PETRO Y UN ESTADO QUE NO LE CUMPLE A LA PAZ

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Hace bien el presidente de la República en advertirle al país y al Consejo de Seguridad de la ONU que al Estado colombiano “le quedó grande” cumplir con lo acordado en el tratado de paz firmado con las entonces Farc-Ep. Exactamente esto dijo el jefe del Estado: “Esta vez va a ir el presidente de la república y va a tener que decir: definitivamente el Estado de Colombia no quiere cumplir el acuerdo de paz que firmó. Yo no puedo decir mentiras”.

El anuncio presidencial generó todo tipo de reacciones en particular en quienes no entienden cómo el propio jefe del Estado anuncia que le reconocerá a la ONU y a los países garantes y acompañantes del proceso de paz de La Habana que el Estado fue inferior al compromiso que asumió con la paz. Aunque puede sonar “raro” que el propio presidente de la República haga ese tipo de reconocimientos, lo que hace Petro es poner de presente que las otras dos ramas del poder público son responsables, junto al Ejecutivo, de los incumplimientos a lo que se acordó en Cuba entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las Farc-Ep.

Los incumplimientos a lo firmado en el teatro Colón de Bogotá ponen de presente responsabilidades políticas que deberán asumir funcionarios y los gobiernos de Santos, Duque y Petro. De igual manera, las que tienen que arrogarse agencias estatales que operan bajo las viejas dinámicas de un Estado desordenado, paquidérmico, ineficiente e incapaz, administrativamente hablando, de ejecutar el mandato legal en el que está soportado el acuerdo de paz de La Habana. Siete años después de la firma del armisticio entre el Estado y las entonces Farc-Ep, el Congreso aprobó la jurisdicción agraria. Esto dijo la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica: “la jurisdicción agraria va a permitir que la paz llegue al campo con una vía judicial por la cual se puedan tramitar todas las diferencias que tenemos sobre los derechos a la tierra, a los baldíos y los bienes de uso público”.

A pesar de ese tardío avance, la reforma agraria sigue siendo el problema central en los incumplimientos porque ni se ha logrado cumplir con la entrega de los 3 millones de hectáreas de tierra, como tampoco consolidar el Fondo de Tierras acordado para tal efecto. Reducir la reforma agraria a la entrega de tierras es un error en el que incurrieron dos de las tres administraciones arriba señaladas (Santos y Duque). Se debió diseñar, una vez firmado la paz, un plan de industrialización del campo con todos los latifundistas del país, esto es, con aquellas personas naturales y jurídicas que acaparan grandes extensiones de tierra dedicadas a ganadería de baja producción, a la especulación del precio de la tierra y a la siembra de monocultivos de caña de azúcar y palma africana.

Al no haberse diseñado ese plan de industrialización, los PDET se hicieron inaplicables por cuanto no solo no se tocó la propiedad concentrada de la tierra, sino que su deseada distribución no está pensada, por ejemplo, para que el minifundio y el latifundio puedan convivir bajo un modelo agrario moderno que convierta al país en una despensa agrícola para el mundo. Poco interés hay en dejar de ser un simple exportador de café y azúcar, en beneficio de unos cuantos agentes privados, porque históricamente se construyó una azarosa relación con la tierra, ancorada su concentración al poder político y económico que esa condición genera.    

Un punto que poco se advierte al momento de evaluar la etapa de implementación de los acuerdos de paz de La Habana en la que estamos, tiene que ver con la noción de Estado. Pocos son los funcionarios, magistrados, empresarios del campo, jueces, ministros, e incluso, presidentes de la República, entre otros, que tienen una visión de Estado que supere las lógicas y dinámicas políticas asociadas a los tiempos que duran los gobiernos. El ejemplo de Iván Duque Márquez resulta paradigmático. Con el claro objetivo de frenar la implementación del acuerdo de paz, Duque redactó su propia política de paz a la que llamó Paz con Legalidad. Es decir, con una política de gobierno y con todo el poder político y administrativo, el entonces presidente-títere, afectó la política de paz de Estado que emergió cuando se firmó en el teatro Colón de Bogotá la versión final del Acuerdo Final. No se puede olvidar que Duque fue una ficha incondicional de Uribe y de otros agentes del llamado uribismo, que hizo todo para cumplir con el deseo del exministro Fernando Londoño Hoyos y del exprocurador Alejandro Ordóñez de “hacer trizas ese maldito papel que llaman el acuerdo final”.

