EN CALI, CRECEN REYERTAS ENTRE AGENTES DE TRÁNSITO Y MOTOCICLISTAS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Son ya innumerables los casos de enfrentamientos verbales y físicos entre agentes de tránsito y conductores, especialmente de motocicletas en la ciudad de Cali. Las reyertas entre los agentes de movilidad y los motorizados parecen no decirle nada al alcalde Alejandro Eder sobre los graves impactos que viene generando su política institucional de castigar a los infractores con multas, en lugar de jugársela por educarlos y por esa vía evitar las trifulcas y la mutua animadversión que ya hizo carrera entre usuarios de las vías y las autoridades de control.

No se trata de negar que efectivamente hay conductores que infringen las normas de tránsito y que esas conductas van invitando a que la indisciplina social se legitime y se haga costumbre. Pero insistir exclusivamente en el castigo económico por la vía de la imposición de multas e inmovilizaciones de los vehículos invitan a que los infractores reaccionen de manera violenta, así como los conductores que a pesar de contar con los documentos en regla sienten que los constantes requerimientos constituyen un acoso institucional, al parecer justificado por el afán de la Secretaría de Movilidad de imponer comparendos exclusivamente para cumplir con metas de tipo económico.

Las agresiones verbales y físicas entre unos y otros pueden terminar en acciones que pueden tipificarse como tentativas de homicidio o lesiones personales. Es tiempo de que la Alcaldía revise el sentido punitivo de los operativos viales para darle una oportunidad a las campañas pedagógicas e incluso a darles un compas de espera a los conductores para que, en un tiempo prudente, se pongan al día con los documentos y asuman el compromiso de respetar las normas de tránsito.

Los recurrentes casos de agresiones entre conductores y usuarios de aeropuertos y agentes de tránsito y policías son claras expresiones de intolerancia e irrespeto, pero también del desconocimiento de los límites entre dos conceptos que suelen confundirse: poder y autoridad.

Es posible que en la vida cotidiana los ciudadanos comprometidos en las refriegas que se hacen virales en las redes sociales tengan esa confusión, en especial los uniformados de la policía y del tránsito que son los que finalmente representan objetivamente la autoridad y hacen uso del poder que les confiere la ley.

A propósito de los dos conceptos, Sartori sostiene que “la diferencia entre poder y autoridad puede ser traducida, entonces, en la diferencia entre modalidad desagradable y modalidad deseable de control. El poder, como tal, es un hecho de fuerza sostenido por sanciones; es una fuerza que se impone desde arriba sobre quien la sufre. En cambio, la autoridad emerge de una investidura espontánea y recaba su fuerza del reconocimiento: es un poder de prestigio que recibe de él su legitimidad y eficacia”.

El país recuerda el caso del agente de tránsito de Bucaramanga que le lanzó un cono a un motociclista que invadió el carril exclusivo del transporte masivo de esa ciudad. Ese funcionario no ejerció su autoridad, sino que usó un instrumento con el que claramente buscaba desestabilizar al motorizado, lo que finalmente ocurrió, con el desenlace fatal jamás esperado por el guarda de tránsito: el muchacho murió, lo que desató la ira de cientos de motociclistas que participaron de los disturbios en los que derivó la acción del agente de tránsito. En este caso, lo que hizo el guarda fue desviar su poder sancionatorio hacia una acción temeraria y violenta que terminó con la muerte del joven infractor. Esto puede suceder en Cali, si las autoridades no morigeran sus actitudes, muchas hostiles y explicables por las violentas reacciones de los conductores sancionados o requeridos en los retenes viales.

En ese caso, el agente se equivocó, pues bien pudo apelar a otros recursos y acciones para sancionar al motociclista que violó la norma. Por ejemplo, informar por radio para que más adelante el infractor fuera detenido y multado como corresponde según la norma vigente.  Queda por examinar y evaluar en este y en otros casos los grados de legitimidad social que la ciudadanía les está reconociendo a los agentes de tránsito y de policía involucrados en las mutuas agresiones.

Para el caso de Cali, le corresponde a la Alcaldía de Cali y a su Secretaría de Movilidad averiguar si entre los ciudadanos y en particular entre los conductores de motos si las conductas violentas obedecen a la falta de reconocimiento social de la autoridad de tránsito y de sus agentes, circunstancia social, cultural e institucional que los impulsa a desobedecer las normas y agredir a los agentes. Insistir en aplicar las normas sin examinar las circunstancias contextuales y las que subsisten para cada caso, constituye un error.

Quienes están investidos de un uniforme deben entender que el reconocimiento de su autoridad depende también de las maneras como se acercan a los ciudadanos. Es por eso que deben exhibir un comportamiento moral y éticamente superior al de los demás ciudadanos sobre los que puede recaer el poder derivado de la función pública. Igualarse a los golpes y al lanzamiento mutuo de improperios y amenazas con los infractores que los agreden no es el camino para ganarse el respeto de la ciudadanía. 

enfrentamientos entre guardas de transito y motociclisats en Cali - Búsqueda Imágenes

ESTUDIANTES ATROPELLADOS Y EL ESTREPITOSO SILENCIO DEL ALCALDE ALEJANDRO EDER

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El alcalde de Cali, Alejandro Eder se hizo elegir con la idea de campaña “vamos a recuperar a Cali, a devolverle la dignidad a los caleños y a reconciliarnos”. Las acciones con las que buscó concretar la etérea y electorera propuesta se redujeron a tratar de disciplinar a los conductores de motos y automóviles imponiéndoles comparendos y confiscando motocicletas. Esto parece significar que los demás problemas de la ciudad podrán esperar o terminar profundizándose porque la apuesta de Eder es “disciplinar a los caleños”.

