¿EN DISCUSIÓN LA INDEPENDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL?

Por Germán Ayala Osorio

 

El sistema político colombiano está diseñado para hacer perenne el ethos mafioso[1] que de tiempo atrás la sociedad naturalizó y que el mismo sistema se encarga de reproducir. A pesar de esa circunstancia institucional y cultural, en momentos muy precisos de su historia el país fue testigo de la operación legítima, ejemplar y limpia de magistrados de la Corte Constitucional.

Eran los tiempos de Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández, Eduardo Cifuentes y Rodrigo Uprinmy, entre otros magistrados de esa alta corporación judicial, valorada por los colombianos por la calidad humana, la formación jurisprudencial, su visión liberal y la probidad de esos togados. Por cuenta del Cartel de la Toga ese referente de probidad y excelsa condición de los magistrados perdió brillo y por tanto, legitimidad.

Circunstancias como las señaladas arriba pusieron en entredicho la tan cacareada independencia de la Corte Constitucional (CC). Con cada gobierno esa cualidad vuelve a cuestionarse cuando llega el momento de escoger los togados con la participación del Senado, instancia esta cuya legitimidad siempre deviene cuestionada por los intereses particulares y políticos de los senadores que revisan las ternas enviadas por el jefe del Estado, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Aunque el mecanismo pareciera suficiente para garantizar la probidad de los elegidos, la fuerza del ethos mafioso suele ponerse por encima del ideal y el deseo de que a esa corporación lleguen los mejores juristas.

Gabriel Cifuentes escribió una columna en la que alude a la independencia de la Corte Constitucional, atribuyéndole elementos milagrosos a esa deseada y cuestionada condición: “la independencia de la Corte Constitucional se da por descontada. Ese es un error. En cada elección de sus miembros se juega la conservación de ese atributo del cual depende su legitimidad, la que hasta ahora gracias a un milagro continuado se ha mantenido pese a la intervención en su designación de los dos órganos más políticos del Estado: el Presidente y el Senado”.

El columnista refiere a la independencia del alto tribunal porque por estos días debe elegirse el remplazo de la magistrada Cristina Pardo. El analista político tituló así su texto de opinión: ¿La independencia de la Corte Constitucional, en vilo? No creo en el “milagro” del que habla Cifuentes. Y mucho menos después de los hechos relacionados con el Cartel de la Toga, indiscutible prueba de que el ethos mafioso hace rato permeó a la CC y a otros altos tribunales de la justicia colombiana. El columnista restringe el origen político de los magistrados al Senado y a la Presidencia de la República, cuando está claro que los inconvenientes éticos y morales están atados al sistema político y al diseño constitucional colombiano.  Quizás ese no sea el problema de fondo, sino la manera misma como los operadores políticos y judiciales asumen el poder y el ejercicio mismo de la política, así como la interpretación de los mandatos de la carta política de 1991.

Vamos ahora a mirar a la terna de la que saldrá el remplazo de Cristina Pardo, a la que hizo referencia el columnista: se trata del abogado del presidente Petro, Héctor Carvajal; la magistrada auxiliar de la JEP, Dídima Rico, y la magistrada auxiliar de la Corte Constitucional, Karena Caselles.

Caselles fue ternada por el presidente de la República y Carvajal es cercano al jefe del Estado. Sobre esa incontrastable condición política que rodea la llegada de los dos juristas a esa instancia en la que cualquiera de los dos puede resultar elegido, el columnista señala lo siguiente: “A su cercanía con el mandatario –a quien representó ante el CNE en el proceso que se adelanta en contra de su campaña por la presunta violación de topes– se le suma también la amistad con el expresidente Uribe por haber sido el apoderado de sus hijos en el escándalo de las zonas francas. Pero, además, es bien sabido que el jurista se mueve como pez en el agua en la Corte Suprema y los órganos de control, así como en las arenas del mundo político. Valga recordar que en su exitosa carrera ha sido representante de personajes como Oneida Pinto, Daniel Quintero y de los Aguilar, entre otros. El acceso que tiene a las esferas del poder haría pensar que esta es una ‘terna de uno’”.

En lo que toca a Caselles, el reconocido analista y columnista sostiene que “…la candidata Caselles ha comenzado a crecer en la intención de voto de los congresistas que ven con cierto temor y desconfianza la elección del abogado del Presidente…En momentos en los que la Corte Constitucional no se puede dar el lujo de terminar cooptada por intereses eminentemente políticos, toma aliento la esperanza de que llegue una jurista mujer que ha construido una brillante carrera en la Rama Judicial, y ajena a cualquier tipo de presión externa. Existen todavía sectores del Legislativo que estiman necesario preservar la independencia del alto tribunal, y más en escenarios de polarización y amenaza a la separación de poderes. El acierto del Presidente de haber incluido a esta jurista en la terna, digno de ser celebrado, no debería ser borrado con el desacierto, que sería endosable al Senado, de no elegirla”.

Aunque el analista político no entrega mayores detalles del recorrido de Caselles, Carvajal no debería de ser elegido magistrado no tanto por haber sido el abogado de Petro, sino por haber tenido relaciones con el expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez.

A Cifuentes le preocupa que la Corte Constitucional termine cooptada por el presidente Petro si el Senado elige a Carvajal, de quien el columnista da por descontado que actuaría en la misma línea ideológica del gobierno y de la mano del magistrado Vladimir Fernández, elegido recientemente. Fernández se desempeñó como secretario jurídico de la presidencia. Esa condición lo haría “incondicional” del presidente Petro al momento de discutir, entre otros temas, la exequibilidad de la reforma pensional.

La columna de Cifuentes no constituye un ataque al gobierno como lo consideraron algunos petristas en la red social X.  Lo que creo es que el título de la columna resulta inconveniente por el momento histórico por el que atraviesa el país, en la medida en que sugiere que la independencia de la CC está en vilo justo en el gobierno Petro. Claro que es un error dar por descontada la independencia de la Corte Constitucional por las circunstancias aquí expuestas. Quizás por ser hijo del magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz y por moverse en las esferas de poder tradicional el columnista prefirió hablar de una “milagrosa independencia” en la que ya muchos hace rato dejamos de creer.

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[1] Se entiende por ethos mafioso el conjunto de prácticas proclives a violar las normas, ajustarlas a los intereses de particulares que buscan favorecerse con decisiones judiciales, económicas y políticas; la captura de las instituciones públicas en favor de miembros de las élites tradicionales, corporaciones o grandes empresas hacen parte de aquellas prácticas, al igual que el clientelismo, la compra de votos y el diseño de pliegos tipo “sastre” para la entrega a dedo de millonarios contratos.  El ethos mafioso es, en sí mismo, una tara civilizatoria que toca a todos los estamentos de la sociedad colombiana. 

ENRIQUE VARGAS LLERAS PIDE A LOS GRINGOS QUE “DESCERTIFIQUEN MENTALMENTE” A PETRO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Las históricas e histéricas relaciones bilaterales con los Estados Unidos devienen atravesadas por la estolidez y las posturas lacayas asumidas por una clase política y económica que se benefició de alimentar la “superioridad moral” de los gringos a cambio de poder viajar a los parques de diversión en Orlando para saludar a Mickey Mouse, a Pluto, a Blancanieves y sus 7 enanitos. Quizás de allí venga la fascinación del subpresidente Iván Duque Márquez por los protagonistas del tierno cuento infantil.

