¿QUIÉNES SON LOS QUE DEFIENDEN A URIBE VÉLEZ?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Al expresidente Álvaro Uribe Vélez hay sectores de la sociedad que lo extrañan, otros lo adoran a rabiar, otros tantos lo detestan y muchos más esperan que la jueza que hoy está al frente del juicio penal que se lleva en su contra por soborno, fraude procesal y manipulación de testigos, lo declare culpable.

A pesar de su condición de expresidiario, y de afrontar el vergonzoso juicio penal en calidad de imputado, aún hay gente que se atreve a defender al político antioqueño y padre de la infame política de seguridad democrática.

En esta columna hago el ejercicio de caracterizar a todos los seguidores y defensores del caballista y latifundista. Eso sí, dicha caracterización debe entenderse en el marco de una sociedad como la colombiana que de tiempo atrás deviene confundida ética y moralmente.

Los políticos que hacen parte de la secta-partido, el Centro Democrático (CD) están obligados a creer y a defender la probidad de Uribe Vélez. Ese es el costo ético-político de hacer parte de esa colectividad. A esos defensores de oficio del exmandatario los llamaré Defensores Obligados Políticamente (DOP). Están igualmente obligados a salir a los medios a rechazar los cargos y las imputaciones repitiendo como loritos que se trata de una “persecución política” en contra del combativo exdirector de la Aerocivil.

Junto a estos curtidos políticos operan las juventudes uribistas que están en plena formación política. Caben dentro de estos jóvenes, los aspirantes a concejales de ciudades capitales importantes, diputados, alcaldes, gobernadores y congresistas. Estos jovencitos y jovencitas “aman” a Uribe, lo idolatran. Son la sangre nueva de la derecha y la ultraderecha. Guardan cierto parecido con los Jóvenes Cabal que irrumpieron para expresar su apoyo a la congresista y defensora del expresidente, María Fernanda Cabal. Ese “amor incondicional” hacia Uribe se explica porque andan detrás de un aval del CD y porque ciertamente se niegan a creer que el político antioqueño pueda estar involucrado o ser responsable de algún delito. Estos “retoños” del uribismo se ganaron un lugar dentro de la categoría Juventud Uribista Instrumentalizada (JUI).

Dentro de los ciudadanos del común que aún defienden al excongresista están aquellos que están convencidos de que la única manera de “sacar adelante” al país es matando comunistas, guerrilleros, ladrones callejeros (los de cuello blanco, no, por supuesto) y socialistas. Piensan así porque se creyeron el cuento de que Uribe Vélez fungió como muro de contención que evitó la llegada del Castrochavismo y del espectral comunismo. Estos nobles ciudadanos caben en la categoría Ciudadanos de Bien (CB). La defensa que hacen de esas violentas ideas los hace proclives a ocultar, rechazar o minimizar los crímenes de Estado que se cometieron entre el 2002 y el 2010, llamados “falsos positivos”. Frente a casos de corrupción como Agro Ingreso Seguro (AIS) para nombrar solo el más sonado, están obligados a guardar silencio. Y cuando los críticos de la política macroeconómica de Uribe les hablan de neoliberalismo, de inmediato responden a su interlocutor con insultos y señalamientos como “comunistas y amigos del terrorismo”.

También se reconocen en ese gran abanico de defensores de “Varito” a quienes aún se informan a través del noticiero RCN y sus programas radiales, en donde se defiende a dentelladas el “legado” del vulgar latifundista. A estos compatriotas no les interesa escuchar otras versiones y desprecian lo que medios alternativos dicen de Uribe Vélez y de sus enredos judiciales. A ellos los pondré dentro de la categoría Obstinados Ignorantes Seguidores (OIS) porque insisten en que la verdad revelada la tiene RCN, el canal oficial del uribismo.

Cada grupo cumple con unas funciones fundamentales para mantener la vigencia de las ideas y formas de proceder del exmandatario antioqueño. La sumatoria de los DOP, de los JUI, de los CB y de los OIG harán posible extender en el tiempo eso que llaman uribismo. Para unos, una seudo doctrina política; para otros, un “virus” que se cura con la lectura de libros de historia y política, especialmente. Eso sí, hay cientos de miles que salieron de ese embrujo y hoy se reconocen como ex uribistas, exhibiendo una gran vergüenza. A ellos los incluyo en la categoría Ciudadanos Recuperados del Engaño (CRE).

Imagen tomada de Pacifista. https://www.google.com/search?sca_esv=345267d81bec8f30&rlz=1C1UUXU_esCO975CO975&sxsrf=ADLYWIK-jSPazq_ewJTqyZYScmUcFKvCfQ:1716132056569&q=juventudes+uribistas,+presente&uds=ADvngMiZcBNsMUvkBJ71fvRLrjNSAsEuUeAktaZLcvlLK2Az8mx1VIjkkBJjcC3PhYLnNtZ0a2TJBHyQmkEXxWQ7c9PH3iWLPSQlYUTiTK3Jhn6xq6OEgXEtxP7L7A1LwkFeihIwLGR1rVIcCDgaurL-MaQwX-y6vYDJXhQxTzSkVu80uCkkXZJANj2AH8kbjmL06-KnUWr-HWsFaih-BlECMmpYX6Vt1pWvLvTiltX_dRW_m9qF1iFOEVyjxwV2TSaApJUmltVpsdN0HAr0ZrPcUWc9FVOasJZ5iFLDP2zbG6FaiAfIz1_IDTO0o7_yOmnoJWPgAVupn_3shxFYDe52K8Tar10wXw&udm=2&prmd=insvmbtz&sa=X&ved=2ahUKEwi8xvmMgpqGAxUabDABHRYKASUQtKgLegQIERAB&biw=1024&bih=641&dpr=1

“DESURIBIZAR” AL PAÍS: COLOSAL RETO CULTURAL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Para bien o para mal Álvaro Uribe Vélez es una figura política que genera simpatías y odios, admiración y repudio. Sus defensores hablan de que el exmandatario deja un inigualable un legado; por el contrario, sus contradictores y críticos, de inconmensurables daños culturales, expresados en un ethos mafioso que se habría naturalizado entre 2002 y 2010 y extendido al periodo comprendido entre 2018 y 2022, bajo la administración de su fatuo títere, Iván Duque Márquez.

A ese conjunto de dudosas prácticas ético-políticas se le conoce como “uribismo” (corrupción, tolerancia con los corruptos, actitudes tramposas), lo que hace pensar que dicho vocablo no corresponde necesariamente a la existencia de una doctrina política a través de la cual se le hace homenaje a quien le dio vida. Eso sí, para ser justos, todas las derivaciones de los apellidos de expresidentes de la República o de aspirantes a serlo, responden a ejercicios clientelares y electorales, alejados de cualquier posibilidad de estar asociados a un pensamiento político o a una sólida y ejemplar doctrina política. Santismo, Turbayismo, VargasLlerismo, Gavirismo y Pastranismo son simples nomenclaturas que jamás podrán asociarse a la existencia de un robusto pensamiento político anclado a quienes llevan consigo los apellidos Santos, Turbay, Vargas Lleras, Gaviria y Pastrana.   

Así las cosas, y en el entendido de que una parte importante de la sociedad colombiana haya aceptado la existencia de ese ethos mafioso que se potenció entre el 2002 y 2010 y comprendido los negativos efectos morales y éticos que dejó su operación visible e invisible a lo largo y ancho del país, entonces esa misma sociedad debe dar inicio a un proceso de “desuribización”, que no es otra cosa que proscribir ese ethos malicioso y sinuoso que se hizo visible a través de frases como “proceda doctor Cadena”, “ a los congresistas les pido que mientras los meten a la cárcel, voten los proyectos” o la más burda de todas: “donde lo vea le voy a dar en la cara marica”. Esas expresiones dan cuenta de la temperatura ética y moral de quien las originó y la de aquellos que las contemplaron y asumieron como legítimas, legales y plausibles.

