Por Germán
Ayala Osorio
La imputación de
cargos por crímenes de guerra y lesa humanidad que la JEP acaba de oficializar
en contra del general en retiro, Mario Montoya Uribe, abre el camino jurídico-político
que llevará a (re) confirmar la tesis que tanto el alto oficial y otros agentes
del uribismo han negado en reiteradas ocasiones: las ejecuciones extrajudiciales
(falsos positivos) son el resultado de la implementación de la Política Pública
de Defensa y Seguridad Democrática y sus
desarrollos a través del Decreto Boina y la Directiva Ministerial 029 de 2005;
así como de las consabidas presiones que el entonces presidente de la República,
Álvaro Uribe Vélez ejercía sobre los comandantes de brigada. Presiones que, por
la línea de mando, bajaban hasta la base de la tropa.
En los registros
noticiosos aparece Uribe Vélez exigiendo “más y mejores resultados
operacionales y los que no, que vayan pasando la solicitud de retiro”. Estos
actos de habla claramente constituyen una forma de presión sobre la cúpula militar
de la época y los comandantes de Brigada y batallones.
Ahora bien, sobre
el silencio que aún guarda Montoya Uribe, con la lectura de imputación de
cargos, el alto tribunal de paz espera obligar a que el oficial asuma la responsabilidad
sobre los 130 casos de falsos positivos en los que se sostiene el señalamiento
jurídico-político que acaba de hacer la JEP. De no hacerlo, el general podría
afrontar una pena de por lo menos 20 años de prisión.
Cientos de miles
de colombianos vienen haciéndose la pregunta ¿quién dio la orden? La respuesta
al interrogante la da la tesis arriba planteada, de la que se derivan
responsabilidades políticas y penales de todos los actores involucrados, desde
el presidente de la República (periodo 2002-2010), los ministros de la Defensa,
miembros de la cúpula militar y hacia abajo, todos los que adelantaron operaciones
siguiendo instrucciones cuyo objetivo estratégico era “acabar conlafar”.
Surge, entonces,
otro interrogante: ¿por qué Montoya Uribe prefirió guardar silencio, cuando varios
de sus subalternos señalan que él mismo pedía “litros, carrotanques de sangre”
y una consigna muy particular: “a mi no me traiga capturados, denlos de
baja, denlos de baja”?
Las posibles
respuestas a este nuevo interrogante pueden atarse a varias categorías a saber:
1. Máxima responsabilidad y lealtad institucional. El general insiste en
guardar silencio porque está convencido de que, por su rango, debe hacer todo
lo que sea necesario para conservar el buen nombre de todos aquellos superiores
a los que él obedeció. Y de esa manera, presentarse como un oficial retirado
que siempre le apostó a sacar en limpio la institucionalidad castrense.
2. La degradación
del conflicto armado interno generó su propio sistema de valores. Bajo este
enunciado, Montoya estaría validando las conductas anómalas y contrarias a la
ley, porque el país debía entender que tanto la guerrilla como los paramilitares
violaban el DIH y los DDHH, lo que haría explicable y legítimo que dichas
conductas se presentaran al interior del Ejército, por el bajo capital cultural
acumulado por soldados y suboficiales. Por lo anterior, la responsabilidad recae
en sus subalternos que malinterpretaron las órdenes (los llamó ignorantes y de
no saber tomar los cubiertos al momento de comer y de no saber usar los baños).
3. El Acuerdo
de Paz de La Habana y la JEP son una claudicación y humillación para los
militares. Montoya podría insistir en no asumir responsabilidad alguna por
lo sucedido porque política e ideológicamente rechaza el origen y la operación
de la JEP, por un hecho que el entonces presidente de la República siempre
expuso públicamente a manera de molestia: la JEP es un tribunal que pone y
expone a militares y guerrilleros en el mismo nivel de inmoralidad, cuando los
segundos son terroristas y los primeros, héroes de la Patria.
Ya veremos si
Montoya Uribe y sus abogados mantendrán la decisión de guardar silencio frente a
las evidencias recopiladas por los magistrados y magistradas de la JEP. Lo
cierto es que ya hay una verdad histórica y política con la que se explica el
origen de los falsos positivos. A lo mejor no hace falta que el imputado
general asuma su responsabilidad individual, porque ya el país sabe que hay una
de mayor calado: la responsabilidad del Estado y del gobierno que implementó la
tenebrosa Política de Defensa y Seguridad Democrática.
Hasta los peores asesinos le temen. Lo dijo alias Popeye, y lo ha dicho Mancuso. Muy probablemente el "HEROE DE LA PAJA" General Montoya, tampoco lo delate
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