OCHO AÑOS DE LA FIRMA DEL TRATADO DE PAZ DE LA HABANA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Se cumplen 8 años de la firma del Acuerdo Final de Paz de La Habana, en su versión postplebiscito. Más allá de los problemas que afronta el proceso de implementación y la reincorporación a la vida social, económica y política de buena parte de los exguerrilleros que hicieron dejación de las armas, el asesinato de más de 400 firmantes de paz y la aparición de las disidencias farianas, esa firma deja múltiples enseñanzas y retos para la sociedad y el propio Estado. Estas pueden ser vistas desde las formas discursivas y persuasivas que rodearon el proceso de paz y las que circularon en las redes sociales y los medios masivos. Aludiré en esta columna al ethos, pathos y logos para describir las disputas retóricas que se dieron entre los amigos de la paz y aquellos que asumieron la firma del acuerdo y la noción de paz derivada como un agravio imperdonable.  

El factor ético fue un elemento clave para la aceptación social de lo acordado entre el Estado y las entonces Farc-Ep, en la medida en que apoyar las negociaciones, apagar la máquina de producir más víctimas por cuenta de los enfrentamientos entre esa guerrilla y la fuerza pública y aceptar, así fuera a regañadientes el modelo de justicia restaurativa, fue dándole visibilidad al rostro de un ethos que la sociedad colombiana apenas estaba experimentando bajo las condiciones que poco a poco iban imponiendo las nuevas formas de asumir la civilidad y los conflictos.

Las actividades académicas desplegadas en varias universidades privadas y públicas encaminadas a hacer pedagogía de cada uno de los puntos acordados bajo la premisa “nada está acordado, hasta que todo esté acordado”, dieron vida a procesos sociales de sensibilización que permitieron el florecimiento de sentimientos (pathos) con los que fue posible que una parte importante de la sociedad se abriera al perdón individual y colectivo, en particular los sectores societales víctimas de las acciones criminales de las Farc-Ep.

Pero así como la firma del acuerdo de paz en su versión final liberó un ethos y un pathos cercanos a la defensa de la vida, lo firmado en el teatro Colón de Bogotá también dejó salir un ethos y un pathos atados a la muerte y a la exaltación de la justicia vindicativa. Los grupos sociales que se identificaron con la venganza y la necesidad aparente de mantener encendida la máquina de producir víctimas tuvieron en el plebiscito por la paz la oportunidad de hacer un uso perverso de la información que terminó tergiversando el sentido del tratado de paz y por esa vía legitimando votar por el No. El triunfo, aunque pírrico del No, logró su cometido: desplazar el logos por la fuerza de la sinrazón, del odio y la de la inquina de unos agentes sociales, políticos y económicos que dejaron ver sus simpatías por la guerra.

La firma del acuerdo de paz con el que se puso final al conflicto armado entre el Estado y las entonces Farc-Ep sirvió para poner a prueba la credibilidad de los actores que se sentaron a negociar las condiciones de una paz imperfecta, pero también la de los propios medios de comunicación, pues varios de ellos se prestaron para validar las mentiras de quienes diseñaron la campaña por el No. De igual manera, el apretón de manos entre el presidente Santos y Rodrigo Londoño, alias Timochenko fue un gesto que desató las más disímiles emociones dentro de una sociedad que arrastra una historia de conflictos no resueltos que terminaron agitando los ánimos hasta convertir la firma de la paz en motivo de una confrontación que ocho años después, no termina. Las lógicas de la paz y de la guerra se enfrentaron durante la jornada electoral del plebiscito y persisten hoy día porque devienen contaminadas por las pasiones políticas alimentadas estas por nociones de autoridad sobre las que recaen toda suerte de desconfianzas.

Adenda: la firma del tratado de paz entre el Estado y las Farc-Ep es un hecho político que terminó por deslegitimar la lucha armada que aún mantiene el ELN. La insistencia de los elenos en la guerra los hace ver anacrónicos e incongruentes.

firma de la paz santos y timochenko - Búsqueda Imágenes

EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL Y EL SÍNDROME DE LA ETERNIDAD

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Después del golpe de mano del ELN contra la instalación militar en Puerto Jordán (Arauca), el proceso de negociación entre los delegados del Gobierno y los de esa agrupación armada ilegal prácticamente entró en una fase terminal. La decisión de suspender los diálogos hace pensar que ese proceso está a punto de fracasar.

Después de la suspensión, sería recomendable que el Gobierno se parara de la mesa de diálogo para retomar una avanzada contrainsurgente cuyos resultados se parezcan a los que dejó la Operación Anorí (1973). Mientras que a los elenos no se les dé un golpe militar contundente, su dirigencia seguirá timando y burlándose del gobierno y de las comunidades campesinas que esperan que cesen las hostilidades en sus territorios. Con todo y lo que significa retomar acciones militares, el Estado no puede permitir el crecimiento de esa "guerrilla" y mucho menos que continúe ejerciendo el control territorial en las zonas en donde hace presencia el ELN. 

No hay razón política para insistir en firmar un armisticio con una “guerrilla” que sufre el síndrome de la Eternidad. La mesiánica dirigencia del ELN solo estará dispuesta a dejar las armas cuando llegue a la Casa de Nariño un presidente de la República capaz de llevar al país por los caminos del socialismo, régimen y modelo económico, social y político en el que creen ciegamente los líderes de esa “guerrilla”. Y hablo del viejo socialismo de la URSS o el remedo de socialismo que se practica en Venezuela. Este es quizás el síntoma que con mayor precisión confirma que el Ejército de Liberación Nacional padece el síndrome de la Eternidad.

De ese factor principal se desdoblan otros indicios que hacen pensar en que efectivamente esa “guerrilla” sufre del síndrome de la Eternidad, esto es, que su presencia perenne está garantizada no tanto porque persistan las circunstancias que legitimaron su levantamiento en los años 60, sino porque en su devenir histórico probaron las ventajas y los beneficios de las economías ilegales (narcotráfico, minería y contrabando), lo que los alejó del proyecto revolucionario que encarnaron en las décadas de los 60, 70 y 80. En adelante, sus estructuras federadas entraron en una sintomática anomia institucional que los fue llevando a comportarse de la misma manera que el Clan del Golfo. De ahí que el remoquete de GAO no solo responde al trabajo ideológico y político-militar de las Fuerzas Militares deslegitimarlos como guerrilla, sino a la manera como el presidente Petro asumió su actual existencia y operación militar.

De igual manera, los elenos asumen que cada cuatro años el gobierno de turno deberá proponer la instalación de una mesa de diálogo o una guerra total. Si esa nueva administración le apuesta a la paz negociada, entonces animará y desgastará la salida negociada; si por el contrario ofrece una guerra total, por ese camino mantendrá las ganancias y la presencia de los Señores de la Guerra, al tiempo que mantendrá vigente la necesidad de la paz.

Así entonces, el negocio de la guerra también hace posible que la condición de ese síndrome se manifieste. Los elenos saben que hay Señores de la Guerra dentro y fuera del país que les permiten continuar existiendo no para “liberar” al país como lo advierte la sigla ELN, sino para condenarlo a más años de una confrontación bélica alejada de cualquier sentido político y militar. Lo que interesa es permanecer en el tiempo, mantener su vigencia, desamparada de cualquier posibilidad de tomarse el poder a tiros.

Quienes pensaron que sería más fácil hacer la paz con esa agrupación armada ilegal con el primer gobierno progresista y de izquierda moderada, se equivocaron. Hay razones ideológicas que separaron históricamente a la vieja y actual dirigencia del ELN, con los comandantes del M-19, grupo en el que militó Gustavo Petro. Mientras que los elenos siempre le apostaron al socialismo, la guerrilla urbana del M-19 le apostó a profundizar la democracia.

