¿POR QUÉ INCOMODA TANTO GUSTAVO PETRO?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Parece haber consenso académico, social y político alrededor de la idea de que Colombia es una nación compleja, de ahí que no resulte a veces fácil analizar y comprender asuntos y fenómenos como la violencia política en campos y ciudades que suelen agruparse bajo el nombre de conflicto armado interno y el actual escenario de confrontación política e ideológica entre la derecha y el progresismo.  Por lo anterior, todo ejercicio académico o periodístico que busque explicar las complejas realidades del país y de su sociedad siempre quedará incompleto.

En los últimos días dos hechos noticiosos han ocupado la atención de la opinión pública: el primero, la intentona golpista atribuida al excanciller Álvaro Leyva Durán por el diario El País de España, con una eventual aquiescencia de los Estados Unidos; y el segundo, la nueva tensión diplomática y política entre los gobiernos de Donald Trump y Gustavo Petro generada en buena parte por las insinuaciones del presidente de Colombia alrededor de la idea de que en Washington conocían los devaneos golpistas del exministro Leyva.

Más allá de si el gobierno de Trump vio en algún momento con buenos ojos los deseos golpistas del señor Leyva Durán, lo cierto es que el presidente Petro, desde su posesión el 7 de agosto de 2022 se convirtió para el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la derecha nacional e internacional y para la Junta del Narcotráfico y sus aliados en Colombia en una persona incómoda, en un agente político indeseable y por lo tanto susceptible de sufrir ataques políticos, deseos de defenestrarlo e incluso de asesinarlo. Como esto último aún no sucedió, las arremetidas contra el presidente colombiano se han movido entre el desprestigio moral y la búsqueda de declararlo indigno para gobernar por una atribuida condición homosexual y la más grave, por el consumo incontrolado de cocaína.

Sin embargo, en el fondo del rechazo social y político que genera en agentes de poder hegemónico, esto es, en la élite que por más de 200 años manejó a su antojo el país, hay por lo menos 4 factores, asuntos o temas a los que Petro viene haciendo referencia en sus discursos dentro y fuera del país. El primero, sus críticas al modelo de desarrollo económico extractivo sobre el que se fundaron ideas de progreso, modernización y crecimiento que han servido para que el Norte opulento sea asumido por el Sur empobrecido como un deseable estadio “civilizatorio”.

El segundo asunto tiene que ver con las pretensiones emancipatorias de un presidente “sudaca” que además de haber sido guerrillero, cree que puede hablarle de “tú a tú” a mandatarios de países desarrollados acostumbrados a tratar con presidentes colombianos que en su actuar público siempre se dejaron ver como cipayos. El tercer asunto es que para una sociedad premoderna y una élite conservadora, violenta y goda que odia el proceso de mestizaje del que son hijos el proyecto político progresista les parece disruptivo, brusco y hasta subversivo, a lo que se suma que los tomó por sorpresa. Y el cuarto asunto es que nunca, desde la perspectiva progresista, un presidente de la República confrontó las tradicionales concepciones que el poder hegemónico impuso alrededor de conceptos como soberanía popular, estatal y dignidad humana. Este último deviene atado a un sorprendente orgullo étnico y a un sentimiento patriótico no asociado a temas de seguridad (democrática) o al amor irracional de los símbolos patrios (patrioterismo).

Todo lo anterior, atravesado por lo que en esta tribuna llamé la “sionización y la cacería étnica” desatada en los Estados Unidos contra los inmigrantes del Sur empobrecido y en la franja de Gaza, contra el pueblo palestino.

 

ASUNTOS POR LOS QUE PETRO GENERA URTICARIA
1.         CRÍTICAS AL MODELO DE DESARROLLO ECONÓMICO EXTRACTIVO.	2.         PRETENSIONES EMANCIPATORIAS DE UN PRESIDENTE “SUDACA”.	3.         EL DISRUPTIVO PROYECTO POLÍTICO PROGRESISTA.	4.         SOBERANÍA POPULAR, ESTATAL Y DIGNIDAD.

 

 

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EL ATRONADOR SILENCIO DE LOS EXPRESIDENTES FRENTE A LOS DEVANEOS GOLPISTAS LEYVA DURÁN

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Después de más 24 horas de conocidos los audios en los que el excanciller Álvaro Leyva Durán habla de dar un golpe de Estado al gobierno de Petro, el silencio sepulcral de los expresidentes Gaviria, Duque, Pastrana, Uribe y Santos aumenta las sospechas alrededor de quiénes podrían ser los titiriteros que están detrás de los devaneos golpistas de Leyva Durán. ¿Por qué el silencio de los exmandatarios, en particular del Nobel de Paz? Santos está obligado como ningún otro a rechazar los dislates y deseos del octogenario miembro de la oligarquía bogotana, justamente por ostentar esa dignidad. Bueno, si no ha sido capaz de llamar genocidio a lo que viene haciendo Israel en contra del pueblo palestino, no podemos esperar que reaccione ante los sueños golpistas del excanciller Leyva Durán.

Los cinco exmandatarios han exhortado en varias ocasiones al presidente Petro a “respetar las instituciones y la institucionalidad” con aquello de convocar a una consulta popular e incluso impulsar la “octava papeleta” y por esa vía a una Asamblea Nacional Constituyente.

Pero justo en el momento en el que el diario El País de España revela semejante bomba noticiosa, los expresidentes optan por guardar silencio. Quizás comparten la lectura que de los hechos hicieron los periodistas y activistas políticos Néstor Morales, Darcy Quinn y Luis Carlos Vélez. El primero dijo que se trataba de una bobada; a la activista le causó risa pensar que un carcamal de 82 años se ponga en esas cosas; y Vélez dijo que era una payasada de Petro. Señores expresidentes: así se trate de una simple idea o deseo del excanciller, están obligados ética y políticamente a salir a descalificar esa idea y a rodear al presidente de la República.

De compartir los cinco expresidentes las lecturas y el proceso coordinado de desestimación de la gravedad de lo divulgado por el diario español, sus llamados a que se “respeten las instituciones y la institucionalidad” estaría atado a una postura hipócrita propia de quienes no están lejos de los deseos golpistas de Leyva Durán. O quizás compartan la idea del diario El Espectador: no se trata de una intentona golpista, sino de una acción legítima de Leyva en la medida en que simplemente estaba “gestionando la salida de Petro” de la Casa de Nariño.