“Desuribizar” a Colombia es el reto cultural más grande que tiene la sociedad, pues no bastará con la desaparición física, por muerte natural, de Uribe Vélez y mucho menos con la posibilidad que se abrió de ser condenado por los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos.  

Eso sí, creo que la sociedad y algunas instituciones estatales ya dieron sus primeros pasos hacia ese gran cometido cultural. Hay que decir que una parte de la institucionalidad estatal está sintonizada con la necesidad cultural de “desuribizar” al país. De un lado, la Fiscalía de Luz Adriana Camargo Garzón, que acaba de llamarlo a juicio, estaría liderando ese proceso de “desuribización” pues con el escrito de acusación le está diciendo al resto de los colombianos que nadie está por encima de la ley. Recordemos que esa idea perdió consistencia, valor y anclaje a la realidad gracias al hasta hace poco fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, quien protegió al expresidente y expresidiario hasta el último día de su nefasta administración, pues en dos ocasiones pidieron la preclusión del proceso penal al que está vinculado el hijo de Salgar (Antioquia).

La institución estatal que primero dio ese paso fue la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que lo investigó y le imputó los cargos que hoy lo tienen ad-portas de sentarse al frente de una juez para que trate de desvirtuar todo el material probatorio en su contra. La misma Corte Constitucional que validó las pruebas recogidas por la Sala de Instrucción de la CSJ, también aportó su grano de arena al proceso de descontaminación cultural que se asocia al objetivo de “desuribizar” a Colombia.

Quienes en el pasado votaron por Uribe Vélez y creyeron en sus “tesis” y sobre todo, en la pulcritud de sus decisiones, están en la obligación moral y política de aportar al proceso de “desuribización” a través del arrepentimiento individual y grupal, pero sobre todo, de asumir la tarea de convencer a los que aún creen en Uribe Vélez, de que están defendiendo ideas equívocas y quizás replicando un ethos a todas luces dañino.

Por supuesto que sus áulicos compañeros de bancada y miembros del partido-secta, el Centro Democrático (CD) jamás podrán hacer parte del proceso que amerita semejante reto cultural. Por el contrario, insistirán en que el político antioqueño dejó un legado enorme al país. Y para ello, volverán con las manidas ideas de que “pudimos volver a las fincas durante los tiempos de la seguridad democrática” y de “que Uribe fue un berraco que casi acaba con las Farc-Ep”. Ya veremos si como sociedad y Estado seremos capaces de proscribir ese oscuro ethos cultural que se asocia a eso que llamamos “uribismo”.

Imagen tomada de la red X.

¡POR FIN ES LLAMADO A JUICIO ÁLVARO URIBE VÉLEZ!

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El llamado a juicio al expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez es, sin duda alguna, el hecho jurídico y político del año. Quien hasta hace unos años fuera un temido e intocable político, ahora afrontará, en la soledad y viudez del poder, un juicio por los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos. En el ocaso de su azarosa vida, Uribe Vélez terminará enjuiciado y afrontando otros procesos por delitos más graves, como apoyo a grupos paramilitares y responsabilidades en la comisión de las masacres de El Aro y la Granja, que se le endilgan de tiempo atrás.

El fino teflón con el que Uribe Vélez, de la mano de los medios masivos, enmascaró y protegió su “honorabilidad”, se desvanece ante la fuerza del material probatorio con el que finalmente la Fiscalía, como institución, decidió presentar escrito de acusación.

Después de por lo menos tres vergonzosas solicitudes de preclusión ordenadas por el entonces fiscal general, Francisco Barbosa, la Fiscalía, bajo la administración de Luz Adriana Camargo Garzón, un fiscal delegado por fin lo acusa formalmente por los graves delitos bajo los cuales se encuentra en calidad de imputado. La decisión fue tomada por el fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gilberto Iván Villareal.

La acusación formal contra el político antioqueño afecta la dignidad presidencial, al tiempo que le devuelve el decoro y la respetabilidad a la justicia ordinaria representada en la fiscalía general, manchada por las vergonzantes solicitudes de preclusión que hicieron anteriores fiscales, quienes seguían órdenes del inefable, Francisco Barbosa. No podemos olvidar que es el primer expresidente, por lo menos en la historia reciente, llevado a juicio por delitos penales y no políticos. 

Lo curioso de la presentación de la acusación es que se da en el día de las víctimas del conflicto armado interno del país. Hay que recordar que Uribe Vélez fue demandando ante la justicia argentina por las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”. Los jóvenes asesinados por miembros del Ejército nacional son considerados víctimas del conflicto armado colombiano.

Así entonces, el 9 de abril de 2024 será una fecha memorable para la justicia por todo lo que implica llevar a juicio al político que más daño le ha hecho al país en los últimos 30 años; incluso, pasando por encima de Pablo Emilio Escobar Gaviria, el cruel narcotraficante y asesino antioqueño.

En una sociedad confundida moralmente como la colombiana, veremos a los sectores afines a la derecha y a la ultraderecha, cuestionar la decisión y descalificar el llamado a juicio, señalando que se trata de una “persecución política”. Y justo, la acusación formal se produce en el primer gobierno de izquierda, asociación que obviamente harán los áulicos del expresidiario, para deslegitimar la esperada decisión de la Fiscalía. Muy seguramente dirán que la "democracia está en riesgo", que "Petro ternó a la nueva fiscal para que ella diera la orden de acusar formalmente a Uribe"; "que se acabó con el Estado de derecho"; que "enjuiciar a Uribe es una afrenta contra los colombianos". "Llamado a juicio a Uribe es propio de una dictadura". 

Muy difícil la tienen los abogados de Uribe Vélez para desvirtuar en juicio el material probatorio que está en manos de la Fiscalía. Ya veremos qué sucede. Por ahora, la frase “nadie está por encima de la ley” recobra su vigencia y veracidad, pues, por fin es llamado a juicio el expresidente.

Imagen tomada de la red internet

ÁLVARO URIBE VÉLEZ ESTÁ TEMBLANDO POR EL REGRESO DE MANCUSO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Salvatore Mancuso tiene temblando al expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez y quizás a otros agentes del Establecimiento señalados por el exjefe paramilitar de haber patrocinado a las AUC y de recibir el apoyo político y electoral de las estructuras paramilitares.

Una vez pisó tierra colombiana Salvatore Mancuso Gómez, el expresidente antioqueño grabó un video en el que de manera apresurada insistió en que jamás se reunió con el entonces comandante paramilitar, versión que contradice lo dicho por el criminal de lesa humanidad. Ahora, su partido, el Centro Democrático (CD) denuncia públicamente que hay un plan en contra de su líder natural, con el que sus derechos estarían en peligro. Y va más allá al pedir medidas cautelares a organismos internacionales, sin precisar uno en particular.

Sugieren en el señalado comunicado que la JEP y el Gobierno de Petro están usando a Mancuso Gómez como instrumento político para atacar a Uribe Vélez a través de los señalamientos que el excomandante paramilitar ha hecho en contra del expresidente, relacionados con su conocimiento sobre la ocurrencia de la masacre del Aro y otros hechos atados a los operativos paramilitares ejecutados durante la seguridad democrática.

El hecho de señalar en el comunicado que Petro, la JEP y Mancuso se aliaron para diseñar un plan político y legal para someter al expresidente Uribe a la justicia, constituye una lectura maliciosa y paranoica con la que el uribismo busca descalificar lo dicho por el criminal paramilitar. A lo mejor, en el fondo, lo que realmente está sucediendo y el propio Uribe Vélez lo intuye, es que una parte del Establecimiento colombiano estaría dispuesto a quitarle el apoyo y por ese camino dejar de protegerlo, quizás a cambio de beneficios jurídicos, económicos y políticos.