Mientras que los comandantes del M-19 que hicieron dejación de las armas creían profundamente en la que la paz era el camino para aportar a la construcción de una verdadera democracia, las otras guerrillas de la época, incluida el ELN, continuaron haciéndolo el juego al establecimiento colombiano que usaba el conflicto armado interno para evitar hacer las transformaciones sociales, económicas y políticas que se reclamaban a través del ejercicio de la violencia. En el libro De la insurgencia a la democracia (2009) García-Durán, Vera Grabe y Otti Patiño, estos dos últimos agentes negociadores del actual gobierno, dicen que “fuimos la primera organización insurgente que descubrió que la paz podía ser un elemento transformador porque, durante los últimos 50 años, la violencia en Colombia se había ligado con el poder y se ejercía para mantenerlo, conseguirlo o ejercerlo. La clase dirigente colombiana supo que mantener esa violencia podía ser la mejor manera de impedir las transformaciones sociales y políticas que necesitaba el país. En ese contexto, el M-19 se da cuenta de que la paz es una gran posibilidad para abrirles espacio a esos cambios».

Así que, bienvenidos a la Eternidad señores del ELN. Dirán sus anacrónicos líderes que mientras haya un Estado al cual combatir, ahí habrá un frente, un Antonio García o un Nicolás Rodríguez para hacer eterna su guerra. 

Imagen tomada de proceso de paz con el ELN llega a su fin: Petro - Búsqueda Imágenes (bing.com)

LAS IDEAS DE PAZ DE PETRO Y URIBE

 

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Las cambiantes dinámicas del conflicto armado interno han permitido el surgimiento de varios significados o nociones en torno a la paz, su consecución y su mantenimiento a través del paso de los años. En adelante hago un ejercicio interpretativo alrededor de las ideas de paz que circulan aún en el país, de la mano de reconocidas figuras políticas y las que ebullen en las transacciones cotidianas de la gente.

En la reciente “invitación” que el expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez les hizo a los militares para que desconocieran la autoridad del comandante supremo, el presidente de la República Gustavo Petro, el político antioqueño deja ver su idea de paz. Esa noción del exmandatario está soportada en el concepto y doctrina de la violencia legítima del Estado y por esa vía, en la justificación de los excesos en el uso de esa fuerza y los sempiternos daños colaterales. Esto se traduce, coloquialmente, en bala, bala y más bala, lo que implica la militarización del Estado y la consolidación de un Estado militarista.

Para concretar su idea de paz, poco importa que ese Estado militarista cometa atrocidades, pues lo importante es que se logre mantener el régimen de poder. Recuérdese lo que expresó Paloma Valencia, una de las fichas de Uribe, cuando se discutió la posibilidad de que en colegios se enseñara el contenido del Informe de la Comisión de la Verdad sobre lo acontecido en el marco del conflicto armado interno: “El Estado cometió errores y atrocidades, pero era legítimo y fundamentalmente estuvo en la defensa de los ciudadanos”. Los 6402 jóvenes asesinados por el Ejército, presentados falsamente como "guerrilleros dados de baja en combates" hacen parte de esas atrocidades que se cometieron por la aplicación de la política de seguridad democrática y de los incentivos económicos prometidos en el Decreto Boina y la Directiva Ministerial 029 de 2005.

Uribe Vélez es el típico War Lord que cree a pie juntillas en la victoria militar, por encima de la comprensión de las causas objetivas que los grupos levantados en armas aún exhiben para legitimar su lucha “revolucionaria”. La paz en la que cree Uribe está más cerca de la pacificación a las malas, que a cualquier posibilidad de concertarla a través de una negociación política. Por su talante autoritario, a Uribe no le gusta dialogar y mucho menos desgastarse políticamente en una negociación que implique ceder algo de poder. Está más cerca de la doctrina de contar bajas. La paz de Uribe huele a formol, camina en bolsas negras y se expresa con la exhibición de los cuerpos de los “terroristas muertos en combate”.

Por ser un Señor de la Guerra, Uribe cuenta con el apoyo económico, social y político de todos aquellos actores que de manera directa o indirecta se benefician del desplazamiento forzado que generan los enfrentamientos, así como de la zozobra y el miedo de la población civil rural. Hablo de ganaderos, latifundistas, especuladores inmobiliarios, paramilitares y negociantes de tierras prestos a ofrecer compra a campesinos que, cansados de la guerra, prefieren vender barato para irse a vivir a los cinturones de miseria de urbes como Cali, Medellín y Bogotá, entre otras ciudades receptoras de desplazados o de colombianos en condición de desplazamiento.

Entre tanto, el presidente de la República, Gustavo Petro, exhibe una idea de paz diametralmente distinta a la del exgobernador de Antioquia. Petro cree en la paz negociada sin que ello signifique que acepta aquello de las causas objetivas que legitimaron el levantamiento armado en los años 60. Petro creyó en aquellas mientras fue guerrillero. Una vez se benefició del indulto y la amnistía, empezó a poner en crisis esa narrativa con la que por años la academia y el mundo de la política legitimó y explicó los orígenes del conflicto armado interno.

Ya en varias ocasiones Petro ha expresado que el conflicto armado interno, sus dinámicas y los propios actores han cambiado. Estamos, de acuerdo con Petro, en una etapa caracterizada por la nula formación política de los combatientes auto llamados “guerrilleros” y la visible traquetización de los grupos al margen de la ley a los que de manera forzada Petro les reconoció estatus político. En sus palabras, se trata de “traquetos vestidos de camuflado”.

El interés del jefe del Estado de proteger a la población civil, en particular a los campesinos que sobreviven en los territorios rurales en los que el conflicto armado se manifiesta con mayor intensidad, está fundado en su genuina búsqueda de la esquiva reforma agraria. En este punto las diferencias con Uribe son irreconciliables, pues mientras que el latifundista y caballista se opone a desconcentrar la propiedad de la tierra, el hijo de Ciénaga de Oro está convencido de que devolverle la tierra a los campesinos que la perdieron por causas de la guerra interna constituye un paso importante hacia la paz.

Las ideas que tanto Uribe y Petro tienen de la paz están conectadas al ejercicio de la política. Es decir, de manera original están alejadas de las nociones de paz que pueden tener millones de colombianos y que bien pueden dar vida a un tipo de paz social o de convivencia entre diversos y diferentes.

Imagen tomada de CNN

PETRO Y UN ESTADO QUE NO LE CUMPLE A LA PAZ

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Hace bien el presidente de la República en advertirle al país y al Consejo de Seguridad de la ONU que al Estado colombiano “le quedó grande” cumplir con lo acordado en el tratado de paz firmado con las entonces Farc-Ep. Exactamente esto dijo el jefe del Estado: “Esta vez va a ir el presidente de la república y va a tener que decir: definitivamente el Estado de Colombia no quiere cumplir el acuerdo de paz que firmó. Yo no puedo decir mentiras”.

El anuncio presidencial generó todo tipo de reacciones en particular en quienes no entienden cómo el propio jefe del Estado anuncia que le reconocerá a la ONU y a los países garantes y acompañantes del proceso de paz de La Habana que el Estado fue inferior al compromiso que asumió con la paz. Aunque puede sonar “raro” que el propio presidente de la República haga ese tipo de reconocimientos, lo que hace Petro es poner de presente que las otras dos ramas del poder público son responsables, junto al Ejecutivo, de los incumplimientos a lo que se acordó en Cuba entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las Farc-Ep.

