LOS BOMBARDEOS, EL GRAN TEMA DE LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL

Por Germán Ayala Osorio

 

Después del proceso del Acuerdo de La Habana, la paz dejó de ser el gran tema electoral, decisivo en anteriores campañas presidenciales. Ahora, con la muerte de por lo menos 12 menores de edad a causa de un par de bombardeos a campamentos de los facinerosos de Iván Mordisco, al escenario electoral de 2026 muy seguramente llegará el asunto de la continuidad o no de los certeros y duros ataques aéreos usados por Uribe, Santos, Duque y Petro para golpear y diezmar militarmente a las estructuras armadas ilegales que aún muchos llaman “guerrillas”.  Por lo menos, se espera que en los debates presidenciales la pregunta surja acompañada del tono moralizante e hipócrita alrededor de si se ordenarían bombardeos a pesar de la presencia de adolescentes en los campamentos de las disidencias farianas y del ELN.

Eso sí, el posicionamiento electoral del tema de los bombardeos a los acantonamientos selváticos de las narcoguerrillas no le devolverá la importancia sociopolítica y mediática que años atrás se les dio a las negociaciones con los grupos armados ilegales y a la idea de superar el conflicto armado interno a través de negociaciones políticas. Poco a poco el concepto de conflicto armado interno se irá vaciando de sentido social y político. La Academia se encargará de mantener su legitimad por el peso jurídico que se deriva de las dinámicas militares. Al igual que las ONG locales e internacionales dedicadas a la defensa de los derechos humanos. 

Iván Cepeda, como candidato del progresismo deberá tener mucho cuidado al momento de responder las preguntas y los cuestionamientos alrededor de si mantendría o no los bombardeos contra las “guerrillas”. Una respuesta negativa lo pondría en la misma situación contradictoria en la que cayó Petro, pues los ataques de esas estructuras ilegales a la población civil, a estaciones de policía y batallones en algún momento lo obligarían a ordenar ataques aéreos. Es más, si llega a la presidencia, muy seguramente la cúpula militar y los gremios lo presionarán para que use la fuerza de las bombas para diezmar a los facinerosos.

Que otros temas aparezcan en la escena electoral de 2026 significa que la operación de los grupos irregulares perdió importancia política, fruto en gran medida de la sistemática transformación de las antiguas guerrillas en estructuras mafiosas al servicio de la Junta del Narcotráfico tal y como lo ha señalado en varias oportunidades el presidente Petro. También puede tratarse de unos mejores niveles de conciencia en sectores societales que entendieron que realmente las “guerrillas” no tienen voluntad de paz y que existencia hace rato se alejó de las románticas ideas revolucionarias que defendieron en los años 60.

Por supuesto que estas nuevas circunstancias contextuales en las que la búsqueda de la paz dejó de ser una prioridad social y política se explica porque desmovilizar a los grupos ilegales a través de negociaciones políticas dejó de ser un objetivo alcanzable por varias razones: la primera, porque los comandantes del ELN y las disidencias farianas así lo han expresado; la segunda, porque su operación no constituye un riesgo político y militar para el régimen colombiano; y la tercera, porque la narrativa final del gobierno Petro convirtió a esas estructuras ilegales en “ejércitos privados al servicio de las mafias del narcotráfico y la minería ilegal”.

Los temas prioritarios son otros, gracias en gran medida al proyecto progresista y en particular a las ejecutorias del gobierno Petro en materia de reforma agraria, fortalecimiento de lo comunitario, vías terciarias y secundarias, el uso de los recursos de la SAE para beneficio de comunidades y universidades y la naturalización de las exigencias de los derechos laborales, entre otros. Se suman a estos los problemas no resueltos por la administración Petro como la inseguridad en las urbes, la extorsión, los secuestros y la operación criminal de las estructuras armadas ilegales y la crisis del sistema de salud.

Imagen tomada de: BOMBARDEOS EN GUAVIARE, PETRO PIDE PERDÓN - Búsqueda Imágenes

MOCIÓN DE CENSURA CONTRA EL MINISTRO PEDRO SÁNCHEZ

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Con el anuncio de la Moción de Censura al ministro de la Defensa por el asesinato de 7 menores de edad en el reciente bombardeo del Ejército a estructuras criminales de Iván Mordisco, las congresistas convocantes expresarán en algún momento del debate político el “inmenso dolor” que les produjo la suerte que corrieron los adolescentes.

