ATENTADO DINAMITERO EN JAMUNDÍ: ¿ATAQUE KAMIKAZE?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El atentado dinamitero con el que la columna Jaime Martínez de las disidencias de las Farc atacó a miembros de la fuerza pública apostados en un reten a las afueras del municipio de Jamundí (Valle del Cauca) deja como resultado un guerrillero muerto, siete policías heridos e igual número de civiles. De acuerdo con la versión oficial, el bandido iba en una moto y ante la señal de pare de los uniformados activó el explosivo.

La acción temeraria y criminal del guerrillero bien podría asociarse al perfil suicida de los kamikazes japoneses que durante el ataque a la base americana de Pearl Harbor estrellaban sus aviones contra dicho objetivo militar. La hipótesis de que las disidencias de las Farc estarían apelando a sus propios kamikazes para atacar blancos militares no resulta del todo descabellada. Un largo conflicto armado interno como el colombiano va dejando huellas en la psiquis de los combatientes, en particular en los ilegales cuando al percatarse de que el objetivo de tomarse el poder político se diluye en el tiempo, solo les queda apelar a prácticas suicidas para generar miedo en la población civil con el fin minar la confianza en las fuerzas del orden y por esa vía afectar la legitimidad del gobierno Petro; estas acciones criminales suelen resultar de procesos de formación interna guiados por comandantes que apoyan las conductas dementes de milicianos y guerrilleros convencidos de estar defendiendo una causa justa.

Si las autoridades o los propios voceros de la Jaime Martínez confirman que efectivamente se trató de un ataque kamikaze, estaríamos llegando a unos niveles máximos de degradación y de insania en los combatientes. Así las cosas, las estrategias de vigilancia y control desplegadas en el Cauca, y en especial en Jamundí tendrían que cambiar ostensiblemente para evitar nuevos ataques. Por lo tanto, los retenes - combinados o no de policía y ejército-, no serían la mejor opción de cara a evitar más atentados dinamiteros en el municipio. En lo corrido de este 2024 ya van 7 ataques con explosivos en diferentes lugares del casco urbano y zona rural del municipio de Jamundí.

Al margen de la consistencia de la hipótesis, el orden público en el Cauca y esta parte del sur del Valle del Cauca afecta la vida económica y social de las comunidades circundantes. El miedo y la zozobra se toman a la población civil que ya no se siente tranquila ni siquiera con la presencia y mucho menos con los operativos de la fuerza pública.

En la zona de Villa Colombia, hasta un punto conocido como Mesetas, en donde operó hace años atrás una base militar, los miembros de la “Jaime Martínez” se pasean como “Pedro por su casa”, entreverados en la población civil. Mesetas está ubicada en las estribaciones de los Farallones de Cali. Su paisaje es hermoso. El refulgente bosque de niebla invita a hacer la paz con la naturaleza.

El ataque demencial del día de las “Velitas” en Jamundí hace recordar que, en Chalán, Sucre, en el año de 1996, el frente 35 de las Farc cargó con dinamita a un burro y lo hizo estallar. El saldo: 11 policías asesinados. Apelar a kamikaze o a burros para asesinar policías o soldados es propio de orates que se creen patriotas y salvadores. Al final, solo queda confirmar que la guerra es el mayor síntoma de desprecio por la propia condición humana.

Atentado con moto bomba en Jamundí deja 14 heridos y un policía en grave estado

¿100 SOLDADOS SECUESTRADOS, RETENIDOS O CONSTREÑIDOS?

 

Por GERMÁN AYALA OSORIO

La "retención" o el "secuestro" de 100 militares por parte de la Guardia Campesina en San José del Guaviare es otro episodio que confirma la complejidad de las circunstancias en las que sobreviven los campesinos, y en las que operan miembros del Ejército y toda suerte de grupos armados ilegales que delinquen a discreción.  

Bajo esas difíciles y complejas circunstancias contextuales, la aplicación de conceptos como "secuestro, retención, cerco humanitario, constreñimiento, protesta social, legitimidad y legalidad, entre otros,  se torna igual de difícil para quienes tratan de explicar lo sucedido desde categorías cuyos límites y alcances suelen venir atados a la ortodoxia legal y académica que mantiene su vigencia y alcances, hasta que aparecen particularidades y condicionantes que resquebrajan la solidez epistémica de esos conceptos o categorías. 