Los incumplimientos a lo firmado en el teatro Colón de Bogotá ponen de presente responsabilidades políticas que deberán asumir funcionarios y los gobiernos de Santos, Duque y Petro. De igual manera, las que tienen que arrogarse agencias estatales que operan bajo las viejas dinámicas de un Estado desordenado, paquidérmico, ineficiente e incapaz, administrativamente hablando, de ejecutar el mandato legal en el que está soportado el acuerdo de paz de La Habana. Siete años después de la firma del armisticio entre el Estado y las entonces Farc-Ep, el Congreso aprobó la jurisdicción agraria. Esto dijo la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica: “la jurisdicción agraria va a permitir que la paz llegue al campo con una vía judicial por la cual se puedan tramitar todas las diferencias que tenemos sobre los derechos a la tierra, a los baldíos y los bienes de uso público”.

A pesar de ese tardío avance, la reforma agraria sigue siendo el problema central en los incumplimientos porque ni se ha logrado cumplir con la entrega de los 3 millones de hectáreas de tierra, como tampoco consolidar el Fondo de Tierras acordado para tal efecto. Reducir la reforma agraria a la entrega de tierras es un error en el que incurrieron dos de las tres administraciones arriba señaladas (Santos y Duque). Se debió diseñar, una vez firmado la paz, un plan de industrialización del campo con todos los latifundistas del país, esto es, con aquellas personas naturales y jurídicas que acaparan grandes extensiones de tierra dedicadas a ganadería de baja producción, a la especulación del precio de la tierra y a la siembra de monocultivos de caña de azúcar y palma africana.

Al no haberse diseñado ese plan de industrialización, los PDET se hicieron inaplicables por cuanto no solo no se tocó la propiedad concentrada de la tierra, sino que su deseada distribución no está pensada, por ejemplo, para que el minifundio y el latifundio puedan convivir bajo un modelo agrario moderno que convierta al país en una despensa agrícola para el mundo. Poco interés hay en dejar de ser un simple exportador de café y azúcar, en beneficio de unos cuantos agentes privados, porque históricamente se construyó una azarosa relación con la tierra, ancorada su concentración al poder político y económico que esa condición genera.    

Un punto que poco se advierte al momento de evaluar la etapa de implementación de los acuerdos de paz de La Habana en la que estamos, tiene que ver con la noción de Estado. Pocos son los funcionarios, magistrados, empresarios del campo, jueces, ministros, e incluso, presidentes de la República, entre otros, que tienen una visión de Estado que supere las lógicas y dinámicas políticas asociadas a los tiempos que duran los gobiernos. El ejemplo de Iván Duque Márquez resulta paradigmático. Con el claro objetivo de frenar la implementación del acuerdo de paz, Duque redactó su propia política de paz a la que llamó Paz con Legalidad. Es decir, con una política de gobierno y con todo el poder político y administrativo, el entonces presidente-títere, afectó la política de paz de Estado que emergió cuando se firmó en el teatro Colón de Bogotá la versión final del Acuerdo Final. No se puede olvidar que Duque fue una ficha incondicional de Uribe y de otros agentes del llamado uribismo, que hizo todo para cumplir con el deseo del exministro Fernando Londoño Hoyos y del exprocurador Alejandro Ordóñez de “hacer trizas ese maldito papel que llaman el acuerdo final”.

Estos dos godos recalcitrantes además de oponerse a la negociación política entre el gobierno de Santos y los voceros farianos, son hijos del cortoplacismo. En Colombia se planea el desarrollo para cumplir las metas de un gobierno, esto es, para cuatro años. Por ello los ejercicios de prospectiva que se hacen se abandonan por razones políticas e ideológicas e incluso, por lecturas macartizantes que se hacen sobre los campesinos y los exguerrilleros, incluyendo por supuesto al presidente Petro por haber militado en el M-19. Entran en ese juego ideológico el clasismo y el racismo, elementos que por décadas han impedido un acercamiento entre quienes concentran la tierra y aquellos que quieren trabajarla para aportar a la autonomía y la soberanía alimentarias.

Al final, el llamado que hace el presidente Petro va dirigido a que en todos los estamentos de los tres poderes públicos se revisen los procedimientos y las actuaciones que terminaron consolidando los incumplimientos a lo acordado en La Habana, Cuba. Pero no puede dejar por fuera el jefe del Estado las responsabilidades políticas de los gremios y agentes de poder asociadas a las actividades agrícolas, en particular aquellos que dijeron No al plebiscito por la paz, coyuntura que terminó provocando y legitimando los primeros incumplimientos a lo acordado, en virtud a los ajustes que sufrió el texto final de paz.

No podemos olvidar que mantener las dinámicas del conflicto armado interno en las zonas apartadas del país, favorece directamente a los latifundistas y ganaderos que llegan a esos territorios a acaparar más tierra, bien sea de la mano de estructuras paramilitares o de las condiciones de un mercado de tierras golpeado por la violencia política que abarata el valor de la tierra.

Imagen tomada de Youtube.com

PAZ TOTAL Y EL ORIGEN DE CLASE DEL PRESIDENTE PETRO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Es poco probable que en lo que queda de este gobierno uno de los grupos armados ilegales con los que dialoga, decida firmar el armisticio y reinsertarse a la vida social, política y económica del país. Por ello, es hora de hacer un balance del proyecto de la Paz Total desde dos perspectivas o factores, en particular, desde uno muy poco tenido en cuenta al momento de evaluar iniciativas de paz.

El primer elemento tiene que ver con el carácter maximalista que el jefe del Estado le dio a esa iniciativa de paz. La verdad es que se trata de una verdadera espada de Damocles que amenaza todos los días el destino de los diálogos sostenidos con el ELN y las disidencias farianas de los “Ivanes” Mordisco y Márquez. No dedicaré más líneas a ese factor.

El segundo elemento, del que poco se habla y que podría tener más peso e importancia que ese maximalismo, tiene que ver con los orígenes políticos y de clase de los presidentes de la República. En varios casos, esa circunstancia sirvió, en doble vía, como fuente legitimadora de la lucha guerrillera y como una manera de reconocer, a nombre del establecimiento colombiano, que efectivamente había razones históricamente objetivas que justificaban el levantamiento armado de las guerrillas en los convulsionados años 60.

Desde Belisario Betancur, pasando por Andrés Pastrana y su fallido proceso de paz del Caguán, hasta llegar a Juan Manuel Santos, todos los procesos de diálogo adelantados estuvieron marcados por ese particular elemento. Sin duda alguna, ese factor coadyuvó a que aquellas búsquedas de la anhelada paz en Colombia estuvieran sobrecargadas de una legitimidad otorgada en función de ese factor de clase. Los que en nombre del establecimiento colombiano mostraron interés en pacificar al país a través del diálogo y la cesión de algo de poder, lo hicieron convencidos de que no les iban a permitir  afectar la viabilidad del proyecto político de la derecha. En este punto hay que señalar que Betancur y Santos mostraron un genuino interés de alcanzar la paz, mientras que Andrés Pastrana usó los diálogos del Caguán como una estratagema con la que buscó exponer internacionalmente a las Farc-Ep, al entregarle sin verificación y sin control alguno los 42 mil kilómetros cuadrados que esa agrupación usó para armarse y traficar con droga. Las Farc-Ep "cayeron" en la trampa que les montó Pastrana, en virtud a su torpeza para leer el contexto internacional y porque estaban convencidos aún de que podrían tomarse el poder a tiros.  

