AMNISTÍA POLÍTICA, LEY DE PUNTO FINAL Y OTRO TRIBUNAL DE CIERRE

Por Germán Ayala Osorio

 

El regreso de Salvatore Mancuso Gómez, después de purgar una larga condena en los Estados Unidos, despertó suspicacias en las huestes uribistas que asocian la llegada del criminal paramilitar a un plan del gobierno para atacar política y jurídicamente al expresidente antioqueño, Álvaro Uribe Vélez. Después de publicada la misiva del Centro Democrático (CD) en la que exponen sus miedos por la existencia de dicho plan, el expresidente Uribe propuso que se abra la posibilidad de otorgar una especie de “amnistía política” para aquellos agentes políticos ya condenados por delitos cometidos en el marco de las dinámicas del conflicto armado interno.

Días antes de que se confirmara la deportación al país de Mancuso, el partido Comunes envió una carta al presidente Petro en la que proponen la conformación de un tribunal de cierre, distinto al de la JEP. Consideran los comparecientes de las antiguas Farc-Ep, que el espíritu con el que fue creada la jurisdicción especial de paz se perdió. En concreto, los miembros del partido Comunes exigen que las sanciones morales y políticas que se les aplicará por haber aceptado ser responsables de delitos de lesa humanidad y de guerra, se las impongan cuanto antes; igualmente, solicitan el cierre de todos aquellos procesos penales que siguen abiertos en la Fiscalía que, al ser amnistiables, como el delito de rebelión, daría tranquilidad jurídica a los excombatientes que se acogieron al acuerdo de paz de La Habana.

Así entonces, la confluencia en el tiempo del regreso de Salvatore Mancuso al país, la propuesta de los comparecientes de las antiguas Farc de crear un tribunal de cierre distinto a la JEP y la propuesta del expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez de otorgar una especie de “amnistía política” a los políticos condenados para que recuperen sus derechos políticos, hace pensar que más que un plan macabro del gobierno, lo que se estaría cocinando entre una parte importante del Establecimiento, el actual gobierno e incluso, la misma JEP,  es propiciar un ambiente político y por esa misma vía, un consenso generalizado alrededor de la necesidad de que los sectores sociales y políticos (empresarios, expresidentes de la República, exalcaldes y exgobernadores, entre otros) que quedaron por fuera de la JEP, gracias a que el triunfo del No en el plebiscito por la paz obligó a hacerle ajustes al texto firmado entre el Estado y las Farc en Cuba, comparezcan ante la JEP y asuman responsabilidades políticas, mas no penales. 

A todas luces resulta inconveniente pensar en crear otro tribunal de cierre, por cuanto la JEP fue creada con esa pretensión. Es decir, lo que habría que hacer es ajustar los tiempos del alto tribunal de paz, lo que implica ir cerrando los macro casos y generando las sanciones morales y políticas acordadas para aquellos comparecientes que aportaron verdad, repararon a las víctimas y expresaron su compromiso de volver a delinquir. Darle gusto al partido Comunes es abrir la posibilidad para que sectores de poder, como el uribismo, empiecen a ambientar una “ley de punto final” que beneficie política y jurídicamente al expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez y a los actores políticos y económicos, cercanos al exmandatario, que patrocinaron el paramilitarismo en Colombia.

Por lo anterior, la llegada de Mancuso Gómez y su aceptación en la JEP como “agente bisagra” por haber actuado como un “General” de facto y mando de tropa constituye un riesgo político y jurídico para Uribe y  los sectores de poder tradicional que el expresidente representa de tiempo atrás. Y es así, por los señalamientos que Mancuso viene haciendo en torno a que el hijo ilustre de Salgar (Antioquia) siempre estuvo al tanto de la ocurrencia de la masacre del Aro. Incluso, por la responsabilidad que según Mancuso y otros, le cabe a Uribe por el crimen de José María Valle. Todo lo anterior, en los tiempos en los que fungió como gobernador de Antioquia.

