“VAMOS A RECUPERAR EL PAÍS”

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En el ejercicio de la política suelen aparecer frases que bien pueden servir como eslogan de futuras campañas o estribillos que van calando en los sectores de opinión afines a los partidos o agentes políticos responsables de esas locuciones. Son las mismas expresiones que los “expertos” en marketing político recogen sin mayor discusión para el diseño de las campañas y la imagen salvadora de los candidatos. Para el caso que nos ocupa en esta columna se aludirá a varias expresiones lanzadas por la derecha, que mas parecían profecías apocalípticas capaces de arruinar cualquier idea de futuro, que sugerentes e inquietantes ideas políticas.

Antes de que Gustavo Petro Urrego se convirtiera en presidente de la República, la porfiada derecha colombiana lanzó varias alocuciones con las que buscaron asustar a los electores con el fantasma del “castrochavismo”, expresión acuñada por el expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez en los tiempos del plebiscito por la paz. Asumido el Señor Acusado como el “muro de contención” que ha evitado que el “comunismo llegue al país”, sus más fieles seguidores hicieron uso de otras sentencias como “nos vamos a convertir en Venezuela”, “seremos la segunda Venezuela”; otras con pretensiones de silogismos como el “socialismo es hambre, por lo tanto, Petro es hambre”; “Petro expropiará fincas y casas”.

A dos años de abandonar la Casa de Nariño, ninguna de las temerarias profecías de la derecha se cumplió. El gobierno del exguerrillero no expropió haciendas ni viviendas y mucho menos nacionalizó empresas o bancos. Por el contrario, a poderosos hacendados, incluido el propio Uribe Vélez, les ofreció comprarle sus tierras a precio comercial para darle vida a su proyecto de reforma agraria. Huelga recordar que el expresidente antioqueño fue quien se apropió de manera irregular del baldío el Laguito 2, el mismo que se vio obligado a devolver por presiones políticas e institucionales.  Y de acuerdo con un informe de la Contraloría General de la República, en los tiempos de Sandra Morelli, varios ingenios azucareros del Valle del Cauca estarían apropiándose también de manera irregular de baldíos en la altillanura. Para qué hablar de los procesos “legítimos”, pero ilegales de extinción de dominio que echaron a andar hacendados de la mano de los grupos paramilitares.

 

Los indicadores macroeconómicos dan cuenta de que la economía va mejorando. Se tiene controlada la inflación y se viene respetando la regla fiscal. Pasados los dos años, lo único cierto y fácil de probar es que no “nos convertimos en Venezuela” y mucho menos llegó el “castrochavismo”.  

A los sectores de la derecha desesperados por la falta de contratos y ministerios solo les queda el tema de la salud para insistir en el fantasma del “comunismo”. Entonces, hablan de la estatización del aseguramiento en salud y por lo tanto del colapso total del sistema por cuenta de las intervenciones a las EPS que, de acuerdo con los informes y procesos abiertos por la Superintendencia de Salud, desviaron millonarios recursos públicos a través de sospechosos movimientos financieros como los que incurrió, según la misma fuente, la EPS Coosalud de cuya junta directiva hacen parte hermanos de los expresidentes Andrés Pastrana y Juan Manuel Santos. Sobre este asunto hay que reconocer dos cosas: la primera, que al entrar a esculcarles los libros contables a las EPS, el gobierno Petro no estaba preparado para responder a la reacción de varias de estas de acogerse voluntariamente a ser intervenidas; y el segundo, que los congresistas que vienen negándose a aprobar la reforma a la salud están articulados a los intereses de los propietarios de las EPS que buscan afanosamente que el gobierno se eche para atrás y les devuelva la “minita” de oro que venían explotando con tranquilidad durante más de 30 años.

En total consonancia con esos intereses económicos, políticos y de clase, y ante la desaparición del fantasma del castrochavismo, solo les queda hablar de “vamos a recuperar el país”. Aunque mantienen el tono apocalíptico, la exageración y la mentira, con esta alocución apelan a la memoria de los incautos, ignaros e insulsos ciudadanos que se atreven a confirmar en redes sociales que efectivamente llegó el comunismo al país.  

Y el único objetivo que hay detrás de la frase  “Vamos a recuperar el país” está asociado a regresar a la Casa de Nariño, hacerse nuevamente con el Palacio, para desde ahí continuar ejecutando el proyecto social, económico y político que Petro les interrumpió: mantener la concentración de la tierra y de la riqueza en los puntos más altos del indicador de Gini; seguir con los negociados en el sector salud y la educación, porque como dijo la intelectual del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, ni la  educación ni la salud son derechos fundamentales. Finalmente, “Vamos a recuperar el país” significa que van a volver a los tiempos aquellos en los que el criminal Pedro Antonio López, alias Job, entraba a hurtadillas a la casa de gobierno, a la que de manera jocosa él llamó la Casa de Nari.

LA EDUCACIÓN NO ES UN DERECHO MARIA FERNANDA CABAL - Búsqueda Imágenes

MIGUEL POLO POLO: AHÍ TIENE SU HIJUEPUTA LISTA DE LOS FALSOS POSITIVOS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Después del acto de bellaquería que protagonizó contra los familiares de los jóvenes asesinados por el Ejército nacional el insustancial Representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli leyó uno a uno los nombres de los 1934 muchachos “fusilados” por agentes estatales, casos que se conocen como los “falsos positivos”.  “La pregunta no es la cifra, eso es una pregunta inmoral”, señaló el jurista y cabeza visible de ese Tribunal de Paz. Una vez terminen las investigaciones, ese tribunal de justicia transicional entregará el resto de las identidades, hasta completar las 6402. 

Huelga recordar que el señalado congresista recogió y botó a la basura las botas que representaban a los muchachos asesinados por el Ejército, a los que se las pusieron al revés. Además, Polo Polo exigió que a las adoloridas madres presentes en el Congreso y a los senadores y representantes que repudiaron su agraviante acto que le mostraran la lista de los jóvenes asesinados, identificados cada uno con su número de cédula. Hoy 28 de noviembre, más de ocho días después, la JEP le entregó la lista al país y de manera indirecta al insignificante e ignaro político uribista. 

El calificativo de inmoral que usa Ramelli debe extenderse y aplicarse para nombrar a quienes insisten a asumir posturas negacionistas para desconocer la desviación misional que sufrió el Ejército nacional durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y los impúdicos resultados obtenidos: 6402 civiles asesinados de manera cobarde, ilegal y cruel.

Junto a ese homúnculo que ostenta la credencial de congresista, la ladina senadora María Fernanda Cabal se viene mofando también de las madres de Soacha y de otras cuyos hijos fueron ultimados por militares que, cumpliendo directrices emanadas de la política de defensa y seguridad democrática (2002-2010), los vistieron de guerrilleros, asesinaron y presentaron como “bajas en combate”. Durante esos ocho años de aplicación de la temida política de Seguridad Democrática la perfidia se convirtió en un valor castrense, defendido desde las huestes del uribismo.

El acto de desagravio organizado por la Justicia Especial para la Paz (JEP) es, en sí mismo, un episodio y un ejercicio de memoria histórica con el que se prueba la veracidad de los hechos criminales perpetrados por “héroes de la Patria” y se consolida la narrativa que indica que dentro de la derecha uribizada existen agentes políticos inmorales y crueles que, además de exhibir sin pudor alguno sus estultas actitudes negacionistas, se exponen como fieles seguidores de esa visión weberiana del Estado en la que se defiende a dentelladas la violencia legítima del Estado. La JEP de manera directa le envía al congresista Polo Polo este mensaje: ahí está su hijueputa lista de los falsos positivos.

Cabal y Polo Polo son negacionistas de los falsos positivos y de otras prácticas violatorias de los derechos humanos. Sus inmorales posturas las asumen porque están amparados, quizás sin saberlo, en aquella doctrina de Max Weber que esgrime que la violencia del Estado siempre devendrá legítima. Ya lo había hecho en su momento Paloma Valencia, otra agente del uribismo que cree a pie juntillas en que el Estado es la única estructura de poder que puede y debe violentarnos. Esto dijo a la revista Semana a propósito de los informes entregados por la Comisión de la Verdad: “En su narrativa, la Comisión de la Verdad equipara al Estado con los paramilitares y la guerrilla. Me parecen monstruosos los paramilitares y la guerrilla. El Estado, con total legitimidad, entregó la vida de muchísimos hombres y mujeres, por el bienestar de todos (...). Claro que el Estado cometió errores, pero no puede ser equiparado a la guerrilla y los paramilitares. Grupos ilegales jamás contaron con la legitimidad del Estado y sus fuerzas”.

