Por Germán Ayala Osorio
Los crímenes de Estado, mal llamados “falsos positivos”, dan cuenta de la degradación misional de los integrantes del Ejército que monetizaron la vida de jóvenes a los que convirtieron, por arte de birlibirloque, en “guerrilleros dados de baja en combates”, vestidos a la carrera, con las botas al revés y tiros de gracia.
Los encuentros organizados por la
JEP entre victimarios y víctimas terminan en reclamos, sollozos y la catarsis
de madres adoloridas, rabiosas y llenas de dolor que confrontan a exoficiales, exsoldados y exsuboficiales que
ordenaron las ejecuciones o simplemente cumplieron sin pensar la orden de asesinar
a por lo menos 6402 jóvenes.
En esas audiencias o encuentros
dialógicos entre los comparecientes (exmilitares) y los familiares de las
víctimas de la política de seguridad democrática hay lo que llamo aquí en esta
columna una negación simbólica que favorece la imagen del
Ejército nacional, en la medida en que los responsables de las ejecuciones
extrajudiciales que responden ante la JEP ya no visten el uniforme militar con
el que legitimaron la práctica de asesinar civiles para inflar las cifras y
engañar al país sobre el devenir del conflicto armado interno.
Así las cosas, las madres de los jóvenes asesinados terminan haciéndole reclamos a individuos (civiles) que ya no representan a la institución militar que validó la comisión de semejante atrocidad. Las peticiones de perdón de los exmilitares pierden valor simbólico porque ya no ostentan el poder intimidatorio y desbordado con el que cumplieron y dieron las órdenes de asesinar a los muchachos de Soacha y de otros lugares a lo largo y ancho del país.
Los execrables crímenes se
entendieron en las unidades militares como actos del servicio, lo que obligaría
a que la aceptación de responsabilidades por parte de los exmilitares la
hicieran vestidos con los uniformes con los que dieron o cumplieron las órdenes
de asesinar a cambio de permisos, condecoraciones y platos de arroz chino. Es
más, la comparecencia debía de darse con las medallas que se ganaron por
asesinar civiles inermes y de esa manera mentirle al país en torno a que estaban
ganando la guerra contra las guerrillas. El retiro de los galardones alcanzados
por asesinar jóvenes debía de hacer parte de las audiencias y los encuentros
dialógicos entre victimarios y víctimas.
Ver a oficiales, suboficiales y
soldados vestidos de civil graduados de asesinos sin los uniformes camuflados o
de fatiga constituye una negación simbólica que afecta la
consolidación de la narrativa que señala que dentro del Ejército operó una
empresa criminal plegada a las exigencias del entonces comandante en jefe de
las FFAA que aparecía en los medios masivos exigiéndole a la tropa “más y
mejores resultados operacionales”.
Insisto en que la condición civil
desde la que generales, coroneles, mayores y capitanes reconocen haber dado y
cumplido órdenes consistentes en asesinar muchachos termina por favorecer la
imagen de la institución castrense comprometida en la comisión de los crímenes
de lesa humanidad perpetrados por uniformados de alta, media y baja graduación.
Quienes piensen que lo que se
propone aquí es la teatralización del dolor se equivocan. De lo que se trata es
de aportar a la construcción de la verdad de lo acontecido con los “falsos
positivos”, apelando a la reconstrucción de unos hechos criminales usando la
simbología castrense que legalizó y legitimó los crímenes de lesa humanidad que
deberían de avergonzarnos como sociedad civilizada.
La práctica institucional de los “falsos
positivos” merece el rechazo de toda la sociedad. No es suficiente con que comparezcan
ante la JEP, pidan perdón a las víctimas y prometan repararlas. La desviación
misional que los convirtió en sicarios amerita, por su gravedad, la exposición
de los comparecientes con la vestimenta castrense desde y con la que mancharon para
siempre el honor militar, mancillaron la confianza de los civiles en el
Ejército nacional y convirtieron al Estado en un asesino serial.