Justamente, esa “superioridad moral” gringa sirvió para someter los intereses del país a los caprichos de republicanos y demócratas, expresados en y desde oficinas para asuntos latinoamericanos, tanques de pensamiento de la derecha americana, lobistas de las empresas fabricantes de armas, la DEA y la siempre indignante “certificación” por una lucha contra las drogas que aunque fracasada, la necesitan los americanos para extender en el tiempo todas las formas de dominación sobre el país, siempre visto  como su estratégico “patio trasero” para instalar bases militares y aplicar planes de intervención militar como el Plan Colombia.

Ahora que el gobierno Petro busca que Colombia haga parte de la Ruta de la Seda, los dirigentes gremiales, actuando como verdaderos cipayos, ponen el grito en el único cielo que conocen: el estadounidense. Detrás de la molestia por el acercamiento a China está la animadversión que les genera el presidente de la República, fruto de la pugnacidad ideológica y política que se respira y palpa el país desde el 7 de agosto de 2022.

Asociada a esa polarización está el proyecto mediático de anular moralmente al presidente Petro y por esa vía consolidar la narrativa que le facilite a la derecha uribizada hacerle un juicio político y declararlo incapaz de gobernar el país. Para lograrlo, vienen insistiendo en la idea de que Petro es un drogadicto que necesita ayuda médica y quizás psiquiátrica.

María Fernanda Cabal y otros actores políticos les propusieron a las bancadas de la oposición en el Congreso que le exijan al presidente que se haga exámenes toxicológicos para “probar la tesis” lanzadas por la periodista María Jimena Duzán y el exministro Álvaro Leyva Durán que indica que Petro consume drogas, que es un adicto a la cocaína. Es decir, un vicioso.

Es claro que la derecha colombiana, con la ayuda de los medios de información hegemónicos están interesados en consolidar la imagen del presidente de Colombia como un hombre enfermo, un vicioso, un adicto que debe estar recluido en un centro de rehabilitación. El congresista republicano Díaz-Balart “calificó a Petro como una vergüenza internacional e insinuó que el mandatario podría estar bajo el efecto de sustancias psicoactivas o alcohol, declaraciones que intensificaron las tensiones políticas entre ambos países”.

Se trata de una muy bien coordinada estrategia de desprestigio político y moral, a la que se sumó Enrique Vargas Lleras, hermano del exvicepresidente de Juan Manuel Santos, Germán Vargas, declarados enemigos del presidente Petro. La ojeriza de los Vargas Lleras hacia el jefe del Estado se explica por el control presupuestal que este gobierno viene haciendo a las EPS, convertidas durante más de 30 años en la mina de oro de politicastros, del mismo Vargas Lleras en su condición de miembro de juntas directivas de EPS y agentes gremiales que convirtieron la salud en un lucrativo negocio en detrimento del bienestar de los pacientes.

Enrique Vargas, en su cuenta de X, espetó lo siguiente: “Tras las cartas enviadas por el excanciller Álvaro Leyva, he solicitado al gobierno de EE. UU. que, en el marco de la cooperación de Estados Unidos en la lucha contra las drogas, sea requerido examen de adicción a Petro”. ¿Es en serio, me pregunto aún?

Si no estamos ante una fake news, la misiva de Vargas Lleras resulta infantil, estúpida, improcedente y ridícula. Este tipo de solicitudes sirven para confirmar que Enrique Vargas Lleras es un cipayo consumado y un pobre estólido que cree que el uso cotidiano de las “rodilleras proamericanas” le devolverán la legitimidad social y política a Cambio Radical, la empresa electoral de su clan familiar.

Por cuenta de Enrique Vargas Lleras, ahora los gringos deben además de certificarnos por la lucha contra las drogas, hacer lo propio con la salud mental y física del presidente de la República. Creo que “Enriquito” está somatizando la crisis emocional provocada por la viudez del poder. Para comprobar si ello es cierto no es necesario viajar a los EE. UU. para practicarse el examen. Con su indigna misiva es suficiente.

enrique vargas lleras envia carta a los Estados Unidos para que digan si Petro está enfermo - Búsqueda Imágenes

CIRO RAMÍREZ SALIÓ DE LA CÁRCEL A VOTAR NO A LA CONSULTA POPULAR

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En el ejercicio de la política hay una práctica muy común entre los políticos profesionales: manosear los conceptos. Y en Colombia, por estos días los más ajados, deslucidos, palpados, ensuciados y opacados son el constituyente primario o pueblo, legitimidad e institucionalidad. Se trata de vocablos o categorías que en su uso cotidiano y dentro de las dinámicas del poder aportan a la construcción de una idea más o menos clara de lo que significa la democracia como régimen de poder.

Esas tres ideas y nomenclaturas confluyen en la siniestra coincidencia representada en la salida de la cárcel del congresista del Centro Democrático, Ciro Ramírez y la captura de los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Leonidas Name Vásquez y Andrés Calle Aguas, justo antes de comenzar las discusiones al interior del Congreso en torno a la viabilidad o no de la Consulta Popular del gobierno Petro.

Todos tres investigados por casos de corrupción. Ramírez, llamado a juicio por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por el caso conocido como el de las Marionetas y Name y Calle por los hechos relacionados con el escándalo de la UNGRD, dan cuenta de una situación jurídico-política que toca los intereses del gobierno y de las bancadas de los partidos que deberán votar si le dan vía libre a la Consulta Popular.

Que la CSJ haya dejado en libertad a Ciro Ramírez por no “representar un peligro para la sociedad y el proceso penal en su contra” despierta todo tipo de suspicacias porque al recuperar su curul podrá participar de la votación de la Consulta Popular, asunto político que por estos días ocupa el interés nacional. Es probable que la votación a favor o no de la Consulta Popular se defina por unos cuantos votos. Es allí en donde nacen gran parte de las suspicacias alrededor de la libertad otorgada al procesado Ciro Ramírez, quien desde su curul espetó que logró probar su inocencia ante los magistrados del alto tribunal, cuando aún la Corte no define de fondo su situación jurídica. Es decir, Ciro Ramírez mintió. El congresista dijo: “Si estoy aquí parado es porque en el juicio pude demostrar mi inocencia”.

Así registró la prensa la decisión judicial: “este viernes 02 de mayo la Sala Especial de Primera Instancia tomó una decisión crucial en la investigación contra el exsenador Ciro Ramírez, investigado por presunta corrupción en el entramado conocido como “Marionetas II”.

Ya el sub júdice ciudadano anunció que votará No siguiendo la directriz de su congregación el Centro Democrático. Justamente, por tener esa condición en la que su inocencia está en entredicho hasta que su juez natural no tome una decisión de fondo, la legitimidad de su curul queda en entredicho, así como las posturas que decida asumir y expresar a través del voto dentro de las dinámicas al interior del Congreso.

Estamos ante una situación ético-política y jurídica que además de restarle legitimidad a sus pronunciamientos dentro de sus actividades como congresista, afecta negativamente la ya maltrecha imagen del Legislativo en la medida en que su responsabilidad en los hechos punibles por los que la CSJ ordenó enviarlo a prisión durante 15 meses no está aún probada o desechada. Así las cosas, sobre la institucionalidad asociada y derivada de las reglas y actuaciones del Congreso recae una enorme carga negativa dado que la ya comprometida legitimidad de la curul de Ramírez por su condición sub júdice, deviene inexorablemente ligada a las formas regladas y protocolos dentro y fuera de la Ley 5 de 1992 (Ley del Congreso).