Exista o no un plan orquestado desde la presidencia de la República o que agentes poderosos del Establecimiento estén dispuestos a darle la espalda y la estocada final a quien usaron para estirar sus propios límites morales y éticos, lo cierto es que el país necesita procesar a Uribe Vélez, llevarlo a juicio y ojalá, condenarlo.

Nuevamente el CD descalifica a la JEP, al señalar que es un tribunal que fue creado con argucias y diseñado para y por las Farc. Además, cuestiona e invalida la lectura que la JEP hizo de lo expresado por Mancuso ante el alto tribunal de paz, en la que lo reconoce como agente bisagra. Según el CD, esa interpretación de la JEP se explica porque quieren “usarlo contra Uribe”.

Sin duda alguna hay nervios en las huestes uribistas y el propio Uribe Vélez luce descompuesto por el regreso de Mancuso, a quien extraditó, según un documento revelado por la revista Cambio, porque le dio la gana y no porque hubiese pruebas de que estaba delinquiendo desde la prisión en la que estaba recluido cuando Uribe, de manera discrecional, lo extraditó, junto a una docena de paramilitares, hacia los Estados Unidos.

Los nervios de Uribe aumentan ante la posibilidad de que Amelia Pérez Parra sea elegida por la Corte Suprema de Justicia como la nueva fiscal general por un hecho clave: Pérez Parra investigó en el pasado la masacre del Aro y otros hechos relacionados con el paramilitarismo. Es decir, Uribe Vélez tiene razones suficientes para estar asustado pues sus procesos penales en la misma CSJ, en la Comisión de Acusaciones de la Cámara y los que reposan en la Fiscalía no se han movido en años. En particular, durante la administración de Francisco Barbosa, ficha del uribismo, esos expedientes acumularon más y más polvo.

Imagen tomada de Vorágine

SANTOS LE SALVÓ EL PELLEJO A URIBE VÉLEZ

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El reconocimiento que Juan Manuel Santos le hizo al periodista Alfredo Molano, en torno a la gestión que a muy alto nivel lideró para asegurarle al expresidente Álvaro Uribe inmunidad diplomática ante el posible llamado que harían tribunales americanos por la violación de los derechos humanos, constituye un hecho jurídico-político que debería de concitar una discusión ético-política, periodística y jurídica en torno a lo dicho por Santos y a la historia de violaciones de derechos humanos que rodea al expresidente y expresidiario antioqueño; y por supuesto, a la defensa que periodistas y medios masivos hicieron y aún hacen del “legado” del latifundista, ganadero y caballista antioqueño.

Santos Calderón justificó las gestiones que realizó para, según él, salvarle el pellejo al expresidente Uribe Vélez porque consideró que era indigno someter al país a un escándalo mediático, jurídico y político ante un eventual procesamiento de Uribe ante la justicia americana. El argumento que hoy exhibe Santos es débil ética y moralmente porque prefirió pasar por encima de los derechos de las víctimas de la política de seguridad democrática creada y liderada en su aplicación por el propio Uribe. Es decir, Santos subvaloró a las madres de Soacha, cuyos hijos fueron asesinados por militares (falsos positivos) debido a las presiones de la cúpula militar y del propio Ejecutivo de “producir más y mejores resultados operacionales y carrotanques de sangre”.

Las consultas que a muy alto nivel realizó Santos le permitieron también salvar su pellejo porque en su rol de ministro de la Defensa de Uribe Vélez, es responsable de los falsos positivos que se cometieron durante el tiempo que duró al frente de esa cartera. Además, lo hecho por Santos, en perspectiva histórica, parece más una acción política para asegurar gobernabilidad ante el desencanto que sabía que generaría en el país el diseño del proceso de paz y el contenido final del tratado de paz firmado en La Habana y ratificado en el teatro Colón, en razón al pírrico triunfo del No en el plebiscito por la paz. Santos, como fino ajedrecista, supo mover sus fichas buscando, como hijo del Establecimiento colombiano, salvarse él, aunque más adelante los nombres de célebres empresarios y políticos, sus amigos de clase social quedaran en entredicho en el proceso de construcción de la verdad histórica que adelantó la ya desaparecida Comisión de la Verdad; y la verdad judicial que a cuentagotas viene consolidando la JEP.

Lo cierto es que lo reconocido por Santos llega en el momento en el que un juez argentino, a finales del 2023, aceptó investigar a Uribe Vélez por violaciones a los derechos humanos. Las organizaciones que elevaron la demanda ante la justicia gaucha lo hicieron basados en el principio de la jurisdicción universal. A ese proceso judicial extraterritorial contra Uribe Vélez se suma la desclasificación que los gringos hicieron de varios documentos en los que aparece reseñado el nombre del exmandatario y latifundista colombiano. El congresista y contradictor político de Uribe, Iván Cepeda Castro, escribió en el portal Open Democracy que “veintitrés de esos documentos desclasificados pueden leerse en el sitio web de la organización National Security Archive. Allí figuran documentos de agencias de inteligencia estadounidenses que reseñan que, en la década de 1990, Álvaro Uribe Vélez estaba incluido en una lista oficial de los principales narcotraficantes y sus aliados “dedicados a colaborar con el Cartel de Medellín”.  

La derecha uribizada intentará minimizar lo expresado por el expresidente y Nobel de Paz apelando a la narrativa que construyeron junto con los medios hegemónicos, en la que Santos aparece como un “traidor” porque se hizo elegir con las banderas del Centro Democrático y terminó “entregándole el país a las Farc”.

Lo dicho por Santos Calderón vuelve a poner en la palestra al expresidiario Álvaro Uribe Vélez, el político que más daño le hizo al país entre 2002 y 2010. Hoy está procesado por manipulación de testigos y fraude procesal. Sin duda alguna, delitos menores frente a las atroces violaciones a los derechos humanos en las que incurrió su gobierno con los falsos positivos. La azarosa y cuestionada vida pública y privada de Uribe Vélez oscila entre inmunidades gestionadas y la impunidad que le garantiza el débil aparato de justicia colombiano.

Imagen tomada de la red X. 

PELÍCULA MATARIFE Y EL CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La polémica que armaron periodistas de La W radio en torno a la exposición privada de la película Matarife, con el apoyo del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) permite mirar elementos propios del proceso de construcción de la memoria en un país “desmemoriado” y que poco lee y el papel de la entidad estatal.

El CNMH tiene el objetivo fundante de construir una narrativa oficial que dé cuenta de la complejidad de las violencias políticas y sociales desatadas en el marco de lo que se conoce como el conflicto armado interno. Una de esas formas de violencias (físicas y culturales) las ejercieron los paramilitares y quienes apoyaron su creación y patrocinaron su operación militar.

El trabajo del CNMH de entregarle al país una narrativa fundada en un ejercicio interpretativo y valorativo (académico) de hechos violentos que la misma prensa registró en años de cubrimiento del accionar militar de paras, ejército y guerrillas, no puede dejar por fuera el trabajo periodístico, histórico y criminológico que Daniel Mendoza Leal hizo con la serie Matarife, en la que presenta al expresidente Álvaro Uribe Vélez como el operador de un “aparato criminal” que el documentalista amarró conceptualmente al vocablo “aparatos organizados de poder” y a la conducta que se deriva de quienes hacen operar organizaciones criminales al interior del Estado, conocida como la “autoría mediata”, que hace parte de la producción académica de Claus Roxin. El jurista dice que “la autoría mediata se basa en la tesis de que, en una organización delictiva, los que están detrás de ella y que ordenan la comisión de delitos, teniendo un poder autónomo de dar órdenes, también podrían ser hechos responsables como autores mediatos aun cuando los ejecutores directos puedan ser penados igualmente como autores plenamente responsables. En el lenguaje coloquial alemán se designa a estos maquinadores como «autores de escritorio». Mi idea consistía en volcar este concepto cotidiano en una categoría precisa de la dogmática jurídica” (p.52).

