CIRO RAMÍREZ Y PIERRE GARCÍA SE CONOCIERON EN LA PICOTA

 

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Sorprendió a propios y extraños, pero no pasó desapercibida la confesión del excongresista uribista, Ciro Ramírez Cortez, de cómo conoció a Pierre García Jacquier, exdirector del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y de acuerdo con las autoridades judiciales, su compinche en un caso de corrupción o entramado criminal, de acuerdo con la misma Corte Suprema de Justicia. Ramírez le contó al magistrado de la Sala de Instrucción de ese alto tribunal de justicia, que conoció Pierre García en la cárcel La Picota porque ambos estaban visitando a sus padres, que también habían sido congresistas, y que estaban recluidos en esa penitenciaría por “unos problemas jurídicos”.

De la curiosa revelación de Ciro Ramírez se burlaron en la Tele Letal y Tola y Maruja. Eso sí, ella misma debe servirnos para reflexionar en torno al significado social y ético-político de semejante testimonio. Hay que empezar por destacar la actitud sumisa y asustadiza del arrogante Ciro Ramírez ante el magistrado que varias veces lo instó a que contestara sin rodeos las preguntas formuladas en torno a su participación en la firma de un millonario convenio interadministrativo y una empresa particular. La Corte acusó formalmente a Ramírez de haber participado en hechos punibles, propios de una “empresa criminal”.

La actitud vergonzante de Ramírez Cortez se explica no solo por el miedo que generan los magistrados de la Sala de Instrucción de la CSJ, sino porque al excongresista sus compañeros de bancada lo dejaron solo. Incluso, el mismo expresidente Álvaro Uribe Vélez lo abandonó a pesar de haber sido su fiel escudero. La reacción de Uribe a la captura del entonces congresista se entendió como una toma de distancia y una artera estocada política. Esto dijo el expresidente y expresidiario: “Me duele la captura del joven senador Ciro Ramírez. Ojalá pueda salir adelante. Este tipo de problemas es lo único que deja la maldita mermelada”. Sin importar cómo termine el juicio que enfrenta Ciro Ramírez, lo cierto es que Uribe lo condenó.

Antes de ser llamado a juicio, el miembro del Centro Democrático, escudero y amigo del expresidente Uribe Vélez siempre se mostró ante los medios masivos arrogante, vociferante y sobrador y con una incontrastable altivez que hacía pensar que estaba limpio y alejado de prácticas corruptas. Ahora, al verse perdido por el material probatorio y la actitud inquisidora del togado que lo confrontó varias veces durante la diligencia de indagatoria, agacha la cabeza y asume con inocultable mansedumbre los requerimientos del togado, como esperando algo de piedad del operador judicial.

Ya en la confesión, miremos un detalle: Ciro Ramírez no solo omite decir el nombre de su padre y el de Pierre García, sino los delitos por los cuales fueron procesados: paramilitarismo. Ciro Ramírez Pinzón, padre, fue condenado en el marco de lo que se conoció como la parapolítica, esto es, congresistas que tuvieron vínculos con los grupos paramilitares. En cuanto a Carlos García Orjuela, padre del exdirector del DPS, al final de un proceso judicial fue absuelto por la misma Corte Suprema de Justicia.

En el tenso diálogo entre el magistrado y Ciro Ramírez Cortez, publicado por Noticias Caracol, el excongresista uribista dice que es “normal que los congresistas desfilen por entidades del Estado para destrabar proyectos”. Justo ahí está la nuez de la corrupción: los congresistas, de acuerdo con lo dicho por Ramírez Cortez sirven de bisagra entre particulares y contratistas que normalmente aportan millonarias sumas de dinero a sus campañas para llegar al Congreso y el diseño y la entrega de contratos y convenios interadministrativos de entidades como el DPS o la UNGRD, con el firme propósito de recuperar la inversión y embolsillarse millones de pesos más.

La curiosa confesión del excongresista del Centro Democrático hace pensar en que el ejercicio de la política en Colombia es un negocio tan lucrativo, que poco importan los procesos judiciales o los “problemas jurídicos” e incluso, las condenas, porque prima el interés de enriquecerse, siguiendo la lógica de la economía del crimen. No les basta ganarse más de 40 millones de pesos mensuales. Quieren más y más. En caso de perder la curul, esta se intentará recuperar con un hijo, hermano, tío o esposa, pues, gracias a las millonarias coimas recibidas, se pueden dar el lujo de patrocinar la campaña electoral del familiar que desea hacerse con la deseada curul.

Los contratistas son el otro eslabón de la corrupción público-privada en Colombia. Estos patrocinan congresistas, alcaldes, gobernadores y presidentes de la República, para luego recuperar la inversión, ganando más que los propios bancos. Ese es el ethos mafioso que ya naturalizamos en Colombia. Lo peor del asunto es que no hay forma de proscribirlo porque los sistemas político y económico operan bajo ese mismo ethos.  De allí que toda lucha contra la corrupción que se proponga como lema de campaña devendrá ridícula y se entenderá como una burla del candidato o candidata que la acoja como bandera electoral.

Imagen tomada de Facebook

AL DIRECTOR DE LA MODELO LO DEJÓ SOLO EL ESTADO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El asesinato del coronel (retirado) Elmer Fernández, director de la cárcel La Modelo deja tres hechos claros: el primero, que las autoridades de policía, el mismo INPEC y la UNP le sirvieron a alias Pedro Pluma en bandeja la vida del funcionario para que cumpliera la temeraria amenaza que había lanzado días atrás contra el director. Es decir, el Estado dejó solo a Fernández y por eso, está muerto.

El segundo, que es tal el poder criminal de los bandidos que están presos en cárceles como La Modelo y la Picota, entre otras, que se dan el lujo de amenazar, de activar call center y de mandar a matar a guardianes del INPEC y a directores de prisiones que se atrevan a trasladarlos, a ordenar requisas o afectar las estructuras criminales que operan desde varios centros de reclusión. Y el tercero, que la reacción paquidérmica de la UNP y del INPEC facilitó la ejecución del plan sicarial. La misma Policía Nacional es responsable porque como institución está en la obligación moral de preocuparse más por sus hombres que en uso de buen retiro, cumplen funciones de alto riesgo como dirigir cárceles. No es necesario esperar a que las amenazas lleguen para proteger a los oficiales que le sirvieron a la institución.

El poder económico y criminal de las bandas y de sus líderes que operan desde las cárceles estatales les permite sobornar, atemorizar y mandar a matar a quienes se atrevan a tocar sus intereses. Disímiles gobiernos han probado todo tipo de estrategias fallidas para enfrentar ese poder mafioso: los trasladan de penitenciaría, los aíslan y hasta los vigilan las 24 horas. ¿Cuál es la solución?

La más evidente es endurecer las condiciones en las que estos criminales pagan sus condenas. Deben estar aislados y vigilados, evitando al máximo el contacto con guardianes. Bastaría con la amenaza proferida por alias Pedro Pluma, para que, en juicio sumario, sea condenado por el asesinato de Fernández. Las garantías procesales deben perderse ante la peligrosidad de estos criminales. Las condiciones de reclusión deben ser extremas para que el escarmiento lo sientan también sus compinches. Es claro que el miedo a ir preso se perdió porque al interior de las cárceles encuentran las condiciones propicias para continuar delinquiendo. El porte de los celulares, por ejemplo, debe prohibirse. El aislamiento debe ser total y extendido en el tiempo.

