DISIDENCIAS DE IVÁN MORDISCO Y SU GUERRA CONTRA LOS NASA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El crimen de Carmelina Yule Paví, lideresa Nasa, a manos de miembros de las disidencias de Iván Mordisco provocó la ruptura del cese al fuego bilateral firmado entre los delegatorios del Gobierno de Gustavo Petro y los de esa estructura armada ilegal.

El presidente Petro debió ir más lejos y ordenar el levantamiento de la mesa de la delegación gubernamental, pues ese grupo “guerrillero” viene usando el cese bilateral del fuego para armarse y reclutar menores de edad, en particular adolescentes indígenas. Justamente, en un intento por recuperar a un menor plagiado, con fines de reclutamiento forzoso, comuneros Nasa y miembros de la Guardia fueron atacados a tiros. Al final, el doloroso balance deja a la señora Yule Paví muerta y herido a Rodrigo UI Musicué. 

En el mal llamado Estado Mayor Central (EMC) hay “guerrilleros” con una nula formación política y académica, si se les compara con los perfiles de Alfonso Cano y Manuel Marulanda Vélez, líderes que en varios procesos de paz sentaron sus tesis bajo las cuales justificaron el levantamiento armado en los años 60. Por el contrario, Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, es un personaje violento y poco leído, que representa la decadencia de la lucha armada. El mismo presidente Gustavo Petro llamó a alias Iván Mordisco “traqueto vestido de revolucionario”.

El alias de Iván Mordisco dice mucho del talante de este “subversivo”.  Su perfil se acerca más a la altura moral y política del Mono Jojoy o de alias el Negro Acacio. InSigth Crime dice de Vera Fernández que “es conocido por ser un líder especialmente violento, que desprecia a la población civil. Como comandante del Frente 1 desde 2012, Mordisco estuvo detrás de delitos como la extorsión de comerciantes, agricultores y otros habitantes rurales, así como de la minería ilegal. Las autoridades colombianas también le acusaron de reclutar menores de edad”.  

La decisión valerosa de la Guardia Indígena de salir en la búsqueda de otros menores plagiados por la "Dagoberto Ramos" o la "Jaime Martínez!, con fines de reclutamiento, así como de los cabecillas que asesinaron a Carmelina Yule, los expone aún más a las retaliaciones de un grupo armado ilegal que exhibe un enorme desprecio por la población civil, circunstancia esta que deviene atada a la nula formación política de los auto llamados “revolucionarios”. En esa línea argumentativa, el actuar de los “guerrilleros” está ancorado al espíritu violento de unos “machitos” a los que, internamente, solo les interesa demostrar fiereza y arrojo para descrestar a sus comandantes; en el plano externo, su rabiosa testosterona está dirigida a intimidar mujeres y menores de edad y dado el caso, provocar a hombres indígenas capaces de salirles al ruedo, acompañados solamente de sus bastones de mando.

El insuceso, ocurrido en Toribío (Cauca), puede inscribirse en la tesis planteada por Daniel Pécaut, “Guerra contra la sociedad”. El autor francés propuso esa denominación a los múltiples fenómenos de violencia, incluida la guerrillera, lo que confirmaría la desaparición de tensiones sociales. La llegada de un exmiembro del M-19 al Solio de Bolívar debió asumirse por las disidencias de las Farc y el propio ELN como una oportunidad histórica para facilitarle las cosas al primer gobierno de izquierda. Insistir en la violencia armada confirma su anacronismo y el interés de mantener una lucha armada, más por las ganancias que les entregan la economía ilegal (narcotráfico y minería), que por el loable propósito de luchar por asegurar los cambios que el país necesita.   

Para el caso que nos ocupa en esta columna, lo que estaría sucediendo en los resguardos del Cauca es una “guerra contra los Nasa”, declarada por Iván Mordisco. Lo curioso es que dentro de las filas de ese grupo armado ilegal que obedece a Néstor Gregorio Vera hay mestizos e incluso, hombres con aspecto indígena a los que les queda muy fácil “mimetizarse” entre los comuneros y la población que vive en los alrededores de los resguardos indígenas del Cauca.