Eder ha sido un alcalde mediático, lo que le ha permitido construir una imagen de un mandatario diligente y defensor número uno de su idea de “recuperar el orden”, lo que implica respetar las normas, proscribir todas las formas de violencia y reconciliar a los caleños.

Llama la atención su estruendoso silencio frente al caso del atropellamiento de 4 estudiantes de la Universidad del Valle por parte de dos ciudadanos que usaron sus vehículos como armas en contra de los alumnos que bloqueaban la avenida Pasoancho, en el marco de una protesta por el feminicidio de Sirley López, estudiante de la misma universidad. Dicho crimen se perpetró días atrás en la sede de Palmira.

Hay quienes atribuyen su estrepitoso mutismo a la lectura ideologizada y de clase que estaría haciendo de los hechos, dado que los protagonistas son estudiantes de Univalle, alma máter sobre la que recaen procesos estigmatizantes por los eternos enfrentamientos con la policía y actos vandálicos protagonizados por los “históricos capuchos”, mientras que el victimario sería un norteamericano.

El abogado penalista, Elmer Montaña Cuéllar, veedor y crítico de la alcaldía de Eder, en su cuenta de X se refirió al silencio del burgomaestre. El jurista señala que resulta inaceptable que Eder no haya salido a los medios masivos a rechazar la intencional embestida de los dos conductores y a solidarizarse con las víctimas del atropellamiento. Y de verdad que llama la atención la extraña discreción de Eder por cuanto en el mencionado caso confluyen las prácticas sociales que él como alcalde desea erradicar de la ciudad: la violencia, la intolerancia y el irrespeto a las normas de tránsito. No creo que se pueda “reconciliar a los caleños” haciendo lecturas ideologizadas y de clase frente a unos hechos que de acuerdo con abogados las primeras valoraciones penales oscilan entre lesiones personales dolosas, terrorismo y homicidio en grado de tentativa.

Recientemente salió en defensa del Guarda José Félix Angulo, víctima de expresiones racistas de parte de Alexis Velasco. Así reaccionó el burgomaestre ante la arremetida racializada emprendida por Velasco: “en Cali no hay espacio para el racismo, la ilegalidad ni para la violencia. Desde un principio he sido claro: estamos trabajando por recuperar el orden, y eso lo logramos recuperando el orden. Caleños, los invito a cumplir con las normas y a ser respetuosos con el prójimo”.

Está muy bien la defensa que hizo del Guarda José Félix Angulo. Los estudiantes atropellados merecen, como mínimo, un mensaje de solidaridad de quien prometió “recuperar el orden y reconciliar a los caleños”.

Imagen tomada de la red X. 

ASESINATO DE SARA GONZÁLEZ Y EL ETHOS NAZI

 

Por Germán Ayala Osorio

El cruel asesinato de Sara Millerey González Borja, de 32 años, en Bello, Antioquia, es la constatación de que, en Colombia, y en particular en Antioquia, deambula un ethos nazi que busca a toda costa y a través de diversas formas de violencia física y simbólica eliminar las diferencias políticas, ideológicas, religiosas y la libertad sexual. Detrás de los que gritan que viva la Antioquia Federal hay elementos nazis atados a la búsqueda de una soñada “pureza étnica”, o para el caso específico, de la pureza de la “raza antioqueña” de la que solo son dignos representantes los machos cabríos y cachondos, muchos de esos violadores de mujeres.

Estamos ante un ethos nazi en el que confluyen prácticas culturales asociadas a la visión conservadora de una parte importante de esa sociedad de la que se desprenden la homofobia y la transfobia, expresiones de esa animadversión que les produce los que se atreven a cuestionar los patrones culturales en cabeza del “macho paisa, berraco, borracho, creyente en Dios, camandulero y preñador”.

De lo corrido del año han sido asesinadas en el país 24 personas de la población LGTBIQ+, de las cuales 13 ocurrieron en Antioquia. La cifra habla por sí sola: algo pasa al interior de los antioqueños que odian a los diferentes y están dispuestos a asesinarlos por cuestionar simbólica y físicamente la sentencia religiosa que dice que “Dios creó al Hombre y a la Mujer. Lo demás, es degenero, cochinada, una aberración o relaciones excrementales”. No. Lo único excremental aquí es el ethos nazi antioqueño con el que unas cuantas bestias deciden quién debe morir y quién no. La sevicia con la que atacaron a Sara es propia de “machitos” que muy seguramente necesitan de ese tipo de reacciones violentas, bien para tratar de afianzar su desquiciada y cuestionada masculinidad; o para vengar eventuales episodios de acoso sexual. En cualquier caso, los victimarios de Sara son unos malditos criminales, unas bestias despiadadas; unos homúnculos despreciables que en gavilla menospreciaron la vida de Sara.

Alcanzo a imaginar a los victimarios de Sara ir a misa cada domingo a persignarse y recibir el “cuerpo” del Señor. Como también los visualizo celebrando con pólvora y trago su crimen porque probaron “finura” ante los otros miembros del “club de machos” que andan al acecho de mujeres trans y otros miembros de la población LGTBIQ+.

Adenda: cifras del colectivo Caribe Afirmativo.

