IVÁN CEPEDA CASTRO, CANDIDATO PRESIDENCIAL DEL PACTO HISTÓRICO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

De la jornada electoral del 26 de octubre, quedan varios hechos para destacar de cara a las elecciones presidenciales de 2026. El primero y quizás el más significativo es que la consulta interna del Pacto Histórico para definir el candidato presidencial y los aspirantes a llegar a la Cámara de Representantes y al Senado constituye un verdadero ejercicio democrático y un ejemplo para los otros partidos políticos que acostumbraron a sus seguidores y militantes a que ese tipo de decisiones las tomaban a puerta cerrada y bolígrafo en mano sus directores y los barones electorales en un claro desprecio de la opinión de los sufragantes.

El segundo hecho es que la votación supera los 2.742.000 votos que puede ser leída como positiva si se tiene en cuenta que se dio en un momento electoral “frío” incomparable con las jornadas electorales llamadas definitivas para el conjunto de la Nación como lo son las presidenciales y las votaciones para el Congreso. Varios agentes mediáticos y políticos de la derecha vaticinaron que la consulta no superaría el millón de votos.

Y el tercer hecho es que los resultados de la consulta del Pacto Histórico dejan a Iván Cepeda Castro como el candidato presidencial único de la colectividad que enfrentará a los otros candidatos que acuerden llegar a la consulta de lo que se conoce como el frente amplio. Con una votación superior al millón quinientos mil votos (1.534.687), Cepeda llegará pisando fuerte a la consulta interpartidista de marzo de 2026.

Al fungir desde ya como candidato presidencial de la izquierda democrática, los sectores de la derecha, en particular el uribismo, empiezan a vivir la angustia por definir un candidato (no creo que sea una mujer) con la suficiente capacidad discursiva para enfrentar en debates a Cepeda Castro.

En medio de la crisis diplomática entre Estados Unidos y Colombia, la candidatura presidencial de Cepeda Castro despierta desde ya preocupaciones en las huestes de Donald Trump por lo que sería la continuidad del proyecto progresista, asumido por la derecha norteamericana como un riesgo latente para sus intereses políticos y económicos, atados profundamente al deseo al interior de las mesnadas “trumpistas” de que el uribismo regrese a la Casa de Nariño. Desde la Casa Blanca podrían activarse amenazas económicas contra el país si una vez surtida la etapa del frente amplio, la candidatura presidencial de Cepeda Castro y el proyecto que representa siguen en pie.

Queda pendiente hacer el análisis en torno al origen de los votos alcanzados en la consulta y los que definieron el triunfo de Iván Cepeda y por supuesto los que le permitieron a Carolina Corcho Mejía erigirse, con 676.738 votos en una interesante opción de poder, pero sobre todo como figura política capaz de renovar la política en la Colombia mafiosa, machista y misógina. El comportamiento electoral en ciudades capitales, intermedias y en sectores rurales o semi rurales será clave para entender cuál es la real fuerza política-electoral de Cepeda Castro.

Hay aún mucho camino por recorrer. Por ahora, hay que leer con cuidado las propuestas de Cepeda. El candidato presidencial habla de tres revoluciones: una Pacífica, soportada en la no-violencia y el diálogo; otra Participativa, esto es, democrática y no el resultado de imposiciones; y la tercera de carácter Profunda, es decir, que transforme de verdad las estructuras y la mentalidad que por tantos años han sumido al país en el atraso, la violencia, la pobreza y la desigualdad. Esas tres revoluciones tendrán implicaciones éticas, económicas, sociales y políticas.

Adenda: para revisar los 247.307 votos no marcados que se pueden entender como una forma de protesta de quienes recibieron los tarjetones, pero decidieron no marcar  ninguno de los candidatos. Igualmente, preocupante los 138.960 votos nulos que pueden entenderse como una forma de saboteo de los votantes o una supina ignorancia de cómo votar. Los 144.916 votos que obtuvo Daniel Quintero, candidato que renunció después de haberse impreso el tarjetón presidencial, pueden dar cuenta de altos niveles de desinformación de los sufragantes que no se dieron cuenta de la renuncia del exalcalde de Medellín o un decidido apoyo de aquellos que, a pesar de su retiro de la contienda, quisieron dejar claro su respaldo. Las cifras citadas las entregó la Registraduría en su avance número 59, escrutadas 19.808 mesas.