La estricta funcionalidad legal y académica de conceptos como "secuestro o retención" aleja cualquier posibilidad de que los hechos contingentes y las particularidades que florecen en territorios como el Guaviare, sirvan para reconocer las limitaciones de esas categorías que suelen aplicarse a situaciones sui generis en territorios como el Guaviare en donde subsiste una histórica disputa entre actores armados, legales e ilegales. Los enfrentamientos político-militares allá ocurridos suelen darse porque tanto el Ejército como las "guerrillas" buscan ganarse la aceptación social de las comunidades campesinas que en momentos muy precisos les ha tocado hacer resistencia pasiva y activa tanto a las "guerrillas, como a las propias tropas estatales. 

Así las cosas, las valoraciones y explicaciones que dan las fuentes comprometidas en los hechos registrados comparten las limitaciones que los condicionantes locales le hacen a los conceptos que gravitan en territorios convulsionados como el Guaviare en donde nociones como Estado, legalidad y autoridad se tornan difusas y confusas. 

Quizás sea tiempo de crear nuevas categorías que recojan la complejidad de lo que sucede en ese territorio sin reñir de manera directa con marcos legales nacionales e internacionales desde los cuales se intenta dar nombre a situaciones y eventualidades como las que vivieron los 100 soldados que fueron "víctimas" de una Guardia Campesina organizada, cansada de los actores armados y quizás instrumentalizada por grupos al margen de la ley. ¿Cómo explicarle a países europeos que una Guardia desarmada pueda "secuestrar" a 100 soldados armados?

Imagen tomada de EL ESPECTADOR.COM

¿GENERALES QUE VENDEN ARMAS A LAS GUERRILLAS?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La extensión en el tiempo del conflicto armado interno y su evidente degradación fue posible gracias a factores propios de una difícil y compleja guerra de guerrillas, a históricos problemas logísticos y de equipamiento de las fuerzas militares, al poder corruptor del narcotráfico y por supuesto a la connivencia de policías y militares con las guerrillas, con las que negociaron en el pasado y en el presente la entrega de armamento y pertrechos, lo que sin duda desdibuja el discurso patriótico propio de políticas como la  Seguridad Democrática  de Uribe o la Paz con Legalidad del presidente-títere, Iván Duque Márquez, así como el sentido de la doctrina del enemigo interno. No puede llamarse “enemigo interno” a las fuerzas irregulares cuando hay militares que hacen negocios con varios de sus miembros. Estaríamos, entonces, ante una realidad simulada en territorios en los que los medios masivos registran combates, desplazamientos y hasta muertos de ambos bandos, cuando esas armas de la República fueron vendidas por las propias tropas.

La “pureza” ideológica y política de los ejércitos enfrentados, legales e ilegales, poco a poco se contamina por los intereses individuales de militares por conseguir dinero y amasar riqueza, mientras ocurren combates y se alimenta el discurso patriótico y anticomunista.

El presidente de la República puso el dedo en la llaga con preguntas y señalamientos que deben ser recogidos por la academia y por aquellos interesados en comprender la evolución o mejor, la involución del conflicto armado colombiano. Lo dicho por Gustavo Petro Urrego, aunque no es nuevo, sí constituye un llamado de atención a las demás instituciones del Estado en la medida en que aporta a la consolidación de una narrativa oficial que le resta aún más legitimidad a los grupos subversivos que mantienen su lucha armada contra el Estado, al tiempo que pone en evidencia la existencia de un ethos mafioso al interior del Ejército y la Policía nacionales.

En un escenario académico, y al referirse a una nueva era del conflicto armado interno, Petro Urrego sostuvo que “en esta fase el capitán del Ejército se alía con el que creían que era el comunista, jefe de la Marquetalia II de la zona, y el capitán de la Policía se alía ya con el de la Estado Mayor Central (EMC), y el de aquí con este, y la EMC con las Autodefensas del Golfo para acabar con el ELN”. ¿Dónde está la inteligencia ahí? ¿Dónde se está averiguando qué generales están en negocios con las disidencias de la Farc para dividirse el negocio en una región cualquiera? ¿Cómo llegaron las disidencias al Cañón del Micay, que se ha vuelto tan famoso y que ordené tomar? ¿A tiros? Pagaron, y el Ejército retrocedió y ellos entraron, en el Gobierno pasado”.

No demora la Oposición en salir a descalificar las insinuaciones del presidente y comandante supremo de las fuerzas armadas por considerar que afectan la moral de la tropa. Lo cierto es que hay suficientes ejemplos y registros noticiosos de casos de suboficiales y oficiales de mediana y alta graduación, metidos en la venta de armas, municiones y pertrechos a las guerrillas. De esto se habla desde los años 80. Los señalamientos de Petro tocan de manera directa al gobierno de Iván Duque y a la cúpula militar de la época.