Sobre el último vocablo, el pueblo o el constituyente primario, el manoseo es histórico, cotidiano y acomodaticio de acuerdo con los intereses de quienes lo invoquen. Los sectores de la derecha y la izquierda cada uno parecen tener su “propio pueblo”. Lo único claro en los tres casos penales que enfrentan Ramírez, Name y Calle es que ninguno de los congresistas aquí señalados representa los intereses del pueblo colombiano, a pesar de haber sido elegidos a través del voto popular.

Ciro Ramírez reaparece en el Senado y dice que “pude demostrar mi inocencia, el juicio ya se acabó”

SE FUE EL GRAN PEPE MUJICA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Se fue el Gran PEPE MUJICA. Sí, así, en mayúsculas. Esta columna la escribo con un profundo pesar por la partida de un revolucionario, de un político que supo honrar el ejercicio del poder. De un hombre que vivió casi que, como un monje cartujo, “ligero de equipaje”, sin las ambiciones propias de aquellos que asumieron la política y el poder como los caminos para acumular riqueza en medio de sus inocultables precariedades éticas y morales. Aquellos que buscan “hacer dos Cámaras y dos Senados” para luego huir a gozar de la riqueza en una playa paradisiaca. Contaba que se reía cuando le decían marxista. Y contestaba: “No soy marxista, soy estoico, liviano de equipaje, nada en demasía”.

Por el cariño que profesó por Colombia, resulta inevitable involucrar en este sentido homenaje y despedida al Gran Pepe, a los políticos locales convertidos en las antípodas de la vida que llevó el expresidente uruguayo.

Mujica se vistió de guerrillero para levantarse en armas contra el Estado uruguayo y terminó convertido en un referente ético para sus compatriotas y los pueblos de la América Latina que hoy lloran su inevitable partida. Guiado por los Aymaras, aceptó las reglas de la democracia y desde la Residencia de Suárez intentó profundizar la democracia en su pequeña pero digna República.

En Colombia hay políticos que alardean de llevar una vida ejemplar porque “jamás empuñaron armas contra el Estado”. Son ya incontables las veces, en lo que va corrido de este gobierno, que le hemos escuchado decir esa frase a aquellos que desde el Ejecutivo y el Legislativo “le declararon la guerra” a los pobres, a los vulnerables, a los pueblos afros, indígenas y campesinos y a la Naturaleza con sus políticas atadas al neoliberalismo.

Esa frase da cuenta de un viaje moral y clasista de quienes jamás entendieron qué es eso de construir y vivir en una República. La avaricia los fue convirtiendo en victimarios y sepultureros de los sempiternos deseos de millones de colombianos de construir algún día una verdadera democracia en Colombia.

Aconsejó y criticó a Chávez y al propio Lula Da Silva.  En una memorable entrevista dijo: “Rescatar 40 millones de la pobreza como le pasó a Lula y no será tocar el cielo con las manos, ni mucho menos construir el socialismo. Pero esos cuarenta que comen todos los días, esos cuarenta millones, es una cosa muy de izquierda. ¿Por qué? Porqué ser de izquierda es ser solidario…Después hay otra etapa. Yo creo en el socialismo, pero no creo en el estatismo. Y creo que la construcción del socialismo supone una sociedad mucho más culta, mucho más inteligente y mucho más rica. Creo que países como Suecia se arrimaron mucho más a lo que puede ser el socialismo, o Noruega, que los intentos fallidos que hemos tenido…Soy enemigo de la burocracia…Desconfío cuando el Estado se hace demasiado grande, pueda sustituir la iniciativa de la gente… Cuando pase Chávez, habrá un montón de millones de venezolanos que vivían en la miseria que van a estar viviendo un poco mejor, que van a tener una casa mejor y un servicio de salud, pero no habrán construido ningún socialismo, pero la humanidad habrá mejorado”.

Sin apegos a las veleidades del poder e incapaz de caer y ser protagonista de la “hoguera de las vanidades” de las que hicieron parte un número importante de presidentes latinoamericanos, Mujica es el espejo en el que jamás pudieron mirarse jefes de Estado colombianos como Juan Manuel Santos, Iván Duque Márquez, César Gaviria, Julio César Turbay Ayala y mucho menos el más pernicioso- casi maléfico- de todos los presidentes colombianos: Álvaro Uribe Vélez. Y no es que sufran del síndrome Capgras. No. A ellos les basta con reflejarse en las perfidias en las que incurrieron y en las formas cínicas en las que ejercieron el poder, porque como lo dijo Mujica, el poder te enciende todos los demonios.

Se fue el Gran Pepe, pero quedaron en este hemisferio y en el resto del mundo los demonios del fascismo, del genocidio, de la supremacía étnica como práctica sociocultural y política en países racistas y clasistas como Colombia. Quizás si en Colombia tuviéramos por lo menos 5 Pepes en la Corte Constitucional, en el Consejo de Estado, en la Corte Suprema de Justicia; en el Congreso, en las rectorías de universidades privadas y públicas, podríamos superar las taras civilizatorias de esa élite que siempre mirará con desprecio a estoicos como Pepe Mujica. Hasta siempre, Pepe.

Adenda 1: antes del deceso de Pepe Mujica el diario El Espectador publicó en la red X la entrada de una nota que dice lo siguiente: “El domingo, el presidente uruguayo Yamandú Orsi, delfín de Mujica, pidió que respetaran la intimidad del exguerrillero”. Aunque borraron el trino, el diario bogotano se instaló en ese viaje de superioridad moral que acompaña a quienes se jactan aún de “jamás haber empuñado las armas contra el Estado” y que son los responsables de generar pobreza, del asesinato de 6402 jóvenes (falsos positivos) y la consolidación de un Estado asesino.

Adenda 2: Se fue el Gran Pepe y el violador de Claudia Morales sigue libre burlándose de la justicia.

 

CAPTURAS DE IVÁN NAME Y ANDRÉS CALLE: LA CORRUPCIÓN COMO PARTE DEL PAISAJE

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La captura de Iván Leonidas Name Vásquez y Andrés Calle Aguas, expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes sirve para confirmar que la corrupción en Colombia dejó de ser una práctica inmoral, para convertirse en una insuperable tara civilizatoria (cultural).  

Más allá de si la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emite fallos condenatorios contra estas dos figuras políticas, lo cierto es que el escándalo mediático y político está servido. Eso sí, será uno más en la larga historia de las algarabías provocadas por una clase política sucia, inmoral y criminal. Baste con recordar el Proceso 8.000 y el caso de Odebrecht para comprender los titulares, los fallos, compulsas de copias, principios de oportunidad y condenas irrisorias terminan animando el actual circo mediático.

Con la exposición pública de las capturas de Name y Calle no se cuestiona el ethos mafioso que como sociedad naturalizamos, porque sagazmente los medios de comunicación y específicos periodistas vedettes las conectan con el crispado ambiente político, evitando así darle el lugar cultural que tiene el origen de las medidas de aseguramiento: la sempiterna corrupción público-privada.