Imagen tomada de El Espectador

PERFILAR, CANCELAR Y ELIMINAR, UN ASUNTO CULTURAL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El lenguaje del silencio, junto a los actos de habla suelen decir mucho de lo que somos como individuos y como sociedad que comparte unos mismos códigos lingüísticos. Para el caso colombiano dentro del colectivo social hay sectores de poder, incluido el de la prensa hegemónica, que arrastran una historia de inmorales silencios que vienen atados al interés de negar responsabilidades ético-políticas frente a hechos como los falsos positivos, la corrupción en las altas esferas de la República oligárquica, las crisis climáticas generadas por un desarrollo económico insostenible y recientemente frente a los restos humanos encontrados en La Escombrera, fosa común en la que, de acuerdo con informes oficiales, inhumaron cientos de cuerpos de jóvenes durante la Operación Orión, en los tiempos del temido régimen holocáustico de Álvaro Uribe Vélez.

Con la negación de esas responsabilidades los mutismos de todos los agentes sociales, políticos, mediáticos y económicos comprometidos suelen permitir que el resto de la sociedad los caracterice como inmorales y éticamente pérfidos. Los efectos sistémicos de esos atronadores silencios son evidentes y peligrosos por cuanto devienen asociados a las prácticas de un poder hegemónico cuyos principales líderes, voceros y exponentes están convencidos de su condición perenne por una razón fundamental: ya hacen parte de la cultura. Una vez instalados los mutismos y los crímenes contra la Naturaleza y la condición humana en la cultura es poco lo que se puede hacer. Ese es el caso de Colombia. Hay instalado en los imaginarios colectivos, pero en particular en la élite tradicional un ethos mafioso, criminal y sádico que los hace intolerantes a cualquier crítica o exposición pública de sus aberraciones y cómplices silencios, tal y como lo viene haciendo el presidente de la República.

Es en ese marco contextual en el que hay que entender los perfilamientos de los que fueron víctimas una veintena de defensores del gobierno de Petro en la red X, convertida en un cruento escenario ideologizado en el que el sicariato moral va y viene como práctica compartida entre los que se auto reconocen como “Petristas” y aquellos protectores de las astucias, el ethos mafioso y los inquietantes silencios de los agentes de la República oligárquica que durante más de 50 años consolidaron en Colombia un régimen afrentoso contra aquellos que se atrevieran a pensar distinto. Sería recomendable que desde los dos extremos le bajaran al tono pendenciero y a la violencia verbal que vienen usando en la red X. 

Ese tipo de perfilamientos abre el camino para que de la violencia lingüística y simbólica se pase rápidamente a la violencia física y a la eliminación del adversario convertido previamente en un enemigo cuya vida se considera inútil, contra natura y perjudicial para la prolongación en el tiempo de esa tradición que dicta quiénes hacen parte del selecto grupo de la élite dominante y quienes seguirán haciendo parte de la amplia comunidad de los sometidos o subordinados.

La llegada de Gustavo Petro a la presidencia de la República y sus peleas con algunos agentes de la oligarquía despertaron a cientos de miles de colombianos que sienten que están en todo el derecho de expresar su admiración por el exguerrillero, excongresista y exalcalde de Bogotá y defender su obra de gobierno, inmersos en el pozo séptico de las redes sociales. Quienes creen que ello es posible, loable y necesario parecen olvidar que operan en el país escuelas de sicarios derivadas de la paz mal hecha con los paramilitares. Sus más aventajados alumnos están prestos a que alguien les dé la orden desde un frío escritorio para empezar a desaparecer a los recientemente perfilados o simplemente decidan a mutuo propio hacer la “limpieza social” tal y como se hizo años atrás en el marco de la Operación Orión en la Comuna 13 de Medellín.

Terminar los días en una funeraria o quizás en una fosa común por defender a Petro o las ideas progresistas será la más lamentable constatación de que asesinar al que piensa diferente sigue haciendo parte de nuestra sádica y fascista cultura.  

Adenda: dentro de las curiosidades lingüísticas encontramos que Perfilar se escribe con P de Paramilitares, Parqueadero, Padilla, Preso, Perseguidos, Patrón, Pereque, Paz, Pillos, Putrefacto, Pánfilos, Patria y Patrioterismo.

 

Tomado de la red X. 

‘Para-justice’ or vigilante justice in Colombia

 The citizens’ weariness with street thieves naturalised revenge and punishment as instruments of a kind of dangerously vindictive “para-justice”.

 

German Ayala Osorio*

 

Every day, videos are posted on social media showing citizens, particularly men, subjecting thieves to violent punishments they call “paloterapia” (lynching), cognitive recalibration, therapeutic massages (punching the thief), brain resetting or brain reprogramming“.

All of them are striking euphemisms that produce hilarity and at times distract us from their real meaning and the impact they have on the rest of society: they are primitive reactions of those who, in a gang and in a cowardly manner, savagely beat the rascals.

This legitimises revenge, vigilante justice and, in many cases, the murder of the “owners of other people’s property”.

These cowardly and primitive reactions take place before the arrival and intervention of the police. Even when the perpetrators are already in the hands of the police, the punishment continues with the consent of the uniformed officers who are outnumbered by the horde of savages who are present at the scene to participate in the massive and public “lynching”.

We hear cries of “hit him hard, in the head, kill him, kill that rat bastard”. All adjectives and tenebrous harangues that clearly seek to strip the thugs of their human condition, to give them the precise place with which to facilitate “cognitive recalibration” and their death: they are a “filthy rat” and therefore do not deserve to live.