El atronador silencio de los  expresidentes dice mucho de su verdadero talante democrático. Ya veremos si el diario El País logra desenmarañar lo que realmente hay detrás de los sueños golpistas del viejito Leyva Durán, porque quedó claro que a la prensa hegemónica del país no le interesa ir al fondo de semejante asunto tan espinoso y grave. 

Adenda: no incluyo al expresidente Samper en el listado porque es el único que apoya al presidente Petro. Eso sí, también me llama la atención su silencio. 

LEYVA DURÁN: DE CANCILLER, A GOLPISTA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Veinte días antes de que el diario El País develara las intenciones golpistas de Álvaro Leyva Durán, el excanciller publicó en su cuenta de X su deseo de sacar al presidente de la República de la Casa de Nariño, por las buenas o a las malas. Veamos apartes de lo dicho por Leyva Durán el 9 de junio de 2025, sobre quien recaen hoy todas las miradas y los colombianos esperan una respuesta ante lo revelado por el periódico español.

Esto dijo el político conservador: “Todos acompañamos a Miguel en su lucha por la vida. A Dios pedimos por él, por su familia, por el reencuentro de todas las ciudadanas y ciudadanos en un solo as de corazones. Todos a una: ¿Obligación? Salvar a Colombia. Nadie duda del desorden personal de Gustavo Petro Urrego… Por fortuna hay mecanismos que permiten una solución institucional. Se deben poner en movimiento. Él debe irse. Se le debe ayudar. Ya se había dicho: Sin egoísmos. Con las necesarias exculpaciones y seguridades que le garanticen al doctor Petro su plena recuperación en total sosiego. De oponerse, el tiempo le pasará la cuenta. ¿La cárcel? Recuerden: su enfermedad no es un eximente de responsabilidad. Es el momento de pensar colectivamente ciudadanas y ciudadanos para entre todos mantener la vigencia de la Constitución, del Estado social de derecho, de sus formas e instituciones, del orden y la justicia, de las normas y principios internacionales prevalentes en el orden interno. Es que los atropelladores de la democracia ¡no pasarán!”

Vamos por partes como diría Jack El Destripador. Si un ciudadano desprevenido lee el trino de Leyva Durán podría pensar que quien gobierna al país es un dictador que, además de estar enfermo, sumió en el caos a esa nación que de manera desesperada busca una salida institucional para superar las penosas circunstancias por las que atraviesan sus nacionales: pobreza, violencia generalizada, caos institucional, condiciones extremas de anomia social, así como una insoportable crisis política y económica. La última frase del texto citado resulta catastrofista, legitima toda acción institucional o parainstitucional tendiente a sacar del poder a ese tirano y podría animar a mercenarios internacionales a querer venir a salvar a Colombia de las garras de semejante déspota: “Es que los atropelladores de la democracia ¡no pasarán!”

En su viaje de superioridad moral, Leyva Durán se presenta como el líder capaz de cumplir su propia sentencia: Él debe irse. Sin más. No se necesitaría de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y mucho menos del Senado para sacar a Petro del gobierno. Bastaría con el “diagnóstico médico” entregado por el godo aristocrático para sacar a ese “enfermo mental” que el Establecimiento dejó colar hacia la Casa de Nariño. Aunque advierte en su mensaje del 9 de junio que hay mecanismos institucionales para tumbar al presidente de la República, de acuerdo con lo dicho por el diario El País de España, Leyva Durán estaría más interesado en dar un golpe de Estado, convocando a una especie de triunvirato, con el apoyo de estructuras ilegales como el ELN y el Clan del Golfo.

Además de sentenciar la salida de Petro de la Casa de Nariño, el octogenario y nuevo salvador de Colombia sugiere que la cárcel sería el final de los días del dictador que Leyva ve en el presidente de la República. ¿La cárcel? Recuerden: su enfermedad no es un eximente de responsabilidad.

Ya veremos si Leyva Durán, el golpista, desmiente o confirma lo publicado por el diario El País de España. En cualquier caso, es posible pensar que detrás del excanciller hay agentes legales e ilegales que estarían pensando en dar un golpe de Estado mas que por “salvar la democracia”, para recuperar lo que el caudillo popular les quitó: la Casa de Nariño.

Álvaro Leyva habla durante el Diálogo de Alto Nivel entre Colombia y Estados Unidos, en 2023.

LEYVA QUISO TUMBAR A PETRO: “HAY QUE SACAR A ESE TIPO”

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Lo revelado por EL PAÍS de España resulta supremamente grave: el excanciller Álvaro Leyva Durán buscó acercarse a la Casa Blanca para encontrar allí apoyo para tumbar al presidente Petro.

En la nota periodística de Juan Diego Quesada se lee que “Álvaro Leyva, excanciller colombiano durante este Gobierno, se reunió hace dos meses en Estados Unidos con asesores cercanos a la Administración de Donald Trump para buscar su apoyo a un plan para hacer caer a Gustavo Petro. Según unos audios a los que ha tenido acceso EL PAÍS y fuentes cercanas a congresistas republicanos, Leyva intentó acercarse a Marco Rubio, secretario de Estado, con la intención de que ayudara a ejercer “una presión internacional” que culminara con la salida del poder de Gustavo Petro, presidente de Colombia. La Casa Blanca, según estas mismas fuentes, nunca tuvo en consideración la propuesta”.

Lo que resulta política y periodísticamente interesante es establecer conexiones entre las advertencias del presidente Petro cuando habló de “golpe blando”, “ruptura institucional”, los ataques al fuero presidencial desde el Consejo Nacional Electoral, las versiones de indican que el jefe del Estado es adicto a las drogas y el interés de defenestrar a Petro de parte de otros agentes políticos y económicos que, al igual que Leyva, soñaban con “sacar a ese tipo”, unidos por el clasismo que rodea la expresión usada por el excanciller en unas de las conversaciones que sostuvo con personas cercanas al congresista americano Mario Díaz-Balart y a Marco Rubio.

