EL REGRESO DE VARGAS LLERAS: ETERNO CANDIDATO PRESIDENCIAL DE LA DERECHA

Por Germán Ayala Osorio

 

Noticias Caracol acompañó a Germán Vargas Lleras, político y propietario de la empresa electoral, Cambio Radical, en su participación en la reciente marcha del 6 de marzo. El noticiero privado le abrió los micrófonos al decaído “delfín” para que este se despachara en contra de las reformas a la salud y al sistema pensional que propuso el actual gobierno. Desde su tribuna en EL TIEMPO, periódico de Sarmiento Angulo, Vargas Lleras viene despotricando y proponiendo soluciones a los problemas del país, las mismas que jamás implementó durante su rol como vicepresidente de la República durante la administración de Juan Manuel Santos.

Algunos asumieron la nota periodística de Caracol como el “relanzamiento” de Vargas Lleras en su obsesión, o más bien, “derecho” de ser presidente de la República por ser nieto del expresidente, Carlos Lleras Restrepo. Igualmente, es visto como el vocero más visible de la Oposición, incluso remplazando al expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez.

Muy seguramente Vargas Lleras será candidato presidencial en las elecciones de 2026, con el apoyo del Clan Char, el mecenas Sarmiento Angulo y de otros sectores de la derecha que creen necesario tomar distancia del uribismo, por el desprestigio que acumula el expresidente antioqueño, no solo por su condición de imputado por fraude procesal y manipulación de testigos, sino por los escándalos de corrupción de varios congresistas del Centro Democrático (CD), la empresita electoral de Uribe.  Aunque si comparamos a las dos colectividades, las dos arrastran una muy mala fama.

En Las 2 Orillas (2017) se lee lo siguiente: “Cambio Radical tiene 19 congresistas condenados por parapolítica, de 44 investigados; 11 alcaldes de Cambio Radical están siendo investigados por presuntos hechos de corrupción, y los gobernadores no se quedan atrás: la cifra llega a 8 entre investigados y condenados. La cereza del pastel es el “inefable” Gustavo Moreno, el Fiscal Anticorrupción capturado por corrupto, quien llegó al cargo en virtud de su militancia en ese partido. El mismo Germán Vargas Lleras, jefe máximo del partido y actual candidato a la Presidencia de la República, se encuentra salpicado por los dineros de Odebrecht que entraron a la campaña de “Santos presidente”, de la fuera fórmula vicepresidencial”.

Germán Vargas Lleras representa al viejo Establecimiento colombiano. Es godo en términos y asunto socio culturales y un neoliberal en lo económico. Aunque hizo parte del Nuevo Liberalismo, de la mano de Luis Carlos Galán Sarmiento, poco tiempo después huyó de esas toldas porque jamás se sintió cómodo con las ideas liberales. Vargas Lleras es godo y punto.

Es oficial de la reserva del Ejército, militarista y un defensor a ultranza de aquella idea de la “defensa legítima del Estado”. Poco le importa la histórica ilegitimidad del Estado colombiano, porque lo que debe primar es que el régimen de poder que está detrás de la operación del Estado se mantenga en el tiempo.

En diciembre de 2023 apareció “conversando” con niñas y niños sobre política y en particular, sobre el presidente Petro, de quien los menores expresaron los reparos que previamente le habían escuchado a sus padres y madres. Por supuesto que Vargas Lleras asintió y legitimó las opiniones de los menores, que dejaron ver el claro proceso de adoctrinamiento que vivieron dentro de sus núcleos familiares.  Hasta permitió que le preguntaran por sus dedos mochos. El video tuvo la pretensión en ese momento de ir erosionando la tosca imagen que proyecta el exvicepresidente de Santos. En este punto hay que decir que Vargas Lleras no tiene carisma y lleva la pesada fama de corrupto por estar al frente de Cambio Radical, colectividad que tiene en su historia a varios operadores políticos condenados.

Debe ser muy duro para este “delfín” de 62 años no haber podido llegar a ser presidente de la República, porque, de acuerdo con la tradición, tiene todos los méritos para sentarse en el Solio de Bolívar, por ser nieto de expresidente. Creo que ya es tarde para Germán Vargas Lleras.

Si decide lanzarse en el 2026, los especialistas en marketing político que contrate tendrán la titánica tarea de borrar su fama de intolerante, patán y grosero. El episodio del coscorrón no será fácil de olvidar, por cuanto allí dejó plasmado su clasismo y el carácter violento que lo acompaña. Su nulo carisma lo pone en desventaja frente a Miguel Uribe Turbay, nieto del expresidente Turbay Ayala, quien tiene el mismo “derecho” que le asiste a Vargas Lleras para convertirse en jefe del Estado; igualmente, le quedará difícil competir con las “tigresas” de Uribe (Paloma Valencia, Vicky Dávila y María Fernanda Cabal).

Vargas Lleras corre el riesgo de convertirse en el eterno candidato presidencial, tal y como ocurrió con el también godo, Álvaro Gómez Hurtado. Si en el 2026 se quema, lo mejor que puede hacer es retirarse de la política, porque lo que menos necesita el país, es un Cambio Radical.

 

Imagen tomada de Semana.com

CLAUDIA LÓPEZ HERNÁNDEZ, CANDIDATA PRESIDENCIAL DEL URIBISMO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

No importa si el actual gobierno logra los cambios que prometió en campaña, pues la derecha hará ingentes esfuerzos para recuperar el control del Estado para desde ahí tratar de echar para atrás las reformas que el Congreso le aprobó a Gustavo Petro durante su mandato, así como los decretos con fuerza de ley que el presidente firmó.

Las pasadas elecciones regionales ya mostraron la necesidad, la urgencia o quizás el desespero de la derecha por hacerse nuevamente con la Casa de Nariño, para darle continuidad al proyecto de captura corporativa del Estado y de esa manera ahondar en la pobreza, desigualdad y el desempleo estructurales para consolidar el clientelismo y así la corrupción electoral y el histórico ethos mafioso. Lo cierto es que una vez reinstalados en el solio de Bolívar, la derecha iniciará con su plan de contra reformas.

A falta de menos de dos años largos de terminar el mandato la izquierda y el progresismo, la derecha ya deja ver a los candidatos presidenciales que buscarán el apoyo del gran banquero y del empresariado y el aval de los partidos y de electores como Germán Vargas Lleras y Álvaro Uribe Vélez.

En el listado aparecen varias mujeres: Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Claudia López Hernández. Las dos primeras contarán con la bendición del expresidente antioqueño, hasta tanto él encuentre a un político tan dócil y pusilánime como Iván Duque Márquez, que le sirva de títere, tal y como le sirvió Duque con un destacado desempeño como marioneta. Bajo esas condiciones aparece el nieto de Turbay Ayala, Miguel Uribe Turbay, un delfín poco preparado, vociferante y capaz de mejorar lo hecho por Duque en materia de sumisión al Gran Patrón. David Luna podría aparecer como candidato de Vargas Lleras, en caso de que este último decida no aspirar más a ser presidente de la República. Luna es incondicional del exvicepresidente.