Estos dos godos recalcitrantes además de oponerse a la negociación política entre el gobierno de Santos y los voceros farianos, son hijos del cortoplacismo. En Colombia se planea el desarrollo para cumplir las metas de un gobierno, esto es, para cuatro años. Por ello los ejercicios de prospectiva que se hacen se abandonan por razones políticas e ideológicas e incluso, por lecturas macartizantes que se hacen sobre los campesinos y los exguerrilleros, incluyendo por supuesto al presidente Petro por haber militado en el M-19. Entran en ese juego ideológico el clasismo y el racismo, elementos que por décadas han impedido un acercamiento entre quienes concentran la tierra y aquellos que quieren trabajarla para aportar a la autonomía y la soberanía alimentarias.

Al final, el llamado que hace el presidente Petro va dirigido a que en todos los estamentos de los tres poderes públicos se revisen los procedimientos y las actuaciones que terminaron consolidando los incumplimientos a lo acordado en La Habana, Cuba. Pero no puede dejar por fuera el jefe del Estado las responsabilidades políticas de los gremios y agentes de poder asociadas a las actividades agrícolas, en particular aquellos que dijeron No al plebiscito por la paz, coyuntura que terminó provocando y legitimando los primeros incumplimientos a lo acordado, en virtud a los ajustes que sufrió el texto final de paz.

No podemos olvidar que mantener las dinámicas del conflicto armado interno en las zonas apartadas del país, favorece directamente a los latifundistas y ganaderos que llegan a esos territorios a acaparar más tierra, bien sea de la mano de estructuras paramilitares o de las condiciones de un mercado de tierras golpeado por la violencia política que abarata el valor de la tierra.

Imagen tomada de Youtube.com

PAZ TOTAL Y EL ORIGEN DE CLASE DEL PRESIDENTE PETRO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Es poco probable que en lo que queda de este gobierno uno de los grupos armados ilegales con los que dialoga, decida firmar el armisticio y reinsertarse a la vida social, política y económica del país. Por ello, es hora de hacer un balance del proyecto de la Paz Total desde dos perspectivas o factores, en particular, desde uno muy poco tenido en cuenta al momento de evaluar iniciativas de paz.

El primer elemento tiene que ver con el carácter maximalista que el jefe del Estado le dio a esa iniciativa de paz. La verdad es que se trata de una verdadera espada de Damocles que amenaza todos los días el destino de los diálogos sostenidos con el ELN y las disidencias farianas de los “Ivanes” Mordisco y Márquez. No dedicaré más líneas a ese factor.

El segundo elemento, del que poco se habla y que podría tener más peso e importancia que ese maximalismo, tiene que ver con los orígenes políticos y de clase de los presidentes de la República. En varios casos, esa circunstancia sirvió, en doble vía, como fuente legitimadora de la lucha guerrillera y como una manera de reconocer, a nombre del establecimiento colombiano, que efectivamente había razones históricamente objetivas que justificaban el levantamiento armado de las guerrillas en los convulsionados años 60.

Desde Belisario Betancur, pasando por Andrés Pastrana y su fallido proceso de paz del Caguán, hasta llegar a Juan Manuel Santos, todos los procesos de diálogo adelantados estuvieron marcados por ese particular elemento. Sin duda alguna, ese factor coadyuvó a que aquellas búsquedas de la anhelada paz en Colombia estuvieran sobrecargadas de una legitimidad otorgada en función de ese factor de clase. Los que en nombre del establecimiento colombiano mostraron interés en pacificar al país a través del diálogo y la cesión de algo de poder, lo hicieron convencidos de que no les iban a permitir  afectar la viabilidad del proyecto político de la derecha. En este punto hay que señalar que Betancur y Santos mostraron un genuino interés de alcanzar la paz, mientras que Andrés Pastrana usó los diálogos del Caguán como una estratagema con la que buscó exponer internacionalmente a las Farc-Ep, al entregarle sin verificación y sin control alguno los 42 mil kilómetros cuadrados que esa agrupación usó para armarse y traficar con droga. Las Farc-Ep "cayeron" en la trampa que les montó Pastrana, en virtud a su torpeza para leer el contexto internacional y porque estaban convencidos aún de que podrían tomarse el poder a tiros.  

Así entonces, el pasado político y la clase social de los presidentes de la República ha sido un factor clave para los grupos armados ilegales que lo vieron siempre como una fuente inagotable de reconocimiento político de su lucha armada. Al llegar Petro a la Casa de Nariño y al no estar ese elemento sociopolítico, la ya naturalizada legitimidad de las estructuras armadas (ELN y disidencias farianas) empezó a erosionarse. Por venir Petro del M-19 y de hacer parte del único proceso de paz exitoso (el de La Habana sigue siendo un proceso, porque está en la etapa de implementación de lo acordado), esos grupos “guerrilleros” asumieron erróneamente que el presidente Petro había traicionado el proyecto revolucionario que alguna vez cobró vida con la Coordinadora Nacional Guerrillera. Vaya error.

