Por Germán Ayala Osorio
Han pasado por lo menos 26 años desde
que el país académico y político empezó a reconocer y usar con fines dialécticos
la categoría Posconflicto. Son innumerables las publicaciones y disertaciones
alrededor de dicha nomenclatura sobre la que parece haber consenso de su problemático
carácter y el sentido polisémico que la acompaña. Huelga recordar el texto La
construcción del posconflicto en Colombia, enfoques desde la pluralidad,
publicado por la Fundación Friedrich Ebert Stiftung (Fescol en Colombia), una
de las primeras reflexiones que circularon en la academia en el 2003.
Su aparición y las discusiones generadas
parecen haberse diluido en el tiempo. Ya poco se habla de Posconflicto como
escenario de futuro en un país en el que las múltiples violencias aportan a la consolidación
de una narrativa fatalista y estigmatizante en la que la búsqueda de la Paz se
asume hoy, con el gobierno de Abelardo de la Espriella, como un yerro político
e incluso como una forma en la que se concretan y visibilizan simpatías ideológicas
y programáticas con los grupos armados ilegales que aún le disputan al Estado
extensos territorios, su legitimidad y soberanía. Hablo en particular del ELN y
de las disidencias farianas.
Para explicar el olvido, la negación
o la desaparición de la categoría Posconflicto lanzo la siguiente hipótesis: Si
bien el proceso de negociación política de La Habana entre el Estado y las
entonces Farc-Ep y el triunfo del No en el Plebiscito por la Paz de 2016 avivaron
el desarrollo y la discusión conceptual y la viabilidad política y sociocultural
del Posconflicto como escenario posible, anteriores dinámicas políticas,
sociales y económicas resultaron simbólica y políticamente determinantes en la
construcción de un imaginario negativo en torno a esa idea de Posconflicto que oscila
entre la negociación política con miras a superar el conflicto social y armado
del país y por supuesto, la posibilidad de que haya vencidos y vencedores, circunstancia
que aún no sucedió. De esas dinámicas políticas, sociales y económicas destaco
en el mismo orden la naturalización de la idea de que era posible acabar
militarmente con las guerrillas. Bajo esa ilusión Uribe Vélez y sus áulicos justificaron
la reelección presidencial inmediata y la búsqueda de su tercer periodo, anhelo
en el que se atravesó la Corte Constitucional con ponencia del magistrado Humberto
Sierra Porto; el evidente cansancio de sectores societales que vieron que la
arremetida armada estatal durante los ocho años de Uribe contra las guerrillas,
en particular contra las Farc-Ep no arrojó los resultados esperados, fueron aportando
a la proscripción de la señalada categoría y a la naturalización de la idea de
que solo sirve dar bala y más bala; de la mano de ese hartazgo social vino el
giro político del gobierno Santos quien decidió jugársela por la paz, más
convencido de poder ganar el Nobel de Paz que finalmente le otorgaron, que de
verdad apostarle a la construcción de las condiciones que le permitieran al
país transitar hacia escenarios de Posconflicto. Una vez las Farc-Ep
abandonaron los territorios en los que fungían como autoridad bajo condiciones
de legitimidad forzada, Santos cometió el gran error de no copar esos territorios.
En cuanto a las dinámicas
económicas estas están ancoradas a dos circunstancias: la primera, la
conversión de las estructuras armadas ilegales en mafias de camuflado a pesar
de mantener las ínfulas revolucionarias y el afianzamiento del modelo neoliberal
y la privatización del Estado. Esta última condición haría prácticamente imposible
pensar y diseñar escenarios de Posconflicto en los que fuera posible “construir
una paz extensiva al tejido social, estable y duradera donde los conflictos encuentren
cauces de resolución política por fuera del retorno a las armas”; a lo que
habría que sumar reformas conducentes a la justicia social y a la desaparición
de la violencia estructural que estuvo en la génesis del conflicto armado”.
La lenta y progresiva
proscripción del vocablo Posconflicto vino de la mano del afianzamiento del
relato uribista, atado a la aplicación de la Seguridad Democrática, en el que
se destacan elementos como la doctrina de seguridad nacional y la extensión de
la concepción del enemigo interno a defensores de los derechos humanos,
pacifistas y comunidades que seguían insistiendo en una salida negociada a las
hostilidades, acompañada de la necesidad de pensar en escenarios de superación de
las circunstancias, subjetivas y objetivas, que legitimaron el levantamiento
armado en los años 60.
Con la llegada de Abelardo Gabriel
de la Espriella Otero a la Casa de Nariño, la posibilidad de retomar la
nomenclatura Posconflicto y el proceso institucional y social es prácticamente nula por una razón: la Paz y los
pacifistas son vistos por el actual gobierno como “enemigos de la patria”. Así
las cosas, la “muerte” de la categoría Posconflicto es consecuencia también de
la consolidación del relato político y periodístico fruto del triunfo del No en
el plebiscito por la paz que indica que quienes en el pasado votaron Sí al
acuerdo de paz de La Habana son “malos ciudadanos” y los que negaron la legitimidad
del tratado de paz son los “buenos” que hoy defienden con la fe del carbonero
la Patria Milagro.
Existen tantos actores interesados en perpetuar las dinámicas del conflicto armado en Colombia, que hablar de paz y de posconflicto se convierte en un riesgo para quienes insistan en hacerlo. Los fabricantes de armas y pertrechos, los latifundistas y las mineras se benefician del desplazamiento forzado que provocan los enfrentamientos armados; los traficantes de droga y el sistema financiero internacional son socios "involuntarios" de los grupos armados ilegales. Estados Unidos e Israel, proveedores de armas están de plácemes con el gobierno de Abelardo. La guerra es un gran negocio del que viven los anteriores agentes, así como la DEA, el FBI y otras agencias gringas, instrumentos políticos para someter a los gobernantes colombianos.
