Por Germán Ayala Osorio
Después de que el presidente Petro revelara en su alocución la compra subrepticia del software espía Pegasus, vino la sanción contra Colombia de la red global de inteligencia financiera que lidera o coordina el Grupo Egmont. Se trata de la suspensión temporal de la @UIAFColombia del @EGFIU.
De inmediato, la prensa que le hace oposición política al gobierno Petro registró la decisión con tres claros propósitos: el primero, desacreditar al presidente de la República por violar un secreto estatal, con aparentes graves consecuencias en materia de cooperación internacional contra el lavado de activos y otras maniobras como la financiación del terrorismo. El segundo, minimizar la gravedad de la compra ilegal de Pegasus y por esa vía banalizar que ese software espía se usó con fines criminales contra jóvenes de la Primera Línea que terminaron asesinados, torturados o estigmatizados, en el contexto del estallido social, de acuerdo con lo denunciado por el propio presidente de la República. Y el tercero y más importante, evitar aludir a las responsabilidades penales y políticas que les correspondería asumir al gobierno de Iván Duque y a quienes se prestaron para comprar el “malicioso” software Pegasus.
De esa manera medios como El Tiempo
y Blu radio, para nombrar tan solo a dos de los que le hacen férrea oposición
política al presidente Petro, ponen a rodar la narrativa que indica que lo
hecho por el presidente de la República es supremamente grave porque hizo que
el Grupo Egmont y quizás otras instancias relacionadas con la cooperación internacional,
perdieran la confianza en el Estado colombiano y en sus instituciones. Califican
como “ilegal” la actuación del jefe del Estado, con la intención clara de
soslayar los crímenes que se cometieron o se pudieron cometer con la operación
de Pegasus.
A los señalados medios poco les
importa la comisión de los delitos asociados a la compra y puesta en operación
de Pegasus. Aquí lo importante es desacreditar al gobierno progresista,
mientras que a la anterior administración hay que salvarla de toda
responsabilidad. El silencio del expresidente Iván Duque Márquez frente a los
hechos es una señal inequívoca no solo de la doble moral institucional, sino de
la decisión de la derecha de mantener el histórico carácter criminal del Estado.
Baste con recordar el grave episodio
de las “chuzadas” del DAS durante la administración de Álvaro Uribe Vélez en
contra de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para entender que
espiar las comunicaciones de altos dignatarios del Estado fue una política
estatal. Después de desmantelado el DAS, la derecha uribizada quiso dar
continuidad a esa perversa política durante el gobierno de Duque, a través de
la compra irregular e ilegal, con dineros del narcotráfico, de Pegasus.
Al final queda claro que Pegasus existe, que fue pagado en efectivo, que los 11 millones de dólares que costó salieron del país en un avión; se trató de una compra gubernamental ilegal para propósitos ilegales. Si la Fiscalía hace bien su trabajo, el país sabrá quién dio la orden, de dónde salieron los millones de dólares en efectivo y sobre todo, en dónde está hoy operando ese software.
Eso sí, Pegasus sirve para entender
que efectivamente la sociedad colombiana deviene en una profunda confusión moral
y ética que hace proclive a que quienes llegan al Estado lo hagan para violar
los derechos humanos usando la capacidad estatal instalada. Los asuntos y
secretos de Estado contribuyen en gran medida extender en el tiempo y
profundizar esa difícil e intrincada situación colectiva, pero sobre todo para
mantener el carácter criminal de un Estado que se acostumbró a asesinar, a
chuzar y a estigmatizar a periodistas, magistrados, jueces, líderes juveniles y
políticos, señalados por y desde la Casa de Nari como “enemigos de la Patria”.
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