Al ser Petro un outsider, no arrastra la obligación moral de los hijos de la élite, de conversar con los grupos armados ilegales. El actual presidente propuso una agenda de paz, pensando en minimizar el sufrimiento de la población civil, pero alelado de cualquier compromiso atado a un origen de clase que él, por supuesto, no puede exhibir. 

En varias ocasiones el presidente Petro ha deslegitimado las luchas del ELN y las disidencias de las Farc-Ep, reduciendo su operación militar al poder que les da las economías ilegales. Aquel epíteto que Petro lanzó contra alias Iván Mordisco, de “traqueto vestido de revolucionario” da cuenta de la manera como el jefe del Estado asume la lucha armada de unos grupos que, a su juicio, sobreviven por las economías ilícitas (explotación de oro, tráfico de drogas y secuestros extorsivos) que les da con qué comprar armas. Planteadas así las cosas, esas organizaciones criminales dejaron de preocuparse por justificar, hacia adentro y hacia afuera, su confrontación político-militar con el Estado. Lejos está Petro de reconocerles legitimidad alguna a quienes se quedaron viviendo en el pasado y anhelando el viejo socialismo de la Unión Soviética.

Para ponerlo en términos coloquiales hay que decir que Petro no les come cuento, no les cree, porque él mismo es ejemplo vivo de que es posible, desde la institucionalidad y bajo las reglas de la imperfecta democracia colombiana, lograr los objetivos que orientaron su lucha armada y revolucionaria en los años 70.

Lo más probable, entonces, es que, a dos años de culminar su administración, Petro no logre la Paz Total a la que le apostó alejado de cualquier intención ideológica y política de legitimar a unas organizaciones armadas que hace rato perdieron el rumbo y que dejaron de representar al “pueblo” por el que se levantaron en armas contra el Estado. Difícilmente representan a esa vieja izquierda que no creyó necesariamente en la revolución armada y en la combinación de todas las formas de lucha. El ELN y las disidencias farianas se representan a  ellas mismas y al espíritu decadente que poco a poco las redujo a unas simples organizaciones criminales.

Imagen tomada de Prensa Llanera

ELN Y LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En medio de un paro armado, las delegaciones del gobierno y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) avanzan en la discusión de los puntos de la agenda. En particular, hay uno de vital importancia para los elenos: la participación de la sociedad civil para lograr las transformaciones por las que, según ellos mismos, han luchado militarmente por más de 50 años.

Según el senador Cepeda, ya están trabajando en el diseño de los mecanismos que permitirán, a partir de mayo de este año, la participación de agentes de la sociedad civil. Ojalá los mecanismos diseñados, con alcance nacional, pero territorialmente ancorados, terminen con el fin del conflicto entre el Estado y esa agrupación armada ilegal. Eso sí, la participación ciudadana organizada expone una situación suigéneris: el ELN termina convertido en un mediador entre lo que propongan los agentes de la sociedad civil y la delegación de paz del gobierno que, en nombre del Estado, deberá dar cuenta en tiempos muy precisos, de las transformaciones sociales, políticas y económicas que hacen parte del ideario del grupo armado y que aspiran a que sean las mismas de los agentes sociales, económicos y políticos que participarán a partir de mayo en las mesas de trabajo. Es decir, la negociación política adquiere un carácter indirecto que complejiza aún más el proceso de diálogo: los plenipotenciarios del Gobierno, en nombre del Estado, no negociarán directamente con sus similares del ELN, como ocurrió durante el proceso de paz y negociación de La Habana, entre el Estado y las entonces Farc-Ep.

Imagino que la intervención y participación de agentes sociales, económicos y políticos de la sociedad civil tendrá un enfoque territorial diferenciado, lo que de inmediato pondrá en evidencia los avances en su aplicación de los planes de desarrollo local y regional que a la fecha el Estado esté ejecutando y priorizando. Ese podría ser un primer obstáculo en los avances de las transformaciones que el ELN espera, en consonancia con lo expresado por los actores de la sociedad civil que participen de los encuentros. A esto se suma que varias regiones y municipios quedaron en manos de actores políticos que hoy le hacen oposición al gobierno de Petro en el Congreso, a los que no necesariamente les interesará ayudar a que se concrete lo de la paz total.

En esa misma línea, bajo qué criterios técnicos y presupuestales se ejecutarán las exigencias y las propuestas, locales y regionales, expuestas por esos actores de la sociedad civil y cómo estos dialogarán con el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Habrá dinero suficiente y capacidad operativa de un Estado históricamente paquidérmico para ejecutar obras y responder a exigencias de la ciudadanía?