Estos tres agentes weberianos representan con honores a la derecha colombiana que defiende la inexistente legitimidad del Estado y por ese camino, las acciones ilegales de miembros de las fuerzas armadas que, a pesar del proceso de paz de La Habana, aún siguen plegados a la doctrina del enemigo interno, la misma que siguen extendiendo a todo lo que huela a progresismo y a izquierda.

 

Adenda: no sería raro que el hombrecillo del Polo Polo exija a la JEP los informes de balística y las fotografías de cada uno de los asesinados, con los orificios de entrada y de salida. De este tipo se puede esperar eso y mucho más. 

miguel polo polo y las botas de los falsos positivos - Búsqueda Imágenes

POLO POLO Y LAS VÍCTIMAS DE LOS FALSOS POSITIVOS

 "Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí" es el microrrelato  o micro cuento más corto del mundo. No sé si exista un caso similar para las columnas de opinión, pero el acto despreciable que protagonizó el congresista Miguel Abraham Polo Polo en contra de las víctimas de los falsos positivos amerita intentar escribir una micro columna. He aquí el texto de la que podría ser la columna de opinión más corta del mundo. Miguel Abraham Polo Polo: Sos un ser ¡MISERABLE!

Nota: el cuento lo escribió Augusto Monterroso. 

polo polo y las botas de las madres de soacha - Búsqueda Imágenes

FORO DEL CENTRO DEMOCRÁTICO: ¿UN DESFILE DE IDEAS?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Pasó el primer foro del Centro Democrático (CD) en el que cinco congresistas de esa colectividad desfilaron frente a su dueño, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Como si de tratara de una feria equina, cada precandidato expuso sus ideas con el único objetivo de agradar a Uribe. Convertido el caballista y expresidiario en una especie de “Raimundo Angulo” de la política, este primer encuentro confirma al exmandatario antioqueño como el gran elector, así como el caudillo y el mandamás de la derecha y la ultraderecha. La senadora María Fernanda Cabal reconoció que se sentía como en un reinado.

Por la pasarela desfilaron Paloma Valencia, Paola Holguín, María Fernanda Cabal, Miguel Uribe Turbay y Andrés Guerra. Al final del encuentro, Uribe le dijo a El Espectador que “le dan “miedo” los candidatos sin doctrina, porque son un “peligro y una incertidumbre”. En este punto aseguró que los cinco senadores del Centro Democrático que buscan la candidatura son “líderes extraordinarios”, pero que deben seguir preparándose y saber cuándo deben tomar decisiones cruciales para el país”. También dijo que "necesitamos alguien que llegue no a aprender, sino a ejecutar". 

Lo dicho por Uribe Vélez confirma que los foros no son otra cosa que ejercicios públicos en los que cada precandidato será examinado en su capacidad de repetir sin cambiarle una coma al discurso y a las ideas doctrinales que aparecieron originalmente en el Manifiesto Democrático, los 100 puntos de Uribe. Quien las repita con mayor seguridad, sin titubeos y vehemencia estará cerca de ganarse el guiño del caballista. Ideas como “reducir el tamaño y la operación austera del Estado, luchar contra la corrupción y el recurrente tema de la seguridad democrática”, serán claves a la hora de elegir de los cinco el candidato que agitará la raída bandera del uribismo. Llegado el momento preciso, la narrativa de los “tres huevitos” volverá a hacerse presente en los siguientes foros en los que el hijo de Salgar (Antioquia) seguirá tomándole la lección a sus aventajados y adoctrinados mandaderos. Lo que tienen que hacer Cabal, Valencia, Guerra, Uribe Turbay y Holguín es aprenderse de memoria ese Manifiesto, sonreír cuando miren al patrón y eso sí, gritar varias veces que a “Colombia la vamos a recuperar" y que jamás volverá el "socialismo". 

Cuando Uribe dice que deben “seguir preparándose”, quizás les esté mandando un mensaje claro a los cinco precandidatos y a otros que por fuera de la colectividad estén dispuestos a declinar sus aspiraciones individuales para sumarse al proyecto político que el expresidente diseñe para el 2026, en el que no necesariamente el candidato presidencial del uribismo saldrá de los cinco precandidatos mencionados. Es posible que desde ya el ladino hacendado esté pensando en Juan Daniel Oviedo, exdirector del DANE, quien ya se mostró cercano al ideario uribista y quien tiene ganado un lugar en la política bogotana como un "técnico", hecho que juega a su favor. 

Cuando el chocarrero hacendado dice que se necesita a alguien que no vaya a aprender sino a ejecutar, parece dirigirse a Iván Duque, el mismo que él puso en la Casa de Nari y manejó como un títere. La entonces portada de Semana dio cuenta de lo que quizás hoy le preocupa al patán antioqueño: "un año de aprendizaje", acompañado ese titular de la foto de Duque. 

La senadora Holguín sabe que no pasará el examen. Por su grotesca figura y debilidad conceptual será descalificada. Paloma Valencia le sirve más a Uribe como agitadora, que como candidata presidencial. Es también básica discursivamente hablando. El expresidente también parece tener dudas sobre las capacidades de Cabal para tomar las banderas del uribismo. A las tres las podría descalificar por ser mujeres. Al caballista le gusta más tratar con machos cabríos. Guerra es un antiqueño altanero y malhablado que le sirve a Uribe más como escudero, que como candidato presidencial. Queda el obsecuente Miguel Uribe Turbay, por quien Uribe parece tener simpatías más por agradecimiento con su abuelo el expresidente Turbay Ayala, que por estar convencido de sus habilidades para  gobernar. Eso sí, lo debe estar viendo como en su momento miró a Iván Duque: como una marioneta. 

Primer foro de precandidatos del Centro Democrático inició en medio de tensiones

ASESINATO DE SOFÍA DELGADO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El crimen de Sofía Delgado, como era de esperarse, desató el rechazo generalizado de la opinión pública, en razón a su mediatización y porque se trata de una menor de edad (12 años) vilmente asesinada.

Ahora que se cuenta con la confesión de su victimario, Brayan Campo, de 32 años, entonces nuevamente la pena de muerte o la cadena perpetua aparecen como exigencias de máximo castigo para el hombre que la asesinó y abandonó en un cañaduzal. El populismo punitivo reaparece como varita mágica. Proponer la pena de muerte o la cadena perpetua como castigos ejemplarizantes en un país cuyo aparato de justicia es frágil y en varios niveles de su estructura se aprecia la naturalización de un ethos mafioso (corrupción), daría para que se cometieran toda suerte de injusticias condenando a inocentes a morir, bien sea en la horca o por la inyección letal. O quizás se proponga una reforma constitucional en la que los declarados culpables por crímenes execrables como el de Sofía, terminen asesinados a pedradas en la plaza pública. En Colombia somos muy dados a enfrentar la barbarie, con más barbarie. Eso es típico de una sociedad que deviene enferma y con procesos civilizatorios fallidos.

El victimario de Sofía tiene antecedentes de abuso a menores, hecho que pone en el foco de la crítica a los operadores de justicia y al propio sistema por cuenta de procedimientos y decisiones que terminan favoreciendo a los victimarios con órdenes de libertad condicional, prisión domiciliaria o vencimiento de términos. Un exceso de garantías para todo tipo de criminales, lo que incluye a políticos, empresarios y "gente del común" como el asesino de Sofía. Por casos como los de Sofía Delgado, la narrativa punitiva le quita espacio a acciones reparadoras propias de la justicia transicional con la que se apunta, por ejemplo, a darle cierre a las atrocidades cometidas por guerrilleros de las Farc-Ep y militares contra jóvenes y menores de edad abusadas sexualmente. Hay que recordar en este punto los empalamientos que sufrieron decenas de mujeres por cuenta de los paramilitares y las sistemáticas acciones de violencia sexual apuntaladas en la conversión de las mujeres en botines de guerra.