Así entonces, el pasado político y la clase social de los presidentes de la República ha sido un factor clave para los grupos armados ilegales que lo vieron siempre como una fuente inagotable de reconocimiento político de su lucha armada. Al llegar Petro a la Casa de Nariño y al no estar ese elemento sociopolítico, la ya naturalizada legitimidad de las estructuras armadas (ELN y disidencias farianas) empezó a erosionarse. Por venir Petro del M-19 y de hacer parte del único proceso de paz exitoso (el de La Habana sigue siendo un proceso, porque está en la etapa de implementación de lo acordado), esos grupos “guerrilleros” asumieron erróneamente que el presidente Petro había traicionado el proyecto revolucionario que alguna vez cobró vida con la Coordinadora Nacional Guerrillera. Vaya error.

Al ser Petro un outsider, no arrastra la obligación moral de los hijos de la élite, de conversar con los grupos armados ilegales. El actual presidente propuso una agenda de paz, pensando en minimizar el sufrimiento de la población civil, pero alelado de cualquier compromiso atado a un origen de clase que él, por supuesto, no puede exhibir. 

En varias ocasiones el presidente Petro ha deslegitimado las luchas del ELN y las disidencias de las Farc-Ep, reduciendo su operación militar al poder que les da las economías ilegales. Aquel epíteto que Petro lanzó contra alias Iván Mordisco, de “traqueto vestido de revolucionario” da cuenta de la manera como el jefe del Estado asume la lucha armada de unos grupos que, a su juicio, sobreviven por las economías ilícitas (explotación de oro, tráfico de drogas y secuestros extorsivos) que les da con qué comprar armas. Planteadas así las cosas, esas organizaciones criminales dejaron de preocuparse por justificar, hacia adentro y hacia afuera, su confrontación político-militar con el Estado. Lejos está Petro de reconocerles legitimidad alguna a quienes se quedaron viviendo en el pasado y anhelando el viejo socialismo de la Unión Soviética.

Para ponerlo en términos coloquiales hay que decir que Petro no les come cuento, no les cree, porque él mismo es ejemplo vivo de que es posible, desde la institucionalidad y bajo las reglas de la imperfecta democracia colombiana, lograr los objetivos que orientaron su lucha armada y revolucionaria en los años 70.

Lo más probable, entonces, es que, a dos años de culminar su administración, Petro no logre la Paz Total a la que le apostó alejado de cualquier intención ideológica y política de legitimar a unas organizaciones armadas que hace rato perdieron el rumbo y que dejaron de representar al “pueblo” por el que se levantaron en armas contra el Estado. Difícilmente representan a esa vieja izquierda que no creyó necesariamente en la revolución armada y en la combinación de todas las formas de lucha. El ELN y las disidencias farianas se representan a  ellas mismas y al espíritu decadente que poco a poco las redujo a unas simples organizaciones criminales.

Imagen tomada de Prensa Llanera

ELN Y LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En medio de un paro armado, las delegaciones del gobierno y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) avanzan en la discusión de los puntos de la agenda. En particular, hay uno de vital importancia para los elenos: la participación de la sociedad civil para lograr las transformaciones por las que, según ellos mismos, han luchado militarmente por más de 50 años.

Según el senador Cepeda, ya están trabajando en el diseño de los mecanismos que permitirán, a partir de mayo de este año, la participación de agentes de la sociedad civil. Ojalá los mecanismos diseñados, con alcance nacional, pero territorialmente ancorados, terminen con el fin del conflicto entre el Estado y esa agrupación armada ilegal. Eso sí, la participación ciudadana organizada expone una situación suigéneris: el ELN termina convertido en un mediador entre lo que propongan los agentes de la sociedad civil y la delegación de paz del gobierno que, en nombre del Estado, deberá dar cuenta en tiempos muy precisos, de las transformaciones sociales, políticas y económicas que hacen parte del ideario del grupo armado y que aspiran a que sean las mismas de los agentes sociales, económicos y políticos que participarán a partir de mayo en las mesas de trabajo. Es decir, la negociación política adquiere un carácter indirecto que complejiza aún más el proceso de diálogo: los plenipotenciarios del Gobierno, en nombre del Estado, no negociarán directamente con sus similares del ELN, como ocurrió durante el proceso de paz y negociación de La Habana, entre el Estado y las entonces Farc-Ep.

Imagino que la intervención y participación de agentes sociales, económicos y políticos de la sociedad civil tendrá un enfoque territorial diferenciado, lo que de inmediato pondrá en evidencia los avances en su aplicación de los planes de desarrollo local y regional que a la fecha el Estado esté ejecutando y priorizando. Ese podría ser un primer obstáculo en los avances de las transformaciones que el ELN espera, en consonancia con lo expresado por los actores de la sociedad civil que participen de los encuentros. A esto se suma que varias regiones y municipios quedaron en manos de actores políticos que hoy le hacen oposición al gobierno de Petro en el Congreso, a los que no necesariamente les interesará ayudar a que se concrete lo de la paz total.

En esa misma línea, bajo qué criterios técnicos y presupuestales se ejecutarán las exigencias y las propuestas, locales y regionales, expuestas por esos actores de la sociedad civil y cómo estos dialogarán con el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Habrá dinero suficiente y capacidad operativa de un Estado históricamente paquidérmico para ejecutar obras y responder a exigencias de la ciudadanía?

¿Qué pasará en y con los municipios PDET? Hasta el momento, la estructura agraria y la concentración de la tierra en pocas manos no ha cambiado en esos territorios. ¿Los agentes sociales, económicos y políticos de la sociedad civil de varios de esos municipios querrán participar de las discusiones que se darán en el marco de la dinámica planteada por el ELN?

Las dinámicas y los encuentros entre esos agentes de la sociedad civil y el Estado, con la mediación de los elenos, podrían convertirse en fuente de nuevos conflictos por los intereses encontrados y diferenciados que de todas maneras van a quedar expuestos cuando aparezcan agentes económicos de la sociedad civil que no compartan lo dicho o exigido por actores sociales e incluso, por los agentes políticos en una misma región.

Como la participación tendrá un carácter nacional, surge de inmediato la pregunta: ¿De estos encuentros harán parte los agentes económicos de la sociedad civil que a diario aparecen en los medios masivos tradicionales? ¿Es decir, veremos a la ANDI, Acopi y Fenalco, entre otros, discutiendo las propuestas y exigencias de actores sociales y políticos que históricamente jamás fueron escuchados?

Son muchos los detalles que deberán tener en cuenta quienes en la mesa de diálogo se sentarán a diseñar los mecanismos y los protocolos de participación. Nadie niega que garantizar la participación de la sociedad civil resulta novedoso, pero también hay enormes riesgos de que semejante apuesta termine generando expectativas en las comunidades que llevan años esperando a que la cara civil del Estado, con todo y su carácter civilizatorio, llegue a territorios a los que jamás llegó, porque solo hubo el interés de que el Estado hiciera presencia con la bota militar. 

¿Estarán comprometidos todos los frentes de guerra del ELN en esa apuesta? ¿O tempranamente aparecerán disidencias que, en lugares específicos, torpedearán los procesos participativos?

 Imagen tomada de La Patria. 

EL ELN DEJARÁ DE SECUESTRAR EN 2024

 

Por Germán Ayala Osorio

Al cierre del 5to ciclo de conversaciones de paz entre el Estado y el ELN, los plenipotenciarios de las dos delegaciones acordaron decirle al país que el comando central de esa agrupación alzada en armas se compromete dejar de secuestrar a partir del 30 de enero de 2024.

El positivo anuncio llega en medio de las declaraciones del presidente en Petro en reciente ceremonia militar, en la que señaló que los ceses al fuego bilaterales se consideraban útiles siempre y cuando se discuta el desmantelamiento de las economías ilegales que les dan sustento a los grupos alzados en armas que hoy sostienen mesas de diálogo con el Gobierno Petro, de cara a pacificar el país de una vez por todas.

