Por Germán Ayala Osorio
Cuando un juez de la República
deja en libertad a un feminicida bajo el argumento de que no “constituye
un peligro para la sociedad”, minimiza el hecho criminal, al tiempo que
subvalora la vida de las mujeres. El feminicidio en sí mismo constituye una
afrenta contra la sociedad en la medida en que las víctimas perdieron la vida por
razones de género que, atadas a un entorno machista como el nuestro, terminan
por naturalizar disímiles formas de violencia contra las mujeres, incluida por
supuesto el asesinato.
Las decisiones que en ese sentido
hayan tomado operadores judiciales (hombres) respalda el imaginario que señala
que los jueces varones suelen hacer lecturas amañadas de los hechos y situaciones en las
que mujeres resultan violentadas. Al final, las víctimas son leídas por los jueces como responsables por haber desatado la ira de los feminicidas, bien por celos, incomprensiones o rechazos. Es decir, se trata de víctimas
culpables.
Las razones jurídicas que los
jueces suelen exponer para justificar la decisión de dejar en libertad a los
feminicidas resultan validas dentro del estrecho mundo del derecho, pero altamente
perniciosas en la vida cotidiana en las que las mujeres a diario son sometidas
a acoso y violaciones sexuales, intimidaciones y la cosificación a través de la
publicidad sexista.
El reciente feminicidio de una
joven en Bogotá encendió nuevamente la polémica en torno a la valoración del
juez que dejó en libertad al acusado del crimen por considerar que “no
hay riesgo de continuidad de la actividad delictiva". Varios
medios registraron el hecho noticioso: “José David López Celis, el
presunto feminicida de la joven Laura Valentina Lozano, una joven
universitaria y patinadora artística, quedó en libertad luego de la decisión de
un juez de garantías en Bogotá. La joven habría sido asfixiada por López
Celis, su exnovio, tras una discusión en el apartamento de este hombre
ubicado en el sector de Cedritos entre la noche del 20 y la madrugada del 21 de
febrero”.
Aunque no es garantía de que ese
tipo de decisiones jurídicas no se vuelvan a presentar, casos de feminicidios deberían
ser conocidos exclusivamente por juezas capaces de hacer, además de análisis de
validez de las pruebas, lecturas críticas y comprensivas de las circunstancias
en las que las mujeres sobreviven a una sociedad que las reduce a objetos de
deseo, que no es otra cosa que una forma de subvaloración que se confirma
cuando los potenciales feminicidas deciden acabar con sus “insignificantes”
vidas. ¿A partir de cuántos asesinatos
se puede considerar a un feminicida como un peligro para la sociedad? La
pregunta surge al revisar el emblemático caso de Rosa
Elvira Celis. Javier Velasco, su victimario, ya había asesinado a otra
mujer y tenía anotaciones por disímiles formas de violencia contra las mujeres.