No se descarta que Carlos Fernando Galán deje tirada la alcaldía para aspirar a la presidencia, de la mano de Uribe y Vargas Lleras. Si por el contrario cumple con su mandato, Galán será en el 2030 el candidato del establecimiento.

La exalcaldesa de Bogotá será, sí o sí, candidata presidencial en 2026. La muy astuta buscará acercarse a Uribe, al mismo que ella confrontó como académica por las relaciones con los paramilitares que según López Hernández tuvo el expresidiario en sus tiempos de gobernador de Antioquia. Hay que recordar que hábilmente la exmandataria de los bogotanos retiró la demanda que por injuria y calumnia le interpuso a Uribe Vélez en 2017. La decisión la tomó López en 2019 y fue a todas luces una maniobra política para acercarse al uribismo de cara a su candidatura a la alcaldía de Bogotá.

Los recientes cuestionamientos de Uribe hacia López hacen parte de una pantomima, con el fin de mostrarse lejanos y hasta de orillas distintas, pero ante una necesidad electoral, se unirán de nuevo porque lo que los une es la trampa y las mentiras. 

La exalcaldesa será, muy seguramente, una de las candidatas que Uribe tendrá en su sonajero. Al fortalecer su discurso anti-Petro, López busca el guiño y la aceptación del exmandatario antioqueño, y de todos los uribistas.

El partido Alianza Verde, en el que milita López Hernández, no es una colectividad de Centro derecha. No. Más bien se trata de un partido cuya estructura y actuar acomodaticios le permite oscilar entre el espectral centro y la vieja derecha.

Todos los escándalos que por corrupción le sacarán a Claudia López en la campaña de 2026 la convertirán en una verdadera candidata presidencial para el uribismo. Entre más investigaciones acumule, el aval estará asegurado pues todos esos señalamientos y eventuales procesos judiciales deberán ser conjurados a través de costosos abogados y arreglos interinstitucionales que, en caso de que se confirme su candidatura, les servirán a sus patrocinadores para encauzarla y ponerla bajo el tutelaje político y moral de lo que se conoce como el uribismo.

Lo cierto es que en el 2026 la derecha irá con todo para recuperar lo que Petro les quitó y para echar para atrás los cambios institucionales que les hayan hecho daño o afectado sus intereses burocráticos e institucionales.

 

Imagen de La FM. 

SEIS EXPRESIDENTES QUE NO ENTENDIERON EL MENSAJE DE BELISARIO BETANCUR

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Una vez convertido en expresidente, Belisario Betancur Cuartas se desentendió de la vida pública, agobiado muy seguramente por los hechos luctuosos del Palacio de Justicia en los que quedaron en evidencia, además de las violaciones a los DDHH por parte del Ejército, la actitud pusilánime del presidente de la República frente a los generales que le arrebataron el mando por 48 horas. Frente al temporal golpe de Estado, Betancur optó por guardar silencio.

En adelante, Betancur se retiró a sus aposentos y de la algarabía del poder político, en un país en el que las voces estridentes de los expresidentes incomodan no solo a quien intenta gobernar y manejar este complejo país, sino a un sector creciente de la opinión pública que los recuerda por sus crasos errores, andanzas y hasta crímenes.

El silencio de Betancur debería de servir de ejemplo a los expresidentes Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe, Santos y Duque, convertidos en opinadores profesionales en materias que ellos, siendo presidentes de la República, no aprobaron o las pasaron “raspando”. Pero no. Insisten estos seis exmandatarios en hablar, criticar, pontificar y opinar, con la anuencia de los medios hegemónicos. Y lo que es peor: insisten en mantener su vigencia política a como dé lugar.

César Gaviria Trujillo, iliberal y neoliberal consumado, se aferra a su partido Liberal con la intención clara de “negociar” con el presidente Petro sus apoyos a las reformas sociales que hacen trámite en el Congreso de la República. Menos mal hay congresistas rebeldes que no acogen sus órdenes y prefieren aportar a la posibilidad de construir por fin en Colombia un Estado social de derecho, una democracia y una República reales.

Los negativos efectos que dejó su política económica, la famosa apertura económica de los 90 y su pérdida de legitimidad social y política son razones suficientes para que opte por retirarse de la vida pública y guarde sepulcral silencio, como lo hizo Betancur.

El menos visible mediáticamente hablando es Ernesto Samper Pizano, recordado porque a la campaña Samper presidente, entraron dineros del Cartel de Cali. Por ahí de cuando en cuando dice cosas interesantes en su cuenta de X. Los graves hechos que lo relacionan con los narcotraficantes de la Sultana del Valle son suficientes razones para que hubiese abandonado la vida pública. Y ya que en la inservible Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes le precluyeron la investigación en su contra, Samper ya está condenado a aguantarse el humor de su sobrino, Daniel Samper Ospina y sus alusiones al “elefante y al 8.000”.

Entre tanto, Andrés Pastrana sigue dando lora con el tema de la paz. Y lo hace, para ocultar su propio fracaso con el proceso del Caguán, al que llegó con un Plan Colombia que escaló el conflicto y permitió, con el tiempo, la aparición de la peligrosa seguridad democrática de Uribe. Este hijo de Misael le entregó a las Farc-Ep de la época, 42 mil kilómetros cuadrados para que fundaran en esa amplia zona, un Estado dentro del Estado. Por su desastroso gobierno y por estar señalado de hacer parte de los vuelos Lolita Express, debería de seguir el camino que trazó Betancur Cuartas y retirarse a escribir sus memorias o quizás, a recapacitar alrededor de todo lo que hizo mal durante su vida como político.

En lo que respecta a Álvaro Uribe Vélez, hay que decir que su paso por la presidencia le hizo mucho daño al país. Si tuviera un mínimo grado de conciencia sobre sus decisiones como gobernante, hace rato el expresidente antioqueño debió seguir los pasos de Betancur. Pero no, su enfermiza relación con el poder y la necesidad de evitar ser llevado a la justicia por los crímenes que se le endilgan, le han evitado al país ese descanso de verlo retirado para siempre en El Ubérrimo. Su condición súb judice y las responsabilidades que Mancuso le señala en las masacres del Aro y La Granja, se suman a las razones, suficiente por demás, que harían posible su retiro. El país, de verdad, se lo agradecería. Es más, si los jueces le temen tanto como se cree en la opinión pública, podría proponer a la justicia anular sus líos judiciales, a cambio de su retiro forzado de la vida pública y a que pague a la DIAN lo que debe pagar por ser un hombre rico.