Recordemos algunos actos de habla que se hicieron públicos a mediados de febrero de 2024, que confirman el clasismo y el deseo interior de tumbar al presidente de la República.  “Luigi Echeverry y Alberto Carrasquilla dejaron ver su animadversión hacia Petro. En el diario económico La República, Echeverry escribió lo siguiente: “¡un presidente puede estar enfermo de la cabeza, pero más enfermo está el país que a sabiendas, lo elige! La problemática de Colombia se agravó con la conducta mafiosa que caracteriza al populismo aliado al narcoterrorismo, ese es un grave problema. Pero cuando un líder revolucionario destructor de valor llega al poder, es porque la que está enferma y narcotizada es nuestra sociedad y al que tenemos que curar de las consecuencias de conductas de insensibilidad, indiferencia y corrupción, es al país. Entre tanto, Carrasquilla dijo en La W de Julio Sánchez Cristo, que “el gobierno está pasando aceite, porque ya se acabó”. Es decir, de manera temprana el economista neoliberal y uribista dio por terminado el periodo presidencial, por la incapacidad del presidente de guiar los destinos de Colombia, de acuerdo con su interesado parecer.

En esa misma línea aparece el excongresista Carlos Alonso Lucio, quien en enero de 2024 expresó su interés de iniciar un proceso institucional para el mismo propósito de Leyva: “sacar a Petro de la Casa de Nariño”. Lucio hizo referencia en ese momento al juicio político al que sería sometido Petro el 12 de junio del mismo año por la plenaria de la Cámara de Representantes de acuerdo con hechos punibles asociados a la campaña Petro presidente. En su diatriba, Lucio consideró factible la salida de Petro por el “colapso económico, la debacle de la política internacional, el despilfarro familiar, la corrupción y el avance territorial de la milicianización”; igualmente, expone el escenario de la transición del poder para que el país "recupere la democracia".

Lo que hay detrás de los deseos de unos y otros, incluidos periodistas, de “sacar a ese tipo de la Casa de Nariño” es una férrea convicción de clase que supone que la presidencia de la República solo puede ser asumida por quienes pertenezcan al selecto grupo de la “gente de bien” representada por poderosos agentes del Establecimiento.

Está claro que el haber militado en el M-19,  liderar reformas sociales, el haberles quitado la Casa de Gobierno, mas no el poder;  su lenguaje un tanto procaz y ordinario frente al “educado tono” de los anteriores presidentes y su perfil de caudillo popular, convirtieron a Petro en la peor pesadilla para quienes desde perfumadas y frías oficinas de Bogotá y quizás desde alguna lejana hacienda creyeron que jamás podría llegar alguien a incomodarlos de la manera como lo ha hecho Gustavo Petro. Lo de consumir cocaína sería un detalle menor si al presidente de la República le gustara asistir a cócteles y sentarse a manteles con los ricos y poderosos que consumen de manera controlada todo tipo de alucinógenos o simplemente disfrutan de su adicción al poder.

Álvaro Leyva habla durante el Diálogo de Alto Nivel entre Colombia y Estados Unidos, en 2023.Stefani Reynolds (REUTERS)

EFRAÍN CEPEDA: EL QUE JAMÁS EMPUÑÓ UN ARMA, PERO…

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En el enfrentamiento político, institucional y personal que por estos días sostienen el presidente del Senado, Efraín Cepeda y el presidente de la República, Gustavo Petro nuevamente sirvió para exponer el pasado guerrillero del jefe del Estado como un factor que lo inhabilita ética y moralmente para criticar las actuaciones de los congresistas, incluidas por supuesto las de los miembros de las comisiones y las juntas directivas de Senado y Cámara, así como los fallos de las altas cortes (Consejo de Estado y Corte Constitucional).

Para el presidente de la República, Efraín Cepeda representa al típico politicastro colombiano, esto es, a aquel político mañoso, rastrero, malintencionado, inhábil y que apunta de hechos obscuros desea conseguir sus objetivos. Los fines turbios que le endilga Petro tienen que ver con su participación en un eventual “golpe parlamentario”, que sería una etapa más del llamado “golpe de Estado blando” que de manera temprana advirtió el jefe del Estado que le querían dar.

De manera directa Petro le dijo al más representativo godo que defiende la tradición y los intereses de los agentes más poderosos del establecimiento colombiano que frena el debate democrático. “Espero no termines tu vida parlamentaria como rémora de la historia. Si quieres ser presidente, no lo busques a través del golpe de estado: te odiaría el pueblo colombiano”.

La reacción de Cepeda se dio en estos términos: “jamás he empuñado un arma…”. En su respuesta, el ladino congresista no pudo dejar de enrostrarle al presidente su pasado subversivo, asumido por una parte importante de la sociedad como un acto imperdonable e injustificable a pesar de todos los procesos de paz, la dejación de armas, las peticiones de perdón y la reincorporación a la vida social, económica y política del país tal y como sucedió con el M-19, grupo armado ilegal en el que militó Gustavo Petro.

A pesar de su origen conservador,  Efraín Cepeda parece olvidar que fue el propio presidente Belisario Betancur Cuartas quien reconoció que había “unas causas objetivas” que en su momento legitimaron el levantamiento armado de las guerrillas en los años 60 y 70. La Comisión de la Verdad interpretó así la apuesta por la paz de Betancur Cuartas: “para él, las causas del conflicto armado se centraban en la pobreza y la desigualdad social y política, tal como lo había señalado desde finales de los años cincuenta la Comisión Investigadora de las Causas de la Violencia. Su gobierno se proponía ampliar la democracia y pagar la deuda social”.

Así como se asume que todo lo que diga Petro no se puede separar de su investidura y de lo que representa la figura presidencial dentro de un régimen presidencialista como el colombiano, lo dicho por Efraín Cepeda no se puede separar de su condición de presidente del Senado. Así las cosas, el máximo vocero del legislativo colombiano, en donde se legitimó el acuerdo de paz firmado en La Habana, sigue atado a la valoración inmoral a la que están atados millones de colombianos contra aquellos que en el pasado optaron por tomarse el poder a tiros. Esa apreciación de Cepeda hace pensar en que, de mantenerse esa línea moralizante, esa corporación no estaría dispuesta a tramitar normas conducentes a facilitar venideros procesos de paz. Y lo peor de todo es que esa tasación inmoral que hace Cepeda se extiende a todas las formas de arrepentimiento y peticiones de perdón e incluso a todas las actuaciones y decisiones que hayan tomado los exguerrilleros una vez reincorporados a la vida política, social y económica del país.

