BETTY LA FEA, ECOMODA Y LA CORRUPCIÓN EN LAS EPS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La novela Betty la fea es un ícono para la sociedad colombiana porque representó con lujo de detalles lo que como sociedad hemos construido. Las principales características sociales representadas en esa producción audiovisual fueron el machismo, instrumentalización sexual de la mujer, la homofobia y la corrupción. Así las cosas, Betty La Fea fue y sigue siendo el espejo en el que aún nos podemos mirar como sociedad para concluir que no hemos cambiado mucho.

La corrupción público-privada sigue siendo el principal problema que arrastramos como colectivo. Es ya una marca social indeleble que va camino a consolidarse como una tara civilizatoria.

La crisis de las EPS en el país en gran medida se produjo por los manejos discrecionales y dolosos que muchas de estas entidades hicieron con los millonarios recursos girados por el Estado para que prestaran un servicio de salud de calidad. Desviaron recursos, invirtieron en negocios inmobiliarios y construyeron sus propias clínicas para consolidar el negocio, prestando deficientes servicios de salud.

Se dedicaron varios de los gerentes de las EPS intervenidas e investigadas a hacer piruetas financieras como lo hizo en su momento Betty para salvar a Ecomoda. Mientras que don Armando, el flamante presidente de la empresa de moda les bajaba la calidad a las telas y compraba de contrabando otros insumos, en nuestra realidad, gerentes de las EPS, con la anuencia de sus Juntas Directivas, negaban procedimientos clínicos, medicamentos o aplazaban cirugías, convirtiendo el acceso a los servicios de salud en un verdadero infierno para sus afiliados. Las maniobras financieras que encontró la Superintendencia de Salud en el caso reciente de Coosalud hacen pensar en que el “espíritu” de Betty, la gran economista, se les coló y los miembros de su Junta Directiva, según la propia Supersalud, sabían que estaban poseídos por ese “malévolo” hálito.

El emblemático caso de corrupción de Saludcoop y las recurrentes prácticas dolosas que lograron hacer por más de 30 años les hizo pensar que jamás llegaría un gobierno a ponerle coto a semejantes irregularidades. Por tres décadas asumieron que los ministros  y superintendentes de salud siempre serían las “Patricias Fernández”, esto es, figuras decorativas y poco formadas e incapaces de reconocer entuertos financieros.  Y ahora que llegó el gobierno de Petro a poner orden, pero sobre todo a sacudirles sus libros contables, tanto los defensores de oficio del modelo de salud, entre ellos exministros del ramo, como los actuales gerentes de las EPS, se siguen haciendo los “Hugo Lombardis” con los recursos desviados y hurtados.

Betty La Fea seguirá siendo el arquetipo de la novela colombiana por haber representado de manera genuina eso de ser colombiano. La trampa, el machismo y la instrumentalización sexual de las mujeres, los hombres puteros, las mujeres sumisas, el maltrato laboral y la corrupción representados en la exitosa novela nunca se parecieron tanto a la realidad. Por ello, Betty La Fea y lo acaecido en Ecomoda seguirán metidas en los corazones de los televidentes, y en las dinámicas financieras de muchas empresas. Y cuando los jueces y otras autoridades, requieran a gerentes, presidentes y miembros de juntas directivas para dar explicaciones, seguirán haciéndose “los no heterosexuales”, es decir, los “maricas”.

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GRUPOS DE PODER Y SILENCIOS FRENTE A LA CORRUPCIÓN

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Hay consenso académico, social y político alrededor de dos realidades que suelen estar conectadas: la primera, que en Colombia hay una élite oligárquica y que el principal problema que arrastra la nación es la corrupción público-privada.

De acuerdo con Pearce y Velasco (2022), “la élite oligárquica aparece conformada por 46 personas que disponen de la mayoría accionaria o la propiedad de los principales conglomerados o grupos financieros: Grupo Aval, Grupo Empresarial Antiqueño (Sura, Nutresa, Argos y Bancolombia), Grupo Bolívar, Grupo Empresarial Olímpica, Grupo Santo Domingo, Grupo Mercantil Colpatria, Grupo Gilinski y Organización Ardila Lülle. Estas personas inciden en la opinión pública a través de la adquisición de medios de comunicación de alcance nacional (El Tiempo, Semana, Caracol, RCN, etc.)”.

Los grupos de poder económico y político en Colombia suelen no cuestionar públicamente hechos de corrupción en los que estén involucrados miembros de familias políticas tradicionales o de aquellos que hacen parte de lo que se conoce como los “cacaos”, esto es, la élite oligárquica referida líneas atrás. Así entonces, “cubrirse las espaldas” es una práctica común que deja en claro que no les interesa erigirse como referentes de moralidad y eticidad en un sistema mundo capitalista que de manera natural deviene inmoral y éticamente acomodaticio.

Cuando se supo de la millonaria multa que debió pagar el Grupo Aval en los Estados Unidos por el caso de los sobornos pagados por Odebrecht, de otros clanes y familias “de bien” y mucho menos de los otros miembros de esa élite oligárquica se emitió un comunicado público cuestionando el ilegal comportamiento corporativo. Lo mismo pasó con la sanción de 20 millones de dólares que debió asumir el clan Gilinski recientemente en el Reino Unido porque su banco Metro Bank no hizo lo suficiente para evitar el lavado de activos. Expresidentes de la República y directores de partidos políticos guardaron sepulcral silencio porque siguen la misma huella conductual: tampoco están pensando en convertirse en faros morales en un mundo y un país como Colombia cuya sociedad desde hace más de 50 años arrastra visos de vivir en medio de una inocultable confusión moral y una laxa eticidad.

Entre tanto, el presidente de la República, Gustavo Petro, asumió una postura crítica frente al reconocimiento que hizo ante las autoridades americanas el Grupo Aval de los dolosos hechos de Odebrecht: “El hecho de que el principal grupo económico del país haya confesado ante la justicia extranjera estar incurso en la red de corrupción y sobornos a políticos y funcionarios del Estado colombiano, es causa suficiente para presentar una reforma a la justicia, que debe tener como prioridad su fortalecimiento e independencia, la cercanía a la ciudadanía y la lucha contra la corrupción”.

Con los hallazgos de corrupción en el sector salud que viene exponiendo públicamente la Superintendencia de Salud los miembros de esa élite oligárquica que no opera de manera cohesionada, también guardaron silencio. Lo mismo hicieron otros actores quizás menos poderosos desde la perspectiva económica, pero que suelen ser consultados por los medios corporativos. Hablo de exministros de Salud que defienden a dentelladas la ley 100 de 1993, el sistema de aseguramiento en salud y la operación dolosa de aquellas EPS que la misma Supersalud ha cuestionado, investigado e intervenido.

El ensordecedor silencio del profesor uribista Alejandro Gaviria, exministro de educación de Petro y exministro de Salud durante los 8 años del gobierno de Juan Manuel Santos ante las sospechosas maniobras financieras de la EPS Coosalud, hace pensar que agentes académicos y políticos como Gaviria operan como “pararrayos” al servicio de esa élite oligárquica de la que saldrían recursos económicos para financiar su posible candidatura presidencial para el 2026. De acuerdo con lo expresado por el presidente Gustavo Petro, la Junta Directiva de la que hacen parte hermanos de los expresidentes Juan Manuel Santos y Andrés Pastrana validó los movimientos financieros que la Supersalud está cuestionando.

Gaviria, por haber sido ministro los 8 años de Santos, no podría salir a los medios a cuestionar a los miembros de esa Junta Directiva por tres razones fundamentales: por simpatías ideológicas, por agradecimiento con la familia Santos y porque él, junto a otros tantos actores políticos al unísono están obligados a defender el sistema de salud y las prácticas de las EPS privadas que optaron por hacer negocios con los dineros públicos girados por el Estado, antes de asumir como prioridad atender con eficiencia, eficacia y calidad las necesidades de sus afiliados (pacientes).

Por todo lo anterior, no hay manera de que en Colombia supere el ethos mafioso en el que se soportan los hechos de corrupción público-privada. Toda lucha que se proponga en esa dirección fracasará porque tanto la élite oligárquica, como los políticos están en función de enriquecerse y concentrar poder económico y político. No hay nada qué hacer.

alejandro gaviria defiende las EPS - Búsqueda Imágenes

PETRO, COOSALUD Y LOS MEDIOS HEGEMÓNICOS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Desde el 7 de agosto de 2022, las relaciones entre el presidente Petro y los grandes medios de comunicación no son buenas porque de manera temprana el país supo de la cofradía que armaron las más grandes empresas mediáticas con el propósito de hacerle oposición política al gobierno.

Llevamos dos años de una relación hostil que compromete la ética periodística y la resistencia de un presidente diariamente atacado con noticias falsas, tergiversaciones, medias verdades y tratamientos noticiosos cargados de mala leche. Desde su cuenta de X, Petro contraataca a los periodistas que, de acuerdo con el presidente, mienten o hacen lecturas amañadas de los hechos.

A esa tensa relación se suma otro hecho que sin duda alguna aumentará la crispación ideológica y política alimentada en gran medida desde los medios hegemónicos, que vienen actuando como incisivos actores políticos. Ese hecho tiene que ver con la EPS Coosalud.