En lo que toca al más joven de los expresidentes, hay que decir que ya la historia le dio el lugar que se merece. Iván Duque Márquez es reconocido hoy en Colombia como el más grande error que la derecha uribizada cometió al ponerlo y usarlo como presidente de la República. Su imagen de títere de Uribe no se borrará jamás, pues está atada al algoritmo “títere colombiano” y a la pregunta que le lanzó al aire la periodista de CNN, Angela Patricia Janiot. Este joven homúnculo, además de intentar hacer trizas el acuerdo de paz de La Habana se atreve a posar de ambientalista, cuando desde la Casa de Nariño fue permisivo con todos los actores, legales e ilegales, empeñados en deforestar las selvas, en particular la del Amazonas.

Pastrana y Duque cargarán sobre sus espaldas los cuestionamientos que los ponen como los peores presidentes de la República, a lo que suman las sindicaciones de ser infantiles y pueriles en sus formas de actuar y razonar. Baste con recordar dos episodios para entender que Duque Márquez es un “pobre pendejo”: cuando en visita oficial al Rey de España, le dijo a su majestad que “Uribe le mandaba saludos, que lo quiere mucho”; y el segundo episodio, cuando en un discurso ante la Unesco, relacionó su fantasmal “economía naranja” con los 7 enanitos, en un fluido, pero insustancial inglés.

Y termino con Juan Manuel Santos, el Nobel de Paz, quien recientemente criticó la Paz Total de Petro. El país recuerda positivamente a Santos por la firma del tratado de paz que puso fin al conflicto armado entre las Farc-Ep y el Estado colombiano. Lo que no puede hacer Santos es pretender que el modelo de negociación aplicado se convierta en una talanquera para avanzar en la desmovilización de grupos subversivos diferentes como el ELN y las propias disidencias farianas. Santos pudo negociar con unas Farc-Ep diezmadas militarmente en su cúpula y tardíamente maduros sus comandantes para allanar el camino de la paz. No se puede esperar lo mismo del ELN, grupo cuya operación y tamaño no facilita a las fuerzas militares asestarles golpes contundentes que dieron con la muerte de Alfonso Cano, Raúl Reyes y el Mono Jojoy, por el lado de las Farc-Ep.

De verdad que el país les agradecería que se retiren a sus aposentos. Santos y Duque, a escribir sus memorias, que pocos leerán; Samper, se puede quedar en X; Uribe, a cuidar de sus finos caballos y tomar precauciones con la estela de enemigos que acumuló en su larga y oscura vida pública; en cuanto a Gaviria y Pastrana…, que, simplemente, guarden silencio.

También es posible pensar en arrumar a estos seis expresidentes en una casa de reposo, sin internet, para que allá sigan hablando y “arreglando” el país que ellos tampoco pudieron arreglar. A lo mejor, Pastrana y Samper hacen las paces, con la intervención del Nobel de Paz; y Uribe Vélez, perdona a Santos.

Imagen tomada de Agencia de Medios Hoy Noticias. 

NUEVO ENCUENTRO PETRO-URIBE

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Las reformas laboral, pensional y a la salud son apuestas políticas y sociales que el presidente Petro no abandonará fácilmente, a pesar de las evidentes acciones de sabotaje emprendidas por congresistas de la Oposición, de la mano de otros que se hicieron elegir con las banderas del cambio o hicieron parte, en un principio, del Pacto Histórico. Me refiero puntualmente a congresistas del Partido Verde.

La anunciada reunión con el expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez y el jefe del Estado para abordar el tema de la reforma al sistema de salud constituye un hecho político que, en lugar de resultar benéfico para la imagen del gobierno, podría afectarla aún más.  El encuentro será este 22 de noviembre.

Valentina Parada, analista de EL ESPECTADOR, considera que la reunión se explica y da cuenta del “reencauche” de Uribe Vélez, en medio de viejos-nuevos señalamientos que hizo recién Salvatore Mancuso contra el expresidente por sus relaciones con los grupos paramilitares y en particular, con la masacre del Aro, de la que, según el confeso jefe de las AUC, el entonces gobernador de Antioquia sabía que se iba a perpetrar.

La reunión Petro-Uribe se programa en medio de un tenso ambiente político provocado en buena medida por la apuesta moralizante que mantiene el gobierno de Petro, ayudado por filtraciones, procesos penales vigentes e investigaciones periodísticas que comprometen a miembros del clan Char con el cartel de Sinaloa y corrupción electoral. De igual manera, hay miedos dentro del establecimiento colombiano ante la posibilidad de que la nueva fiscal general de la Nación termine por desarchivar procesos contra el banquero Sarmiento Angulo, que el ladino fiscal Francisco Barbosa ordenó maliciosamente cerrar. Huelga recordar que los hechos corrupción en la Ruta del Sol 2, cometidos por miembros de la familia Sarmiento Angulo, fueron confesados a las autoridades americanas.

Alfredo Saade, cercano al presidente Petro, le mandó el siguiente recado, a través de su cuenta de X: “presidente Gustavo Petro la ultraderecha recalcitrante no merece su mano extendida. En nombre del pueblo que lo Eligio LE PIDO QUE NO SE VUELVA A REUNIR CON ÁLVARO URIBE. Le aseguro que nos vamos a sentir humillados, mucho más de lo que humillaron a su hija hoy en el metropolitano de Barranquilla. Ya basta. Es hora de la mano dura n contra de los corruptos. Ellos no saben de decencia”.

Escuchar a los detractores e incluso, a quienes se auto definen como “enemigos” del presidente y de la izquierda, siempre será importante para la tarea de construir consensos que le beneficien al país. En el caso del encuentro Petro-Uribe aparecen consideraciones jurídicas, ético-políticas y morales que invalidan la pertinencia de dicha reunión. La condición sub júdice que arrastra de tiempo atrás el caballista y latifundista antioqueño debe asumirse como un obstáculo para que nuevamente Petro se reúna con el expresidiario y expresidente. Recordemos que por lo menos van dos encuentros a puerta cerrada entre Petro y Uribe.

La vigencia política o el “reencauche” de Uribe podría leerse como una especie de “perdón político” en las instancias judiciales en las que reposan cientos de expedientes en los que aparece Uribe Vélez en calidad de señalado de haber tenido relaciones con estructuras paramilitares y responsabilidad en la comisión de masacres como la del Aro y La Granja. Así como el crimen del defensor de DDHH, Jesús María Valle Jaramillo. La misma lectura podría darse en diversos grupos de la sociedad y en la propia élite que usó a Uribe como punta de lanza para beneficiarse económicamente de la implementación de la Seguridad Democrática.