De esta forma, que el CNMH legitime la película Matarife que recoge el grueso de las interpretaciones que Mendoza Leal hace sobre la responsabilidad penal y política de Uribe, también llamado por el documentalista como “el señor masacre”, obedece a una decisión que está acorde con su trabajo interpretativo  de las múltiples violencias acaecidas en el país, muchas de estas responsabilidad de agentes estatales que, por acción u omisión, permitieron la comisión de masacres, asesinatos selectivos y desplazamientos forzados de millones de campesinos.

La polémica que armaron en La W está ancorada a dos hechos políticos: el primero, a la inquina que les produce todo lo que haga y deje hacer el gobierno de Petro; y la segunda, a la decisión editorial, compartida con otros medios, de defender a dentelladas a Uribe Vélez y su seguridad democrática.

La sociedad necesita elementos de juicio para comprender, desde la complejidad, las dinámicas del conflicto armado interno. Y para ello se necesita de ejercicios pedagógicos y de interpretación histórica y criminológica como los que viene haciendo Mendoza Leal con la serie Matarife. Tanto la serie, como la película Matarife facilitan la comprensión rápida de unas realidades violentas que, miradas desde la teoría de Roxin y las de otros teóricos y categorías como la “Banalidad del Mal”, de Hannah Arendt, no le permitirían al grueso de colombianos sacar conclusiones, justamente, por el pobre capital cultural de mis connacionales dado sus bajos índices de lectura y comprensión lectora.

Lo que se debería de hacer es pasar la película Matarife en todas las salas de cine y dejar que sean los espectadores y las audiencias las que califiquen su producción y las interpretaciones de Mendoza Leal. Además, proponer talleres para analizar lo dicho y acercar la teoría de Roxin a todas las clases sociales, porque hay un hecho social y político claro: Uribe Vélez le hizo mucho daño al país entre 2002 y 2010.

Imagen tomada de la red X. 

FRENTE AL INFORME DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD, ÁLVARO URIBE PREPARA UNA VERDAD PARALELA

 

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Molestos o quizás rabiosos con la verdad histórica que encarna  y promueve el informe de la Comisión de la Verdad, el uribismo amenaza con entregarle al país su versión del conflicto armado, de sus dinámicas y los rostros de los responsables de las atrocidades cometidas durante más de 60 años de hostilidades. Desde esta tribuna aplaudo esa reacción que, en el marco de una democracia plural, debe respetarse en tanto que Álvaro Uribe Vélez, responsable político de los crímenes cometidos por militares y policías durante sus ocho años de mandato, tiene todo el derecho a disentir de lo dicho en el señalado informe.

Estaremos prestos en la Academia a contrastar la verdad histórica que hace unos días le entregó al país la Comisión de la Verdad, institución del Estado, creada en el marco del sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición que se acordó en La Habana, con lo que pueda llegar a decir el uribismo en sus cartillas.

El diario uribista El Colombiano registró así el hecho político y noticioso: “Luego de los cuestionamientos que ha generado la socialización del Informe Final de la Comisión de la Verdad en los colegios del país, el expresidente Álvaro Uribe confirmó que, por petición de “muchas personas”, el Centro Democrático publicará una cartilla alternativa. El exmandatario señaló que esta cartilla fue elaborada por organizaciones de víctimas, oenegés y personas que hacen parte de otros sectores políticos”.

 

El redactor y el editor de la nota publicada se equivocan al decir que los cuestionamientos de Uribe y de sus áulicos están en la socialización del informe. No, el resquemor nace de las responsabilidades que el informe le endilga al hoy imputado expresidente, por la implementación de la infame política de seguridad democrática, la misma que terminó aupando a cientos de militares para que le pusieran precio a la vida de jóvenes y campesinos, para luego asesinarlos y hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate. Asociada a esta política, hay que señalar el Decreto Boina y la directiva ministerial 029 de 2005.

 

La reacción del expresidente y la de sus cortesanos, incluida la senadora Paloma Valencia, se explica por el inicio de actividades pedagógicas que en colegios públicos ordenó el gobierno de Gustavo Petro, con las que se socializará el sentido, las interpretaciones y las cifras del informe de la Comisión de la Verdad. Así entonces, en colegios y ojalá también en universidades públicas y privadas pronto podremos debatir las cartillas del uribismo y los textos que hoy se erigen como la verdad histórica oficial del devenir del conflicto armado, sus víctimas y victimarios. En contraste con esa versión oficial, el uribismo entregará su verdad paralela, esto es, la lectura interesada, sectorial e ideológicamente sesgada con la que no solo buscan contradecir lo publicado, sino tergiversar la verdad de unos hechos tozudos, con el firme propósito de evitar asumir las responsabilidades políticas que les corresponde asumir por haber operado y consolidado un Estado militarista, que terminó asesinando, estigmatizando, desplazando y persiguiendo a sus asociados por cuenta de una lectura maliciosa de la historia. Al final, la tesis negacionista del conflicto armado interno justificó la violencia estatal, y las actividades de “terrorismo de Estado” que se desarrollaron, en particular, en los gobiernos de Turbay Ayala y Uribe Vélez.

 

Las cartillas que el uribismo entregará hacen parte de la narrativa del oprobioso régimen de poder que viene operando en Colombia de tiempo atrás. Narrativa que, por supuesto, defenderá el honor militar, mancillado por oficiales de alto rango y suboficiales que le pusieron precio a la vida de 6402 jóvenes. Imagino que dirá la cartilla uribista que lo de los falsos positivos es una invención de ONG de izquierda, para enlodar y deslegitimar a las fuerzas armadas. O quizás, esa lectura paralela de la verdad oficial recién publicada, estará enfocada en legitimar las atrocidades cometidas por el Estado, siguiendo la también maliciosa y perniciosa lectura que recién hizo Paloma Valencia, quien señaló que se trató de “atrocidades legítimas” porque se produjeron para defender a la ciudadanía. Así, nuevamente le doy la bienvenida a la verdad paralela que el uribismo pronto entregará al país. En los tiempos de la postverdad, esa versión terminará vencida por la ya contundente verdad oficial que entregó la Comisión de la Verdad y porque el unanimismo ideológico, político y mediático promovido entre 2002 y 2010, ya es cosa del pasado. 

Imagen tomada de EL ESPECTADOR.com

MANCUSO Y URIBE VÉLEZ: ACTORES BISAGRA

 

Por Germán Ayala Osorio

La aceptación de Salvatore Mancuso Gómez en la JEP constituye un hecho jurídico-político que permitirá determinar la responsabilidad del Estado en la comisión de crímenes de lesa humanidad (falsos positivos) y la que le corresponderá dilucidar a los magistrados en lo que corresponde al rol jugado por Álvaro Uribe Vélez, en particular, frente a la masacre del Aro.

Mancuso Gómez, como agente estatal de facto, participó del largo proceso de consolidación del Estado colombiano como un orden criminal, un asesino serial, que debe ser sentado en el banquillo de los acusados, tal y como lo solicitó Álvaro Leyva Durán en agosto de este año. El hoy canciller propuso a la JEP que abriera el macrocaso de la responsabilidad del Estado. Aunque la JEP no atendió la solicitud elevada por Leyva, con la aceptación de Mancuso como agente bisagra entre los paramilitares y el Ejército nacional, prácticamente se dan puntadas para que se abra el macrocaso o simplemente, para que la responsabilidad del Estado colombiano por los falsos positivos haga parte de narrativas jurídicas en los tribunales nacionales e internacionales, lo que muy seguramente conllevará a más sanciones morales y políticas, de acuerdo con fallos que en adelante entregue, por ejemplo, la CIDH.