Si bien hay que aplaudir la decisión tardía por parte del Ejército de Liberación Nacional, varias preguntas surgen de la discusión semántica e ideológica que rodea a los vocablos secuestro, retenciones y prisioneros, manejados por los elenos de manera diferenciada. Se suma a lo anterior, que la dirigencia de ese grupo armado ilegal amarró el dejar de secuestrar, al mantenimiento del cese del fuego bilateral.

La primera pregunta es: ¿de aquí al 30 de enero del año venidero, el ELN se arroga el derecho a seguir secuestrando civiles y a privar de la libertad a militares sorprendidos de civil e incluso, a quienes en actos o no del servicio, y portando sus uniformes, caen en manos de las estructuras de los elenos? En la declaración conjunta, leída por Vera Grabe, jefa de la delegación de paz del Gobierno no se alude a los casos de militares y policías que caigan en manos de los elenos, que la opinión pública y sucesivos gobiernos entienden como secuestros y no precisamente bajo la categoría de “prisioneros de guerra”.  

La segunda pregunta alude al número preciso de civiles que el ELN tiene en sus manos en calidad de retenidos o secuestrados. ¿Cuántos tiene en su poder? ¿Hay secuestrados que murieron en cautiverio o que fueron ejecutados? Y, sobre todo, ¿Cuándo los van a liberar? Estos interrogantes minimizan la euforia con la que una parte del país recibió los anuncios de la mesa de diálogo instalada en México.

Para el 2024, si todo marcha bien y lo que en adelante diga el presidente Petro no genera un mal ambiente o crisis como las que ya sufrió este proceso de paz, se entrará en la participación de la sociedad civil, punto neurálgico para el comando central del ELN, pues ellos asumirán el papel de mediadores entre el Estado y los agentes de la sociedad que civil que exigirán al Estado soluciones a problemas históricos, en tiempo récord, elemento este que nuevamente enredará la discusión en la mesa. Aunque en el comunicado no se habla de sociedad civil, se sabe que los elenos buscan la participación de agentes sociales, económicos, ambientales y políticos de eso que se conoce como la sociedad civil. En el comunicado se lee: “5. La reanudación del proceso de participación de la sociedad, la culminación de su fase de diseño en abril del año próximo y la creación de una red nacional de participación”.

Lo cierto es que lo expresado por el presidente de la República en un escenario castrense le mete ruido al proceso y confirma el grado de volatilidad que tiene la delicada negociación entre el gobierno de Petro, en nombre del Estado, y los comandantes de la agrupación ilegal levantada en armas. Ya van dos veces que el mandatario de los colombianos cuestiona política e ideológicamente a las actuales guerrillas. En ambas ocasiones, frente a la cúpula militar y el generalato. Así las cosas, parece que estamos ante un proceso de paz con el ELN que nuevamente se encarriló, a pesar de los reclamos e insinuaciones de Petro en escenarios castrenses desde donde se podrían autorizar hostigamientos que darían al traste con ceses al fuego pactados entre las partes.

Imagen tomada de Noticias Caracol 

SE DILUYE LA PAZ TOTAL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En reciente ceremonia de ascensos a varios generales y almirantes, el presidente Petro le dio un giro a su idea de la paz total. El jefe del Estado condicionó el valor y la efectividad de los ceses al fuego a dos condiciones: el desmonte y abandono de las economías ilegales y el respeto a las comunidades.

Esto espetó el mandatario de los colombianos: “El Gobierno Nacional no ve prioritario el cese al fuego si no está precedido de una discusión sobre los planes de destrucción y reemplazo de las economías ilícitas. Las economías ilícitas son la cocaína, indudablemente, quizá la principal y aun la más poderosa; también el oro, la extorsión, el secuestro, entre varias”. La respuesta del ELN no se hizo esperar y se dio de esta manera: “la principal economía ilegal en Colombia es la corrupción política. De la cual el actual Gobierno no ha sido el del Cambio”

En la respuesta de la Delegación de Paz del ELN hay un elemento que se suma a las razones y circunstancias que hacen pensar en que no habrá firmas de tratados de paz en lo que le queda a Petro de gobierno. La preocupación de los líderes del Ejército de Liberación Nacional por la corrupción público-privada y la evidente molestia por los hechos de corrupción que se ventilaron mediáticamente sobre la campaña Petro presidente, gracias al escándalo protagonizado por su hijo, Nicolás Petro, emergen como factores irreconciliables que impedirán avanzar en la ya compleja negociación.

Así las cosas, afloran varias razones y circunstancias que diluyen la idea de la paz total y hacen tambalear el proceso de paz con el ELN y los acercamientos con otros grupos que insisten en llamarse guerrilleros. Veamos.

La Paz Total no fue asumida por el actual gobierno como una política pública, sino como mera nomenclatura y deseo para insistir en que unos grupos armados habían quedado por fuera del proceso de paz de La Habana, con el que se logró el desmonte de las Farc-Ep. Es decir, no se consolidó un documento filosófico, político y técnico que diera cuenta del significado de semejante nomenclatura totalizante y maximalista. A pesar del acompañamiento internacional, esa idea maximalista de la Paz Total se tornó inalcanzable y utópica.

Hay que decir que en dos ocasiones el presidente Petro, en escenarios militares, acusó a elenos y "disidencias farianas" de estar más comprometidos con las economías ilegales, que en firmar un tratado de paz y lograr así su desmovilización. Incluso puso en duda si a los viejos comandantes del ELN las nuevas generaciones de guerrilleros les obedecen realmente. En términos prácticos, el presidente de la República cada vez más duda del estatus político de las agrupaciones al margen de la ley que insisten en llamarse guerrillas.

Quienes llegaron a pensar que por su condición de exguerrillero iba a ser más fácil negociar con el ELN y las llamadas disidencias farianas, se equivocaron. Por el contrario, esa circunstancia histórica fue siempre la mayor talanquera ideológica y política que rondó el proceso de paz con los elenos y los acercamientos con la banda de Iván Mordisco e incluso, con la Segunda Marquetalia. La desmovilización del M-19 en los años 90 y el haber aceptado jugar con las reglas de la democracia fue asumida por los viejos líderes guerrilleros como una claudicación a la lucha armada y a la posibilidad de tomarse el poder a tiros.

Lo dicho por Petro recientemente en la ceremonia militar no es un timonazo como lo presentaron varios medios. No. Simplemente, el presidente de la República está clarificando el asunto ante los Estados Unidos, la ONU y los países que acompañaron los esfuerzos iniciales de paz: en Colombia ya no existe un conflicto armado interno, sino la consolidación de unos grupos armados que viven de las economías ilegales. No está en riesgo la operación y la legitimidad del Estado, pero sí la seguridad alimentaria de cientos de miles de campesinos y por supuesto, valiosos ecosistemas naturales, afectados por el monocultivo de la coca y la minería ilegal. Es decir, Petro le estaría dando mayor importancia a los efectos socio ambientales y ecológicos que deja la “guerra” contra las economías ilícitas y deslegitimando política y socialmente a los grupos armados ilegales que reclaman un estatus político que también se diluyó en el tiempo.

En la señalada ceremonia de ascensos de generales y almirantes en Bogotá, el presidente dio la instrucción a los uniformados de mejorar la inteligencia para golpear a quienes viven hoy de las economías ilegales y se hacen pasar como guerrilleros. Se aleja así toda posibilidad de pacificar el país por las buenas. Le quedan dos años al gobierno de Petro y un único objetivo: golpear las economías ilegales de los elenos y las "disidencias"farianas, recuperar los territorios copados por las estructuras armadas ilegales, cuidar a las comunidades que sobreviven bajo la influencia de esos grupos y golpearlos militarmente a través de operaciones quirúrgicas, basadas en una eficaz inteligencia militar y policial.  