Frente a los graves hallazgos de corrupción que recién acaba de informarle al país la Superintendencia de Salud en la EPS Coosalud hay que señalar que el silencio mediático es aturdidor. Los medios hegemónicos que le vienen haciendo oposición política al actual gobierno se abstuvieron de cubrir los graves hechos a pesar de que estos ofrecían todos los ingredientes para ser convertidos en noticia. He aquí los más importantes y visibles: se embolataron 221.000 millones del erario, la denuncia la hizo la Supersalud y el presidente de la República en su cuenta de X informó que en la junta directiva de Coosalud tenían asientos familiares de los expresidentes Pastrana y Santos. Esas tres circunstancias son suficientes para que todas las empresas se volcaran a informar sobre semejante situación.

El caso de Coosalud, como mínimo, debió cubrirse de la misma manera como las empresas mediáticas abordaron los hechos de corrupción en los que estuvo involucrado y está siendo procesado Nicolás Petro, hijo del presidente de la República.

Los grandes medios de información esperaron más de 24 horas a que los miembros de esa junta directiva que fueron expuestos por el jefe del Estado emitieran un comunicado exigiéndole que se retractara de “esos injuriosos y calumniosos señalamientos”. La respuesta de Petro no se hizo esperar. Dijo que no se retractaría y que buscaría que la justicia reconozca al Estado como víctima en ese entramado de corrupción denunciado por la Supersalud. Aun así, dos días después de lo expuesto por el superintendente de Salud, Noticias Caracol, entre otros medios, guardan silencio.

El asunto es de tal relevancia política que el presidente Petro no dejó pasar el momento para develar la razón que explicaría la autocensura, los silencios o lo tímidos cubrimientos de un hecho noticioso que sí o sí debe cubrirse periodísticamente. En un mensaje desde su cuenta de X, Petro les dijo: “entiendo los lazos de los dueños de medios comunicación con los representantes políticos de esa oligarquía. Pero no es calumniando el gobierno como deben esconder este tipo de negociados”.

El reclamo de Petro a la prensa continúa en estos términos: “Ahora entiendo el porqué de tanto silencio ante la pérdida de 221.000 millones de pesos del erario, cuando sí hacen el mayor de los estruendos cuando se trata de un funcionario del gobierno, porque me pueden golpear.  A todos hay que perseguirlos, pero no silenciarse cuando se trata de la cleptocracia oligárquica del país. No señores de los grandes medios, incluido El Espectador, no fue ningún funcionario del actual gobierno quien se llevó los 221.000 millones de pesos que mi gobierno giró a Coosalud EPS para atender a sus afiliados, fue el gerente de una empresa dirigida por sus socios de club y con quienes, ustedes toman whisky”.

Lo que hace Petro en este mensaje es develar una recurrente práctica periodística en Colombia: cuando se trata de hijos de la oligarquía bogotana o de poderosos clanes políticos regionales se suele guardar prudencia y silencio a la hora de informar sobre crímenes, actos de corrupción o denuncias de otra índole. Ante todo, hay que conservar las “buenas relaciones” y salvaguardar el nombre de la “gente de bien”.

He dicho en varias columnas que los criterios con los que los medios tradicionales aplican a los hechos que convierten en noticia no son universales como se suele enseñar en las escuelas de periodismo. Que no sean universales significa que cada empresa mediática de acuerdo con los intereses políticos y económicos de sus propietarios e incluso de sus editores, decide ocultar información sensible, minimizar su impacto o simplemente abstenerse de cubrir esos hechos que por su misma naturaleza deberían de ser expuestos públicamente. Los tímidos y nulos tratamientos a los hechos que rodean a Coosalud constituyen una prueba más de que la universalidad de los criterios de noticiabilidad es una de las más grandes mentiras que se enseñan en las escuelas de periodismo.

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CORRUPCIÓN EN LA UNGRD Y EL SUEÑO DE LA PRENSA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El caso de corrupción en la UNGRD (Unidad de Gestión del Riesgo) es ya una mancha con la que deberá lidiar el progresismo y la izquierda en las elecciones de 2026. Mientras llega ese momento, la prensa hegemónica le está apostando, a través del periodismo de declaraciones y filtraciones de apartes de piezas procesales, convertir los hechos punibles que involucran a congresistas, exfuncionarios de esa entidad, altos consejeros del gobierno y ministros, en una especie de “nuevo” proceso 8.000 que permita invalidar ética y políticamente al presidente Gustavo Petro.

El cubrimiento periodístico que vienen haciendo las empresas mediáticas está en función de presionar a los involucrados en los actos de corrupción para que se atrevan a decir que “el presidente Petro sí sabía”. Recientemente el periodista Juan Diego Alvira, de la W sin carreta, intentó llevar a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, a que dijera lo que él supone que sucedió. Es decir, Alvira ya prejuzgó y solo quería que Ortiz validara su hipótesis. Esto dijo el periodista: “¿nunca hubo una directriz (del presidente) en ese sentido, es decir, hay que comprar votos?”. La respuesta de la exfuncionaria y militante de la Alianza Verde fue contundente: “jamás el presidente haría eso, es un hombre correcto, honesto”.

Es decir, Alvira y otros colegas buscan reeditar lo sucedido con Fernando Botero, ministro de Defensa en el gobierno de Ernesto Samper Pizano, quien en una entrevista en televisión y en horario estelar confesó que el entonces presidente sí sabía de la entrada de los dineros del cartel de Cali a la campaña presidencial.

Hace unas horas, Noticias Caracol publicó apartes de las declaraciones que dio María Alejandra Benavides, exasesora y mano derecha del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, entrañable amigo del presidente Petro. En la misma nota se alude al exministro Luis Fernando Velasco.

De acuerdo con la versión filtrada, el ministro de Hacienda siempre estuvo al tanto de la entrega de millonarios contratos a congresistas y de los 3.000 millones de pesos que, de acuerdo con lo publicado por la prensa, recibieron Iván Name y Andrés Calle, presidente del Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente.  La finalidad del gobierno era que Name y Calle, entre otros congresistas apoyaran las reformas presentadas por el gobierno al legislativo para que fueran debatidas y aprobadas.

El cubrimiento periodístico del caso de corrupción al interior de la UNGRD (o Unidad de Gestión del Riesgo) tiene parecidos con las maneras con las que los medios masivos cubrieron el proceso 8.000. El manual es el mismo: filtrar a cuentagotas declaraciones a la Fiscalía, buscar entrevistas en horario prime time con los exfuncionarios o funcionarios más cercanos al presidente de la República como Ricardo Bonilla y conectar los hechos punibles con la Casa de Nariño, para que las audiencias se pregunten cómo es posible que el presidente Petro no se diera cuenta de lo que estaban haciendo sus ministros con los recursos de la Unidad de Gestión del Riesgo.

Ya veremos en qué queda este espinoso caso de corrupción que sin duda alguna afectó y afecta aún la legitimidad del gobierno del cambio. Lo que sí es claro es que los periodistas y políticos de la derecha están cruzando los dedos y quizás estén soñando despiertos con ese momento en el que, al caer Bonilla y Velasco en manos de la justicia, uno de los dos o los dos, haga lo que hizo en su momento Fernando Botero: reconocer al aire que presidente sí sabía.

 

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NEPOTISMO EN EL GOBIERNO PETRO: ¿Y EL CAMBIO?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Hay consenso académico, político y social en torno a que la corrupción público-privada es el mayor problema de Colombia en la medida en que se afectan las finanzas públicas y la eficacia del Estado al momento de responder a las demandas sentidas de las comunidades que bajo su autoridad y tutela esperan que aquellas sean asumidas por las entidades estatales bajo condiciones de eficacia, eficiencia y efectividad.  “La corrupción es uno de los principales obstáculos al desarrollo socioeconómico, la consolidación de un Estado eficaz y eficiente y el fortalecimiento de la democracia en Colombia” (Theodore Kahn y Víctor Saavedra, Fedesarrollo).

La corrupción resulta ser tan determinante en el país, que su permanencia en el tiempo y su naturalización se asume como parte del objetivo final de todo gobierno de alcanzar niveles aceptables de gobernabilidad, lo que supone la activación del clientelismo y el nepotismo como formas aceptadas de distribución del poder.

De allí que ofrecer combatir las prácticas corruptas y proscribir el ethos mafioso que las facilita suele servir a los propósitos electorales de los candidatos a cargos de elección popular que ofrecen erradicarlas de tajo. No hay candidato a la presidencia que en la historia del país no haya ofrecido enfrentarla y acabarla o por lo menos “reducirla a sus justas proporciones” como lo propuso el entonces presidente de la República, Julio César Turbay Ayala.

Es tal la fuerza de la corrupción público-privada en el país, que el referendo de 2018 con el que se intentó proponer cambios institucionales y operacionales conducentes a ponerle coto a las prácticas corruptas fracasó. La dificultad para acabar con la corrupción radica en que el ethos mafioso que genera las conductas dolosas o por lo menos éticamente comprometedoras en los sectores público y privado está validado política, cultural, social y económicamente. Bajo esas circunstancias, pretender eliminarla es un imposible cultural. De ahí que insistir en que es posible proscribirla constituye una gran mentira.