¿Qué pasará en y con los municipios PDET? Hasta el momento, la estructura agraria y la concentración de la tierra en pocas manos no ha cambiado en esos territorios. ¿Los agentes sociales, económicos y políticos de la sociedad civil de varios de esos municipios querrán participar de las discusiones que se darán en el marco de la dinámica planteada por el ELN?

Las dinámicas y los encuentros entre esos agentes de la sociedad civil y el Estado, con la mediación de los elenos, podrían convertirse en fuente de nuevos conflictos por los intereses encontrados y diferenciados que de todas maneras van a quedar expuestos cuando aparezcan agentes económicos de la sociedad civil que no compartan lo dicho o exigido por actores sociales e incluso, por los agentes políticos en una misma región.

Como la participación tendrá un carácter nacional, surge de inmediato la pregunta: ¿De estos encuentros harán parte los agentes económicos de la sociedad civil que a diario aparecen en los medios masivos tradicionales? ¿Es decir, veremos a la ANDI, Acopi y Fenalco, entre otros, discutiendo las propuestas y exigencias de actores sociales y políticos que históricamente jamás fueron escuchados?

Son muchos los detalles que deberán tener en cuenta quienes en la mesa de diálogo se sentarán a diseñar los mecanismos y los protocolos de participación. Nadie niega que garantizar la participación de la sociedad civil resulta novedoso, pero también hay enormes riesgos de que semejante apuesta termine generando expectativas en las comunidades que llevan años esperando a que la cara civil del Estado, con todo y su carácter civilizatorio, llegue a territorios a los que jamás llegó, porque solo hubo el interés de que el Estado hiciera presencia con la bota militar. 

¿Estarán comprometidos todos los frentes de guerra del ELN en esa apuesta? ¿O tempranamente aparecerán disidencias que, en lugares específicos, torpedearán los procesos participativos?

 Imagen tomada de La Patria. 

EL ELN DEJARÁ DE SECUESTRAR EN 2024

 

Por Germán Ayala Osorio

Al cierre del 5to ciclo de conversaciones de paz entre el Estado y el ELN, los plenipotenciarios de las dos delegaciones acordaron decirle al país que el comando central de esa agrupación alzada en armas se compromete dejar de secuestrar a partir del 30 de enero de 2024.

El positivo anuncio llega en medio de las declaraciones del presidente en Petro en reciente ceremonia militar, en la que señaló que los ceses al fuego bilaterales se consideraban útiles siempre y cuando se discuta el desmantelamiento de las economías ilegales que les dan sustento a los grupos alzados en armas que hoy sostienen mesas de diálogo con el Gobierno Petro, de cara a pacificar el país de una vez por todas.

Si bien hay que aplaudir la decisión tardía por parte del Ejército de Liberación Nacional, varias preguntas surgen de la discusión semántica e ideológica que rodea a los vocablos secuestro, retenciones y prisioneros, manejados por los elenos de manera diferenciada. Se suma a lo anterior, que la dirigencia de ese grupo armado ilegal amarró el dejar de secuestrar, al mantenimiento del cese del fuego bilateral.

La primera pregunta es: ¿de aquí al 30 de enero del año venidero, el ELN se arroga el derecho a seguir secuestrando civiles y a privar de la libertad a militares sorprendidos de civil e incluso, a quienes en actos o no del servicio, y portando sus uniformes, caen en manos de las estructuras de los elenos? En la declaración conjunta, leída por Vera Grabe, jefa de la delegación de paz del Gobierno no se alude a los casos de militares y policías que caigan en manos de los elenos, que la opinión pública y sucesivos gobiernos entienden como secuestros y no precisamente bajo la categoría de “prisioneros de guerra”.  

La segunda pregunta alude al número preciso de civiles que el ELN tiene en sus manos en calidad de retenidos o secuestrados. ¿Cuántos tiene en su poder? ¿Hay secuestrados que murieron en cautiverio o que fueron ejecutados? Y, sobre todo, ¿Cuándo los van a liberar? Estos interrogantes minimizan la euforia con la que una parte del país recibió los anuncios de la mesa de diálogo instalada en México.

Para el 2024, si todo marcha bien y lo que en adelante diga el presidente Petro no genera un mal ambiente o crisis como las que ya sufrió este proceso de paz, se entrará en la participación de la sociedad civil, punto neurálgico para el comando central del ELN, pues ellos asumirán el papel de mediadores entre el Estado y los agentes de la sociedad que civil que exigirán al Estado soluciones a problemas históricos, en tiempo récord, elemento este que nuevamente enredará la discusión en la mesa. Aunque en el comunicado no se habla de sociedad civil, se sabe que los elenos buscan la participación de agentes sociales, económicos, ambientales y políticos de eso que se conoce como la sociedad civil. En el comunicado se lee: “5. La reanudación del proceso de participación de la sociedad, la culminación de su fase de diseño en abril del año próximo y la creación de una red nacional de participación”.