Por supuesto que no estoy sugiriendo que los responsables de crímenes contra niñas y niños reciban sanciones menores bajo el modelo restaurativo. Lo que quiero indicar es que la fuerza punitiva del modelo de justicia imperante en Colombia no evitará que se sigan presentando crímenes execrables como el de la pequeña Sofía. Esto no se resuelve con la pena capital, ni con condenas de 60 años. Las acciones temerarias y violentas de los vecinos que prendieron fuego a la vivienda del feminicida de Sofía resultan contrarias a cualquier posibilidad de poner por encima de la “maldad” del victimario, el “buen corazón” de los vecinos que lloran la desaparición de la menor y que exigen que al asesino “le caiga todo el peso de la ley” en un país en el que operó y quizás opera aún  un cartel de togados dispuestos a vender fallos por cuantiosas sumas de dinero.

Al dejarse llevar por los reflectores cargados del discurso moralizante del periodismo, la sociedad en su conjunto termina por ubicar al victimario de Sofía como un “monstruo”, con el objetivo de despojarlo de toda humanidad, cuando justamente el problema de fondo está en la condición humana y en los riesgos que implica vivir juntos en medio de una sociedad y de un sistema mundo que desprecian la vida en todas sus manifestaciones.

A cientos de miles de kilómetros de Candelaria, en la franja de Gaza, Netanyahu celebra, de la mano del ejército israelí, la muerte de centenares de niñas y niños bombardeados; otros tantos, quedarán a la deriva por la desaparición de sus madres y padres. Las diferencias entre Brayan Campo y Netanyahu son meramente circunstanciales. Eso sí, a ambos los une el desprecio por el otro, en particular por los más vulnerables, inofensivos y pobres. Los dos son dignos exponentes de esa perversa condición humana de la que aquí hablo. 

Mientras que Netanyahu se da un festín asesinando niñas y niños palestinos, en Bogotá, a unos 300 kilómetros de Candelaria, hombres de corbata asedian mujeres y niñas, las violan o les dicen que les pueden pagar con su cuerpo. Por ahí anda una sospecha enorme sobre un expresidente de la República que según dejó entrever una reconocida periodista, siendo presidente en ejercicio, la violó. Hay un trasfondo cultural que amplifica la perversidad humana, hecho que no se mira cuando se cae en lecturas moralizantes sobre hechos dolorosos que deben mirarse desde otras perspectivas. 

El punto es que las circunstancias en las que fue desaparecida, muy seguramente violada y asesinada Sofía Delgado hacen parte de nuestra naturaleza humana, cuyo espíritu avieso se potencia en una sociedad insolidaria, clasista, racista, machista, misógina y patriarcal como la colombiana que cada cierto tiempo se asombra de lo que son capaces de hacer sus hijos, incluidos los más “honorables”: su clase política y empresarial, así como el clero. Allí se esconden pedófilos, pederastas y violadores de mujeres y niñas.

Paz en la tumba de la pequeña Sofía Delgado y algo de sosiego para su mamá. Ojalá la prensa asuma con mayor responsabilidad el tratamiento de este hecho luctuoso y delictivo, que pone de presente que vivir en sociedad implica riesgos y que estos están profundamente atados a nuestros procesos civilizatorios y de socialización, que devienen fallidos o truncos. Años atrás, la opinión pública y los medios masivos se conmovieron con el cruel asesinato de Yuliana Samboní a manos de un "hombre blanco y rico" de la capital del país. ¿Algo cambió de aquel momento, al que hoy nuevamente nos confronta como seres humanos? Nada cambió. Los riesgos siguen latentes y se mantendrán en el tiempo. 

Juez legalizó captura del presunto asesino de Sofía Delgado, la menor hallada muerta en Candelaria (vanguardia.com)

DISIDENCIAS DE LAS DISIDENCIAS Y LA CONDICIÓN PERENNE DEL CONFLICTO ARMADO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Sin saber cómo terminará el proceso de implementación del acuerdo de paz de La Habana firmado en el teatro Colón de Bogotá, dicho armisticio se asume como un antes y un después del conflicto armado interno, por varias razones: por la naturaleza de lo acordado, el número considerable de combatientes que hicieron dejación de armas, las peticiones de perdón y la legitimidad alcanzada por la JEP y el principio de la reparación en el marco de la justicia restaurativa; así como la conversión del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en una política de paz de Estado.

En el después de la firma, la permanencia en armas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) perdió toda legitimidad social y política, asegurándole a su lucha armada un carácter anacrónico, propio de una guerrilla que al saber que no podrá jamás tomarse el poder a tiros, sus viejos comandantes y líderes políticos entran en la fase de la negación de una realidad inobjetable: dedicaron años de sus vidas a la guerra, a la “revolución” y no consiguieron absolutamente nada. Es decir, perdieron el tiempo. Surtida esa etapa de la negación de la derrota política, entran a la fase de la anarquía y la división de sus estructuras por cuenta de la efectiva narcotización de sus operaciones, la pérdida del sentido político de su lucha y el desprecio generalizado de una sociedad cansada de la guerra.

La aparición de las disidencias de las extintas Farc-Ep arrastra la misma condición que exhiben los elenos, con un agravante: la aparición de las disidencias de las primeras disidencias en lugar de encontrar explicaciones exclusivamente en los incumplimientos por parte del Estado a lo acordado en La Habana, su operación está cada vez más atada a las actividades del narcotráfico y a la traquetización de la lucha armada. Así las cosas, la lucha armada y el espíritu revolucionario que en el pasado guió las operaciones militares de esas guerrillas van dando paso al irreversible proceso de lumpenización armada.

Las disidencias reconocidas por los medios, la inteligencia militar, el CICR y agentes sociales (fundaciones nacionales e internacionales) que le siguen la pista a esa realidad político-militar, reconocen por lo menos tres disidencias de las extintas Farc-Ep: la que lidera ‘Iván Mordisco’, estructura que desconoció lo acordado en Cuba y por lo tanto no se acogió al tratado de paz; la Segunda Marquetalia, al mando del reincidente, Iván Márquez y el Comando de la Frontera en Putumayo. Sin embargo, se habla de por lo menos 30 estructuras armadas derivadas de las desaparecidas Farc-Ep. Por ejemplo, la estructura al mando de alias Calarcá habría nacido de las de las orientadas por Iván Mordisco.

Hace poco, Pablo Catatumbo, firmante de paz y senador de la República reconoció que la “guerra es un desastre”. Lo hizo en el marco del Diplomado Construcción de Paz Territorial organizado por la universidad del Valle y Cobsepaz. Catatumbo, además, contó al auditorio, conformado por firmantes de paz (excombatientes) y estudiantes universitarios, que alguna vez conversando con Fidel Castro, el entonces líder de la revolución cubana les preguntó cómo se iban a tomar el poder, si no contaban con aviación, tanques o material de guerra que permitiera derrotar a las fuerzas armadas del establecimiento colombiano.

Esa misma pregunta hay que trasladárselas a los elenos y a todos los grupos disidentes que hoy delinquen en territorios en donde el monocultivo de coca les financia sus operaciones militares. Si es claro que jamás podrán tomarse el poder a tiros, es fácil concluir que su lucha armada perdió todo carácter político, para convertirse en una disputa territorial por el control de las economías ilegales. Al final, todos esos grupos son “ejércitos narcotizados” que a pesar de usar brazaletes y de insistir en adelantar procesos de diálogos de paz con el gobierno Petro, cada uno de sus miembros parece estar pensando en “hacerse su plante” y retirarse. Bajo ese principio, y mientras el negocio de la droga siga siendo rentable, habrá disidencias de las primeras disidencias y otras disidencias de las segundas disidencias y así sucesivamente. De esa manera, continuará la violencia en la Colombia rural, mientras la academia y los políticos seguirán hablando de la existencia de un conflicto armado interno que hace rato se transformó en un escenario de múltiples violencias, en donde priman la irracionalidad, el interés por enriquecerse, la decisión de afectar la biodiversidad y la lumpenización de la “lucha armada”.

 

 

disidencias de ivan mordisco - Búsqueda Imágenes (bing.com)

LOS RITUALES DE LA ATROCIDAD

 

Por Germán Ayala Osorio

Continúan las audiencias de reconocimiento de responsabilidades por las ejecuciones extrajudiciales, mal conocidas como "falsos positivos". Nuevos oficiales y suboficiales reconocieron que hicieron parte de la política oficial de asesinar civiles para consolidar la narrativa impulsada y recreada por el gobierno de Álvaro Uribe que señalaba que estaban ganando la guerra contra las Farc-Ep. 