Lo expresado por el jefe del Estado bien puede terminar por erosionar la confianza de la ONU y de los países garantes y acompañantes en los procesos de diálogo que se adelantan con el ELN y las disidencias de las Farc-Ep, por considerar que estarían validando un conflicto armado interno desprovisto de lo más esencial: razones políticas e ideológicas.

Si bien este gobierno ha hecho varias “purgas” al interior del Ejército, la posibilidad de que haya hoy o lleguen en los próximos gobiernos generales de la República interesados en hacer negociados con los bandidos a los que deben combatir no solo es alta, sino inconveniente y hasta peligrosa para la operación del Estado en el territorio nacional sin vetos asociados a la entrega informal de zonas del país a las estructuras delincuenciales. El cañón del Micay es el ejemplo que pone el presidente Petro, pero sin duda alguna hay otras zonas del país en las que la presencia histórica de las guerrillas bien pudo resultar de “transacciones” entre generales de la República y comandantes de frentes guerrilleros.

Así las cosas, se confirma que la guerra es un lucrativo negocio y que más bien, tanto las guerrillas como policías y militares estarían al servicio de unos Señores de la Guerra (terratenientes, banqueros y narcos), interesados exclusivamente en sacar de los territorios a comunidades afros, campesinas e indígenas, catalogadas como obstáculos para el desarrollo económico anclado en la explotación de los ecosistemas naturales y de la transformación del paisaje natural, para dar vida a lo que muchos llaman “ecosistemas emergentes”. 

¿Tendrá sentido continuar hablando de paz cuando guerrilleros y militares conviven, negocian tierras y armas?

Imagen tomada de EL TIEMPO

LO QUE FALTABA: DISIDENCIAS DE LAS FARC INSTALANDO MESAS DE VOTACIÓN

Por Germán Ayala Osorio

 

Invitar a las Disidencias de las Farc a instalar mesas de votación en el corregimiento de El Plateado (Argelia, Cauca) constituye un exabrupto político, que bien puede ser leído como una claudicación del Estado y del gobierno, y por supuesto, la legitimación del grupo insurgente. Nuevamente, el alto gobierno o en particular el jefe de la delegación de paz, dándole de qué hablar a los medios de comunicación que están del lado de los sectores de poder económico, social y político que desean que todo lo que haga el presidente Petro, salga mal.

Todo indica que, entre el Gobierno y sus ministros, no hay coordinación alguna con Camilo González Posso, jefe de la delegación de paz que dialoga con el estado mayor central (EMC) de las disidencias farianas. Aunque el impasse ya fue superado y el comando de esa guerrilla se comprometió a retirarse de la zona y dejar que la jornada electoral de este domingo 29 de octubre transcurra con normalidad, hay asuntos que bien vale la pena revisar en la ya enrevesada negociación.

El primero de esos asuntos es la arrogancia de la comandancia de esa guerrilla y su constante demostración de fuerza y de su presencia histórica en el sur del departamento del Cauca, territorio que las fuerzas militares venían recuperando a sangre y fuego, lo que obligó a esa insurgencia a pactar un cese bilateral al fuego, sin que esa decisión les impidiera continuar haciendo actividades de control de la población civil.

El segundo aspecto tiene que ver con la real voluntad de paz, entendida esta como la entrega de armas, desmovilización y reincorporación a la vida social, política y económica del país. El control de la economía ilegal y los réditos sociales, económicos y políticos que generan las ganancias del negocio del narcotráfico hacen ver los proyectos productivos echados a andar después de la firma del acuerdo de paz de La Habana con el grueso de los frentes de las Farc, como migajas de un Estado y de la sociedad colombianas que no están en capacidad e interés de ofrecer más a los desmovilizados.

Mientras exista el negocio del tráfico de droga, de estas disidencias brotarán otras tantas, que irán creciendo de la misma manera que lo hicieron las estructuras que hoy cumplen las órdenes de alias Iván Mordisco: de la mano de narcos, traficantes de armas y la captura de municipios y corregimientos alejados de los centros de poder. Territorios estos en los que brilla la ausencia del Estado.

Un tercer aspecto tiene que ver con las relaciones entre el presidente Petro, en su rol de comandante supremo de las fuerzas armadas, y el Ejército nacional, fuerza sobre la que recae el peso del orden público en el país. Si bien en la práctica parece haber un cambio en la doctrina del “enemigo interno” que obliga a los militares a poner, por encima de resultados operacionales, la vida de los civiles y el bienestar de las comunidades, el Centro Democrático y en general la derecha política asume esa nueva realidad como un debilitamiento de la capacidad y de la fuerza de los militares a la hora de combatir a la insurgencia. Esa lectura maliciosa que hacen políticos uribistas puede calar en oficiales y suboficiales con mando de tropa, cuyas conductas pueden terminar en violaciones a los DDHH o en acciones de sabotaje a los procesos de diálogo que se adelantan con estas disidencias y con el ELN.