Foto tomada de EL ESPECTADOR.COM

REGIONES DE LA PAZ TOTAL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El gobierno de Gustavo Petro radicó ayer el proyecto de ley a través del cual se modificará la ley de Orden Público, para darle sustento jurídico-político y un carácter estatal a la maximalista idea de la Paz Total. De la propuesta se destaca el establecimiento de “Regiones de Paz”, lo que implica la descentralización del poder que recae en el Presidente de la República, como máximo responsable del orden público. Aunque se niega la posibilidad de declarar zonas de distensión o despeje para procesos de desmovilización y desarme de estructuras delincuenciales, con o sin estatus político, en la práctica podría volverse a esa figura al momento en que un grupo armado ilegal lo plantee. Incluso, es posible que tácitamente, ante un pacto de cese bilateral o multilateral al fuego, ciertas  zonas de las regiones de paz puedan operar bajo esa condición, sin que así sea declarada.

La apuesta de la Paz Total de la actual administración es arriesgada por cuanto hay municipios PDET y otros que hacen parte de las Zomac, con presencia narco paramilitar y guerrillera. Dichos grupos cuentan con el control político y financiero de dependencias de las alcaldías o incluso, de toda la administración local. Es decir, podrían esos esfuerzos de pacificación por la vía dialogada, terminar en acuerdos que si bien servirán para mejorar las condiciones de vida de la población civil, estarían fundados en la legitimación de las actividades ilegales. Por lo anterior, es importante que antes de que sean declaradas esas “regiones de paz”, se inicie desde ya un proceso de consolidación estatal, basado no solo en la presencia armada y legítima del Estado, sino en lo que tiene que ver con actividades propias de la administración pública, conducentes a identificar las redes y los mecanismos de captura de las instituciones oficiales. De igual manera, lograr que el Estado se gane la confianza de la población civil y sus miembros comprendan que a la larga es mejor someterse a la autoridad estatal y no a la que ejercen los actores ilegales.

Insisto, no puede caerse en la trampa de pacificar regiones sobre la base de extender en el tiempo viejos procesos de captura del Estado, por parte de grupos armados ilegales, con la anuencia de las élites locales que guardan de tiempo atrás perniciosas relaciones, en particular con estructuras paramilitares.  

De la mano de esos esfuerzos, el Estado, de la mano de la Academia, podrían adelantar procesos de intervención social y económica que permitan reconocer los factores generadores de violencia, cuyas lógicas puedan ser revisadas y revertidas. Hablo en particular de modelos de desarrollo y de los aparatos productivos locales y regionales que alimentan de alguna manera las expresiones de violencia armada, por cuanto no aquellos no responden de manera adecuada a las expectativas de vida de los habitantes.

El carácter transversal con el que se plantea la modificación a la ley de Orden Público exigirá de todas las dependencias del Estado, de los partidos políticos, del aparato judicial y de agentes de la sociedad civil un particular comportamiento, caracterizado no solo por la eficacia y la eficiencia en solucionar problemas urgentes de la vida societal, sino por el convencimiento de los funcionarios públicos de que es el Estado y nadie más, la figura responsable de guiar la vida de sus asociados, en esos territorios asumidos bajo la estrategia PDET y los que hacen parte de las zonas más afectadas por el conflicto (Zomac).

Ya veremos cómo pasa la propuesta en su trámite por el Congreso de la República. Mientras tanto, hay que estar atentos a las acciones que ya están emprendiendo las fuerzas legales e ilegales simpatizantes con el uribismo, cuyo objetivo es desestabilizar las regiones que mañana serán consideradas dentro de las regiones de paz.

 

Adenda: el proyecto de ley contempla la transformación del servicio militar obligatorio en un servicio social- ambiental. Aplausos. Debe ponerse fin a la exigencia y expedición de la libreta militar, documento que en muchas ocasiones impide la contratación de los jóvenes.

¿PAZ TOTAL, PAZ SIN APELLIDOS O DEJAMOS EN PAZ EL CONCEPTO?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Nos ha sido tan esquiva la construcción de la paz, que su enunciación genera sospechas en quienes se atreven a pronunciarla, a prometerla o simplemente a anhelarla, pues a pesar de las dinámicas del conflicto armado interno y de las múltiples expresiones y formas de violencia, aún, de acuerdo con los testimonios de propios y extraños, Colombia es un “buen vividero”.

En la ceremonia de posesión el 7 de agosto de 2022,  Gustavo Petro habló de paz a secas, sin apellido y de su compromiso indeclinable de avanzar en la implementación del acuerdo de paz de La Habana. Pasaron los días y en su primera alocución presidencial, ocurrida  el 14 de septiembre, Petro habló de la Paz Total.

Hay que decir que ese concepto de Paz Total no solo deviene con un inconveniente carácter maximalista, sino que ha sido criticado por Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, los artífices del proceso de negociación con las Farc-Ep que derivó en la firma del fin del conflicto entre el Estado y esa guerrilla.

La vida, al parecer corta, de esa noción de la paz concita toda suerte de dudas y comentarios alrededor de las lecturas que de las múltiples formas de violencias que se expresan en Colombia, vienen haciendo el Comisionado de Paz, Danilo Rueda y el canciller Álvaro Leyva Durán. Es posible que haya un corto circuito entre las ideas que cada uno de los funcionarios traen en pro de construir la paz en Colombia, y las que el propio Petro arrastra, en virtud de su pasado en el M-19 y las que les surgieron de los debates que como congresista hizo sobre el fenómeno paramilitar y la penetración paramilitar en el Estado y la captura mafiosa que esa organización ilegal hizo del DAS, entre otras entidades estatales.

Este 15 de octubre, en Cali, el presidente Gustavo Petro, al instalar mesas y el diálogo regional en la Universidad del Valle (sede Meléndez) volvió a hablar de paz, pero lo hizo con un cambio de orientación que bien podría confirmar que hay un corto circuito entre él y sus funcionarios en torno al concepto de Paz y los caminos institucionales para alcanzarla; o simplemente se trata de ajustes a un concepto que, en razón del conflicto armado, quedó atrapado en la dimensión del poder político, alejándolo de la dimensión social en la que el concepto se transforma o se expresa en términos de convivencia y  de la resolución pacífica de los conflictos y de las diferencias.

Textualmente el presidente Petro dijo lo siguiente: “Es un diseño que, si nos va bien, podría conducir de la mano del comisionado de Paz, Danilo Rueda, en medio de la movilización popular y haciendo del territorio una conquista de las decisiones de la gente misma, la mal llamada, en mi opinión, ‘paz total’. Lo que queremos es la paz sin apellido”.

No se puede desconocer que se trata de un bandazo presidencial en torno al manoseado concepto, a quien el propio mandatario le puso el apellido Total. Invención o no de Petro o de Leyva Durán, el ajuste conceptual deja entrever la enorme dificultad que como sociedad arrastramos para pensar y lograr vivir en paz, en medio de un conflicto armado interno que terminó eclipsando problemas de convivencia vistos por sucesivos gobiernos que creyeron que para alcanzar la paz solo había dos caminos: insistir en eliminar militarmente a las guerrillas o dialogar con los líderes de esas estructuras armadas para cederles algo de poder (con la entrega de curules y proyectos productivos), sin cambiar de fondo las co-relaciones de fuerza y las circunstancias en las que cómodamente viene operando el régimen de poder de la mano de una élite corrupta, mafiosa y violenta.