El Estado colombiano tiene la obligación de proteger a las comunidades indígenas. Los sistemáticos ataques de la "Dagoberto Ramos" y la "Jaime Martínez" a los Nasa del Cauca le restan legitimidad a la mesa de diálogo. Tanto los Nasa, como las autoridades, deben prepararse para enfrentar de manera conjunta el desafío social, militar y político que el EMC viene consolidando en el departamento del Cauca. El gobierno debe levantarse de la mesa de diálogo, así ello signifique pasar del anhelo maximalista de la Paz Total, al retorno a una vieja condición que loa colombianos ya conocen: la Guerra Total. No hay tiempo para tibiezas.  

 

Imagen tomada de EL TIEMPO.COM

LOS CASOS DE MICHEL DAYANA GONZÁLEZ Y YULIANA SAMBONÍ EN PERSPECTIVA CULTURAL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El cruel asesinato de Michel Dayana González, de 15 años, nuevamente expone una realidad insoslayable: las mujeres y las menores no están seguras en una sociedad machista, violenta, misógina y racista. Y de nuevo, aparecen los epítetos para deshumanizar al victimario de la menor, en una clara intención de que, ante un descuido de las autoridades, Harold Echeverry sería linchado hasta producirle la muerte. Los sentimientos de venganza en contra de los feminicidas se dan en buena medida porque el aparato judicial del país sigue fundado en valoraciones masculinas de los hechos punibles.

Detrás de los exaltados, sentimentales y violentos rechazos a los crímenes que a diario se producen en Colombia contra mujeres y niñas, se advierte una suerte de sorpresa en sectores de la opinión que juzgan como inaceptables y por supuesto, como oprobiosos dichos crímenes.

Por supuesto que estas prácticas criminales son repudiables. Pero detrás de las violentas reacciones sociales frente a violaciones de menores y feminicidios acaecidos recientemente en Colombia, se insinúa cierto nivel de asombro, cuando en la historia misma de la humanidad hay suficientes ejemplos de la capacidad del ser humano para violentar a sus semejantes. Eso sí, por ser histórica su naturalización resulta no solo inaceptable, sino que debe ser proscrita a través de eficaces procesos de civilización que en Colombia parece que devienen fallidos, a juzgar por los recientes casos de feminicidios, el execrable crimen de Michel Dayana y el ya casi olvidado caso de Yuliana Samboní, niña, indígena y pobre, asesinada vilmente por un hombre “blanco”, con poder económico.

No quiero decir que la ocurrencia de estos casos de violencia física y simbólica nos lleve a la inacción y al mutismo generalizado de la sociedad. No. Por el contrario, sobre el rechazo y la sanción sociales de estos crímenes y vejaciones a niñas y mujeres debemos insistir en la consolidación de procesos civilizatorios, con la esperanza de que algún día cesen los crímenes contra mujeres y menores de edad.

Lo que no se puede perder de vista es que detrás de los victimarios está una condición humana que deviene perversa, maliciosa, retorcida y proclive a someter y maltratar a los Otros, en especial, a las mujeres y niñas.

Esas formas extremadamente violentas con las que son violadas niñas y asesinadas mujeres terminan por soslayar la discusión sobre formas sutiles y casi que invisibles de violencia contra estas: el discurso publicitario, por ejemplo, las cosifica y las convierte en un atractivo objeto de consumo y potencial conquista (adquisición). En esa línea, la violencia contra las mujeres deviene sistémica y relacional con las condiciones en las que operan disímiles formas y manifestaciones del poder económico, social y político.

 

Los recientes feminicidios y los abusos y crímenes de menores como Michel Dayana González y más atrás en el tiempo, el de Yuliana Samboní, están instalados en lo que se conoce como Violencia Cultural (Galtung), auspiciada y legitimada por el discurso publicitario, arraigado en una sociedad machista, masculinizada y masculinizante, como la colombiana, que asegura la pérdida del valor ancestral de lo femenino.

Habría que examinar muy bien las conexiones que pueden existir y darse entre los deseos sexuales reprimidos de los victimarios, la valoración cultural que la sociedad hace de la Mujer, de su cuerpo y de lo femenino, y la abundancia de mensajes publicitarios en donde la mujer se ofrece como un objeto sexual que puede ser tomado, hurtado o poseído. Y por supuesto, la valoración o subvaloración de las niñas pobres o de clase media, que los victimarios y en general la sociedad hace de esa condición socioeconómica. Porque no podemos olvidar que la sociedad colombiana es clasista y racista.