Con la bandera del cambio y la lucha frontal contra la corrupción, el entonces candidato Gustavo Petro logró cautivar a millones de colombianos que creyeron a pie juntillas en que era posible cambiar las maneras en las que se viene haciendo la política en el país, asociada esta a los poderes de facto ejercidos por contratistas y otros mecenas que suelen aportar millonarias sumas de dinero a las campañas a cambio de contratos multimillonarios con los que no solo recuperan la inversión electoral, sino que logran aumentar sustancialmente sus riquezas. A ese factor político y económico se suma que hacerse con la presidencia en Colombia constituye un triunfo electoral que le abre las puertas al nepotismo en la medida en que la torta burocrática queda bajo el dominio del partido vencedor o de las otras colectividades que conforman la coalición de gobierno.

El diario El Espectador reveló que ministros de la actual administración tienen a familiares trabajando en varias dependencias. Esto se lee en la referida nota del diario bogotano: “Una docena de ministros, directores de departamentos administrativos y otros altos funcionarios nombrados por el presidente Petro tienen a sus familiares contratados en diferentes entidades del poder público. Aunque muchos cumplen con los requisitos para desempeñar las funciones, la oposición y otros sectores hablan de una práctica cuestionable que el propio Petro y sus más cercanos rechazaron antes de llegar a la Presidencia”. En el texto noticioso se hace claridad en torno a nombramientos que vienen desde antes del 7 de agosto de 2022.

Lo informado por el diario El Espectador tiene dos efectos: de un lado, expone al gobierno Petro a las críticas de sus detractores y del otro, le da a la oposición, incluidas las empresas mediáticas que pactaron deslegitimarlo, elementos fácticos que en el 2026 serán usados para atacar al candidato o candidata encargada de recoger y defender las banderas del progresismo, incluida la ya manida lucha contra la corrupción.  Eso sí, hay que decir que el nepotismo es una práctica común en todos los gobiernos de derecha.

Nadie niega que este gobierno viene logrando cambios en el sector rural a través de una reforma agraria que otras administraciones evitaron hacer porque sus intereses estaban anclados a los negocios de los grandes terratenientes y ganaderos que les patrocinaron sus campañas. Hablo en particular de los gobiernos de Uribe, Santos y Duque.

La contratación de las vías terciarias con las JAC hace parte de esos cambios en las maneras en las que el Estado coadyuva a garantizarle a los campesinos que puedan sacar sus productos a las cabeceras municipales. Y hay otros asuntos en los que este gobierno viene haciendo la diferencia. Pero esas prácticas nepotistas terminan por ensuciar un proyecto político progresista que ante todo debería haberse diferenciado ética y moralmente de los propósitos de la derecha, sector de poder político responsable de haber naturalizado todas las formas de corrupción público-privada en el país.

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CON GREGORIO ELJACH, PETRO ENTRÓ EN EL JUEGO POLITIQUERO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Con la designación de Gregorio Eljach como ternado del Gobierno para el clientelizado y turbio proceso de elección del nuevo procurador general de la Nación, el presidente Petro entra en el juego politiquero del que ya participaron el Consejo de Estado (CE), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el ex vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras. Hay que recordar que este último logró que las dos altas cortes eligieran a sus amigos Luis Felipe Henao y Germán Varón Cotrino como candidatos a remplazar a la inefable procuradora Margarita Cabello Blanco.

Así las cosas, en el Senado veremos una lucha político-clientelista entre Vargas Lleras y el presidente de la República. Eljach, inveterado secretario del Senado, representaría los intereses del gobierno y de los sectores políticos contrarios a Cambio Radical, partido de Vargas Lleras.

No parece probable que Eljach, viejo amigo de congresistas, termine elegido por el Senado como el nuevo procurador general de la Nación en la medida en que esa corporación el gobierno Petro no tiene las mayorías y porque la postulación del exsecretario del Senado se asume como una jugada política del jefe del Estado en su afán de evitar que la jefatura del Ministerio Público pase de las manos de los CHAR, a las de Vargas Lleras.

Ya completada la terna, se confirma que el poder de la política tradicional se impuso sobre los alcances tecnocráticos de la convocatoria que abrió el propio gobierno para aspirantes no políticos presentaran sus hojas de vida. ¿Le tocó a Petro entrar en el juego enrarecido que siempre está detrás de la elección del Procurador o se trata de una decisión personal? Recordemos que siendo Senador, Petro votó por el ladino Alejandro Ordóñez Maldonado, el mismo que lo sacó de la alcaldía de Bogotá.

Cualquiera que sea el elegido, Henao, Varón o Eljach, estará obligado a mantener los altos niveles de clientelización bajo los cuales viene operando la Procuraduría, convertida de tiempo atrás en un nido clientelar desde donde se pagan favores político-electorales. Ninguno podrá actuar con total independencia. Sus decisiones siempre las deberá consultar con sus jefes políticos, lo que viciará los procesos disciplinarios que decidan abrir. 

Imagen tomada de El País. 

LA PROCURADURÍA PASARÍA A MANOS DE GERMÁN VARGAS LLERAS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Está por terminar el dañino periodo de la actual procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, conocida como la CHARina del Ministerio Público por ser ficha sumisa del clan Char. Durante cuatro años la señora Cabello defendió los intereses de sus patrones, así como los del uribismo e incluso, los del ladino Germán Vargas Lleras, dueño de Cambio Radical, microempresa electoral reconocida porque varios de sus miembros han sido procesados y condenados por actos de corrupción. 

La elección de su sucesor obedece y da cuenta del perverso diseño constitucional que hace posible que para este caso metan las manos los magistrados del Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. De la elección de la terna que finalmente llegará al Senado para que esta corporación elija al sucesor de Cabello Blanco participa el presidente de la República, quien deberá en pocos días exponer su candidato. Ya el jefe del Estado sabe que por dos años más el Ministerio Público estará en manos de los sectores de poder que le hacen oposición.

Se da por descontado que el Senado escogerá a una de las dos fichas que Germán Vargas Lleras logró poner en las dos cortes. Se trata de los políticos Luis Felipe Henao y Germán Varón Cotrino amigos íntimos del exvicepresidente de Santos. Vargas Lleras gana con cara o con sello. Más claro: el control presupuestal y clientelar de la Procuraduría General de la Nación pasa del control efectivo del clan Char, a las manos también clientelistas de Germán Vargas Lleras, eterno candidato presidencial y vetusto delfín, hijo de la rancia y parásita oligarquía bogotana.

Hechos políticos vergonzantes como el señalado líneas atrás constituyen una burla y una afrenta a los procesos selectivos que, fundados en la meritocracia, hacen pensar en que es posible que a esos cargos lleguen los mejores formados académicamente y no figuritas políticas cuyo único mérito es ser amigos de un político como Vargas Lleras.

La derecha suele rasgarse las vestiduras exigiendo respeto por las instituciones y la institucionalidad derivada. De qué institucionalidad hablan si esta es el resultado de mangualas y matutes clientelistas de los que participan togados y partidos políticos, convertidos estos últimos en bolsas de empleo y contratación pública con los que se pagan favores y apoyos políticos recibidos en las campañas.

Llama la atención los estruendosos silencios de la clase empresarial y de la academia frente a este tipo de elecciones a todas luces contaminadas de intereses politiqueros. Esa realidad institucional hace pensar en que naturalizamos en Colombia el clientelismo y por esa vía, el ethos mafioso que rodea el ejercicio de la política.

La elección amañada del jefe del Ministerio Público constituye una forma de violencia institucional, social y política contra aquellos candidatos que, con méritos académicos suficientes, presentaron sus hojas de vida, con publicaciones y un ejercicio profesional sin tacha. Insisto en que este proceso de elección del remplazo de la inefable Cabello Blanco da asco. Si al final Vargas Lleras logra poner a uno de sus dos muñecos en la Procuraduría, podemos confirmar que se volverá a la lanzar en el 2026, para ver si logra cumplir su sueño de llegar a la Casa de Nariño. Y es así porque podrá usar la estructura del ente de control para devolver favores a quienes decidan acompañarlo en su nueva aventura por conquistar la presidencia de la República.

Adenda: Germán Varón Cotrino dice que “no tiene relaciones con Vargas Lleras”. Miente. De esa manera, Varón Cotrino se burla del país. El entonces presidente Álvaro Uribe lo llamó “manzanillo de cuello perfumado”. En el 2009, La Silla Vacía escribió esto: “Ayer a las siete de la noche se reunieron en Casa de Nariño el presidente Álvaro Uribe y el congresista con más opción de enredar el referendo: Germán Varón Cotrino, presidente de la Cámara y mano derecha de Vargas Lleras”.

vargas lleras y varón cotrino - Búsqueda Imágenes (bing.com)

ESTOS SON LOS QUE SE LLEVARON LA PLATA

 

Por Germán Ayala Osorio

Mientras transcurren los Olímpicos de París, en Colombia, uno de los países más corruptos del planeta, la conquista de medallas por parte de los atletas colombianos sirve de pretexto para "mamar gallo" con memes que se vuelven virales en las redes sociales. En la acción humorística aparecen fotografías de políticos corruptos, con frases alusivas a las medallas ganadas por los deportistas nacionales: "Estos son los que se llevaron la plata, o estos fueron los que se quedaron con la plata". 

Al tratarse de memes, dichos actos de habla propios del humor activan de inmediato los dobleces propios del lenguaje, así como procesos como los de la "doble articulación" y los de la "interpretación" del mensaje por parte de quienes estén en la capacidad comunicativa de develar su sentido. Si no hay la suficiente capacidad interpretativa e incluso la madurez cognitiva, ese tipo de memes no podrán interpretarse de manera adecuada, lo que supone entonces que la comunicación falló. 