La narrativa de los derechos humanos debe empezar a sopesarse con los crímenes ordenados desde las cárceles y  las incertidumbres, la desazón y la rabia que generan en la sociedad hechos como el asesinato del director de La Picota. Insisto en que hay que someterlos a condiciones extremas de aislamiento, lo que implica cero contacto con el mundo exterior por periodos de seis meses continuos.

Dejar avanzar y crecer el poder criminal de bandas y de sus líderes al interior de las cárceles, permitirá que en el 2026 el discurso de Bukele coja tal fuerza, que el o la candidata presidencial que ofrezca mano dura como la que aplicó en su país el presidente centroamericano, muy seguramente recibirá el respaldo de millones de colombianos víctimas de extorsiones por parte de criminales detenidos y de otros tantos que se “mamaron” de la alcahuetería  de la autoridad penitenciaria frente a personajes como el que habría ordenado el asesinato del director de La Modelo.

El Estado está en mora de construir guarniciones para que en estas vivan los guardianes, directores y subdirectores del INPEC. De esa manera se minimizan los riesgos y se enfrenta el poder criminal de bandas y de bandidos de “renombre” como alias Pedro Pluma. La sempiterna corrupción de los guardianes que han cedido a las presiones de los criminales se acaba ofreciéndoles mejores condiciones de vida y eso incluye el alojamiento. Es una actividad de alto riesgo que debe ser acogida dentro de las condiciones laborales.

Está en mora el gobierno de Petro de endurecer su mano para afrontar el problema carcelario. Ojalá no se queden sus funcionarios lamentando el crimen de Fernández. El coronel Fernández murió abandonado y solo. Ya muerto, irá hasta su última morada acompañado por una enorme caravana de funcionarios que pudieron haber hecho más para proteger su vida. Paz en su tumba a quien alcanzó a molestar a los bandidos y en particular a quien finalmente firmó su sentencia de muerte con una pluma ensangrentada.  

 

Imagen tomada de Youtube.com

DOS “VAGABUNDOS” DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL QUIEREN “PROCESAR” A PETRO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En tono celebrativo, los medios y periodistas que le hacen oposición política al gobierno de Gustavo Petro informaron de la decisión tomada por dos consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) consistente en presentar ponencia positiva con la que se abriría investigación en contra de la campaña Petro presidente y el propio presidente de la República por la violación de los topes establecidos para recibir aportes a la pasada campaña electoral de 2022. Se trata del político uribista, Álvaro Hernán Prada, reconocido por ser enemigo del presidente Petro y ficha del expresidente Álvaro Uribe Vélez, también declarado enemigo del jefe del Estado. El otro consejero que firma la ponencia es Benjamín Ortiz.

Del CNE hay que señalar que es una entidad eminentemente política y que los consejeros emiten conceptos políticos cargados de lecturas amañadas y no jurídicos, basados en la ley penal. Aunque la ponencia deberá discutirse al interior de la cuestionada entidad, el sentido del fallo molestó al jefe del Estado, a pesar de saber el presidente que el CNE no tiene la competencia legal para investigarlo y mucho menos para solicitar sanciones de tipo penal o administrativo.  

Petro los llamó “vagabundos”, reconociéndoles de alguna manera, competencia para investigarlo e incluso, para sacarlo de la Casa de Nariño, cuando no es así. “El presidente tiene que dejar de ser presidente porque cuatro o cinco vagabundos de la politiquería así lo quieren”, dijo el jefe del Estado. De inmediato, el mandatario calificó la decisión de los consejeros como parte del golpe blando que el régimen uribizado le quiere dar desde el 7 de agostos de 2022.

La emoción del hecho político embargó de felicidad a los periodistas que dijeron que la investigación que se ordenaría, de aprobarse dicha ponencia en la plenaria del CNE, era contra el presidente de la República, cuando esa institución, como ya se dijo, no es competente para investigar al jefe del Estado. Para esos menesteres está la inocua Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, a donde finalmente deberá ir la cuestionada decisión de los dos consejeros, de llegarse a aprobar.

Más allá de la sinuosa la decisión política es importante visibilizar un hecho jurídico-político, moral y ético que le restaría legitimidad social y política a la decisión y proposición de uno de los consejeros- no son magistrados- el anodino uribista, Álvaro Hernán Prada: el excongresista está en una condición sub júdice, porque está vinculado a un proceso penal por soborno a testigos y el 15 de mayo afrontará la primera sesión del juicio al que lo llamó la Corte Suprema de Justicia. Es decir, antes de que se inicie el juicio, Prada firma una ponencia viciada, impúdica y a todas luces ilegítima por venir de un consejero que, de acuerdo con el material probatorio que circula en las redes y medios de comunicación, participó, junto a Uribe y Cadena, de la comisión de los graves delitos de soborno a testigos. 

Entonces, en este punto salen los defensores a ultranza de la "presunción de inocencia" para intentar quitarle al nombramiento de Prada en el CNE ese carácter burlesco con el cual el uribismo siempre miró a la justicia que los investiga y procesa.  

La condición sub júdice que pesa sobre el excongresista vicia política, moral y éticamente cualquier actuación que en el marco de su ejercicio como consejero pueda tomar. Y en particular cuando el país sabe que Prada es un simple mandadero del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El lío judicial en el que está Prada es el mismo en el que están el expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez y el aboganster de este último, Diego Cadena, quien ya está afrontando un juicio por fraude procesal y soborno a testigos. Como el país sabe, el juicio contra el caballista y latifundista antioqueño empezará el 17 de mayo.

En el ejercicio de la democracia y más dentro de un sistema presidencialista como el nuestro, opera un sistema de pesos y contrapesos que, con la máxima legitimidad social y política de sus instituciones, controla al jefe del Estado para que este no termine, con sus decisiones y actuaciones, sometiendo a los otros dos poderes públicos.  Lo curioso es que el CNE viene operando como una perversa entidad de contrapeso al poder político y administrativo de los presidentes de la República, cuando un sector poderoso siente afectados sus intereses clientelistas o reducidas las cuotas burocráticas que solía recibir en el marco de los siempre cuestionados “acuerdos programáticos y políticos” entre quienes ganan las elecciones y los perdedores.

La derecha uribizada sostiene de tiempo atrás que defiende a dentelladas las instituciones y la institucionalidad derivada de la operación diaria de aquellas. Con el caso de Prada convendría tener algo de coherencia política al momento de poner en instituciones como el CNE a excongresistas que han violado la ley y están adportas de enfrentar un juicio. Eso es vergonzoso y le resta legitimidad a la entidad electoral, que no es más que un reducto burocrático con el que se pagan favores políticos. Prada fue premiado por Uribe Vélez entregándole un puesto en el CNE, por haberlo acompañado en las actividades aquellas por las que ambos están llamados a juicio. 

Ahora se entiende qué significa cuando la derecha uribizada dice "defender la institucionalidad". Lo que realmente defienden sus militantes es el derecho a burlarse de los jueces y a reducir la operación de las instituciones a sus siempre mezquinos intereses políticos y económicos. 

Adenda: la reacción del presidente Petro en contra de la decisión de los dos consejeros se comprende por el asedio del que es víctima su gobierno y él mismo como persona, de parte del régimen uribizado. Lo están acorralando para hacerlo aparecer como un déspota que desconoce los pesos y contra pesos de la democracia, así estos devengan contaminados de intereses politiqueros como es el caso de la operación del CNE. El jefe del Estado debe calmarse. De ser acogida la ponencia liderada por el inefable Álvaro Hernán Prada, esta irá a la también cuestionada e inservible Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. 