Nótese que a los periodistas no les preocupa la corrupción como tara cultural o civilizatoria, sino las conexiones políticas e ideológicas que les permitieron a Name y a Calle acceder a los recursos de la UNGRD de la mano de Olmedo López y otros agentes políticos.

El silencio ensordecedor de la clase empresarial, de la Academia, de la iglesia católica y de otras congregaciones da cuenta de que los actos de corrupción en los que según la CSJ incurrieron Calle Aguas y Name Vásquez se asumen como parte del paisaje. Nadie, desde esos sectores de poder societal se atreven a gritar: “¡paren ya de robar?!” Quizás ese estridente mutismo se explica porque al interior del empresariado, de las universidades y de las iglesias el ethos mafioso se entronizó a más no poder.

La función educativa de las empresas mediáticas queda proscrita por el afán compartido de afectar la imagen del actual gobierno, responsable en parte de lo ocurrido al interior de la UNGRD. Al evitar exponer la corrupción como un grave problema cultural, los medios se vuelven cómplices de una problemática que ya alcanzó el carácter civilizatorio y que impide pensar que es posible proscribir el ethos mafioso sobre el que se sostiene la corrupción público-privada. 

Ni siquiera se atreven a recoger la idea de “reducir la corrupción a sus justas proporciones” propuesta por el político-genio de Julio César Turbay Ayala, porque las empresas mediáticas terminan beneficiándose de los políticos corruptos con la entrega de pauta, la filtración de documentos y la disposición como fuentes para recrear verdades, sugerir o matizar crisis, desestabilizar gobiernos o, por el contrario, cerrar filas en torno a estos. Así las cosas, quienes insistan en decir que “van a acabar con la corrupción, salvar a Colombia, recuperar moralmente al país o ‘resetear’ la política”, mienten porque parten del mismo error de los medios: no reconocen que la corrupción en Colombia responde a una tara civilizatoria superable con una revolución cultural. 

Imagen tomada de Así fue la captura de Iván Name y Andrés Calle por caso de la UNGRD | KienyKe

MILITARES QUE VENDEN INFORMACIÓN Y ARMAS AL “ENEMIGO INTERNO”: SE DAÑÓ LA SAL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Por estar los medios hegemónicos ocupados linchando moralmente al presidente de la República a través de los señalamientos publicados por Álvaro Leyva Durán y cubriendo la muerte del Papa Francisco y el cónclave que tiene como objetivo elegir su remplazo, pasó casi que desapercibido lo dicho por el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez Suárez en torno a una realidad que no es nueva.

El general (R)  confirmó “que dentro de la misma Fuerza Pública existen infiltrados que han sido retirados por motivos relacionados con venta de información y suministro de municiones. En ambos casos los procesos se están abordando en la fiscalía general de la Nación. Es apenas una muy diminuta minoría al interior de la Fuerza Pública, pero que le causa un inmenso daño que no es aceptable. Algunos de ellos los hemos detectado principalmente en Antioquia y en la Costa Caribe”.

La situación develada por Sánchez Suárez tiene efectos operativos porque impide que la fuerza pública avance en su objetivo de someter a los mafiosos de camuflado que insisten en llamarse guerrillas. Además de la desconfianza que genera al interior de las fuerzas, cuyos hombres ya no saben si las órdenes por cumplir devienen contaminadas por los negocios de los comandantes que las impartieron.

También deja efectos políticos lo expresado por el ministro de la Defensa en la medida en que aporta a la consolidación de la lectura que propone dejar de llamar Conflicto Armado Interno (CAI) a un escenario de degradación misional de militares y guerrillas que convirtieron en negocio la guerra interna. Esa nueva lectura propone que en adelante se hable del surgimiento de un escenario de Violencias Intestinas Despolitizadas (VID), sostenido por la evidente pérdida de validez jurídico-política y legitimidad del CAI.

La academia, los partidos políticos, empresarios del campo, las víctimas civiles que dejan los enfrentamientos  y consecutivos presidentes de la República, entre otros actores más, asumen de manera interesada que esa realidad socio económica, política y militar que llaman CAI siga vigente, a pesar de la tozudez de unos hechos que apuntan a describir un proceso de degradación misional de los actores armados, en particular de oficiales con mando de tropa que en público hablan de defender la Patria de la amenaza terrorista, cuando en privado negocian con los mafiosos de camuflado que también en público se presentan como “revolucionarios y representantes del pueblo”.

Insisto en que le corresponde a la academia, a los partidos políticos, periodistas y politólogos expertos en el cubrimiento de las dinámicas del “conflicto armado interno” asumir la tarea de “rebautizar” con una nomenclatura más precisa lo que sucede hoy en el país con unas “guerrillas” que están al servicio del Cartel de Sinaloa y un Ejército que tuvo altos oficiales y suboficiales - y que muy seguramente aún tiene- interesados en enriquecerse vendiendo información, armas y pertrechos al “enemigo interno”.

Lo peor de todo es que las purgas hechas por el gobierno Petro al interior del Ejército y de otras fuerzas son mal vistas por sectores de la derecha uribizada históricamente beneficiada por la extensión en el tiempo de la violencia armada en los territorios rurales y selváticos. El negocio de la guerra y las economías ilícitas (narcotráfico y minería) hace rato que le quitaron el ropaje político a un conflicto armado interno cuyas dinámicas hoy dan cuenta de que lo realmente se vive en el país son Violencias Intestinas Despolitizadas.

Imagen tomada de Semana

COLOMBIA, TIERRA DE HP

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La Colombia mojigata, beata, gazmoña, hipócrita, pazguata, bobalicona, puritana y morronga sigue espantada por el madrazo que el presidente Petro le envió al congresista Efraín Cepeda. Con la ayuda de la prensa uribizada, el putazo presidencial mantendrá sus efectos políticos en las elecciones de 2026. Ya la candidata de los clanes Gilinski y Gnecco, Vicky Dávila de Gnecco le dijo al jefe del Estado que el único “HP en Colombia es él”.

En un país con un largo y degradado conflicto armado interno y uno de los más desiguales y corruptos del mundo tiene que haber bastantes “hijueputas”. Empecemos a reconocerlos. Los guerrilleros que se transformaron en “traquetos de camuflado”, los narcoparamilitares y sus patrocinadores de corbata hacen parte de uno de los tantos grupos de hijos de puta que viven en Colombia. Empresarios y magnates que patrocinaron a las AUC para que sus estructuras armadas robaran las tierras a los campesinos, los masacraran y desplazaran son unos verdaderos hijos de puta.

Los gobernadores, alcaldes y presidentes que patrocinaron, ocultaron y validaron la práctica de los falsos positivos merecen recibir el mismo putazo que Petro le lanzó, merecidamente, al presidente del Senado. Y ni qué decir de los militares que se prestaron para asesinar a sangre fría a civiles inocentes y a “legalizar” esos crímenes y hacerlos pasar como bajas en combate. Esos sí que son unos completos catre hijueputas.

Los periodistas que dicen mentiras y que desaparecen evidencias de crímenes y actos de corrupción público-privada son otros HP que le dan sentido al imaginario colectivo que señala que Colombia es uno de los países de América y quizás del mundo en donde más hijueputas nacen y se reproducen. Los intelectuales orgánicos que usan su pluma para matizar crímenes y actos de corrupción entran sin examen alguno en el grupo de los HP que viven en Colombia.