Ojalá que ante los próximos casos de feminicidios y violencia sexual contra menores de edad que se produzcan en el país,  la capacidad de asombro no se circunscriba al rechazo de los hechos punibles y a la demonización de los actores, sino que se extienda de tal manera, que los estupefactos ciudadanos y agentes estatales sean capaces de reconocer las circunstancias contextuales (relacionales y sistémicas) que muy seguramente coadyuvan a que los victimarios actúen con cierta complacencia cultural ante el evidente desprecio de lo femenino, de la Mujer, y de las niñas, en especial cuando sobre estas recaen condiciones de marginalidad como el caso de Yuliana Samboní.  

Lo que nos debe asombrar no es el crimen y las técnicas usadas por los victimarios, pues la posibilidad de su ocurrencia está sujeta a la misma perversidad de la condición humana, en especial al lugar que cada victimario le da a la mujer, a lo femenino y al cuerpo. Lo que debemos comprender y rechazar con inusitada fuerza son los mecanismos y dispositivos culturales que la sociedad aprueba, usa, aplica, consume y legitima a diario (Violencia Cultural), para someter a las mujeres y a las niñas. Cuando hagamos conciencia de esto, quizás el asombro individual se torne colectivo y logremos exigir que se modifiquen y erradiquen las condiciones contextuales (Violencia Estructural, Galtung)) en las que suelen sobrevivir mujeres y niñas pobres y de clase media, violadas y asesinadas no solo por su género, sino porque sus vidas son consideradas despreciables e indignas, y, por lo tanto, insignificantes para las lógicas de los potenciales victimarios.

 

Imagen tomada de EL COLOMBIANO

ANDRÉS ESCOBAR, CANDIDATO AL CONCEJO DE CALI, COMPARTE CON URIBE LA CONDICIÓN DE IMPUTADO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La candidatura de Andrés Escobar al Concejo de Cali es la constatación de que, dentro del uribismo, el ejercicio de la violencia física es un valor moral del colectivo político y una apuesta ética de sus miembros, a juzgar por el apoyo que la senadora María Fernanda Cabal le reiteró, recientemente, a quien salió, cual pistolero del viejo Oeste americano, a echarle plomo a los manifestantes en el marco del estallido social de 2021.

El espaldarazo de la congresista al joven caleño se dio durante la inauguración de la sede del Centro Democrático en la ciudad de Cali. Aunque W radio tituló que dicha colectividad no entregó aún el aval a la candidatura de Escobar, los caleños saben que su aspiración cuenta con el respaldo de sectores uribistas de la capital y del partido, que gustan del porte de armas, del uso de la fuerza legítima del Estado y de que, en momentos precisos, civiles armados remplacen- usurpen a- la autoridad legítima, para hacer justicia de acuerdo con sus propias valoraciones.

El titular del medio radial dice: Centro Democrático no ha dado aval a Andrés Escobar. Y en el texto periodístico se lee “que ha existido polémica por si Andrés Escobar, será candidato al Concejo de Cali por la colectividad, recuerdan ustedes que Escobar fue imputado por posiblemente haberle disparado a un grupo de personas durante el paro nacional de 2021, y actualmente busca ser candidato al Concejo, incluso se tomó una foto con los logos del partido. Foto que causó polémica en redes, pero no hay al momento ninguna aceptación del Partido”.

Es posible que se trate de una estrategia de marketing político pues la figura de Escobar es rechazada por sectores sociales y políticos de la ciudad por los hechos conocidos por la ciudadanía en los que se vio al “polémico empresario” disparando a diestra y siniestra contra los manifestantes. Y también, porque agitar por estos días las banderas de ese partido es un riesgo electoral debido a la pérdida del teflón mediático que acompañó la imagen del inefable y ladino Álvaro Uribe Vélez.

El periódico El País, hoy en manos de la familia Gilinski, se refiere así al caso de Andrés Escobar: “El 28 de mayo de 2021 fue uno de los días que los manifestantes, en el marco del paro nacional de ese año, recuerdan a Andrés Escobar. Este joven caleño, en ese momento, disparó en contra de algunos de ellos. En las últimas horas, el empresario ha hecho oficial su aspiración al Concejo de la ciudad de Cali. Él, en la actualidad, tiene un proceso pendiente ante la justicia por lo ocurrido durante esas manifestaciones en Ciudad Jardín”.