Dentro de lo expresado y confesado por Mancuso ante la JEP se destaca que “Uribe Vélez todo el tiempo estuvo al tanto de la ocurrencia de la masacre del Aro” en su calidad de gobernador de Antioquia. El señalamiento, temerario o no, cierto o no, ubica al expresidente Uribe, sin que así lo haya dicho la JEP, como un actor bisagra institucional entre el poder de un gobernador y los paramilitares.

Mientras que a Mancuso la JEP lo reconoce como un “agente estatal de facto” y bisagra entre la fuerza pública y los paramilitares, el mismo alto tribunal, al validar y confrontar lo dicho por el exjefe paramilitar y compareciente, expone a Uribe Vélez como un “agente político estatal y bisagra institucional” entre el Estado, en su calidad de gobernador de Antioquia y posteriormente como presidente de la República, y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), de acuerdo con el apoyo electoral que el mismo Mancuso y otros paramilitares reconocieron que le entregaron a la campaña Uribe presidente y por captura de por lo menos el 35% del Congreso que lograron las AUC.

Estamos, pues, ante dos actores bisagras que, en momentos muy precisos de la historia del país impulsaron, aceptaron y cohonestaron con las conductas criminales de militares y paramilitares, que terminaron con el asesinato de por lo menos 6402 jóvenes, conocidos mediáticamente como falsos positivos. Si la JEP consolida una narrativa judicial o jurídica con la que sea posible probar la responsabilidad de Uribe Vélez en la comisión de la masacre del Aro, tal y como lo incrimina Mancuso Gómez y con ese mismo discurso, probar que las ejecuciones extrajudiciales perpetradas entre paras y militares hicieron parte de una política institucional, tanto Uribe como Mancuso compartirían el mismo rol de agentes bisagras y el Estado colombiano tendría que terminar sentado en los estrados judiciales y procesado como un orden criminal y un asesino serial.

Imagen tomada de Vorágine

ÁLVARO URIBE VÉLEZ: EL FRENTERO Y COMBATIVO QUE LE HUYE A UN JUICIO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Después de que el Tribunal Superior de Bogotá le negara a la fiscalía de Barbosa la inmoral solicitud de preclusión del caso penal al que está vinculado el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en calidad de imputado, es preciso reflexionar sobre lo que significa moral, ética, política y jurídicamente que un expresidente esté involucrado en unos hechos punibles de la magnitud del fraude procesal y soborno a testigos.

Políticamente, se trata de un golpe al ego de un hombre que se acostumbró a manosear a la justicia y a someter a su voluntad a quienes osaron controvertirlo o enfrentarlo políticamente. Uribe Vélez siempre se presentó como un “hombre frentero, un macho cabrío y combativo”, pero la estrategia de sus abogados, ancorada al compromiso de la Fiscalía de defenderlo pasando por encima de todo el material probatorio que lo incrimina en los hechos punibles, lo viene dejando como un cobarde incapaz de enfrentar al aparato de justicia sin la ayuda de un fiscal general convertido en su títere. En el ocaso de su vida y en camino de convertirse en un carcamal, Uribe Vélez siente que el poder y la admiración que concentró como jefe del Estado se desvanece progresivamente porque hay jueces que le perdieron el miedo, y porque en su trasegar político, jamás se preocupó por cultivar amistades, sino por asegurar complicidades y obsecuentes cómplices.  

Debe ser muy triste llegar a viejo rodeado de abogados entrenados para dilatar procesos, jugando con los vacíos de las normas, cuando pudo, por su condición de expresidente de la República, estar compartiendo espacios con intelectuales y dando clases en universidades de prestigio. O quizás, escribiendo libros. Pero claro, Uribe Vélez no construyó su vida para vivir en medio de esos escenarios, porque desde muy joven los despreció. Por eso quizás siempre odió a los profesores críticos y a la academia que fustigó sus ideas premodernas y neoliberales. Álvaro Uribe Vélez es un patán, un “rufián de esquina”, como lo llamó el entonces presidente Santos, a quien, por el contrario, los escenarios académicos sí le llaman la atención y los valora porque su vida estuvo ancorada a las buenas maneras, a la lectura y al estudio.

El caso de Uribe es el de un hombre básico, enamorado del dinero, de los caballos y rodeado de peones sumisos; sin la riqueza que logró acumular, mal habida, según narrativas periodísticas y sociales, Uribe sería, en esencia, un homúnculo, un hombrecillo, como lo llamó Fernando Vallejo. Ahora, en el crepúsculo de su vida, Uribe Vélez, tercamente, seguirá luchando por mantener a flote su cuestionada honorabilidad, o una probidad que solo se atreven a defender quienes, muy seguramente, se beneficiaron económica y políticamente de una relación cercana con el padre de la temida Seguridad Democrática. Política inspirada en el Estatuto de Seguridad de su referente político, el inefable Julio César Turbay Ayala.

El 1087985 representa muy bien a esa Colombia violenta, alejada de la lectura y de la reflexión. Con ese cuentico de “trabajar, trabajar y trabajar y a Colombia la está matando la pereza”, Uribe Vélez confirma que jamás cultivó el amor por la lectura y la escritura. Su lenguaje, como él mismo, es básico, ordinario y elemental.

Al verlo acorralado por la justicia, se comprende el error mayúsculo de quienes votaron por él, una y otra vez. El yerro se torna mayúsculo porque sus millones de arrepentidos seguidores jamás revisaron su historia y sus amistades; así mismo, jamás analizaron su lenguaje corporal y sus usos particulares de la lengua.

Si sus abogados van a esperar que la fiscalía siga eternamente solicitando la preclusión de su caso, lo único que eso demostrará es el desprecio que sienten por la justicia esos profesionales del derecho y el propio expresidente. Y en un país como Colombia, que un exjefe del Estado exhiba ese nivel de ultraje a la majestad de la justicia y de los jueces, solo agranda el equívoco de quienes votaron y aplaudieron su “obra” de gobierno. Y por supuesto que hace ver diminuto a quien fuera elevado a la condición de Mesías por medios, periodistas, empresarios, futbolistas, rectores de universidades privadas y banqueros.

Cuando Uribe Vélez deje este mundo, no habrá dejado un legado. Por el contrario, dejará, muy seguramente, procesos judiciales abiertos, un ethos a todas luces inconveniente, malicioso y dañino para una sociedad que deviene confundida moral y éticamente.

Por el contrario, si Uribe opta por decirle al fiscal Barbosa que presente el escrito de acusación y se inicie el esperado y reclamado juicio, podrá recuperar algo de ese coraje y de la combatividad que arrancó aplausos de sus áulicos. Acepte ir a juicio, señor Uribe. No enlode más su nombre, porque como van las cosas, Usted será recordado como un falso mesías, un cobarde, una mala persona y un pésimo perdedor.

 Imagen tomada de Youtube. 

URIBE, A JUICIO: ¡POR FIN!

 

Por Germán Ayala Osorio

En el país de las filtraciones de procesos judiciales, el propio expresidente Álvaro Uribe Vélez convocó a los medios para decirle al país que el Tribunal Superior de Bogotá negó la solicitud de preclusión del caso de manipulación de testigos y fraude procesal en el que está en inmerso en calidad de imputado. Lo curioso del anuncio del expresidiario es que dicha decisión apenas la tomará hoy a las dos de la tarde.

El ladino político antioqueño usa a los medios para victimizarse y por supuesto, para estigmatizar a los magistrados y a los abogados de las víctimas que le descubrieron el plan que junto con el aboganster Diego Cadena, de acuerdo con el sentido de la imputación, diseñó para torcer los testimonios de varios confesos exparamilitares que insisten en que, de parte de Uribe, les ofrecieron dinero para el señalado propósito. Uribe habló de "abogados de izquierda" como si militar en esa orilla ideológica fuera un delito. 