Lámase Paz Total o simplemente Paz (sin apellido), en lo único que se mantiene firme Petro es en la estrategia: los diálogos regionales y la participación de la ciudadanía.   Dijo Petro que “estos diálogos regionales que hemos convocado quieren también convocar a quienes, estando armados, puedan participar del diseño colectivo de su territorio; puedan saber que el que mandan en ese territorio no es el fusil, no es la violencia, no es la masacre, sino que es el pueblo”.

La estrategia no deja de ser interesante, retadora, exigente y al final, desgastante, porque implica la aparición de líderes y lideresas capaces de pensarse sus territorios, bajo la amenaza de grupos armados envilecidos por variadas actividades ilegales (narcotráfico, secuestros extorsivos, sicariato y contrabando).

Creo que necesario diferenciar en esos diálogos regionales, aquellos territorios en los que la institucionalidad estatal históricamente ha sido débil, lo que dio oportunidad para que irrumpieran toda suerte de actores para institucionales que terminaron regulando las relaciones sociales, económicas y políticas. Al final, remplazaron el Estado. Allí pueden brotar interesantes ideas de Paz Territorial con enfoques comunitarios gracias a la presencia de comunidades campesinas, indígenas y afros. Pero hay espacios urbanos, en ciudades como Cali y Medellín, en los que la paz como anhelo está circunscrito a la superación de conflictos y problemas entre vecinos, prácticas y  expresiones racistas o clasistas, así como la ocupación y el goce del espacio público, entre otros. En esos espacios, la noción de paz debe presentarse en forma de convivencia social.

Quizás cuando aprendamos a resolver nuestras diferencias y tramitar los “conflictos menores”, llamados así desde las lógicas del poder político central, entonces estemos preparados para conectar la paz política que se asocia a las negociaciones del Estado con los grupos guerrilleros, con el diario vivir de millones de colombianos que no pueden vivir en paz porque no existen las condiciones ambientales y económicas para hacerlo.

Quizás Gustavo Petro se dio cuenta de que al hablar de Paz Total generaba enormes expectativas que no podrá cumplir en cuatro años. Es posible que también le hayan dicho que ponerle apellidos a la paz, como lo hizo Iván Duque Márquez, cuando habló de Paz con Legalidad, lo iba a llevar por caminos contradictorios y confusos.

Lo cierto es que pacificar el país, a través del sometimiento de todas las estructuras armadas, con o sin estatus político, es una apuesta ambiciosa que no se agota en las buenas intenciones de unos y otros. Por el contrario, necesitará de esfuerzos mayúsculos por superar lo que es hoy la realidad social, política y económica que genera violencia: en Colombia, el Estado, con todo y su sistema político, de tiempo atrás viene siendo operado por una élite criminal, mafiosa y corrupta a la que no le conviene que se hable de Paz, porque, justamente, han sabido conectarse y apropiarse inclusive, de las oportunidades de negocio que los conflictos armados abren: venta y comercialización de armas, control de rutas del narcotráfico y el mantenimiento de la onerosa y fracasada  guerra contra las drogas.

Mientras Petro intenta re-orientar la operación del Estado, quizás es tiempo de dejar de manosear el concepto de paz, pues de tanto hacerlo, se va vaciando de sentido por el cansancio que produce estar hablando cada cierto tiempo de la instalación de mesas de diálogo con quienes poco o nada han aportado al mejoramiento de la calidad de vida de millones de colombianos. 

Imagen de Youtube

LA PAZ CON EL ELN: ÚLTIMA OPORTUNIDAD

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El gobierno de Gustavo Petro anuncia que en pocos días se retomarán las conversaciones de paz con el ELN, suspendidas durante la administración de Iván Duque Márquez. La reinstalación de la mesa se da en el marco de la búsqueda quimérica de la “Paz Total” y deberá entenderse como la última oportunidad para la agrupación guerrillera, cuyos comandantes, concentrados en el Comando Central (Coce), se caracterizan por asumir férreas posturas políticas que terminan entorpeciendo la posibilidad de poner fin al conflicto armado que sostienen con el Estado desde hace más de 50 años.

En particular, el comandante Antonio García figura como uno de los más difíciles negociadores. Recientemente, en su cuenta de twitter dijo lo siguiente: “El ELN hemos señalado varios temas críticos que no compartimos y los hemos interrogado: 1) La "paz total", 2) el Cese el fuego multilateral", 3) sigue el mismo esquema de desmovilización y todo siga lo mismo, 4) la participación de la sociedad no puede ser en "modo exprés". Los cambios que aporten a la justicia social y a democratizar el país, son el camino hacia la paz. Jamás al revés. Todos estos interrogantes siguen en las mentes de los elenos”.

La dirigencia del ELN exhibe un discurso maximalista en torno a la paz, que implica encontrar soluciones inmediatas a estructurales e históricos problemas como la pobreza y el cerramiento democrático. En la metodología planteada dentro de la negociación adelantada con el gobierno de Juan Manuel Santos,  la condición de mediador del ELN estaba al servicio de encontrar soluciones inmediatas a los problemas que llevaran a la mesa los representantes de la sociedad civil.

Insisto en que los del ELN parecen ubicarse en un plano moral superior que hace compleja cualquier intento de negociación. En lugar de pensar en la posibilidad de aportar a la democratización del país y la anhelada justicia social haciendo parte del Estado, a los elenos les parece más lógico insistir en la guerra, que reinsertarse y luchar dentro de la institucionalidad. La llegada al poder político del compañero de aventura revolucionaria, Gustavo Petro, bien debería de animarlos a abandonar las armas y construir el país que sueñan desde la legalidad. Quizás en lo expuesto por Antonio García esté el mayor obstáculo a vencer en este nuevo intento de ponerle fin al conflicto armado.

Mientras se afinan los detalles para la reinstalación de la mesa, hay que destacar la participación de José Félix Lafaurie como miembro negociador. El ganadero y latifundista llega en nombre de Fedegan, uno de los agentes de la sociedad civil comprometido con las dinámicas del conflicto armado interno. De acuerdo con el exgobernador de Córdoba, Benito Osorio, Lafaurie apoyó a grupos paramilitares. Estos señalamientos, sin embargo, no impidieron al presidente Petro invitarlo a hacer parte de la nueva mesa de diálogo. Esperemos que para los comandantes del Coce no sea una razón para detener el reinicio de las conversaciones de paz. La participación en los diálogos de paz del líder gremial y esposo de la congresista de derecha, María Fernanda Cabal tiene un especial significado político por cuanto expresa la apertura política e ideológica del presidente Gustavo Petro, en el entendido de que la paz total se construye con todos los actores que participan de manera directa o indirecta del conflicto armado.

Veremos en qué queda este nuevo intento de consolidar la paz en Colombia. Por lo menos, el gobierno de Petro no desprecia al ELN como actor armado, como sí lo hizo el entonces presidente Santos, al minimizar los alcances de esta agrupación guerrillera, al comparar su estructura armada con la que exhibían las Farc-Ep, al momento de la firma del fin del conflicto que se produjo en La Habana (Cuba).

Si se fracasa por culpa de la postura maximalista de los elenos, el país deberá entender que la dirigencia del ELN se quedó anclada en la  aventura revolucionaria de los años 60, lo que los convierte en una guerrilla anacrónica e incapaz de leer en perspectiva de cambio, lo que significa que hoy un exguerrillero esté sentado en la Casa de Nariño, tomando decisiones dirigidas, justamente, a garantizar la justicia social y ampliar la democracia.

Imagen de Fundación Ideas para la Paz

UNA SEGUNDA MARQUETALIA A LA PAZ

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La Segunda Marquetalia existe hoy gracias al gobierno de Iván Duque Márquez, quien al fungir como el principal enemigo del acuerdo de paz firmado en La Habana, acompañó las actividades de entrampamiento que desde la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez Neira (NHMN) se emprendieron en contra de Santrich y del propio Iván Márquez, líder de ese grupo disidente.