El hecho de “no haber empuñado un arma” le sirve a Cepeda para ocultar las causas objetivas que reconoció Betancur y para desestimar que justamente la responsabilidad política de los levantamientos armados en Colombia recae en políticos como él que se acostumbraron a legislar a favor de una élite mezquina a cuyos miembros jamás les interesó consolidar una democracia social, política y económicamente moderna y mucho menos, una República.

La inmoralidad de los grupos armados ilegales que se levantaron contra el Estado debería de asumirse como fenecida a partir del momento en el que se entregan las armas y se aceptan las reglas de la democracia. Por el contrario, y de acuerdo con lo dicho por Cepeda, insistir en que la impudicia de los guerrilleros del M-19 es insuperable, confirma que los tratados de paz terminan siendo insulsos documentos para congresistas y otros cientos de miles de colombianos que jamás estuvieron dispuestos a perdonar. “No haber empuñado un arma” es un acto de habla que exhibe rabia, incomprensión de la historia, pero sobre todo la nula empatía hacia los millones de colombianos víctimas de la República oligárquica que defiende Efraín Cepeda. Parece ser que la única violencia que acepta Cepeda es la política y económica que viene ejerciendo el establecimiento colombiano contra millones de colombianos. 

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BENEDETTI, PETRO Y LEALTADES IMPÚDICAS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La política y el narcotráfico en Colombia son actividades en las que la lealtad es un valor exigido por todos los que participan de las redes de compromisos, complicidades y amistades que se generan en todas las transacciones que se derivan de esas dos actividades humanas. Se suman también la devoción y el agradecimiento entre quienes lideran las acciones y decisiones políticas y aquellos que cumplen los roles de gregarios, bien sea dentro de un proyecto o partido político o al interior de carteles y otras organizaciones criminales.

Por estar atado a la condición humana, la lealtad siempre se moverá pendularmente entre lo moral y lo inmoral, de allí que el carácter público de la política y la política misma se tornen impúdicas para la sociedad. Cada individuo, con toda su capacidad natural para actuar bajo condiciones inmorales depone su ética o la ajusta a esas condiciones que impone el colectivo, haciendo que la búsqueda del bien común se asuma como una utopía.

El caso colombiano resulta paradigmático en materia de inmoralidad y de una eticidad que histórica y culturalmente viene ajustándose a esas condiciones en las que tanto la impudicia como la lealtad son dos caras de una misma moneda. El nombramiento de Armando Benedetti como asesor del presidente Petro se puede leer a la luz de la anterior disquisición en la medida en que de esa relación política entre el presidente de la República y Benedetti afloran la devoción, el agradecimiento, la complicidad y la amistad, esto es, lealtades que ya son juzgadas como grotescas y obscenas por los detractores de la izquierda, por específicos agentes de la derecha que también en el pasado consolidaron el mismo tipo de lealtades e incluso por quienes dentro del mismo progresismo creen aún en el cambio en las maneras de hacer política, lo que no es otra cosa que el abandono de ese tipo de relaciones.  

Benedetti está investigado por presunta compra de votos y tiene otros procesos abiertos en la Corte Suprema de Justicia. Como político es una veleta ideológica:  fue uribista, santista y ahora petrista. Y muy seguramente mañana será “vickycista”. Esos giros ideológicos y políticos le permitieron en el tiempo consolidar amistades y lealtades en las que el silencio se convirtió siempre en un factor transaccional. Aunque no ha sido condenado, su imagen negativa acrecienta el rechazo social y político de su nombramiento. Además, siendo embajador ante la FAO fue denunciado por su propia esposa por violencia machista, proceso que sigue abierto tanto en España, como dentro de la Cancillería colombiana, entidad que está en mora de informar el resultado de la investigación disciplinaria que le abrió al entonces embajador. Y justo en el día internacional contra la violencia hacia las mujeres lo nombran asesor del presidente. 

Frente a todo lo anterior, en un país de borrachos y viciosos de clase alta su adicción al alcohol y a las drogas queda reducida a un problema menor por tratarse de una dependencia en la que cualquier ser humano puede caer. El asunto problemático está atado a la relación con Gustavo Petro, líder político que prometió un cambio en las costumbres políticas y que ha querido empoderar a las mujeres y por esa vía erosionar el sistema patriarcal vigente en Colombia. Dice el periodista Félix de Bedout que “Benedetti sabe más que Pegasus”, en alusión al escándalo aquel de la financiación de la campaña Petro presidente en el que el exsenador “dejó salir medias verdades de lo ocurrido con la entrada de dineros de dudosa procedencia”, en una señal clara de que lo que estaba exigiendo en ese momento era condiciones para conservar su lealtad hacia el presidente de la República.

armando benedetti se someterá a terapia - Búsqueda Imágenes

FRACASO ROTUNDO DE LAS MARCHAS URIBISTAS DEL 23N

 

Por Germán Ayala Osorio

Las marchas convocadas por la oposición hoy sábado 23N no fueron tan multitudinarias como esperaban los líderes de la derecha que las convocaron. Se puede hablar de un rotundo fracaso, que bien se puede atribuir a varias razones a saber: la primera y quizás la más sólida es que hay un evidente cansancio de los ciudadanos que no necesariamente están conectados con los políticos, periodistas y activistas de la derecha, pero que en anteriores manifestaciones salieron a expresar su descontento con el gobierno de Gustavo Petro. Eso sí, esos insatisfechos podrían haber sido víctimas de la desinformación, noticias falsas, exageraciones y la mala leche de medios como Blu Radio, La FM, La W, El Tiempo, Semana, El Colombiano, El País de Cali y los noticieros privados de RCN y Caracol

La segunda razón puede estar atada a una fractura entre los dirigentes más visibles de la oposición y aquellos que desde el siempre fantasmal “centro” están pensando seriamente en “desmarcarse” de la derecha radical que insiste en el ya manido discurso de que hay que “salvar a Colombia” porque “nos vamos a convertir en Venezuela y que al país llegó para quedarse el castrochavismo”. Ese distanciamiento está mediado por la coyuntura electoral que se avecina en el 2026 y que ya arrancó con los “foros-reinados” del uribismo y la candidatura de Vicky Dávila, apoyada y patrocinada por los clanes Gnecco y Gilinski.