Las recientes audiencias, como las anteriores, constituyen rituales de la atrocidad que apenas si llaman la atención de empresas mediáticas que en el pasado convirtieron a Uribe Vélez en un fenómeno mediático  y en el presidente "irremplazable". Medios como Caracol y RCN  estuvieron  más pendientes de distraer a la opinión pública con los hechos deportivos de los Juegos Olímpicos, dejando de lado el registro de las responsabilidades asumidas por uniformados que de un momento a otro se convirtieron en sicarios, en simples criminales, a cambio de recibir bonificaciones, ascensos, medallas, traslados, felicitaciones a los folios de vida, la asistencia a bacanales y por disfrutar platos de arroz chino. 

Mientras que las audiencias transcurren en medio de un gran esfuerzo comunicativo por parte de la JEP, la vida social, política y económica del país sigue su marcha, sin que el conjunto de la sociedad haya todavía asumido y comprendido que los falsos positivos dan cuenta de un proceso de desintegración moral, ético y misional del Ejército nacional, que se consolidó con la aplicación a rajatabla de la política de defensa y seguridad democrática de Uribe. Eso sí, la ocurrencia de falsos positivos viene de tiempo atrás, desde los mismos orígenes del conflicto armado interno, pero durante la administración de Uribe Vélez esa práctica criminal e ignominiosa alcanzó los más altos indicadores que hacen pensar en que son más de 6402 los civiles asesinados entre 2002 y 2010, cifra entregada por la JEP. 

Los esfuerzos del alto tribunal de paz y de justicia transicional por generar espacios en los que victimarios y víctimas puedan mirarse a los ojos se perderán si la sociedad colombiana no asume la tarea de darle a los falsos positivos la dimensión atroz que los medios masivos le niegan cada vez que ignoran el registro de las audiencias o cuando a pesar de hacer los cubrimientos de las mismas, evitan ubicar esos hechos atroces en un contexto ético-político, moral  y en señalar la responsabilidad de un Estado que hace rato se graduó como un orden criminal. 

Al dejar solas a las víctimas y a los victimarios intercambiando reclamos y perdones tardíos, la sociedad colombiana convertirá los falsos positivos en episodios que ocurrieron por cosas del azar o del destino, cuando queda claro que su ocurrencia está inexorablemente atada a decisiones políticas de un gobierno como el de Uribe que instrumentalizó a los militares y los fue llevando, de la mano de la Seguridad Democrática, hacia un inocultable proceso de vaciamiento moral, de destrucción del honor y de naturalización de la perfidia, que terminó en el más oscuro túnel en el que finalmente oficiales, suboficiales y soldados monetizaron la vida de civiles inermes, para luego asesinarlos. 

Bien por la JEP en su trabajo de construir verdad y de abrir espacios para que las víctimas intenten superar el dolor, conociendo de los victimarios los detalles de las desapariciones y de los asesinatos a sangre fría de sus familiares. Insisto en que le corresponde al resto de los colombianos ubicar a los falsos positivos en  el marco inmoral al que pertenecen. Hablar de esos crímenes, sin señalar a los responsables políticos, constituye una forma de mentira que impedirá la reconciliación y el perdón. El mejor castigo que pueden recibir de la sociedad los sujetos políticos que crearon la política de seguridad democrática es el señalamiento colectivo. Las ideas políticas de los que se conoce como el uribismo deben quedar sepultadas o proscritas por ser propias de una sociedad que arrastra una historia de barbarie y deshumanización que es urgente dejar atrás.

Imagen tomada de EL ESPECTADOR.COM

HOSPITAL MILITAR, FIRMANTES DE PAZ Y EL SARGENTO LENIS

 

Por Germán Ayala Osorio

El sargento (r) Luis Lenis, en nombre de los veteranos que son atendidos en el Hospital Militar, rechaza que en dicho centro asistencial se atiendan a excombatientes de las Farc-Ep, o firmantes de paz, hoy en proceso de reintegración social, económica y política, gracias al proceso de paz de La Habana. El sub oficial se opone con vehemencia e incluso amenaza con bloquear la entrada al centro asistencial. Argumenta el sargento que atender a quienes atentaron contra la vida de los soldados y los dejaron mutilados, constituye un daño moral que asegura un tratamiento indigno a la tropa. Asegura también que la directriz presidencial termina por revictimizar a los uniformados heridos en combate.

Ante varios medios, el combativo sargento señaló que "estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. Si tenemos que bloquear la entrada y salida del Hospital Militar para que estas personas no ingresen, lo haremos. No se puede negociar con la dignidad y seguridad de los usuarios".

Lo dicho por el exmilitar y su oposición a la medida merecen ser miradas con detenimiento. Vamos por partes, como diría Jack el destripador. Luis Lenis estaría dispuesto a violar la ley, con tal de hacer "respetar la dignidad" de los militares activos. El sargento parece sentirse aún parte de la fuerza, lo que le impide ponerse en el modo en el que está una parte del país y los comparecientes: de la transición de la guerra a la paz.

El exmilitar sigue atado a la doctrina del enemigo interno lo que no le permite ponerse en "modo reconciliación". El sargento Lenis se aferra ideológica y militarmente a un pasado en el que curiosamente lo que menos le importó a sucesivos gobiernos fue la dignidad, la seguridad y los derechos de los uniformados que combatieron a las Farc-Ep y a otras guerrillas.

No hay escenario más indigno que el de la propia guerra. Bajo esas circunstancias, los políticos y en particular los presidentes Uribe, Santos y Duque siempre miraron a los militares como meros instrumentos militares, usados para vender la mentirosa idea de que el Estado estaba ganando la guerra contra la subversión. Durante la aplicación de la Seguridad Democrática, si algo se mancilló fue el honor militar y la dignidad de los soldados. Los falsos positivos confirman que la cúpula de la época, esto es, oficiales de alta graduación convirtieron a soldados, suboficiales y oficiales subalternos en sicarios que, a cambio de cajas de arroz chino, bacanales, permisos, medallas y ascensos, asesinaron por lo menos a 6402 civiles. Y tenga en cuenta, mi estimado Sargento, que sus compañeros de armas que torturaron y asesinaron civiles también los atienden en el Hospital Militar Central que usted quiere bloquear para evitar que ingresen los firmantes de paz.

No, señor sargento Lenis, usted no está defendiendo la dignidad, la moral y el honor de los soldados heridos en combate. Lo que realmente está haciendo con su actitud y amenazas es oponerse a que por fin haya una reconciliación entre combatientes legales e ilegales. Soldados y guerrilleros son víctimas de un modelo económico, social y político y un sistema cultural que los obligó a matarse entre hermanos, justamente, por no haber sabido tramitar las diferencias.

Estimado Sargento, haga un verdadero uso de su retiro. Vaya depure su conciencia y olvídese de la doctrina del enemigo interno. Usted, como todos los reservistas, también son víctimas. Usted defendió a una Patria manejada por una élite que toda la vida subvaloró su existencia. No sea necio y atienda el sentido de la respuesta que le dio el presidente Petro: "todo hospital público está al servicio de su ciudadanía. Todo el oficio médico está al servicio de la vida. Lo público no puede ser instrumento del egoísmo social".

Imagen tomada de Hospital Militar.

OTTY PATIÑO Y LA MUERTE DE HERMES GUERRERO

Por GERMÁN AYALA OSORIO

Dos golpes contundentes recibieron en las últimas horas las disidencias de Iván Mordisco y la Segunda Marquetalia. De la estructura del primero, conocida como EMC (Estado Mayor Central) fue abatido por miembros de las Fuerzas Especiales del Ejército nacional, alias Fito, mientras que del grupo que lidera Iván Márquez, cayó Hermes Guerrero. Entre los dos abatimientos hay diferencias sustanciales:  contra la organización que lidera Iván Mordisco se dispuso, por orden presidencial, de una fuerte contra ofensiva militar como respuesta a los últimos ataques terroristas y dinamiteros perpetrados en Jamundí y Robles(Valle del Cauca) y Timba (Cauca), así como en Taminango (Nariño), mientras que con los "marquetalianos", se inauguró recién la mesa de diálogo con miras a buscar una salida política negociada de quienes abandonaron el proceso de paz de La Habana, por los hechos que tienen que ver con los entrampamientos organizados por la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez Neira. 

Lo llamativo del asunto no está en los perfiles de los delincuentes "dados de baja", sino en la reacción del alto comisionado de paz, Otty Patiño ante la muerte de Hermes Guerrero. Patiño lamentó así el hecho político-militar: "Lamentar profundamente los acontecimientos de ayer, acontecimientos que no pueden llamarse incidentes porque es volverlos leves e insignificantes. Es algo fatídico y hemos maltratado la confianza que hemos ido creando desde febrero con la Segunda Marquetalia. Quiero darle un abrazo muy sincero por la capacidad de superar las crisis. Reciba mi abrazo de condolencia y confianza porque superada esta situación podremos avanzar con pie firme y mayor entendimiento".

