BENEDETTI, PETRO Y LEALTADES IMPÚDICAS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La política y el narcotráfico en Colombia son actividades en las que la lealtad es un valor exigido por todos los que participan de las redes de compromisos, complicidades y amistades que se generan en todas las transacciones que se derivan de esas dos actividades humanas. Se suman también la devoción y el agradecimiento entre quienes lideran las acciones y decisiones políticas y aquellos que cumplen los roles de gregarios, bien sea dentro de un proyecto o partido político o al interior de carteles y otras organizaciones criminales.

Por estar atado a la condición humana, la lealtad siempre se moverá pendularmente entre lo moral y lo inmoral, de allí que el carácter público de la política y la política misma se tornen impúdicas para la sociedad. Cada individuo, con toda su capacidad natural para actuar bajo condiciones inmorales depone su ética o la ajusta a esas condiciones que impone el colectivo, haciendo que la búsqueda del bien común se asuma como una utopía.

El caso colombiano resulta paradigmático en materia de inmoralidad y de una eticidad que histórica y culturalmente viene ajustándose a esas condiciones en las que tanto la impudicia como la lealtad son dos caras de una misma moneda. El nombramiento de Armando Benedetti como asesor del presidente Petro se puede leer a la luz de la anterior disquisición en la medida en que de esa relación política entre el presidente de la República y Benedetti afloran la devoción, el agradecimiento, la complicidad y la amistad, esto es, lealtades que ya son juzgadas como grotescas y obscenas por los detractores de la izquierda, por específicos agentes de la derecha que también en el pasado consolidaron el mismo tipo de lealtades e incluso por quienes dentro del mismo progresismo creen aún en el cambio en las maneras de hacer política, lo que no es otra cosa que el abandono de ese tipo de relaciones.  

Benedetti está investigado por presunta compra de votos y tiene otros procesos abiertos en la Corte Suprema de Justicia. Como político es una veleta ideológica:  fue uribista, santista y ahora petrista. Y muy seguramente mañana será “vickycista”. Esos giros ideológicos y políticos le permitieron en el tiempo consolidar amistades y lealtades en las que el silencio se convirtió siempre en un factor transaccional. Aunque no ha sido condenado, su imagen negativa acrecienta el rechazo social y político de su nombramiento. Además, siendo embajador ante la FAO fue denunciado por su propia esposa por violencia machista, proceso que sigue abierto tanto en España, como dentro de la Cancillería colombiana, entidad que está en mora de informar el resultado de la investigación disciplinaria que le abrió al entonces embajador. Y justo en el día internacional contra la violencia hacia las mujeres lo nombran asesor del presidente. 

Frente a todo lo anterior, en un país de borrachos y viciosos de clase alta su adicción al alcohol y a las drogas queda reducida a un problema menor por tratarse de una dependencia en la que cualquier ser humano puede caer. El asunto problemático está atado a la relación con Gustavo Petro, líder político que prometió un cambio en las costumbres políticas y que ha querido empoderar a las mujeres y por esa vía erosionar el sistema patriarcal vigente en Colombia. Dice el periodista Félix de Bedout que “Benedetti sabe más que Pegasus”, en alusión al escándalo aquel de la financiación de la campaña Petro presidente en el que el exsenador “dejó salir medias verdades de lo ocurrido con la entrada de dineros de dudosa procedencia”, en una señal clara de que lo que estaba exigiendo en ese momento era condiciones para conservar su lealtad hacia el presidente de la República.

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FRACASO ROTUNDO DE LAS MARCHAS URIBISTAS DEL 23N

 

Por Germán Ayala Osorio

Las marchas convocadas por la oposición hoy sábado 23N no fueron tan multitudinarias como esperaban los líderes de la derecha que las convocaron. Se puede hablar de un rotundo fracaso, que bien se puede atribuir a varias razones a saber: la primera y quizás la más sólida es que hay un evidente cansancio de los ciudadanos que no necesariamente están conectados con los políticos, periodistas y activistas de la derecha, pero que en anteriores manifestaciones salieron a expresar su descontento con el gobierno de Gustavo Petro. Eso sí, esos insatisfechos podrían haber sido víctimas de la desinformación, noticias falsas, exageraciones y la mala leche de medios como Blu Radio, La FM, La W, El Tiempo, Semana, El Colombiano, El País de Cali y los noticieros privados de RCN y Caracol

La segunda razón puede estar atada a una fractura entre los dirigentes más visibles de la oposición y aquellos que desde el siempre fantasmal “centro” están pensando seriamente en “desmarcarse” de la derecha radical que insiste en el ya manido discurso de que hay que “salvar a Colombia” porque “nos vamos a convertir en Venezuela y que al país llegó para quedarse el castrochavismo”. Ese distanciamiento está mediado por la coyuntura electoral que se avecina en el 2026 y que ya arrancó con los “foros-reinados” del uribismo y la candidatura de Vicky Dávila, apoyada y patrocinada por los clanes Gnecco y Gilinski.