De igual manera, a nivel internacional este nuevo encuentro entre los dos políticos podría mandar un negativo mensaje y construir una narrativa contraria a la que el presidente de la República venía posicionando en torno a combatir la corrupción y las perniciosas relaciones entre políticos, empresarios y militares con las estructuras paramilitares. Petro, como quizás nadie, tiene muy claro el mapa de relaciones mafiosas y criminales que diversos grupos de poder establecieron con las AUC. Sus debates en el Congreso, en sus tiempos de congresista, dan cuenta de ello.

Qué bueno sería que la Corte Suprema de Justicia, ante lo expresado por Mancuso Gómez, desempolvara el expediente de las masacres del Aro y La Granja, en los que se menciona al expresidente Álvaro Uribe. Ya es tiempo de procesar y ojalá condenar al expresidente Uribe Vélez. La sociedad colombiana, que deviene confundida moral y éticamente, necesita de decisiones judiciales ejemplarizantes que proscriban de una vez por todas la narrativa que confluye en la expresión “la justicia es para los de ruana”.

Imagen tomada de EL ESPECTADOR.COM 

METRO DE BOGOTÁ Y CONCEPCIÓN DE ESTADO

 

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En las discusiones sobre si el Metro de Bogotá debe ser elevado o subterráneo aparecen asuntos técnicos, presupuestales y por supuesto, políticos, que no necesariamente se reducen a un conflicto de egos, aunque está ahí la disputa entre la alcaldesa Claudia López Hernández y el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.  En los elementos que corresponden al ámbito de la política,  los medios de comunicación se encargan, hábilmente, de soslayar un factor de fondo que no lo contemplan quienes le vienen apostando a someter la operación del Metro, a las lógicas y dinámicas de Transmilenio: el sentido de lo colectivo, del bien común.

Este factor de lo colectivo o del bien común deviene problemático para quienes están interesados en hacer operar el Estado (local, distrital, regional o nacional) únicamente desde los intereses privados y corporativos. Es decir, favorecer económicamente a unos cuantos, en detrimento de las aspiraciones de millones de habitantes y del sentido de lo colectivo que debería arropar el funcionamiento del Estado.

Con la llegada de Petro al poder, este y sus más cercanos colaboradores, tienen la idea de que es posible revertir más de 30 años de operación de un Estado privatizado en su espíritu y accionar, en particular cuando participa de grandes obras de infraestructura. Es posible hacer un breve listado de obras civiles y de negocios que, inspirados en un Estado capturado por mafias políticas (familias y clanes), naturalizaron que en lugar de beneficiar a las grandes mayorías, dichas obras deben, per se, favorecer los intereses de unas cuantas familias: la Ruta del Sol, el manejo de las basuras en Bogotá antes de que llegara el alcalde Petro a tocar esos intereses y las concesiones viales y los altísimos costos de los peajes.

Mientras se siga asumiendo que lo mejor para el país es mantener los altos niveles de captura y privatización del Estado, las actuales obras y las que vendrán en lo consecutivo, seguirán beneficiando a unos pocos, aunque aparentemente parezca que mejorarán la calidad de vida de los colombianos. Los casos de Transmilenio y el Mío, en Cali, y los otros sistemas puestos en marchas en otras ciudades, entran dentro de esa condición. Haber condenado a los capitalinos a los buses articulados, por el capricho y los intereses, individuales y corporativos de Enrique Peñalosa, sirve de ejemplo para explicar la negativa concepción del Estado que tuvo y que defiende aún este ladino vendedor de buses; los mismos que defendió Claudia López Hernández y los que defenderán Galán y Oviedo, si uno de ellos llega al Palacio Liévano.

Así, las diferencias técnicas y presupuestales alrededor de obras civiles de gran calado como la construcción del Metro para Bogotá o de vías 4 y 5G tienen en la concepción de Estado a su fuente principal y tema de discusión que hoy las empresas mediáticas y los amigos del Metro elevado de Bogotá evitan dar, justamente, porque su ethos no les permite reconocer en el Estado a un actor político definitivo para generar condiciones de bienestar para todos, incluidos los particulares, siempre y cuando se dejen de lado la mezquindad y los acuerdos establecidos entre mafias políticas y firmas constructoras.

Quizás esté lejano el día aquel en que todos los colombianos entendamos que continuar operando el Estado colombiano de la manera como se viene haciendo, solo sirve para dividirnos más y por esa vía, consolidar el individualismo, el “cvy”, el ethos mafioso y por supuesto, altos niveles de insatisfacción social.

Imagen tomada de la Empresa Metro

EL DESESPERO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Mientras el presidente Gustavo Petro guarda silencio sobre los alcances de las reuniones sostenidas con los llamados “cacaos”, avanzan las campañas de cara a las elecciones regionales del 29 de octubre y se consolida la polarización ideológica y política en torno a dos ideas opuestas de país: la que representa Petro, asociada a “profundizar la democracia”, quizás en la línea propuesta por Chantal Mouffe y la que representan los grandes ricos y sus alfiles los partidos políticos, atada, por supuesto, a concentrar aún más la riqueza, mantener la captura del Estado por parte de sectores corporativos y familiares y seguir adelante con la depredación de estratégicos ecosistemas naturales históricos.

Patricia Lara, en reciente columna en EL ESPECTADOR, señaló que las reuniones entre Petro y los magnates “…harían parte de la construcción del gran acuerdo nacional. Pero más allá de eso el presidente estaría buscando que se acordara colaborar en un plan para aliviar la inequidad no solo con los cacaos, sino también con otros grandes empresarios que no alcanzan a clasificar como tales, pero sí son muy importantes en la economía nacional”.

Si bien los encuentros entre el presidente de la República y las cabezas de los grandes conglomerados económicos estarían pensados para generar el pacto social o el acuerdo nacional, lo cierto es que el ambiente político-electoral va en una dirección contraria y peligrosa, expresada en un lenguaje hostil en las redes sociales y entre los mismos candidatos, interesados más en conseguir una victoria a como dé lugar, dejando de lado la idea de que efectivamente el país necesita ajustes institucionales y constitucionales, un cambio cultural profundo que proscriba el ethos mafioso y el llamado “uribismo”, y la recuperación del carácter público del Estado.

Como se trata de un juego político, los grandes ricos están esperando los resultados de las elecciones regionales, para ver hasta dónde pueden ceder y aportar para disminuir las inequidades y la pobreza estructural. Si el proyecto político del presidente sufre una contundente derrota, los “cacaos” podrían pararse firmes ante un presidente regional y políticamente debilitado. Si esa es finalmente la actitud de los grandes ricos, entonces el acuerdo nacional quedaría tan solo en una buena intención de las partes.