"Llevarse" o "quedarse" son dos verbos que, dentro del contexto de los juegos orbitales, hacen referencia a  acciones legítimas y legales que no permiten mayor discusión, pues vienen investidas de una incuestionable eticidad, salvo  que dentro de las instancias mismas de la organización de los Olímpicos se dé algún tipo de reclamación por parte de una delegación deportiva. 

En el lenguaje deportivo es común hablar de que los deportistas se "quedaron" con la medalla, se "alzaron" o se "llevaron" una o varias de las preseas en disputa. Como está legitimado ese uso cotidiano de los dos verbos, a los humoristas furtivos de las redes sociales se les facilita la tarea gracias al naturalizado ethos mafioso que permite que la sociedad asocie a los políticos con corrupción y mafias. Si Colombia no tuviera los escandalosos indicadores de corrupción público-privada, "hacerse, "alzarse" o quedarse" serían acciones verbales solo aplicables al deporte y por lo tanto, improcedentes para hacer memes. 

Y la plata, en un doble sentido, busca que el receptor entienda que se trata de  las medallas que bajo ese valor se entregan a los deportistas que ocuparon el segundo lugar; y el mismo agente de la acción comunicativa puede entender que se hace referencia al dinero que normal y tradicionalmente se roban congresistas, alcaldes, gobernadores, contratistas y presidentes de la República. 

Mientras que los atletas que compiten en las olimpiadas de París 2024 dedican años de esfuerzos y para el caso colombiano, deben superar toda suerte de obstáculos y limitaciones como las que imponen la pobreza, el biotipo y la falta de apoyo técnico, entre otros, los políticos corruptos solo tienen que hacer una llamada, apoyar a un gobierno  o adherir a un partido político para hacerse con recursos del erario, que terminan casi siempre en sus bolsillos o en los de los contratistas que financiaron sus campañas. 

Eso sí, no podemos olvidar que tanto deportistas de alto rendimiento como cientos de políticos comparten un mismo origen de clase atado a la pobreza y a la falta de oportunidades. Mientras que a los primeros hay que reconocerles que optaron por el camino del deporte para superar esa determinante  condición, los operadores políticos normalmente se inclinan por jugar al límite del código penal, pues el sistema político se los permite por cuanto desviar recursos, comprar congresistas, o dejarse comprar; pagar deudas adquiridas con contratistas y caciques políticos, o hacer populismo con los recursos de la nación está más que legitimado, pues en todos los gobiernos siempre se presentarán casos de corrupción.

Claro que hay otros políticos que son hijos de familias adineradas que muy seguramente en el pasado se "alzaron" o se "hicieron" con billones de pesos o con la riqueza de la nación. Los políticos que nacieron en la pobreza les sirven a los más destacados miembros de esa clase política. Son sus mandaderos. 

Cada cuatro años Colombia vivirá la fiesta de los Olímpicos y la conquista de medallas de oro, plata o bronce. Y bajo el mismo periodo, el mismo país sabrá por las noticias que políticos inescrupulosos se "quedaron" o se "alzaron" con billones de pesos. Por ejemplo, el robo continuado de los recursos de la salud por parte de las EPS, administradas por políticos a través de la creación de por lo menos 100 IPS fantasmas. 

Lo curioso de todo es que hay millones de ciudadanos que le exigen triunfos y medallas a los deportistas, mientras que a los políticos les hacen la venia, se toman fotos con ellos, los aplauden, votan por ellos y los reeligen. 

Imagen tomada de Youtube.com

REVOLUCIÓN CULTURAL

 

Por Germán Ayala Osorio

La ya probada corrupción al interior de la UNGRD de poco o nada servirá para proscribir las prácticas corruptas como es el deseo de millones de colombianos. Una vez pase este gobierno, en el próximo lo más seguro que harán los nuevos y sempiternos contratistas, congresistas, alcaldes, gobernadores y miembros del gabinete es afinar los mecanismos y los acuerdos para continuar desangrando el erario. No hay manera de acabar con la corrupción. 

Contrario a lo que se piensa, lo que la opinión pública llama corrupción, en el lenguaje de los políticos profesionales y los contratistas se llaman negocios, derivados y sostenidos en las inversiones que hacen empresarios y contratistas al momento de financiar las millonarias campañas presidenciales, de alcaldes, gobernadores, diputados y congresistas. Los costos de todas esas campañas son millonarios, lo que de manera formal e institucional naturaliza la corrupción. ¿Por qué ha de costar tanto una campaña para hacerse a una curul en el Congreso? Jamás escuché a las empresas que aportan a dichas campañas, hacerse esa pregunta. Ese es el origen de la corrupción. 

Así las cosas, mientras a los grandes conglomerados económicos que financian dichas campañas les sea más rentable hacer esos aportes que generar riqueza a través de la innovación, el patrocinio de nuevos talentos y la industrialización, no habrá forma de dejar atrás la corrupción. El ethos mafioso que guía la vida privada y pública de todos los actores aquí señalados es tan fuerte que para proscribir la corrupción en Colombia se necesitaría de una revolución cultural que hasta el momento nadie parece estar dispuesto a liderar.  

El presidente Petro puede aún liderar ese proyecto revolucionario. Pero para ello debe primero morigerar un tanto su apuesta populista y su enfrentamiento con el vetusto establecimiento colombiano, para dejar sembradas las bases de esa revolución cultural que necesita la sociedad colombiana. El liderazgo internacional que sin duda ha ganado Gustavo Petro debe servirle para invitar a líderes mundiales para que vengan a conversar con la comisión de sabios del país y pensar los términos, alcances y las condiciones que se requieren para lograr esa urgente revolución cultural en una sociedad como la colombiana que deviene confundida moral y éticamente. 

Le cabe razón a EL ESPECTADOR cuando en su editorial dice que "estamos frente a una resignación cultural con el delito, a una incapacidad de exigir decencia en nuestros servidores públicos. Es la misma lógica que, en las ciudades, justifica a alcaldes que “roban pero hacen obras”. Si no hay líneas claras que no se cruzan, si se instala el cinismo como moneda de cambio política, no habrá escándalo ni cruzada anticorrupción que valga. Confiamos en que las escandalosas revelaciones del uso de recursos tan vitales para el enriquecimiento ilegal de unos mercenarios del poder nos hagan despertar para dejar de tolerar tamaña infamia". 

Recogeré varias de las ideas contenidas y subrayadas en ese aparte del editorial del diario bogotano. Claro que hay una resignación cultural con el delito. Desde los desfalcos en la construcción de la represa de El Guavio, pasando por el caso de Granahorrar, los colombianos estamos resignados. Luego vinieron otros casos que no puedo listar acá por falta de espacio. Baste con recordar el cartel de la Toga, el carrusel de la contratación en Bogotá, el caso de las "marionetas", los carro tanques de La Guajira, la plata del Ocad-paz, lo sucedido con la obra de "caregato" en la Mojana, los 70 mil millones del Mintic y ahora el desfalco en la UNGRD son pruebas suficientes de la putrefacción que se vive al interior del Estado, alimentada desde instancias privadas que siempre se vendieron como pulcras y probas. 

Los sistemas político, legislativo y judicial están permeados por ese ethos mafioso. Los jueces se venden porque hay particulares con el suficiente músculo financiero para comprar fallos. Los congresistas están obligados a devolver a sus mecenas los millones que costaron sus campañas. Y lo hacen, legislando a su favor, bien oponiéndose a normas que los afectarán o llevando proyectos de ley diseñados en escritorios de gerentes y presidentes de compañía ¿Por qué se oponen, unos y otros a que el Estado financie todas las campañas? 

Jamás vi a agentes de poder económico de la sociedad civil salir a condenar la corrupción y mucho menos a proponer un cambio cultural que nos lleve como sociedad a estadios civilizatorios que nos permitan superar la tara civilizatoria que exhibieron ocho mil colombianos en la final de la Copa América, el mismo presidente de la FCF y vice presidente de la Conmebol, Ramón Jesurún; o la reciente reacción violenta del ex vice presidente de la República, Francisco Santos contra un exmilitar, cargada de clasismo y supremacía étnico social. Los hechos de corrupción que reconoció ante autoridades americanas la poderosa familia Sarmiento Angulo debería ser el punto de partida para empezar a hablar y diseñar un proyecto de revolución cultural que no solo proscriba el ethos mafioso y su expresión la corrupción público-privada, sino que sirva para superar la tara civilizatoria de la que vengo hablando en este blog. 

El acuerdo nacional del que volvió a hablar Petro durante la instalación del nuevo periodo legislativo no significa nada si no empezamos a hablar de revolución cultural. Lo más probable  es que sigamos en las mismas. De esa manera daremos respuesta a la pregunta que sirvió de título  al reciente editorial de EL ESPECTADOR: ¿Qué tal si con el escándalo en la Ungrd dejamos de normalizar la corrupción? 


EL ESTABLECIMIENTO DEBE AUTO DEPURARSE

 

El Establecimiento colombiano está en mora de auto depurarse, si quieren sus más visibles miembros recuperar la Casa de Nari en el 2026.  Más allá de si el gobierno de Petro saca adelante las reformas sociales propuestas en la campaña electoral, se viene consolidando una narrativa que expone a la derecha como responsable de la incontenible corrupción público-privada, resultado de la previa captura mafiosa del Estado. 