Es posible también que las débiles manifestaciones del 23N estén asociadas al trabajo informativo que viene adelantando el sistema de medios públicos (RTVC), con el que logran desmentir a los medios hegemónicos. Dedicarse también a mostrar las ejecutorias del gobierno en particular en materia de reforma agraria, control de la inflación y de los precios de la canasta familiar puede estar dando resultados positivos en las audiencias.

Es posible también pensar que el trabajo de los activistas progobierno (Youtuber e influencer) está impactando positivamente a los sectores de la opinión pública que antes seguían a pie juntillas a las empresas mediáticas tradicionales e incluso, a los propios activistas de la oposición.

Eso sí, el fracaso de las movilizaciones del 23N no pueden asumirse como un triunfo electoral y político, que haga pensar en que hay una total comunión con lo hecho hasta el momento por la actual administración y las audiencias. No se puede desestimar el poder que aún mantienen los medios hegemónicos. Las elecciones de 2026 demostrarán a unos y otros qué tan buenos y efectivos en sus tareas. Veremos si quienes le apostaron a desinformar y generar miedo fueron lo suficientemente convincentes; y sabremos si los activistas petristas fueron realmente eficientes y eficaces a la hora de contrarrestar a las empresas mediáticas que se la jugaron por hacer oposición política, usando el espectro electromagnético del Estado. 

Adenda: según el gobierno, en Medellín salieron 15 mil personas. Fue la más concurrida. En Cali y Bogotá, unas 4000. La movilización en la capital antioqueña se explica por la pugnacidad entre el expresidente Uribe y el presidente Petro. El fracaso en Bogotá fue enorme, por ser la capital y escenario en el que en una anterior marcha, la derecha uribista logró una multitudinaria participación. 

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ÁLVARO URIBE VÉLEZ ENCANTADO CON PEGASUS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En medio del enrarecido caso de la compra y uso ilegal de Pegasus y las audiencias preparatorias de cara al juicio que afrontará por tres delitos graves, el expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez legitimó la adquisición y el uso del software espía y les entregó a los precandidatos presidenciales que buscarán su aval, la directriz que deberán ofrecer como tema de campaña para el 2026.

Esto dijo el Señor Procesado en su cuenta de X: “Se necesitan más Pegasus, de frente al 2026. La paz sin seguridad no resulta y fracasan ambas. Hay que prepararse para que el país tenga seguridad. Lo primero es determinación, lo segundo el apoyo y el afecto a la Fuerza Pública”.

Lo expresado en el trino nos regresa de inmediato a los tiempos de la temida y peligrosa Seguridad Democrática, política estatal responsable en gran medida de la ocurrencia de los crímenes de Estado mal llamados “falsos positivos” y de las chuzadas del DAS a los entonces magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Con la directriz lanzada por el vulgar caballista se confirma que a la derecha no le interesa discutir y mucho menos preparar al país para afrontar los desafíos del cambio climático, como tampoco asumir con determinación el cuidado de la biodiversidad; y mucho menos le interesa proponer soluciones al desempleo estructural y a la histórica informalidad laboral. No. El único tema de campaña con el cual el uribismo buscará recuperar para sus huestes la Casa de Nari es la seguridad, la seguridad y la seguridad, estribillo que también nos recuerda aquel lema de vida y de campaña del hacendado y sub judice ciudadano: “trabajar, trabajar y trabajar, porque a Colombia la está matando la pereza y por eso hay que recortar la jornada de sueño”.

Al decir que se “necesitan más Pegasus”, el Señor Acusado reconoce que chuzar a detractores políticos y no solo a agentes ilegales es una acción legítima por cuanto está atada a los máximos intereses del Estado. Sin duda alguna, se trata de una visión enfermiza del Estado que termina erosionando principios de la democracia liberal.