Despite calls from the authorities themselves for people not to take the law into their own hands, the violent spectacles continue. On account of the “therapeutic massages”, the street and the public space become spaces where people fight for survival, in a jungle where the most violent, the most macho will always triumph. On the side of the muggers, their lives are in danger because they know that if they fall into the hands of the “furtive and violent judges”, they can suffer serious injuries and die. And on the side of the permanent street users, they know that the value of their lives depends, basically, on the high commercial value of the watch, bracelet, ring or mobile phone they carry and on what the bandits who have also become “judges” receive from them, whose decisions are based on the thieves’ reason: “I am hungry and you have plenty of money”.

Victims and perpetrators are children of the same society and of the same cultural, political, social and economic systems that reproduce the problems and virtues of a community that has become accustomed to the absence of the state as a moral reference point for an order that has not yet been consolidated.

Vigilante justice is justified because kleptomaniacs regain their freedom a few hours or days after committing their crimes. The police explain that they comply with bringing them before judges, but in the face of a minor crime and prison overcrowding, the rogues are then ordered to be released and return to the streets to make a living, even if it means exposing their own lives and determining which of their victims they do not murder.

Under these circumstances, then, the “right to take justice into one’s own hands” comes to life. The sum of this right allows the violent public spectacles called “paloterapia” (stick beatings; lynching) to be legitimised by the inaction of congressmen and judges who walk these same streets protected by the accumulated rage of hundreds of thousands of citizens who know that public space in Colombia is the place where everything is at stake.

Those who participate in the cruel “lynchings” should know that by their actions they end up resembling petty thieves. The contempt for the lives of the thieves does not make them better citizens. On the contrary, it puts them on the same level of immorality that the crooks have long since settled into.

*German Ayala Osorio: Journalist, writer and political scientist, with a Ph D in Sustainable Regions. Author of the blog La otra tribuna.

 

 (Translated by Cristina Popa – Email: gcpopa83@gmail.com) – Photos: Pixabay

DISIDENCIAS DE IVÁN MORDISCO Y SU GUERRA CONTRA LOS NASA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El crimen de Carmelina Yule Paví, lideresa Nasa, a manos de miembros de las disidencias de Iván Mordisco provocó la ruptura del cese al fuego bilateral firmado entre los delegatorios del Gobierno de Gustavo Petro y los de esa estructura armada ilegal.

El presidente Petro debió ir más lejos y ordenar el levantamiento de la mesa de la delegación gubernamental, pues ese grupo “guerrillero” viene usando el cese bilateral del fuego para armarse y reclutar menores de edad, en particular adolescentes indígenas. Justamente, en un intento por recuperar a un menor plagiado, con fines de reclutamiento forzoso, comuneros Nasa y miembros de la Guardia fueron atacados a tiros. Al final, el doloroso balance deja a la señora Yule Paví muerta y herido a Rodrigo UI Musicué. 

En el mal llamado Estado Mayor Central (EMC) hay “guerrilleros” con una nula formación política y académica, si se les compara con los perfiles de Alfonso Cano y Manuel Marulanda Vélez, líderes que en varios procesos de paz sentaron sus tesis bajo las cuales justificaron el levantamiento armado en los años 60. Por el contrario, Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, es un personaje violento y poco leído, que representa la decadencia de la lucha armada. El mismo presidente Gustavo Petro llamó a alias Iván Mordisco “traqueto vestido de revolucionario”.

El alias de Iván Mordisco dice mucho del talante de este “subversivo”.  Su perfil se acerca más a la altura moral y política del Mono Jojoy o de alias el Negro Acacio. InSigth Crime dice de Vera Fernández que “es conocido por ser un líder especialmente violento, que desprecia a la población civil. Como comandante del Frente 1 desde 2012, Mordisco estuvo detrás de delitos como la extorsión de comerciantes, agricultores y otros habitantes rurales, así como de la minería ilegal. Las autoridades colombianas también le acusaron de reclutar menores de edad”.  

La decisión valerosa de la Guardia Indígena de salir en la búsqueda de otros menores plagiados por la "Dagoberto Ramos" o la "Jaime Martínez!, con fines de reclutamiento, así como de los cabecillas que asesinaron a Carmelina Yule, los expone aún más a las retaliaciones de un grupo armado ilegal que exhibe un enorme desprecio por la población civil, circunstancia esta que deviene atada a la nula formación política de los auto llamados “revolucionarios”. En esa línea argumentativa, el actuar de los “guerrilleros” está ancorado al espíritu violento de unos “machitos” a los que, internamente, solo les interesa demostrar fiereza y arrojo para descrestar a sus comandantes; en el plano externo, su rabiosa testosterona está dirigida a intimidar mujeres y menores de edad y dado el caso, provocar a hombres indígenas capaces de salirles al ruedo, acompañados solamente de sus bastones de mando.

El insuceso, ocurrido en Toribío (Cauca), puede inscribirse en la tesis planteada por Daniel Pécaut, “Guerra contra la sociedad”. El autor francés propuso esa denominación a los múltiples fenómenos de violencia, incluida la guerrillera, lo que confirmaría la desaparición de tensiones sociales. La llegada de un exmiembro del M-19 al Solio de Bolívar debió asumirse por las disidencias de las Farc y el propio ELN como una oportunidad histórica para facilitarle las cosas al primer gobierno de izquierda. Insistir en la violencia armada confirma su anacronismo y el interés de mantener una lucha armada, más por las ganancias que les entregan la economía ilegal (narcotráfico y minería), que por el loable propósito de luchar por asegurar los cambios que el país necesita.   

