CUATRO PREGUNTAS PARA EL CASO DE TIERRALTA (CÓRDOBA)

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Los hechos ocurridos en Tierralta (Córdoba) aportan a la consolidación de la negativa imagen que arrastran unidades militares que, durante los tiempos de la seguridad democrática, se prestaron para ejecutar civiles (falsos positivos), patrullar junto a unidades paramilitares, hacerlos pasar como tropa oficial y facilitar sus operaciones al momento de perpetrar masacres.

A pesar de la barrida inicial de oficiales de alta y media graduación, el gobierno de Petro aún no logra desmontar el comportamiento anómalo y criminal de aquellos uniformados que naturalizaron el ethos mafioso que entre 2002 y 2022 se volvió paisaje en el mundo castrense.

En los ya conocidos hechos de Tierralta, brotan varias preguntas que la cúpula militar debe contestar de cara al país: 1. ¿Quién firmó y cuál era el propósito de la orden de operaciones que condujo a estos militares hacia la vereda en la que intimidaron a los civiles? 2. ¿O acaso, no hubo orden de operaciones? Sacar material de guerra y de intendencia a la calle no es precisamente una acción sencilla de acometer, salvo que detrás de la salida de los fusiles se haya dado un concierto para delinquir que hizo posible que los uniformados salieran de la unidad militar vestidos de camuflado y armados. Si es así, la investigación penal ordinaria y la que asuma la justicia penal militar deben aclarar ese asunto que no es menor, pero que el escándalo mediático suele soslayar. 3. ¿Qué propósito tenía la acción intimidante? 4. ¿Los militares que participaron del hecho criminal le estaban haciendo un favor a un hacendado, a un empresario, o a un político?

Por tratarse de una acción que no obedece a un acto del servicio, los hechos deben ser investigados por la Fiscalía y la Procuraduría. Ello no es óbice para que la Justicia Penal Militar asuma las pesquisas pertinentes, justamente porque ese uso indebido de las armas y del uniforme militar van en contravía de la dignidad, el decoro y el honor militares. Ojalá el presidente Petro, en su rol de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, se ocupe del caso para, si es necesario, sacudir la línea de mando comprometida en los funestos hechos conocidos.

Los militares que participaron de los hechos intimidatorios contra campesinos actuaron bajo la figura de la perfidia o la felonía. Manchar de esa manera el honor militar deriva en una pérdida de la confianza de los civiles en las fuerzas legítimas. Hacerse pasar por un grupo ilegal (disidencias de las Farc o del ELN) obedece a una decisión que compromete no solo a los responsables, sino a la línea de mando bajo la que actuaron estos “facinerosos oficiales”.

Comparto la postura editorial asumida por EL ESPECTADOR, en la que señala que “lo que ocurrió en Tierralta, Córdoba, es una traición del más alto nivel. El actuar descarado de los encapuchados da a entender que se sentían seguros en la impunidad, por eso la justicia tiene que actuar de forma contundente. El Ejército debe tomar las acciones de reestructuración necesarias para garantizar que los uniformados que estén en la zona puedan trabajar en recuperar la confianza perdida. Y, ante todo, debemos proteger a las personas de la comunidad que se atrevieron a denunciar”.

Hay que descartar que dicha acción criminal obedezca a una práctica sistemática de unidades militares acostumbradas a hacerse pasar por tropas paramilitares como sucedió en el pasado o como guerrilleros, para afectar procesos de paz en camino de consolidación, o simplemente, para hacerles mandados a narcos, terratenientes, ganaderos o empresarios del campo. Ojalá aquello de participar en el Teatro de Operaciones no quede en la cruel y criminal actuación de estos uniformados que mancillaron el honor militar de servir al Estado y en particular, de proteger a la población civil.   

Imagen tomada de Caracol radio. 

CONFIRMAN EXPULSIÓN DEL GENERAL (R) JESÚS ARMANDO ARIAS CABRALES DE LA JEP

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Magistrados de la JEP confirman la expulsión del general en retiro, Jesús Armando Arias Cabrales, después de revisar la apelación que el alto oficial hizo a la decisión del alto tribunal de paz de expulsarlo por sus nulos aportes para esclarecer su responsabilidad y la de otros oficiales comprometidos en el operativo de retoma del Palacio de Justicia. Huelga recordar que el 16 de marzo del año en curso la JEP tomó la decisión de sacar al compareciente por su prolongado silencio ante las preguntas y cuestionamientos de los magistrados.