Ante el fracaso de la Paz Total de Petro, Uribe Vélez vuelve a hablarle al país de seguridad democrática en función de su visión militarista, la misma que seguirá favoreciendo a los Señores de la Guerra y a los agentes económicos que en el pasado se beneficiaron del desplazamiento forzado de comunidades campesinas. Por eso habla de “paz con seguridad”, dualidad que hábilmente explotó durante su administración con el concurso de las empresas mediáticas que hoy registran y aplauden su directriz electoral. Insiste el expresidiario en que su visión weberiana del Estado es el camino para ganar la esquiva legitimidad de un Estado corporativo que opera de tiempo atrás como un actor sometido a los intereses de agentes privados (clanes políticos y económicos) prestos a naturalizar el carácter rentista que los caracteriza. 

Insiste el expresidente antioqueño en la instrumentalización de las fuerzas armadas, en particular del Ejército, cuando habla “del afecto a la fuerza pública”. Si algo logró Uribe en sus aciagos ochos años de mandato fue permear ideológica y políticamente la misión del Ejército nacional, convirtiéndolo en una fuerza de derecha que supo extender el principio del enemigo interno a periodistas, docentes, políticos de izquierda, defensores del ambiente y de los derechos humanos.

A partir de este momento, los precandidatos presidenciales de la derecha quedan notificados: deben hablar de seguridad, seguridad y seguridad para ganarse el guiño de este ladino barón electoral antioqueño. Y eso se traduce en bala, bala y bala. Sin duda alguna, un regreso al pasado.

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PEGASUS, PETRO, DUQUE...Y EL GRINGO AHÍ

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En el sinuoso caso de Pegasus la prensa colombiana sigue siendo protagonista de primer orden. Después de la alocución de Petro en la que ventiló la compra “irregular” del malicioso software, las empresas mediáticas afectas a la derecha y en franca oposición política al actual gobierno negaron la existencia de la compra, hasta que el gobierno presentó pruebas irrefutables como la confirmación de la transacción por parte de la empresa israelí que vendió Pegasus al gobierno de Iván Duque.  A regañadientes aceptaron que efectivamente la compra sí se dio. Entonces, vino la noticia criminal contra la “periodista-periodista” de Semana, hecho jurídico que la señora Dávila de Gnecco usó para construir la narrativa de que la estaban persiguiendo políticamente.

El Tiempo, el diario del banquero Sarmiento Angulo, hace parte del conjunto de medios tradicionales que optaron por atacar editorial y periodísticamente al gobierno de Gustavo Petro. El diario bogotano sale hoy con la “primicia” que indica que fueron los gringos los que compraron el software espía. Todo lo anterior basado en fuentes anónimas. Pocos minutos después de publicada la versión, en las redes saltaron varias preguntas en torno a la consistencia de dicha explicación: si Pegasus fue financiado por los gringos, ¿cómo se explican los vuelos aquellos en los que se llevaron un dinero en efectivo y la transacción bancaria misma aceptada por NSO Group? ¿Qué papel jugó el gobierno de Iván Duque y la DIPOL en semejante entuerto?

Resulta por lo menos llamativo y curioso que dos meses después de la alocución presidencial en la que se expuso la compra de Pegasus y horas después del triunfo electoral de Trump, aparezca semejante versión de lo ocurrido, lanzada desde Washington. Cierta o no la presencia interesada de los americanos en este caso, El Tiempo estaría usando esa narrativa para ponerle límites a Petro en su afán de exponer a quienes están detrás de la enrarecida adquisición y operación del software.  

El objetivo de la prensa hegemónica es tratar de aquietar a Petro para salvar al expresidente Iván Duque y a quienes de manera directa pudieron estar al tanto de la compra y el uso del instrumento informático para espiar la campaña de Petro. La señora Dávila de Gnecco, en su cuenta de X dijo lo siguiente: “Ahora Gustavo Petro se va a quedar callado con su novela de Pegasus. Los americanos lo apretaron. Dejará el show con el cuento de que le chuzaron la campaña. Mentira. La verdad siempre birlos”.

El propio Petro le respondió a la susodicha periodista: “Si es esto cierto sí que serían peor las cosas”. La reacción del jefe del Estado fue recogida por el diario El Espectador, medio que no hace parte del grupo de empresas mediáticas que decidieron jugar políticamente en contra del gobierno. “Luego de que se conocieran versiones en torno a que Estados Unidos financió la adquisición del software espía conocido como Pegasus, de origen israelí, desde la actual administración de la Casa de Nariño se dio una corta reacción”.