Lo cierto es que lo expresado por el presidente de la República en un escenario castrense le mete ruido al proceso y confirma el grado de volatilidad que tiene la delicada negociación entre el gobierno de Petro, en nombre del Estado, y los comandantes de la agrupación ilegal levantada en armas. Ya van dos veces que el mandatario de los colombianos cuestiona política e ideológicamente a las actuales guerrillas. En ambas ocasiones, frente a la cúpula militar y el generalato. Así las cosas, parece que estamos ante un proceso de paz con el ELN que nuevamente se encarriló, a pesar de los reclamos e insinuaciones de Petro en escenarios castrenses desde donde se podrían autorizar hostigamientos que darían al traste con ceses al fuego pactados entre las partes.

Imagen tomada de Noticias Caracol 

SE DILUYE LA PAZ TOTAL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En reciente ceremonia de ascensos a varios generales y almirantes, el presidente Petro le dio un giro a su idea de la paz total. El jefe del Estado condicionó el valor y la efectividad de los ceses al fuego a dos condiciones: el desmonte y abandono de las economías ilegales y el respeto a las comunidades.

Esto espetó el mandatario de los colombianos: “El Gobierno Nacional no ve prioritario el cese al fuego si no está precedido de una discusión sobre los planes de destrucción y reemplazo de las economías ilícitas. Las economías ilícitas son la cocaína, indudablemente, quizá la principal y aun la más poderosa; también el oro, la extorsión, el secuestro, entre varias”. La respuesta del ELN no se hizo esperar y se dio de esta manera: “la principal economía ilegal en Colombia es la corrupción política. De la cual el actual Gobierno no ha sido el del Cambio”

En la respuesta de la Delegación de Paz del ELN hay un elemento que se suma a las razones y circunstancias que hacen pensar en que no habrá firmas de tratados de paz en lo que le queda a Petro de gobierno. La preocupación de los líderes del Ejército de Liberación Nacional por la corrupción público-privada y la evidente molestia por los hechos de corrupción que se ventilaron mediáticamente sobre la campaña Petro presidente, gracias al escándalo protagonizado por su hijo, Nicolás Petro, emergen como factores irreconciliables que impedirán avanzar en la ya compleja negociación.

Así las cosas, afloran varias razones y circunstancias que diluyen la idea de la paz total y hacen tambalear el proceso de paz con el ELN y los acercamientos con otros grupos que insisten en llamarse guerrilleros. Veamos.

La Paz Total no fue asumida por el actual gobierno como una política pública, sino como mera nomenclatura y deseo para insistir en que unos grupos armados habían quedado por fuera del proceso de paz de La Habana, con el que se logró el desmonte de las Farc-Ep. Es decir, no se consolidó un documento filosófico, político y técnico que diera cuenta del significado de semejante nomenclatura totalizante y maximalista. A pesar del acompañamiento internacional, esa idea maximalista de la Paz Total se tornó inalcanzable y utópica.

Hay que decir que en dos ocasiones el presidente Petro, en escenarios militares, acusó a elenos y "disidencias farianas" de estar más comprometidos con las economías ilegales, que en firmar un tratado de paz y lograr así su desmovilización. Incluso puso en duda si a los viejos comandantes del ELN las nuevas generaciones de guerrilleros les obedecen realmente. En términos prácticos, el presidente de la República cada vez más duda del estatus político de las agrupaciones al margen de la ley que insisten en llamarse guerrillas.

Quienes llegaron a pensar que por su condición de exguerrillero iba a ser más fácil negociar con el ELN y las llamadas disidencias farianas, se equivocaron. Por el contrario, esa circunstancia histórica fue siempre la mayor talanquera ideológica y política que rondó el proceso de paz con los elenos y los acercamientos con la banda de Iván Mordisco e incluso, con la Segunda Marquetalia. La desmovilización del M-19 en los años 90 y el haber aceptado jugar con las reglas de la democracia fue asumida por los viejos líderes guerrilleros como una claudicación a la lucha armada y a la posibilidad de tomarse el poder a tiros.