Así las cosas, Andrés Escobar comparte con el expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez la condición de imputado, hecho que en una sociedad moralmente confundida como la colombiana, parece ser menor, en particular cuando se trata de aspirar a un cargo de elección popular.

La candidatura de Escobar, aunque legal desde las formalidades de nuestro sistema electoral y político, deviene ilegítima por todo lo que representa para una sociedad la manera como el candidato al Concejo de Cali asume y entiende el uso de la fuerza, el papel de la Policía y en general, los derechos a la protesta y las reivindicaciones sociales.

Le den o no el aval al señor Escobar, se consolida la negativa representación social que señala que el uribismo es la extensión y conversión de las ideas, mañas y prácticas políticas de Álvaro Uribe Vélez; en particular, en esa forma particular de asumir el poder, el uso de las armas, las diferencias ideológicas y étnicas y de entender el único papel que debe asumir el Estado: beneficiar a los más poderosos, en detrimento de los derechos de las grandes mayorías. La violencia, discursiva y la asociada al uso de las armas de fuego, así como la que está anclada a la vieja sentencia contractualista que naturaliza la autoridad legítima del Estado, confluyen en ese premoderno ideario uribista que agita Andrés Escobar. Huelga recordar lo dicho por la también uribista, Paloma Valencia, al referirse a los actos criminales cometidos por agentes estatales durante el estallido social: "el Estado cometió atrocidades, pero era legítimo". 

Imagen tomada de EL TIEMPO

LUIGI ECHEVERRY Y CARRASQUILLA SUEÑAN CON DEFENESTRAR A GUSTAVO PETRO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Las evidencias indican que la apuesta de la derecha neoliberal, de la mano de los medios masivos tradicionales, está en “hacer invivible la República”. La articulación de sectores de poder económico y político-mediático, en torno a ese propósito, es evidente. No hay día en que periodistas como Néstor Morales y Julio Sánchez no dediquen parte de sus programas radiales a las proclamas de la derecha que aún no acepta que perdieron las elecciones y por tanto, el control del Estado. Se suman, por supuesto, medios como EL Espectador, El Tiempo, La República y Semana a la consolidación de la narrativa que indica que el “país va mal”, a pesar de los positivos indicadores macro económicos representados en la confianza de los mercados e incluso, en el apoyo internacional de agencias internacionales a las reformas pensionales, laborales y a la salud, a las que se oponen las bancadas de los partidos Conservador, Liberal, Cambio Radical, La U y el Centro Democrático, agentes políticos al servicio de la oligarquía neoliberal que no quiere perder privilegios y se opone a dejar de manejar el Estado como si fuera su caja menor.

En medio de esas circunstancias llaman la atención dos opiniones que calzan perfectamente con las estrategias desestabilizadoras aupadas por la derecha neoliberal, que confluyen en lo que se conoce como Golpe de Estado Blando. La primera opinión la dio el nefasto Alberto Carrasquilla, exministro de Hacienda de Iván Duque, y responsable de las crisis financieras de varios municipios con los tales Bonos de Agua y del estallido social, por cuenta de su arbitraria reforma tributaria. Carrasquilla, consumado neoliberal, dijo que “el gobierno está pasando aceite, porque ya se acabó”, dijo en la W de Julio Sánchez.

El acto de habla de Carrasquilla constituye una clara invitación a tomar acciones de hecho, puesto que, al no haber gobierno, la anomia social sería el escenario más adecuado para tramitar las diferencias y superar los vacíos de poder que deja un gobierno que ya no opera. Carrasquilla se alinea con la sediciosa invitación que les hizo el fiscal Barbosa a los generales de la República, encaminada a desobedecer las órdenes y directrices del presidente y comandante supremo, Gustavo Petro. Al no haber gobierno, como lo señala Carrasquilla temerariamente, entonces el único camino que queda es a que los militares se tomen el poder a través de la conformación de una junta cívico-militar de la que deberían hacer parte Carrasquilla e incluso, el propio fiscal Barbosa.