Esa Moción de Censura resulta electoralmente conveniente para continuar golpeando al gobierno Petro por la “contradicción ideológica y política” en la que incurrió al activar, por voluntad propia o quizás presionado por el mando militar, la doctrina de la “violencia legítima del Estado” con la que se está justificando el operativo con el saldo trágico ya conocido. A lo que suman las contradicciones entre lo expresado por el presidente Petro y el propio ministro de la Defensa en torno a si el gobierno sabía o no de la presencia de los adolescentes en el campamento atacado.

Lo más probable es que las congresistas harán énfasis en la decisión de bombardear a sabiendas de que en el campamento estaban los adolescentes, a los que Pedro Sánchez asume como combatientes. Así respondió el Mindefensa a los cuestionamientos de la prensa: “Lo que le da el estatus de combatiente no es la edad, es la función que cumple dentro de una organización criminal y en este caso eran combatientes”. De esa manera Sánchez confirma que sí se sabía de la presencia de los menores en el campamento. Y no se descarta que se anuncie una denuncia contra el presidente Petro por su responsabilidad en lo que ya se considera como una ejecución extrajudicial o un crimen de guerra.

Quizás en el debate político en el marco de esa Moción de Censura se toque el tema del reclutamiento forzado, práctica cotidiana de las disidencias del mafioso de Iván Mordisco y de los facinerosos del ELN en territorios abandonados por el centralismo bogotano, sin que a nadie en el Congreso se le haya ocurrido hacerle control político a los agentes estatales comprometidos en las tareas de evitar que esos grupos criminales violen el DIH y los DDHH de los menores que reclutan gracias a la debilidad del Estado en el cumplimiento de su tarea de proteger a sus niños, niñas y adolescentes.

Claro que es una tragedia que mueran 7 adolescentes en esas condiciones. La pregunta es: cuántos procesos administrativos y de responsabilidad penal y política hay abiertos contra alcaldes, gobernadores, personeros y agentes del ICBF, entre otros, en las jurisdicciones en las que fueron reclutados forzosamente los menores que hoy le duelen a los congresistas y a los precandidatos presidenciales que salieron a lamentar su muerte.

Después del escándalo político y mediático, el presidente de la República señaló en su cuenta de X que “es doloroso la pérdida de los menores de edad y yo llevaré ese pesar en mi conciencia, y sé que nunca podré superar el dolor de sus madres a las que pido perdón. Hacer trizas la paz abrió de nuevo el camino para el fortalecimiento de los grupos armados de la codicia y estos hicieron del reclutamiento de niños su estrategia para defenderse con cobardía”.

Huelga recordar las cifras de menores “dados de baja” en anteriores gobiernos como elemento para tener en cuenta en la discusión en torno a los “siete combatientes” que murieron en el bombardeo en el Guaviare: con Uribe, 177; con Santos, 124; y con Duque, 29.

Logren o no tumbar al ministro de la Defensa, los forajidos del ELN, de las disidencias de Iván Mordisco y de las otras estructuras armadas ilegales continuarán reclutando menores de edad para que cumplan la doble función de combatir y servir de escudos humanos. Y lo seguirán haciendo porque las vidas de esos adolescentes solo les importan a los congresistas y a los miembros de la oposición cuando caen en los bombardeos. Esos siete menores de edad pasaron de ser invisibles, a “marchitos trofeos políticos” levantados con la hipocresía natural de los políticos en campaña.

Nota: El Espectador informó a eso de las cinco de la tarde del 17 de noviembre que los menores asesinados en bombardeos del Ejército asciende a 12, entre octubre y noviembre del año en curso. 

SIETE MENORES ASESINADOS, MOCIÓN DE CENSURA, HIPOCRESÍA Y COHERENCIA IDEOLÓGICA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El escándalo político y mediático generado por la muerte de siete adolescentes en el reciente bombardeo del Ejército a un campamento en el que hacían presencia facinerosos de Iván Mordisco deviene con un tinte electoral y una clara intención de confrontar la coherencia ideológica y política del presidente Petro. Es casi imposible ser coherente por la misma aviesa condición humana y los siempre acomodaticios marcos morales y éticos creados por el propio ser humano. 