La reacción de Patiño se entiende en el marco de las buenas intenciones y si se quiere de la diplomacia que surge cuando se emprenden procesos de negociación política entre el Estado y las "guerrillas". Eso sí, lo expresado por el alto comisionado de paz lo considero exagerado en la medida en que las operaciones militares vienen legitimadas por el clamor de los colombianos que sufren por la presencia de esos grupos al margen de la ley que imponen sus condiciones en zonas rurales en las que históricamente el Estado jamás se consolidó como un orden legítimo. 

Expresar las condolencias por la muerte de Hermes Guerrero, en un ambiente político e ideológico caldeado como el que atraviesa el país desde el 7 de agosto de 2022, constituye un desafío moral y ético-político. Patiño se sobreactuó en esta oportunidad. No importa si los militares usaron información privilegiada para dar el golpe. Así es la guerra. Señalar a los militares como enemigos del proceso resulta peligroso, aunque no se puede ocultar que históricamente siempre actuaron como una rueda suelta en los procesos de paz adelantados. 

Hay que recordarle a Otty Patiño que durante las negociaciones de paz entre el Estado y las entonces Farc-Ep en Cuba, fue abatido Alfonso Cano. Las condiciones en las fue ultimado el líder fariano y el deceso mismo no pusieron en vilo las conversaciones de paz. El país no olvida que Cano fue abatido en condiciones de indefensión. Por el contrario, se continuó adelante pues se consideró que el operativo hacía parte de las confrontaciones militares que se llevaban a cabo, pues no se había pactado aún un cese bilateral del fuego. 

Calificar como "fatídico" el suceso y de "maltratar la confianza" tiene un efecto político-mediático que Patiño pudo evitar, matizando su reacción: de inmediato, lo dicho por el alto comisionado de paz fue usado por la Oposición como arma ideológica para tratar de indisponer a los militares que desarrollan las operaciones, con el gobierno nacional. Parece olvidar Otty Patiño que una buena parte de la sociedad colombiana sigue sin aceptar que hoy el presidente de la República es un exguerrillero. Es más, al compartir Patiño su pasado en armas con Petro, su reacción va a servir para que los enemigos del gobierno insistan en la narrativa que señala que el jefe del Estado está "debilitando la moral de la tropa con la salida de más de 65 generales y que tiene amarrados a los militares".

Si de verdad la Segunda Marquetalia tiene voluntad de paz, la muerte de Guerrero debe asumirse como parte de la naturaleza de un conflicto armado en el que cada bando está dispuesto a asestarle golpes contundentes a su contraparte. El ambiente de confianza se consolidará cuando en la mesa se pacte el cese bilateral de hostilidades y se dé inicio a las negociaciones de una agenda que no puede ser distinta a la que en el pasado reciente Iván Márquez aceptó cuando hizo parte de la delegación de paz de las Farc-Ep que firmaron el armisticio en Cuba. 

Si, se perdió una vida y eso es lamentable, pero a diario perecen soldados, policías y civiles, hechos que Patiño tendría que haber lamentado de igual manera como hoy lo hizo con la muerte de Hermes Guerrero. 

Imagen tomada de W radio. 

LA ESCALADA TERRORISTA Y LA UNIÓN ENTRE ILEGALES Y AGENTES DEL ESTABLECIMIENTO

 

Por GERMÁN AYALA OSORIO

Si para algo ha servido el conflicto armado interno es para consolidar el poder político y económico de Señores de la Guerra regionales, que al ser cercanos a agentes del Establecimiento colombiano, usan las dinámicas de la guerra interna como elemento de presión política contra el gobierno de Gustavo Petro, con el claro objetivo de deslegitimarlo y desacreditar su gestión en específicas zonas rurales. Al ver que las variables macroeconómicas están controladas, al viejo establecimiento no le queda otro camino que apalancarse en los problemas de orden público y tratar de golpear políticamente al actual gobierno; de igual manera, las dinámicas del irregular conflicto han servido para naturalizar  la corrupción al interior de las fuerzas armadas por cuenta de miembros que le venden municiones y pertrechos a las guerrillas. A pesar de la purga a la que ha sido sometido el Ejército desde el 7 de agosto de 2022, lo más probable es que aún existan reductos de oficiales y suboficiales que negocian armas y municiones con grupos al margen de la ley; todo lo anterior sirve, además, para  vender la idea de que el Estado jamás podrá tener el control del territorio, lo que supone la sobrevivencia territorial de los grupos armados al margen de la ley y sus economías ilícitas, situación que asegura que esos negociados continúen en el tiempo. 

Con las últimas arremetidas dinamiteras y terroristas en Nariño,  Cauca y el sur del Valle del Cauca, surge la inquietud alrededor de qué habrá detrás de esas acciones contra la población civil de Toribío, Suárez y Timba (Cauca) y de Robles y Jamundí, en el Valle del Cauca. El gobierno dice que se trata de retaliaciones por los sistemáticos golpes que la fuerza pública viene asestándoles a las "guerrillas" que delinquen en el Cauca y el Valle del Cauca, corredor estratégico para sacar cargamentos de cocaína y marihuana hacia el Pacífico, a través del Naya. Propongo la siguiente hipótesis explicativa:

La estrategia del gobierno de afectar las finanzas de las disidencias de Iván Mordisco y de las otras organizaciones al margen de la ley despertó la furia de agentes políticos y económicos legales que se benefician de la producción y venta de la cocaína. No se puede negar que hay sectores formales e informales de la economía colombiana que sirven para lavar las millonarias sumas de dinero que produce y mueve el mercado del narcotráfico. Bajo esas circunstancias, lo que está sucediendo en esos tres departamentos es la expresión clara de la confluencia de intereses de sectores políticos y económicos de la derecha colombiana, con los propios de las disidencias farianas e incluso, con los de una nueva generación de paramilitares que estarían esperando  a que finalice el periodo presidencial de Petro para iniciar la contraofensiva militar de cara a frenar los avances de la reforma agraria que viene implementando el actual gobierno. 

La lucha frontal que Petro viene liderando en contra de las finanzas de los narcotraficantes que sostienen la operación de las estructuras de las disidencias de las Farc-Ep, las de otros grupos ilegales y los negocios legales de actores económicos formales de la sociedad civil, permitió que agentes económicos y políticos legales se unan para contrarrestar esos efectos negativos, con la única forma que les queda: los ataques terroristas contra la población civil, con el objetivo de minar la legitimidad y el apoyo popular que el gobierno de Petro viene tratando de acumular con sus políticas agrarias y de apoyo al campesinado.  

Las violentas acciones perpetradas en Nariño, Cauca y Valle del Cauca son aprovechadas por la derecha uribizada para construir la narrativa que señala que el Estado central perdió definitivamente el control de esos departamentos. Sin duda alguna, un relato que les sirve política y socialmente para intentar reconquistar la Casa de Nariño en el 2026, vendiendo la idea de que el país, sí o sí, necesita el regreso de la Seguridad Democrática, la temida política de seguridad que implementó el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. 

Eso sí, la unión de esfuerzos entre los viejos agentes del Establecimiento y los grupos ilegales no tendría la pretensión de generar el caos y la crisis institucional que produjo en su momento la escalada terrorista del criminal Pablo Emilio Escobar Gaviria, que terminó con el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC). No. Estaría prohibido poner bombas en centros comerciales de ciudades capitales, porque bajo esas circunstancias le estarían dando al presidente de la República elementos de juicio para insistir en que el país necesita convocar a una ANC. Generar zozobra, miedo y terror en centros poblados y en municipios pequeños por ahora sería suficiente para esta unión temporal de intereses legales e ilegales con la que se busca afectar la imagen del actual gobierno. 

Le corresponde a la contrainteligencia militar examinar la consistencia y la existencia objetiva del entramado criminal que supone la hipótesis aquí planteada. Lo cierto es que el negocio de la guerra le va ganando la partida a la paz, como negocio y como forma de estar en los territorios. 