Les va a quedar muy difícil anular los impactos psico sociales y culturales que ya deja en la conciencia colectiva esa narrativa que Petro y sus más fieles escuderos construyeron para legitimarse y develar la historia de un país cuyas autoridades civiles, militares, académicas y eclesiásticas vienen operando de la mano de un naturalizado ethos mafioso. 

Quizás vaya a resultar exagerada la promesa del cambio que enarboló el petrismo en la medida en que modificar lo que ha estado mal durante más de 30 años es un imposible institucional, pero sobre todo, cultural. Lo que no se puede ocultar es que hay una toma de conciencia en una parte importante de los colombianos alrededor de que la pobreza, la inequidad, la corrupción, la informalidad, la inseguridad en las calles y la violencia política es fruto de una derecha mezquina y corrupta que al capturar el Estado, dispuso de todas sus instituciones e instancias del poder para convertir al país en una finca al servicio de unos pocos. 

En el 2022 perdieron la Casa de Gobierno, pero conservaron instituciones públicas gracias a las redes clientelares que han venido tejiendo de tiempo atrás, lo que les permitió a sus agentes políticos y congresistas, manejar el erario a su antojo ante la ceguera de los organismos de control que han actuado sigilosamente para asegurar la vigencia de los clanes políticos tradicionales que suelen defender sus propios miembros, sus abyectos congresistas, con el concurso de la gran prensa bogotana. 

Tienen aún en su poder a la Procuraduría, sectores de la Fiscalía y lo más probable es que tengan  algunas fichas claves en las tres altas Cortes, en particular en la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Cuentan, además, con las empresas mediáticas que apunta de tergiversaciones y mentiras le hacen creer a la opinión pública que consume sus noticias que antes del triunfo de Petro, vivíamos en un paraíso, algo así como la "Suiza de América Latina"; y, por supuesto, cuentan con el poder económico de los mecenas que por largos años financiaron las campañas al Congreso de los alfiles que legislaron en contra de los derechos colectivos y en beneficio de particulares que se fueron quedando con las empresas del Estado. 

La Fiscalía de Luz Adriana Camargo Garzón está en mora de retomar los procesos que acumulan polvo, en los que están involucrados poderosos agentes sociales, económicos y políticos inmersos en actos de corrupción y en crímenes asociados al fenómeno paramilitar. La condena a la multinacional Chiquita Brands por parte de la justicia americana debería servir de impulso para que la Fiscalía tome la iniciativa de acelerar todos los procesos relacionados con esos hechos que reposan en sus propias manos, así como los que están en los modelos de justicia transicional Justicia y Paz y JEP. Lo mismo debería de suceder con el caso de Odebrecht, en el que están involucrados poderosos agentes sociales, económicos y políticos. 

Está claro que el actual gobierno no acudirá a la ONU para conformar la comisión internacional que investigue los casos más emblemáticos de corrupción público-privada acaecidos en el país en los últimos años. El Establecimiento estaría dispuesto a sacarlo del poder, si de verdad está empeñado el presidente de la República en cumplir con lo que prometió en campaña. Colombia no es Guatemala, aunque le urge vivir la experiencia que en su momento lideró el hoy ministro de Defensa, Iván Velásquez. 

Quizás para las elecciones de 2026 resulte valioso y de gran impacto electoral que una fuerza política agite la bandera de la revolución cultural soportada en la urgente necesidad de depurar la operación del Estado, la reconstrucción de una idea distinta de la que hasta al momento tenemos los colombianos de lo que son las instituciones públicas, muchas de estas puestas al servicio de los más privilegiados; una revolución cultural que de la mano de la industrialización del país y de unas relaciones distintas con los ecosistemas naturales, tracen los caminos que lleven a la sociedad a alcanzar la esquiva modernidad.

Plantear nuevamente la lucha contra la corrupción como bandera electoral será un error. Es una lástima que no haya un Centro político en el país capaz de confrontar al Establecimiento y que esté interesado en dar continuidad a las políticas sociales que dejará este gobierno progresista, al igual que los procesos que dejará caminando en torno a potenciar el campo y el tren como instrumento de un desarrollo sostenible que aún es tarea pendiente. 

Si ese Centro aparece y se consolida, deberá hacerlo sobre la base de que el Establecimiento debe auto depurarse si de verdad quieren sus fichas más visibles, recuperar la Casa de Nari.

Imagen tomada de Valora Analitik

CONDENADO RODOLFO HERNÁNDEZ: ¿URIBISTAS, ALGO QUÉ DECIR?

 

Por Germán Ayala Osorio

A los políticos se les suele exigir coherencia entre lo que piensan y lo que hacen y a que asuman las responsabilidades políticas cuando haya lugar a ello. Pues bien, ahora que se conoció la sentencia de 64 meses de prisión contra Rodolfo Hernández Suárez, excandidato presidencial de la derecha uribizada en el 2022, en la red social X se les está exigiendo a la congresista María Fernanda Cabal, al exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez; a la ciudadana colombo-francesa, Ingrid Betancur, a los hermanos Galán y al propio expresidente Álvaro Uribe Vélez, entre otros más, que digan algo frente al hecho judicial que confronta la coherencia de estos políticos que apoyaron y votaron por Hernández, convencidos de que una vez en la presidencia, daría las directrices para luchar contra la corrupción público-privada. 

La misma exigencia se extiende a los más de 10 millones de colombianos que votaron por Hernández creyendo que iba a luchar contra la corrupción o porque los sedujo su lenguaje procaz, su ingenuidad, o quizás el ser un viejo putero; muchos votaron por Hernández porque en sus tik tok se mostraba como una candidato "fresco", cercano a los jóvenes y alejado de la capacidad oratoria y discursiva de su oponente, Gustavo Petro. Poco les importó a quienes votaron por Hernández Suárez su negativa de enfrentar al exalcalde de Bogotá en debates televisados, porque sabía que el ingeniero era y es un hombre poco leído. Mejor dicho, un viejo dicharachero y vulgar.  

Recordemos que el expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe lo llamó "incorruptible" y que la senadora Cabal elogió su compromiso de luchar contra el ethos mafioso que se naturalizó en el país desde el 2002. La misma defensa hizo Sergio Fajardo. Estos tres representantes de la ultraderecha deberían de responder cuáles fueron las reales razones que los llevó a votar por el octogenario candidato. 

Así entonces, la lectura del fallo condenatorio contra Rodolfo Hernández- ya el sentido se había dado a conocer el 14 de marzo- sirve de razón moral para exigirles coherencia, pero sobre todo, que asuman la responsabilidad política que les corresponde por haber apoyado al exalcalde de Bucaramanga sobre quien, al momento de ser candidato presidencial ya estaba ad portas de ser llamado a juicio por los hechos que  hoy, en primera instancia, un juez lo condenó a 5 años de prisión.

La sentencia proferida por el operador judicial no solo sirve para exponer la incoherencia política de sus reconocidos patrocinadores y amigos de campaña, sino la nula responsabilidad política, pues ninguno ha salido públicamente a explicar por qué apoyaron a Hernández a sabiendas de que tenía esa cuenta pendiente con la justicia, la misma que de haber sido elegido presidente de la República, se habría "congelado" en el tiempo, justamente por la dignidad presidencial. Como mínimo, se espera que lo llamen en señal de apoyo por las dificultades que representa el estar condenado a 64 meses de prisión (muy seguramente, por la enfermedad y la edad, el juez le dará la casa por cárcel) 

El fallo condenatorio también sirve para dejar claro que no era la lucha contra la corrupción que prometía Hernández de manera cínica y desvergonzada  lo que atrajo y sedujo a los políticos señalados arriba. No. Realmente se montaron en la "rodolfoneta" porque querían convertir al entonces candidato presidencial en su monigote, pues usarían sus líos judiciales y su ignorancia acerca de cómo funciona el Estado, para manipularlo y manejarlo como hicieron en el pasado con Iván Duque, el presidente-títere del uribismo 2018-2022).  

Si la señora Cabal se refirió al entonces presidente Duque como "gordo marica", me imagino que de haber sido presidente Rodolfo Hernández, la misma senadora habría dicho "viejo marica", ante lo desastroso que hubiese resultado su administración. 

La derecha sabe que se equivocó poniendo al incapaz de Iván Duque en la Casa de Nari. Con todo y los problemas y conflictos que generó y dejó Duque Márquez,  sus más fieros representantes siguieron por las mismas al querer llevar a Hernández al Solio de Bolívar. Lo peor de todo es que para el 2026 no tienen un o una candidata presidencial con el carisma, la inteligencia y el conocimiento de cómo opera el Estado que seduzca a quienes en el 2022 votaron por Gustavo Petro. 

 

Imagen tomada de la red X, cuenta de Daniel Bejarano. 

CHIQUITA BRANDS Y MANCUSO EN LA TIERRA PARAMILITAR

 Por Germán Ayala Osorio

La condena proferida por la justicia americana contra la multinacional Chiquita Brands y las ya sempiternas y reiteradas confesiones de Salvatore Mancuso Gómez tienen como hilo conductor al  fenómeno paramilitar, el más ignominioso de todos los fenómenos de violencia social, económica y política que sucedieron en el pasado en este país.