Otros hijos de puta son los militares y policías, oficiales y suboficiales que hostigan y acosan sexualmente a sus subalternos. En esa misma línea aparecen los profesores que presionan a estudiantes para que accedan a sus cachondas pretensiones. O qué tal los hijueputas médicos que violaron a sus pacientes o que emitieron diagnósticos errados para evitar que las EPS asumieran costosos tratamientos médicos.

Cómo no hacer referencia a los hijos de puta que violan las normas ambientales y afectan valiosos ecosistemas naturales y por ese camino las relaciones consustanciales que de tiempo atrás consolidaron comunidades negras e indígenas. Y los que maltratan y violan a mujeres, niños, niñas y animales de compañía. Estos sí que son unos verdaderos hijos de puta. Mención aparte merecen los curas pederastas y pedófilos. Estos, junto a los cientos de miles de politicastros que están en el Congreso, o al frente de alcaldías y gobernaciones, son unos verdaderos “catre hijueputas”.

Y los que se roban ideas y proyectos; así como los que pagan para les hagan los ensayos académicos o mienten al profesor usando el ChatGPT. Estos pueden ser considerados aprendices de esa “cualidad de ser hijos de puta”. Para graduarse de HP hay que empezar por ser tramposo, mentiroso, vivo bobo, tramador y libidinoso. Después de pasar por el Congreso e incluso por las altas cortes vendiendo millonarios fallos, quedan listos para recibir el título honorífico de Hijos de Puta.

Como los putazos son de uso común en el país y hay tanto mentiroso, ladrón, corrupto, matones de finas costumbres, violadores y acosadores, entre otros, decirle HP a quien actúa de las maneras aquí descritas no debe ser considerado una grosería. Por el contrario, espetar un madrazo debería de asumirse como una forma de reconocimiento social y político al tiempo, el esfuerzo y el dinero invertido en convertirse en un verdadero HP.

El putazo presidencial constituye una oportunidad para que cada colombiano se revise y examine sus conductas pasadas y presentes. A lo mejor y sin saberlo, es tan HP como dice Petro que es el presidente del Senado, Efraín Cepeda.

vicky davila : el unico HP es Petro - Búsqueda Imágenes

PETRO, EFRAÍN CEPEDA Y EL MADRAZO

Por Germán Ayala Osorio

Después del “aspaviento” mediático y moral que suscitó la asqueante carta que dirigió al presidente de la República el excanciller Álvaro Leyva Durán y que publicó en la red social X, el jefe del Estado le dio un verdadero motivo a esos sectores mojigatos y moralistas de la sociedad colombiana, incluida la prensa hegemónica, para que continuaran espantados por la “revelación” que hizo en la misiva el señor Leyva, miembro honorable de la naciente Policía Moral que ya juzgó y declaró a Petro como “presidente indigno”.

En medio de la instalación de uno de los comités del Sí a la Consulta Popular en el Atlántico, el presidente Petro espetó lo siguiente: “Decía Efraín Cepeda: Oiga, pero si esas son las preguntas que ustedes presentaron, pues ahora sí podemos discutirlas en el Congreso. Yo no digo groserías, pero quise decir una, mucho HP”.

Para sus defensores, estamos ante un merecido madrazo contra el presidente del Senado, declarado enemigo de las reformas sociales presentadas por el gobierno. Recordemos que Cepeda gritó meses atrás: “Seré el jefe de la banda que hundirá las reformas que no le sirven al país”. Es decir, el madrazo pensado por Petro hace parte de un agrio enfrentamiento político con el congresista conservador, servidor fiel del viejo Establecimiento colombiano.  

Por supuesto que los titulares de la espantada, “cándida” y “recatada” prensa nacional no se hicieron esperar. El País de los Gilinski publicó: Petro le dice “Mucho HP” al presidente del Senado, Efraín Cepeda, por cuestionar la consulta popular. El diario El Colombiano, que le hace una férrea oposición al presidente, dijo lo mismo que el diario caleño: Petro le dijo “mucho HP” al presidente del Congreso, Efraín Cepeda, por oponerse a la consulta popular. Entre tanto, La FM hizo lo propio: Presidente Petro responde a Efraín Cepeda y lo llama “HP” por criticar consulta popular.

La respuesta de Cepeda no se demoró mucho: “El presidente Petro aún no comprende la dignidad que ostenta y, como si estuviera en una riña callejera, recurre a la grosería y la bajeza. No pienso caer tan bajo, porque tengo clara la dignidad que represento. Nuestra institucionalidad merece un Honor Perenne, que es mi forma de entender el verdadero HP”.

Es conocido de autos que a Petro le encanta “casar peleas”. Es una suerte de político “buscapleitos”, en particular con los agentes de la oligarquía colombiana que se oponen a las reformas sociales que hacen parte de su proyecto político. En resumidas cuentas, el presidente de la República es “pelión”. Eso sí, no se parece en nada al “rufián de esquina” con el que lidió el entonces presidente Juan Manuel Santos.

Por supuesto que resulta reprochable el acto de habla del presidente de la República. No se trata aquí de aplaudirlo. No es esa la manera de tramitar las diferencias y mucho menos de hacer pública su molestia por la actitud asumida por Cepeda que, claramente, desdice de la dignidad congresional por cuanto devela que el presidente del Senado y las bancadas en oposición no representan los intereses del colectivo, del pueblo, sino de los gremios económicos, los banqueros y otros agentes de poder económico y político responsables en gran medida de la naturalización del ethos mafioso, la captura y privatización del Estado, la concentración de la riqueza en pocas manos y de llevar a Colombia a los deshonrosos primeros lugares de las naciones más desiguales del planeta.

Así entonces, Cepeda esgrime una dignidad imaginaria, falaz e inventada para ocultar que los Congresistas en su mayoría no representan los intereses del pueblo. Esas curules, al ser financiadas por empresarios y magnates, los convierten en lobistas con fuero al servicio de los intereses corporativos y de una clase privilegiada que se opone a que el país transite hacia la modernidad; en su respuesta, Cepeda también acude a unos de los conceptos más manoseados por los eternos politicastros: la institucionalidad.

Cuando al interior del Congreso se negoció la reelección inmediata del entonces presidente Uribe Vélez, la institucionalidad no se vio afectada, de acuerdo con todos los que la apoyaron dentro y fuera del legislativo. Y recientemente, las elecciones como presidentes del CNE de Lorduy y Prada tampoco afectaron la institucionalidad de esa autoridad electoral. Y finalmente, señor Cepeda, no hable de Honor, porque ese concepto o noción no existe en el Congreso.

El ya referido madrazo me hizo recordar a Jaime Garzón cuando en entrevista con Yo, José Gabriel, dijo que en este país se “escandalizan porque digo hijueputa en televisión, pero no por ver niños limpiando vidrios y pidiendo limosna. Eso es folclor”.

Al ser Colombia un país presidencialista, lo que diga el presidente de la República suele asumirse como verdad o por lo menos usarse dentro de las estrategias y elementos propios de la argumentación. Estoy por pensar que, en este caso, Petro tiene razón. Es más, diría que el país está lleno de HP.