Cierto o no la versión que indica que será llamado a juicio el vulgar caballista, en este largo proceso judicial se confirma la politización de la fiscalía de Barbosa, convertida institucional y operativamente en la defensora de oficio del exjefe del Estado colombiano. Las dos solicitudes de preclusión son una vergüenza para el ente acusador y los fiscales que se prestaron para deslegitimar las pruebas recaudadas por los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

Si efectivamente el Tribunal Superior de Bogotá niega la preclusión, lo más sensato es que la fiscalía no insista más en la vergonzante actitud asumida de proteger al “rufián de esquina” (así lo llamó el entonces presidente Santos) de los delitos que, de acuerdo con los magistrados de la CSJ, cometió el expresidente y latifundista, Álvaro Uribe Vélez. Claro que la fiscalía puede insistir en la preclusión, actitud que solo serviría para confirmar que Francisco Barbosa fue el títere de Iván Duque, que a su vez, también fungió como el muñeco del temido expresidente, hoy súb judice de la justicia.

Si por el contrario, escenario poco probable, el Tribunal Superior de Bogotá concede la preclusión, entonces estaríamos ante la lamentable constatación del poder intimidante de Uribe y de un evidente enfrentamiento jurídico entre este tribunal y la Corte Suprema de Justicia, e incluso, con el auto de la Corte Constitucional con el que se validó lo actuado por los magistrados de la Sala de Instrucción.

Ya es tiempo de que Uribe deje de manosear a la justicia, victimizarse y sobre todo, de estigmatizar a quienes él ve como sus enemigos políticos, cuando lo que realmente son víctimas de sus maliciosas y temerarias actuaciones. Insisto: después del asesino serial, Pablo Escobar Gaviria, Uribe Vélez es el personaje público que más daño le hace y le sigue haciendo al país. Por eso, en varios sectores de la opinión se escucha el grito, ¡por fin! Con el que se celebra y se guarda la expectativa de que Uribe Vélez sea llevado a juicio y se ha condenado por las conductas punibles que le fueron imputadas.

Imagen tomada de Minuto 30

MINISTRO DE LA DEFENSA PIDE PERDÓN POR FALSOS POSITIVOS

 

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El ministro de la Defensa, Iván Velásquez, pidió perdón por los crímenes cometidos por miembros del Ejército. “Le pedimos perdón a las familias de estos 19 hombres, pero también a todo un país que vivió el horror de la criminalidad de las ejecuciones extrajudiciales. Hoy, en la Plaza de Bolívar de Bogotá, en nombre del Estado, pedimos perdón a las madres y familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, crímenes que nos avergüenzan ante el mundo...”

Los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales son hechos que dan cuenta de la degradación moral en la que cayeron los militares, en un contexto de envilecimiento de todos los actores armados, esto es, militares, paramilitares y guerrillas. Es decir, los tres actores armados entraron en una dinámica sostenida de conversión criminal.

La ceremonia y la solicitud de perdón constituyen actos de reparación que enaltecen la política y le devuelven a la población civil la confianza que se perdió en las fuerzas militares. Eso sí, el acto de contrición debe ir acompañado de una acción institucional cuyo derrotero es claro: eliminar la doctrina del enemigo interno. Justamente, bajo esa escuela se justificaron sistemáticas violaciones de los derechos humanos durante estos largos 50 años de conflicto armado interno. El gobierno de Petro debe cerciorarse del cambio de “cartilla” al interior de las fuerzas armadas, en particular, en las escuelas de formación de oficiales y suboficiales del Ejército. Tanto Petro como Velásquez saben que, para las elecciones de 2026, la derecha uribista intentará recuperar el poder a través de las candidaturas de Diego Molano, Francisco Barbosa y María Fernanda Cabal. Esta última dijo en 2016, “soy muy crítica con los generales hoy, me parece que son unos vendidos, que les pagaron una prima de silencio que no sabemos de cuánto es (…) Amo a mi Ejército, amo a mis soldados y policías, pero qué rápido vendieron su doctrina ¡Qué falta de capacidad de pelear por los principios con los que fueron formados! Es que el Ejército no está para ser damas rosadas, el Ejército es una fuerza letal de combate que entra a matar”.

 Que en nombre del Estado se pida perdón por crímenes atroces engrandece a esa forma de dominación de la que muchos gobiernos y presidentes de la República se valieron en el pasado para dar rienda suelta a sus odios e intolerancia. En el marco del degradado conflicto armado interno, sucesivos gobiernos facilitaron y auparon la aplicación, a rajatabla, de esa doctrina militar y estatal, que con el tiempo convirtió al Estado en una organización criminal. Emergió entonces aquella vieja sentencia de la “violencia legítima del Estado”, patente de corso que jefes de Estado y unidades militares usaron para asesinar con vileza, perseguir y torturar a quienes simplemente se atrevieron a pensar distinto en los complejos años 60, 70 y 80.

En las imágenes transmitidas por varios noticieros de televisión se pudo notar la sinceridad del ministro Velásquez, quien asumió la tarea de pedirle perdón a las familias y al país por crímenes que sectores de la derecha naturalizaron para luego negar, aduciendo que los falsos positivos no eran más que una narrativa de la izquierda para enlodar la imagen del “glorioso Ejército” colombiano.

Lo cierto es que bajo el mandato del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), el Estado, de la mano de unidades militares, se convirtió en un cruel y despiadado asesino serial responsable de 6402 probados falsos positivos. Quizás, en lugar del ministro Velásquez, a esa tarima debieron subirse para dar la cara, Juan Manuel Santos, Camilo Ospina y el propio Álvaro Uribe. Santos y Ospina, por haber sido sus ministros de la Defensa; y Uribe, por ser el responsable político y moral de las oprobiosas prácticas que generó la aplicación de su política de seguridad democrática.

Recientemente, el profesor Rodrigo Uprimny dijo en una columna que “Uribe era el presidente y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, y podría entonces haber incurrido en la responsabilidad de mando por esos crímenes por cuanto parecen reunirse los tres requisitos exigidos por el derecho penal internacional: i) tener mando efectivo, y Uribe tuvo siempre un control claro sobre la Fuerza Pública; ii) tener información disponible de que esos crímenes estaban ocurriendo, y lo cierto es que, desde 2004, la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas reportó su preocupación por denuncias crecientes y creíbles de ejecuciones extrajudiciales por el Ejército; y iii) no tomar las medidas para evitar esos crímenes. Y Uribe solo reaccionó en octubre de 2008, cuando llamó a calificar servicio a tres generales y 11 coroneles por posible involucramiento en falsos positivos”. Se pueda probar o no la responsabilidad de mando de Uribe Vélez, lo cierto es que durante sus 8 aciagos años de gobierno, el Estado colombiano actuó como un aparato criminal.

Imagen tomada de Latina Network

LAS ANTORCHAS DE LA ULTRADERECHA SEGUIRÁN ENCENDIDAS HASTA NUEVA ORDEN

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Aunque deslucida la convocatoria a la marcha de las antorchas que hizo la ultraderecha uribizada, la poco concurrida reunión al norte de Bogotá constituye, sin duda, un acto político con el que se insiste en la vieja, manida y errónea narrativa que señala que hace 7 años, un 2 de octubre, el entonces presidente Santos le entregó el país “alafar”. Pero también puede asumirse dicho encuentro como una advertencia que hacen los asistentes, de que sus convicciones y cercanías a las ideas fascistas siguen vivas en sus corazones, lo que hará que las elecciones de 2026 transcurrirán atadas a odios raciales, ideológicos, políticos y al insuperable clasismo.  