MOCKUS Y CLAUDIA LÓPEZ ABANDONAN EL PARTIDO VERDE

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Las renuncias de Antanas Mockus y Claudia López Hernández al partido Alianza Verde (AV) deben leerse de manera separada, así la decisión tomada comparta el mismo origen: el escándalo de corrupción que salpica a Iván Leonidas Name, presidente del Senado y Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, ambos militantes de esa colectividad.

La decisión adoptada por el exalcalde de Bogotá constituye un golpe de dignidad y autoridad que Mockus le da a sus copartidarios, con el que buscaría sacudir las bases de una colectividad que perdió legitimidad por la acción misma de sus militantes y voceros, que lo convirtieron en un partido preocupado más por las cuotas burocráticas, que por construir un mejor país a través de la discusión argumentada de las ideas y la presentación de propuestas legislativas conducentes a mejorar, desde el legislativo, las condiciones de vida de millones de colombianos atropellados y vulnerados tanto por el Congreso, como sucesivos gobiernos de derecha. Lo más probable es que la dimisión de Mockus de poco o de nada sirva para recomponer el camino de un partido maltrecho, pero funcional al establecimiento colombiano.

La Alianza Verde (AV) jamás maduró un discurso ambiental sólido, capaz de poner en la esfera pública asuntos como la crisis climática y el modelo agro extractivo que tanto daño le viene haciendo a Colombia. En eso falló Mockus, un líder político sobredimensionado por los medios masivos y una parte de la opinión pública que ocultó su carácter autoritario cuando fungió como alcalde mayor de Bogotá. Sus ejercicios simbólicos y sus "disquisiciones" filosóficas le sirvieron para ocultar su intransigencia y terquedad.

Como partido, la AV jugó con la imagen del color y el vocablo verde para ganarse un espacio en la opinión pública cercana a causas medio ambientales. Al final, quedó reducido a una “fábrica de avales”, dejando atrás la obligación ético-política de consolidar un centro político capaz de enfrentar a quienes insisten en que el país debe seguir sometido a una economía de enclave y por esa vía, a un desarrollo insostenible desde una perspectiva sistémica.

En lo que corresponde a la renuncia de la exalcaldesa Claudia López, su decisión obedece a un simple cálculo político y electoral, muy propio de su talante. López Hernández sabe jugar con las coyunturas y dar fuertes golpes de opinión que siempre le sirvieron para engañar a los electores que ven en ella una alternativa de poder, alejada de las intrigas, la corrupción y del establecimiento colombiano. Se vende como una mujer de Centro, seria, diligente y capaz, cuando realmente sus actuaciones están más asociadas a la derecha tradicional que le apuesta de tiempo atrás a la ganadería extensiva, al crecimiento urbanístico sin control alguno, a la masificación de los buses articulados como lo hizo su amigo Enrique Peñalosa y negar o aplazar la llegada del Metro como la mejor forma de transporte masivo; de igual manera, le interesa mantener el statu quo y las correlaciones de fuerza de un régimen de poder que en el 2026 intentará llevarla a la Casa de Nariño. Ideológicamente, es una veleta que de acuerdo con la dirección de los vientos, ella se deja llevar.

Claudia López abandona el barco de la Alianza Verde no por el escándalo de corrupción en sí mismo. No. Su retiro hay que leerlo en clave electoral pues claramente será candidata presidencial para el 2026.  Mockus le abrió la puerta y ella aprovechó para abandonar el barco que ella misma ayudó a que se perdiera en las aguas del clientelismo y la corrupción, por acción o por omisión. Lo más probable es que termine fundando una micro empresa electoral de “Centro” para terminar luego haciendo alianzas con el uribismo, en el afán compartido de ambos sectores de poder, de derrotar y sepultar para siempre al naciente petrismo, al que López se acercó con el mismo oportunismo que se le reconoce. Recordemos que fue Peñalosista y en los últimos tiempos, mantiene una relación cercana con el uribismo, que se puede potenciar si para el 2026 el expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez evalúa que ninguna de sus tres “tigresas”, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Vicky Dávila, le pueden asegurar volver a la Casa de Nariño en cuerpo ajeno.

Uribe Vélez ve en López Hernández a una líder política que sabe enredar a la opinión pública. Es efectista en lo que dice. Sus arengas y pronunciamientos, siempre coyunturales, resultan mediáticamente efectivos y de fácil recordación. Y es claro que la exalcaldesa no tiene la mala imagen que arrastran a sus tres “tigresas”.

Ya veremos a la camaleónica de Claudia López despotricando de la izquierda, del progresismo y de Petro. Lo hará para conseguir el apoyo del empresariado que jamás aceptó a Petro por su pasado exguerrillero. 

Imagen tomada de EL PAÍS

ETHOS MAFIOSO Y CORRUPCIÓN EN COLOMBIA: NO HAY NADA QUE HACER

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Con los más recientes escándalos de corrupción público-privada en la UNGRD se confirma la imposibilidad de lograr un cambio, proscribiendo, por ejemplo, el ethos mafioso. Y es así, por la complejidad que supone la operación integrada de los sistemas judicial, político y sociocultural bajo esa línea ética que, aunque sinuosa, está arraigada en todos los tres sistemas.

Por lo anterior, hoy vemos un ethos mafioso naturalizado y garante de la vigencia de los políticos que, a pesar de haber sido procesados y condenados por diversos delitos asociados a formas de corrupción, una vez que pagan sus irrisorias condenas, continúan haciendo política con el apoyo de partidos políticos, sectores societales que los necesitan porque son generadores de empleo y oportunidades para ejecutar proyectos. Más claro: los tres sistemas necesitan de la corrupción y de la economía del crimen, en cuyo manejo son expertos los funcionarios y los políticos profesionales señalados de ser corruptos. Incluso, abogados condenados por corrupción, y otros a los que les gusta defender bandidos, son apetecidos no solo para reducir las penas de sus clientes, sino para asegurarse que el sistema judicial siga operando ese mismo ethos.

Por ello, pretender proscribir el ethos mafioso y con este las prácticas corruptas en los sectores público y privado resulta imposible en Colombia porque, además, haría colapsar la economía e incrementaría los costos en las transacciones sociales y políticas que a diario se deben hacer para mantener a flote a la sociedad y a las instituciones privadas y estatales.

El sistema judicial de Colombia está permeado por ese mismo ethos corrupto. Esa realidad incontrastable se puso en evidencia con el Cartel de la Toga, episodio que lejos de aportar a la depuración en la rama judicial, lo que hizo fue encarecer las tramoyas y los torcidos para que en adelante queden blindados para evitar filtraciones. Ya estarán sus expertos analizando lo sucedido en la UNGRD, pues si todo quedó bien diseñado, incluidos los acuerdos de responsabilidad, no se entiende por qué está el país hablando de los torcidos en la compra de los carrotanques y la entrega de millonarias coimas a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes. Algo salió mal y las correcciones las sabrán hacer las cabezas ocultas de ese entramado criminal.

Cuando se encarcela a un político miembro de una casta o de un clan político, se termina afectando las economías regionales, cuyo motor de desarrollo está conectado al ethos mafioso y a las actividades propias de un modelo de enclave, fruto de la visión retardataria, premoderna y feudal de esas mismas familias y de las élites que comulgan con la corrupción. Política y economía, en ese estricto orden, son el eje de un desarrollo económico agro extractivo (ganadería extensiva, minería legal e ilegal, deforestación y monocultivos de caña de azúcar, palma africana y coca) que reproduce la corrupción pues muchos empresarios necesitan del político para acelerar procesos, trámites y evitar controles, entre otros asuntos.  

