Por Germán Ayala Osorio
El crimen de Carmelina Yule Paví,
lideresa Nasa, a manos de miembros de las disidencias de Iván Mordisco provocó
la ruptura del cese al fuego bilateral firmado entre los delegatorios del
Gobierno de Gustavo Petro y los de esa estructura armada ilegal.
El presidente Petro debió ir más
lejos y ordenar el levantamiento de la mesa de la delegación gubernamental,
pues ese grupo “guerrillero” viene usando el cese bilateral del fuego para
armarse y reclutar menores de edad, en particular adolescentes indígenas.
Justamente, en un intento por recuperar a un menor plagiado, con fines de reclutamiento
forzoso, comuneros Nasa y miembros de la Guardia fueron atacados a tiros. Al
final, el doloroso balance deja a la señora Yule Paví muerta y herido a Rodrigo
UI Musicué.
En el mal llamado Estado Mayor
Central (EMC) hay “guerrilleros” con una nula formación política y académica,
si se les compara con los perfiles de Alfonso Cano y Manuel Marulanda Vélez,
líderes que en varios procesos de paz sentaron sus tesis bajo las cuales
justificaron el levantamiento armado en los años 60. Por el contrario, Néstor Gregorio
Vera Fernández, alias Iván Mordisco, es un personaje violento y poco leído, que
representa la decadencia de la lucha armada. El mismo presidente Gustavo Petro
llamó a alias Iván Mordisco “traqueto vestido de revolucionario”.
El alias de Iván Mordisco dice
mucho del talante de este “subversivo”. Su
perfil se acerca más a la altura moral y política del Mono Jojoy o de alias el
Negro Acacio. InSigth Crime dice de Vera Fernández que “es conocido por ser
un líder especialmente violento, que desprecia a la población civil. Como
comandante del Frente 1 desde 2012, Mordisco estuvo detrás de delitos como la
extorsión de comerciantes, agricultores y otros habitantes rurales, así como de
la minería ilegal. Las autoridades colombianas también le acusaron de reclutar
menores de edad”.
La decisión valerosa de la
Guardia Indígena de salir en la búsqueda de otros menores plagiados por la "Dagoberto Ramos" o la "Jaime Martínez!, con fines de reclutamiento, así como de los cabecillas que
asesinaron a Carmelina Yule, los expone aún más a las retaliaciones de un grupo
armado ilegal que exhibe un enorme desprecio por la población civil, circunstancia
esta que deviene atada a la nula formación política de los auto llamados
“revolucionarios”. En esa línea argumentativa, el actuar de los “guerrilleros”
está ancorado al espíritu violento de unos “machitos” a los que, internamente,
solo les interesa demostrar fiereza y arrojo para descrestar a sus comandantes;
en el plano externo, su rabiosa testosterona está dirigida a intimidar mujeres
y menores de edad y dado el caso, provocar a hombres indígenas capaces de
salirles al ruedo, acompañados solamente de sus bastones de mando.
El insuceso, ocurrido en Toribío
(Cauca), puede inscribirse en la tesis planteada por Daniel Pécaut, “Guerra
contra la sociedad”. El autor francés propuso esa denominación a los múltiples
fenómenos de violencia, incluida la guerrillera, lo que confirmaría la desaparición
de tensiones sociales. La llegada de un exmiembro del M-19 al Solio de Bolívar debió
asumirse por las disidencias de las Farc y el propio ELN como una oportunidad histórica
para facilitarle las cosas al primer gobierno de izquierda. Insistir en la
violencia armada confirma su anacronismo y el interés de mantener una lucha
armada, más por las ganancias que les entregan la economía ilegal (narcotráfico
y minería), que por el loable propósito de luchar por asegurar los cambios que
el país necesita.
Para el caso que nos ocupa en esta
columna, lo que estaría sucediendo en los resguardos del Cauca es una “guerra
contra los Nasa”, declarada por Iván Mordisco. Lo curioso es que dentro de las
filas de ese grupo armado ilegal que obedece a Néstor Gregorio Vera hay
mestizos e incluso, hombres con aspecto indígena a los que les queda muy fácil “mimetizarse”
entre los comuneros y la población que vive en los alrededores de los
resguardos indígenas del Cauca.
El Estado colombiano tiene la
obligación de proteger a las comunidades indígenas. Los sistemáticos ataques de
la "Dagoberto Ramos" y la "Jaime Martínez" a los Nasa del Cauca le restan legitimidad a la mesa de diálogo.
Tanto los Nasa, como las autoridades, deben prepararse para enfrentar de manera
conjunta el desafío social, militar y político que el EMC viene consolidando en
el departamento del Cauca. El gobierno debe levantarse de la mesa de diálogo, así
ello signifique pasar del anhelo maximalista de la Paz Total, al retorno a una
vieja condición que loa colombianos ya conocen: la Guerra Total. No hay tiempo
para tibiezas.
Imagen tomada de EL TIEMPO.COM
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