Por Germán Ayala Osorio
La primera sentencia de la JEP contra los miembros del Secretariado de las Farc-Ep por una constelación de delitos graves (secuestro, homicidio, violencia sexual, tortura y tratos crueles) cometidos en el marco del conflicto armado interno llega en un mal momento para el país, a pesar de la connotación histórica de las sanciones que el alto tribunal de justicia transicional oficializó hoy 16 de septiembre de 2025 contra Timochenko, Pastor Alape, Pablo Catatumbo y Carlos Antonio Lozada, entre otros comandantes de esa guerrilla.
Las circunstancias en las que la JEP se pronuncia de fondo están dadas por el hostil ambiente de polarización política y crispación ideológica que nacieron con el proceso de paz de La Habana y el plebiscito por la Paz de 2016 con el pírrico triunfo del No. Se suman por supuesto las expectativas electorales de millones de votantes divididos entre quienes piden a gritos que regrese el uribismo y la seguridad democrática, e incluso, que se diseñe un nuevo Plan Colombia, y los que le apuestan a que el proyecto progresista siga instalado en la Casa de Nariño cuatro años más; y claro que no se puede quedar por fuera de ese listado la descertificación de los Estados Unidos al gobierno Petro, los ataques indiscriminados de las disidencias farianas a estaciones de Policía, centros poblados y carreteables, y el aumento de los secuestros.
Los problemas de orden público y el fracaso de la Paz Total sirven a los detractores del Acuerdo Final de La Habana para recabar en la idea de que las sanciones de ocho años, sin cárcel y sin restricciones a la libertad de los procesados por la JEP constituyen una burla a las víctimas y el descrédito para la majestad de la justicia. De eso se encargó muy bien Noticias Caracol que editó varias notas con políticos y expolicías de alta graduación que las Farc-Ep secuestraron y torturaron durante varios años.
En lugar de destacar el sentido de la histórica sentencia, el noticiero privado revive la discusión política que suscitó en su momento lo acordado en Cuba en materia de justicia transicional entre los plenipotenciarios de la guerrilla fariana y los del gobierno de Juan Manuel Santos en representación del Estado. Desmantelar a esa máquina de producción de víctimas en la que se convirtieron las Farc-Ep fue vista en su momento como una apuesta ética de quienes votaron Sí al plebiscito por la paz y aceptaron "tragarse el sapo" que significaba que ninguno de los máximos responsables de crímenes atroces pagaría un solo día de cárcel, puesto que en la discusión jurídica triunfó el modelo de la justicia transicional con los elementos de verdad, justicia, reparación y no repetición y con estos la imposición de penas alternativas. Entonces, los ochos años de sanción los pagarán con el desarrollo de actividades como siembra de árboles, reconstrucción de infraestructura afectada durante las hostilidades y construcción de bibliotecas, entre otras. A dichas acciones se conocen como las TOAR (Trabajos, Obras y Actividades con contenido Reparador o Restaurativo).
Muy seguramente la sentencia que la JEP acaba de proferir contra los integrantes del entonces Secretariado de las Farc será usada por los candidatos presidenciales de la derecha para insistir en el desmonte de la JEP o por lo menos en su debilitamiento como tribunal de una paz que los militaristas jamás aceptaron como legítima para castigar a los comandantes guerrilleros por la comisión de delitos atroces cometidos en el marco de un conflicto armado que se degradó. Abelardo de la Espriella, por ejemplo, asegura que de llegar a la presidencia no entablará negociaciones con los grupos al margen de la ley y mucho menos con aquellos que incumplieron lo acordado en La Habana.
Aceptar los principios de la justicia transicional y restaurativa exige de las víctimas y del resto de la sociedad haber transitado por el dolor, hasta llegar al máximo sentido de humanidad al que podemos llegar como especie: perdonar a quienes violaron la dignidad de sus familiares. Se trata de una apuesta ética y moral, individual y colectiva, que debe enfrentarse a la narración periodística proclive al populismo punitivo y al discurso de la derecha que cree posible acabar militarmente con todos los grupos al margen de la ley.
Más allá de las críticas a las sanciones que hoy expone la JEP, escuchar y documentar las voces de las víctimas y los episodios en los que los victimarios (militares y guerrilleros) fueron confrontados constituye un valioso trabajo de construcción de memoria histórica para una sociedad desmemoriada y selectiva a la hora de reconocer las responsabilidades de los victimarios que participaron de las hostilidades.
Quizás sea tiempo de amplificar la idea de que la guerra no fue para el caso colombiano el camino para hacer las transformaciones sociales que la sociedad demanda. Y también quizás sea el momento para gritar que todo hombre en armas, sin importar la causa que defienda y de quién escriba la historia, es un potencial asesino o uno ya consumado.
Mauricio Alvarado / El... - Mauricio Alvarado
Tomada de El Espectador.
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