En cuanto al sistema político este se reproduce gracias a la corrupción pues quienes quieran entrar en el juego electoral, deben plegarse a las condiciones y circunstancias que les impone el ethos mafioso: compra de votos, guerra sucia en medios, ocultamiento de antecedentes judiciales y el acercamiento a quienes llegarán a los órganos de control, esto es, a la Procuraduría, una institución capturada por mafias políticas y usada para premiar a amigos y castigar a enemigos;  y la Contraloría opera de manera similar. Tanto en lo nacional como en las regiones, estas instituciones devienen capturadas o estarán siempre abiertas a que grupos políticos las capturen. Emilio Tapia, por ejemplo, es un corrupto paradigmático. Antes de que se conocieran los hechos del robo de los 70 mil millones de pesos para el internet en zonas rurales (el caso de Centros Poblados y la Mintic, Karen Abudinen), ya Tapia había sido condenado por el caso del cartel de la contratación en Bogotá. Su vigencia política está atada al sistema político que lo usa para que la corrupción siga y se reproduzca para que el país siga operando económica y políticamente. Los presidentes de la República saben que así funciona el país, lo que los hace cómplices de la operación mafiosa del Estado. Esa realidad es imposible cambiarla: nos tocaría morirnos a todos y que a este territorio llegue otro tipo de gente. Pero con el tiempo, esos nuevos pobladores, crearán sus propias maneras de hacer las cosas, lo que garantizará el renacimiento de la corrupción.

La Fiscalía es otra institución que deviene capturada por mafias de diferentes pelambres: clan del Golfo, clanes políticos y otros grupos de criminales. Fiscales que trabajan para esas estructuras mafiosas hacen imposible que la entidad investigue y solicite a los jueces condenas ejemplares. Los principios de oportunidad aparecen porque la Fiscalía es débil. Los corruptos saben eso y juegan con la economía del crimen o del delito. 

En cuanto al sistema socio cultural, la vigencia de los corruptos está garantizada porque la sociedad y sus estamentos jamás aprendieron qué es eso de la sanción social (moral) a la que hay que someter a los corruptos. Por el contrario, amplios sectores de la sociedad aplauden y admiran a los corruptos. Serlo es sinónimo de viveza e inteligencia. Agentes sociales, económicos y políticos de la sociedad civil guardan silencio ante los casos de robos al erario. La Academia, con su aturdidor silencio, aporta a la naturalización del ethos mafioso; instituciones como Fenalco, Andi, Acopi y otros gremios también hacen lo propio porque nadie quiere tener malas relaciones con la clase política y mucho menos con los miembros de los clanes políticos.

Los ciudadanos del común que cada cuatro años votan saben y aceptan que sus candidatos son corruptos. Y a pesar de ello, los eligen porque esperan algo a cambio. Y los nuevos que se lanzan diciendo que no tolerarán a los corruptos, terminan cooptados porque es tal el poder que se concentra en la operación de esos tres sistemas, que oponerse a su funcionamiento es ganarse enemigos o simplemente, no entrar en el juego político y electoral.  Debemos aceptar que somos una sociedad inmoral, sucia, corrupta. Apreciamos más al político mentiroso, criminal y corrupto, que al pequeño empresario que lucha todos los días para sacar adelante su empresa. Seguiremos siendo el país de mierda que entre todos hemos construido. 

Imagen tomada de Blu radio. 

CORRUPCIÓN EN LA UNGRD: EN RIESGO LA NARRATIVA DEL CAMBIO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Desde su nacimiento como República, Colombia arrastra el insuperable problema de la corrupción público-privada, que es consecuencia del enraizado ethos mafioso que guía desde esos tiempos la vida de selectos clanes políticos que operan en regiones y miembros de la clase política y dirigente (empresarial) que, apostada en Bogotá, se asegura de que en el resto del territorio opere el Estado en la misma lógica mafiosa, sucia, indebida y criminal.

El escándalo de corrupción en la UNGRD, primero con la compra de los carrotanques de agua llevados a La Guajira y ahora por las coimas millonarias entregadas a los presidentes de la Cámara de Representantes y Senado salpican al gobierno de Petro y al Congreso de la República.

Lo más doloroso del asunto es que en la compra irregular de los carrotanques participaron funcionarios elegidos por el mismo presidente y en la entrega de los 3 mil millones de pesos a Iván Name, presidente del Senado y mil millones al presidente de la Cámara, Andrés Calle, altos funcionarios que muy seguramente llegaron a altas consejerías y demás cargos, por cuenta de los sempiternos acuerdos burocráticos. En este caso, los establecidos con la Alianza Verde;

Lo informado a los medios por Sneyder Pinilla, exfuncionario corrupto, constituye una mancha más para el  Congreso, una de las instituciones más desprestigiadas del país, usada por clanes y políticos profesionales para mantener la captura del Estado y por ese camino,  acceder a billonarios recursos del erario para hacer grandes negociados como los ocurridos, hace muchos años, con la construcción de la hidroeléctrica de El Guavio; también en otros emblemáticos torcidos como Chambacú, la quiebra de Granahorrar con Michelsen Uribe y la construcción de la refinería de Reficar; entre los más recientes están los casos de Las Marionetas y el de Centros Poblados, con este último  se robaron 70 mil millones de pesos que jamás aparecieron. Hay que recordar que el entonces presidente-títere, Iván Duque, “sorprendido” por el escándalo mantuvo a la ministra del Min Tic, Karen Abudinen, a pesar de su responsabilidad política en los hechos; además, Duque dijo públicamente que pediría ayuda al FBI para recuperar la millonaria suma. Sobre lo segundo, el fatuo mintió.

Pero volvamos al caso que ensucia la imagen del gobierno Petro. No basta con pedir la renuncia de los comprometidos en el escándalo que apenas empieza la Fiscalía a tratar de decantar sus alcances y dimensiones. Ya está claro que en términos de “atacar la corrupción” no habrá cambio. Se aplaude la decisión del presidente de pedirles la renuncia a los funcionarios comprometidos en los hechos narrados por Sneyder Pinilla, exfuncionario corrupto que hoy delata a sus superiores jerárquicos porque él mismo lo dijo “no quiere ser el único guevón que caiga” en semejante entramado de corrupción. Insisto: no es suficiente. Lo que tiene que hacer Petro es convocar ya la Comisión Internacional que prometió en campaña, para que, de la mano de la ONU, se sacudan todas las instituciones estatales, incluidas por supuesto, las FFAA, las altas cortes y su propio gobierno.

Está en mora el gobierno del cambio en convocar esa comisión internacional si de verdad quiere contrarrestar los efectos negativos que la prensa opositora está generando en la opinión pública. Incluso, columnistas que votaron por el proyecto político que encarna Petro, ya replican la narrativa que indica que “cambio no hubo” y que este gobierno es tan corrupto como los demás.  Ana Bejarano, en Cambio, sostiene lo siguiente en reciente columna: “Eso es lo más decepcionante del gobierno del cambio: que se ejerce como cualquier otro de los que se hacen elegir para repartirse las arcas del Estado entre amigos y mafiosos. No son casos aislados ni funcionarios desviados: la evidencia que se acumula no puede entenderse por fuera del copamiento y abuso estructural y sistemático de lo público que conocemos a la perfección. Casi que la improvisación y mediocridad en el ejercicio del poder serían pasables si no estuvieran dedicados a llenarse los bolsillos con nuestra plata. Petro lo sabe y se hace el de la vista gorda en franca complicidad con la numerosa cantidad de ladrones a quienes les abrió las puertas de la función pública. La pantomima del cambio para hacer lo de siempre: apoderarse del botín”.