La defensa de la vida y la dignidad de viejos y viejas y en particular la de los menores de edad casi que es exclusivo de los sectores progresistas y la izquierda democrática  y una bandera agitada con furor por Petro; mientras que la ocurrencia de los falsos positivos, la estigmatización y persecución contra periodistas y críticos durante el gobierno Uribe fueron acciones y actitudes legitimadas por quienes creyeron a pie juntillas en la superioridad moral con la que fue concebida la política de seguridad democrática.

El anuncio de dos congresistas de la radicación de una Moción de Censura en contra del Mindefensa, Pedro Sánchez, así como las reacciones de varios precandidatos presidenciales, entre ellos Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán y Roy Barreras, frente al trágico saldo del ataque aéreo están dirigidos a poner a prueba la coherencia ideológica del presidente Petro y de los miembros del Pacto Histórico que en el pasado criticaron la caída de menores de edad durante un bombardeo similar autorizado por el entonces presidente Iván Duque Márquez.

Si hay algo difícil en un país tan complejo como Colombia son las dinámicas de un “conflicto armado interno” que se degradó hasta tal punto de que todos los actores armados, legales e ilegales, en el pasado violaron el DIH y los DDHH. Al poner el foco en la lamentable muerte de los siete menores, los políticos que señalan hoy, a grito herido, que el gobierno Petro violó el DIH y los DDHH olvidan que las llamadas “guerrillas” jamás aceptaron someterse a las reglas de juego planteadas por ejemplo en el Protocolo II de Ginebra. Muestra de lo anterior es el reclutamiento forzado de los menores que cayeron en el referido bombardeo, los constantes ataques a las misiones médicas y los secuestros de civiles.

Con razón el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez expresó su molestia porque solo escucha señalamientos contra el presidente y contra él mismo por el resultado del operativo militar.  Sánchez espetó que “aquí deberíamos estar rechazando a los criminales, ¿por qué no escucho una sola voz rechazando a quienes reclutan a los menores? ¿Por qué? A ellos es a los que tenemos que rechazar. Aquí el único crimen es el reclutamiento".

Quizás a manera de respuesta al rabioso interrogante que lanzó el ministro de la Defensa señalo que no se escucha esa voz de rechazo porque en Colombia la coherencia política e ideológica empieza a fracturarse a partir del momento en el que obligados por las circunstancias sí o sí se termina defendiendo el principio aquel de la “violencia legítima del Estado”. Es claro que esa doctrina le sirvió a Petro como parapeto jurídico-político para autorizar el bombardeo con el saldo ya conocido y por esa vía intentar cubrir la inmensa grieta que él mismo abrió en sus creencias al momento de asumir el cargo de jefe del Estado y autorizar el ataque.

La tormenta desatada continuará por varias semanas de la mano de las empresas mediáticas que harán todo lo que periodísticamente esté a su alcance para magnificar lo ocurrido y politizar en grado máximo una difícil decisión militar que termina por ocultar el origen mismo de la problemática que está detrás del reclutamiento forzado de los siete menores que hoy, con evidente hipocresía, “lamentan” precandidatos presidenciales; los mismos  que de llegar a la Casa de Nariño lo más probable es que se verán abocados a tomar decisiones como las que tomó Petro por una razón histórica: en los territorios en los que son reclutados cada día menores de edad el Estado no es un referente de orden establecido  y mucho menos un faro moral para aquellos menores seducidos por todo lo que les ofrecen los criminales al mando de Iván Mordisco.

Qué fácil resulta desde una curul en la fría y distante capital de la República reclamar por el trágico saldo de siete menores asesinados víctimas de la violencia legítima del Estado y de las narcoguerrillas, cuando desde el mismo Congreso de la República se legitima el ethos mafioso con el que se eligen alcaldes y gobernadores, los débiles regentes que creen que gobiernan en territorios como el Guaviare en los que hace rato se legitimaron las “guerrillas”. Como dijo alguien por ahí: “en fin, la hipocresía”.