El gobierno de Petro no puede ambientar la creación de otro tribunal de cierre, por cuanto eso sería ir en contravía de lo acordado en La Habana, documento que no solo hace parte del bloque de constitucionalidad nacional, sino que es reconocido por la ONU como un texto oficial que obliga al Estado a dar cumplimiento al acuerdo de paz firmado en el 2016. De igual manera, tampoco puede prestarse para que en el Congreso se tramite una ley de “amnistía política” en el sentido en el que lo propuso Uribe Vélez.

El jefe del Estado debe esperar a que la Corte Suprema de Justicia elija a la nueva fiscal general, para que sea ella, quien acoja las peticiones del partido Comunes, en el sentido de cerrar todos los procesos penales que aún se mantienen activos en contra de los comparecientes de las Farc-Ep y que sean susceptibles de una amnistía generalizada. De igual manera, la nueva fiscal deberá dar la directriz para que todos los procesos que se llevan en contra del expresidente Uribe Vélez sean desempolvados, para que, si hay lugar a ello, se acuse formalmente al expresidente antioqueño por su aparente complicidad con las actividades criminales desplegadas por las estructuras paramilitares.

No debe permitir el gobierno que sectores de poder y la opinión pública asocien la idea de la Paz Total, con la búsqueda de una “amnistía política” para alcanzar una mayor gobernabilidad, permitiendo el regreso a la política electoral de operadores políticos, en su mayoría uribistas, que cohonestaron con crímenes cometidos por los grupos paramilitares.

Imagen tomada de EL ESPECTADOR.com

RAZONES PARA CUIDAR LA VIDA DE SALVATORE MANCUSO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El robusto, intimidante y espectacular operativo con el que se recibió a Salvatore Mancuso Gómez, deportado de USA y la decisión de disponer de 64 guardias entrenados por los Estados Unidos, y el diseño de 5 anillos de seguridad en torno a la celda en la que quedó recluido el excomandante paramilitar, tiene a más de uno indignado, en particular a quienes, a pesar de las evidencias, siguen defendiendo a los políticos, empresarios y militares que Mancuso vincula de tiempo atrás con sus actividades criminales.

Mientras se define su situación jurídica y se confirma su rol como Gestor de Paz, Mancuso Gómez vivirá en una celda de 12 metros cuadrados, aislado y sin contacto con otros delincuentes. Mucho menos podrá recibir visitas de aquellos políticos, militares y empresarios con quienes en el pasado compartió cocteles e informes de cómo avanzaba el proyecto paramilitar, en sus perspectivas económica, social y política, que lideró el hoy despreciado y abandonado comandante de las AUC.

Salvaguardar la vida de Mancuso constituye una insoslayable responsabilidad estatal por dos razones fundamentales: 1. Como agente bisagra, actuó como si fuera un General de la República, de facto, pero al fin y al cabo General. Con mando de tropa, Mancuso ordenó operativos militares (con tropas de las AUC) que terminaron en masacres de campesinos, en desplazamientos forzados de cientos de comunidades y en la desaparición de un centenar de hombres señalados de ser colaboradores de las guerrillas o líderes sociales incómodos.

Mancuso es la memoria viva de la degradación misional del Ejército y de la captura paramilitar de esta y de otras tantas instituciones públicas, como el Congreso, el antiguo DAS, entre otras tantas. La presencia de Salvatore Mancuso Gómez en la JEP no se da tanto por su condición de paramilitar, pues para ello está el marco jurídico, Justicia y Paz, sino por haber servido de bisagra entre militares y los miembros de las AUC, en las tareas que empresarios y políticos les encomendaron: amedrentar, desplazar, asesinar y desaparecer campesinos incómodos para quitarles sus tierras; y las otras tareas que brotaron de los incentivos monetarios, bacanales, vacaciones y ascensos, entre otros, propios de la seguridad democrática, el decreto Boina y la Directriz 025 de 2009: asesinar jóvenes inermes para ser pasados como guerrilleros muertos en combate.