La violencia interpartidista entre Liberales y Conservadores y la guerra contra el Estado que libró Pablo Emilio Escobar Gaviria no tuvieron las escabrosas dimensiones que sí alcanzó el fenómeno paramilitar.  Y es así porque las operaciones de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se dieron en contubernio con operadores políticos y judiciales, grandes empresarios, organizaciones de la sociedad civil; militares, policías y agentes del DAS, clase política, empresas estatales y multinacionales como la bananera Chiquita Brands. 

Los gobiernos de Pastrana y Uribe son responsables de haber generado las condiciones sociales, económicas, políticas e institucionales que facilitaron el crecimiento y consolidación de las fuerzas paramilitares. El primero, por haberle entregado 42 mil kilómetros a las Farc-Ep para una zona de distensión en la que nació un Estado dentro del Estado legítimo, legal e históricamente reconocido. Durante la administración Pastrana el crecimiento de las estructuras paramilitares fue exponencial. Y el segundo, por sus simpatías con las fuerzas paramilitares, de acuerdo con los relatos de Mancuso y de otros líderes de las entonces AUC y por el apoyo irrestricto a las Convivir, muchas de estas, en especial las de Antioquia, convertidas en brazos armados de los paramilitares. 

Lo dicho recién por Salvatore Mancuso al periodista Daniel Coronell y  la condena contra la multinacional asesina Chiquita Brands, dan cuenta de tres dimensiones del fenómeno paramilitar: la humana, la institucional y la justicia. Como agente bisagra, el exlíder de las AUC tuvo relaciones político-comerciales y militares con miembros de familias cobijadas bajo el más fantasioso y peligroso eufemismo que una sociedad clasista, racista y premoderna como la colombiana pueda concebir para establecer diferencias y todo tipo de distanciamientos. Ese eufemismo es la "gente de bien". 

En cuanto la dimensión institucional, la condena contra Chiquita Brands por haber patrocinado a los paramilitares es la constatación clara de los peligros que rodean la operación de empresas multinacionales cuyo poder suele estar por encima del que se le reconoce al Estado como forma universal de dominación. Claro, hablamos de unas relaciones asimétricas entre grandes corporaciones con raíces en países del Norte opulento y Estados débiles como el de Colombia, condición esta naturalizada gracias a las acciones y decisiones adoptadas por presidentes de la República y sus patrocinadores, todos miembros de ese grupo social al que hoy por hoy el resto de la sociedad repudia y y teme: "la gente de bien". Los directivos de Chiquita Brands también hacen parte sustantiva de la reconocida expresión. 

Y en lo que hace referencia a la justicia como tercera dimensión, la millonaria condena contra la asesina multinacional de origen americano y la coexistencia en Colombia de tres modelos de justicia dan cuenta de las insondables diferencias morales entre los dos aparatos de justicia aquí comprometidos. Del lado de la justicia americana, con la condena proferida con Chiquita Brands se erige como un modelo legítimo, a pesar de que la comparecencia de la bananera en los estrados judiciales supone no tocar a los directivos que autorizaron los millonarios pagos a los paramilitares colombianos y cohonestaron con la importación de más 12 mil fusiles que terminaron en manos de los paracos. Por el lado del aparato de justicia de Colombia, la Fiscalía, Justicia y Paz y la JEP dan cuenta de la enorme dificultad para consolidar una sola verdad que permita señalar las responsabilidades individuales a las que nuevamente el criminal Salvatore Mancuso hizo referencia en la entrevista con Daniel Coronell. 

La histórica captura mafiosa de la Fiscalía, la acéfala y dispersa operación de Justicia y Paz como modelo de justicia transicional y la costosa y pomposa JEP, como renovado paradigma de justicia restaurativa han hecho posible la fragmentación de los procesos y de la verdad. Las tres han sido incapaces de exponer a esos poderosos miembros de la "gente de bien" que aportaron millones para que los paramilitares desplazaran a millones de compatriotas, asesinaran a otros cientos de miles que cayeron en las masacres, como las del Aro y La Granja y en los falsos positivos y otros tantos terminaran incinerados en hornos crematorios y otros más enterrados en fosas comunes dentro y fuera del país. 

Mientras la opinión pública procesa los alcances y el significado de la millonaria condena contra la multinacional y los modelos de justicia siguen ignorando y despreciando las declaraciones de Mancuso, en alguna parte del país, algún miembro de la "gente de bien" estará listo para gritar !qué viva la tierra paramilitar!.

Imagen tomada de Youtube.com

 

HABLEMOS DE "PALOTERAPIA" Y "PARAJUSTICIA"

Por Germán Ayala Osorio 

El cansancio de la ciudadanía frente a los ladrones callejeros naturalizaron la venganza y el castigo como instrumentos propios de una especie de "parajusticia" peligrosamente vindicativa. A diario se suben a las redes sociales videos en los que se aprecian ciudadanos, en particular hombres, sometiendo a las "ratas" (rateros) a violentos castigos que hacen llamar "paloterapia, recalibración cognitiva, masajes terapéuticos, cerebros reseteados o reprogramación cerebral". Todos, llamativos eufemismos que producen hilaridad y por momentos nos distraen de su real significado y del impacto que generan en el resto de la sociedad: se trata de reacciones primitivas de aquellos que, en gavilla y de manera cobarde, golpean salvajemente a los pillos. De esa manera se legitima la venganza, la justicia por mano propia y en varios casos, el asesinato de los "dueños de lo ajeno". 

Esas cobardes y primitivas reacciones se producen antes de la llegada e intervención de la policía. Incluso, cuando ya los victimarios están en manos de los policiales, el castigo continúa con la anuencia de los uniformados que se ven superados en número por la horda de salvajes que hacen presencia en el lugar de los hechos, para participar de la masiva y pública "paloterapia". Se escuchan gritos de "dale duro, en la cabeza, maten a ese hp, maten a esa rata asquerosa". Todos adjetivos y tenebrosas arengas con las que claramente se busca despojar a los maleantes de su condición humana, para darles el lugar preciso con el que se facilita la "recalibración cognitiva" y su muerte: es que se trata de una "rata asquerosa" y por lo tanto, no merece vivir. 

A pesar de los llamados de las mismas autoridades para que la gente no tome la justicia por su propia mano, los violentos espectáculos continúan. Por cuenta de los "masajes terapéuticos", la calle y el espacio público se convierten en espacios en los que se lucha por la sobrevivencia, en una selva en la que siempre triunfará el más violento, el más macho. Del lado de los atracadores, sus vidas corren peligro porque saben que si caen en manos de los "furtivos y violentos jueces", pueden sufrir graves lesiones y morir; y del lado de los usuarios permanentes de la calle, saben que el valor de sus vidas depende, básicamente, del alto valor comercial del reloj, pulsera, anillo o celular que portan y de la "buena vibra" de los bandidos convertidos también en "jueces", cuyos fallos están soportados en la razón que esgrimen los cacos: tengo hambre y a Usted le sobra la plata. 

Víctimas y victimarios son hijos de la misma sociedad y de los mismos sistemas cultural, político, social y económico que reproducen los problemas y las virtudes de una comunidad que se acostumbró a la ausencia del Estado como referente moral de un orden que aún no se consolida.  

La justicia por mano propia se justifica porque los cleptómanos recuperan su libertad a las pocas horas o días de haber cometidos los ilícitos. La policía explica que cumple con ponerlos ante los jueces, pero ante un delito menor y el hacinamiento en las cárceles, entonces se ordena la libertad de los pillos que regresan a las calles a rebuscarse la vida, así sea exponiendo la propia y determinando cuáles de sus víctimas podrán seguir respirando. Bajo esas circunstancias, entonces, cobra vida el "derecho a hacer justicia por mano propia". La sumatoria de ese derecho permite que los violentos espectáculos públicos llamados "paloterapia" se legitimen por la inacción de los congresistas y de los jueces que transitan protegidos por esas mismas calles y por las rabias acumuladas de cientos de miles de ciudadanos que saben que el espacio público en Colombia es el lugar en donde todo está en juego.   

Aquellos que participan de las crueles "paloterapias" deben de saber que con sus acciones terminan pareciéndose a los ladronzuelos. El desprecio por la vida de los cacos no los hace mejores ciudadanos. Por el contrario, los pone en la misma cima de la inmoralidad en la que hace rato los pillos se instalaron. 

Imagen tomada de Alerta Bogotá

SE ACTIVÓ EL TODOS CONTRA EL "PODER CONSTITUYENTE"

 Por Germán Ayala Osorio

Por cuenta de haber invocado el "poder constituyente" y de estar destapando ollas podridas en varias EPS y en la propia UNGRD, el gobierno del presidente Petro calentó el ambiente político-electoral de cara a las elecciones de 2026. Bajo esas circunstancias se va consolidando una compleja coyuntura socio política en la que tanto el bloque del gobierno y como el de la Oposición empiezan a  exponer sus estrategias para deslegitimarse mutuamente, lo que podría generar enfrentamientos callejeros. Al final, el gran vencedor en las elecciones de 2026 será el que termine menos afectado en su imagen. Y los perdedores, las grandes mayorías por la no aprobación de las propuestas sociales atascadas en un Congreso en el que las bancadas de la derecha han cumplido a cabalidad con las órdenes allegadas desde la dirigencia de los partidos políticos y los empresarios que decidieron oponerse a Petro porque quiere tocar sus privilegios, forjados sobre la vida miserable de millones de colombianos. 