Esos nuevos hechos de corrupción alimentarán la vergonzosa e incompleta lista que aparece en esta columna. Pinilla se adelantó a lo que muy seguramente sucederá: pagarán los más “guevones” porque los sistemas judicial, político y cultural están diseñados para que los corruptos con apellidos de afamados clanes políticos hagan uso de lo que se conoce como la economía del crimen o del delito.

El ethos mafioso está tan naturalizado en estos tres sistemas, que lo que la prensa y los ciudadanos del común llaman corrupción, para la élite política que está detrás de todos los escándalos de pago de coimas y tramoyas simplemente es el “derecho preferente a robar al Estado” porque sin ellos como alimentadores de los tres sistemas, el país colapsaría.

Imagen tomada de Youtube.com

In the labyrinth of a very one-of-a-kind Congress

 The Colombian Congress has historically operated as an institution hostile to the construction of a true Republic. Its political seats have been used as armchairs from which the constitutional rights of the vast majority have been limited, and relations with the primary constituency are difficult and wearing thin.  

Germán Ayala Osorio*

 

 It is the grandest entrance of public-private corruption. Those who usually participate in this network of corruption are political parties whose legislators are willing to “lead” projects investing in territories where the “fathers of the Nation” originated from. Then, the individual interests of the Parliamentarians appear, who actually operate as lobbyists for companies, including the EPS, which contributed multimillions to their campaigns.

The salaries of these ministers should be paid by those same companies. After all, they are their “servants.” The financing of their campaigns is where corruption begins and the naturalisation of the mafia ethos is confirmed.

Perhaps it is because of these political and cultural circumstances that they are opposed to the State financing these and the presidential campaigns.

There is no way to change this reality that accompanies the devious and mafia-style operation of the Congress of the Republic; as long as businessmen interested in sponsoring their “children or friends,” exist. These have become dangerous, privileged lobbyists.

Those in congress who promoted the collapse of the health insurance system reform project, are the best example of what it means to be a privileged lobbyist, at the service of those who became accustomed to using the billionaire health resources to give free rein to their whims and vanities.

The vast majority of those who come to Congress wish to make a living from politics, which is nothing more than taking advantage of their fifteen minutes of fame, spending four terms living on a paradise island. They are not spurred on by the idea of serving and changing what is working badly in the country. No. They settle in a dark enclosure to wait for the business class or multinationals to tell them what to do and what issue to legislate on, with the clear purpose of finishing privatising the State, affecting the lives of Colombians or the lives of the natural ecosystems.

In that corporation, what is least discussed and built is a vision of the State, that is, a modern one, with a republican spirit that is capable of consolidating a pristine ethos in a population that assumes congress are the true enemies of the people, even surpassing the illegal armed groups (the narco-paras and drug dissidents) in perversity and evil.

The Colombian Congress operates as the largest nursery where the children of a parasitic, violent and degenerate elite are raised. Those who are saved are very few. For the most part, they are there to enrich themselves and extend over time the perverse institutional and para-institutional mechanisms that allow them to achieve that goal. What is worse is that no government dares to outlaw these conditions and mechanisms, so that the only thing they accomplish is confirming that winning a political seat is the best business there is because illegality and cheating have been legitimised under congressional jurisdiction and the always-apparent neatness that is associated with that euphemism with which those in congress acknowledge each other: Honourable Parliamentarian.

This phrase from the former president of Uruguay, Pepe Mujica, should inspire you because he was a long way from the desire to get rich: “For me, politics is the art of extracting collective wisdom by listening.” The austere life of the former Uruguayan president and his ideological coherence never inspired the former congressmen of yesterday, much less those who today hold that “dignity.” They prefer to take as references colleagues like Congresswoman Catherine Juvinao who, in private, made it clear why she came to Congress, in addition to defending the EPS: “I need to make two Chambers, two Senates and then I’m going to an island to see the sea.”

*Germán Ayala Osorio: Social communicator, journalist and political scientist, author of the blog La otra tribuna.

(Translated by Donna Davison. Email: donna_davison@hotmail.com) – Photos: Pixabay

EL RETO ES QUE COLOMBIA DEJE DE SER UN PLATANAL CON BANDERA

 

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Si el gobierno de Gustavo Petro logra concretar los cambios en los sistemas de pensión y salud, la viabilidad fiscal de ese renovado modelo de aseguramiento para ambos derechos dependerá en buena parte de la urgente necesidad de “industrializar el país y modernizar el campo sobre la base de democratizar la propiedad de la tierra”, tal y como lo viene pregonando Petro desde la campaña electoral.

Lo anterior implica otro reto: transformar el modelo productivo para que los ajustes a los sistemas de salud y pensiones se hagan sostenibles financieramente en el tiempo. Y ello implica apuntarle a generar empleos dignos, brindar verdaderas oportunidades a los jóvenes, bajar tarifas de energía e impuestos a pequeñas y medianas empresas. De igual manera, reducir la base gravable de las corporaciones, para que sean las personas naturales más ricas las que tributen más. Todo lo anterior confluye en un cambio cultural que toca a cada uno de los colombianos, pero en particular a la élite económica y política que se asume capitalista, pero que realmente operan en el mundo económico como rentistas y un inocultable carácter precapitalista; esas dos características brotan de la captura mafiosa que lograron del Estado, proceder que terminó llevando a Colombia a ocupar los primeros lugares en desigualdad, pobreza, miseria e inequidad.

Lejos está Petro de llevar el país al viejo modelo socialista de la antigua URSS. En ese paradigma se quedaron los viejitos anacrónicos del ELN y los de las disidencias farianas. Él está pensando el país en los términos en los que lo pensaron Alfonso López Pumarejo y Jorge Eliécer Gaitán. Hay, entonces, unas transformaciones económicas urgentes que dependen de la buena voluntad de las familias más ricas del país, en particular con aquellas con las que Petro no tiene una buena relación como lo es la de Sarmiento Angulo. La incontrastable avaricia y el espíritu feudal del banquero son quizás los dos más grandes obstáculos para modernizar a Colombia, al Estado y a su sociedad. Los negociazos de las concesiones viales, el cobro de peajes carísimos que afectan la economía y la importación de gas, cuatro veces más caro que el que puede traer de Venezuela, dejan claro que los intereses de Sarmiento Angulo no están puestos en modernizar al país. Por el contrario, sus objetivos están puestos en seguir siendo el rico y reconocido magnate de un platanal llamado Colombia.   

La élite de Colombia exhibe una azarosa relación con la tierra y los ecosistemas naturales históricos, asumidos estos últimos como “serios problemas” en la histórica relación de dominación ecológica y socio ambiental que establecieron los primeros y los actuales empresarios del campo. Azucareros, cafeteros, ganaderos y palmicultores, entre otros, han sido los señorones feudales que implementaron en amplias zonas del territorio nacional el modelo de la gran plantación, paradigma que es urgente desmontar si de verdad están pensando en dar el salto hacia la industrialización del campo.

El minifundio y el latifundio pueden convivir sobre la base de un aprovechamiento racional de los recursos naturales y las oportunidades que ofrece la tecnología y los mercados para convertir al país en una despensa agrícola para el mundo.   