De igual manera, el evento sirvió para enaltecer a generales del Ejército procesados por graves delitos. Los llaman Héroes de la Patria. Se trata de los oficiales de alto rango, Jesús Armando Arias Cabrales y Jaime Humberto Uscátegui, condenados y comparecientes ante la Justicia Especial para la Paz. Cabrales, por la desaparición forzada y otros delitos cometidos durante la retoma del Palacio de Justicia; y Uscátegui, por la masacre  de Mapiripán (Meta). 

Huelga recordar que el expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez, sostiene que dicho tribunal de paz es el resultado de una imposición que la entonces guerrilla de las Farc-Ep le hizo al gobierno de Santos, al momento de firmar el acuerdo de paz de La Habana. Mientras que el general Henry Torres Escalante asumió ante la JEP la responsabilidad de las ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos) perpetrados por hombres bajo su mando, Uribe Vélez insiste en descalificar al alto tribunal porque, según el expresidente y expresidiario, incentiva a los comparecientes a reconocer delitos que jamás cometieron, a cambio de recibir beneficios jurídicos.

Así entonces, la marcha de las antorchas es el correlato  con el que Uribe y sus áulicos insisten en la tesis negacionista que no solo desconoce la existencia del conflicto armado y de las víctimas, sino que invalida los relatos de oficiales, suboficiales y soldados que en audiencias programadas por la JEP, reconocieron que asesinaron civiles inermes para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate, en buena medida por la presión ejercida por el ejecutivo (en boca de Uribe), en cumplimiento de los objetivos operacionales de la temida política de defensa y seguridad democrática.

El fracaso de la noche de las antorchas será siempre relativo mientras haya sectores sociales, políticos y económicos que crean a pie juntillas en la idea fascista que los guía y que señala que el país estaría mejor si desaparecieran los indígenas, los afros, los campesinos y claro, la izquierda progresista. Así las cosas, las antorchas de los fascistas seguirán encendidas hasta nueva orden o hasta que se escuchen terroríficas frases como "proceda mi doctor,  proceda, mi general, !ajúa! o, a mi no traiga capturados, delos de baja".  

Imagen tomada de Publimetro

EL MENTIROSO MANTRA DE DUQUE

 

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social-periodista y politólogo

 

Como si se tratara de un mantra, Duque Márquez repite y repite la frase “Paz con legalidad”. Una locución en cuyo sentido confluyen la animosidad que él como ciudadano y presidente siente hacia la implementación del Acuerdo de Paz y su insistente búsqueda por deslegitimar a la JEP y al modelo de justicia transicional.

La paz en la que cree Duque, a juzgar por la expresión “Paz con legalidad”, es aquella en la que los comandantes de las antiguas Farc-Ep paguen sus delitos en cárceles estatales y ojalá la muerte los alcanzara estando purgando largas penas. No concibe el ungido de Uribe, que quienes se sublevaron contra el Estado y cometieron delitos de lesa humanidad, estén hoy haciendo política sin armas bajo la protección del Estado al que en otrora, estos atacaron militarmente y desconocieron su legitimidad.

“Paz con legalidad” es una expresión con una enorme carga eufemística, puesto que quienes la escuchan, pueden pensar que el presidente de Colombia acompaña, valida y apoya la construcción de esa paz estable y duradera que quedó consignada como anhelo nacional en el Acuerdo de Paz de La Habana. Pero no. La frase deviene envenenada y mentirosa porque sugiere que lo firmado entre el Estado y las Farc-Ep no solo es ilegal, sino que constituye un engaño. Insinúa, la misma frase, que la Jurisdicción Especial para la Paz es un tribunal espurio, pues garantizará impunidad. Para Iván Duque Márquez no tiene ninguna validez a nivel judicial y político, que los líderes farianos sean investigados, procesados y condenados bajo las condiciones pactadas en La Habana, las mismas que cuentan con el apoyo de la ONU, la  CPI y del ordenamiento jurídico colombiano.

Al desconocer las etapas procesales que se deberán surtir al interior de la JEP, Duque Márquez insiste en que habrá impunidad. De esa forma, el jefe del Estado muestra su repudio hacia el alto tribunal y el modelo de justicia transicional. Por ello, en reciente titular, señaló: “La paz que se cimienta en la impunidad es sencillamente una ilusión”. Esta expresión no solo confirma su evidente animadversión hacia la idea de paz sobre la que se estructura el Acuerdo de Paz, sino que complementa el negativo mantra que viene repitiendo Duque, con el firme propósito de deslegitimar a la JEP y a todo el andamiaje institucional y jurídico-político que garantiza el blindaje que tiene el Acuerdo de Paz.

Al insistir en que habrá impunidad, el huésped de la Casa de Nariño ( o de Nari?) busca confundir a las audiencias que lo escuchan y leen. Duque cae en una fatal confusión conceptual, animada, claro está, por su odio visceral a lo acordado en Cuba entre el Estado y las antiguas Farc-Ep. El concepto de impunidad refiere a la falta de castigo o la no persecución de conductas o delitos tipificados en los marcos legales. Otro asunto es que las penas alternativas acordadas en La Habana no sean del agrado de Duque y otra muy distinta es que los excomandantes farianos y hoy comparecientes ante la JEP, no sean procesados y sancionados por ese tribunal. Esto último no va ocurrir. De esta forma, Duque miente y confunde.

De la misma manera como su Patrón repitió durante su mandato (2002-2010) la expresión Estado de Opinión en más de 200 veces, Duque lleva dos años tratando de imponer su mantra, con el que encubre sus acciones y decisiones conducentes a hacer “trizas ese maldito papel que llaman el Acuerdo de Paz”, consigna lanzada por el ladino exministro, Fernando Londoño Hoyos.

Imagen tomada de Wikipedia. 

DIVULGAR LA VERDAD JURÍDICA DE LA JEP

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En materia de reconocimiento de responsabilidades, la JEP, a través de sus audiencias, viene cumpliendo un papel clave en la construcción de una verdad jurídica indispensable para impulsar la reparación simbólica y administrativa de las víctimas.

En los encuentros entre victimarios y víctimas afloran, como es natural, los furiosos reclamos de los familiares de las personas asesinadas por miembros del Ejército, en cumplimiento de las metas exigidas por sus comandantes, enmarcadas estas en la aplicación de la inmoral y pérfida política de seguridad democrática. Familiares de civiles asesinados por militares le gritaron al general Torres Escalante bandido y asesino, reacción apenas lógica de parte de quienes por largos años soportaron el dolor de la desaparición de sus familiares y quizás, lo peor, el señalamiento de la sociedad por tener, de acuerdo con el relato castrense, hijos y esposos sediciosos, guerrilleros o bandidos.

Escuchar al general Torres Escalante reconocer sus responsabilidades en la comisión de los graves delitos, por acción y omisión, constituye una vergüenza institucional que no puede quedarse en las desconsoladoras, pero también sanadoras audiencias de reconocimiento de responsabilidades.

Para reparar a las víctimas de los falsos positivos no son suficientes las audiencias de la JEP y mucho menos los cubrimientos periodísticos, pues estos últimos se quedan en frases llamativas. El país necesita sacar de esas instancias el dolor de las víctimas y la vergüenza castrense, y por esa vía, invitar al resto de la sociedad a que escuche y se conmueva con el dolor de los cientos de víctimas de la seguridad democrática.

El gobierno de Gustavo Petro y la JEP deben asumir la tarea de construir mensajes para televisión, radio y redes sociales que limpien los nombres de las personas asesinadas y presentadas, falsamente, como bandidos y guerrilleros caídos en combate. Pero también, para que, en nombre del Estado se pida perdón por lo acontecido.