2. Por ser testigo directo de masacres declaradas como delitos de lesa humanidad, como las del Aro y La Granja, entre otras, Salvatore Mancuso es una fuente creíble para la justicia colombiana, en particular para los modelos de justicia transicional, Justicia y Paz y la JEP, tribunal que aceptó a Mancuso en calidad de compareciente por ser agente bisagra, tal y como lo declaró el alto tribunal de paz. El expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez es señalado por Mancuso y otros actores, incluidos periodistas, de tener conocimiento de la comisión de esa masacre: “Todo el tiempo Uribe- siendo gobernador de Antioquia- estuvo al tanto de la masacre del Aro”, dijo a la JEP el excomandante paramilitar. Así entonces, la declaratoria de las masacres del Aro y de La Granja como delitos de lesa humanidad y la condena de la CIDH proferida contra el Estado, lo obligan  no solo a pedir perdón, sino a hacer ingentes esfuerzos para señalar responsabilidades políticas que escapan a los límites jurídicos de la justicia internacional y nacional.

Las dos razones anteriores son del fuero exclusivamente estatal, pero hay otras que rondan los intereses del actual gobierno. He aquí tres razones ético-políticas que tendría el gobierno de Gustavo Petro para garantizar la vida de Mancuso y contribuir a la construcción de verdad, justicia, reparación y no repetición: 1. En su rol de Senador, fue Petro quien investigó y fustigó a poderosos agentes políticos y económicos por sus relaciones criminales con las AUC y en particular con los jefes Carlos Castaño y Salvatore Mancuso. Por su condición de outsider, Petro siempre quiso exponer y avergonzar a miembros de la clase política y económica que se aliaron con los paramilitares para asesinar campesinos, violar mujeres y adolescentes y desplazar a millones de compatriotas. Es posible que Petro, como presidente de la República, en algo haya matizado ese genuino interés que guió su vida de congresista, en la medida en que, para ganar en gobernanza y gobernabilidad le tocó abrir espacios de diálogo con aquellos en los que en el pasado señaló de ser aliados de los paras.  

2. Al nombrar a Mancuso como Gestor de Paz, el presidente Petro manda un mensaje de reconciliación a esos sectores políticos y económicos que patrocinaron a los grupos paramilitares y qué mejor que invitando a quien fungió como ese actor bisagra entre agentes de la sociedad civil empeñados en “acabar” militarmente con la guerrilla y de militares activos que aceptaron cumplirles los deseos a los reputados civiles, eso sí, dejando la “tarea” sucia de asesinar civiles, a las estructuras paramilitares que en varias ocasiones las hicieron pasar como tropas oficiales.

3. Gustavo Petro respeta profundamente el trabajo que viene adelantando la JEP, como jurisdicción de paz, en la medida en que ese alto tribunal viene coadyuvando a que los deseos ético-políticos del presidente Petro se cumplan. La aceptación de Mancuso como agente bisagra constituye un hecho jurídico, pero también político que termina conectándose con las aspiraciones del jefe del Estado de consolidar la Paz Total no solo sobre la desmovilización del ELN y de los otros grupos armados ilegales, sino sobre una verdad histórica, social, política y jurídica que él cree que el país necesita para pasar las ignominiosas páginas del degradado conflicto armado interno.

Quizás Petro tenga en mente que los aportes de Mancuso a la verdad (histórica, social, económica y política) sirvan para desenmascarar a específicos y poderosos actores políticos y empresariales con los que hoy no tiene las mejores relaciones.

Imagen tomada de Caracol Radio. 

REGRESÓ MANCUSO Y LA VERDAD SEGUIRÁ EMBOLATADA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Con el regreso al país de Salvatore Mancuso Gómez, exlíder de las temidas AUC, vuelve a cobrar vigencia el asunto de la Verdad que viene de la mano de las versiones que el excomandante paramilitar entregó en el pasado a Justicia y Paz y las que viene entregando a la JEP, en calidad de agente bisagra.

Mancuso públicamente le ha contado al país de las relaciones criminales que sostuvo con miembros de la cúpula militar, policial y del antiguo DAS, y con grandes, medianos y pequeños empresarios, así como con ganaderos, latifundistas y políticos profesionales. Esas narrativas han sido contrastadas y aceptadas por la justicia restaurativa.  

La JEP viene señalando responsabilidades a militares, de todos los rangos, por los crímenes de lesa humanidad que perpetraron de la mano de paramilitares: los falsos positivos y varias masacres. Pero poco o nada las dos jurisdicciones de justicia transicional, Justicia y Paz y la JEP, se han atrevido a señalar con el dedo índice a renombrados empresarios, latifundistas y expresidentes con los que Mancuso asegura haber sostenido relaciones políticas y sociales para violar los derechos humanos.