Resulta evidente que la primicia de El Tiempo llegó políticamente envenenada. Veremos si el presidente Petro sigue adelante con su tarea de exponer a quienes participaron de la compra de Pegasus y de su uso malicioso e ilegal, o si le baja la temperatura al asunto porque de por medio estarían las relaciones diplomáticas y comerciales con la Casa Blanca.

Por ahora lo único cierto es que la gran prensa bogotana negó la existencia de Pegasus para intentar favorecer a Iván Duque y a sus colaboradores más cercanos. Ahora lanzan y copian sin chistar la versión allegada de Washington para ese mismo propósito, pero con un elemento político clave: silenciar al presidente Petro o por lo menos ponerlo a prueba frente a la siempre venerada relación con el coloso del Norte.

Petro habla de Pegasus y el papel de Estados Unidos en su compra en Colombia serían peor las cosas | Noticias Hoy | EL ESPECTADOR

EL CASO PEGASUS: NUEVO FACTOR DE ODIO IDEOLÓGICO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El caso Pegasus va camino a convertirse, de cara a las elecciones de 2026, en el factor de discordia y odio más grande entre el uribismo y el petrismo y de división interna entre los sectores que configuran la derecha colombiana.

La sorpresa que significó para la derecha uribizada que el jefe del Estado se atreviera a develar el oscuro entramado delictivo que arrastra la compra legal-ilegal del malicioso software, terminó por desatar la más agria reacción en las huestes uribistas. Al interior de esa mesnada nadie esperaba que Petro fuera capaz de exponer públicamente lo que bien se pudo manejar de acuerdo con la tradición política y los quehaceres presidenciales: de manera silenciosa para no afectar la dignidad presidencial comprometida en este caso por la figura del expresidente Iván Duque Márquez.

Una vez convertida la sorpresa en una inocultable molestia del uribismo con el presidente Petro por haber destapado semejante caja de pandora, sus más visibles agentes se vieron obligados a activar la estrategia política, institucional y mediática de negar la compra de Pegasus y el uso criminal que el presidente de la República ha señalado que le dieron a ese instrumento informático.

El expresidente Iván Duque se vio empujado a negar la transacción y por esa vía el uso delictuoso del software. Al tiempo, varios medios de comunicación afectos al círculo de poder que rodea aún a Uribe Vélez se apropiaron de la tesis negacionista para ridiculizar al presidente Petro y bajarle el tono al escándalo. Una periodista que gusta de exponer públicamente bochinches presentados como hechos noticiosos relevantes, lideró la tarea periodística de negar la compra de Pegasus. Se sumaron a su perniciosa tarea conductores de programas radiales que en el pasado fungieron como defensores de oficio de la nefasta administración de Duque.

A la estrategia de defensa del honor presidencial de Duque se sumó la procuradora Margarita Cabello Blanco quien negó la existencia oficial de Pegasus, resultado, según la ladina jefa del Ministerio Público, fruto de sendas investigaciones. Ad portas de entregar el cargo, Cabello Blanco estaba obligada a demostrar una vez más su lealtad y sumisión al uribismo. La reacción de Petro no se hizo esperar: “la Procuradora, miente”.

Eso sí, el enfrentamiento no es solo político, sino mediático. La revista Raya y RTVC fungen como medios alternativos y canales a través de los cuales el presidente Petro ha logrado darle visibilidad a semejante caso cargado de impudicia y odio hacia su figura y a todo lo que huela a izquierda. Así las cosas, los ejercicios periodísticos de Raya y RTVC se oponen ética, moral y políticamente a las propias actividades editoriales y periodísticas adelantadas por los medios que, afectos al uribismo, se la jugaron toda por la autocensura para minimizar el escándalo y ocultar la realidad de unos hechos que son tozudos: la compra de Pegasus si se produjo. Lo de su uso criminal le corresponde demostrarlo a la Fiscalía.