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EL CONTEXTO DE LAS 12 PREGUNTAS DE LA CONSULTA POPULAR

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Con la presentación de las 12 preguntas para que el Senado avale o no la Consulta Popular, el gobierno Petro adelanta de manera formal el debate electoral de 2026. Mientras que los candidatos y precandidatos de la derecha están decididos a “recuperar el país, el rumbo o salvarlo”, fruto de su visión catastrofista de la gestión del actual gobierno, el progresismo y la izquierda insisten en entregarle la responsabilidad social y política al constituyente primario de decidir sobre el futuro de la reforma laboral enterrada por la Comisión Séptima del Senado. Se invita al pueblo a movilizarse en medio de una peligrosa crispación ideológica entre la derecha y la izquierda, que alienta la lucha de clases, así como la permanencia de las ideas racistas, clasistas, machistas, misóginas, transfóbicas y homofóbicas diseminadas en todos los estratos sociales.

Antes de revisar el sentido y la pertinencia de cada uno de los interrogantes, es importante y necesario hacer referencia a los elementos, factores o circunstancias que dan vida al contexto sociocultural, económico y político en el que se instala el llamado a la Consulta Popular.

Desde una perspectiva sociocultural, hay sectores de la sociedad colombiana que exhiben “taras civilizatorias” que por largo tiempo impidieron alcanzar al colectivo estadios de Modernidad. Al estar ubicadas cómodamente en esos escenarios de premodernidad, las élites económicas y políticas consolidaron un régimen de poder ilegítimo, mafioso, aporofóbico, corrupto, ecológica y ambientalmente insostenible, así como violento y proclive a violar los derechos humanos y desconocer las garantías constitucionales consagradas en la Carta Política de 1991. Sus más visibles voceros lograron naturalizar esas impúdicas condiciones de vida capturando el Estado para hacerlo operar exclusivamente en beneficio de sus mezquinos intereses.

En lo que respecta a las clases dominadas o a los grupos subalternos, éstos también arrastran “taras civilizatorias” asociadas a la inexistencia de una conciencia de clase o en el mejor de los casos a la existencia de  una con un carácter complaciente que hace posible que cientos de miles de sus miembros actúen como súbditos o prefieran ejercer un tipo de ciudadanía no política o  de “baja intensidad”, en lugar de formarse para discutir de forma argumentada sobre los asuntos públicos que les interesan a todos.

La clase dominante y la subalterna juegan bajo las diferenciadas condiciones que impone un capitalismo salvaje que envilece las relaciones sociales, deslegitima la búsqueda de mejores condiciones laborales y justifica la operación de un Estado privatizado al servicio de una clase dominante cuyos miembros se autodeterminan capitalistas, pero que realmente son rentistas que por años han vivido de la “teta del Estado” a través de subsidios y la captura mafiosa de instituciones estatales. Ejemplo de lo anterior es la privatización de las vías a través de onerosas concesiones viales y consecuencialmente la imposición de gravosos peajes que terminan por encarecer la producción y circulación de mercancías, alimentos y la prestación de servicios. Eso sí, ese modelo de contratación enriquece a unas pocas familias y coadyuva a concentrar la riqueza en pocas manos. Acabar con el tren y evitar a toda costa su regreso va de la mano de la privatización de las vías 4G y 5G.

Los subsidios para los menos favorecidos también hacen parte del perverso juego político y electoral en el que la derecha viene incurriendo de tiempo atrás y en el que por supuesto incurrió el gobierno progresista de Gustavo Petro. Aunque con disímiles logros y objetivos, muchos de los subsidios alimentan, de un lado, las llamadas trampas de la pobreza (como Familias en Acción) y del otro, el favorecimiento económico a una clase dominante que, al sentirse privilegiada, deja salir su desprecio por el mestizaje que los arropó y les ayudó a justificar su racismo, clasismo y machismo, entre otras “taras civilizatorias”.

Antes de la pandemia del covid-19, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez regaló millones de pesos a las familias que apoyaron política y económicamente su reelección a través del programa Agro Ingreso Seguro (AIS). Durante la pandemia, pasó algo similar: mientras que los más pobres colgaban trapos rojos en las ventanas de sus viviendas como símbolo de necesidad y hambre, el gobierno Iván Duque Márquez, títere de Uribe, optó por beneficiar a los grandes ricos. “El dinero fue a parar en las cuentas de Carlos Sarmiento Ángulo; Casa Editorial El Tiempo, el Hotel Estelar y la Concesionaria Vial Andina, Coviandina. También de Jaime Gilinski Bacal, y algunas de las empresas de su grupo empresarial tales como Productos Yupi, Plásticos Rimax, Hoteles Charleston Bogotá y Publicaciones Semana. Carlos Ardila Lulle, a través de Gaseosas Postobón, Ingenio Incauca, Cristalería Peldar, Los Coches, Atlético Nacional, RCN Televisión, RCN Radio y Win Sports. Asimismo, también los beneficios de este programa los evidenció Alejandro Santo Domingo por medio de las ayudas que recibieron Cine Colombia, Caracol Televisión y hoteles Decamerón”[1].

Mientras tanto, las pequeñas y medianas empresas hacían ingentes esfuerzos para sobrevivir en medio de una política económica errada, fruto de la captura mafiosa del Estado y su operación con los sempiternos criterios corporativos con los que se elimina cualquier posibilidad de actuar como un Estado Social de Derecho. Es en este punto en el que varias de las 12 preguntas enfrentan problemas de legitimidad, pertinencia social y económica. Veamos:

1.⁠ ⁠¿Está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m.? 2.⁠ ⁠¿Está de acuerdo con que se pague con un recargo del 100% el trabajo en día de descanso dominical o festivo? 3.⁠ ⁠¿Está de acuerdo con que las micro, pequeña y medianas empresas productivas preferentemente asociativas reciban tasas preferenciales e incentivos para sus proyectos productivos? 6.⁠ ⁠¿Está de acuerdo con que los jóvenes aprendices del SENA y de instituciones similares tengan un contrato laboral?

En principio, el SÍ debería de ser la respuesta, pero al revisar las anteriores circunstancias contextuales y las propias de la carga impositiva que soportan las Pymes y MiPymes, entonces el No surge como alternativa y respuesta a unas condiciones desfavorables para quienes se esfuerzan por hacer empresa sin mayores apoyos de un Estado capturado por mafias de todo tipo y que opera para hacer más ricos a los ricos.

La pregunta 3, por ejemplo, no tendría mayor sentido si la banca privada, con el apoyo estatal, entregara créditos baratos para la compra de maquinaria o la expansión comercial de las pequeñas y medianas empresas. Así las cosas, no se necesitaría de una Consulta Popular para lograrlo. Bastaría con que los banqueros y el Estado tomaran la decisión. Pero para ello se necesitaría de un cambio cultural fruto de la superación de las “taras civilizatorias” de una élite económica parásita, rentista y premoderna. Por supuesto que los miembros de la clase subalterna también arrastran con sus propias “taras" y prácticas culturales asociadas a  la pereza, la desidia, la falta de compromiso con el trabajo y la irresponsabilidad de los trabajadores. Resulta importante garantizar derechos laborales y mejorar las condiciones, pero también hay que trabajar en la formación de una clase trabajadora que no abuse de los derechos y las garantías. Estos últimos elementos también hacen parte de las consideraciones al momento de votar la consulta, en caso, claro está, de que el Senado la apruebe. 