Imagen tomada de EL TIEMPO.COM 

¿QUIÉNES SON LOS QUE DEFIENDEN A URIBE VÉLEZ?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Al expresidente Álvaro Uribe Vélez hay sectores de la sociedad que lo extrañan, otros lo adoran a rabiar, otros tantos lo detestan y muchos más esperan que la jueza que hoy está al frente del juicio penal que se lleva en su contra por soborno, fraude procesal y manipulación de testigos, lo declare culpable.

A pesar de su condición de expresidiario, y de afrontar el vergonzoso juicio penal en calidad de imputado, aún hay gente que se atreve a defender al político antioqueño y padre de la infame política de seguridad democrática.

En esta columna hago el ejercicio de caracterizar a todos los seguidores y defensores del caballista y latifundista. Eso sí, dicha caracterización debe entenderse en el marco de una sociedad como la colombiana que de tiempo atrás deviene confundida ética y moralmente.

Los políticos que hacen parte de la secta-partido, el Centro Democrático (CD) están obligados a creer y a defender la probidad de Uribe Vélez. Ese es el costo ético-político de hacer parte de esa colectividad. A esos defensores de oficio del exmandatario los llamaré Defensores Obligados Políticamente (DOP). Están igualmente obligados a salir a los medios a rechazar los cargos y las imputaciones repitiendo como loritos que se trata de una “persecución política” en contra del combativo exdirector de la Aerocivil.

Junto a estos curtidos políticos operan las juventudes uribistas que están en plena formación política. Caben dentro de estos jóvenes, los aspirantes a concejales de ciudades capitales importantes, diputados, alcaldes, gobernadores y congresistas. Estos jovencitos y jovencitas “aman” a Uribe, lo idolatran. Son la sangre nueva de la derecha y la ultraderecha. Guardan cierto parecido con los Jóvenes Cabal que irrumpieron para expresar su apoyo a la congresista y defensora del expresidente, María Fernanda Cabal. Ese “amor incondicional” hacia Uribe se explica porque andan detrás de un aval del CD y porque ciertamente se niegan a creer que el político antioqueño pueda estar involucrado o ser responsable de algún delito. Estos “retoños” del uribismo se ganaron un lugar dentro de la categoría Juventud Uribista Instrumentalizada (JUI).

Dentro de los ciudadanos del común que aún defienden al excongresista están aquellos que están convencidos de que la única manera de “sacar adelante” al país es matando comunistas, guerrilleros, ladrones callejeros (los de cuello blanco, no, por supuesto) y socialistas. Piensan así porque se creyeron el cuento de que Uribe Vélez fungió como muro de contención que evitó la llegada del Castrochavismo y del espectral comunismo. Estos nobles ciudadanos caben en la categoría Ciudadanos de Bien (CB). La defensa que hacen de esas violentas ideas los hace proclives a ocultar, rechazar o minimizar los crímenes de Estado que se cometieron entre el 2002 y el 2010, llamados “falsos positivos”. Frente a casos de corrupción como Agro Ingreso Seguro (AIS) para nombrar solo el más sonado, están obligados a guardar silencio. Y cuando los críticos de la política macroeconómica de Uribe les hablan de neoliberalismo, de inmediato responden a su interlocutor con insultos y señalamientos como “comunistas y amigos del terrorismo”.

También se reconocen en ese gran abanico de defensores de “Varito” a quienes aún se informan a través del noticiero RCN y sus programas radiales, en donde se defiende a dentelladas el “legado” del vulgar latifundista. A estos compatriotas no les interesa escuchar otras versiones y desprecian lo que medios alternativos dicen de Uribe Vélez y de sus enredos judiciales. A ellos los pondré dentro de la categoría Obstinados Ignorantes Seguidores (OIS) porque insisten en que la verdad revelada la tiene RCN, el canal oficial del uribismo.

Cada grupo cumple con unas funciones fundamentales para mantener la vigencia de las ideas y formas de proceder del exmandatario antioqueño. La sumatoria de los DOP, de los JUI, de los CB y de los OIG harán posible extender en el tiempo eso que llaman uribismo. Para unos, una seudo doctrina política; para otros, un “virus” que se cura con la lectura de libros de historia y política, especialmente. Eso sí, hay cientos de miles que salieron de ese embrujo y hoy se reconocen como ex uribistas, exhibiendo una gran vergüenza. A ellos los incluyo en la categoría Ciudadanos Recuperados del Engaño (CRE).

Imagen tomada de Pacifista. https://www.google.com/search?sca_esv=345267d81bec8f30&rlz=1C1UUXU_esCO975CO975&sxsrf=ADLYWIK-jSPazq_ewJTqyZYScmUcFKvCfQ:1716132056569&q=juventudes+uribistas,+presente&uds=ADvngMiZcBNsMUvkBJ71fvRLrjNSAsEuUeAktaZLcvlLK2Az8mx1VIjkkBJjcC3PhYLnNtZ0a2TJBHyQmkEXxWQ7c9PH3iWLPSQlYUTiTK3Jhn6xq6OEgXEtxP7L7A1LwkFeihIwLGR1rVIcCDgaurL-MaQwX-y6vYDJXhQxTzSkVu80uCkkXZJANj2AH8kbjmL06-KnUWr-HWsFaih-BlECMmpYX6Vt1pWvLvTiltX_dRW_m9qF1iFOEVyjxwV2TSaApJUmltVpsdN0HAr0ZrPcUWc9FVOasJZ5iFLDP2zbG6FaiAfIz1_IDTO0o7_yOmnoJWPgAVupn_3shxFYDe52K8Tar10wXw&udm=2&prmd=insvmbtz&sa=X&ved=2ahUKEwi8xvmMgpqGAxUabDABHRYKASUQtKgLegQIERAB&biw=1024&bih=641&dpr=1

“DESURIBIZAR” AL PAÍS: COLOSAL RETO CULTURAL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Para bien o para mal Álvaro Uribe Vélez es una figura política que genera simpatías y odios, admiración y repudio. Sus defensores hablan de que el exmandatario deja un inigualable un legado; por el contrario, sus contradictores y críticos, de inconmensurables daños culturales, expresados en un ethos mafioso que se habría naturalizado entre 2002 y 2010 y extendido al periodo comprendido entre 2018 y 2022, bajo la administración de su fatuo títere, Iván Duque Márquez.

A ese conjunto de dudosas prácticas ético-políticas se le conoce como “uribismo” (corrupción, tolerancia con los corruptos, actitudes tramposas), lo que hace pensar que dicho vocablo no corresponde necesariamente a la existencia de una doctrina política a través de la cual se le hace homenaje a quien le dio vida. Eso sí, para ser justos, todas las derivaciones de los apellidos de expresidentes de la República o de aspirantes a serlo, responden a ejercicios clientelares y electorales, alejados de cualquier posibilidad de estar asociados a un pensamiento político o a una sólida y ejemplar doctrina política. Santismo, Turbayismo, VargasLlerismo, Gavirismo y Pastranismo son simples nomenclaturas que jamás podrán asociarse a la existencia de un robusto pensamiento político anclado a quienes llevan consigo los apellidos Santos, Turbay, Vargas Lleras, Gaviria y Pastrana.   

Así las cosas, y en el entendido de que una parte importante de la sociedad colombiana haya aceptado la existencia de ese ethos mafioso que se potenció entre el 2002 y 2010 y comprendido los negativos efectos morales y éticos que dejó su operación visible e invisible a lo largo y ancho del país, entonces esa misma sociedad debe dar inicio a un proceso de “desuribización”, que no es otra cosa que proscribir ese ethos malicioso y sinuoso que se hizo visible a través de frases como “proceda doctor Cadena”, “ a los congresistas les pido que mientras los meten a la cárcel, voten los proyectos” o la más burda de todas: “donde lo vea le voy a dar en la cara marica”. Esas expresiones dan cuenta de la temperatura ética y moral de quien las originó y la de aquellos que las contemplaron y asumieron como legítimas, legales y plausibles.

“Desuribizar” a Colombia es el reto cultural más grande que tiene la sociedad, pues no bastará con la desaparición física, por muerte natural, de Uribe Vélez y mucho menos con la posibilidad que se abrió de ser condenado por los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos.  