Lo dicho por Petro recientemente en la ceremonia militar no es un timonazo como lo presentaron varios medios. No. Simplemente, el presidente de la República está clarificando el asunto ante los Estados Unidos, la ONU y los países que acompañaron los esfuerzos iniciales de paz: en Colombia ya no existe un conflicto armado interno, sino la consolidación de unos grupos armados que viven de las economías ilegales. No está en riesgo la operación y la legitimidad del Estado, pero sí la seguridad alimentaria de cientos de miles de campesinos y por supuesto, valiosos ecosistemas naturales, afectados por el monocultivo de la coca y la minería ilegal. Es decir, Petro le estaría dando mayor importancia a los efectos socio ambientales y ecológicos que deja la “guerra” contra las economías ilícitas y deslegitimando política y socialmente a los grupos armados ilegales que reclaman un estatus político que también se diluyó en el tiempo.

En la señalada ceremonia de ascensos de generales y almirantes en Bogotá, el presidente dio la instrucción a los uniformados de mejorar la inteligencia para golpear a quienes viven hoy de las economías ilegales y se hacen pasar como guerrilleros. Se aleja así toda posibilidad de pacificar el país por las buenas. Le quedan dos años al gobierno de Petro y un único objetivo: golpear las economías ilegales de los elenos y las "disidencias"farianas, recuperar los territorios copados por las estructuras armadas ilegales, cuidar a las comunidades que sobreviven bajo la influencia de esos grupos y golpearlos militarmente a través de operaciones quirúrgicas, basadas en una eficaz inteligencia militar y policial.  

Foto tomada de EL ESPECTADOR.COM

REGIONES DE LA PAZ TOTAL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El gobierno de Gustavo Petro radicó ayer el proyecto de ley a través del cual se modificará la ley de Orden Público, para darle sustento jurídico-político y un carácter estatal a la maximalista idea de la Paz Total. De la propuesta se destaca el establecimiento de “Regiones de Paz”, lo que implica la descentralización del poder que recae en el Presidente de la República, como máximo responsable del orden público. Aunque se niega la posibilidad de declarar zonas de distensión o despeje para procesos de desmovilización y desarme de estructuras delincuenciales, con o sin estatus político, en la práctica podría volverse a esa figura al momento en que un grupo armado ilegal lo plantee. Incluso, es posible que tácitamente, ante un pacto de cese bilateral o multilateral al fuego, ciertas  zonas de las regiones de paz puedan operar bajo esa condición, sin que así sea declarada.

La apuesta de la Paz Total de la actual administración es arriesgada por cuanto hay municipios PDET y otros que hacen parte de las Zomac, con presencia narco paramilitar y guerrillera. Dichos grupos cuentan con el control político y financiero de dependencias de las alcaldías o incluso, de toda la administración local. Es decir, podrían esos esfuerzos de pacificación por la vía dialogada, terminar en acuerdos que si bien servirán para mejorar las condiciones de vida de la población civil, estarían fundados en la legitimación de las actividades ilegales. Por lo anterior, es importante que antes de que sean declaradas esas “regiones de paz”, se inicie desde ya un proceso de consolidación estatal, basado no solo en la presencia armada y legítima del Estado, sino en lo que tiene que ver con actividades propias de la administración pública, conducentes a identificar las redes y los mecanismos de captura de las instituciones oficiales. De igual manera, lograr que el Estado se gane la confianza de la población civil y sus miembros comprendan que a la larga es mejor someterse a la autoridad estatal y no a la que ejercen los actores ilegales.

Insisto, no puede caerse en la trampa de pacificar regiones sobre la base de extender en el tiempo viejos procesos de captura del Estado, por parte de grupos armados ilegales, con la anuencia de las élites locales que guardan de tiempo atrás perniciosas relaciones, en particular con estructuras paramilitares.  

De la mano de esos esfuerzos, el Estado, de la mano de la Academia, podrían adelantar procesos de intervención social y económica que permitan reconocer los factores generadores de violencia, cuyas lógicas puedan ser revisadas y revertidas. Hablo en particular de modelos de desarrollo y de los aparatos productivos locales y regionales que alimentan de alguna manera las expresiones de violencia armada, por cuanto no aquellos no responden de manera adecuada a las expectativas de vida de los habitantes.

El carácter transversal con el que se plantea la modificación a la ley de Orden Público exigirá de todas las dependencias del Estado, de los partidos políticos, del aparato judicial y de agentes de la sociedad civil un particular comportamiento, caracterizado no solo por la eficacia y la eficiencia en solucionar problemas urgentes de la vida societal, sino por el convencimiento de los funcionarios públicos de que es el Estado y nadie más, la figura responsable de guiar la vida de sus asociados, en esos territorios asumidos bajo la estrategia PDET y los que hacen parte de las zonas más afectadas por el conflicto (Zomac).

Ya veremos cómo pasa la propuesta en su trámite por el Congreso de la República. Mientras tanto, hay que estar atentos a las acciones que ya están emprendiendo las fuerzas legales e ilegales simpatizantes con el uribismo, cuyo objetivo es desestabilizar las regiones que mañana serán consideradas dentro de las regiones de paz.