Mientras se termina de aclarar lo que pasó, este 29 de octubre será una jornada electoral en la que se define en buena medida la viabilidad y legitimidad del proyecto político que encarna el presidente Petro y el Pacto Histórico.

Imagen tomada de EL TIEMPO

SIN BALAS, LOS FUSILES DE LAS DISIDENCIAS NO SIRVEN PARA NADA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Si el ataque dinamitero contra la estación de policía del corregimiento de Potrerito (Jamundí, Valle del Cauca) obedece a la recuperación que el Estado viene haciendo de territorios que estuvieron por largo tiempo bajo el dominio de las disidencias de las Farc, entonces, la tarea de reducir la operación de los subversivos sigue presentando fallas. Y quizás se está fallando en la tarea más importante: cerrarles las rutas de abastecimiento de armas, municiones y material de guerra, incluido la dinamita, el C4 o indugel, usados en los atentados como los ocurridos en los últimos días en el Cauca y el sur del Valle del Cauca.

Se aplaude la estrategia de golpear las finanzas ilegales de estas estructuras residuales, pero se echa de menos acciones logísticas conducentes a quitarle a esas guerrillas la única herramienta que les permite justificar a estas mismas y al gobierno, un proceso de paz: la posesión de armas.

El Estado, con sus fuerzas armadas, lleva más de 50 años combatiendo militarmente a las guerrillas, sin consolidar mecanismos de inteligencia cuyo objetivo sea golpear las redes de distribución de pertrechos militares, incluidas por supuesto, las municiones, y el material con el que se hace mantenimiento a las armas. Es apenas lógico pensar que los fusiles sin balas, no sirven para nada. 

Durante los tiempos de la tenebrosa política de seguridad democrática, el Ejército enfiló baterías hacia las actividades logísticas de las Farc-Ep, con las que esa guerrilla aseguraba la alimentación de sus frentes, la circulación de medicinas, como, por ejemplo, para combatir la leishmaniasis producida por el mosquito pito e incluso, la llegada de toallas higiénicas para las mujeres guerrilleras. Por aquella época se logró poner en calzas prietas a las guerrillas en lo que tiene que ver con las toallas higiénicas y en particular, con los medicamentos para que ellos trataran a los enfermos que el pito les iba dejando.

De la misma manera como en aquella época se afectó la logística fariana, lo mismo hay que hacer con las redes de distribución de municiones de las violentas disidencias. ¿Qué es lo que pasa en este aspecto? ¿Hay acaso agentes privados e incluso estatales que le entregan con relativa facilidad las municiones para los fusiles con los que atacan patrullas policiales y militares? ¿Hay redes internacionales que a través de las fronteras pasan las balas que las disidencias de necesitan? Si, muy bien por golpear las finanzas ilegales con las disidencias insisten en su anacrónica lucha armada, pero no se les está golpeando realmente donde es.

 Imagen tomada de France24

PETRO: “YO ME HAGO RESPONSABLE”

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Después de las infortunadas declaraciones públicas del general de la Policía, Henry Sanabria, el presidente Gustavo Petro asumió la responsabilidad por lo sucedido en Los Pozos (Caquetá). No hay duda de que lo sucedido en la sede de la petrolera Emerald Energy fue una asonada y que efectivamente los policiales que enfrentaron a los campesinos que se tomaron dichas instalaciones fueron víctimas de un secuestro. Y que por lo tanto no pudo darse un “cerco humanitario” como señaló el ministro del Interior, Alfonso Prada.

Como al general Sanabria le pareció correcto insinuar que el ministro Alfonso Prada fue constreñido y obligado a que calificara la acción colectiva campesina como un “cerco humanitario” y que además se canjeara por los 78 policiales retenidos o secuestrados, entonces la prensa enemiga del gobierno armó un gran escándalo mediático y político. Al griterío periodístico se sumó la orden de captura que expidió un juez penal militar en contra del comandante de la policía de Caquetá, coronel Javier Castro. Para ponerle fin a la polémica, el presidente Gustavo Petro salió a decir que él asumía toda la responsabilidad de lo sucedido, en particular, por la orden que dio a la cúpula militar y policial de NO entrar a las instalaciones de la petrolera, para evitar que el conflicto escalara más. Al final, murieron un policía y dos campesinos. Un saldo trágico, pero pudo ser peor si se hubiese intentado recuperar las instalaciones a sangre y fuego.

A pesar de que el “diligente” juez penal militar levantó la orden de captura contra el coronel Castro, este seguirá indagando para intentar probar si efectivamente el uniformado cumplió la orden presidencial o si fue negligente antes de que la directiva presidencial se produjera.