En la búsqueda de la gaseosa Paz Total, el gobierno de Gustavo Petro tiene en sus manos el problema jurídico de reconocer políticamente a la Segunda Marquetalia, esto es, otorgarle el estatus político que perdieron desde el preciso momento en el que abandonaron el acuerdo y las dinámicas que los debieron haber llevado a estar hoy en el Congreso de la República y a hacer parte del partido Comunes.

La discusión no es menor. No será fácil zanjar la discusión entre quienes consideran un imposible jurídico reconocerles ese estatus en virtud a que abandonaron el proceso de paz y aquellos que, por el contrario, ven viable hacerlo bajo la premisa de que el entrampamiento en contra de Santrich y Márquez fue un hecho político y jurídico, aunque este último cargado de la mala fe de funcionarios estatales y de la DEA que trabajaron en contubernio con la firme intención de hacer colapsar el acuerdo de La Habana.

En diálogo con El Espectador, el ministro del Interior, Alfonso Prada, señaló que “no es un tema fácil, tenemos limitaciones de carácter legal, todas las limitaciones que encontremos legalmente vamos a tener que superarlas en el escenario natural para ellos, que es el Congreso de la República”.

Más allá de los límites legales, los argumentos que deberá consolidar el gobierno tienen un carácter político que deberá imponerse sobre los jurídicos si de verdad se quiere reversar el carácter de “desertores” que se les otorgó a quienes decidieron incumplir lo acordado volviendo a empuñar las armas.

Un primer elemento que deberá hacer parte de la argumentación es que quien incumplió primero lo acordado fue el Estado colombiano. Bajo esa premisa se debe indicar que la negociación entre los plenipotenciarios del gobierno de Santos y el Secretariado de las Farc estaba, supuestamente, respaldada por el Estado. Esa circunstancia obligaba al Fiscal y al propio gobierno de Iván Duque a respetar lo firmado en Cuba. Lo que hicieron NHMN y Duque, por el contrario, fue entorpecer y tratar de descarrilar el tren que llevaba las firmas de Santos y Timochenko y el acuerdo de las 300 páginas.

Lo hecho por Duque y NHMN fue demencial, arbitrario e infame en contra de un proceso de paz complejo que a pesar de haber servido para desmantelar a la guerrilla más grande y con esta a las perversas dinámicas de un conflicto armado degradado, no sirvió para que la sociedad en su conjunto  emprendiera sus propios procesos de reconciliación y comprensión de los términos en los que se firmó el Acuerdo Final de paz.

Otorgarle el estatus político a la Segunda Marquetalia es también darle una segunda oportunidad a la paz que el uribismo, en cabeza del entonces fiscal general de la Nación y el títere del expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez. Lo hecho por NHMN y Duque no fue un acto político, sino prepolítico, en la medida en que atacaron el corazón del Acuerdo de Paz y lo hicieron, apelando a la mentira y al fraude. No se puede hacer la paz en Colombia mientras haya dudas sobre la transparencia de aquellos que hacen operar y mover  las oscuras estructuras de poder que dan vida al doble Estado que opera en Colombia de tiempo atrás.  

 

Imagen tomada de EL ESPECTADOR

DOCTRINA MILITAR EN LOS POZOS (CAQUETÁ)

 

Por Germán Ayala Osorio

Con la política de seguridad democrática el país cayó en una espiral de violencia gracias en buena medida a dos circunstancias: la primera, soportada en la tesis negacionista que del conflicto armado interno propuso Álvaro Uribe Vélez como comandante supremo de las FFAA y presidente de la República.  Y la segunda, atada a la aplicación del principio del enemigo interno a campesinos, afros, indígenas, sindicalistas, profesores y periodistas críticos del régimen de poder.

Con el triunfo político y electoral de Gustavo Petro se reconoce la existencia del conflicto armado al retomar las negociaciones con el ELN y al examinar el caso de la Segunda Marquetalia.  Además, se pretende borrar de la lógica policial y castrense esa perversa extensión del enemigo interno a comunidades tradicionalmente violentadas por los actores armados, incluido,  por supuesto, el Estado y la condición militarista que naturalizó el uribismo durante los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque Márquez.

Lo sucedido en las instalaciones de la petrolera china, Emerald Energy, ubicada en Los Pozos (Caquetá) es la expresión genuina del cambio de doctrina que impulsa el actual gobierno. El propio presidente Gustavo Petro confirmó que le dio la orden a las fuerzas militares de no intervenir en la refriega dada entre la guardia campesina y los policías del Esmad. Estos últimos fueron retenidos o secuestrados por los campesinos.

El ministro de la Defensa, Iván Velásquez invitó a sus detractores a reflexionar: “A todos aquellos que dicen mano dura, represión, tenía que haberse defendido el honor de la Policía cuando estos uniformados salían insultados y no se reaccionó. A todos ellos yo les hago el llamado para que piensen frente al valor de la vida, frente a las graves dificultades que se vivían en ese momento”.

Las muertes del policía y de los dos campesinos son lamentables, pero bien vale la pena examinar el sentido de los reclamos y en particular, en los incumplimientos del anterior gobierno, por ejemplo, en la pavimentación de una importante vía en el sector y el manejo mafioso de las regalías del sector petrolero. El abandono estatal en estos territorios es histórico, de ahí que los violentos reclamos de los campesinos sean producto de las burlas consecutivas de las que han sido víctimas las comunidades asentadas en esa zona.

Eso sí, los voceros del gobierno no pueden caer en prácticas eufemísticas como las del ministro Alfonso Prada, quien calificó la acción de los campesinos como un “cerco humanitario”. No. Una cosa es reorientar la acción policial y militar hacia la defensa de la vida, por encima de la lógica uribista de producir más y mejores resultados operacionales (contar muertos), y otra muy distinta enmascarar las acciones populares bajo acciones humanitarias que jamás ocurrieron.

El duro y violento enfrentamiento entre los miembros de la guardia campesina y los policiales se explica por todos los años en los que la fuerza pública miró a los civiles como sus enemigos, siguiendo las orientaciones de presidentes, como Uribe y Duque, empeñados en consolidar un Estado militarista, capaz de perseguir, someter y asesinar a quienes levanten su voz para reivindicar derechos. Eso sí, no pueden caer los reclamantes en la misma dinámica, asumiendo a los policías, en particular, como sus enemigos. Todo trato inhumano al adversario, aumentan los odios y facilita las cosas a quienes desde la derecha weberiana exigen litros de sangre, amparados en la legitimidad del Estado para violentar a sus asociados.

No será fácil el cambio de doctrina en unas fuerzas armadas envilecidas y degradadas por un conflicto armado interno que solo ha servido para enriquecer a los Señores de la Guerra. En el fondo, el gran enemigo es el neoliberalismo y con este, un Estado que viene operando, desde los años 90, al servicio de una élite mafiosa, criminal y parásita. No podrá en cuatro años el actual gobierno enterrar en los pozos de nuestra historia, eso de considerar como enemigos de la sociedad, a los campesinos, a los indígenas, a los afros y a todo el que se atreva a reclamar sus derechos.

 

Imagen tomada de https://www.google.com/search?q=militares+en+los+pozos&sca_esv=81be24a89c2bd647&rlz=1C1UUXU_esCO975CO975&tbm=isch&sxsrf=AM9HkKmdhyujhfbtdaviMxa11TRwiT4wew:1702780391129&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwjI1d-it5WDAxWdTTABHRe2BYwQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1366&bih=641&dpr=1