Entre tanto, el presidente Petro insiste en que la compra sí se hizo, hecho que NSO Group confirmó aludiendo que la operación se dio bajo el ordenamiento jurídico. A pesar de la contundencia de lo expresado por la empresa israelí que le vendió al Estado colombiano el software, Duque, sus amigos periodistas y ahora Cabello Blanco insistirán en la estrategia negacionista hasta tanto la fiscalía general de la Nación (FGN) no abra un expediente e inicie la vinculación y la imputación de cargos contra aquellos que de manera directa tuvieron que ver con la adquisición de Pegasus y el uso criminal que señala Petro. Urge que la FGN actúe con celeridad para que este caso de espionaje alcance el nivel de importancia política y mediática que en su momento alcanzaron los hechos y las circunstancias del Proceso 8.000 y el de las chuzadas del DAS.

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PEGASUS Y LA ELIMINACIÓN DE LOS LÍMITES ENTRE LO LEGAL Y LO ILEGAL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La compra del software Pegasus confirma que los límites entre lo legal e ilegal se borraron por completo. Estamos ante una práctica naturalizada en Colombia desde hace marras y es, en sí misma, una marca cultural y política con la que se identifica al uribismo. Hay pruebas suficientes de que ese sector de poder político y económico volvió la desaparición de las fronteras entre lo legal y lo ilegal en su distintivo moral y manera de asumir el ejercicio de la política. Baste con recordar los hechos de la parapolítica, el ingreso subrepticio de alias Job a la Casa de Nari y las chuzadas del DAS a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de entonces, entre otros hechos públicos.

La adquisición de la maliciosa herramienta de espionaje es legal en tanto que de la transacción participaron el Estado colombiano, representado por el gobierno de Iván Duque Márquez y la empresa NSO Group. Es decir, la transacción tuvo y tiene visos de legalidad, aunque su inspiración esté asociada a pérfidos objetivos políticos y a asuntos de seguridad nacional manejados bajo los viejos criterios de la política de seguridad democrática en los que se recrea la existencia de un “enemigo interno” capaz de poner en riesgo la operación del Estado; el componente ilegal estaría representado en el origen de los millones de dólares en efectivo que recogieron en un hangar de la Policía Antinarcóticos de Bogotá. De igual manera, lo ilegal se pondría de presente a través del uso criminal del software, esto es, chuzar la campaña Petro presidente y los perfilamientos, seguimientos y violaciones a los DDHH que se habrían cometido contra jóvenes y líderes de la llamada Primera Línea, convertidos en objetivos militares del Gobierno Duque durante el estallido social.

El caso Pegasus supera las dimensiones éticas, morales, políticas, institucionales y culturales del Proceso 8.000, lo que debería de convertirlo en un gran suceso mediático y político. Por tratarse de un hecho social y político con raíces en un sector de la derecha, le corresponde a la fiscalía general de la Nación asumir sin ambages de ninguna naturaleza las investigaciones y las imputaciones dado el desinterés de la prensa tradicional que defiende al uribismo, de cubrir los hechos que el propio jefe del Estado ha dado a conocer a través de alocuciones y redes sociales.

Ante el silencio de las empresas mediáticas que le hacen oposición política al gobierno Petro y la intención manifiesta de no darle el carácter de escándalo a la compra y uso criminal de Pegasus, le corresponde a la fiscalía asumir con rigor las investigaciones para develar lo ocurrido. Los congresistas del Pacto Histórico, con sus abogados, están en la obligación ético-política de denunciar a los responsables de la compra, con el firme propósito de presionarlos para ver si el visible pacto de silencio se revienta por la parte más débil. Y están obligados los congresistas del partido de gobierno por una razón: Pegasus se habría usado para violar los derechos humanos de jóvenes que participaron de las movilizaciones y las protestas en el marco del estallido social. Y todos sabemos que en buena manera el triunfo de Petro es fruto de ese entorno violento provocado por la respuesta violenta y la mezquindad con la que Duque enfrentó semejante desafío.

El columnista, exdirector del DAS y columnista de El Espectador sostiene que “de los once millones de dólares transportados desde Bogotá a Israel está claro que sí fueron consignados en un banco de ese país pues era imposible borrar la huella de tanta cantidad en efectivo, que en ninguna parte del universo es platica de bolsillo. Sin duda, lo que va a ser difícil de establecer, salvo que algún “garganta profunda” se reviente, es de dónde salieron tantos dólares en efectivo”.

Entre más rápido actúen los abogados del Pacto Histórico y la fiscalía, el pacto de silencio se irá resquebrajando hasta que aparezca el “garganta profunda” que señale a los responsables de la compra y del uso criminal de Pegasus.