Sin duda alguna, el general Sanabria se equivocó. Al parecer, no ha entendido que los medios masivos tradicionales están acuciosos y muy pendientes de cualquier error que el gobierno cometa, para insistir en la narrativa que señala que las fuerzas armadas se están debilitando y que la moral está muy baja. Incluso, se atreven a señalar que hay una desbandada de oficiales, asociada esta a un malestar generalizado con el gobierno.

Ahora bien, lo sucedido en Los Pozos (Caquetá) sirve para ahondar en un espinoso asunto: las relaciones entre los presidentes y las fuerzas armadas. Hagamos algo de memoria para luego entender el talante de las que está proponiendo el actual presidente de la República.

Las relaciones entre los presidentes de la República y las fuerzas armadas en Colombia están atravesadas y contaminadas ideológicamente por las dinámicas del conflicto armado y las que se desprenden de las luchas de los campesinos víctimas de la persecución policial y militar por cultivar coca, única salida que les dejó la equivocada política agraria de sucesivos gobiernos neoliberales, desde César Gaviria Trujillo, hasta Iván Duque Márquez.  

Cuando los presidentes asumen, con ánimo guerrerista, el rol de comandantes supremos de esas fuerzas, esa relación se torna tensa y exigente por cuanto “dar de baja al enemigo”, esto es, asesinar guerrilleros, suele ser la orientación ética y moral, sin que importen mucho los daños colaterales.

Durante los 8 años del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, su relación con los militares y policías estuvo soportada en su peligroso maniqueísmo con el que evaluaba las circunstancias políticas que rodeaban el conflicto armado y sus dinámicas. La relación Amigo-Enemigo le sirvió a Uribe Vélez para presentarse como el primer soldado de la Patria. En su Manifiesto Democrático de 100 puntos, en el 30, dejó clara el tipo de relación que sostendría con sus subordinados: “El presidente dirigirá el orden público como corresponde en una sociedad democrática en la cual la fuerza pública respeta a los gobernantes de elección popular. En la Gobernación de Antioquia fui el primer policía del Departamento. En la Presidencia seré el primer soldado de la Nación, dedicado día y noche a recuperar la tranquilidad de todos los colombianos”.

En su declaratoria de guerra sin cuartel contra las Farc-Ep y las constantes presiones para producir “más y mejores resultados operacionales”, Uribe Vélez envileció a unidades militares que terminaron asesinando civiles para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate (falsos positivos). Bajo ese principio del enemigo interno y la relación amigo-enemigo, fueron perseguidos, estigmatizados y asesinados civiles incómodos. Baste con señalar los crímenes del profesor Alfredo Correa de Andreís y del alcalde del Roble, Eudaldo Díaz, para probar el peligroso talante con el que Uribe asumió el rol de comandante de las fuerzas armadas.

Por el contrario, el presidente Gustavo Petro (2022-2026) asumió su rol de comandante supremo de las fuerzas armadas con un tono y talante distintos. El cambio es evidente: primero que todo, no sale a los medios a exigir bajas, como tampoco asume los cantos temerarios y victoriosos de los generales, como lo hizo el infantil, fatuo y mendaz de Iván Duque Márquez (2018-2022). Este último no solo gritaba con voz de mando, “me siento orgulloso”, sino ¡Ajúa!, exclamación guerrera que significa Arrojo, Justicia, Unión y Abnegación”, muy usada por el tropero general Eduardo Enrique Zapateiro.

La historia política y militar deberá recordar que Uribe Vélez, como comandante supremo de las fuerzas armadas, instrumentalizó a sus subalternos con el claro propósito de posicionar la narrativa que expresaba que “estaba ganándole la guerra contra la Far”; con ese relato, ocultó el crecimiento exponencial de la corrupción público-privada y todos los hechos que lo convirtieron en el político y expresidente más investigado por diferentes delitos. Baste con recordar los procesos en su contra por las masacres del Aro y la Granja, cuando fungió como gobernador de Antioquia y el proceso que actualmente enfrenta por manipulación de testigos y fraude procesal.

No es llevando soldados y policías a la confrontación armada como se respeta el honor militar y policial. Por el contrario, el mayor respeto que se puede expresar hacia los uniformados se expresa en los procesos de paz. Insistir en la idea de María Fernanda Cabal que señala que “el ejército es una fuerza letal que entra a matar”, es manchar el honor militar y convertir a sus miembros en genocidas. 

