Por Germán Ayala Osorio
Los hechos ocurridos en Tierralta
(Córdoba) aportan a la consolidación de la negativa imagen que arrastran
unidades militares que, durante los tiempos de la seguridad democrática, se prestaron
para ejecutar civiles (falsos positivos), patrullar junto a unidades paramilitares,
hacerlos pasar como tropa oficial y facilitar sus operaciones al momento de perpetrar
masacres.
A pesar de la barrida inicial de oficiales
de alta y media graduación, el gobierno de Petro aún no logra desmontar el
comportamiento anómalo y criminal de aquellos uniformados que naturalizaron el
ethos mafioso que entre 2002 y 2022 se volvió paisaje en el mundo castrense.
En los ya conocidos hechos de Tierralta,
brotan varias preguntas que la cúpula militar debe contestar de cara al país:
1. ¿Quién firmó y cuál era el propósito de la orden de operaciones que condujo a
estos militares hacia la vereda en la que intimidaron a los civiles? 2. ¿O
acaso, no hubo orden de operaciones? Sacar material de guerra y de intendencia
a la calle no es precisamente una acción sencilla de acometer, salvo que detrás
de la salida de los fusiles se haya dado un concierto para delinquir que hizo
posible que los uniformados salieran de la unidad militar vestidos de camuflado
y armados. Si es así, la investigación penal ordinaria y la que asuma la
justicia penal militar deben aclarar ese asunto que no es menor, pero que el
escándalo mediático suele soslayar. 3. ¿Qué propósito tenía la acción
intimidante? 4. ¿Los militares que participaron del hecho criminal le estaban haciendo
un favor a un hacendado, a un empresario, o a un político?
Por tratarse de una acción que no
obedece a un acto del servicio, los hechos deben ser investigados por la Fiscalía
y la Procuraduría. Ello no es óbice para que la Justicia Penal Militar asuma
las pesquisas pertinentes, justamente porque ese uso indebido de las armas y
del uniforme militar van en contravía de la dignidad, el decoro y el honor militares.
Ojalá el presidente Petro, en su rol de comandante supremo de las Fuerzas
Armadas, se ocupe del caso para, si es necesario, sacudir la línea de mando comprometida
en los funestos hechos conocidos.
Los militares que participaron de
los hechos intimidatorios contra campesinos actuaron bajo la figura de la
perfidia o la felonía. Manchar de esa manera el honor militar deriva en una
pérdida de la confianza de los civiles en las fuerzas legítimas. Hacerse pasar
por un grupo ilegal (disidencias de las Farc o del ELN) obedece a una decisión
que compromete no solo a los responsables, sino a la línea de mando bajo la que
actuaron estos “facinerosos oficiales”.
Comparto la postura editorial
asumida por EL ESPECTADOR, en la que señala que “lo que ocurrió en
Tierralta, Córdoba, es una traición del más alto nivel. El actuar descarado de
los encapuchados da a entender que se sentían seguros en la impunidad, por eso
la justicia tiene que actuar de forma contundente. El Ejército debe tomar las
acciones de reestructuración necesarias para garantizar que los uniformados que
estén en la zona puedan trabajar en recuperar la confianza perdida. Y, ante
todo, debemos proteger a las personas de la comunidad que se atrevieron a
denunciar”.
Hay que descartar que dicha
acción criminal obedezca a una práctica sistemática de unidades militares acostumbradas
a hacerse pasar por tropas paramilitares como sucedió en el pasado o como guerrilleros,
para afectar procesos de paz en camino de consolidación, o simplemente, para
hacerles mandados a narcos, terratenientes, ganaderos o empresarios del campo. Ojalá
aquello de participar en el Teatro de Operaciones no quede en la cruel y
criminal actuación de estos uniformados que mancillaron el honor militar de
servir al Estado y en particular, de proteger a la población civil.
Imagen tomada de Caracol radio.
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