Por Germán Ayala Osorio
Después de las infortunadas declaraciones públicas del general de la
Policía, Henry Sanabria, el presidente Gustavo Petro asumió la responsabilidad por
lo sucedido en Los Pozos (Caquetá). No hay duda de que lo sucedido en la sede
de la petrolera Emerald Energy fue una asonada y que efectivamente los policiales
que enfrentaron a los campesinos que se tomaron dichas instalaciones fueron
víctimas de un secuestro. Y que por lo tanto no pudo darse un “cerco
humanitario” como señaló el ministro del Interior, Alfonso Prada.
Como al general Sanabria le pareció correcto insinuar que el ministro
Alfonso Prada fue constreñido y obligado a que calificara la acción colectiva
campesina como un “cerco humanitario” y que además se canjeara por los 78
policiales retenidos o secuestrados, entonces la prensa enemiga del gobierno
armó un gran escándalo mediático y político. Al griterío periodístico se sumó
la orden de captura que expidió un juez penal militar en contra del comandante
de la policía de Caquetá, coronel Javier Castro. Para ponerle fin a la
polémica, el presidente Gustavo Petro salió a decir que él asumía toda la
responsabilidad de lo sucedido, en particular, por la orden que dio a la cúpula
militar y policial de NO entrar a las instalaciones de la petrolera, para evitar
que el conflicto escalara más. Al final, murieron un policía y dos campesinos.
Un saldo trágico, pero pudo ser peor si se hubiese intentado recuperar las
instalaciones a sangre y fuego.
A pesar de que el “diligente” juez penal militar levantó la orden de
captura contra el coronel Castro, este seguirá indagando para intentar probar
si efectivamente el uniformado cumplió la orden presidencial o si fue
negligente antes de que la directiva presidencial se produjera.
Sin duda alguna, el general Sanabria se equivocó. Al parecer, no ha
entendido que los medios masivos tradicionales están acuciosos y muy pendientes
de cualquier error que el gobierno cometa, para insistir en la narrativa que
señala que las fuerzas armadas se están debilitando y que la moral está muy
baja. Incluso, se atreven a señalar que hay una desbandada de oficiales,
asociada esta a un malestar generalizado con el gobierno.
Ahora bien, lo sucedido en Los Pozos (Caquetá) sirve para ahondar en un
espinoso asunto: las relaciones entre los presidentes y las fuerzas armadas.
Hagamos algo de memoria para luego entender el talante de las que está
proponiendo el actual presidente de la República.
Las relaciones entre los presidentes de la República y las fuerzas armadas
en Colombia están atravesadas y contaminadas ideológicamente por las dinámicas
del conflicto armado y las que se desprenden de las luchas de los campesinos
víctimas de la persecución policial y militar por cultivar coca, única salida
que les dejó la equivocada política agraria de sucesivos gobiernos neoliberales,
desde César Gaviria Trujillo, hasta Iván Duque Márquez.
Cuando los presidentes asumen, con ánimo guerrerista, el rol de comandantes
supremos de esas fuerzas, esa relación se torna tensa y exigente por cuanto
“dar de baja al enemigo”, esto es, asesinar guerrilleros, suele ser la
orientación ética y moral, sin que importen mucho los daños colaterales.
Durante los 8 años del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, su relación con los
militares y policías estuvo soportada en su peligroso maniqueísmo con el que evaluaba
las circunstancias políticas que rodeaban el conflicto armado y sus dinámicas. La
relación Amigo-Enemigo le sirvió a Uribe Vélez para presentarse como el primer
soldado de la Patria. En su Manifiesto Democrático de 100 puntos, en el 30,
dejó clara el tipo de relación que sostendría con sus subordinados: “El presidente
dirigirá el orden público como corresponde en una sociedad democrática en la
cual la fuerza pública respeta a los gobernantes de elección popular. En la
Gobernación de Antioquia fui el primer policía del Departamento. En la
Presidencia seré el primer soldado de la Nación, dedicado día y noche a
recuperar la tranquilidad de todos los colombianos”.
En su declaratoria de guerra sin cuartel contra las Farc-Ep y las
constantes presiones para producir “más y mejores resultados operacionales”,
Uribe Vélez envileció a unidades militares que terminaron asesinando civiles para
hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate (falsos positivos). Bajo
ese principio del enemigo interno y la relación amigo-enemigo, fueron
perseguidos, estigmatizados y asesinados civiles incómodos. Baste con señalar
los crímenes del profesor Alfredo Correa de Andreís y del alcalde del Roble,
Eudaldo Díaz, para probar el peligroso talante con el que Uribe asumió el rol
de comandante de las fuerzas armadas.
Por el contrario, el presidente Gustavo Petro (2022-2026) asumió su rol de
comandante supremo de las fuerzas armadas con un tono y talante distintos. El
cambio es evidente: primero que todo, no sale a los medios a exigir bajas, como
tampoco asume los cantos temerarios y victoriosos de los generales, como lo
hizo el infantil, fatuo y mendaz de Iván Duque Márquez (2018-2022). Este último
no solo gritaba con voz de mando, “me siento orgulloso”, sino ¡Ajúa!,
exclamación guerrera que significa Arrojo, Justicia, Unión y Abnegación”, muy
usada por el tropero general Eduardo Enrique Zapateiro.
La historia política y militar deberá recordar que Uribe Vélez, como
comandante supremo de las fuerzas armadas, instrumentalizó a sus subalternos
con el claro propósito de posicionar la narrativa que expresaba que “estaba
ganándole la guerra contra la Far”; con ese relato, ocultó el crecimiento exponencial
de la corrupción público-privada y todos los hechos que lo convirtieron en el político
y expresidente más investigado por diferentes delitos. Baste con recordar los
procesos en su contra por las masacres del Aro y la Granja, cuando fungió como
gobernador de Antioquia y el proceso que actualmente enfrenta por manipulación
de testigos y fraude procesal.
No es llevando soldados y policías a la confrontación armada como se
respeta el honor militar y policial. Por el contrario, el mayor respeto que se
puede expresar hacia los uniformados se expresa en los procesos de paz.
Insistir en la idea de María Fernanda Cabal que señala que “el ejército es una
fuerza letal que entra a matar”, es manchar el honor militar y convertir a sus
miembros en genocidas.
Mientras que Petro asume la responsabilidad por la orden dada, Uribe Vélez
lleva años escurriendo el bulto por la política oficial que convirtió a los
falsos positivos en la mayor vergüenza para los militares. Uribe, en 2021 y
ante la Comisión de la Verdad, dijo: “los soldados me engañaron”. No hay nada
más que agregar.
Imagen tomada del noticiero del Llano
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