Mientras que Petro asume la responsabilidad por la orden dada, Uribe Vélez lleva años escurriendo el bulto por la política oficial que convirtió a los falsos positivos en la mayor vergüenza para los militares. Uribe, en 2021 y ante la Comisión de la Verdad, dijo: “los soldados me engañaron”. No hay nada más que agregar.

Imagen tomada del noticiero del Llano

¿PODRÁ PETRO ACABAR CON EL CLAN DEL GOLFO?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Con la decisión del presidente Gustavo Petro de atacar militarmente al Clan del Golfo se producen dos efectos inmediatos: el primero, se esfuma el anhelo de la Paz Total, por lo menos con esa estructura narco-paramilitar y el segundo, nace el compromiso del gobierno de hacer lo que anteriores administraciones no hicieron: atacar con determinación a dicho grupo criminal. Golpear al Clan del Golfo en sus finanzas es el camino que anteriores gobiernos poco recorrieron porque ello implicaba afectar las economías de las regiones en las que operan estos criminales. La ofensiva militar debe ser total, hasta lograr el desmantelamiento real de esa estructura armada.

El mendaz y fatuo de Iván Duque Márquez dijo, cuando se dio la entrega de alias Otoniel, líder de esa organización delincuencial, que el fin del Clan del Golfo estaba cerca. Sin duda alguna, una mentira con la que buscaba distraer una verdad inocultable: el maridaje entre elementos de la fuerza pública, políticos y las estructuras narco-paramilitares que confluyen en el Clan del Golfo, en otrora llamado Clan Úsuga.

Probado el contubernio entre clanes políticos, empresarios, policías y militares, las operaciones ordenadas por el presidente de la República deberán hacerse en dos ámbitos: uno, el militar y policial, contaminado por la mutua desconfianza que existe entre las dos instituciones, en particular entre la oficialidad, por las relaciones mafiosas construidas entre uniformados y los narco-paramilitares. Recordemos lo dicho por alias Otoniel a la JEP: “Nosotros hacíamos operaciones junto a los militares a diario. De inteligencia le pasaban mucha información a la organización".

El segundo ámbito tiene que ver con activar acciones de contrainteligencia que lleven a cortar los circuitos logísticos y las relaciones entre funcionarios del Estado, militares, policías, políticos y empresarios con los líderes del grupo criminal. De esas labores dependerán los resultados operacionales ordenados por Gustavo Petro. El asunto es de una delicadeza extrema por cuanto cualquier resultado positivo en materia de contrainteligencia, implicará llamamientos a calificar servicios de los uniformados comprometidos o el traslado a otras zonas.  

La decisión político-militar del presidente afectará las relaciones de este gobierno con esa parte del establecimiento que de tiempo atrás se beneficia, directa o indirectamente, de las actividades desarrolladas por el Clan del Golfo: minería ilegal, exportación de estupefacientes y circulación de dinero de origen ilícito que mueve las economías de zonas como el Bajo Cauca Antioqueño, el Urabá y Córdoba, entre otros. Esas molestias se expresarán en las elecciones de octubre, pues lo más seguro es que se presenten patrocinios de candidaturas a gobernaciones y alcaldías, afines al proyecto paramilitar. ¿Podrá Petro, de aquí a octubre, someter al Clan del Golfo?

Sin duda alguna, el Clan del Golfo es la expresión clara de los errores que se cometieron cuando el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez negoció con los paramilitares su desmovilización. La vigencia de dicha estructura armada también se debió a incumplimientos de ese gobierno y una serie de mentiras que le dijeron al país con falsas desmovilizaciones.

Va a necesitar mucho más que suerte el presidente de la República en su ofensiva contra este grupo criminal. Las dinámicas económicas desplegadas por el Clan del Golfo dan cuenta del fracaso parcial del Estado en las regiones en las que estos paramilitares son amos y señores. En términos sociales y políticos, el Clan del Golfo da cuenta de unos procesos civilizatorios truncos. Construir civilidad en esos territorios es un reto mayúsculo que escapa a las capacidades de este gobierno.

Imagen tomada de Youtube.

CON MANCUSO COMO GESTOR DE PAZ, PETRO MANDA UN RAMO DE OLIVOS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Anuncia el presidente Gustavo Petro que Salvatore Mancuso será gestor de paz. Antes de examinar los pros y los contras de dicha designación, hay que preguntarse si el regreso al país del excomandante paramilitar se dará en los próximos meses, pues la tarea de ser gestor de paz no tendría mayor sentido estando recluido en una cárcel en los Estados Unidos.

El nombramiento como gestor de paz deviene con un carácter de reconciliación política a la que podrían no estar dispuestos los sectores de poder político y económico que Mancuso salpicó en sus declaraciones a la JEP. Y no por miedo a que vayan a verse involucrados sus principales voceros en procesos penales, sino porque asumen lo dicho por el líder paramilitar como una traición y una innoble colaboración con quien los viene confrontando y denunciando a sus familias y clanes desde que fungía como congresista: Gustavo Petro.