Las reacciones de la derecha, de la que hacen parte congresistas de los partidos Alianza Verde, Liberal, Conservador, Cambio Radical y el Centro Democrático (CD), están claramente atadas a un único objetivo: impedir que el gobierno de Petro logre cambios sustanciales en la operación del Estado, lo que haría casi imposible derrotar en las urnas a quien asuma la defensa de las banderas del cambio y la continuidad de sus políticas agraria, sociales, fiscales y ambientales.

La oposición cuenta con los micrófonos y los reflectores de la gran prensa bogotana para dañar la imagen del presidente y la de su gobierno. A pesar de que varios académicos insisten en señalar que los medios masivos tradicionales han perdido poder de convocatoria y de penetración en las audiencias, hay aún sectores de la población que creen a pie juntillas en lo que dicen Semana, El Tiempo, La FM, Blu Radio y la W en torno al riesgo de que Petro quiera reelegirse, como en su momento lo hicieron Uribe y Santos; el primero, de manera tramposa, ilegal. 

A la estrategia mediática se suma el periplo que viene haciendo del expresidiario y expresidente Álvaro Uribe Vélez por varias universidades privadas. Sus "conferencias" van encaminadas a generar el mayor ruido posible con el objetivo de deslegitimar al actual gobierno progresista, meterle miedo a las directivas y a los estudiantes universitarios. Incluso, Uribe Vélez invitó a la cúpula militar a desobedecer al presidente de la República, lo que claramente es una incitación a cometer el delito de sedición. La derecha uribizada estaría contando con el apoyo de sectores económicos de la sociedad civil, es decir, de Fenalco y de varias familias con poder económico y político. Y ahora se suman universidades privadas de ascendencia conservadora y defensoras del statu quo. 

Como parte de la estrategia, decidieron sacar de la "cajita mágica" al expresidente y ex títere del 1087985, Iván Duque Márquez. En su voz fingida, como todo en él, propuso hacer un "gran alianza política para frenar la intención de Petro de perpetuarse en el poder". Lo que propone Duque no es otra cosa que revivir el Frente Nacional. Pero no parar la violencia política de aquellos tiempos, sino para frenar a Petro, pero sobre todo, impedir que logre consolidar la masa crítica y electoral suficiente que le asegure bien la reelección- así el propio presidente haya negado que le interesa reelegirse- o la continuidad del progresismo en la Casa de Nariño. 

Está el país ante dos sectores de poder que exhiben desespero, fruto de la rabia y la impotencia que cada uno siente. Del lado de la derecha, por no haber podido consolidar el "golpe blando" de la mano de las empresas mediáticas señaladas arriba; y del lado del Gobierno, por no haber logrado que el Congreso le aprobara las reformas pensional, a la salud y laboral con las que cree posible reversar en algo los efectos dañinos de las recetas neoliberales aplicadas a rajatabla por los presidentes Gaviria, Pastrana, Uribe, Santos y Duque.  

Así las cosas, esta coyuntura política se tornará a todas luces inconveniente políticamente y socialmente violenta si tanto el gobierno de Petro y la derecha uribizada no le bajan el tono y a la beligerancia discursiva. Llama la atención el silencio de la iglesia católica y la participación agazapada de la academia, representada en las universidades privadas que insisten en ponerse del lado del uribismo, sin que les importe a los rectores de aquellas instituciones educativas la condición sub judice del exsenador Uribe, sus llamados a que los militares desobedezcan al presidente de la República y los actos de corrupción público-privada  que se vienen destapando del gobierno de Iván Duque, manejado bajo la influencia económica y política del exgobernador de Antioquia. 

Dados los actuales niveles de crispación ideológica y política, está claro que cada sector de poder está interesado en golpear la imagen del adversario. Si el gobierno de Petro quiere realmente darle un fuerte golpe a la Oposición, lo que tiene que hacer es convocar ya a la Comisión Internacional contra la Corrupción, de la mano de la ONU. Bajo ese nuevo escenario, a la derecha uribizada y a los empresarios que resulten involucrados en hechos de corrupción público-privada les quedarán dos caminos: someterse al veredicto que entregue esa Comisión o irse de frente contra Petro hasta derrocarlo. 

 Imagen tomada de Doral Voice

HABLEMOS DE "VIOLENCIA SALARIAL" EN COLOMBIA

 Por Germán Ayala Osorio

Ahora que se hundió el proyecto de ley con el que se pretendía bajarles o "congelarles" el salario a los congresistas, es tiempo de que el país empiece a hablar de otras formas de violencia. Los altos salarios de los legisladores y el mantenimiento de sus UTL (Unidad de Trabajo Legislativo), más otros beneficios con los que cuentan los Honorables Parlamentarios (HP) dan vida a lo que llamo aquí "violencia salarial", basada en las millonarias asignaciones salariales de los congresistas que, además de legislar en contra de las necesidades de las grandes mayorías, se prestan para robar el erario, o simplemente, para hacerse a una fortuna.

En un país con una larga historia de violencia política, asociada a las dinámicas del conflicto armado y a las disputas ideológicas y políticas entre conservadores y liberales, suelen pasar inadvertidas otras formas de violencia que parecen sutiles, pero que pueden ser peores que la violencia física, los crímenes como los falsos positivos, las masacres como las del Aro y la Granja, entre otras, y el desplazamiento forzado de más de 7 millones de colombianos. Y es así, porque esas formas de violencia social y política, por más sutiles que parezcan, van erosionando la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas, animan a la venta del voto y abren el camino para que el clientelismo se institucionalice y naturalice. 

Hablo de la "violencia salarial" que tiene dos extremos: de un lado, lo que devengan los congresistas y del otro, el salario mínimo. Me concentraré en una parte de la ecuación: el salario de los congresistas, a propósito del hundimiento del proyecto de ley que pretendía reducirlo o congelarlo. El hundimiento de la iniciativa legislativa constituye una provocación social y política que tiene dos caminos de expresión: el primero, la toma de conciencia en sectores societales que se traduce en la comprensión de que los problemas del país no necesariamente están representados en la presencia otoñal de las "guerrillas" y mucho menos en  los rateros callejeros, sino en los parásitos  y ladrones de cuello blanco que logran enquistarse en el Congreso; y el segundo camino que genera la provocación social y política que generan los altos salarios y prebendas que tienen los HP es hacer todo lo posible para llegar a tener una curul, aliándose con paramilitares, mafias del narcotráfico, empresarios o colectivos o movimientos sociales, interesados todos en tener representación congresional, no necesariamente articulada a los intereses de la Nación. El punto de debate está en que suelen llegar al Congreso ciudadanos que previamente venden su alma a los intereses legales e ilegales o aquellos que una vez obtenida la curul, engañan al grupo de personas que les dieron los votos, esperanzados en tener una genuina representación social-comunitaria. Ejemplos de estos últimos son los congresistas Jota P Hernández, Abraham Polo Polo, dos energúmenos, patanes y básicos jóvenes, incapaces de redactar una carta al niño Dios; se suma la HP, Catherine Juvinao, a quien según ella misma lo dijo,  le interesaba "hacer 2 Cámaras y 2 Senados para irse a una playa a descansar". 

Se suma a lo anterior, que llegan al Congreso ciudadanos sin ninguna capacidad propositiva en materia de ideas y proyectos de beneficio colectivo. Pasan años sentados en sus curules, calentando puesto, sin que hayan presentado un solo proyecto de ley decente. La gran mayoría de congresistas escasamente saben expresarse oralmente. Su capacidad discursiva es nula, al igual que la posibilidad de sentarse a escribir proyectos de ley de alta conveniencia nacional. Además, hacen presencia en el recinto, firman y se van, evitando así dar los debates para los cuales son citados. Prefieren ese camino que les permite la ley 5ta, que les facilita las cosas a los congresistas que solo están para cumplir las órdenes que les dan sus patrocinadores o las de sus colegas.  Sin duda, esa ley 5ta es el marco legal funcional a la vagabundería y a la pereza mental de representantes y senadores (hombres y mujeres, por igual).

Sigamos. Por supuesto que el salario del presidente de Ecopetrol y de otras entidades estatales caben dentro de la "violencia salarial", pero el tamaño del Congreso y por ser la corporación en donde nacen las prácticas dolosas y mafiosas, hace que el foco de la crítica recaiga en los congresistas. Además, los niveles de responsabilidad corporativa e institucional entre quien dirige Ecopetrol y aquellos que tienen una curul no se puede comparar. Al final, la mayoría de los congresistas solo son responsables por mantener la clientela que los llevó al Congreso. 

En un país con los niveles de desigualdad y pobreza como Colombia, un salario de casi 50 millones de cada congresista, sin contar los costos de cada UTL es, además de oneroso para las finanzas públicas, una provocación social y política para millones de colombianos que viven en la economía informal. La informalidad laboral en el país supera el 56%. 

Con el perverso e interesado patrocinio de empresas privadas, las costosas curules de los legisladores van consolidando al Congreso como un centro de poder oligárquico-mafioso que además de legislar en contra de las mayorías, anida en sus entrañas la más infame corrupción que hace inviable cualquier posibilidad de cambio. 

La "violencia salarial" se entiende, entonces, como una forma de violencia institucional  e institucionalizada que erosiona la legitimidad social del Congreso, al tiempo que envilece la legitimidad política de la misma corporación. 