Eso sí, creo que la sociedad y algunas instituciones estatales ya dieron sus primeros pasos hacia ese gran cometido cultural. Hay que decir que una parte de la institucionalidad estatal está sintonizada con la necesidad cultural de “desuribizar” al país. De un lado, la Fiscalía de Luz Adriana Camargo Garzón, que acaba de llamarlo a juicio, estaría liderando ese proceso de “desuribización” pues con el escrito de acusación le está diciendo al resto de los colombianos que nadie está por encima de la ley. Recordemos que esa idea perdió consistencia, valor y anclaje a la realidad gracias al hasta hace poco fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, quien protegió al expresidente y expresidiario hasta el último día de su nefasta administración, pues en dos ocasiones pidieron la preclusión del proceso penal al que está vinculado el hijo de Salgar (Antioquia).

La institución estatal que primero dio ese paso fue la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que lo investigó y le imputó los cargos que hoy lo tienen ad-portas de sentarse al frente de una juez para que trate de desvirtuar todo el material probatorio en su contra. La misma Corte Constitucional que validó las pruebas recogidas por la Sala de Instrucción de la CSJ, también aportó su grano de arena al proceso de descontaminación cultural que se asocia al objetivo de “desuribizar” a Colombia.

Quienes en el pasado votaron por Uribe Vélez y creyeron en sus “tesis” y sobre todo, en la pulcritud de sus decisiones, están en la obligación moral y política de aportar al proceso de “desuribización” a través del arrepentimiento individual y grupal, pero sobre todo, de asumir la tarea de convencer a los que aún creen en Uribe Vélez, de que están defendiendo ideas equívocas y quizás replicando un ethos a todas luces dañino.

Por supuesto que sus áulicos compañeros de bancada y miembros del partido-secta, el Centro Democrático (CD) jamás podrán hacer parte del proceso que amerita semejante reto cultural. Por el contrario, insistirán en que el político antioqueño dejó un legado enorme al país. Y para ello, volverán con las manidas ideas de que “pudimos volver a las fincas durante los tiempos de la seguridad democrática” y de “que Uribe fue un berraco que casi acaba con las Farc-Ep”. Ya veremos si como sociedad y Estado seremos capaces de proscribir ese oscuro ethos cultural que se asocia a eso que llamamos “uribismo”.

Imagen tomada de la red X.

¡POR FIN ES LLAMADO A JUICIO ÁLVARO URIBE VÉLEZ!

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El llamado a juicio al expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez es, sin duda alguna, el hecho jurídico y político del año. Quien hasta hace unos años fuera un temido e intocable político, ahora afrontará, en la soledad y viudez del poder, un juicio por los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos. En el ocaso de su azarosa vida, Uribe Vélez terminará enjuiciado y afrontando otros procesos por delitos más graves, como apoyo a grupos paramilitares y responsabilidades en la comisión de las masacres de El Aro y la Granja, que se le endilgan de tiempo atrás.

El fino teflón con el que Uribe Vélez, de la mano de los medios masivos, enmascaró y protegió su “honorabilidad”, se desvanece ante la fuerza del material probatorio con el que finalmente la Fiscalía, como institución, decidió presentar escrito de acusación.

Después de por lo menos tres vergonzosas solicitudes de preclusión ordenadas por el entonces fiscal general, Francisco Barbosa, la Fiscalía, bajo la administración de Luz Adriana Camargo Garzón, un fiscal delegado por fin lo acusa formalmente por los graves delitos bajo los cuales se encuentra en calidad de imputado. La decisión fue tomada por el fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gilberto Iván Villareal.

La acusación formal contra el político antioqueño afecta la dignidad presidencial, al tiempo que le devuelve el decoro y la respetabilidad a la justicia ordinaria representada en la fiscalía general, manchada por las vergonzantes solicitudes de preclusión que hicieron anteriores fiscales, quienes seguían órdenes del inefable, Francisco Barbosa. No podemos olvidar que es el primer expresidente, por lo menos en la historia reciente, llevado a juicio por delitos penales y no políticos. 

Lo curioso de la presentación de la acusación es que se da en el día de las víctimas del conflicto armado interno del país. Hay que recordar que Uribe Vélez fue demandando ante la justicia argentina por las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”. Los jóvenes asesinados por miembros del Ejército nacional son considerados víctimas del conflicto armado colombiano.

Así entonces, el 9 de abril de 2024 será una fecha memorable para la justicia por todo lo que implica llevar a juicio al político que más daño le ha hecho al país en los últimos 30 años; incluso, pasando por encima de Pablo Emilio Escobar Gaviria, el cruel narcotraficante y asesino antioqueño.

En una sociedad confundida moralmente como la colombiana, veremos a los sectores afines a la derecha y a la ultraderecha, cuestionar la decisión y descalificar el llamado a juicio, señalando que se trata de una “persecución política”. Y justo, la acusación formal se produce en el primer gobierno de izquierda, asociación que obviamente harán los áulicos del expresidiario, para deslegitimar la esperada decisión de la Fiscalía. Muy seguramente dirán que la "democracia está en riesgo", que "Petro ternó a la nueva fiscal para que ella diera la orden de acusar formalmente a Uribe"; "que se acabó con el Estado de derecho"; que "enjuiciar a Uribe es una afrenta contra los colombianos". "Llamado a juicio a Uribe es propio de una dictadura". 

Muy difícil la tienen los abogados de Uribe Vélez para desvirtuar en juicio el material probatorio que está en manos de la Fiscalía. Ya veremos qué sucede. Por ahora, la frase “nadie está por encima de la ley” recobra su vigencia y veracidad, pues, por fin es llamado a juicio el expresidente.

Imagen tomada de la red internet

ÁLVARO URIBE VÉLEZ ESTÁ TEMBLANDO POR EL REGRESO DE MANCUSO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Salvatore Mancuso tiene temblando al expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez y quizás a otros agentes del Establecimiento señalados por el exjefe paramilitar de haber patrocinado a las AUC y de recibir el apoyo político y electoral de las estructuras paramilitares.

Una vez pisó tierra colombiana Salvatore Mancuso Gómez, el expresidente antioqueño grabó un video en el que de manera apresurada insistió en que jamás se reunió con el entonces comandante paramilitar, versión que contradice lo dicho por el criminal de lesa humanidad. Ahora, su partido, el Centro Democrático (CD) denuncia públicamente que hay un plan en contra de su líder natural, con el que sus derechos estarían en peligro. Y va más allá al pedir medidas cautelares a organismos internacionales, sin precisar uno en particular.

Sugieren en el señalado comunicado que la JEP y el Gobierno de Petro están usando a Mancuso Gómez como instrumento político para atacar a Uribe Vélez a través de los señalamientos que el excomandante paramilitar ha hecho en contra del expresidente, relacionados con su conocimiento sobre la ocurrencia de la masacre del Aro y otros hechos atados a los operativos paramilitares ejecutados durante la seguridad democrática.

El hecho de señalar en el comunicado que Petro, la JEP y Mancuso se aliaron para diseñar un plan político y legal para someter al expresidente Uribe a la justicia, constituye una lectura maliciosa y paranoica con la que el uribismo busca descalificar lo dicho por el criminal paramilitar. A lo mejor, en el fondo, lo que realmente está sucediendo y el propio Uribe Vélez lo intuye, es que una parte del Establecimiento colombiano estaría dispuesto a quitarle el apoyo y por ese camino dejar de protegerlo, quizás a cambio de beneficios jurídicos, económicos y políticos.

Exista o no un plan orquestado desde la presidencia de la República o que agentes poderosos del Establecimiento estén dispuestos a darle la espalda y la estocada final a quien usaron para estirar sus propios límites morales y éticos, lo cierto es que el país necesita procesar a Uribe Vélez, llevarlo a juicio y ojalá, condenarlo.

Nuevamente el CD descalifica a la JEP, al señalar que es un tribunal que fue creado con argucias y diseñado para y por las Farc. Además, cuestiona e invalida la lectura que la JEP hizo de lo expresado por Mancuso ante el alto tribunal de paz, en la que lo reconoce como agente bisagra. Según el CD, esa interpretación de la JEP se explica porque quieren “usarlo contra Uribe”.

Sin duda alguna hay nervios en las huestes uribistas y el propio Uribe Vélez luce descompuesto por el regreso de Mancuso, a quien extraditó, según un documento revelado por la revista Cambio, porque le dio la gana y no porque hubiese pruebas de que estaba delinquiendo desde la prisión en la que estaba recluido cuando Uribe, de manera discrecional, lo extraditó, junto a una docena de paramilitares, hacia los Estados Unidos.