Imagen tomada de El Espectador. com

PACTO HISTÓRICO PIDE MEDIDAS CAUTELARES POR PERSECUCIÓN POLÍTICA DE LA PROCURADURÍA

 

Por Germán Ayala Osorio

La solicitud de medidas cautelares a la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA) que elevará la bancada del Pacto Histórico, desnuda la persecución política que desde la Procuraduría General de la Nación se impulsa en contra de los intereses y el proyecto político del gobierno del presidente Petro. Debilitar la bancada congresional del Pacto Histórico constituye una jugada maestra del uribismo y de uno de sus socios, el Clan Char, cuyos haberes defiende la procuradora Margarita Cabello Blanco.

Como autoridad administrativa, dicho ente de control no puede comprometer los derechos políticos de los funcionarios elegidos a través del voto. En conocidas sentencias de la propia Comisión y de la Corte (CIDH) se conminó al Estado colombiano a ajustar la actuación de la Procuraduría General de la Nación. Lo cierto es que Cabello Blanco viene haciendo caso omiso a la decisión judicial internacional.

En el comunicado emitido por la bancada se insiste en que la Procuradora no tiene la competencia para procesar a quienes fueron elegidos a través del voto. “Siendo este un órgano netamente administrativo, la Procuraduría ha abierto investigaciones que pueden terminar con la suspensión (como ya ha sucedido), destitución e inhabilitación de congresistas, cuando dicha competencia reside exclusivamente en órganos judiciales”. En este momento al menos seis congresistas están en esa situación: Alex Flórez, Wilson Arias, María José Pizarro, David Racero, Alexander López y Susana Gómez. El primero fue suspendido por insultar a varios agentes de policía y el segundo podría ir a juicio disciplinario por presuntamente responsabilizar a uniformados de torturar a manifestantes. Adicionalmente, quien preside la Procuraduría, la exministra de Justicia del gobierno de Iván Duque, doctora Margarita Cabello, no brinda garantías al derecho de defensa de los congresistas de la bancada de Gobierno por actuar, más que como cabeza del Ministerio Público, como integrante de la oposición”.

Pero la procuradora no está operando sola. En su acción política la acompaña el Consejo de Estado. Parece haber una confabulación política entre la Procuraduría General de la Nación y el alto tribunal. La doble militancia de los congresistas afines al gobierno de Petro constituye el artificio jurídico y la razón política para sacar del camino a quienes desde el Congreso buscan aprobar las reformas a la salud, pensional y laboral; dichas propuestas legislativas generan enormes resistencias en los sectores de poder económico y político que moral, económica, política y éticamente están conectados con lo que se conoce como el uribismo. Los casos de los congresistas Roy Barreras y César Pachón constituirían dos ejemplos claros en los que el rasero de la doble militancia le sirve al Consejo de Estado y a la Procuraduría de Cabello Blanco para debilitar políticamente a la bancada oficialista en el Congreso.

Mientras se definen las medidas cautelares, las actuaciones de Cabello Blanco la gradúan como opositora política del gobierno, en la medida en que al seguir las instrucciones del uribismo, convirtió a la Procuraduría en un partido político.

Son varias acciones y hechos que confirman que efectivamente existe una acción política coordinada desde sectores de la derecha, para hacer “invivible la República”, desestabilizar al gobierno de Gustavo Petro, afectar su proyecto político y consolidar la narrativa tremendista de que el país va mal y que “nos vamos a convertir en Venezuela”.

Se estarían sumando a ese proceso de hacer “invivible la República” la Corte Suprema de Justicia, el  Consejo de Estado  y la Corte Constitucional. El silencio de las tres altas Cortes ante las acciones y discursos desinstitucionalizantes del fiscal general, Francisco Barbosa, aporta a ese objetivo de la derecha de evitar a toda costa que el proyecto político de la izquierda se consolide en el tiempo. Mientras tanto, la procuradora Cabello Blanco aporta su granito de arena al enfrentamiento con el Ejecutivo.

Bajo el esquema de “fuego amigo” también se estaría  afectando el proceso de apuntalamiento del proyecto progresista.  A través de congresistas que lograron colarse en la lista cerrada y que hoy actúan del lado del uribismo, se estaría cumpliendo con el objetivo de debilitar la bancada oficialista.  Ejemplo de ello es el congresista conocido como Jota P Hernández, quien se hizo elegir con las banderas del cambio, pero hoy defiende los intereses de la oposición, de la derecha que se opone a las reformas laboral, pensional y al sistema de salud.

 

Imagen tomada de Youtube.com