El otro acto de habla lo lanzó Luis Guillermo Echeverry, conocido como Luigi: “es hora de que el sector privado defienda esta democracia”. A diferencia de la opinión de Carrasquilla, dada en el marco de la carta que enviaron varios exministros y académicos al presidente Petro con la solicitud de retirar la reforma a la salud, la de Echeverry hace parte de un artículo que le publicó el diario económico La República. En opinión del ganadero y fino oligarca, “¡un presidente puede estar enfermo de la cabeza, pero más enfermo está el país que a sabiendas, lo elige! La problemática de Colombia se agravó con la conducta mafiosa que caracteriza al populismo aliado al narcoterrorismo, ese es un grave problema. Pero cuando un líder revolucionario destructor de valor llega al poder, es porque la que está enferma y narcotizada es nuestra sociedad y al que tenemos que curar de las consecuencias de conductas de insensibilidad, indiferencia y corrupción, es al país”.

El texto citado hace parte de la vieja narrativa de la derecha neoliberal que capturó el Estado y por esa vía consolidó una verdadera plutocracia en Colombia. Luigi acusa a Petro de estar enfermo, pero también establece una temeraria relación entre sus políticas de corte populista y el narcoterrorismo. Es decir, Echeverry asegura que desde el 7 de agosto de 2022 quienes están sentados en la Casa de Nariño son miembros de las guerrillas. O más claro: que fueron los terroristas, de la mano de más de 11 millones de colombianos enfermos que votaron, los que pusieron a Petro en la presidencia, lo que sin duda le quita toda legitimidad por cuanto el Estado colombiano en estos momentos debería de hacer parte de los listados internacionales de países terroristas. ¿A juzgar por lo dicho por Luigi, qué hace el gobierno de los Estados Unidos apoyando a un gobierno y a un Estado terrorista?

La anterior interpretación de esa parte del discurso del ganadero y economista, tiene asidero en el siguiente párrafo: “No subestimemos el hecho de que organizaciones terroristas como las Farc-EP, el ELN, llevan varias décadas queriendo tomarse el poder y mediante todas las formas de lucha imponernos un régimen narco-comunista. Aún estamos a tiempo de rectificar y corregir los errores, pero ello demanda unidad y un liderazgo colectivo de nuestros mejores hombres y mujeres, para ordenar institucionalmente el país dentro de un marco de legalidad y no de impunidad”.

En su precario “análisis” o en su retorcida doxa, Echeverry desconoce los problemas que ha tenido el gobierno de Petro para negociar con los grupos que nombra el columnista. Se trataría, entonces, de una pantomima, debido a que ya el Comando Central y los líderes de la Segunda Marquetalia co-gobiernan con Petro.

En su diatriba, Echeverry termina con una invitación que bien se acerca a la invitación de Barbosa y que calza perfectamente con el proyecto defenestrador que maquinan de tiempo atrás sectores de poder político que hacen resistencia, no oposición, al gobierno de Gustavo Petro. Este niño mimado habla de defender la democracia. Vaya uno a saber qué entenderá por democracia este fino ganadero. Quizás confunda el concepto de democracia con las realidades que el país ha vivido desde 1991, y que bien permiten el calificativo de Plutocracia o Kakistocracia.  Lo cierto es Luigi está invitando a los empresarios a defenestrar al presidente Petro.

“Aún estamos a tiempo de defender la democracia. Este es el momento, hay que entender que cuando se presentan las grandes crisis surgen oportunidades de cambiar corrigiendo los errores, después, ya puede ser muy tarde. Es ahora o nunca. Si seguimos el camino destructivo que lleva la región, caeremos todos en la irreversibilidad de la miseria, perderemos la esperanza y la pobreza será el único lugar para migrar. Entendamos que sesenta años de revolución cubana y casi veinticinco de venezolana, nos enseñan que desde el exilio no se recupera la libertad de una nación, y que si no actuamos ahora, nos dividen, implantan un totalitarismo y se perderán 215 años de tradición democrática”.

Quizás Carrasquilla y Echeverry están esperando a que emerja un militar que, a grito herido, exclame: “Aquí, defendiendo la democracia maestro”. Sueñan estos dos irresponsables con ver llegar los tanques de guerra a la Casa de Nariño, para sacar de allí a Petro y a su familia, para instaurar un régimen de facto.