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PEGASUS, AUTOCENSURA Y CRITERIOS DE NOTICIA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El caso Pegasus sirve académica, periodística y políticamente para confirmar tres hechos irrefutables: el primero, que los criterios de noticia no son universales; el segundo, que la autocensura es quizás uno de las peores prácticas de los periodistas y las empresas mediáticas; y el tercero, que el Estado, bajo la administración de Iván Duque Márquez, usó el malicioso software para espiar a la campaña de Petro y a quienes desde sectores sociales y políticos legitimaron las movilizaciones y las protestas en el contexto del estallido social.

Sobre el primer hecho hay que decir que aquello de que los criterios de noticia son universales y que por lo tanto, todos los medios y periodistas están obligados a elevar al estatus de noticia a los hechos noticiables, es falso. Esa elección obedece a intereses corporativos y a decisiones ideologizadas. Es claro que a las empresas mediáticas que hoy le hacen oposición política al gobierno Petro no les interesaba convertir en noticia y mucho menos en un fenómeno noticioso y político la compra ya confirmada del instrumento informático por parte del Gobierno de Duque. Las referencias que han hecho magazines como La FM y Blu Radio sobre el espinoso asunto se explican por una razón natural: es el presidente de la República quien impuso el tema en la agenda noticiosa, circunstancia que los obligó aludir al tema con dos propósitos. El primero, para negar la transacción y por esa vía ridiculizar al jefe del Estado. Lo hicieron mientras el presidente Petro no expusiera un documento que así lo confirmara. Una vez la empresa privada NSO Group confirmó la compra y venta del software y la Revista Raya divulgara los vuelos que dejaron el instrumento informático y recogieron en efectivo la millonaria suma de dinero que costó, esos mismos medios se dieron a la tarea de desmentir los usos que según Petro le habrían dado en el gobierno Duque al software: chuzar a su campaña y a los jóvenes líderes de la Primera Línea. Al socarrón tratamiento se suma que a los periodistas de La FM y Blu radio, de Néstor Morales, poco o no nada les llama la atención que la compra legal de Pegasus se haya pagado en efectivo, dinero que fue fletado en aviones israelíes.

En lo que respecta al segundo hecho, la autocensura se configuró desde el primer momento en el que el jefe del Estado en su alocución le advirtió al país y al mundo lo que había hecho el gobierno Duque con la oposición: chuzarlos, espiarlos. El tratamiento periodístico que La FM y Blu Radio, entre otros medios, le dieron al hecho resulta emblemático porque confirma que la autocensura es tan real como la compra de Pegasus. En un primer momento, la inefable “periodista” Darcy Quinn, de La FM, en su sección de bochinches, dijo que Pegasus no existía. Una vez Petro demostró lo contrario, entonces el director de La FM, el ultra uribista Juan Lozano salió a reconocer que efectivamente la compra del malicioso software fue real, sin cuestionar que se usó para espiar a la campaña de Petro y mucho menos para afectar a los líderes de la Primera Línea.  Le cabe razón a la gran periodista Cecilia Orozco, cuando dice que “hay una norma infalible en periodismo de investigación: las tácticas de engaño siempre son derrotadas por los hechos. Y estos, añado por mi parte, conducen a la verdad sin importar el tamaño del operativo de distracción que se active. La adquisición oscura del espía Pegasus (que roba los datos íntimos de cualquiera sin que nadie se dé cuenta), y el fracaso del intento por ocultar su existencia y uso en Colombia, constituyen una prueba de que, pese al escepticismo generalizado, la realidad termina imponiéndose sobre la mentira”.

Eso sí, si se descubriera que el gobierno Petro chuza a sus opositores, los medios que hoy minimizan la importancia y la gravedad de lo ocurrido con Pegasus lo habrían convertido en un colosal escándalo superior al Proceso 8.000. Pero como se trata de agentes de la derecha, empresas mediáticas como La FM y Blu Radio, esta última dirigida por Néstor Morales, cuñado de Iván Duque están obligadas editorial, económica y políticamente a bajarle el tono al hecho noticioso que quisieron ocultar. 

Y en lo concerniente al tercer y último hecho fáctico, se espera que lo divulgado hasta el momento por la presidencia de la República alcance una dimensión penal y política que esos mismos medios uribizados intentarán bajarle el perfil noticioso. Quizás hagan lo contrario, cuando sea la propia fiscalía general de la Nación la que emita noticia criminal contra aquellos funcionarios aforados o no que participaron de la compra del software malicioso.