Para el caso que nos ocupa en esta columna, lo que estaría sucediendo en los resguardos del Cauca es una “guerra contra los Nasa”, declarada por Iván Mordisco. Lo curioso es que dentro de las filas de ese grupo armado ilegal que obedece a Néstor Gregorio Vera hay mestizos e incluso, hombres con aspecto indígena a los que les queda muy fácil “mimetizarse” entre los comuneros y la población que vive en los alrededores de los resguardos indígenas del Cauca.

El Estado colombiano tiene la obligación de proteger a las comunidades indígenas. Los sistemáticos ataques de la "Dagoberto Ramos" y la "Jaime Martínez" a los Nasa del Cauca le restan legitimidad a la mesa de diálogo. Tanto los Nasa, como las autoridades, deben prepararse para enfrentar de manera conjunta el desafío social, militar y político que el EMC viene consolidando en el departamento del Cauca. El gobierno debe levantarse de la mesa de diálogo, así ello signifique pasar del anhelo maximalista de la Paz Total, al retorno a una vieja condición que loa colombianos ya conocen: la Guerra Total. No hay tiempo para tibiezas.  

 

Imagen tomada de EL TIEMPO.COM

LOS CASOS DE MICHEL DAYANA GONZÁLEZ Y YULIANA SAMBONÍ EN PERSPECTIVA CULTURAL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El cruel asesinato de Michel Dayana González, de 15 años, nuevamente expone una realidad insoslayable: las mujeres y las menores no están seguras en una sociedad machista, violenta, misógina y racista. Y de nuevo, aparecen los epítetos para deshumanizar al victimario de la menor, en una clara intención de que, ante un descuido de las autoridades, Harold Echeverry sería linchado hasta producirle la muerte. Los sentimientos de venganza en contra de los feminicidas se dan en buena medida porque el aparato judicial del país sigue fundado en valoraciones masculinas de los hechos punibles.

Detrás de los exaltados, sentimentales y violentos rechazos a los crímenes que a diario se producen en Colombia contra mujeres y niñas, se advierte una suerte de sorpresa en sectores de la opinión que juzgan como inaceptables y por supuesto, como oprobiosos dichos crímenes.

Por supuesto que estas prácticas criminales son repudiables. Pero detrás de las violentas reacciones sociales frente a violaciones de menores y feminicidios acaecidos recientemente en Colombia, se insinúa cierto nivel de asombro, cuando en la historia misma de la humanidad hay suficientes ejemplos de la capacidad del ser humano para violentar a sus semejantes. Eso sí, por ser histórica su naturalización resulta no solo inaceptable, sino que debe ser proscrita a través de eficaces procesos de civilización que en Colombia parece que devienen fallidos, a juzgar por los recientes casos de feminicidios, el execrable crimen de Michel Dayana y el ya casi olvidado caso de Yuliana Samboní, niña, indígena y pobre, asesinada vilmente por un hombre “blanco”, con poder económico.

No quiero decir que la ocurrencia de estos casos de violencia física y simbólica nos lleve a la inacción y al mutismo generalizado de la sociedad. No. Por el contrario, sobre el rechazo y la sanción sociales de estos crímenes y vejaciones a niñas y mujeres debemos insistir en la consolidación de procesos civilizatorios, con la esperanza de que algún día cesen los crímenes contra mujeres y menores de edad.

Lo que no se puede perder de vista es que detrás de los victimarios está una condición humana que deviene perversa, maliciosa, retorcida y proclive a someter y maltratar a los Otros, en especial, a las mujeres y niñas.

Esas formas extremadamente violentas con las que son violadas niñas y asesinadas mujeres terminan por soslayar la discusión sobre formas sutiles y casi que invisibles de violencia contra estas: el discurso publicitario, por ejemplo, las cosifica y las convierte en un atractivo objeto de consumo y potencial conquista (adquisición). En esa línea, la violencia contra las mujeres deviene sistémica y relacional con las condiciones en las que operan disímiles formas y manifestaciones del poder económico, social y político.

 

Los recientes feminicidios y los abusos y crímenes de menores como Michel Dayana González y más atrás en el tiempo, el de Yuliana Samboní, están instalados en lo que se conoce como Violencia Cultural (Galtung), auspiciada y legitimada por el discurso publicitario, arraigado en una sociedad machista, masculinizada y masculinizante, como la colombiana, que asegura la pérdida del valor ancestral de lo femenino.

Habría que examinar muy bien las conexiones que pueden existir y darse entre los deseos sexuales reprimidos de los victimarios, la valoración cultural que la sociedad hace de la Mujer, de su cuerpo y de lo femenino, y la abundancia de mensajes publicitarios en donde la mujer se ofrece como un objeto sexual que puede ser tomado, hurtado o poseído. Y por supuesto, la valoración o subvaloración de las niñas pobres o de clase media, que los victimarios y en general la sociedad hace de esa condición socioeconómica. Porque no podemos olvidar que la sociedad colombiana es clasista y racista.

Ojalá que ante los próximos casos de feminicidios y violencia sexual contra menores de edad que se produzcan en el país,  la capacidad de asombro no se circunscriba al rechazo de los hechos punibles y a la demonización de los actores, sino que se extienda de tal manera, que los estupefactos ciudadanos y agentes estatales sean capaces de reconocer las circunstancias contextuales (relacionales y sistémicas) que muy seguramente coadyuvan a que los victimarios actúen con cierta complacencia cultural ante el evidente desprecio de lo femenino, de la Mujer, y de las niñas, en especial cuando sobre estas recaen condiciones de marginalidad como el caso de Yuliana Samboní.  