Es posible también que las débiles manifestaciones del 23N estén asociadas al trabajo informativo que viene adelantando el sistema de medios públicos (RTVC), con el que logran desmentir a los medios hegemónicos. Dedicarse también a mostrar las ejecutorias del gobierno en particular en materia de reforma agraria, control de la inflación y de los precios de la canasta familiar puede estar dando resultados positivos en las audiencias.

Es posible también pensar que el trabajo de los activistas progobierno (Youtuber e influencer) está impactando positivamente a los sectores de la opinión pública que antes seguían a pie juntillas a las empresas mediáticas tradicionales e incluso, a los propios activistas de la oposición.

Eso sí, el fracaso de las movilizaciones del 23N no pueden asumirse como un triunfo electoral y político, que haga pensar en que hay una total comunión con lo hecho hasta el momento por la actual administración y las audiencias. No se puede desestimar el poder que aún mantienen los medios hegemónicos. Las elecciones de 2026 demostrarán a unos y otros qué tan buenos y efectivos en sus tareas. Veremos si quienes le apostaron a desinformar y generar miedo fueron lo suficientemente convincentes; y sabremos si los activistas petristas fueron realmente eficientes y eficaces a la hora de contrarrestar a las empresas mediáticas que se la jugaron por hacer oposición política, usando el espectro electromagnético del Estado. 

Adenda: según el gobierno, en Medellín salieron 15 mil personas. Fue la más concurrida. En Cali y Bogotá, unas 4000. La movilización en la capital antioqueña se explica por la pugnacidad entre el expresidente Uribe y el presidente Petro. El fracaso en Bogotá fue enorme, por ser la capital y escenario en el que en una anterior marcha, la derecha uribista logró una multitudinaria participación. 

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ÁLVARO URIBE VÉLEZ ENCANTADO CON PEGASUS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En medio del enrarecido caso de la compra y uso ilegal de Pegasus y las audiencias preparatorias de cara al juicio que afrontará por tres delitos graves, el expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez legitimó la adquisición y el uso del software espía y les entregó a los precandidatos presidenciales que buscarán su aval, la directriz que deberán ofrecer como tema de campaña para el 2026.

Esto dijo el Señor Procesado en su cuenta de X: “Se necesitan más Pegasus, de frente al 2026. La paz sin seguridad no resulta y fracasan ambas. Hay que prepararse para que el país tenga seguridad. Lo primero es determinación, lo segundo el apoyo y el afecto a la Fuerza Pública”.

Lo expresado en el trino nos regresa de inmediato a los tiempos de la temida y peligrosa Seguridad Democrática, política estatal responsable en gran medida de la ocurrencia de los crímenes de Estado mal llamados “falsos positivos” y de las chuzadas del DAS a los entonces magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Con la directriz lanzada por el vulgar caballista se confirma que a la derecha no le interesa discutir y mucho menos preparar al país para afrontar los desafíos del cambio climático, como tampoco asumir con determinación el cuidado de la biodiversidad; y mucho menos le interesa proponer soluciones al desempleo estructural y a la histórica informalidad laboral. No. El único tema de campaña con el cual el uribismo buscará recuperar para sus huestes la Casa de Nari es la seguridad, la seguridad y la seguridad, estribillo que también nos recuerda aquel lema de vida y de campaña del hacendado y sub judice ciudadano: “trabajar, trabajar y trabajar, porque a Colombia la está matando la pereza y por eso hay que recortar la jornada de sueño”.

Al decir que se “necesitan más Pegasus”, el Señor Acusado reconoce que chuzar a detractores políticos y no solo a agentes ilegales es una acción legítima por cuanto está atada a los máximos intereses del Estado. Sin duda alguna, se trata de una visión enfermiza del Estado que termina erosionando principios de la democracia liberal.

Ante el fracaso de la Paz Total de Petro, Uribe Vélez vuelve a hablarle al país de seguridad democrática en función de su visión militarista, la misma que seguirá favoreciendo a los Señores de la Guerra y a los agentes económicos que en el pasado se beneficiaron del desplazamiento forzado de comunidades campesinas. Por eso habla de “paz con seguridad”, dualidad que hábilmente explotó durante su administración con el concurso de las empresas mediáticas que hoy registran y aplauden su directriz electoral. Insiste el expresidiario en que su visión weberiana del Estado es el camino para ganar la esquiva legitimidad de un Estado corporativo que opera de tiempo atrás como un actor sometido a los intereses de agentes privados (clanes políticos y económicos) prestos a naturalizar el carácter rentista que los caracteriza. 

Insiste el expresidente antioqueño en la instrumentalización de las fuerzas armadas, en particular del Ejército, cuando habla “del afecto a la fuerza pública”. Si algo logró Uribe en sus aciagos ochos años de mandato fue permear ideológica y políticamente la misión del Ejército nacional, convirtiéndolo en una fuerza de derecha que supo extender el principio del enemigo interno a periodistas, docentes, políticos de izquierda, defensores del ambiente y de los derechos humanos.

A partir de este momento, los precandidatos presidenciales de la derecha quedan notificados: deben hablar de seguridad, seguridad y seguridad para ganarse el guiño de este ladino barón electoral antioqueño. Y eso se traduce en bala, bala y bala. Sin duda alguna, un regreso al pasado.

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PEGASUS, PETRO, DUQUE...Y EL GRINGO AHÍ

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En el sinuoso caso de Pegasus la prensa colombiana sigue siendo protagonista de primer orden. Después de la alocución de Petro en la que ventiló la compra “irregular” del malicioso software, las empresas mediáticas afectas a la derecha y en franca oposición política al actual gobierno negaron la existencia de la compra, hasta que el gobierno presentó pruebas irrefutables como la confirmación de la transacción por parte de la empresa israelí que vendió Pegasus al gobierno de Iván Duque.  A regañadientes aceptaron que efectivamente la compra sí se dio. Entonces, vino la noticia criminal contra la “periodista-periodista” de Semana, hecho jurídico que la señora Dávila de Gnecco usó para construir la narrativa de que la estaban persiguiendo políticamente.

El Tiempo, el diario del banquero Sarmiento Angulo, hace parte del conjunto de medios tradicionales que optaron por atacar editorial y periodísticamente al gobierno de Gustavo Petro. El diario bogotano sale hoy con la “primicia” que indica que fueron los gringos los que compraron el software espía. Todo lo anterior basado en fuentes anónimas. Pocos minutos después de publicada la versión, en las redes saltaron varias preguntas en torno a la consistencia de dicha explicación: si Pegasus fue financiado por los gringos, ¿cómo se explican los vuelos aquellos en los que se llevaron un dinero en efectivo y la transacción bancaria misma aceptada por NSO Group? ¿Qué papel jugó el gobierno de Iván Duque y la DIPOL en semejante entuerto?