Los casos de Cali, Bogotá y Barranquilla servirán de termómetro para definir si el acuerdo nacional va o no va. Para las elecciones en la capital del Valle del Cauca, el nuevo alcalde saldrá del enfrentamiento entre la derecha ordinaria y sin linaje de Roberto Ortiz y la derecha perfumada de Alejandro Eder. Es decir, en Cali, la posibilidad de “profundizar la democracia” se desvanece tempranamente. En Bogotá, según las encuestas, la pelea está entre Galán y Bolívar. El primero, es un alfil del “viejo” establecimiento; y el segundo, es la ficha de Petro para insistir en hacer cambios democráticos profundos en la capital del país; y Barranquilla, ya es un caso perdido en relación con cualquier posibilidad de cambiar lo establecido. El Clan Char seguirá manejando su feudo como quiera que representan el carácter feudatario de una familia que hace rato capturó el Estado y liquidó la democracia.

Si, por el contrario, el Pacto Histórico logra victorias importantes en ciudades capitales, en particular en Bogotá y en territorios locales reconocidos por su riqueza ambiental y posibilidades de industrialización del campo, entonces la negociación sí o sí se dará entre los jefes de los emporios económicos y el presidente de la República.

La nula trascendencia en los medios masivos de los alcances de las reuniones entre Petro y los “cacaos” es señal inequívoca de que ambas partes están esperando a ver qué pasa este 29 de octubre. En varias ocasiones el presidente de la República les ha enviado mensajes cifrados y otros directos a los grandes ricos del país; mensajes que dejan claro su obstinación en torno a la intención de “profundizar la democracia”. Las nutridas marchas del 27 de septiembre son una clara “pelada” de dientes del presidente.

Ya veremos qué pasa este 29 de octubre. Cualquiera sea el resultado, lo evidente es que hay desespero en las bases populares porque la promesa de cambio aún no se consolida; y del lado de los poderosos magnates criollos, el desespero aparece porque Petro les frenó el proceso de privatización del Estado, la deforestación de las selvas y lo que quizás más les molesta a los “cacaos”: el no dejarse manosear, como lo hicieron con Iván Duque, Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe y César Gaviria, asumidos por estos “cacaos” como sus monigotes.

Imagen tomada de Cambio.

MARÍA FERNANDA CABAL SE MONTÓ EN LA TRACTOMULA DEL CAMBIO HACIA ATRÁS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Montada en una tractomula, María Fernanda Cabal anunció su prematura aspiración de llegar a la Casa de Nariño en el 2026. La temprana candidatura presidencial de María Fernanda Cabal se da en medio del desespero de la derecha uribista por recuperar el Estado, para que este siga en manos del régimen de terror que por más 30 años viene operando en Colombia, el mismo que es responsable de los millones de pobres que existen en el país, de la informalidad laboral, de la violencia política en el campo y del desempleo estructural.

Sus ideas y convicciones hacen posible pensar en que un eventual gobierno de la hoy congresista, el país entraría en una sólida dinámica de echar para atrás todo lo decidido por el gobierno de Petro. Se trataría de un gobierno que, montado en una resistente tractomula, atropellaría todos los programas y avances en materia social y ambiental. Por ejemplo, en materia ecológica, cuidar y parar la deforestación de las selvas no sería una prioridad para la señora Cabal, cuya vida está atada a la agroindustria cañera y a la ganadería extensiva, actividades económicas propias de lo que llamo la Sostenibilidad Asistémica Funcional (SAF), factor clave que reproduce la lógica economicista con la que se “valoran” los ecosistemas naturales y se aseguran las condiciones de insostenibilidad socio ambiental, política y ecológica del vigente modelo de desarrollo económico. Huelga recordar que Cabal no cree en el cambio climático, porque considera que es pura charlatanería.

María Fernanda Cabal no gusta de quienes reivindican y luchan porque haya garantías para el cumplimiento de los derechos consagrados en la carta política de 1991. Su cercanía al partido español VOX, la acerca a la extrema derecha, lo que constituye un llamado de alerta para las comunidades LGTBI+, sindicatos, grupos de feministas y todos aquellos que creen en las ideas liberales. En lo económico, Cabal cree a pie juntillas en el modelo neoliberal. Es amiga de la privatización del Estado, lo que significa la entrega de subsidios a los más ricos tal y como sucedió con la política Agro Ingreso Seguro (AIS), de la que recibió millonarios recursos; y la disminución de todos los subsidios y programas encaminados a ayudar a comunidades campesinas. La señora Cabal gusta de la política de importación de alimentos, en detrimento de la seguridad y la autonomía alimentarias.

Es apenas obvio que detrás de la candidatura de María Fernanda Cabal estarán Uribe Vélez, el banquero Sarmiento Angulo, terratenientes, ganaderos y azucareros de todos los pelambres.

Cabal es determinada, terca y con tendencia a imponer sus ideas por encima de las de los demás. Es autoritaria como Uribe, su gran mentor. El expresidente y expresidiario la considera leal, pero preferiría apoyar a un hombre porque el caballista antioqueño sigue pensando que el lugar de las mujeres está en la cocina, atendiendo los hijos y a los maridos. La respaldará hasta cuando el 1087985 consiga a un títere mejor que Iván Duque Márquez.

Su discurso es básico, en el sentido en que no está formada para dar discusiones teórico-conceptuales. En eso se parece mucho a Duque y al propio Uribe. En el video que recién grabó montada en una tractomula, dijo lo siguiente: “Se acuerdan cuando los ‘petristes’ decían que el cambio era en primera, pero era con caja de cambios de aquella que ponía la primera soltado en el clutch y se apagaba el carro o esa primera en subida que terminaba quemando la caja ¿o no’?”.

La señora Cabal insistirá en revivir el fantasma del castrochavismo, invención de su patrón, Álvaro Uribe. Es más, en el señalado video dijo: “El cambio es en automático, el cambio no es con el socialismo de ideas arcaicas, el cambio es a lo moderno. Vamos a hacer la primera vez que tenemos la oportunidad de tener una mujer en la presidencia. Eso sí es el cambio”.

Como se puede apreciar, insiste en que el gobierno de Petro está llevando al país hacia el socialismo, cuando viene respetando la regla fiscal, la propiedad privada y el modelo económico. En su caos conceptual, Cabal confunde la modernidad con lo moderno. Debe saber la senadora que si algo no hemos alcanzado en el país es la modernidad. Quizás nos hemos modernizado (lo moderno, en su vocabulario básico) apoyados en la tecnología, pero aún estamos lejos de alcanzar ese estadio de la modernidad en el que están instaladas democracias europeas de tiempo atrás.  Sin entrar en confrontación con la sociedad patriarcal que ella representa, ya sabemos que María Fernanda Cabal buscará llegarles a las feministas con el deseo y la idea de ser la primera mujer en gobernar al país. De llegar a la Casa de Nariño, su condición de mujer solo serviría para maquillar el patriarcado y el machismo aún vigente en el país.