Imagen tomada de Facebook

LA FINANCIACIÓN PRIVADA DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES: ORIGEN DEL ETHOS MAFIOSO

 Nadie discute que el mayor problema del país y fuente de otros más es la corrupción público-privada. Lo que pocos reconocen es que ese ethos mafioso nace o está atado inexorablemente a la financiación de las campañas políticas con las que se eligen presidente de la República, congresistas, alcaldes, gobernadores, concejales y diputados. A su vez, el origen de la financiación de todas esas campañas está ancorado a los contratistas, banqueros y empresarios que disponen de billonarios recursos para poner presidentes de la República, congresistas, diputados y concejales que actuarán como lobistas al interior de sus corporaciones; así como alcaldes y gobernadores. 

Mientras que no se prohíba que particulares financien a candidatos que desean ocupar los señalados cargos públicos, el ethos mafioso seguirá guiando la vida pública y privada de todos los agentes que participan de la financiación de las campañas electorales. 

Cuando banqueros, empresarios y contratistas entregan millonarios recursos a campañas presidenciales, lo hacen porque esperan que el presidente electo les devuelva el "favorcito" dándoles contratos y manteniendo condiciones de privilegio, esto es, lavado de dinero, o la salida de capitales a paraísos fiscales como Panamá o Suiza, entre otros. 

Cuando los anteriores agentes económicos financian las campañas al Congresos, los aspirantes quedan comprometidos a tramitar leyes que los favorezcan o por el contrario, a oponerse a toda iniciativa legislativa que afecte sus intereses corporativos o los que atañen a sus condiciones de personas naturales y/o jurídicas. Lo mismo sucede cuando esos agentes económicos patrocinan a alcaldes, gobernadores, concejales y diputados. 

El ejemplo de los congresistas resulta paradigmático. Estos legisladores que ganan un salario de casi 50 millones, cobran coimas por "patinar" contratos en alcaldías, gobernaciones y en entidades del orden nacional. Los legisladores elegidos por los ya señalados agentes económicos terminan fungiendo como actores bisagra a través de los cuales particulares y servidores públicos roban millonarios recursos del erario. 

En ese encadenamiento, las prácticas corruptas se normalizan de tal manera, que la lucha contra la corrupción resulta quimérica y en ocasiones, hasta un imposible porque esas compras de conciencias se convierte en un asunto estructural-cultural, lo que obliga hasta el más ético de los funcionarios o ciudadanos, a ceder o a guardar silencio frente a los torcidos. 

Dicho lo anterior, jamás habrá en Colombia un gobierno limpio de actos de corrupción, por cuanto el factor que origina la corrupción público-privada está en la financiación de las campañas. Es tan naturalizado el ethos mafioso, que los empresarios, contratistas y banqueros guardan cómplice silencio ante los casos de corrupción que se vienen destapando con los recursos del Ocad-Paz durante el gobierno del títere, Iván Duque Márquez. O los que se vienen conociendo a cuenta gotas al interior de la UNGRD. 

Estamos condenados a vivir en medio de la corrupción y las empresas criminales que diseñan congresistas de derecha, izquierda y de centro. Ser corrupto paga, porque no hay sanción moral o social. Vale la pena robar porque la justicia les facilita las cosas con principios de oportunidad y otros beneficios por reconocer delitos. Al final, los corruptos devuelven algo de lo que se robaron. No todo. Y podrán seguir contratando con el Estado. 

 Imagen tomada de La Vorágine

LA PESADA CARGA DE LLEVAR EL APELLIDO GALÁN

Por Germán Ayala Osorio 

 

Ahora que Carlos Fernando Galán funge como alcalde de Bogotá, arrecian las críticas y las caricaturas contra él y su hermano Juan Manuel por no actuar políticamente como su padre, el inmolado excandidato presidencial, Luis Carlos Galán Sarmiento. Tildan a los Galán de traicionar los ideales de su padre, por aliarse o acercarse a políticos uribistas como los exalcaldes de la capital, Enrique Peñalosa y Claudia López Hernández, responsables directos de la crisis socio ambiental y en la movilidad que exhibe Bogotá de tiempo atrás.  

Las críticas que recaen hoy sobre el alcalde Mayor de Bogotá hacen pensar en que es muy pesada la carga que sobre sus hombros llevan los hijos de Luis Carlos Galán, en un país como Colombia urgido de líderes capaces de enfrentarse a doscientos años de ignominia gracias a gobiernos de derecha a los que jamás les interesó modificar un ápice sus lógicas de apropiación mafiosa del Estado y el envilecimiento político de gran parte de la sociedad.  

Lo cierto es que ellos tienen derecho a tener sus propias convicciones políticas, así estas no estén alineadas con las de su papá. Ni más faltaba. Luis Carlos Galán era un liberal radical, mientras que sus Carlos Fernando ha dejado ver claramente que se siente cómodo en la derecha tradicional, así se presente como liberal. Su militancia en Cambio Radical da cuenta de su ligereza a la hora de hacer política, pues poco le importó la historia de corrupción que acompaña a esa colectividad. Tanto Carlos Fernando como Juan Manuel demostraron el interés de acercarse a quienes representan lo más retardatario del "viejo" régimen de poder. Esa fue su elección y los seguidores del Galán asesinado deben respetarla. El inmolado líder político no se "revuelca" en su tumba porque sus hijos no se parecen en nada a él.

Se les cuestiona el no haber sacado el liderazgo, el talante, la oratoria y la capacidad para defender las ideas de su recordado progenitor. Y lo que es peor:  haberse aliado con la derecha responsable en buena medida del crimen de Luis Carlos Galán. Se les fustiga por no alzar sus voces en contra de la inmoralidad que rodea a quienes representan lo más vil del régimen de poder que Galán cuestionó y enfrentó políticamente en los años 90.  

Para hacerse a una idea de la trascendencia de los sueños del Galán inmolado, debemos remitirnos a la campaña presidencial del 2022. En un debate con el entonces precandidato, Juan Manuel Galán, Gustavo Petro le dijo lo siguiente: “qué es lo que quiero yo, lo mismo que quería su papá: que el liberalismo levante las banderas de Alfonso López Pumarejo, que levante por fin las banderas de Gabriel Turbay y Jorge Eliécer Gaitán que sea capaz de defender una Revolución en Marcha y proponerle a Colombia, como lo hicieron ellos, un pacto entre obreros y empresarios para industrializar el país; una modernización agraria sobre la base de la democratización de la tierra; su papá lo defendió y habló conmigo de eso; luego, ese liberalismo, el de las banderas populares, no el desteñido, no el que terminó confabulado con la mafia, no el que terminó arrodillado al uribismo, sino el liberalismo de la Revolución en Marcha, lo quiero aquí con nosotros, el progresismo, para transformar a Colombia. ¿Usted en cuál de los dos está? Si Usted está en el liberalismo de la Revolución en Marcha, bienvenido”. 

Al final, Juan Manuel Galán, en ese momento precandidato presidencial de la Coalición Centro Esperanza, declinó a su aspiración, en medio del sinsabor que debió sentir después de escuchar las palabras de Gustavo Petro, con las que le enrostraron el ideario de su padre.  

Lo cierto es Juan Manuel Galán y Carlos Fernando Galán no están obligados a seguir las ideas que defendió su padre y por las que fue asesinado. La muerte violenta de su progenitor, cuando apenas eran unos adolescentes parece ser suficiente freno a cualquier intento por parecerse políticamente al carismático candidato presidencial, asesinado por sicarios pagados por narco paramilitares y políticos que lo vieron en aquel momento como un riesgo para quienes les había costado consolidar el ethos mafioso que finalmente sirvió para sacar de la carrera presidencial a Galán Sarmiento. 

Algunos los tildan de cobardes, otros, de jugar políticamente con esas fuerzas oscuras del régimen de poder para alcanzar algún día la presidencia de la República. Finalmente, es posible que ellos se asuman como “delfines” que están haciendo la carrera política para llegar a la Casa de Nariño, es decir, están en su derecho de aspirar a dirigir el país por llevar el apellido Galán. Es posible que el régimen de poder los quiera poner en el Solio de Bolívar como una forma de pago por el sufrimiento que significó el cobarde asesinato de su aguerrido padre.  

Cobardes o hábiles jugadores de póker, sobre los hijos del sacrificado político siempre recaerán las exigencias de quienes aún sienten la frustración de no haber podido verlo como presidente de la República. Lo que sí es evidente es que les falta exponer algo de la rebeldía de Luis Carlos Galán cuando fundó el Nuevo Liberalismo, al notar el declive del partido Liberal, convertido en un nido burocrático y alejado de las ideas liberales.    

Exigirles a los hijos del sacrificado líder que levanten su voz en contra de esos sectores de poder económico, social y político que Luis Carlos Galán señaló y combatió es exponerlos a que tengan la misma suerte de su progenitor. Carlos Fernando y Juan Manuel saben muy bien de lo que son capaces el Establecimiento y en particular los agentes señalados de haber participado del crimen de su padre, con tal de evitar que ellos asuman el proyecto político del excandidato presidencial inmolado. Eso sí, las críticas que reciben a diario son válidas en la medida en que los seguidores y admiradores del sacrificado líder del Nuevo Liberalismo los asumen como obligados herederos del ideario político del difunto.  

El error entonces está en las expectativas creadas por quienes creen que basta con ser hijo de Luis Carlos Galán para que sus ideas sigan vivas y haciendo parte del sueño de esa parte de la sociedad que vio al sacrificado político como la posibilidad de cambio en la convulsionada época de los 90.  

Imagen tomada de Red más noticias