Con todo lo dicho por  Salvatore Mancuso, va quedando claro que como sociedad no hemos sabido qué hacer con la Verdad y mucho menos para qué ha de servirnos cuando llegue el momento de reconciliarnos y perdonarnos. Y es así porque jamás como colectivo construimos un ethos en el que aquella tuviera un lugar relevante y dignificante, que nos sirviera para pasar las vergonzosas páginas que todos los actores armados y una sociedad inmóvil, construyeron en el marco de un degradado conflicto armado interno que por más de 50 años martirizó a millones de colombianos y colombianas.

De la misma manera como faltó pedagogía para la paz, en los tiempos del proceso de negociación en La Habana entre el Estado y las entonces Farc-Ep, ha faltado hacer esfuerzos pedagógicos para que la sociedad entienda que la Verdad de lo acontecido la necesitamos para reconocernos en ella. Unos lo harán como victimarios, otros tantos, que son millones, lo harán como actores pasivos a los que poco o nada les importó lo que hacían juntos paramilitares y militares, dizque para “acabar” con las guerrillas: asesinar civiles, violar mujeres y niñas, masacrar comunidades, desplazar y quitarles la tierra a cientos de miles de campesinos. Habrá quienes se reconozcan como víctimas, pero también habrá quienes deberán reconocerse como victimarios-víctimas, en razón a que aportaron millones de pesos a quienes, en su nombre, cobrarían venganza por las afrentas de las guerrillas.

Hoy por hoy, la Verdad sobre la que redundará Mancuso no tiene un lugar en la sociedad y mucho menos es valorada por quienes, desde los privilegios y el poder económico y político, aceitaron esa máquina de guerra sucia, obscena y excremental que echaron a andar militares y paramilitares desde los años 80, teniendo su pico más escabroso y ruin en los tiempos de la Seguridad Democrática (2002-2010) del inefable gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Aquellos miembros de la élite que apoyaron a las tropas de Mancuso y que sus nombres no han sido agregados a expedientes judiciales deberían de tener la gallardía, el honor, sentido de humanidad, la decencia, la altivez, la vergüenza y la dignidad para reconocer que apoyaron política, social y económicamente a los paramilitares. Esos tres elementos escasean en aquellos empresarios, políticos y expresidentes señalados por Mancuso de haber sido los mecenas de su guerra fratricida. Y es así, porque en virtud del pírrico triunfo del NO en el plebiscito por la Paz, Santos se vio obligado a hacerle ajustes al tratado de paz en un punto clave: la comparecencia de los terceros civiles que desde frías y perfumadas oficinas aportaron millones de pesos y logística para que los subalternos de Mancuso y de Carlos Castaño perpetraran masacres y sometieran a cientos de comunidades a incontrastables vejámenes.

La Verdad, para que tenga sentido en una sociedad fracturada y moralmente confundida como la colombiana, necesita de hombres y mujeres capaces de reconocer que su patrocinio a los paramilitares estuvo fundado no tanto en el odio y al miedo al comunismo, sino en razón a que sus actuaciones siempre estuvieron fundadas en un ethos mafioso que, fruto de la mezquindad, el clasismo y el racismo, guía sus sinuosas vidas.

Imagen tomada de Impacto News

REGRESÓ MANCUSO, 16 AÑOS DESPUÉS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Regresó al país Salvatore Mancuso Gómez, el otrora temido jefe paramilitar, amigo de altos oficiales del Ejército, de políticos y empresarios; el mismo que llegó al Congreso de la República (2004), acompañado de sus compañeros de fechorías, Ramón Isaza y Ernesto Báez. Llegaron vestidos de saco y corbata, vestuario tradicionalmente asociado a la “gente de bien”, como congresistas y políticos a los que llaman “doctores”. Imagino también que los tres asesinos llegaron embadurnados de costosas lociones con las que el efecto Lady Macbeth cobraba vigencia en la psiquis de estos criminales.