Colombia recordará las imágenes de un general abatido que, en el ocaso de su vida y vestido de civil, escuchó los reclamos y las súplicas de los familiares de los desaparecidos del holocausto del Palacio de Justicia, ocurrido en 1985. En la escena en la que fue confrontado por los dolientes, Arias Cabrales se vio cansado y lánguido por el proceso penal que no solo le arrebató su libertad, sino que redujo a cenizas la altivez y la arrogancia de un General que, en aquellos años 80, creyó que estaba, junto al coronel Plazas Vega, defendiendo la democracia, cuando lo que realmente estaban resguardando era un régimen criminal que supo instalarse de la mano del Estatuto de Seguridad del gobierno de Turbay Ayala (1978-1982).

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es la jurisdicción a la que compareció Jesús Armando Arias Cabrales en calidad de victimario. Los magistrados de ese alto tribunal esperaban que el condenado por la justicia ordinaria aportara al esclarecimiento de lo que sucedió esos fatídicos 6 y 7 de noviembre de 1985. Después de las audiencias, el General (R) insistió en que él también es víctima del holocausto del Palacio de Justicia.

El gran error de Jesús Arias Cabrales y del coronel Alfonso Plazas Vega, entre otros oficiales que participaron de la retoma del Palacio de Justicia, fue reducir la democracia a la recuperación de un edificio. Ese reduccionismo les permitió ponerse en un plano moral superior y en una actitud claramente vindicativa, que los llevó a violar los derechos humanos. Después de casi 40 años, estos mismos soldados son testigos de que el régimen democrático que juraron defender sigue casi igual. Al final, el país entendió que el objetivo militar y político de los militares no era arrancar de las garras de los guerrilleros a los secuestrados, sino darle un golpe contundente a esa estructura subversiva que tantos dolores de cabeza les había producido: el M-19. Tanto el General como el Coronel en mención, jamás les perdonaron a los líderes de esa guerrilla el haber cavado un túnel y extraer del Cantón Norte por lo menos 5.000 armas, como tampoco el robo de la espada de Bolívar y la toma de la embajada de República Dominicana.

Del carácter tropero con el que asumió los operativos de los que hizo parte Jesús Armando Arias Cabrales, incluido por supuesto el que provocó la muerte de los magistrados y demás empleados que se encontraban en el Palacio de Justicia cuando guerrilleros del M-19 irrumpieron en la edificación, poco queda en el ex alto oficial: se vio en las diligencias en la JEP, desvalido, como cualquier anciano de caminar cansino y con una vida pública menos expuesta.

Eso sí, fue ese carácter tropero el que dio inicio al más garrafal error que cometieron los militares, compañeros de Arias Cabrales.  Los uniformados oficiales cayeron en el grave error de quemar el edificio con el claro propósito de desaparecer evidencias; en ese momento, quizás pensaron en que de alcanzar la gloria militar, ello impediría o evitaría la acción de la justicia. Eso sí, no podemos dejar de señalar el error político y los crímenes que cometieron los guerrilleros al secuestrar civiles y el de no haber previsto la reacción violenta del Ejército en la retoma del edificio. Al final, unos y otros cayeron en la trampa retórica de creer que estaban defendiendo la democracia.

Sin sus medallas e insignias, y con el peso de los años,  un General en retiro es un civil dócil. ¿Qué es un General desnudo?, se preguntaba la abuela de Facundo Cabral. Y sí, Arias Cabrales debió haberse sentido desnudo frente a los civiles que muy seguramente despreció durante su larga carrera militar. Sin su sable, sin su pistola y sin subalternos a la vista, el procesado General se vio desnudo, desprovisto de la soberbia de quienes creen que al portar un uniforme, un arma y estar iluminados por unos, dos, tres o cuatro soles, la senectud se puede evitar.

Al ver las imágenes de Arias Cabrales, la respuesta a la pregunta qué es un General desnudo es esta: un hombre común y corriente, sin gloria y, al parecer, sin memoria para asumir las responsabilidades que como comandante debería de asumir por la desaparición de por los menos 10 civiles, así ese delito haya sido cometido por sus subalternos. En cualquier caso, Arias Cabrales es responsable por acción u omisión.   

Los guerreros son guerreros no tanto por su fiereza, sino por lo que representa llevar un uniforme en una sociedad que aprendió a amar la guerra; en el ocaso de sus vidas, esos mismos guerreros, despojados de su indumentaria y de sus pesadas charreteras, son viejos lobos solitarios en una sociedad en la que envejecer no es sinónimo de sabiduría, sino de tragedia, angustia y desnudez.