 

Adenda: el proyecto de ley contempla la transformación del servicio militar obligatorio en un servicio social- ambiental. Aplausos. Debe ponerse fin a la exigencia y expedición de la libreta militar, documento que en muchas ocasiones impide la contratación de los jóvenes.

¿PAZ TOTAL, PAZ SIN APELLIDOS O DEJAMOS EN PAZ EL CONCEPTO?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Nos ha sido tan esquiva la construcción de la paz, que su enunciación genera sospechas en quienes se atreven a pronunciarla, a prometerla o simplemente a anhelarla, pues a pesar de las dinámicas del conflicto armado interno y de las múltiples expresiones y formas de violencia, aún, de acuerdo con los testimonios de propios y extraños, Colombia es un “buen vividero”.

En la ceremonia de posesión el 7 de agosto de 2022,  Gustavo Petro habló de paz a secas, sin apellido y de su compromiso indeclinable de avanzar en la implementación del acuerdo de paz de La Habana. Pasaron los días y en su primera alocución presidencial, ocurrida  el 14 de septiembre, Petro habló de la Paz Total.

Hay que decir que ese concepto de Paz Total no solo deviene con un inconveniente carácter maximalista, sino que ha sido criticado por Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, los artífices del proceso de negociación con las Farc-Ep que derivó en la firma del fin del conflicto entre el Estado y esa guerrilla.

La vida, al parecer corta, de esa noción de la paz concita toda suerte de dudas y comentarios alrededor de las lecturas que de las múltiples formas de violencias que se expresan en Colombia, vienen haciendo el Comisionado de Paz, Danilo Rueda y el canciller Álvaro Leyva Durán. Es posible que haya un corto circuito entre las ideas que cada uno de los funcionarios traen en pro de construir la paz en Colombia, y las que el propio Petro arrastra, en virtud de su pasado en el M-19 y las que les surgieron de los debates que como congresista hizo sobre el fenómeno paramilitar y la penetración paramilitar en el Estado y la captura mafiosa que esa organización ilegal hizo del DAS, entre otras entidades estatales.

Este 15 de octubre, en Cali, el presidente Gustavo Petro, al instalar mesas y el diálogo regional en la Universidad del Valle (sede Meléndez) volvió a hablar de paz, pero lo hizo con un cambio de orientación que bien podría confirmar que hay un corto circuito entre él y sus funcionarios en torno al concepto de Paz y los caminos institucionales para alcanzarla; o simplemente se trata de ajustes a un concepto que, en razón del conflicto armado, quedó atrapado en la dimensión del poder político, alejándolo de la dimensión social en la que el concepto se transforma o se expresa en términos de convivencia y  de la resolución pacífica de los conflictos y de las diferencias.

Textualmente el presidente Petro dijo lo siguiente: “Es un diseño que, si nos va bien, podría conducir de la mano del comisionado de Paz, Danilo Rueda, en medio de la movilización popular y haciendo del territorio una conquista de las decisiones de la gente misma, la mal llamada, en mi opinión, ‘paz total’. Lo que queremos es la paz sin apellido”.

No se puede desconocer que se trata de un bandazo presidencial en torno al manoseado concepto, a quien el propio mandatario le puso el apellido Total. Invención o no de Petro o de Leyva Durán, el ajuste conceptual deja entrever la enorme dificultad que como sociedad arrastramos para pensar y lograr vivir en paz, en medio de un conflicto armado interno que terminó eclipsando problemas de convivencia vistos por sucesivos gobiernos que creyeron que para alcanzar la paz solo había dos caminos: insistir en eliminar militarmente a las guerrillas o dialogar con los líderes de esas estructuras armadas para cederles algo de poder (con la entrega de curules y proyectos productivos), sin cambiar de fondo las co-relaciones de fuerza y las circunstancias en las que cómodamente viene operando el régimen de poder de la mano de una élite corrupta, mafiosa y violenta.

Lámase Paz Total o simplemente Paz (sin apellido), en lo único que se mantiene firme Petro es en la estrategia: los diálogos regionales y la participación de la ciudadanía.   Dijo Petro que “estos diálogos regionales que hemos convocado quieren también convocar a quienes, estando armados, puedan participar del diseño colectivo de su territorio; puedan saber que el que mandan en ese territorio no es el fusil, no es la violencia, no es la masacre, sino que es el pueblo”.

La estrategia no deja de ser interesante, retadora, exigente y al final, desgastante, porque implica la aparición de líderes y lideresas capaces de pensarse sus territorios, bajo la amenaza de grupos armados envilecidos por variadas actividades ilegales (narcotráfico, secuestros extorsivos, sicariato y contrabando).