Lo más probable es que Petro termine su periodo en el 2026, dejando trazados los caminos hacia esa anhelada modernización. La derecha uribizada que le viene haciendo oposición a sus reformas sociales tiene el chance de proponerle al país, en las próximas elecciones, profundizar las reformas con miras a darle un viraje al país; pero también podrán optar sus más visibles figuras, por desandar lo caminado, para continuar siendo el inviable platanal al que se acostumbraron a manejar, hasta que el progresismo y la izquierda les arrebataron el poder. Entonces, el reto está en si quieren que Colombia siga siendo un platanal con bandera, o un Estado y una sociedad modernas, civilizadas, pero, sobre todo, ecológica y socio ambientalmente sostenibles. ¿Les interesará hacerlo? No lo creo, pero guardo la esperanza de que logren entender que Petro les está mostrando el camino para que por fin logren legitimarse y de esa forma dejar de gobernar a las malas, a las patadas al país, como lo vienen haciendo desde hace más de 50 años.

Imagen tomada de Canal 1. 

¿A QUIÉNES REPRESENTAN REALMENTE LOS CONGRESISTAS?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La democracia representativa en Colombia deviene en una profunda crisis de credibilidad y legitimidad, provocada, en gran medida, por la financiación de las campañas de los aspirantes a llegar al Congreso de la República; muchos de estos, patrocinados por grupos empresariales o sectores con poder económico y político de la sociedad civil, poco interesados en aportar a la consolidación de un Estado social de derecho y acercar el actual modelo de desarrollo económico, a los estándares propios de una sostenibilidad sistémica que supere los límites de la sostenibilidad económica. Por el contrario, quienes financian a los congresistas, parecen más interesados en extender en el tiempo las condiciones de desigualdad, pobreza estructural, inequidad y otras formas de violencia que de tiempo atrás les ha servido para naturalizar el clientelismo electoral y por esa vía, la compra de votos a cambio de la entrega de migajas a millones de colombianos que sobreviven en condiciones marginalidad y vulnerabilidad.

En las discusiones de las reformas a los sistemas de salud y pensional, quedó en evidencia esa relación perniciosa y pecaminosa recreada por la financiación que recibieron varios congresistas de la Comisión Séptima del Senado de las EPS y de otros de sus colegas que se habrían favorecido electoralmente al recibir dineros de los fondos privados de pensiones. Estos sectores de poder terminaron llevando al Congreso a unos políticos poco interesados en servirle al “pueblo”, constituyente primario o a una comunidad en particular. Por el contrario, sus curules están al servicio de los mezquinos intereses de estos actores de la sociedad civil a los que no les convienen las reformas porque solo piensan en extender en el tiempo sus privilegios, y por esa vía, quitarles a la salud y a la pensión el carácter de derechos, garantizados en condiciones de dignidad, para volverlos una mercancía o un privilegio inalcanzable. 

Esos sinuosos patrocinios son el resultado de la captura de los partidos y movimientos políticos, convertidos en nidos clientelares, en estructuras de poder que operan bajo un ethos corporativo mafioso, lo que los distancia de cualquier interés u obligación de representar al “pueblo” o a específicas comunidades que exigen que se legisle en función del bienestar colectivo.  Por todo lo anterior, cuando el presidente del Senado, el inefable Iván Name le exige al jefe de Estado que "respete la autonomía del Congreso" está ocultando la realidad de muchos congresistas que actúan como peones, mandaderos o sirvientes de poderosos empresarios.

Convertidos entonces en lobistas con fuero, estos congresistas no legislan para sacar adelante al país facilitando y mejorando las relaciones entre el Estado y la sociedad y aportar al mejoramiento de las condiciones de vida de las grandes mayorías. Todo lo contrario. Llegaron a la “cuna de la democracia” para torpedear la consecución del objetivo estratégico y general que inspira a las reformas a la salud y al sistema pensional: lograr que la salud deje de ser lucrativo negocio para unos pocos corruptos y se convierta por fin en un derecho; y pensionarse deje de ser  un lujo a los que muy pocos pueden acceder, para convertirse en un premio al esfuerzo de años y años de trabajo.

Bajo esas circunstancias, las democracias representativa y participativa entran en una profunda crisis de legitimidad y credibilidad en la medida en que actores privados con músculo económico y una enorme avaricia, las convirtieron en un juego de burdos y sucios intereses electorales. Mientras EPS, Fondos privados de pensiones y grandes empresas compran la voluntad de los candidatos de los congresistas, los partidos políticos y los congresistas terminan aportando a la compra de votos a través del ya institucionalizado clientelismo electoral.

Imagen tomada de Colombia Informa. 

ALCALDE DE CALI Y LA NARRATIVA DE UNA CIUDAD VIOLENTA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, solicitó a los medios morigerar o cambiar la narrativa negativa que brota de los problemas de inseguridad que soportan los caleños de tiempo atrás. A diario vemos en las redes videos de robos, riñas callejeras, persecuciones policiales y asesinatos. El mandatario local dijo lo siguiente: “Tal como lo he pedido a los medios nacionales, por favor cambien la narrativa de lo que es Cali. Eso tiene que cambiar. Cali es una ciudad fuerte y es una ciudad capital que va a salir adelante”.

El reclamo de Eder lo hizo mientras Noticias Caracol le hacía un publirreportaje con el que el noticiero trató de destacar lo positivo de una administración que apenas lleva tres meses. Aquí hay una trampa mediática y política en la que caen todos los mandatarios cuando un medio masivo de información insiste en que es posible evaluar una administración en tan poco tiempo al frente de ciudades que arrastran problemas complejos. El alcalde debió decirle al director del medio que es casi imposible evaluar su gestión en tan poco tiempo. Pero no, optó por naturalizar la trampa planteada por el noticiero.

Caracol Noticias y otros medios insisten en esa trampa por un interés periodístico, pero también económico. De allí que la apuesta informativa es destacar las buenas acciones y deseos de los alcaldes, y minimizar los problemas estructurales de la ciudad de Cali con sondeos y encuestas que de poco o nada sirven para enfrentar las graves problemáticas que afrontan ciudades como Cali, Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla.

Insistir en que disminuyeron los homicidios y que “53 personas se salvaron de morir” gracias a esa reducción, no es suficiente para calmar los reclamos de una ciudadanía cansada de la incapacidad del Estado y de la corrupción público-privada que impide, entre otras cosas, atacar la raíz del problema de violencia armada en la capital del Valle del Cauca: la connivencia de agentes estatales con las mafias que permiten la compra, venta y el alquiler de armas en la ciudad. La importación de armas traumáticas amerita controles efectivos, así como su compra y porte. Hay que trabajar más en la inteligencia policial y militar, al tiempo que hay que mejorar en esos mismos sectores, la contra inteligencia.

Eder aprovechó la oportunidad para insistir en frases de campaña como “vamos a recuperar a Cali, a devolverle la dignidad a los caleños y a reconciliarnos”. Esas frases caen en el vacío porque lo que necesita Cali y el país entero es un revolcón del modelo social, económico y político con el que agentes tradicionales de la sociedad orientan los ejercicios del poder.

La idea de reconciliar que plantea Eder está pensada entre grupos sociales enfrentados, resultado de una lucha de clases que emergió con fuerza durante el estallido social de 2021. No. Se equivoca. Aquí el que tiene que reconciliarse con los caleños es el Estado local y las esferas de poder que lo han operado para hacerle miserable la vida a millones de caleños.   Y para lograr esa reconciliación, el alcalde no puede pretender que los medios cambien la narrativa por el solo hecho de que afecta la imagen de la ciudad.