Resulta por lo menos llamativo y curioso que dos meses después de la alocución presidencial en la que se expuso la compra de Pegasus y horas después del triunfo electoral de Trump, aparezca semejante versión de lo ocurrido, lanzada desde Washington. Cierta o no la presencia interesada de los americanos en este caso, El Tiempo estaría usando esa narrativa para ponerle límites a Petro en su afán de exponer a quienes están detrás de la enrarecida adquisición y operación del software.  

El objetivo de la prensa hegemónica es tratar de aquietar a Petro para salvar al expresidente Iván Duque y a quienes de manera directa pudieron estar al tanto de la compra y el uso del instrumento informático para espiar la campaña de Petro. La señora Dávila de Gnecco, en su cuenta de X dijo lo siguiente: “Ahora Gustavo Petro se va a quedar callado con su novela de Pegasus. Los americanos lo apretaron. Dejará el show con el cuento de que le chuzaron la campaña. Mentira. La verdad siempre birlos”.

El propio Petro le respondió a la susodicha periodista: “Si es esto cierto sí que serían peor las cosas”. La reacción del jefe del Estado fue recogida por el diario El Espectador, medio que no hace parte del grupo de empresas mediáticas que decidieron jugar políticamente en contra del gobierno. “Luego de que se conocieran versiones en torno a que Estados Unidos financió la adquisición del software espía conocido como Pegasus, de origen israelí, desde la actual administración de la Casa de Nariño se dio una corta reacción”.

Resulta evidente que la primicia de El Tiempo llegó políticamente envenenada. Veremos si el presidente Petro sigue adelante con su tarea de exponer a quienes participaron de la compra de Pegasus y de su uso malicioso e ilegal, o si le baja la temperatura al asunto porque de por medio estarían las relaciones diplomáticas y comerciales con la Casa Blanca.

Por ahora lo único cierto es que la gran prensa bogotana negó la existencia de Pegasus para intentar favorecer a Iván Duque y a sus colaboradores más cercanos. Ahora lanzan y copian sin chistar la versión allegada de Washington para ese mismo propósito, pero con un elemento político clave: silenciar al presidente Petro o por lo menos ponerlo a prueba frente a la siempre venerada relación con el coloso del Norte.

Petro habla de Pegasus y el papel de Estados Unidos en su compra en Colombia serían peor las cosas | Noticias Hoy | EL ESPECTADOR

EL CASO PEGASUS: NUEVO FACTOR DE ODIO IDEOLÓGICO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El caso Pegasus va camino a convertirse, de cara a las elecciones de 2026, en el factor de discordia y odio más grande entre el uribismo y el petrismo y de división interna entre los sectores que configuran la derecha colombiana.

La sorpresa que significó para la derecha uribizada que el jefe del Estado se atreviera a develar el oscuro entramado delictivo que arrastra la compra legal-ilegal del malicioso software, terminó por desatar la más agria reacción en las huestes uribistas. Al interior de esa mesnada nadie esperaba que Petro fuera capaz de exponer públicamente lo que bien se pudo manejar de acuerdo con la tradición política y los quehaceres presidenciales: de manera silenciosa para no afectar la dignidad presidencial comprometida en este caso por la figura del expresidente Iván Duque Márquez.

Una vez convertida la sorpresa en una inocultable molestia del uribismo con el presidente Petro por haber destapado semejante caja de pandora, sus más visibles agentes se vieron obligados a activar la estrategia política, institucional y mediática de negar la compra de Pegasus y el uso criminal que el presidente de la República ha señalado que le dieron a ese instrumento informático.

El expresidente Iván Duque se vio empujado a negar la transacción y por esa vía el uso delictuoso del software. Al tiempo, varios medios de comunicación afectos al círculo de poder que rodea aún a Uribe Vélez se apropiaron de la tesis negacionista para ridiculizar al presidente Petro y bajarle el tono al escándalo. Una periodista que gusta de exponer públicamente bochinches presentados como hechos noticiosos relevantes, lideró la tarea periodística de negar la compra de Pegasus. Se sumaron a su perniciosa tarea conductores de programas radiales que en el pasado fungieron como defensores de oficio de la nefasta administración de Duque.

A la estrategia de defensa del honor presidencial de Duque se sumó la procuradora Margarita Cabello Blanco quien negó la existencia oficial de Pegasus, resultado, según la ladina jefa del Ministerio Público, fruto de sendas investigaciones. Ad portas de entregar el cargo, Cabello Blanco estaba obligada a demostrar una vez más su lealtad y sumisión al uribismo. La reacción de Petro no se hizo esperar: “la Procuradora, miente”.

Eso sí, el enfrentamiento no es solo político, sino mediático. La revista Raya y RTVC fungen como medios alternativos y canales a través de los cuales el presidente Petro ha logrado darle visibilidad a semejante caso cargado de impudicia y odio hacia su figura y a todo lo que huela a izquierda. Así las cosas, los ejercicios periodísticos de Raya y RTVC se oponen ética, moral y políticamente a las propias actividades editoriales y periodísticas adelantadas por los medios que, afectos al uribismo, se la jugaron toda por la autocensura para minimizar el escándalo y ocultar la realidad de unos hechos que son tozudos: la compra de Pegasus si se produjo. Lo de su uso criminal le corresponde demostrarlo a la Fiscalía.

Entre tanto, el presidente Petro insiste en que la compra sí se hizo, hecho que NSO Group confirmó aludiendo que la operación se dio bajo el ordenamiento jurídico. A pesar de la contundencia de lo expresado por la empresa israelí que le vendió al Estado colombiano el software, Duque, sus amigos periodistas y ahora Cabello Blanco insistirán en la estrategia negacionista hasta tanto la fiscalía general de la Nación (FGN) no abra un expediente e inicie la vinculación y la imputación de cargos contra aquellos que de manera directa tuvieron que ver con la adquisición de Pegasus y el uso criminal que señala Petro. Urge que la FGN actúe con celeridad para que este caso de espionaje alcance el nivel de importancia política y mediática que en su momento alcanzaron los hechos y las circunstancias del Proceso 8.000 y el de las chuzadas del DAS.

