Por German Ayala Osorio
Los recurrentes casos de agresión entre conductores y
usuarios de aeropuertos y agentes de tránsito y policías son claras expresiones
de intolerancia e irrespeto, pero también del desconocimiento de los límites
entre dos conceptos que suelen confundirse: poder y autoridad.
Es posible que en la vida cotidiana los ciudadanos
comprometidos en las refriegas que se hacen virales en las redes sociales tengan esa confusión, en especial los
uniformados de la policía y del tránsito que son los que finalmente representan
objetivamente la autoridad y hacen uso del poder que les confiere la ley.
A propósito de los dos conceptos, Sartori sostiene que “la diferencia entre poder y autoridad puede
ser traducida, entonces, en la diferencia entre
modalidad desagradable y modalidad deseable de control. El poder, como
tal, es un hecho de fuerza sostenido por sanciones; es una fuerza que se impone
desde arriba sobre quien la sufre. En cambio, la autoridad emerge de una investidura
espontánea y recaba su fuerza del reconocimiento: es un poder de prestigio que
recibe de él su legitimidad y eficacia”.
El agente de tránsito de Bucaramanga que le lanzó un cono a
un motociclista que invadió el carril exclusivo del transporte masivo de esa
ciudad, no ejerció su autoridad, sino que
usó un instrumento con el que claramente buscaba desestabilizar al
motorizado, lo que finalmente ocurrió, con el desenlace fatal jamás esperado
por el guarda de tránsito: el muchacho murió, lo que desató la ira de cientos
de motociclistas que participaron de los disturbios en los que derivó la acción
del agente de tránsito. En este caso, lo que hizo el guarda fue desviar su
poder sancionatorio hacia una acción temeraria y violenta que terminó con la
muerte del joven infractor.
En ese caso, el agente se equivocó, pues bien pudo apelar a otros
recursos y acciones para sancionar al motociclista que violó la norma. Por
ejemplo, informar por radio para que más adelante el infractor fuera detenido y
multado como corresponde según la norma vigente.
Queda por examinar y evaluar en este y en otros casos los
grados de legitimidad social que la ciudadanía les está reconociendo a los
agentes de tránsito y de policía involucrados en las mutuas agresiones.
Le corresponde a las alcaldías y a sus secretarías averiguar
cuáles son los problemas de legitimidad y reconocimiento social que hacen que
los ciudadanos no estén obedeciendo las normas y opten por agredir a los
agentes. Insistir en aplicar las normas sin examinar las circunstancias
contextuales y las que subsisten para cada caso, constituye un error.
Quienes están investidos de un uniforme y con este, de
autoridad, deben exhibir un comportamiento moral y éticamente superior al de
los demás ciudadanos sobre los que puede recaer el poder derivado de la función
pública.
Imagen tomada de Pulzo.
