petro dice el espectador - Búsqueda Imágenes