Lo que nos debe asombrar no es el crimen y las técnicas usadas por los victimarios, pues la posibilidad de su ocurrencia está sujeta a la misma perversidad de la condición humana, en especial al lugar que cada victimario le da a la mujer, a lo femenino y al cuerpo. Lo que debemos comprender y rechazar con inusitada fuerza son los mecanismos y dispositivos culturales que la sociedad aprueba, usa, aplica, consume y legitima a diario (Violencia Cultural), para someter a las mujeres y a las niñas. Cuando hagamos conciencia de esto, quizás el asombro individual se torne colectivo y logremos exigir que se modifiquen y erradiquen las condiciones contextuales (Violencia Estructural, Galtung)) en las que suelen sobrevivir mujeres y niñas pobres y de clase media, violadas y asesinadas no solo por su género, sino porque sus vidas son consideradas despreciables e indignas, y, por lo tanto, insignificantes para las lógicas de los potenciales victimarios.

 

Imagen tomada de EL COLOMBIANO

ANDRÉS ESCOBAR, CANDIDATO AL CONCEJO DE CALI, COMPARTE CON URIBE LA CONDICIÓN DE IMPUTADO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La candidatura de Andrés Escobar al Concejo de Cali es la constatación de que, dentro del uribismo, el ejercicio de la violencia física es un valor moral del colectivo político y una apuesta ética de sus miembros, a juzgar por el apoyo que la senadora María Fernanda Cabal le reiteró, recientemente, a quien salió, cual pistolero del viejo Oeste americano, a echarle plomo a los manifestantes en el marco del estallido social de 2021.

El espaldarazo de la congresista al joven caleño se dio durante la inauguración de la sede del Centro Democrático en la ciudad de Cali. Aunque W radio tituló que dicha colectividad no entregó aún el aval a la candidatura de Escobar, los caleños saben que su aspiración cuenta con el respaldo de sectores uribistas de la capital y del partido, que gustan del porte de armas, del uso de la fuerza legítima del Estado y de que, en momentos precisos, civiles armados remplacen- usurpen a- la autoridad legítima, para hacer justicia de acuerdo con sus propias valoraciones.

El titular del medio radial dice: Centro Democrático no ha dado aval a Andrés Escobar. Y en el texto periodístico se lee “que ha existido polémica por si Andrés Escobar, será candidato al Concejo de Cali por la colectividad, recuerdan ustedes que Escobar fue imputado por posiblemente haberle disparado a un grupo de personas durante el paro nacional de 2021, y actualmente busca ser candidato al Concejo, incluso se tomó una foto con los logos del partido. Foto que causó polémica en redes, pero no hay al momento ninguna aceptación del Partido”.

Es posible que se trate de una estrategia de marketing político pues la figura de Escobar es rechazada por sectores sociales y políticos de la ciudad por los hechos conocidos por la ciudadanía en los que se vio al “polémico empresario” disparando a diestra y siniestra contra los manifestantes. Y también, porque agitar por estos días las banderas de ese partido es un riesgo electoral debido a la pérdida del teflón mediático que acompañó la imagen del inefable y ladino Álvaro Uribe Vélez.

El periódico El País, hoy en manos de la familia Gilinski, se refiere así al caso de Andrés Escobar: “El 28 de mayo de 2021 fue uno de los días que los manifestantes, en el marco del paro nacional de ese año, recuerdan a Andrés Escobar. Este joven caleño, en ese momento, disparó en contra de algunos de ellos. En las últimas horas, el empresario ha hecho oficial su aspiración al Concejo de la ciudad de Cali. Él, en la actualidad, tiene un proceso pendiente ante la justicia por lo ocurrido durante esas manifestaciones en Ciudad Jardín”.

Así las cosas, Andrés Escobar comparte con el expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez la condición de imputado, hecho que en una sociedad moralmente confundida como la colombiana, parece ser menor, en particular cuando se trata de aspirar a un cargo de elección popular.

La candidatura de Escobar, aunque legal desde las formalidades de nuestro sistema electoral y político, deviene ilegítima por todo lo que representa para una sociedad la manera como el candidato al Concejo de Cali asume y entiende el uso de la fuerza, el papel de la Policía y en general, los derechos a la protesta y las reivindicaciones sociales.

Le den o no el aval al señor Escobar, se consolida la negativa representación social que señala que el uribismo es la extensión y conversión de las ideas, mañas y prácticas políticas de Álvaro Uribe Vélez; en particular, en esa forma particular de asumir el poder, el uso de las armas, las diferencias ideológicas y étnicas y de entender el único papel que debe asumir el Estado: beneficiar a los más poderosos, en detrimento de los derechos de las grandes mayorías. La violencia, discursiva y la asociada al uso de las armas de fuego, así como la que está anclada a la vieja sentencia contractualista que naturaliza la autoridad legítima del Estado, confluyen en ese premoderno ideario uribista que agita Andrés Escobar. Huelga recordar lo dicho por la también uribista, Paloma Valencia, al referirse a los actos criminales cometidos por agentes estatales durante el estallido social: "el Estado cometió atrocidades, pero era legítimo". 

