Por Germán Ayala Osorio
Declarar patrimonio nacional al
monumento a la Resistencia de Cali constituye un gesto ético-político y
cultural de reivindicación de la lucha popular en una sociedad históricamente clasista,
racista y arribista como la caleña.
Quienes se oponen a esa declaratoria
y a la presencia incluso de la colorida escultura exponiendo argumentos estéticos,
lo hacen porque les parece que los únicos monumentos, bustos o esculturas estéticamente
aceptables obedecen a escuelas o tendencias artísticas aceptadas por la élite
dominante. El valor del brazo en forma de lucha está atado a los hechos vividos
durante el estallido social provocado por el gobierno de Iván Duque Márquez y a
la decisión comunitaria y popular de resistir a las medidas económicas
adoptadas por esa administración y por supuesto, a la embestida militar y
policial que sufrieron los y las jóvenes de sectores populares como el de Puerto
Rellena, hoy conocido como Puerto Resistencia.
Hay otros que se suman al rechazo
por lo que significa enaltecer las expresiones de violencia simbólica y física que
se exhibieron durante las duras jornadas de protesta en el contexto del estallido
social. Para estos colombianos solo es legítimo exaltar a la fuerza legítima
del Estado, a pesar de que como orden dominante y estructura de poder arrastra
una historia de probada e inquietante ilegitimidad.
El monumento a la Resistencia da
cuenta de la historia reciente de la capital del Valle del Cauca, epicentro de
las movilizaciones sociales y de los desmanes que se presentaron durante el
estallido social. Por ese carácter histórico, el reconocimiento como patrimonio
nacional no debería de alimentar los odios que aún manifiestan sectores del
poder político y económico de la ciudad de Cali por lo vivido durante las
jornadas de protestas y movilizaciones.
Asumir la declaratoria como un
triunfo de la violencia popular es negar las responsabilidades políticas que
jamás asumió la administración de Iván Duque y los sectores de poder que apoyaron
sus medidas represivas.
Eso sí, no se puede negar que darle
ese lugar cultural y patrimonial a la sugestiva escultura constituye una acción
política con la que el gobierno Petro le cumple a los jóvenes que se “levantaron”
contra un Estado local y una sociedad clasista, racista y arribista como la
caleña. La decisión ministerial constituye una acción ideológica como lo fue en
el pasado la instalación de la figura representativa de Sebastián de Belalcázar
en la zona del oeste. A pesar de sus crímenes, la sociedad caleña lo asumió
como parte de su historia. Y es que la historia de la humanidad está llena de
bustos, monumentos y esculturas que exaltan la violencia y los triunfos de proyectos
políticos anclados en apuestas ideológicas. Lo que sucede en este caso es que
el monumento a la Resistencia viene atado a la izquierda, orilla ideológica que,
durante años de hegemonía de la derecha, pocas veces tuvo la oportunidad de imponer
símbolos atados a la lucha popular, pero sobre todo a la resistencia de un
colectivo contra un Estado que como el colombiano arrastra una historia de criminalidad
y violación sistemática de los derechos humanos, azuzado muchas veces por una
élite social, política y económica que aborrece lo popular y lo comunitario porque
suele asociarlo con la siempre incómoda izquierda.
Aunque Eder no respaldó explícitamente la decisión del ministro de Cultura, Juan David Correa, señaló que “la reconciliación no se puede imponer”. “Tenemos que buscar un verdadero proceso de reconciliación en Cali”. Queda claro que al alcalde distrital la declaratoria no le gusta. Se equivoca Eder: con dicha declaratoria no se pretende imponer la reconciliación.
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