¿A QUIÉN REPRESENTA EL CONGRESO?

Por Germán Ayala Osorio

 

Después del revuelo político que causó el presidente Petro con el llamado al pueblo para que se pronuncie ante las desconcertantes y poco democráticas decisiones adoptadas por los ocho miembros de la Comisión Séptima que hundieron la reforma laboral, resulta interesante preguntarse a ¿quién representa realmente el Congreso colombiano?

Desde la formalidad institucional brota la narrativa que señala que, por ser los congresistas elegidos por el voto popular, entonces el Legislativo, con sus dos cámaras, representa a los intereses del pueblo colombiano.  Vaya falacia. Estamos ante una monumental mentira usada por el periodismo y la academia para aplaudir y destacar que “somos la democracia más antigua de América Latina” o que “hay división de poderes”, falaces ideas y realidades que solo sirven para ocultar que la Política y los políticos en Colombia son los instrumentos de una clase empresarial que capturó el Estado en su interés de perpetuar un sistema económico semifeudal y precapitalista, justo a la medida de la incapacidad de sus más destacados miembros para liderar la construcción de una nación plural y poderosa.

Mientras las campañas al Senado y a la Cámara de Representantes sigan siendo financiadas por empresarios, paramilitares, hacendados  y carteles de todo tipo y viejos agentes del Establecimiento el Congreso de la República seguirá careciendo de la legitimidad social suficiente para atribuirse esa condición popular que indica que su conformación y operación está en función de lo que el constituyente primario exige.

Nunca como hoy se develó la naturaleza lobista y por lo tanto clasista y racista de los congresistas que vienen legislando en contra de los intereses de los trabajadores, de los pacientes y del personal médico, así como de los millones de colombianos que saben que jamás se pensionarán. Petro los llamó “malditos” por legislar contra el bienestar del pueblo. El calificativo se queda corto: son verdaderas rémoras o células cancerígenas capaces de erosionar las soberanías estatal y popular.

La conformación del Congreso bajo esa engañosa condición de lo popular ha hecho pensar a muchos colombianos que los congresistas se deben al país. No. Se deben, en primer lugar a los financiadores privados que les compran las curules para que defiendan sus intereses, siempre mezquinos, pues no guardan relación alguna con el grueso de las necesidades de un pueblo atormentado por la desigualdad, la pobreza, pero sobre todo, por  la apacible ignorancia de quienes venden su voto por el sempiterno kit electoral o de otros tantos que son incapaces de discernir en torno a los problemas estructurales del sistema político y la debilidad del régimen democrático. 

En segundo lugar, esos congresistas o lobistas con fuero están en el Congreso para amasar la fortuna necesaria que les permita asegurar su bienestar individual y familiar así como las mejores relaciones clientelares que permitan que otros miembros de sus familias puedan acceder en el futuro a una curul para extender en el tiempo las relaciones de dominación de lo privado, sobre lo público. Baste con recordar lo dicho por la congresista Catherine Juvinao cuya máxima aspiración es hacer dos cámaras y dos senados, es decir, estar 16 años en el Congreso, para luego irse a vivir a una paradisíaca isla para ver desde allá cómo legisló en contra de las grandes mayorías.

La operación de un Congreso bajo esas condiciones constriñe la democracia y frena cualquier posibilidad de cambiar un país que tiene todo para superar sus ya naturalizados problemas sociales. Por esa vía, el Congreso colombiano es una corporación vergonzante pero fiel exponente de lo que somos como sociedad.

 

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