Para aquellos y aquellas que no conozcan quién es Luigi Echeverry, traigo a colación lo que en su momento dijo la también inefable María Fernanda Cabal, en una especie de “fuego amigo”: “Duque es puesto por Fabio Echeverri Correa porque Duque fue el muchacho inteligente y aplicado que mandó para acompañar al vago de su hijo, que no sirve pa’ un culo, que es Luigui Echeverri”.

Imagen tomada de EL TIEMPO 

PAGAR POR NO MATAR

Por Germán Ayala Osorio

En medio de las sempiternas crisis humanitarias que soporta el puerto de Buenaventura, el presidente Petro anunció la creación de un programa social que preliminarmente el propio mandatario bautizó con la polémica frase Pagar por no matar.

De inmediato, sus opositores en la prensa entraron a cuestionar la frase y los alcances de la propuesta. Más allá de los onerosos costos económicos de un programa que beneficiaría a más de 1.000 jóvenes que ya hacen parte de estructuras delincuenciales o que están en riesgo de llegar a entrar en estas, hay asuntos que se deben revisar con extremo cuidado.

El primero y quizás el más importante tiene que ver con una tarea pendiente que tiene el Estado: asegurar para sí, el monopolio de las armas, esto es, que las armas estén en manos exclusivamente en las fuerzas armadas y no como sucede en Buenaventura y en otras partes del país, en manos de pandillas, grupos armados organizados y estructuras sicariales y narco-paramilitares.

Si las autoridades no logran romper las cadenas de distribución de las armas y las municiones, ese programa social encaminado a salvar a estos jóvenes de pertenecer a dichas estructuras criminales fracasará con rotundo éxito. Para lograrlo, hay que sacar de las filas a quienes desde la institucionalidad facilitan la compra y venta de armas y pertrechos para las guerras urbanas que se dan en Cali, Medellín, Bogotá y Buenaventura, entre otros territorios. En eso, todos los gobiernos fracasaron.

El segundo asunto tiene que ver con la comprensión del tipo de masculinidades que allí confluyen. No se trata exclusivamente de ofrecerles estudios en el SENA a unos muchachos que, justamente, desertaron del sistema educativo porque estudiar no es una opción de vida atractiva. Quizás lo más conveniente sea ofrecerles trabajo como “policías comunitarios”, figura a crearse en la que estos muchachos, enamorados de las armas y del poder que encarna patrullar las calles con uniformes, encuentren el espacio en donde tramitar las presiones, angustias e ideas que concurren en eso de ser hombre en sectores marginados, empobrecidos y en núcleos familiares disonantes y en evidente crisis éticas y morales por la inexistencia de una formación estructurada en esos ámbitos.

Tener dinero, poder y armas son elementos que seducen a estos jóvenes cargados de testosterona. Hay que encontrar, dentro de la legalidad, qué los seduce, para que este programa y otros que se diseñen, no fracasen por la deserción o el incumplimiento de las expectativas generadas.

Un tercer elemento tiene que ver con los referentes con los que estos jóvenes se identifican, en una ciudad puerto consumida por la corrupción, la desidia estatal y un evidente racismo estructural que ralentiza o impide incluso las esperadas intervenciones que debieron producirse desde los Estados nacional, regional y local. Construir ciudadanía y Estado es la tarea primordial, que irá de la mano de la entrega de los subsidios, ayudas o como se quiera llamar.

En el fondo, lo que se vive en Buenaventura es una crisis civilizatoria que se conecta muy bien con el modelo de desarrollo imperante, ancorado como ningún otro, a un racismo que se manifiesta desde la propia institucionalidad estatal y un desprecio por la vida de los demás, incluido por supuesto, el desprecio por los ecosistemas naturales que rodean al puerto, sometidos de tiempo atrás a una intervención insostenible ecológica, ambiental y cultural.

Pagar por no matar puede sonar mal en un país en el que hay cientos de miles de jóvenes que jamás empuñaron un arma y que siguen esperando una ayuda del Estado. Pero, contextualmente y de acuerdo con la crisis civilizatoria que se expresa en Buenaventura, se trata de una iniciativa bienintencionada que necesita estructurarse bien para que no fracase.  Bastaría que los clanes políticos dejarán de robarse los recursos públicos, para hacer sostenible y legítima la entrega de ayudas en programas sociales como el que puede salir de la propuesta Pagar por no matar.

Imagen tomada de El Colombiano