Eran los tiempos de la Seguridad Democrática, política que terminó consolidando a Mancuso como agente bisagra entre sus estructuras paramilitares y agentes estatales. La presencia de los tres comandantes paramilitares se dio como abrebocas para legitimar los marcos legales con los que se lograría someter la justicia colombiana, a las necesidades y exigencias de los líderes de las AUC.

Entonces, vendría el “proceso de paz” entre el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). No hubo tal proceso de paz porque los paramilitares jamás fueron el enemigo del Estado. Y la paz se hace con el enemigo. Al final, todo fue un engaño, una mentira: de los 14 mil hombres en armas que reconoció tener bajo su mando Carlos Castaño (1998), se “desmovilizaron” 32 mil paramilitares. Sin duda alguna se vendieron “franquicias” a narcos y traquetos para hacerlos pasar como combatientes. Baste con recordar la falsa desmovilización de la estructura Cacique Nutibara en 2003 para entender lo que pasó en Santafé de Ralito. 

Vuelve Mancuso Gómez 16 años después de haber sido extraditado por quien según el mismo exparamilitar, recibió apoyo económico, político y electoral de las estructuras paramilitares: Uribe Vélez. Sobre su extradición circularon dos narrativas: la oficial, del gobierno de la época, que indicaba que su extradición se produjo porque estaban delinquiendo desde el lugar en el que estaban pernoctando mientras transcurría el fallido proceso de paz; y la otra, la no oficial, que explica que el envío a los Estados Unidos de por lo menos 14 comandantes de las AUC se produjo para callar la verdad que Justicia y Paz y ahora la JEP han corroborado: la connivencia entre agentes del Estado y los paramilitares, para cometer delitos de lesa humanidad, como masacres, desplazamiento forzado y tortura, entre otras conductas.

Vuelve al país con 59 años y con el ánimo de continuar aportando verdad a la JEP, como agente bisagra que esa misma jurisdicción de paz le reconoció para aceptar su sometimiento. Sus aportes ensucian no solo al expresidente y expresidiario antioqueño, sino a políticos, empresarios y militares que trabajaron de la mano para arrebatarles, a sangre y fuego, las tierras a campesinos: por lo menos 6 millones de hectáreas de tierra, entregadas a ganaderos y latifundistas. A lo que hay que sumar los 7 millones de desplazados que dejaron sus incursiones armadas, las masacres y un centenar de desaparecidos, muchos de estos cremados en sus ya famosos hornos crematorios.

Sin la arrogancia del pasado, Mancuso pisa nuevamente el suelo de su patria para terminar sus días con la zozobra de que en cualquier momento puede sufrir un atentado. O los miembros de su familia. Triste final para quien creyó que estaba salvando a Colombia del fantasma del comunismo.

Volvió Mancuso, escoltado por quienes representan las instituciones que en el pasado estuvieron sometidas a sus órdenes y caprichos. Mancuso, como agente bisagra, puso en operación la “violencia legítima del Estado” en el marco de su pérfido y mentiroso proyecto contrainsurgente con el que se presentaron ante la sociedad. Al final, una parte importante de esa sociedad, con el concurso de los medios masivos, lo elevó a la condición de Héroe, junto a sus compañeros de andanzas.

Mancuso desperdició su vida echando bala y creyendo en la amistad de los políticos, militares y empresarios que niegan hoy haberlo conocido. Despilfarró su juventud al igual que Marulanda Vélez (Tirofijo), Rodrigo Londoño, alias Timochenko, y los vejestorios del ELN. No lograron nada positivo para el país. Como tampoco dejaron nada positivo para los colombianos los oficiales y suboficiales que se sometieron a la JEP para reconocer que se convirtieron en victimarios de por lo menos 6402 jóvenes asesinados y presentados como guerrilleros caídos en combates (falsos positivos).

Muy seguramente envejecerá con una pesada carga sobre su conciencia de guerrero arrepentido y obsoleto. Mancuso fue una ficha más del engranaje de un establecimiento que se sirvió de él, para consolidar el régimen criminal que operó en Colombia hasta el 2022. Recordemos que el fenómeno paramilitar se originó en los años 80.  