Cabal seguirá montada en la tractomula, con la que buscará arrollar y pisotear todas las acciones y decisiones que Petro está tomando en aras de alcanzar la esquiva modernidad que la señora Cabal aún no comprende. Serán por lo menos 16 o 20 cambios los que Cabal ejecutará montada en el tractocamión del cambio. Finalmente, hay que decir que la derecha prendió motores para regresarnos a los tiempos de la seguridad democrática. ¡Ajúa!

Imagen tomada de Infobae. 

EL ESTADO EN LA VOZ DE ALIAS JORGE 40

 

Por Germán Ayala Osorio

Como forma de dominación, el Estado moderno es una realidad política de carácter planetario, pero también, un universal sobre el que suelen recaer responsabilidades cuando alguno de sus operadores falla o comete un delito. Cuando eso último sucede, el carácter simbólico y fantasmagórico que acompaña a la naturaleza del Estado, aparece para evitar que las sentencias de los jueces (también operadores y legitimadores del Estado) se cumplan con todo rigor, o para hacer lo mismo con las exigencias de víctimas y victimarios de que se castiguen a específicos operadores estatales.

Recientemente el criminal paramilitar, Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, dijo ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que “la omisión del Estado siguió. Aquí el Estado tiene que responder y asumir sus responsabilidades de que fueron los primeros responsables por omisión de toda la tragedia que hemos vivido en Colombia, pero particularmente de que la que me correspondió”.

Ya el Estado colombiano ha sido varias veces sancionado política, fiscal y moralmente por propios jueces de la República e incluso por tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por masacres perpetradas por guerrilleros y paramilitares, en contubernio con militares;  y, también castigado por delitos graves cometidos, por ejemplo,  contra periodistas como el caso de Jineth Bedoya, violada por paramilitares en complicidad con agentes estatales.

Con todo y lo anterior, hemos construido y naturalizado la operación de un Estado asesino, tal y como lo reconoció el propio presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Esa constatación nos debe avergonzar a todos, pero al momento de las condenas proferidas por los jueces, el establecimiento de las responsabilidades se convierte en un proceso largo y tedioso para las víctimas que esperan justicia; y para los victimarios, en el mejor argumento para justificar sus fechorías y evitar asumir responsabilidades directas por haber, en el caso de “Jorge 40”,  conformado y liderado estructuras criminales para dar rienda suelta a sus propios deseos y consolidar el proyecto político, social y económico que desde el establecimiento colombiano se orientó para someter a campesinos, afros e indígenas, elevados a la condición de ciudadanos premodernos y por lo tanto enemigos de los intereses de una élite con toda la capacidad para mover a su favor las fuerzas represivas y coercitivas del Estado.

Pierre Bourdieu sostiene que el “Estado no es un aparato orientado hacia el bien común, es un aparato de contención, de mantenimiento del orden público pero en provecho de los dominantes” (p.16). Si acogemos la sentencia del reconocido autor francés y anclamos su sentido a lo expresado por el confeso y condenado criminal paramilitar, alias Jorge 40, entonces, la operación paramilitar estuvo por largo tiempo fundada en atacar política y militarmente al viejo espectro ideológico llamado “comunismo”. Por esa vía argumental, la responsabilidad penal y política por los crímenes cometidos por las AUC la deberían asumir todos los políticos, jueces, periodistas, militares, policías, sacerdotes, artistas, estudiantes, profesores, rectores de universidades y empresarios que usaron la lucha contra el comunismo o recientemente el “castrochavismo” para perseguir, estigmatizar y aplaudir el asesinato de todos aquellos que simpatizaran con ideas socialistas (comunistas) o que simplemente se atrevieron a criticar a la élite dominante.

Y aunque todos hacemos parte del Estado y contribuimos a diario a su legitimación, las responsabilidades directas por las graves violaciones de los DDHH perpetradas por militares y paramilitares las deben asumir, directamente, los miembros del establecimiento colombiano. Por supuesto que todos somos responsables de lo acontecido, por acción u omisión, pero sobre todo, por no alzar la voz al momento en el que los líderes y patrocinadores del paramilitarismo en Colombia se hicieron con el Estado, para gobernar con el ánimo de asesinar y estigmatizar a todo aquel que pensara diferente.

Alias Jorge 40 tuvo la opción de haber tomado otro camino en su vida. Eso sí, su decisión, a todas luces inmoral, se explica porque nació en un territorio en el que opera, de tiempo atrás, un orden criminal que él mismo llama Estado.

Imagen tomada de Verdad Abierta. 

URIBE VÉLEZ DESPRECIÓ A VARGAS LLERAS

 

Por Germán Ayala Osorio

Por estos días, el inefable Germán Vargas Lleras, propietario de la empresa electoral, Cambio Radical, anda desesperado buscando aliados para consolidar una oposición política que trate de erosionar la legitimidad del gobierno de Gustavo Petro. Es tal el nivel de exasperación de este hijo de la rancia élite bogotana, que públicamente criticó al expresidente y ex presidiario, Álvaro Uribe Vélez, por su silencio frente a la administración de Petro.

En su queja, Vargas Lleras señaló que se “está sintiendo solo”. Este ladino delfín representa con enorme claridad la forma tradicional en la que opera la derecha, orilla ideológica en la que está instalado de tiempo atrás este momio. Si por algo se distingue la derecha colombiana es por el pragmatismo a la hora de juntar esfuerzos, lo que lleva a sus más connotados líderes y miembros a transar, incluso, si ello implica dejar de lado viejas rencillas, graves señalamientos entre sus militantes y por supuesto, las sanciones penales y sociales por crímenes o actos de corrupción cometidos. Las discusiones conceptuales no los enredan. Eso es propio de la izquierda colombiana, menos pragmática a la hora de establecer alianzas políticas y definir, filosóficamente, el norte de un gobierno o de un plan de desarrollo.

Baste con recordar el agrio enfrentamiento entre Uribe y Vargas Lleras por mutuos señalamientos de tener vínculos con grupos paramilitares, para entender el inmoral pragmatismo de la derecha colombiana a la hora de hacer componendas o de buscar, como es este caso, urdir acciones políticas  y pre políticas conducentes a afectar la gobernabilidad del gobierno de Petro.

Vargas Lleras recrimina al ex convicto y expresidente porque durante la administración de Santos, Uribe lo atacó de manera implacable. El país vio por esos días al exmandatario antioqueño declararse en rebeldía y en resistencia ante el acuerdo de paz logrado en La Habana entre el Estado y las entonces Farc-Ep.

