Por Germán Ayala Osorio
Después de contrastar diversas
fuentes, incluidos los testimonios de militares que vienen aportando verdad y
responsabilidad, la JEP reconoce y de alguna manera rectifica la cifra de las 6402
ejecuciones extrajudiciales o crímenes de Estado cometidos durante los
aciagos ocho años de Uribe Vélez.
El alto de tribunal de paz señaló
que ya son 7937 los asesinatos de los que son responsables agentes
estatales que dejaron de pensar para cumplir con las exigencias que a diario
les hacían generales y el propio presidente Álvaro Uribe Vélez, el máximo responsable
político de esas aberraciones. Este último exhortaba a los militares a dar “más
y mejores resultados operacionales”, lo que derivó en la comisión de delitos
de lesa humanidad que los medios llaman “Falsos Positivos”, término castrense
que deviene con una enorme carga eufemística.
La sistematicidad y la
inmoralidad de los operativos que terminaron con la vida de los 7937 colombianos
se dieron en el marco de la Seguridad Democrática, política pública con la que
Uribe convenció y engañó a millones de colombianos que creyeron que el Estado estaba
ganando la guerra contra las Farc-Ep (no contra el ELN). Su guerra total contra
las Farc-Ep estaba atada a su sentimiento de venganza expresado en la narrativa
con la que Uribe le dijo al país que esa guerrilla habría asesinado a su padre,
Alberto Uribe Sierra. Diversas fuentes sostienen que la muerte de su progenitor
se habría producido por actividades poco santas que desarrollaba Uribe Sierra.
Con el paso del tiempo cientos de
miles de esos connacionales entendieron que ese nombre de Seguridad Democrática
arrastraba un espíritu eufemístico que servía para minimizar la perversidad de
los uniformados que asesinaron civiles a cambio de platos de arroz chino,
permisos, asistencia a bacanales, felicitaciones a las hojas de vida, ascensos
y condecoraciones.
Se equivocan aquellos que, al
defender la Seguridad Democrática de Uribe, recuerdan que las Farc-Ep
reclutaron a 18.677 niños, niñas y adolescentes, a los que convirtieron
en “máquinas de guerra”, como las llamó el entonces ministro de la Defensa,
Diego Molano (gobierno de Iván Duque). Equiparar los 7937 crímenes de
Estado con la descomunal cifra de los reclutamientos forzados constituye un
error moral y ético-político por una razón fundamental: las Farc-Ep era una organización
criminal por fuera de la ley, mientras que los militares, oficiales, suboficiales
y soldados que asesinaron civiles fungían como agentes estatales que representaban
a ese orden y forma de dominación llamada Estado.
Los responsables de los crímenes
que se volvieron cifras comparten que son el resultado de la degradación moral
de combatientes legales e ilegales que terminaron por monetizar y despreciar la
vida de jóvenes como los de Soacha y las niñas, niños y adolescentes de territorios
en los que el Estado brillaba por su ausencia o por una débil legitimidad. Lo grave aquí es que el Estado opere como un actor criminal tan vil como las FARC.
Adenda: en una búsqueda rápida, en la red se encuentran dos cifras: 7837 y 7937. El diario El País de España habla de 7937.