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[1] Tomado de https://www.pares.com.co/post/subsidios-para-los-m%C3%A1s-ricos-de-colombia-una-estrategia-infame

 

MIGUEL URIBE TURBAY ACABARÁ CON LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD

 

Por Germán Ayala Osorio

En este ambiente de crispación ideológica, incertidumbres y cansancio de las audiencias al escuchar cada cuatro años las mismas promesas de los candidatos presidenciales lo que más seguro que ocurra es que aquellos caigan en el error de presentarse como los “salvadores” del país, proponiendo, cuando no imposibles, viejas soluciones que jamás aplicaron en el pasado los anteriores gobiernos.

Ya los muñequitos y generalas del expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez salieron a proponer pendejadas. Por ejemplo, el infantil y obsecuente Miguel Uribe Turbay ya gritó que si él llega a la Casa de Nariño se “acaba la corrupción y la impunidad”.

Frente al primer asunto, lo que quizás quiso decir el congresista del Centro Democrático es que la “reducirá la corrupción a sus justas proporciones” como lo propuso su abuelo, Julio César Turbay Ayala. Este opaco delfín habla de acabar con la corrupción en el momento en el que su partido, junto a Cambio Radical, se disputan los primeros lugares en las estadísticas de congresistas condenados, procesados, vinculados e investigados por corrupción. No sé si trata de un mal chiste, de una burla al electorado o simplemente que su cabeza no le da para proponer salidas reales a los problemas del país. Eso sí, creo que ya se ganó un lugar en Noticracia.

Frente al tema de la impunidad, el homúnculo congresista conservador parece que olvida que los problemas de la justicia están asociados a un orden constitucional garantista que en ocasiones resulta contaminado por la política tradicional lo que le da validez a aquella sentencia que señala que la “justicia es la para los de ruana”. Olvida, por ejemplo, que al interior de la Fiscalía, la POLFA y otras entidades del Estado operan mafias financiadas por personajes como Papá Pitufo. Evita recordar el Cartel de la Toga en las altas cortes, del que no hay certeza de que haya sido superado o proscritas las prácticas criminales y mafiosas de sus principales agentes.

Y volverán los otros temas de campaña: generar empleo, atacar la inseguridad, acabar con las guerrillas, pagarles a las EPS para que el sistema de salud siga operando en favor de mafias y bajarle los impuestos a los más ricos. Todos esos temas los presentan sin conexión alguna con el modelo de sociedad que opera en Colombia en donde sobresalen el clasismo, el racismo, la aporofobia y el arribismo, entre otros comportamientos que dan cuenta de los graves problemas que afrontamos como sociedad moderna y civilizada; y mucho menos los conectan con la operación mafiosa y criminal de los modelos económico y político responsables del atraso del país, de la pobreza y la concentración de la riqueza en pocas manos.

Convendría que los candidatos del progresismo y el que finalmente enfrentará a los aspirantes de la derecha y la ultraderecha no caigan en ese error. Es tiempo de insistir en que los problemas del país deben afrontarse no prometiendo, sino exponiendo que como sociedad necesitamos una “revolución cultural” con la que sea posible proscribir el ethos mafioso que naturalizamos, en el que confluyen la codicia de las élites política y económica, su torpeza para liderar cambios y el objetivo de extender en el tiempo sus mezquinos intereses.

Las preguntas que hay que proponerle al electorado son dos: ¿Para qué el Estado y quién debe hacerlo operar? No estoy diciendo que no se propongan soluciones, lo que hay que hacer es explicarle a la gente quiénes y qué factores son los responsables de los problemas de desempleo, inseguridad, orden público, pobreza y concentración de la riqueza en pocas manos.

PACIENTES-VÍCTIMAS DE LAS EPS: NUEVOS OBJETIVOS ELECTORALES

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Por cuenta de la consulta popular y los problemas con el sistema de salud, al target de los candidatos a la presidencia y al Congreso se sumarán los usuarios-clientes-víctimas de las EPS. Aunque para este grupo poblacional no habrá el sempiterno kit electoral que cada cuatro años suelen entregar los partidos y los políticos en campaña, las promesas de un mejor servicio aparecerán como por arte de magia. De hecho, la candidata presidencial de los clanes Gilinski y Gnecco, Vicky Dávila ya empezó a explotar electoralmente la penosa situación de los pacientes con enfermedades catastróficas. Su populismo ramplón y vergonzante está directamente conectado a su pasado como “periodista-periodista” pues la señora sabe muy bien qué es eso de la porno miseria mediática. Eso sí, dudo mucho que entienda cómo opera el pérfido modelo de salud en el país, que incluye la integración vertical en la que se gastaron millones de pesos y por esa vía desmejoraron la atención de los pacientes y por supuesto se perdieron billonarios recursos públicos en la sempiterna corrupción privada.

Hay en las redes sociales una enconada disputa entre bodegas y perfiles alrededor del establecimiento de responsabilidades en la crisis de un modelo de aseguramiento diseñado a la perfección para el desvío de dineros públicos y el enriquecimiento de unas cuantas familias y políticos metidos en el lucrativo negocio. La narrativa de la derecha neoliberal que defiende a dentelladas el perverso sistema de salud es fácil de usar en contra del actual gobierno: cuentan sus más visibles voceros con la prensa bogotana y regional y los noticieros nacionales dispuestos todos a explotar el dolor y las angustias de los enfermos, vistos por los periodistas como víctimas del gobierno y no de las EPS y de las empresas encargadas de dispensar los medicamentos. Por lo anterior, debe el gobierno Petro, de la mano de la Supersalud, hacer ingentes esfuerzos administrativos y logísticos para mejorar la prestación de los servicios de salud. Ya la prensa tradicional aprendió cómo hacer para que la gente salga berraca a votar.

De continuar la exhibición mediática de las angustias de los pacientes, es fácil imaginar las ofertas de los candidatos al congreso y a la presidencia amigos y defensores a muerte de la Ley 100 del 93: “acabaré con las filas para recibir los medicamentos”; en mi gobierno se girarán los recursos a tiempo y se aumentarán los pagos por capitación y reservas técnicas”; “volveremos a ser uno de los mejores sistemas de salud de todo el continente americano”; “no permitiremos la estatización del modelo de salud, no volveremos a los tiempos del Seguro Social”.

Mientras el gobierno escribe las preguntas que los colombianos deberán responder la consulta popular, las notas periodísticas de las empresas mediáticas aumentarán considerablemente con los fines electorales ya señalados. Esa es, desde ya, la estrategia política y electoral de las EPS para mostrarse como víctimas del gobierno Petro. Insistir en ralentizar la entrega de medicamentos y el asegurarse que siempre haya interminables colas a las afueras de las entidades prestadoras de salud ayuda a los medios hegemónicos a hacer la tarea compartida de señalar como el único culpable del colapso del sistema de salud al gobierno de Gustavo Petro. Estamos ante una sinuosa estrategia que beneficia a los propietarios de las EPS y a los medios masivos que le hacen oposición al actual gobierno.