Arias Cabrales se llevará a la tumba las decisiones y las órdenes que impartió durante la retoma del Palacio de Justicia. Muy seguramente, cuando llegue a su última morada, el registro noticioso dará cuenta de un general que murió con el peso moral de una culpa que jamás aceptó, porque se lo impidió su negativa concepción de la vida y de la democracia.

Imagen tomada de Semana.com

 

PETRO, LOS NIÑOS EXTRAVIADOS Y LA MALA LECHE DE UN SECTOR DE LA PRENSA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El caso de los niños sobrevivientes del siniestro aéreo en las selvas del Guaviare, nuevamente ponen en evidencia la inquina y la “mala leche” con la que periodistas como Néstor Morales, de Blu radio, cubren todo lo que haga o deje de hacer o decir el presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego. Este periodista-estafeta del “viejo” régimen, junto con otros, se aprovecharon del “papayazo” que el jefe del Estado les dio al confirmar en su cuenta de Twitter que los menores habían sido rescatados, cuando realmente ese hecho no había ocurrido.

Al ser desmentido por tropas oficiales que buscan a los menores, Petro debió borrar el trino. Esto dijo: “He decidido borrar el trino debido a que la información entregada por el ICBF no ha podido ser confirmada. Lamento lo sucedido. Las Fuerzas Militares y las comunidades indígenas continuarán en su búsqueda incansable para darle al país la noticia que está esperando. En este momento no hay otra prioridad diferente a la de avanzar con la búsqueda hasta encontrarlos. La vida de los niños es lo más importante”.

Sin duda alguna, el presidente cometió un error. El yerro presidencial pudo haber partido de la fuente del ICBF que le informó del hallazgo y del afán del presidente de entregarle al país la buena noticia de los menores, sin haber confirmado con el equipo militar de búsqueda. Para tranquilidad del país e infortunio de los periodistas “mala leche”, los niños, al parecer, están en manos de unos indígenas que salieron en su búsqueda.

Esa prensa que hoy vive pendiente de los costos de los viajes de Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez Mina al África, es la misma  que guardó silencio ante los también costosos viajes del títere Iván Duque a quien, por protocolo, debimos llamar presidente de la República. En sus periplos, Duque llevó a su hermano a acumular millas, sin que se dieran explicaciones de su presencia en las comitivas; esa misma conducta silente de periodistas como Néstor Morales, cuñado del arlequín, les permitió callar frente al enorme engaño de Duque cuando le dijo al país que el criminal Iván Mordisco había sido “dado de baja” y que se había pagado una millonaria suma de dinero (tres mil millones de pesos) a quienes informaron del paradero del facineroso. Pasó el tiempo y el señalado criminal apareció como si nada, hablando de paz, ante la sorpresa de una periodista que le preguntó una y otra vez si efectivamente él estaba vivo. Quedó claro que el jefe del Estado, Iván Duque le mintió al país- no se equivocó como Petro en el caso de los niños. Al final del cuento, apareció el supuesto occiso. Sobre la entrega de la millonaria recompensa, las dudas que aún rondan son del mismo tamaño de las certezas que indican que Iván Duque fue el títere del expresidente y ex presidiario, Álvaro Uribe Vélez.

El país asiste nuevamente al innoble espectáculo de una prensa y de unos periodistas interesados más en descalificar y deslegitimar al presidente y a su gobierno, por el solo hecho de tratarse del primer presidente de izquierda elegido democráticamente. La animadversión que Néstor Morales siente hacia Petro convirtió a Blu Radio en una trinchera ideológica desde la que se “disparan” lecturas amañadas de los hechos; interpretaciones perversas de las decisiones presidenciales y de los discursos del presidente; desde su privilegiado parapeto, todos los días el periodista lanza consignas negativas, que más bien parecen hacer parte de una estrategia con la que de tiempo atrás parece estarse fraguando un Golpe de Estado Blando; o quizás la acción defenestradora con la que sueña el vociferante coronel Jhon Marulanda, ex presidente de Acore. Lo peor de todo es que a Morales le quedan largos tres años para seguir escupiendo su “mala leche” desde su zanja de opinión. El mismo tiempo le queda al presidente Petro para seguir cometiendo errores por no confiar en un equipo de comunicaciones que le ayude a coordinar asuntos como la búsqueda de los niños extraviados en la selva.

Ojalá se confirme que los menores aparecieron y que gozan de buena salud. Lo que bien pudo terminar siendo un episodio positivo por la convergencia de buenos deseos y de esfuerzos humanos y técnicos por arrebatarle los niños a la manigua, se empañó por la “mala leche” de unos periodistas que extraviaron la eticidad que rodea al oficio periodístico.

Imagen tomada de El País de Cali