Por Germán Ayala Osorio
El uribismo está obsesionado
con la JEP. Y Paloma Valencia Laserna, también. Acabarla, desmontarla o
ajustarla es un extraño propósito del expresidente y exconvicto Álvaro Uribe y
el de su “hija-candidata presidencial” que insiste en que el alto tribunal de
paz asumió una actitud persecutoria contra los militares que se
sometieron a las condiciones de la justicia restaurativa, en gran medida para
librarse de largas condenas proferidas por jueces de la justicia ordinaria,
pero también por el compromiso de decir la verdad en torno a los crímenes de
Estado, mal llamados “falsos positivos”, perpetrados por uniformados que monetizaron
la vida de jóvenes que fueron asesinados con tiros de gracia.
Valencia Laserna repite hoy lo
dicho por su mentor y “padre”: se trataría de confesiones presionadas por los
magistrados de la JEP y las favorables condiciones jurídicas del modelo de
justicia restaurativa. Por supuesto que
frente a largas condenas proferidas por los jueces ordinarios los uniformados
comparecientes reciben sanciones morales y quedan en libertad siempre y cuando
aporten verdad y expliquen las condiciones en las que se presentaron los hechos
punibles a los cuales están vinculados en calidad de determinadores, testigos
de excepción o ejecutores de las órdenes emanadas por oficiales de alta graduación
que cumplían las directrices del ministerio de la Defensa y del Ejecutivo.
Frente a los togados de la JEP, oficiales
y suboficiales han reconocido que asesinaron civiles para inflar las cifras de
guerrilleros dados de baja en combates y señalado a la política de
seguridad democrática como el inmoral marco institucional desde el cual se
legitimó la práctica de secuestrar jóvenes para luego presentarlos como
subversivos “neutralizados” en operaciones contrainsurgente.
Esa misma narrativa del uribismo se
complementa con el imaginario que señala que la JEP ha sido permisiva con los
comparecientes de las Farc-Ep,
sobre los cuales ya hay acusaciones en firme por la comisión de delitos de lesa
humanidad. Olvidan los detractores de la Jurisdicción Especial para la Paz que
todos los comparecientes recibirán beneficios jurídicos mientras aporten verdad,
se comprometan a no repetir las conductas criminales y a reparar a sus víctimas.
Valencia Laserna en varias
ocasiones justificó sus ataques contra la Jurisdicción Especial para la Paz con
un argumento falaz: defender el honor de los militares. Si la JEP fue creada en
el marco del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado con las Farc-Ep para juzgar
a los máximos responsables de los delitos de lesa humanidad perpetrados en
ocasión del conflicto armado por militares y guerrilleros,
por qué la candidata presidencial insiste en proteger a los uniformados? La
respuesta es evidente: los combatientes estatales (generales
de tres soles, coroneles y mayores) han hecho referencia a la política de seguridad democrática como
la pérfida realidad institucional impulsada por el entonces
presidente Álvaro Uribe Vélez, uno de los actores bisagra,
que aportaron a la degradación misional del Ejército nacional.
No se trataría exclusivamente de
defender el honor y la libertad de los altos oficiales comprometidos en los
ajusticiamientos extrajudiciales, sino la imagen de su “padre”, responsable político
de la aplicación sin límites éticos y morales de una política de seguridad
y defensa diseñada para aplicar la doctrina del enemigo interno por fuera de
las lógicas y las dinámicas de un degradado conflicto armado. Al final, asesinar
civiles (por lo menos 6402
jóvenes vulnerables) y perseguir
y violentar “mechudos, tatuados y gente de izquierda” dieron cuenta de la extensión
social y política de la doctrina del enemigo interno.
Infortunadamente surgieron las
disidencias de las Farc-Ep
y el ELN se mantiene en pie de lucha, lo que hace pensar en que la candidata
presidencial de la derecha uribizada estaría interesada, de llegar a la Casa de
Nariño (o de Nari), en ajustar los procesos internos de la JEP de cara al
regreso a la política de seguridad democrática a partir del 7 de agosto de 2026,
esto es, del retorno de la práctica criminal de asesinar civiles, ponerles
camuflados, un arma y las botas al revés.