A las familias y empresarios que aportaron millonarias sumas de dinero a la causa paramilitar les preocupa la sanción mediática-moral que se desprenda de los eventuales llamados que haga la JEP para versiones libres, que no les comprometen penalmente. Y más que esa sanción, les molesta que ésta llegue, justamente, en el gobierno de quien los viene fustigando de tiempo atrás.

Con Mancuso, quizás el presidente Petro les está mandando un ramo de olivos a esos sectores de poder económico y político que osaron aportar millones de pesos a la causa paramilitar que no buscaba acabar con las guerrillas, sino despojar millones de hectáreas de tierra para repartirla entre hacendados, ganaderos y proyectos agroindustriales. Ese ramo de olivos, por supuesto, que tendría la intención de ganar apoyos para sacar adelante sus reformas y una mayor gobernabilidad. 

La apuesta del presidente de la República se entiende como parte de la Paz Total, idea maximalista que requiere de una reflexión de todos los actores armados, circunstancia esta que es difícil que se produzca porque demanda un alto nivel de formación política y desapego de todo lo que les garantiza las economías ilegales, asunto que no todos los líderes paramilitares, guerrilleros e incluso los miembros de la clase política asociada a esas organizaciones criminales tienen. Si hay algo que caracteriza a mafiosos, paramilitares, sicarios y guerrilleros es su bajo capital social y cultural y una formación política premoderna, anclada al temple de señores feudales que jamás entenderán el carácter público del Estado moderno.

No creo que Mancuso sirva mucho como gestor de paz al momento de buscar acercamientos con las estructuras narco-paramilitares que hoy operan en varios territorios, de la mano de prácticas sicariales. Es decir, Mancuso no tendría con quién dialogar pues esos nuevos grupos paramilitares deambulan acéfalos y con una baja formación política.

Imagino que las disidencias de las Farc exigirán al gobierno que gestione ante Biden el regreso de su líder Ricardo Palmera, alias Simón Trinidad, preso también en una cárcel americana, con una situación penal distinta a la de Mancuso.

Una vez llegue al país Salvatore Mancuso, las redes sicariales diseñadas desde sectores políticos y económicos entrarán en operación con el objetivo de asesinar al confeso paramilitar. 

 

Imagen tomada de El Colombiano. 

WILSON: A LA ESPERA DEL QUINTO MILAGRO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El exitoso regreso de los cuatro menores indígenas permitió que la formación militar y el conocimiento ancestral se unieran, dejando atrás viejas rencillas, estigmatizaciones y persecuciones que la doctrina del enemigo interno generó entre uniformados y pueblos indígenas. Ahora que las tres niñas y el niño se recuperan en el Hospital Militar, los ojos del país se posan sobre la suerte de Wilson, el comando canino que tuvo contacto con las menores rescatadas y que coadyuvó a que la Operación Esperanza resultara exitosa.

Sea que regrese o no Wilson, es tiempo de revisar la necesidad de usar a estos animales no humanos en actividades riesgosas como el desminado o, para el caso, para la búsqueda de animales humanos desaparecidos en selvas. La discusión hay que darla. El desarrollo tecnológico debe llevar a las fuerzas militares y de policía a proscribir la inclusión de perros en ese tipo de actividades. Podrían servir como respaldo emocional de los comandos humanos que combaten a las guerrillas y no como instrumentos para obtener resultados operacionales. Esa misma discusión cobija a las empresas de seguridad que usan caninos para vigilar centros comerciales.

El habernos posado en lo más alto de la cadena trófica nos obliga, desde una ética ecológica, a cuidar las selvas del Yarí y otros ecosistemas similares. Pero también, a evitar que animales no humanos como Wilson y tantos otros que no alcanzaron el estatus de héroe que ya alcanzó este precioso pastor belga malinois de seis años de edad, resulten siendo víctimas de decisiones y acciones humanas.

Quizás el episodio del rescate de los niños indígenas nos esté haciendo un llamado a revisar las relaciones establecidas con la naturaleza. Y por supuesto que, con todo  y las manipulaciones genéticas propias del mundo de los perros, estos preciosos seres también hacen parte de esa naturaleza. Y por tanto, merecen respeto, consideración y cuidado.

Dirán que hay perros que, por sus características, pueden prestarnos esos servicios de vigilancia y rescate. Insisto en que el país puede dar el salto para remplazar a los comandos caninos por robots que puedan cumplir las funciones que hoy cumplen perros como Wilson.