En su gemido, Vargas Lleras olvida varios detalles: el primero, la pérdida de credibilidad que acosa a Uribe Vélez, fruto del proceso penal que se lleva en su contra por fraude procesal y manipulación de testigos. Por esos graves delitos la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia lo privó de su libertad y el INPEC lo reseñó en su momento como convicto con el número 1087985. El segundo, y quizás el más importante, es que Uribe Vélez se reunió tres veces con el presidente  Gustavo Petro. Quizás en esos encuentros el ex presidiario y el presidente de la República acordaron que el exmandatario no haría una férrea oposición, sin que ello impidiera a sus esbirros atacar, a discreción,  al jefe del Estado.

A la inexorable soledad a la que está condenado Vargas Lleras hay que sumarle la rabia que lo debe embargar al saber que su sueño infantil de ser presidente de la República se desvaneció por completo. Su mal carácter, racismo y clasismo, así como la historia de corrupción que persigue a su micro empresa electoral le fueron restando fuerza electoral. En su desespero, anda por estos días por el departamento de Antioquia impulsando acciones gremiales en contra de la reforma laboral. Incluso, acepta que empresarios de esa región del país tendrían un plan B si dichas modificaciones laborales pasan en el Congreso: echar gente de manera masiva.

No es así como se construye país, señor Vargas Lleras. Su clasismo y  carácter feudatario le impiden ver la pauperización laboral de millones de trabajadores que el neoliberalismo, liderado por su amigo Álvaro Uribe Vélez, logró en 23 años.

Le haría un bien al país retirándose de la vida política, señor Vargas Lleras. Ahora que se está sintiendo solo, tome la decisión y retírese lentamente. El país no lo necesita. El caballista de El Ubérrimo, el Gran Patán, ya lo despreció.

Imagen tomada de La FM

REFORMA A LA SALUD: DOS IRRECONCILIABLES CONCEPCIONES DE ESTADO

 

Por Germán Ayala Osorio

En la discusión del proyecto de reforma a la salud del gobierno, confluyen, fundamentalmente, dos ideas o concepciones alrededor de lo que debe ser el Estado. En la propuesta diseñada por la ministra Carolina Corcho hay una visión de un Estado social de derecho, maximizado por la ilusión del presidente Petro de llevar a Colombia por los caminos de los estados de bienestar europeos. Esa meta presidencial simplemente es inalcanzable porque lograrla supone un cambio cultural profundo con el que quedarían superadas circunstancias civilizatorias negativas que han impedido en gran medida construir una verdadera República, una nación grande y una sociedad moderna. Esas circunstancias civilizatorias negativas son: un encarnado ethos mafioso y  la consolidación de unas élites corruptas y con perfiles fascitas, expresados en la animadversión que los aleja de ver a indígenas, campesinos y afros, como ciudadanos con igualdad de derechos.

Por el contrario, en la contra propuesta presentada por las tres mulas muertas (Gaviria, Toro y Cepeda) que se le atravesaron al gobierno, sobresale la idea de un Estado privatizado que por más  de 30 años ha estado al servicio de mafias, clanes y familias políticas con vínculos con grupos paramilitares receptores de los recursos de la salud. Ese país premoderno que surgió de esa perversa operación del Estado se resiste a transformarse en uno moderno y republicano. Gaviria, Toro y Cepeda representan el pasado de una sociedad que se acostumbró a que lo estatal no funciona por culpa de la negligencia de sus funcionarios y una disfuncional burocracia, de ahí que se necesite del concurso de los privados, presentados como impolutos, creativos y diligentes. La quiebra de las EPS y la corrupción les demostró que lo privado no necesariamente es mejor que lo estatal.

El enfrentamiento político e ideológico que hoy rodea la discusión de la reforma al interior del Congreso es el resultado de lo difícil que es y será conciliar dos concepciones del Estado diametralmente contrarias. Lo curioso de todo es que en las narrativas mediáticas e incluso, en los propios discursos de defensores de la propuesta del gobierno no se alude al asunto de fondo al que aquí me refiero.

En cuanto a la reacción patriarcal del iliberal y consumado neoliberal, César Gaviria Trujillo, de amenazar a los congresistas liberales que apoyen el articulado de la reforma oficial a la salud, hay que decir que esta da cuenta del talante arbitrario y poco democrático de este siervo de los banqueros y de todos los agentes sociales y económicos que de tiempo atrás se sirven del Estado para amasar las fortunas con las que logran poner congresistas, presidentes de la República y por supuesto, directores de partidos políticos; estos últimos convertidos en apéndices de los intereses corporativos de dos o tres familias poderosas.

En lo que refiere a la respuesta que el presidente Petro, al invitar al pueblo a que se levante, señalo que resulta inconveniente y peligrosa. Hay que explorar otros mecanismos para deslegitimar la vigencia de Gaviria, Toro y Cepeda. Uno de ellos podría ser el de la justicia, referido a los procesos judiciales en los que están involucrados la exgobernadora del Valle del Cauca y zarina de la salud departamental y el director del partido Conservador, Efraín Cepeda. Frente al expresidente Gaviria, al gobierno le queda insistir en la fractura de su mandato. La misiva que 18 de los 33 representantes liberales le enviaron al nefasto director del insepulto partido Liberal es una señal  y una puerta que se abrió para ponerle fin al reinado de este parásito con fuero presidencial.

Imagen tomada de El Espectador

GUSTAVO PETRO Y LA TERNA PARA ELEGIR EL NUEVO FISCAL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Por diseño constitucional, le corresponde al presidente de la República presentar a la Corte Suprema de Justicia la terna de la que saldrá el nuevo fiscal general de la Nación. Debido a los agrios enfrentamientos personales, institucionales y políticos entre Gustavo Petro y Francisco Barbosa, la Procuraduría acaba de recusar al mandatario de los colombianos, con el fin de quitarle ese derecho de presentar la ya esperada terna. Se suma a lo anterior, el caso del hijo de Petro, recién capturado e imputado por graves delitos como el enriquecimiento ilícito.

Si bien el presidente expresó tempranamente que respetará el actuar del ente acusador, la derecha colombiana, de la mano del uribismo, quiere impedir que el presidente cumpla con el mandato constitucional. Lo que llama la atención es que aún el país no conoce la terna, y ya se les nota el nerviosismo ante la posibilidad de que el presidente Petro terne juristas probos, decentes y no vulgares tinterillos que terminen de sumir en el desprestigio a la Fiscalía, responsable del 94% de impunidad en más de 57 mil casos de corrupción. Sin contar la impunidad en delitos como homicidios y en particular, en la decisión institucional de no capturar a criminales del Clan del Golfo.

Lo cierto es que le queda poco tiempo a Francisco Barbosa como fiscal general de la nación. Su salida se convierte en la oportunidad para que Gustavo Petro, en nombre del Estado, recupere para la sociedad y para el Estado de derecho, a una institución permeada de tiempo atrás por mafias de todo pelambre.