Imagen tomada de EL TIEMPO

LUIGI ECHEVERRY Y CARRASQUILLA SUEÑAN CON DEFENESTRAR A GUSTAVO PETRO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Las evidencias indican que la apuesta de la derecha neoliberal, de la mano de los medios masivos tradicionales, está en “hacer invivible la República”. La articulación de sectores de poder económico y político-mediático, en torno a ese propósito, es evidente. No hay día en que periodistas como Néstor Morales y Julio Sánchez no dediquen parte de sus programas radiales a las proclamas de la derecha que aún no acepta que perdieron las elecciones y por tanto, el control del Estado. Se suman, por supuesto, medios como EL Espectador, El Tiempo, La República y Semana a la consolidación de la narrativa que indica que el “país va mal”, a pesar de los positivos indicadores macro económicos representados en la confianza de los mercados e incluso, en el apoyo internacional de agencias internacionales a las reformas pensionales, laborales y a la salud, a las que se oponen las bancadas de los partidos Conservador, Liberal, Cambio Radical, La U y el Centro Democrático, agentes políticos al servicio de la oligarquía neoliberal que no quiere perder privilegios y se opone a dejar de manejar el Estado como si fuera su caja menor.

En medio de esas circunstancias llaman la atención dos opiniones que calzan perfectamente con las estrategias desestabilizadoras aupadas por la derecha neoliberal, que confluyen en lo que se conoce como Golpe de Estado Blando. La primera opinión la dio el nefasto Alberto Carrasquilla, exministro de Hacienda de Iván Duque, y responsable de las crisis financieras de varios municipios con los tales Bonos de Agua y del estallido social, por cuenta de su arbitraria reforma tributaria. Carrasquilla, consumado neoliberal, dijo que “el gobierno está pasando aceite, porque ya se acabó”, dijo en la W de Julio Sánchez.

El acto de habla de Carrasquilla constituye una clara invitación a tomar acciones de hecho, puesto que, al no haber gobierno, la anomia social sería el escenario más adecuado para tramitar las diferencias y superar los vacíos de poder que deja un gobierno que ya no opera. Carrasquilla se alinea con la sediciosa invitación que les hizo el fiscal Barbosa a los generales de la República, encaminada a desobedecer las órdenes y directrices del presidente y comandante supremo, Gustavo Petro. Al no haber gobierno, como lo señala Carrasquilla temerariamente, entonces el único camino que queda es a que los militares se tomen el poder a través de la conformación de una junta cívico-militar de la que deberían hacer parte Carrasquilla e incluso, el propio fiscal Barbosa.

El otro acto de habla lo lanzó Luis Guillermo Echeverry, conocido como Luigi: “es hora de que el sector privado defienda esta democracia”. A diferencia de la opinión de Carrasquilla, dada en el marco de la carta que enviaron varios exministros y académicos al presidente Petro con la solicitud de retirar la reforma a la salud, la de Echeverry hace parte de un artículo que le publicó el diario económico La República. En opinión del ganadero y fino oligarca, “¡un presidente puede estar enfermo de la cabeza, pero más enfermo está el país que a sabiendas, lo elige! La problemática de Colombia se agravó con la conducta mafiosa que caracteriza al populismo aliado al narcoterrorismo, ese es un grave problema. Pero cuando un líder revolucionario destructor de valor llega al poder, es porque la que está enferma y narcotizada es nuestra sociedad y al que tenemos que curar de las consecuencias de conductas de insensibilidad, indiferencia y corrupción, es al país”.

El texto citado hace parte de la vieja narrativa de la derecha neoliberal que capturó el Estado y por esa vía consolidó una verdadera plutocracia en Colombia. Luigi acusa a Petro de estar enfermo, pero también establece una temeraria relación entre sus políticas de corte populista y el narcoterrorismo. Es decir, Echeverry asegura que desde el 7 de agosto de 2022 quienes están sentados en la Casa de Nariño son miembros de las guerrillas. O más claro: que fueron los terroristas, de la mano de más de 11 millones de colombianos enfermos que votaron, los que pusieron a Petro en la presidencia, lo que sin duda le quita toda legitimidad por cuanto el Estado colombiano en estos momentos debería de hacer parte de los listados internacionales de países terroristas. ¿A juzgar por lo dicho por Luigi, qué hace el gobierno de los Estados Unidos apoyando a un gobierno y a un Estado terrorista?

La anterior interpretación de esa parte del discurso del ganadero y economista, tiene asidero en el siguiente párrafo: “No subestimemos el hecho de que organizaciones terroristas como las Farc-EP, el ELN, llevan varias décadas queriendo tomarse el poder y mediante todas las formas de lucha imponernos un régimen narco-comunista. Aún estamos a tiempo de rectificar y corregir los errores, pero ello demanda unidad y un liderazgo colectivo de nuestros mejores hombres y mujeres, para ordenar institucionalmente el país dentro de un marco de legalidad y no de impunidad”.

En su precario “análisis” o en su retorcida doxa, Echeverry desconoce los problemas que ha tenido el gobierno de Petro para negociar con los grupos que nombra el columnista. Se trataría, entonces, de una pantomima, debido a que ya el Comando Central y los líderes de la Segunda Marquetalia co-gobiernan con Petro.

En su diatriba, Echeverry termina con una invitación que bien se acerca a la invitación de Barbosa y que calza perfectamente con el proyecto defenestrador que maquinan de tiempo atrás sectores de poder político que hacen resistencia, no oposición, al gobierno de Gustavo Petro. Este niño mimado habla de defender la democracia. Vaya uno a saber qué entenderá por democracia este fino ganadero. Quizás confunda el concepto de democracia con las realidades que el país ha vivido desde 1991, y que bien permiten el calificativo de Plutocracia o Kakistocracia.  Lo cierto es Luigi está invitando a los empresarios a defenestrar al presidente Petro.

