Por Germán Ayala Osorio
De acuerdo con la información
publicada por Noticias Uno, Carlos Alonso Lucio estaría al frente de un proceso
organizativo cuyo objetivo es “sacar de la Casa de Nariño” al presidente Gustavo
Petro Urrego. Más claro: el exguerrillero del M-19 estaría conspirando para dar
un golpe de Estado. Vaya contradicción: el excompañero de lucha de Petro hoy
está en el bando ideológico y político contrario y a toda costa buscaría tumbarlo.
Cierta o no la información,
probable o no que Lucio tenga la capacidad de convocar a retirados de la
policía y el ejército y a otros sectores societales para semejante aventura
desestabilizadora, lo publicado reviste enorme gravedad por cuanto se suma a
los rumores que desde el 7 de agosto corren en el país sobre la intención de un
sector de la extrema derecha de impedir que Petro termine su periodo
presidencial.
De probarse la participación del exsenador
Carlos Alonso Lucio en la organización criminal, el gobierno y la nueva fiscal
general de la nación y los servicios de inteligencia estatal deben tomar cartas
en el asunto. Hay que decir que el excompañero de lucha de Gustavo Petro hoy funge
como su mayor contradictor e incluso, como el enemigo político número uno del
mandatario.
En reciente columna, Lucio hace
referencia al juicio político al que será sometido Petro el 12 de junio por la plenaria
de la Cámara de Representantes de acuerdo con hechos punibles asociados a la
campaña Petro presidente. Dice el exsenador y revisionista ideológico de nuevo
cuño, que, al llegar ese momento, los Cacaos que se han reunido con Petro en
varias ocasiones para hablar de un “acuerdo
nacional”, deberán tomar la decisión de seguir respaldando a un gobierno ilegítimo,
como lo considera Lucio, o, por el contrario, apoyar al movimiento ciudadano
que el exsenador cree que existe y que al parecer lidera. Movimiento ciudadano
que estaría proponiendo la salida abrupta de Petro de la Casa de Nariño.
En su diatriba, Lucio considera factible
la salida de Petro por el “colapso económico, la debacle de la política
internacional, el despilfarro familiar, la corrupción y el avance territorial
de la milicianización”; igualmente, expone el escenario de la transición del
poder para que el país "recupere la democracia".
El quiebre institucional con el
que sueña Carlos Alonso Lucio lo comparten sectores del empresariado, y por supuesto,
la derecha mafiosa que se ha visto afectada por las acciones de interdicción de
los alijos de droga, las capturas de criminales del Clan del Golfo y la
recuperación de la Fiscalía para el Estado de derecho, que se espera lograr con
cualquiera de las mujeres ternadas para remplazar al inefable Francisco
Barbosa.
Ni en los tiempos del proceso
8.000 se soñó con un quiebre institucional para sacar del poder al entonces procesado,
Ernesto Samper Pizano, en la inútil Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
Pues bien, Lucio es hoy el abanderado de que por fin funcione el enrevesado y
politizado proceso de enjuiciamiento a un presidente de la República en este
país.
Ya sabremos si los niveles de
corrupción y despilfarro en el gobierno de Petro superan a los anteriores o si
se mantendrá en los niveles que tanto los Cacaos y el resto del empresariado,
los partidos políticos y políticos como Lucio soportaron y aceptaron en el
pasado, tanto así, que jamás se atrevieron a proponer dar un golpe de Estado por esas razones.
Así entonces, las motivaciones para romper el orden institucional que hoy se exhiben
no son tanto por una insufrible inmoralidad política aupada desde la Casa de
Nariño, sino que más bien por la recuperación de los privilegios que perdieron aquellos
que llevan años y años beneficiándose de un Estado capturado, mafioso y corporativo, al servicio de unos pocos.
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