Por Germán Ayala Osorio
La candidatura de Andrés Escobar
al Concejo de Cali es la constatación de que, dentro del uribismo, el ejercicio
de la violencia física es un valor moral del colectivo político y una apuesta
ética de sus miembros, a juzgar por el apoyo que la senadora María Fernanda
Cabal le reiteró, recientemente, a quien salió, cual pistolero del viejo Oeste
americano, a echarle plomo a los manifestantes en el marco del estallido social
de 2021.
El espaldarazo de la congresista al
joven caleño se dio durante la inauguración de la sede del Centro Democrático
en la ciudad de Cali. Aunque W radio tituló que dicha colectividad no entregó
aún el aval a la candidatura de Escobar, los caleños saben que su aspiración
cuenta con el respaldo de sectores uribistas de la capital y del partido, que
gustan del porte de armas, del uso de la fuerza legítima del Estado y de que,
en momentos precisos, civiles armados remplacen- usurpen a- la autoridad legítima,
para hacer justicia de acuerdo con sus propias valoraciones.
El titular del medio radial dice:
Centro Democrático no ha dado aval a Andrés Escobar. Y en
el texto periodístico se lee “que ha existido polémica por si Andrés
Escobar, será candidato al Concejo de Cali por la colectividad, recuerdan
ustedes que Escobar fue imputado por posiblemente haberle disparado a un grupo
de personas durante el paro nacional de 2021, y actualmente busca ser
candidato al Concejo, incluso se tomó una foto con los logos del partido. Foto
que causó polémica en redes, pero no hay al momento ninguna aceptación del
Partido”.
Es posible que se trate de una
estrategia de marketing político pues la figura de Escobar es rechazada por
sectores sociales y políticos de la ciudad por los hechos conocidos por la
ciudadanía en los que se vio al “polémico empresario” disparando a diestra y siniestra
contra los manifestantes. Y también, porque agitar por estos días las banderas
de ese partido es un riesgo electoral debido a la pérdida del teflón mediático
que acompañó la imagen del inefable y ladino Álvaro Uribe Vélez.
El periódico El País, hoy en
manos de la familia Gilinski, se refiere así al caso de Andrés Escobar: “El
28 de mayo de 2021 fue uno de los días que los manifestantes, en el marco del
paro nacional de ese año, recuerdan a Andrés Escobar. Este joven caleño, en ese
momento, disparó en contra de algunos de ellos. En las últimas
horas, el empresario ha hecho oficial su aspiración al Concejo de la ciudad de
Cali. Él, en la actualidad, tiene un proceso pendiente ante la justicia
por lo ocurrido durante esas manifestaciones en Ciudad Jardín”.
Así las cosas, Andrés Escobar
comparte con el expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez la condición
de imputado, hecho que en una sociedad moralmente confundida como la colombiana,
parece ser menor, en particular cuando se trata de aspirar a un cargo de
elección popular.
La candidatura de Escobar, aunque
legal desde las formalidades de nuestro sistema electoral y político, deviene
ilegítima por todo lo que representa para una sociedad la manera como el
candidato al Concejo de Cali asume y entiende el uso de la fuerza, el papel de
la Policía y en general, los derechos a la protesta y las reivindicaciones
sociales.
Le den o no el aval al señor
Escobar, se consolida la negativa representación social que señala que el
uribismo es la extensión y conversión de las ideas, mañas y prácticas políticas
de Álvaro Uribe Vélez; en particular, en esa forma particular de asumir el
poder, el uso de las armas, las diferencias ideológicas y étnicas y de entender
el único papel que debe asumir el Estado: beneficiar a los más poderosos, en
detrimento de los derechos de las grandes mayorías. La violencia, discursiva y
la asociada al uso de las armas de fuego, así como la que está anclada a la vieja
sentencia contractualista que naturaliza la autoridad legítima del Estado, confluyen
en ese premoderno ideario uribista que agita Andrés Escobar. Huelga recordar lo dicho por la también uribista, Paloma Valencia, al referirse a los actos criminales cometidos por agentes estatales durante el estallido social: "el Estado cometió atrocidades, pero era legítimo".
Imagen tomada de EL TIEMPO
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