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PEGASUS Y LA ELIMINACIÓN DE LOS LÍMITES ENTRE LO LEGAL Y LO ILEGAL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La compra del software Pegasus confirma que los límites entre lo legal e ilegal se borraron por completo. Estamos ante una práctica naturalizada en Colombia desde hace marras y es, en sí misma, una marca cultural y política con la que se identifica al uribismo. Hay pruebas suficientes de que ese sector de poder político y económico volvió la desaparición de las fronteras entre lo legal y lo ilegal en su distintivo moral y manera de asumir el ejercicio de la política. Baste con recordar los hechos de la parapolítica, el ingreso subrepticio de alias Job a la Casa de Nari y las chuzadas del DAS a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de entonces, entre otros hechos públicos.

La adquisición de la maliciosa herramienta de espionaje es legal en tanto que de la transacción participaron el Estado colombiano, representado por el gobierno de Iván Duque Márquez y la empresa NSO Group. Es decir, la transacción tuvo y tiene visos de legalidad, aunque su inspiración esté asociada a pérfidos objetivos políticos y a asuntos de seguridad nacional manejados bajo los viejos criterios de la política de seguridad democrática en los que se recrea la existencia de un “enemigo interno” capaz de poner en riesgo la operación del Estado; el componente ilegal estaría representado en el origen de los millones de dólares en efectivo que recogieron en un hangar de la Policía Antinarcóticos de Bogotá. De igual manera, lo ilegal se pondría de presente a través del uso criminal del software, esto es, chuzar la campaña Petro presidente y los perfilamientos, seguimientos y violaciones a los DDHH que se habrían cometido contra jóvenes y líderes de la llamada Primera Línea, convertidos en objetivos militares del Gobierno Duque durante el estallido social.

El caso Pegasus supera las dimensiones éticas, morales, políticas, institucionales y culturales del Proceso 8.000, lo que debería de convertirlo en un gran suceso mediático y político. Por tratarse de un hecho social y político con raíces en un sector de la derecha, le corresponde a la fiscalía general de la Nación asumir sin ambages de ninguna naturaleza las investigaciones y las imputaciones dado el desinterés de la prensa tradicional que defiende al uribismo, de cubrir los hechos que el propio jefe del Estado ha dado a conocer a través de alocuciones y redes sociales.

Ante el silencio de las empresas mediáticas que le hacen oposición política al gobierno Petro y la intención manifiesta de no darle el carácter de escándalo a la compra y uso criminal de Pegasus, le corresponde a la fiscalía asumir con rigor las investigaciones para develar lo ocurrido. Los congresistas del Pacto Histórico, con sus abogados, están en la obligación ético-política de denunciar a los responsables de la compra, con el firme propósito de presionarlos para ver si el visible pacto de silencio se revienta por la parte más débil. Y están obligados los congresistas del partido de gobierno por una razón: Pegasus se habría usado para violar los derechos humanos de jóvenes que participaron de las movilizaciones y las protestas en el marco del estallido social. Y todos sabemos que en buena manera el triunfo de Petro es fruto de ese entorno violento provocado por la respuesta violenta y la mezquindad con la que Duque enfrentó semejante desafío.

El columnista, exdirector del DAS y columnista de El Espectador sostiene que “de los once millones de dólares transportados desde Bogotá a Israel está claro que sí fueron consignados en un banco de ese país pues era imposible borrar la huella de tanta cantidad en efectivo, que en ninguna parte del universo es platica de bolsillo. Sin duda, lo que va a ser difícil de establecer, salvo que algún “garganta profunda” se reviente, es de dónde salieron tantos dólares en efectivo”.

Entre más rápido actúen los abogados del Pacto Histórico y la fiscalía, el pacto de silencio se irá resquebrajando hasta que aparezca el “garganta profunda” que señale a los responsables de la compra y del uso criminal de Pegasus.

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PEGASUS, AUTOCENSURA Y CRITERIOS DE NOTICIA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El caso Pegasus sirve académica, periodística y políticamente para confirmar tres hechos irrefutables: el primero, que los criterios de noticia no son universales; el segundo, que la autocensura es quizás uno de las peores prácticas de los periodistas y las empresas mediáticas; y el tercero, que el Estado, bajo la administración de Iván Duque Márquez, usó el malicioso software para espiar a la campaña de Petro y a quienes desde sectores sociales y políticos legitimaron las movilizaciones y las protestas en el contexto del estallido social.

Sobre el primer hecho hay que decir que aquello de que los criterios de noticia son universales y que por lo tanto, todos los medios y periodistas están obligados a elevar al estatus de noticia a los hechos noticiables, es falso. Esa elección obedece a intereses corporativos y a decisiones ideologizadas. Es claro que a las empresas mediáticas que hoy le hacen oposición política al gobierno Petro no les interesaba convertir en noticia y mucho menos en un fenómeno noticioso y político la compra ya confirmada del instrumento informático por parte del Gobierno de Duque. Las referencias que han hecho magazines como La FM y Blu Radio sobre el espinoso asunto se explican por una razón natural: es el presidente de la República quien impuso el tema en la agenda noticiosa, circunstancia que los obligó aludir al tema con dos propósitos. El primero, para negar la transacción y por esa vía ridiculizar al jefe del Estado. Lo hicieron mientras el presidente Petro no expusiera un documento que así lo confirmara. Una vez la empresa privada NSO Group confirmó la compra y venta del software y la Revista Raya divulgara los vuelos que dejaron el instrumento informático y recogieron en efectivo la millonaria suma de dinero que costó, esos mismos medios se dieron a la tarea de desmentir los usos que según Petro le habrían dado en el gobierno Duque al software: chuzar a su campaña y a los jóvenes líderes de la Primera Línea. Al socarrón tratamiento se suma que a los periodistas de La FM y Blu radio, de Néstor Morales, poco o no nada les llama la atención que la compra legal de Pegasus se haya pagado en efectivo, dinero que fue fletado en aviones israelíes.