Los problemas de convivencia en las calles de la ciudad, el irrespeto a las autoridades de tránsito y policía, los atracos callejeros y los homicidios son el resultado, justamente, de la ausencia del Estado o de una presencia selectiva que solo favorece a unos sectores privilegiados.

Hay otras formas de violencia que pocos ven. Por ejemplo, la mala atención de los funcionarios públicos al momento de atender a los usuarios ante un trámite y reclamo. También la suciedad en calles y avenidas. El feo ornato en sectores populares y deprimidos da cuenta de una visión clasista del Estado, es un factor generador de malestar social y violencia. Igualmente, transitar por calles rotas y llenas de huecos, y semáforos que duran dañados varios días, van sumando al malestar de la ciudadanía. Así, los problemas no se solucionan con el cambio de narrativa, sino con el cambio de realidades. Y para ello, hay que tener visión de Estado.

Imagen tomada de RCN

¿NOS ODIAMOS?

 

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Bajo la "amenaza" de una gran marcha desestabilizadora este 21 de abril en contra del gobierno de Gustavo Petro y en medio de una confusa declaratoria presidencial de día cívico dos días antes, es decir, el 19 de abril, bien vale la pena tomarnos un tiempo para pensar de dónde viene tanto repudio entre la izquierda y la derecha, entre colombianos. O de dónde proviene tanto desprecio hacia ese exguerrillero pobre que dejó las armas y que, jugando con las reglas de la democracia institucional, le arrebató el poder a una clase política y económica que por años se acostumbró a poner en la Casa de Nariño a presidentes de su misma estirpe.  

Los niveles de crispación social, ideológica y política agudizados en el país desde el triunfo electoral de Gustavo Petro en 2022 han ido llevando la discusión privada y pública de asuntos públicos, a unos niveles de violencia verbal y física que, además de estar atados a un inocultable clasismo y racismo, son el resultado de una realidad que se ha mantenido oculta: nos odiamos entre los colombianos y aborrecemos el país en el que nos tocó vivir.

Los privilegiados, porque les toca irse de vacaciones a Miami o a Europa, porque acá no pueden ostentar lo que tienen; y los poco favorecidos, porque a pesar de esforzarse, al final saben que la única forma de alcanzar una anhelada vida de lujos y vanidades es “coronando un viaje de droga” o prestarse para otro tipo de torcidos. Y cuando los privilegiados les toca quedarse a vivir, lo hacen construyendo verdaderos búnkeres que sirven de fronteras invisibles entre los que tienen mucho y los que no tienen nada.

Miembros de comunidades pobres o empobrecidas en los últimos años debido a la consolidación del modelo neoliberal sienten una inocultable animadversión hacia todo aquel que exhibe posesiones como un vehículo de media o alta gama, una finca, así sea pequeña, o el uso de joyas o cualquier otra muestra de poder adquisitivo. Del otro lado, el sentimiento es el mismo: “el pobre es pobre porque quiere” o “usted no sabe quién soy yo” suelen ser las frases que con mayor claridad dejan ver los resquemores de aquellos “privilegiados”, frente a aquellos individuos minimizados por un modelo de sociedad fundado en un burdo y violento clasismo.

Una parte de la clase política y empresarial odia a todo aquel que agite banderas reivindicativas en asuntos laborales y más aún, a aquellos interesados en exponer los matutes que suelen consolidar congresistas, alcaldes, presidentes de la República y gobernadores, con empresarios, en particular con los contratistas del Estado. Así entonces, la única salida para superar las diferencias entre unos y otros no pasa por escucharse, sino por dejar de denunciar y exigir mejoras laborales, en un sistema mundo capitalista que tiende cada vez más a la precarización laboral, en particular en actividades económicas soportadas en el modelo de las maquilas. El regreso al viejo régimen de la esclavitud se abre paso en una sociedad clasista y racista como la colombiana.

La perspectiva ambientalista también es un factor de división y generador de odios entre grupos de poder y aquellos que, desde una genuina preocupación por las crisis climáticas que confluyen en lo que se conoce como el Cambio Climático, exigen controles a las empresas que contaminan el aire y los ríos, o ajustes al modelo de la gran plantación sobre el que se sostienen los sempiternos monocultivos de caña de azúcar y palma africana o aceitera; o límites a una ganadería extensiva de baja productividad, usada como mecanismo de especulación inmobiliaria en zonas periféricas con ecosistemas frágiles y valiosos como selvas. También, claro está, como avanzada para que los narcos puedan cultivar la coca y construir sus laboratorios para el procesamiento de la pasta de coca, para finalmente entregarle al mercado la cocaína, fortalecido por el propio sistema financiero.

Creo que llegó el momento de reconocer que nos odiamos. Que odiamos los controles a nuestras pulsiones y deseos, salidos de esa perspectiva de vida moderna llamada por Macpherson individualismo posesivo. Odiamos las reglas cuando estas se oponen a nuestros deseos de acumular más y más o, simplemente, en un ataque de superioridad moral y de clase cuando aquellas me impiden llegar a tiempo a una cita.

No hemos podido construir una nación en la que nos aceptemos todos en las diferencias étnico-culturales que algunos preferirían ocultar o de las que se avergüenza dentro y fuera del país. Y es así, porque nos encanta la uniformidad, fruto de la hegemonía de una clase que se cree blanca, que a pesar de que desdice de sus procesos de mestizaje, no puede ocultar que en el ADN de sus miembros hay genes de gente negra e indígena.   Hablamos, entonces, de que somos un “país de regiones” con ánimo auto comprensivo y la falsa idea de que nos aceptamos en las diferencias regionales, cuando no es así.

Lo que sí hicimos bien fue la tarea de consolidar narrativas que dan cuenta de regiones diferenciadas y que terminan naturalizando formas de dominación o discursos desarrollistas e insostenibles ecológica y socio ambientalmente, porque devienen atados a expresiones heroizantes como “pueblo berraco que venció los obstáculos de una naturaleza hostil”. Entonces, la Antioquia Federal y el discurso que reivindica al arriero y la colonización antioqueña emergen como paradigma para “sacar adelante a Colombia”, a pesar de la pobreza, el clasismo y el racismo que devienen estructurales.

Más allá de la crispación ideológica que soportamos desde el 7 de agosto de 2022, lo que deberíamos de revisar y aceptar es que nos odiamos entre nosotros y nos avergonzamos de nuestros orígenes étnico-culturales.

 

Adenda: Felipe Zuleta Lleras, un opinador privilegiado, llamó “plaga” a la congresista María José Pizarro, hija del asesinado comandante del M-19, Carlos Pizarro León-Gómez.  Las plagas, sean roedores o zancudos, entre otros, suelen eliminarse con dolorosas trampas o mortales venenos. ¿De acuerdo con el apelativo usado por el nieto del expresidente de la República, Alberto Lleras Camargo, la señora Pizarro y toda su familia debe ser exterminada? Resulta apenas lógico el silencio del programa radial y sus directivas frente al claro desprecio, el odio que profesa este opinador, de otro ser humano. ¿Será así, porque nos odiamos?