Eso sí, lo único que le podemos reconocer a Salvatore Mancuso Gómez es que, gracias a él, supimos y aprendimos que entre nosotros existieron y quizás existen aún, militares, empresarios y políticos bandidos, verdaderos criminales perfumados, que nos avergüenzan como compatriotas. Los mismos que deben en estos momentos estarse lavando sus sucias manos, impregnadas de sangre de campesinos inocentes. Estos "honorables" ciudadanos deben lavarse las manos compulsivamente, para tratar de quitarse de encima sus culpas. Sin duda, sobreviven bajo el efecto Macbeth. 

Imagen tomada de Cambio

SALVATORE MANCUSO: UN GENERAL DE FACTO

 

Por Germán Ayala Osorio

El aterrizaje de Mancuso en la JEP, forzoso jurídicamente para muchos por su condición de paramilitar, tienen a Uribe y a sus áulicos, incluidos los periodistas de La FM, rasgándose las vestiduras y arrastrando a exmilitares y militares al penoso escenario de reclamar respeto por la institucionalidad castrense, comprometida gravemente en los hechos criminales reconocidos por este confeso paramilitar, nacido en Montería (Córdoba).

El locutor, Luis Carlos Vélez, de La FM, en la mañana de hoy 4 de diciembre invitó al presidente de Acore, general (R), Guillermo León León, para que diera cuenta de su molestia con la decisión de la JEP de reconocer a “Mancuso como militar”. Los compañeros de la mesa de trabajo del señalado locutor (uribista hasta los tuétanos) ayudaron a la ambientación del rechazo institucional e individual por la decisión adoptada por el alto tribunal de paz.

Es tal la molestia en los círculos de poder cercanos al uribismo y otros al conservatismo, que sus voceros se atreven a hablar de “triquiñuelas” jurídicas de la JEP, por hacer aparecer a Mancuso como “agente estatal de facto” y como miembro “funcional y material del Ejército”.

La inclusión y aceptación de Mancuso en la Jurisdicción Especial para la Paz constituye un hecho jurídico-político de inocultable valía para el alto tribunal en su tarea de consolidar una verdad jurídica y señalar las responsabilidades penales de los actores armados, guerrillas y militares, comprometidos en la comisión de delitos de lesa humanidad. La presencia de Salvatore Mancuso Gómez en la JEP no se da tanto por su condición de paramilitar, pues para ello está el marco jurídico, Justicia y Paz, sino por haber servido de bisagra entre militares y los miembros de las AUC, en las tareas que empresarios y políticos les encomendaron: amedrentar, desplazar, asesinar y desaparecer campesinos incómodos para quitarles sus tierras; y las otras tareas que brotaron de los incentivos monetarios, bacanales, vacaciones y ascensos, entre otros, propios de la seguridad democrática, el decreto Boina y la Directriz 025 de 2009: asesinar jóvenes inermes para ser pasados como guerrilleros muertos en combate.

Claramente, Mancuso fungió como un comandante militar. Actuó como si tratara de un oficial al mando de tropa. No hay lugar a dudas en que este monteriano operó como un general o un coronel de la República de Colombia. Las actividades de coordinación logística, mando de tropa y entrega de resultados operacionales a los militares que le rendían pleitesía, hacen parte de las labores que realizan oficiales al momento de salir al monte a perseguir bandidos.

El ex comisionado de Paz, el conservador Camilo Gómez, aseguró a EL TIEMPO que “es un insulto a los militares honestos, que son miles más que los que cometieron delitos. Es un insulto también a la justicia ordinaria, bajo la que los tribunales de Justicia y Paz juzgaron a Mancuso y lo condenaron”.

El maridaje y el contubernio entre militares y paramilitares fue de tal dimensión, que los comandantes militares aceptaban pasar como propias tropas a los miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Al patrullar juntos y entregar resultados operacionales para legalizar masacres de campesinos inocentes, la fusión entre ilegales y legales hizo desaparecer el honor y la mística militares. En esos momentos los militares dejaron de ser militares, para convertirse en bandidos. Así, no hay lugar a salir a defender el honor de unos hombres en armas, que asesinaron civiles de la mano de los paramilitares.