El caso Pegasus nos regresa a los tiempos de las chuzadas del DAS, perpetradas durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. De confirmarse el uso criminal de Pegasus y una vez la fiscalía abra las investigaciones y requiera a exministros y exdirectores de la Policía del gobierno de Duque, podremos hacer el comparativo entre los seguimientos y los procesos de estigmatización, persecución y muertes acaecidas durante la operación criminal del antiguo DAS y las acciones adelantadas con el malicioso software. De igual manera servirá para ratificar que Duque Márquez fue el títere de Uribe Vélez, el padre de la temida política de seguridad democrática.

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PEGASUS, GRUPO EGMONT Y EL ESTADO CRIMINAL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Después de que el presidente Petro revelara en su alocución la compra subrepticia del software espía Pegasus, vino la sanción contra Colombia de la red global de inteligencia financiera que lidera o coordina el Grupo Egmont. Se trata de la suspensión temporal de la @UIAFColombia  del  @EGFIU.

De inmediato, la prensa que le hace oposición política al gobierno Petro registró la decisión con tres claros propósitos: el primero, desacreditar al presidente de la República por violar un secreto estatal, con aparentes graves consecuencias en materia de cooperación internacional contra el lavado de activos y otras maniobras como la financiación del terrorismo. El segundo, minimizar la gravedad de la compra ilegal de Pegasus y por esa vía banalizar que ese software espía se usó con fines criminales contra jóvenes de la Primera Línea que terminaron asesinados, torturados o estigmatizados, en el contexto del estallido social, de acuerdo con lo denunciado por el propio presidente de la República. Y el tercero y más importante, evitar aludir a las responsabilidades penales y políticas que les correspondería asumir al gobierno de Iván Duque y a quienes se prestaron para comprar el “malicioso” software Pegasus.

De esa manera medios como El Tiempo y Blu radio, para nombrar tan solo a dos de los que le hacen férrea oposición política al presidente Petro, ponen a rodar la narrativa que indica que lo hecho por el presidente de la República es supremamente grave porque hizo que el Grupo Egmont y quizás otras instancias relacionadas con la cooperación internacional, perdieran la confianza en el Estado colombiano y en sus instituciones. Califican como “ilegal” la actuación del jefe del Estado, con la intención clara de soslayar los crímenes que se cometieron o se pudieron cometer con la operación de Pegasus.

A los señalados medios poco les importa la comisión de los delitos asociados a la compra y puesta en operación de Pegasus. Aquí lo importante es desacreditar al gobierno progresista, mientras que a la anterior administración hay que salvarla de toda responsabilidad. El silencio del expresidente Iván Duque Márquez frente a los hechos es una señal inequívoca no solo de la doble moral institucional, sino de la decisión de la derecha de mantener el histórico carácter criminal del Estado.

Baste con recordar el grave episodio de las “chuzadas” del DAS durante la administración de Álvaro Uribe Vélez en contra de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para entender que espiar las comunicaciones de altos dignatarios del Estado fue una política estatal. Después de desmantelado el DAS, la derecha uribizada quiso dar continuidad a esa perversa política durante el gobierno de Duque, a través de la compra irregular e ilegal, con dineros del narcotráfico, de Pegasus.

Al final queda claro que Pegasus existe, que fue pagado en efectivo, que los 11 millones de dólares que costó salieron del país en un avión; se trató de una compra gubernamental ilegal para propósitos ilegales. Si la Fiscalía hace bien su trabajo, el país sabrá quién dio la orden, de dónde salieron los millones de dólares en efectivo y sobre todo, en dónde está hoy operando ese software.

Eso sí, Pegasus sirve para entender que efectivamente la sociedad colombiana deviene en una profunda confusión moral y ética que hace proclive a que quienes llegan al Estado lo hagan para violar los derechos humanos usando la capacidad estatal instalada. Los asuntos y secretos de Estado contribuyen en gran medida extender en el tiempo y profundizar esa difícil e intrincada situación colectiva, pero sobre todo para mantener el carácter criminal de un Estado que se acostumbró a asesinar, a chuzar y a estigmatizar a periodistas, magistrados, jueces, líderes juveniles y políticos, señalados por y desde la Casa de Nari como “enemigos de la Patria”.

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