En lo que respecta al segundo hecho, la autocensura se configuró desde el primer momento en el que el jefe del Estado en su alocución le advirtió al país y al mundo lo que había hecho el gobierno Duque con la oposición: chuzarlos, espiarlos. El tratamiento periodístico que La FM y Blu Radio, entre otros medios, le dieron al hecho resulta emblemático porque confirma que la autocensura es tan real como la compra de Pegasus. En un primer momento, la inefable “periodista” Darcy Quinn, de La FM, en su sección de bochinches, dijo que Pegasus no existía. Una vez Petro demostró lo contrario, entonces el director de La FM, el ultra uribista Juan Lozano salió a reconocer que efectivamente la compra del malicioso software fue real, sin cuestionar que se usó para espiar a la campaña de Petro y mucho menos para afectar a los líderes de la Primera Línea.  Le cabe razón a la gran periodista Cecilia Orozco, cuando dice que “hay una norma infalible en periodismo de investigación: las tácticas de engaño siempre son derrotadas por los hechos. Y estos, añado por mi parte, conducen a la verdad sin importar el tamaño del operativo de distracción que se active. La adquisición oscura del espía Pegasus (que roba los datos íntimos de cualquiera sin que nadie se dé cuenta), y el fracaso del intento por ocultar su existencia y uso en Colombia, constituyen una prueba de que, pese al escepticismo generalizado, la realidad termina imponiéndose sobre la mentira”.

Eso sí, si se descubriera que el gobierno Petro chuza a sus opositores, los medios que hoy minimizan la importancia y la gravedad de lo ocurrido con Pegasus lo habrían convertido en un colosal escándalo superior al Proceso 8.000. Pero como se trata de agentes de la derecha, empresas mediáticas como La FM y Blu Radio, esta última dirigida por Néstor Morales, cuñado de Iván Duque están obligadas editorial, económica y políticamente a bajarle el tono al hecho noticioso que quisieron ocultar. 

Y en lo concerniente al tercer y último hecho fáctico, se espera que lo divulgado hasta el momento por la presidencia de la República alcance una dimensión penal y política que esos mismos medios uribizados intentarán bajarle el perfil noticioso. Quizás hagan lo contrario, cuando sea la propia fiscalía general de la Nación la que emita noticia criminal contra aquellos funcionarios aforados o no que participaron de la compra del software malicioso.

El caso Pegasus nos regresa a los tiempos de las chuzadas del DAS, perpetradas durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. De confirmarse el uso criminal de Pegasus y una vez la fiscalía abra las investigaciones y requiera a exministros y exdirectores de la Policía del gobierno de Duque, podremos hacer el comparativo entre los seguimientos y los procesos de estigmatización, persecución y muertes acaecidas durante la operación criminal del antiguo DAS y las acciones adelantadas con el malicioso software. De igual manera servirá para ratificar que Duque Márquez fue el títere de Uribe Vélez, el padre de la temida política de seguridad democrática.

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PEGASUS, GRUPO EGMONT Y EL ESTADO CRIMINAL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Después de que el presidente Petro revelara en su alocución la compra subrepticia del software espía Pegasus, vino la sanción contra Colombia de la red global de inteligencia financiera que lidera o coordina el Grupo Egmont. Se trata de la suspensión temporal de la @UIAFColombia  del  @EGFIU.

De inmediato, la prensa que le hace oposición política al gobierno Petro registró la decisión con tres claros propósitos: el primero, desacreditar al presidente de la República por violar un secreto estatal, con aparentes graves consecuencias en materia de cooperación internacional contra el lavado de activos y otras maniobras como la financiación del terrorismo. El segundo, minimizar la gravedad de la compra ilegal de Pegasus y por esa vía banalizar que ese software espía se usó con fines criminales contra jóvenes de la Primera Línea que terminaron asesinados, torturados o estigmatizados, en el contexto del estallido social, de acuerdo con lo denunciado por el propio presidente de la República. Y el tercero y más importante, evitar aludir a las responsabilidades penales y políticas que les correspondería asumir al gobierno de Iván Duque y a quienes se prestaron para comprar el “malicioso” software Pegasus.

De esa manera medios como El Tiempo y Blu radio, para nombrar tan solo a dos de los que le hacen férrea oposición política al presidente Petro, ponen a rodar la narrativa que indica que lo hecho por el presidente de la República es supremamente grave porque hizo que el Grupo Egmont y quizás otras instancias relacionadas con la cooperación internacional, perdieran la confianza en el Estado colombiano y en sus instituciones. Califican como “ilegal” la actuación del jefe del Estado, con la intención clara de soslayar los crímenes que se cometieron o se pudieron cometer con la operación de Pegasus.

A los señalados medios poco les importa la comisión de los delitos asociados a la compra y puesta en operación de Pegasus. Aquí lo importante es desacreditar al gobierno progresista, mientras que a la anterior administración hay que salvarla de toda responsabilidad. El silencio del expresidente Iván Duque Márquez frente a los hechos es una señal inequívoca no solo de la doble moral institucional, sino de la decisión de la derecha de mantener el histórico carácter criminal del Estado.

Baste con recordar el grave episodio de las “chuzadas” del DAS durante la administración de Álvaro Uribe Vélez en contra de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para entender que espiar las comunicaciones de altos dignatarios del Estado fue una política estatal. Después de desmantelado el DAS, la derecha uribizada quiso dar continuidad a esa perversa política durante el gobierno de Duque, a través de la compra irregular e ilegal, con dineros del narcotráfico, de Pegasus.

Al final queda claro que Pegasus existe, que fue pagado en efectivo, que los 11 millones de dólares que costó salieron del país en un avión; se trató de una compra gubernamental ilegal para propósitos ilegales. Si la Fiscalía hace bien su trabajo, el país sabrá quién dio la orden, de dónde salieron los millones de dólares en efectivo y sobre todo, en dónde está hoy operando ese software.

Eso sí, Pegasus sirve para entender que efectivamente la sociedad colombiana deviene en una profunda confusión moral y ética que hace proclive a que quienes llegan al Estado lo hagan para violar los derechos humanos usando la capacidad estatal instalada. Los asuntos y secretos de Estado contribuyen en gran medida extender en el tiempo y profundizar esa difícil e intrincada situación colectiva, pero sobre todo para mantener el carácter criminal de un Estado que se acostumbró a asesinar, a chuzar y a estigmatizar a periodistas, magistrados, jueces, líderes juveniles y políticos, señalados por y desde la Casa de Nari como “enemigos de la Patria”.

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