Barbosa, como escudero del uribismo, viene guardándole la espalda al exfiscal Néstor Humberto Martínez Neira y está siguiendo las orientaciones del uribismo, encaminadas estas a ponerle palos en la rueda a la Paz Total. Son ya varias veces con las que Barbosa se niega a darle aval institucional al presidente en el tema de suspender las órdenes de captura de disidentes de las Farc y de miembros del Clan del Golfo.

Mientras pasa el tiempo y el fiscal hace maletas- imagino que con la ayuda de su esposa Walfa Téllez, demandada por supuestamente violar el régimen de inhabilidades en un contrato- , Petro aprovecha para decir que “el narcotráfico a partir de construir con dinero sus propias nóminas ha penetrado a la UNP, a la SAE, a la Fiscalía, a la fuerza pública, a la DIAN, a Aduanas".

Lo dicho por el jefe del Estado no es un mero señalamiento: es la confirmación de lo que todos los colombianos sabemos. En una anterior oportunidad, el mismo Petro había calificado al Estado como asesino, durante la ceremonia de reconocimiento a las víctimas de las masacres del Aro y la Granja. Si miramos en perspectiva institucional, ética y moral, lo que está haciendo el presidente de la República es llamar la atención de la sociedad colombiana para que por fin asuma comportamientos republicanos y repudie la corrupción, y proscriba el ethos mafioso que, según el propio mandatario, penetró las institucionalidades de la Fiscalía, la DIAN, la SAE y la UNP. Esta última entidad, convertida en un nido politiquero en el que conviven la legalidad y la ilegalidad, la trampa, la perfidia y el desgreño administrativo.

Los señalamientos de Gustavo Petro son, en buena medida, parte de la respuesta que muy seguramente le aconsejaron dar, para enfrentar el escándalo en el que está metido su hijo mayor, Nicolás Petro. Es posible que el presidente esté ambientando la conformación de la Comisión Internacional que se encargará de asumir las investigaciones de corrupción en entidades estatales, y en casos específicos que caminan lentamente en la Fiscalía de Barbosa: el más sonado, el de Odebrecht y la Ruta del Sol, así como las muertes de Jorge Enrique Pizano y la de su hijo, envenenados con cianuro. Recuérdese que Pizano padre fue testigo de todo el entramado de corrupción en la construcción de la Ruta del Sol.  Y por supuesto, el proceso penal contra el expresidiario y expresidente, Álvaro Uribe Vélez. Recordemos que la Fiscalía viene operando como el defensor de oficio del latifundista, pues en dos ocasiones ha solicitado a los jueces la preclusión del proceso que se adelanta en contra el 1087985 por fraude procesal y manipulación de testigos. Y el caso de su hermano Santiago Uribe, que ya casi completa dos años y el juez nada que emite un fallo a propósito de la creación del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles.

Petro tendrá la oportunidad de medir el nivel de penetración del narcotráfico y el miedo que la justicia le tiene a Uribe, proponiendo a la Corte Suprema de Justicia una terna cuyos miembros sean ciudadanas o ciudadanos probos. Sin tacha alguna y sobre todo, que no sean cercanos a Uribe, y mucho menos cercanos a Néstor Humberto Martínez y al fiscal saliente. Una vez conformada esa terna, la Corte Suprema podrá negarse a elegir a uno de los tres, varias veces. Ese es un riesgo. Es posible, entonces, que la dirección de la Fiscalía caiga en una inconveniente interinidad.

En esa selecta lista deben estar Miguel Ángel del Río, Angélica Monsalve y el propio ministro de la Defensa, Iván Velásquez.  Un rechazo de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia bien podría servir para pensar que dentro de esa corporación sobreviven los intereses y las realidades que, justamente, el presidente quiere cambiar.

 

Imagen tomada del portal Semana

 

COLOMBIA: UN PAÍS QUE SE RESISTE A SER MODERNO Y CIVILIZADO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Colombia es un país que se resiste a ser moderno y civilizado. Quienes se resisten a dar ese paso son actores políticos y sociales legales que, con relativa legitimidad, se oponen de diversas maneras a que el país avance hacia estadios de modernidad representados en condiciones de progreso y desarrollo para todos los colombianos; otros son agentes económicos que además de ser precapitalistas y codiciosos, hacen todo para mantener las impúdicas condiciones de vida que soportan por lo menos 25 millones de colombianos pobres, fruto de un modelo neoliberal que solo ha servido para privatizar el Estado y extender en el tiempo los privilegios de unas pocas familias; y claro, no podían faltar los actores armados ilegales que se quedaron anquilosados en sus sueños revolucionarios. Y no podemos dejar por fuera a los cientos de miles de colombianos que, con un bajo capital social que insisten a diario en resolver sus diferencias a través de la violencia verbal y física. Y en lo que concierne a su actuar político, se acostumbraron a vender el voto a cambio de migajas.

Políticos como Germán Vargas Lleras, Álvaro Uribe Vélez y César Gaviria Trujillo hacen parte de los primeros actores que, con relativa legitimidad, se la están jugando toda para evitar que las reformas laboral, pensional y de salud propuestas por el actual gobierno se aprueben en el Congreso. Ellos, inmersos en el país político tradicional, actúan de esa manera cumpliendo las órdenes que muy seguramente les dieron los magnates que de tiempo atrás financian sus partidos políticos, convertidos estos últimos en obstáculos infranqueables para que Colombia por fin recorra los amplios caminos de eso que genéricamente se conoce como modernidad.

Estos tres individuos, premodernos, violentos y mezquinos, quieren mantener al país sumido en las condiciones de inequidad, pobreza y exclusión, circunstancias estas que les conviene mantener y extender en el tiempo para beneficio de sus partidos políticos.

El poderoso banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo, el mayor opositor económico y político del gobierno de Gustavo Petro, funge como un actor económico precapitalista y feudal que lucha por mantener sus privilegios de clase, bajo una incontrastable codicia, lo que lo ubica como uno de los mayores escollos para que el país empiece a recorrer los caminos de la justicia social, ambiental y económica.

El ELN, las disidencias farianas y grupos narco paramilitares como el Clan del Golfo hacen parte de esos actores armados ilegales que se oponen a que el país avance hacia estadios civilizados. A pesar de sus diferenciadas luchas y objetivos, todos confluyen en el mismo resultado: no dejan avanzar al país por cuenta de sus actos de barbarie y la inutilidad de sus “proyectos políticos”. Lo que el país necesita es que cada uno de los actores aquí señalados depongan sus mezquinos intereses, pero, sobre todo, que es tiempo de firmar un nuevo contrato social.

Imagen tomada de Semana.com