COLAS EN CALI PARA RECLAMAR MEDICAMENTOS AVENIDA DE LAS AMERICAS - Búsqueda Imágenes

EL NEGOCIO DE LA SALUD Y LA AVIESA CONDICIÓN HUMANA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En la crisis del sistema de salud de Colombia confluyen factores-actores que la explican y que a su vez son síntomas de los graves problemas que arrastramos como sociedad civilizada. El Estado es el primer actor-factor que aparece en el colapso de un sistema de aseguramiento pensado más como negocio que como paradigma de solidaridad y respeto a los derechos de los pacientes.

En la operación del Estado surgieron dos preguntas: ¿Para qué el Estado? Se trata de un interrogante que nos retrotrae a los orígenes mismos de esa forma de dominación, cuyo sentido filosófico y político se fue diluyendo en el tiempo gracias en gran medida a la doctrina neoliberal. La segunda pregunta, para quién el Estado, nace del triunfo del capitalismo salvaje, fundado especialmente en un factor antropológico clave: el egoísmo de los seres humanos.

El ethos mafioso con el que siempre funcionó el “mejor sistema de salud” garantizó una única respuesta al segundo interrogante: el Estado para unos pocos. Así las cosas, la operación de todos los agentes al interior del sistema de salud se dio en torno a ese pernicioso y sinuoso ethos, muy propio de seres humanos amantes del capital y del poder político, pero, sobre todo, interesados en hacerse ricos a costa de la vida y de los derechos de los demás. En un Estado para unos pocos su captura por parte de clanes políticos es una condición natural y necesaria para que durante más de 30 años el sistema de salud se usara para que unas pocas familias se enriquecieran a costa de la vida y el bienestar de millones de colombianos. 

El segundo actor-factor es la política y la acción misma de los politicastros que capturaron el sistema para tener el suficiente músculo económico para financiar grupos paramilitares, campañas electorales, pautar en medios de comunicación y también para consolidar un lucrativo negocio usando la integración vertical para monopolizar los servicios de salud en unos pocos actores empresariales que se beneficiaron de la falta del control de un Estado tan privatizado como el sistema de  salud mismo.

Las juntas directivas de casi todas las EPS operaron como agentes financieros que desviaron billonarios recursos públicos, manejados en paraísos fiscales o invertidos en negocios inmobiliarios. Por supuesto que los miembros de esas juntas directivas contaron con la colaboración de los entes de control, de ministros de salud y del poder político bogotano que a pesar de saber de la existencia de la corrupción al interior de las EPS prefirieron guardar silencio y dejar que el colapso del sistema se dilatara en el tiempo, hasta que llegó el gobierno Petro a tratar de desmontar el entramado mafioso, hijo del bajo o escaso sentido ético de un sistema privado que desde el principio desconoció los principios de respeto, solidaridad y empatía con los pacientes. Aparecieron entonces los carteles de la hemofilia y la práctica criminal de cobrar servicios de salud prestados a pacientes fallecidos, entre otros ejemplos.

El tercer actor-factor es societal y de este hacen parte elementos culturales que dan vida a  eso de “ser colombiano” que, para el caso, es sinónimo de ser torcido, malicioso, insolidario, poco empático, ineficiente, mañoso, mentiroso, mafioso y corrupto. Todo el sistema de salud está permeado por esa condición civilizatoria que para el caso colombiano deviene naturalizada y difícil de superar. Desde los funcionarios de las empresas que dispensan los medicamentos por orden de las EPS y que se atreven a negar la entrega de esos insumos médicos señalando que hay desabastecimiento, hasta los directivos de las entidades prestadoras de salud que obligan a los pacientes a interponer tutelas, mientras que desvían los recursos públicos.

Todos los tres actores-factores señalados arriba se alimentan de una discusión ideologizada de la crisis del sistema de salud y de la incapacidad de unos y otros de poner por encima de sus intereses los derechos de los pacientes. Y claro, aparecen ya los candidatos presidenciales y exministros de salud para pescar en río revuelto. Los primeros, para hacer populismo con el sufrimiento de los pacientes y los segundos, para seguir defendiendo la impudicia de un sistema concebido por políticos y empresarios alevosos, dignos representantes de la aviesa condición humana que para el caso colombiano parece imposible de modificar. Acaparar los medicamentos, de acuerdo con lo reportado por la Superintendencia de Salud, en el caso de la firma dispensadora Audifarma, confirma que lo peor de la condición humana se sitúa y se reproduce todos los días en el País de la Belleza. ¡Qué asco!

 

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RAZONES PARA DECIR NO A LA REBAJA DE LOS SALARIOS DE LOS CONGRESISTAS

Por Germán Ayala Osorio

Lo más probable es que el proyecto de ley con el que se propone bajar el salario de los congresistas sufra la misma suerte de la reforma laboral: que se hunda. Hay varias circunstancias -o quizás son razones- que garantizarán el voto negativo a dicha iniciativa.

La primera es que muchas de las curules- por no decir todas- devienen atadas a pactos económicos y políticos entre los candidatos y los mecenas que les patrocinan las campañas. Una vez alcanzada la curul, en Senado o en Cámara, el beneficiado deberá destinar un porcentaje de los 50 millones de pesos a pagarle el favor a los bienhechores que les regalaron el puesto en el legislativo. O lo hacen de manera directa comprometiendo una parte de la jugosa asignación salarial o gestionando millonarios contratos para los contratistas, empresas o lobistas que financiaron las campañas. Esto último es “ley”. Y punto.

Convertirse en congresista, a sabiendas de que deberá legislar a favor de los empresarios que lo patrocinan y muchas veces en contra del pueblo al que supuestamente representa, constituye una forma de prostitución política no muy alejada de las prácticas y de lo que se vive en las “casas de putas” de ciudades y pueblos. Los acuerdos al interior del Congreso no se hacen necesariamente en las noches o madrugadas y bajo el bombillo rojo muy propio de las casas de citas.

La segunda es que ser congresista es una forma de escalar socialmente en una sociedad clasista y arribista como la colombiana en la que el estatus, el reconocimiento y el tener dinero suelen valer más que formarse académicamente para ejercer una profesión o de servir al prójimo. “Hacer cuatro senados y cuatro cámaras para luego irse a una playa paradisíaca” es una aspiración generalizada en muchos de los congresistas. De esa manera, garantizan su futuro. Otros se quedan más tiempo y consolidan sagas familiares a través de las cuales las curules se heredan o se traspasan entre hijos, sobrinos, tíos o amigos. Así operan los Clanes y por esa vía el ethos mafioso se naturaliza en el país y también la prostitución de la política.

Y de cara a las próximas elecciones al Congreso, quienes desde ya están pensando en llegar por primera vez o de regresar a dicha corporación deben estar haciendo fuerza y quizás presión a los legisladores para que hundan la propuesta, a todas luces inconvenientes para los intereses corporativos, individuales y de clase que los anima para intentar “coronar” una curul. De aprobarse la disminución de los salarios no tendría sentido intentar llegar al Congreso en el 2026.

En el fondo hay una crisis cultural y civilizatoria en la operación del Congreso y en las maneras regladas para llegar al Legislativo. Pluricrisis que no se superará rebajándole el salario a los HP (Honorables Parlamentarios), aunque la iniciativa resulta popularmente atractiva. De aprobarse dicho proyecto, ya buscarán las maneras de devolverle el dinero a los empresarios que les “regalaron” las curules y de sacar provecho de  ser congresista en un país como Colombia.

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