Los mensajes publicitarios (propaganda blanca) que suelen emitir las fuerzas militares, bajo el lema Fe en la causa, deben revisarse para recoger la idea de pedirle perdón al país, pero, sobre todo, de asegurarle a la sociedad que los funestos hechos de las ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos) jamás se volverán a presentar.

Propongo que todos los días y antes de iniciar los noticieros de televisión se emitan esos mensajes de perdón y de compromiso de no repetición de los crímenes de lesa humanidad planeados y ejecutados en unidades militares que la Seguridad Democrática convirtió en una temible estructura sicarial. De igual manera, el gobierno de Petro, en nombre del Estado, debe usar las redes sociales para transmitir la misma idea. Hay que poner a circular la verdad jurídica a la que poco a poco la JEP está llegando, para vergüenza del Ejército, del Estado y de la sociedad colombiana.

Imagen tomada de W radio.

MILITARES QUE ASESINARON CIVILES, DEVUELVEN MEDALLLAS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Los militares que vienen reconociendo ante la JEP que se convirtieron en criminales al asesinar civiles, confirman de paso que la política de seguridad democrática fue la patente de corso de la cúpula militar y el gobierno de la época para presionar a la tropa para que entregaran más y mejores resultados operacionales, es decir, bajas y litros de sangre.

Una vez perpetrados los crímenes de lesa humanidad, muchos de los uniformados-sicarios, recibieron condecoraciones con las que sus comandantes destacaban el arrojo, la valentía y la vocación de servicio. Medallas que exhibieron con orgullo en sus henchidos pechos, pero que hoy devuelven con vergüenza por haber mancillado el honor militar.

El capitán Jaime Rivera, compareciente ante la Justicia Especial para la Paz, optó por devolver la medalla que en su momento recibió del Gaula del Ejército.  Rivera dijo: “solicito a la magistratura permiso para devolver la condecoración que me otorgó el Gaula (grupo antisecuestro), la dirección nacional de los gaulas, como premio a esas mentiras, como premio a hacer parte de ese entramado".

La decisión del excapitán Rivera se asume como un acto de reparación simbólica hacia las víctimas, pero también, como uno de contrición con el que el oficial en uso de buen retiro intenta limpiar la culpa que lo persigue por haberse prestado a semejante entramado criminal de asesinar civiles para hacerlos pasar como guerrilleros caídos en combates.  

Junto a Rivera, otros oficiales hicieron lo mismo en pasadas audiencias de reconocimiento de responsabilidades por las ejecuciones extrajudiciales perpetradas. Eso sí, sería bueno que todas aquellas medallas y condecoraciones que fueron entregadas por el comando del Ejército, Brigadas, Batallones y el propio Gaula, en pomposas ceremonias, sean devueltas en las mismas condiciones en las que fueron puestas en los pechos de los oficiales, suboficiales y soldados condecorados. Es más, si en aquellas ceremonias en las que se premiaron a los militares asesinos, hicieron presencia el presidente Uribe, Santos o Duque, o ministros de la Defensa, en un acto de reparación y petición de perdón a las víctimas de los falsos positivos, se obligue a los hoy expresidentes y exministros a recibir de manos de estos victimarios institucionales, las ilegítimas e inmerecidas medallas y galardones que se les otorgaron por entregar resultados operacionales cubiertos de perfidia y felonía.

Como el país conoce el talante de cada uno de los expresidentes arriba mencionados, lo más seguro es que se negarán a participar de las ceremonias. Ante la negativa, lo importante es que sus nombres sean leídos y expuestas las razones que motivaron la imposición de las condecoraciones. 

Es lo mínimo que se puede pedir para quienes, obrando como agentes estatales, violaron el “pacto de seguridad” del que en su momento habló Foucault y por ese camino llevaron a que las armas de la República fueran usadas para asesinar al propio pueblo.

Imagen tomada de Ángel Metropolitano.

MOLANO, ENEMIGO DE LA PAZ

 

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social-periodista y politólogo

 

Nombrar en la cartera de Defensa a un claro detractor y contradictor de lo acordado en La Habana, confirma la animadversión que desde el Gobierno de Duque se anima en contra del proceso de implementación del Acuerdo Final y siembra  dudas en el papel que en adelante jugarán los militares y los organismos de seguridad del Estado en lo concerniente a garantizar la vida no solo de los comparecientes a la JEP, la de los excombatientes que están en los espacios territoriales, sino la de los campesinos que se acogieron a los programas de sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito.

Molano es un gris funcionario que claramente desconoce el tema de la seguridad nacional. Y lo que es peor: se acerca al espinoso asunto, desde sus resquemores y molestias por lo acordado entre el Estado colombiano y las entonces Farc-Ep en Cuba.

El nombramiento de Molano constituye una provocación de Duque no solo a los miembros del partido de los Comunes (antiguo Partido Farc), sino a la comunidad internacional, en particular a la ONU, y al gobierno de Joe Biden. Y es así, porque se insiste en el doble discurso: de un lado, Duque le viene diciendo a los países garantes y acompañantes del proceso de paz y de la implementación del Acuerdo que está comprometido con la Paz, pero por el otro lado, internamente, hace ingentes esfuerzos para detener o torpedear las actividades y los programas diseñados para asegurar el éxito en la desmovilización y reinserción de los excombatientes a la vida social, económica y política del país.

La tropera cúpula militar actuará con el beneplácito del nuevo ministro y ello significará cero vigilancia y examen sobre las operaciones militares. De la misma manera, continuará el mutismo en torno a las responsabilidades que deben asumir los uniformados por el deterioro del orden público, por cuenta del crecimiento y de la libre operación de los sicarios paramilitares que quedaron del fallido proceso de desmovilización y entrega de las AUC durante la administración de Uribe Vélez. El crecimiento de las guerrillas del ELN y de las disidencias de las Farc es responsabilidad del actual gobierno. Y es probable que  la consolidación de esas guerrillas haga parte de los intereses y de los objetivos de los militares troperos y pro guerra, alentados por esa cúpula guerrerista que hoy dirige a las fuerzas militares.

 

Queda claro que a Molano poco le interesa preguntar por el estado de las fracturas institucionales que al interior del Ejército, especialmente, generó el proceso de paz de La Habana. No se puede desconocer que hay dos bandos definidos dentro de la oficialidad y que afecta el actuar de los suboficiales y los soldados. De un lado, están los oficiales, suboficiales y soldados que se beneficiaron de la disminución en la intensidad de los combates por cuenta de la salida de las Farc de la confrontación armada y del otro, aquellos uniformados, de los mismos grados, que se vieron perjudicados por la reducción de los enfrentamientos armados con la extinta guerrilla.

En un evento, Molano señaló, antes del plebiscito del 2 de octubre de 2016, que “no estamos de acuerdo con lo pactado en La Habana”. Y lo que es más diciente de su anacrónica y equivocada postura en contra de lo acordado, es que Molano habla de “lo acordado por el gobierno de Santos con las Farc”. La firma del Tratado de Paz fue y sigue siendo un asunto de Estado. Reducir lo pactado a los tiempos y circunstancias de un gobierno no solo expone un problema conceptual en quien desconoce el carácter estatal del Acuerdo Final de Paz, sino que pone de presente la intención manifiesta de hacer todo lo que sea posible, desde el Gobierno y desde el Estado, para hacer fracasar la implementación y por ese camino, el proceso de paz. En otro momento, el mismo Molano, en referencia a los niños reclutados por las Farc-Ep, dijo que “no creía en el Acuerdo de paz y que ese sapo no se lo iba a tragar”.

Así entonces, la llegada de Molano a la cartera de Defensa no genera confianza en quienes le han apostado a la reconciliación y a sacar adelante lo acordado en La Habana. Por el contrario, a ese ministerio llega un destacado enemigo de la Paz.

Imagen tomada de Asocapitales.