Imagen tomada de Diario del Sur

AUTORIDADES AMERICANAS DESCLASIFICAN ARCHIVOS DE INTELIGENCIA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Hace pocas horas se conoció que los Estados Unidos desclasificó informes de inteligencia del gobierno de Jimmy Carter, con las anotaciones del entonces presidente de la Unión Americana, en los que se registran relaciones de políticos y militares colombianos de la época de los años 70, con el narcotráfico. En la lista aparece Julio César Turbay Ayala, expresidente y abuelo del congresista Miguel Uribe Turbay, uno de los “tigrillos” que viene siendo amaestrado en El Ubérrimo para gobernar a Colombia.

Dice EL ESPECTADOR que “dentro de los nombres mencionados en los documentos están los de del exministro de Defensa, el general Abraham Varón Valencia; el exministro de Trabajo, Óscar Montoya Montoya; y el coronel Humberto Cardona Orozco, entonces jefe de la Industria Militar Colombiana (INDUMIL). Además, dentro de los presuntos personajes relacionados con el narcotráfico aparece el nombre del expresidente Julio César Turbay”. El personaje más influyente reseñado en los papeles de la inteligencia estadounidense fue Julio César Turbay, quien posteriormente ganaría las elecciones presidenciales y fue mandatario entre 1978 y 1982. Sobre él, los papeles dicen que, a través de su sobrino Aníbal Turbay Bernal, habrían tenido vínculos con narcos que tenían el poder para “elegir a los jefes de los organismos encargados de hacer cumplir la ley en Colombia si Julio César Turbay asumía la Presidencia”.

Los 70 y 80 fueron los años en los que las mafias de contrabandistas dieron el paso para involucrarse de lleno en el negocio del narcotráfico. La Guajira se convirtió en el territorio preferido para sacar avionetas fletadas de marihuana, monocultivo que le fue ganando terreno a las selvas del país, con todo y los negativos efectos ecológicos, paisajísticos y socio ambientales que suelen dejar los monocultivos, sean estos legales o ilegales.

Durante el gobierno de Turbay Ayala (1978-1982) se consolidó la narrativa que daba cuenta del contubernio de todo tipo de autoridades con la exportación de la entonces apetecida maracachafa colombiana hacia los Estados Unidos. La bonanza marimbera duró hasta que los gringos lograron cultivar la matica en sus pisos térmicos. Mientras lo lograron, las relaciones entre mafiosos y políticos se naturalizó de tal manera, que Colombia ya era visto como un narco Estado. Quizás pase lo mismo cuando logren cultivar la coca en los Estados en los que es legal la venta de la marihuana.

Para hacerse una idea del poder económico de las mafias marimberas del norte del país, se me viene a la memoria el siguiente hecho. Recuerdo un incidente en el Batallón de Caballería Juan José Rondón, en La Guajira, cuando prestaba el servicio militar por allá en 1983 (4to contingente). A la madrugada se escucharon unos tiros de fusil. Resulta que un camión, fletado de marihuana, fue interceptado por soldados apostados a las afueras de la instalación militar. Dentro del vehículo se encontró instalado un radio Yaesu que, para la época, de acuerdo con el relato del Oficial del Servicio (OS), el Ejército de Colombia no tenía dentro de sus equipos de comunicaciones.

Si los gringos tomaran la decisión de desclasificar todos los archivos de inteligencia que acumulan de todos los gobiernos colombianos, entonces se confirmaría lo que sabemos de tiempo atrás: que Colombia siempre fue y será un Estado mafioso, manejado por una élite igualmente mafiosa y criminal; en cuanto a la sociedad, los mismos gringos saben que somos tolerantes con la corrupción público-privada, con el contrabando y el narcotráfico.

Así las cosas, un listado más que solo sirve para darle sentido de verosimilitud a los imaginarios colectivos y a las narrativas que de tiempo atrás hacen referencia de lo que hemos construido, por acción o por omisión.

Imagen tomada de Guajira Gráfica

LA IMPÚDICA PROPUESTA DEL PERDÓN PRESIDENCIAL A LOS CORRUPTOS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Colombia es el país de los leguleyos, las leguleyadas y uno de los más corruptos del mundo. Es en ese marco cultural en el que hay que entender la propuesta, insólita y cínica de Luis Fernando Rosas, exsecretario de cultura y condenado por corrupción, consistente en darle poderes especiales al presidente de la República para que otorgue “perdón judicial” a políticos sancionados por corrupción y a aquellos agentes que participaron en las dinámicas del conflicto armado interno y que no estén compareciendo a las jurisdicciones especiales como Justicia y Paz y la JEP.

Lo que se busca con la propuesta que ya está en manos de congresistas que se encargarían de darle forma jurídica es devolverle los derechos políticos a los sancionados por haber cometido delitos contra la administración pública. Es decir, corruptos como el exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias resultarían beneficiados con el “perdón presidencial”, lo que significa que podría volver a ocupar cargos públicos. La propuesta se hace, según Rosas, con el objetivo de “reconciliar al país y unirlo”.

De inmediato, el expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez salió a respaldar la iniciativa de Rosas. El político antioqueño aprovechó para recordar que amigos suyos y exfuncionarios de su administración que no se robaron un peso, perdieron sus derechos a ser elegidos por las sanciones penales recibidas. Ese mismo falaz argumento lo esgrimen Uribe y otros políticos del Centro Democrático para el caso de Arias, alias “Uribito”. Es posible que Arias no se haya enriquecido con los dineros de la política pública, Agro Ingreso Seguro, como lo asegura Uribe Vélez, pero, de acuerdo con la condena proferida por la Corte Suprema de Justicia, Arias fue procesado y condenado por la “celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación”. Con esa política pública, el gobierno de Uribe le devolvió favores a los empresarios que aportaron millonarias sumas de dinero a su campaña reeleccionista.

A son de qué habla el señor Rosas de reconciliación en una sociedad como la colombiana que deviene clasista y racista. El plebiscito por la paz de 2016 claramente demostró que, a políticos del Centro Democrático, al propio Uribe y a varios medios de comunicación los movió el genuino interés de fracturar aún más a la sociedad, señalando que esa paz entre el Estado y las entonces Farc-Ep serviría para que se instalara en el país el comunismo o el castrochavismo. ¿Qué le hace pensar a Rosas que correrán ríos de miel y leche y que nos abrazaremos como hermanitos al otro día de que Petro perdone a los corruptos?

La iniciativa de Rosas resulta grotesca, impúdica, desfachatada, inconveniente e insultante. Hablar de segundas oportunidades a quienes robaron, malversaron millonarios recursos o diseñaron pliegos tipo sastre constituye una burla a los jueces y a los colombianos que rechazan el ethos mafioso que los políticos condenados naturalizaron en sus prácticas.

Dice Rosas que el presidente Petro ya sabe de su cínica proposición. Ojalá el jefe del Estado haga caso omiso y no respalde políticamente semejante esperpento social, jurídico y político. No merecen segundas oportunidades quienes cometieron delitos a sabiendas de que los estaban cometiendo y, sobre todo, que usaron sus investiduras para diseñar empresas criminales. Por el contrario, lo que hay que proponerle al Congreso es que legisle para aumentar las penas a los funcionarios corruptos. Debemos unirnos para proscribir el ethos mafioso que en su momento guiaron las actuaciones y decisiones que tomaron Juan Fernando Rosas y Andrés Felipe Arias. Justamente, la propuesta del “perdón presidencial a los corruptos” va en el sentido de dividirnos más entre quienes minimizan la corrupción y aquellos que creemos que como sociedad estamos llamados a proscribir las prácticas mafiosas.

Imagen tomada de la red X