Los nervios de Uribe aumentan ante la posibilidad de que Amelia Pérez Parra sea elegida por la Corte Suprema de Justicia como la nueva fiscal general por un hecho clave: Pérez Parra investigó en el pasado la masacre del Aro y otros hechos relacionados con el paramilitarismo. Es decir, Uribe Vélez tiene razones suficientes para estar asustado pues sus procesos penales en la misma CSJ, en la Comisión de Acusaciones de la Cámara y los que reposan en la Fiscalía no se han movido en años. En particular, durante la administración de Francisco Barbosa, ficha del uribismo, esos expedientes acumularon más y más polvo.

Imagen tomada de Vorágine

SANTOS LE SALVÓ EL PELLEJO A URIBE VÉLEZ

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El reconocimiento que Juan Manuel Santos le hizo al periodista Alfredo Molano, en torno a la gestión que a muy alto nivel lideró para asegurarle al expresidente Álvaro Uribe inmunidad diplomática ante el posible llamado que harían tribunales americanos por la violación de los derechos humanos, constituye un hecho jurídico-político que debería de concitar una discusión ético-política, periodística y jurídica en torno a lo dicho por Santos y a la historia de violaciones de derechos humanos que rodea al expresidente y expresidiario antioqueño; y por supuesto, a la defensa que periodistas y medios masivos hicieron y aún hacen del “legado” del latifundista, ganadero y caballista antioqueño.

Santos Calderón justificó las gestiones que realizó para, según él, salvarle el pellejo al expresidente Uribe Vélez porque consideró que era indigno someter al país a un escándalo mediático, jurídico y político ante un eventual procesamiento de Uribe ante la justicia americana. El argumento que hoy exhibe Santos es débil ética y moralmente porque prefirió pasar por encima de los derechos de las víctimas de la política de seguridad democrática creada y liderada en su aplicación por el propio Uribe. Es decir, Santos subvaloró a las madres de Soacha, cuyos hijos fueron asesinados por militares (falsos positivos) debido a las presiones de la cúpula militar y del propio Ejecutivo de “producir más y mejores resultados operacionales y carrotanques de sangre”.

Las consultas que a muy alto nivel realizó Santos le permitieron también salvar su pellejo porque en su rol de ministro de la Defensa de Uribe Vélez, es responsable de los falsos positivos que se cometieron durante el tiempo que duró al frente de esa cartera. Además, lo hecho por Santos, en perspectiva histórica, parece más una acción política para asegurar gobernabilidad ante el desencanto que sabía que generaría en el país el diseño del proceso de paz y el contenido final del tratado de paz firmado en La Habana y ratificado en el teatro Colón, en razón al pírrico triunfo del No en el plebiscito por la paz. Santos, como fino ajedrecista, supo mover sus fichas buscando, como hijo del Establecimiento colombiano, salvarse él, aunque más adelante los nombres de célebres empresarios y políticos, sus amigos de clase social quedaran en entredicho en el proceso de construcción de la verdad histórica que adelantó la ya desaparecida Comisión de la Verdad; y la verdad judicial que a cuentagotas viene consolidando la JEP.

Lo cierto es que lo reconocido por Santos llega en el momento en el que un juez argentino, a finales del 2023, aceptó investigar a Uribe Vélez por violaciones a los derechos humanos. Las organizaciones que elevaron la demanda ante la justicia gaucha lo hicieron basados en el principio de la jurisdicción universal. A ese proceso judicial extraterritorial contra Uribe Vélez se suma la desclasificación que los gringos hicieron de varios documentos en los que aparece reseñado el nombre del exmandatario y latifundista colombiano. El congresista y contradictor político de Uribe, Iván Cepeda Castro, escribió en el portal Open Democracy que “veintitrés de esos documentos desclasificados pueden leerse en el sitio web de la organización National Security Archive. Allí figuran documentos de agencias de inteligencia estadounidenses que reseñan que, en la década de 1990, Álvaro Uribe Vélez estaba incluido en una lista oficial de los principales narcotraficantes y sus aliados “dedicados a colaborar con el Cartel de Medellín”.  

La derecha uribizada intentará minimizar lo expresado por el expresidente y Nobel de Paz apelando a la narrativa que construyeron junto con los medios hegemónicos, en la que Santos aparece como un “traidor” porque se hizo elegir con las banderas del Centro Democrático y terminó “entregándole el país a las Farc”.

Lo dicho por Santos Calderón vuelve a poner en la palestra al expresidiario Álvaro Uribe Vélez, el político que más daño le hizo al país entre 2002 y 2010. Hoy está procesado por manipulación de testigos y fraude procesal. Sin duda alguna, delitos menores frente a las atroces violaciones a los derechos humanos en las que incurrió su gobierno con los falsos positivos. La azarosa y cuestionada vida pública y privada de Uribe Vélez oscila entre inmunidades gestionadas y la impunidad que le garantiza el débil aparato de justicia colombiano.

Imagen tomada de la red X. 

PELÍCULA MATARIFE Y EL CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La polémica que armaron periodistas de La W radio en torno a la exposición privada de la película Matarife, con el apoyo del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) permite mirar elementos propios del proceso de construcción de la memoria en un país “desmemoriado” y que poco lee y el papel de la entidad estatal.

El CNMH tiene el objetivo fundante de construir una narrativa oficial que dé cuenta de la complejidad de las violencias políticas y sociales desatadas en el marco de lo que se conoce como el conflicto armado interno. Una de esas formas de violencias (físicas y culturales) las ejercieron los paramilitares y quienes apoyaron su creación y patrocinaron su operación militar.

El trabajo del CNMH de entregarle al país una narrativa fundada en un ejercicio interpretativo y valorativo (académico) de hechos violentos que la misma prensa registró en años de cubrimiento del accionar militar de paras, ejército y guerrillas, no puede dejar por fuera el trabajo periodístico, histórico y criminológico que Daniel Mendoza Leal hizo con la serie Matarife, en la que presenta al expresidente Álvaro Uribe Vélez como el operador de un “aparato criminal” que el documentalista amarró conceptualmente al vocablo “aparatos organizados de poder” y a la conducta que se deriva de quienes hacen operar organizaciones criminales al interior del Estado, conocida como la “autoría mediata”, que hace parte de la producción académica de Claus Roxin. El jurista dice que “la autoría mediata se basa en la tesis de que, en una organización delictiva, los que están detrás de ella y que ordenan la comisión de delitos, teniendo un poder autónomo de dar órdenes, también podrían ser hechos responsables como autores mediatos aun cuando los ejecutores directos puedan ser penados igualmente como autores plenamente responsables. En el lenguaje coloquial alemán se designa a estos maquinadores como «autores de escritorio». Mi idea consistía en volcar este concepto cotidiano en una categoría precisa de la dogmática jurídica” (p.52).

De esta forma, que el CNMH legitime la película Matarife que recoge el grueso de las interpretaciones que Mendoza Leal hace sobre la responsabilidad penal y política de Uribe, también llamado por el documentalista como “el señor masacre”, obedece a una decisión que está acorde con su trabajo interpretativo  de las múltiples violencias acaecidas en el país, muchas de estas responsabilidad de agentes estatales que, por acción u omisión, permitieron la comisión de masacres, asesinatos selectivos y desplazamientos forzados de millones de campesinos.

La polémica que armaron en La W está ancorada a dos hechos políticos: el primero, a la inquina que les produce todo lo que haga y deje hacer el gobierno de Petro; y la segunda, a la decisión editorial, compartida con otros medios, de defender a dentelladas a Uribe Vélez y su seguridad democrática.

La sociedad necesita elementos de juicio para comprender, desde la complejidad, las dinámicas del conflicto armado interno. Y para ello se necesita de ejercicios pedagógicos y de interpretación histórica y criminológica como los que viene haciendo Mendoza Leal con la serie Matarife. Tanto la serie, como la película Matarife facilitan la comprensión rápida de unas realidades violentas que, miradas desde la teoría de Roxin y las de otros teóricos y categorías como la “Banalidad del Mal”, de Hannah Arendt, no le permitirían al grueso de colombianos sacar conclusiones, justamente, por el pobre capital cultural de mis connacionales dado sus bajos índices de lectura y comprensión lectora.

Lo que se debería de hacer es pasar la película Matarife en todas las salas de cine y dejar que sean los espectadores y las audiencias las que califiquen su producción y las interpretaciones de Mendoza Leal. Además, proponer talleres para analizar lo dicho y acercar la teoría de Roxin a todas las clases sociales, porque hay un hecho social y político claro: Uribe Vélez le hizo mucho daño al país entre 2002 y 2010.

Imagen tomada de la red X.