Quienes compartimos la  vida con perrunos y al margen del entrenamiento de Wilson, imaginamos la angustia cuando se pierden o pasan mucho tiempo sin ver a sus cuidadores. Supongo, entonces, que nuestro querido Wilson está sufriendo en una selva inhóspita, plagada de peligros y amenazas para su supervivencia.

No sé si los Duendes que cuidaron a los cuatro menores indígenas estén en la capacidad y el interés de hacer lo mismo con Wilson. Como tampoco sé si los espíritus que reinan en la selva del Yarí alcancen a sentir el dolor que debe sentir el comando cuidador, es decir, el animal humano parcero de Wilson.

Si regresa Wilson, como cientos de miles de colombianos esperamos, estaríamos ante un 5to milagro. Si al final el comando Wilson es abandonado por sus comandos humanos y no es hallado, muerto o vivo, su pérdida debe impulsar la discusión que aquí propongo. Ojalá Wilson sea el último comando canino en cumplir con misiones riesgosas. Los perros no están para cumplir misiones, pero nosotros, como animales humanos si tenemos una muy clara: protegerlos y amarlos.

Imagen tomada de El Pais de Cali 

LA GUERRA Y LOS MERCENARIOS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La guerra es un gran negocio. Vil, pero, al fin y al cabo, negocio. El pago a mercenarios extranjeros hace parte de las dinámicas de la lucrativa actividad económica, protegida por el orden internacional en el que se validan y aúpan las guerras internacionales y los conflictos armados internos, como el que soporta el país desde hace más de 50 años.  

Colombia “exporta” de tiempo atrás mercenarios que ofrecen su experiencia en las fuerzas armadas, a cambio de pagos en dólares. Se habla de la presencia de mercenarios colombianos en el conflicto bélico Ucrania-Rusia, cuya duración no depende exclusivamente de los juegos tácticos y de los triunfos parciales de las fuerzas que combaten, sino de los mezquinos intereses que rodean a las empresas fabricantes de armas y pertrechos y a las que contratan a los mercenarios. Y claro, al juego político-militar de la OTAN, de Rusia, de los Estados Unidos, de Europa y de la propia China.

Hay que recordar a los mercenarios colombianos que participaron del crimen del presidente de Haití, Jovenel Moise. Aunque la aplicación de dicha categoría resulta problemática porque en ese país, en el momento de los hechos, no existía un conflicto armado interno, llamarlos así puede resultar equivocado. Las circunstancias que rodearon la contratación de los nacionales en los hechos que terminaron con el asesinato del presidente haitiano no son claras, pero comparte con la situación de los colombianos que viajaron a Ucrania o de otros que en el pasado participaron en otras guerras, el pago de una recompensa. Nuevamente, el asqueroso negocio y el sucio dinero que se deriva de la degradante actividad humana.

Quienes deciden viajar en calidad de mercenarios y defender una determinada causa, suelen llamarlos legionarios, categoría que sirve de mascarada para minimizar el rechazo que genera el término mercenario. En una rápida búsqueda en internet, el significado de la palabra mercenario refiere a “soldado que lucha a cambio de dinero o de un favor y sin motivaciones ideológicas”. En las mismas condiciones, busqué en la red y del término legionario se lee esta definición: “Soldado que servía o sirve en una legión militar. "se trataba de una misión solo para especialistas, por lo cual solo se enviaron legionarios y paracaidistas".

No se necesita mayor análisis para comprender que quienes se enlistan para posiblemente morir o desaparecer en guerras y conflictos ajenos a la perspectiva patriótica atada al lugar de origen, lo hacen a cambio de una compensación económica, en mayoría de las veces, por la necesidad de mejorar sus ingresos y la calidad de vida de sus familias.

Maquiavelo, en su obra, El Príncipe, advierte a la Italia de la época que “si un príncipe basa la defensa de su Estado en mercenarios, nunca alcanzará la estabilidad o la seguridad”.

Eso sí, tan equivocados los mercenarios aquellos que van a una guerra solo pensando en recibir un pago, como aquellos guerreros que hacen lo mismo creyendo que están defendiendo una causa política, una ideología, una patria, nación o territorio, cuando todas esas categorías y su aplicación objetiva siempre serán pasadas por el cedazo del capitalismo y de los dueños del capital. O, simplemente, por el interés y la pulsión humana de asesinar al diferente, a quienes no piensan como los demás o, simplemente, a aquel que alguien, de manera caprichosa, elevó a la condición de enemigo, por miedo a darle la razón. Al final, a unos y a otros, la historia política les dará el lugar oscuro que se merecen.

 

Imagen tomada de El Tiempo.