“Aún estamos a tiempo de defender la democracia. Este es el momento, hay que entender que cuando se presentan las grandes crisis surgen oportunidades de cambiar corrigiendo los errores, después, ya puede ser muy tarde. Es ahora o nunca. Si seguimos el camino destructivo que lleva la región, caeremos todos en la irreversibilidad de la miseria, perderemos la esperanza y la pobreza será el único lugar para migrar. Entendamos que sesenta años de revolución cubana y casi veinticinco de venezolana, nos enseñan que desde el exilio no se recupera la libertad de una nación, y que si no actuamos ahora, nos dividen, implantan un totalitarismo y se perderán 215 años de tradición democrática”.

Quizás Carrasquilla y Echeverry están esperando a que emerja un militar que, a grito herido, exclame: “Aquí, defendiendo la democracia maestro”. Sueñan estos dos irresponsables con ver llegar los tanques de guerra a la Casa de Nariño, para sacar de allí a Petro y a su familia, para instaurar un régimen de facto.

Para aquellos y aquellas que no conozcan quién es Luigi Echeverry, traigo a colación lo que en su momento dijo la también inefable María Fernanda Cabal, en una especie de “fuego amigo”: “Duque es puesto por Fabio Echeverri Correa porque Duque fue el muchacho inteligente y aplicado que mandó para acompañar al vago de su hijo, que no sirve pa’ un culo, que es Luigui Echeverri”.

Imagen tomada de EL TIEMPO 

PAGAR POR NO MATAR

Por Germán Ayala Osorio

En medio de las sempiternas crisis humanitarias que soporta el puerto de Buenaventura, el presidente Petro anunció la creación de un programa social que preliminarmente el propio mandatario bautizó con la polémica frase Pagar por no matar.

De inmediato, sus opositores en la prensa entraron a cuestionar la frase y los alcances de la propuesta. Más allá de los onerosos costos económicos de un programa que beneficiaría a más de 1.000 jóvenes que ya hacen parte de estructuras delincuenciales o que están en riesgo de llegar a entrar en estas, hay asuntos que se deben revisar con extremo cuidado.

El primero y quizás el más importante tiene que ver con una tarea pendiente que tiene el Estado: asegurar para sí, el monopolio de las armas, esto es, que las armas estén en manos exclusivamente en las fuerzas armadas y no como sucede en Buenaventura y en otras partes del país, en manos de pandillas, grupos armados organizados y estructuras sicariales y narco-paramilitares.

Si las autoridades no logran romper las cadenas de distribución de las armas y las municiones, ese programa social encaminado a salvar a estos jóvenes de pertenecer a dichas estructuras criminales fracasará con rotundo éxito. Para lograrlo, hay que sacar de las filas a quienes desde la institucionalidad facilitan la compra y venta de armas y pertrechos para las guerras urbanas que se dan en Cali, Medellín, Bogotá y Buenaventura, entre otros territorios. En eso, todos los gobiernos fracasaron.

El segundo asunto tiene que ver con la comprensión del tipo de masculinidades que allí confluyen. No se trata exclusivamente de ofrecerles estudios en el SENA a unos muchachos que, justamente, desertaron del sistema educativo porque estudiar no es una opción de vida atractiva. Quizás lo más conveniente sea ofrecerles trabajo como “policías comunitarios”, figura a crearse en la que estos muchachos, enamorados de las armas y del poder que encarna patrullar las calles con uniformes, encuentren el espacio en donde tramitar las presiones, angustias e ideas que concurren en eso de ser hombre en sectores marginados, empobrecidos y en núcleos familiares disonantes y en evidente crisis éticas y morales por la inexistencia de una formación estructurada en esos ámbitos.

Tener dinero, poder y armas son elementos que seducen a estos jóvenes cargados de testosterona. Hay que encontrar, dentro de la legalidad, qué los seduce, para que este programa y otros que se diseñen, no fracasen por la deserción o el incumplimiento de las expectativas generadas.

Un tercer elemento tiene que ver con los referentes con los que estos jóvenes se identifican, en una ciudad puerto consumida por la corrupción, la desidia estatal y un evidente racismo estructural que ralentiza o impide incluso las esperadas intervenciones que debieron producirse desde los Estados nacional, regional y local. Construir ciudadanía y Estado es la tarea primordial, que irá de la mano de la entrega de los subsidios, ayudas o como se quiera llamar.

En el fondo, lo que se vive en Buenaventura es una crisis civilizatoria que se conecta muy bien con el modelo de desarrollo imperante, ancorado como ningún otro, a un racismo que se manifiesta desde la propia institucionalidad estatal y un desprecio por la vida de los demás, incluido por supuesto, el desprecio por los ecosistemas naturales que rodean al puerto, sometidos de tiempo atrás a una intervención insostenible ecológica, ambiental y cultural.

Pagar por no matar puede sonar mal en un país en el que hay cientos de miles de jóvenes que jamás empuñaron un arma y que siguen esperando una ayuda del Estado. Pero, contextualmente y de acuerdo con la crisis civilizatoria que se expresa en Buenaventura, se trata de una iniciativa bienintencionada que necesita estructurarse bien para que no fracase.  Bastaría que los clanes políticos dejarán de robarse los recursos públicos, para hacer sostenible y legítima la entrega de ayudas en programas sociales como el que puede salir de la propuesta Pagar por no matar.

Imagen tomada de El Colombiano