En la entrevista que el periodista Gonzalo Guillén le hizo al capitán (R) del Ejército, Adolfo Guevara Cantillo, miembro de las AUC, el ex oficial recuerda la conversación con el entonces general, Mario Montoya Uribe, también involucrado con la operación criminal de los paramilitares: “aquí estamos hablando entre bandidos, general. En este momento ni usted es general y yo no soy capitán”.

Los defensores de la institucionalidad castrense deberían de preocuparse más bien por la necesidad de cambiar la doctrina del enemigo interno, sacudir, limpiar y sacar a oficiales y suboficiales que piensen en seguir los pasos de quienes mancillaron en grado máximo el honor militar y el buen nombre del Ejército nacional.

Imagen tomada de Cuestión Pública

MANCUSO Y EL PAÍS DE MIERDA QUE LO VIO ACTUAR

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Más allá de los intereses judiciales de Salvatore Mancuso, sus confesiones en la JEP dan  cuenta de una profunda degradación moral de sectores claves de la sociedad colombiana: la ignominia tocó a generales, coroneles, capitanes, tenientes, soldados…; a dirigentes políticos, presidentes de la República y agentes gremiales, a funcionarios estatales; a grandes empresas, incluidas multinacionales y a periodistas que se comportaron como estafetas del proyecto paramilitar. Todos juntos, responsables, directos e indirectos, de masacres, desapariciones, desplazamientos y reclutamientos forzados, de violencia sexual que sufrieron mujeres y niñas, muchas de ellas empaladas por los propios paramilitares.

La pregunta es: ¿Qué pasará? A lo mejor no mucho, aunque esperaría que la justicia transicional, representada en la JEP y la ordinaria, de la mano de las altas Cortes, juntaran esfuerzos jurisdiccionales para procesar a cada uno de los personajes que Mancuso señaló durante estos cuatro días en los que desnudó lo que somos como sociedad: un verdadero lodazal de inmoralidad; una caldera de vanidades y pulsiones malévolas; un siniestro teatro de eticidades en crisis; un escenario caótico en el que se naturalizó el miedo- el terror- de tener que vivir juntos. Un sótano helado en el que conviven las más peligrosas criaturas; las menos evolucionadas en sus sistemas nerviosos centrales.

Cuando Mancuso dice y reconoce que él fue el Estado, entonces se confirma la presencia y la existencia de un doble Estado en Colombia: de un lado, el Estado formal al que acuden los ciudadanos a pagar impuestos, a hacer reclamos; y el otro, al servicio de una élite tan criminal como el que hoy  acusa y señala a varios de sus miembros.

La frase o sentencia del periodista aquel que despidió el noticiero con un adiós “país de mierda” se queda corta, pequeña y diminuta, como la altura ética de todos los involucrados en el crudo relato del confeso criminal. Tiempo después, ese mismo periodista deportivo se dedicó a mostrar sus afectos por la derecha que acompañó a Mancuso en sus andanzas.

Malditos todos. Unos y otros traicionaron la confianza de sectores societales que consumieron sus productos y servicios; que hicieron transacciones económicas y acuerdos políticos. Muy seguramente, también traicionaron la confianza de sus hijos, hijas, esposas, esposos, familiares todos. Pero también malditos quienes desde el Estado, portando un uniforme, agitando una bandera política, o simplemente sentados en un frío escritorio, aportaron a la consolidación de un Estado criminal.

Propongo que todos los que Mancuso señaló, salgan a reconocer que efectivamente aportaron, bajo presión o no, al proyecto paramilitar. Hay que convertir cada parque y plazoleta pública en un escenario de reconocimiento de responsabilidades. Todos deberíamos de salir a los parques para encontrarnos en el dolor de reconocer que nos odiamos. Odiamos a los rojos, indígenas, negros, campesinos; a la derecha, al centro; al apolítico, al crítico, al que no dice nada; al hincha del equipo contrario; al ateo, agnóstico, al cristiano; al homosexual; al heterosexual; al que escribe, al que no; al que lee y al que no; salgamos también a gritar que como sociedad estamos enfermos. Y por supuesto, a decirnos que nos quedó grande construir una nación moderna y civilizada.

Imagen tomada de Semana.com