Por Germán Ayala Osorio
La solicitud de medidas cautelares a la CIDH (Comisión
Interamericana de Derechos Humanos de la OEA) que elevará la bancada del Pacto
Histórico, desnuda la persecución política que desde la Procuraduría General de
la Nación se impulsa en contra de los intereses y el proyecto político del
gobierno del presidente Petro. Debilitar la bancada congresional del Pacto
Histórico constituye una jugada maestra del uribismo y de uno de sus socios, el
Clan Char, cuyos haberes defiende la procuradora Margarita Cabello Blanco.
Como autoridad administrativa, dicho ente de control no puede
comprometer los derechos políticos de los funcionarios elegidos a través del
voto. En conocidas sentencias de la propia Comisión y de la Corte (CIDH) se
conminó al Estado colombiano a ajustar la actuación de la Procuraduría General
de la Nación. Lo cierto es que Cabello Blanco viene haciendo caso omiso a la
decisión judicial internacional.
En el comunicado emitido por la bancada se insiste en que la
Procuradora no tiene la competencia para procesar a quienes fueron elegidos a
través del voto. “Siendo este un órgano
netamente administrativo, la Procuraduría ha abierto investigaciones que pueden
terminar con la suspensión (como ya ha sucedido), destitución e inhabilitación
de congresistas, cuando dicha competencia reside exclusivamente en órganos
judiciales”. En este momento al menos
seis congresistas están en esa situación: Alex Flórez, Wilson Arias, María José
Pizarro, David Racero, Alexander López y Susana Gómez. El primero fue
suspendido por insultar a varios agentes de policía y el segundo podría ir a
juicio disciplinario por presuntamente responsabilizar a uniformados de
torturar a manifestantes. Adicionalmente,
quien preside la Procuraduría, la exministra de Justicia del gobierno de Iván
Duque, doctora Margarita Cabello, no brinda garantías al derecho de defensa de
los congresistas de la bancada de Gobierno por actuar, más que como cabeza del
Ministerio Público, como integrante de la oposición”.
Pero la procuradora no está operando sola. En su acción
política la acompaña el Consejo de Estado. Parece haber una confabulación
política entre la Procuraduría General de la Nación y el alto tribunal. La
doble militancia de los congresistas afines al gobierno de Petro constituye el
artificio jurídico y la razón política para sacar del camino a quienes desde el
Congreso buscan aprobar las reformas a la salud, pensional y laboral; dichas
propuestas legislativas generan enormes resistencias en los sectores de poder
económico y político que moral, económica, política y éticamente están
conectados con lo que se conoce como el uribismo. Los casos de los congresistas
Roy Barreras y César Pachón constituirían dos ejemplos claros en los que el
rasero de la doble militancia le sirve al Consejo de Estado y a la Procuraduría
de Cabello Blanco para debilitar políticamente a la bancada oficialista en el
Congreso.
Mientras se definen las medidas cautelares, las actuaciones
de Cabello Blanco la gradúan como opositora política del gobierno, en la medida
en que al seguir las instrucciones del uribismo, convirtió a la Procuraduría en
un partido político.
Son varias acciones y hechos que confirman que efectivamente
existe una acción política coordinada desde sectores de la derecha, para hacer
“invivible la República”, desestabilizar al gobierno de Gustavo Petro, afectar
su proyecto político y consolidar la narrativa tremendista de que el país va
mal y que “nos vamos a convertir en Venezuela”.
Se estarían sumando a ese proceso de hacer “invivible la
República” la Corte Suprema de Justicia, el
Consejo de Estado y la Corte
Constitucional. El silencio de las tres altas Cortes ante las acciones y
discursos desinstitucionalizantes del fiscal general, Francisco Barbosa, aporta
a ese objetivo de la derecha de evitar a toda costa que el proyecto político de
la izquierda se consolide en el tiempo. Mientras tanto, la procuradora Cabello
Blanco aporta su granito de arena al enfrentamiento con el Ejecutivo.
Bajo el esquema de “fuego amigo” también se estaría afectando el proceso de apuntalamiento del
proyecto progresista. A través de congresistas
que lograron colarse en la lista cerrada y que hoy actúan del lado del
uribismo, se estaría cumpliendo con el objetivo de debilitar la bancada oficialista.
Ejemplo de ello es el congresista
conocido como Jota P Hernández, quien se hizo elegir con las banderas del
cambio, pero hoy defiende los intereses de la oposición, de la derecha que se
opone a las reformas laboral, pensional y al sistema de salud.
