Por Germán Ayala Osorio
El comunicado que suscribieron los gobiernos de Brasil, Colombia y México en relación con la crisis política desatada en Venezuela a raíz de lo acontecido en la jornada electoral del 28 de julio, debe ser examinado para entender sus alcances.
Se trata de una postura que bien puede calificarse como "políticamente correcta", pero que de todas maneras deja grietas por las cuales se pueden colar dudas e incluso lecturas que pueden ir en contravía del sentido diplomático y bien intencionado del comunicado.
Al iniciar felicitando al pueblo venezolano (Párrafo 1), los tres gobiernos reconocen la importancia del voto, de la participación política y en perspectiva histórica y política validan las más de 30 jornadas electorales ocurridas durante 25 años del chavismo y por supuesto, legitiman el proceder democrático del régimen de Maduro al permitir el desarrollo de la elección presidencial, a pesar de los obstáculos y las "jugaditas" que impidieron que María Corina Machado fuera la candidata presidencial de la Oposición y que los venezolanos en éxodo pudieran inscribir sus cédulas para poder sufragar.
"Los gobiernos de Brasil, Colombia y México felicitamos y expresamos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano que acudió masivamente a las urnas el 28 de julio para definir su propio futuro". (Párrafo 1).
En el segundo párrafo, con un tono mesurado, instan a las autoridades electorales de Venezuela para que publiquen los resultados. Sin decirlo directamente, los tres gobiernos vuelven a expresar su confianza en el talante democrático del régimen de Maduro; sin embargo, la solicitud de que los "datos sean desglosados por mesa" constituye un pedido que los representantes de México, Colombia y Brasil saben que no será atendida.
"Seguimos con mucha atención el proceso de escrutinio de los votos y hacemos un llamado a las autoridades electorales de Venezuela para que avancen de forma expedita y den a conocer públicamente los datos desglosados por mesa de votación"(P2).
En el tercer párrafo el comunicado habla de controversias, pero se abstiene de hablar de fraude, aunque la sospecha de haberse dado está presente en el comunicado en lo que se conoce como Lo No Dicho. Exigir que se publiquen los datos desglosados supone que hay dudas razonables en los tres gobiernos que firman el comunicado, alrededor de la transparencia de los resultados y la proclamación como presidente electo (reelecto) a Nicolás Maduro Moros por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).
En este mismo párrafo, se vuelve a legitimar la institucionalidad electoral venezolana, a pesar de la militancia del presidente del CNE, Elvis Amoroso, en el chavismo y su cercanía con el gobierno de Maduro. A renglón seguido aluden a la "soberanía popular" como un principio que debe ser respetado, evitando caer en la discusión que está presente en la división interna entre los venezolanos que apoyan al régimen de Maduro, obligados o no, y los otros que quieren un cambio en la dirección del país. Es decir, el comunicado habla de una sola soberanía popular, en un país electoral y políticamente dividido. Quizás en la práctica, lo que se evidencia es la existencia de dos "soberanías" de igual número de "pueblos". Un pueblo capturado por Maduro a través de subsidios y otro, cansado de 25 años de un régimen que jamás fue capaz de llevar a Venezuela a estadios superlativos de desarrollo social, económico y político.
"Las controversias sobre el proceso electoral deben ser dirimidas por la vía institucional. El principio fundamental de la soberanía popular debe ser respetado mediante la verificación imparcial de los resultados" (P3).
En el cuarto párrafo, los tres gobiernos, reconocen a todos los actores involucrados, tanto a la Oposición, como al Gobierno, para poder conminarlos a que actúen de manera civilizada. De esa manera, los ponen en un mismo nivel y capacidad de negociación, lo que debilita la pretensión de ambas partes de deslegitimarse mutuamente. Mientras que el gobierno de Maduro los descalifica y los eleva a la condición de "enemigo interno" por el supuesto ataque informático ocurrido el día de las elecciones, la Oposición hace lo propio llamando ladrón al régimen y exigiendo de la "comunidad internacional" acciones contundentes, en las que bien pueden considerarse un derrocamiento, o el llamado a que las Fuerzas Armadas le quiten el respaldo a Maduro. O ahondar en las sanciones económicas que para lo único que han servido es para que el régimen de Maduro se atrinchere más y de esa manera consolidar su discurso "antiyanqui", aplaudido por China y Rusia.
"En ese contexto, hacemos un llamado a los actores políticos y sociales a ejercer la máxima cautela y contención en sus manifestaciones y eventos públicos con el fin de evitar una escalada de episodios violentos". (P4).
Estamos ante un comunicado "políticamente correcto" que al apelar a Lo No Dicho, permite pensar que las conversaciones entre Petro y Maduro efectivamente pueden estar girando en torno a dos ideas: la primera, la búsqueda de una salida institucional a la crisis, lo que supondría un nuevo llamado a la elecciones con una mejor verificación internacional. O quizás, la posible retirada de Maduro del poder, brindándole garantías de que él y su cercano círculo de poder no serán procesados al interior del país y mucho menos por instancias internacionales.
Del comunicado también se colige que hay una toma de distancia de la postura de los Estados Unidos. Qué México y Brasil lo hagan resulta importante geopolíticamente porque sus economías tienen un gran peso regional y mundial. El mensaje es claro: USA se equivocó con las sanciones impuestas y no resultan bienvenidas sus presiones y mucho menos el reconocimiento como presidente electo a Edmundo González Urrutia. Entre tanto, Colombia corre el riesgo de que con esa postura, EEUU no le permita comprar gas a Venezuela, asunto que hace parte de las consideraciones de Petro para darle un manejo prudente a la compleja situación del vecino país.
Imagen toma de EL PAÍS