Creo que necesario diferenciar en esos diálogos regionales, aquellos territorios en los que la institucionalidad estatal históricamente ha sido débil, lo que dio oportunidad para que irrumpieran toda suerte de actores para institucionales que terminaron regulando las relaciones sociales, económicas y políticas. Al final, remplazaron el Estado. Allí pueden brotar interesantes ideas de Paz Territorial con enfoques comunitarios gracias a la presencia de comunidades campesinas, indígenas y afros. Pero hay espacios urbanos, en ciudades como Cali y Medellín, en los que la paz como anhelo está circunscrito a la superación de conflictos y problemas entre vecinos, prácticas y  expresiones racistas o clasistas, así como la ocupación y el goce del espacio público, entre otros. En esos espacios, la noción de paz debe presentarse en forma de convivencia social.

Quizás cuando aprendamos a resolver nuestras diferencias y tramitar los “conflictos menores”, llamados así desde las lógicas del poder político central, entonces estemos preparados para conectar la paz política que se asocia a las negociaciones del Estado con los grupos guerrilleros, con el diario vivir de millones de colombianos que no pueden vivir en paz porque no existen las condiciones ambientales y económicas para hacerlo.

Quizás Gustavo Petro se dio cuenta de que al hablar de Paz Total generaba enormes expectativas que no podrá cumplir en cuatro años. Es posible que también le hayan dicho que ponerle apellidos a la paz, como lo hizo Iván Duque Márquez, cuando habló de Paz con Legalidad, lo iba a llevar por caminos contradictorios y confusos.

Lo cierto es que pacificar el país, a través del sometimiento de todas las estructuras armadas, con o sin estatus político, es una apuesta ambiciosa que no se agota en las buenas intenciones de unos y otros. Por el contrario, necesitará de esfuerzos mayúsculos por superar lo que es hoy la realidad social, política y económica que genera violencia: en Colombia, el Estado, con todo y su sistema político, de tiempo atrás viene siendo operado por una élite criminal, mafiosa y corrupta a la que no le conviene que se hable de Paz, porque, justamente, han sabido conectarse y apropiarse inclusive, de las oportunidades de negocio que los conflictos armados abren: venta y comercialización de armas, control de rutas del narcotráfico y el mantenimiento de la onerosa y fracasada  guerra contra las drogas.

Mientras Petro intenta re-orientar la operación del Estado, quizás es tiempo de dejar de manosear el concepto de paz, pues de tanto hacerlo, se va vaciando de sentido por el cansancio que produce estar hablando cada cierto tiempo de la instalación de mesas de diálogo con quienes poco o nada han aportado al mejoramiento de la calidad de vida de millones de colombianos. 

Imagen de Youtube

LA PAZ CON EL ELN: ÚLTIMA OPORTUNIDAD

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El gobierno de Gustavo Petro anuncia que en pocos días se retomarán las conversaciones de paz con el ELN, suspendidas durante la administración de Iván Duque Márquez. La reinstalación de la mesa se da en el marco de la búsqueda quimérica de la “Paz Total” y deberá entenderse como la última oportunidad para la agrupación guerrillera, cuyos comandantes, concentrados en el Comando Central (Coce), se caracterizan por asumir férreas posturas políticas que terminan entorpeciendo la posibilidad de poner fin al conflicto armado que sostienen con el Estado desde hace más de 50 años.

En particular, el comandante Antonio García figura como uno de los más difíciles negociadores. Recientemente, en su cuenta de twitter dijo lo siguiente: “El ELN hemos señalado varios temas críticos que no compartimos y los hemos interrogado: 1) La "paz total", 2) el Cese el fuego multilateral", 3) sigue el mismo esquema de desmovilización y todo siga lo mismo, 4) la participación de la sociedad no puede ser en "modo exprés". Los cambios que aporten a la justicia social y a democratizar el país, son el camino hacia la paz. Jamás al revés. Todos estos interrogantes siguen en las mentes de los elenos”.

La dirigencia del ELN exhibe un discurso maximalista en torno a la paz, que implica encontrar soluciones inmediatas a estructurales e históricos problemas como la pobreza y el cerramiento democrático. En la metodología planteada dentro de la negociación adelantada con el gobierno de Juan Manuel Santos,  la condición de mediador del ELN estaba al servicio de encontrar soluciones inmediatas a los problemas que llevaran a la mesa los representantes de la sociedad civil.

Insisto en que los del ELN parecen ubicarse en un plano moral superior que hace compleja cualquier intento de negociación. En lugar de pensar en la posibilidad de aportar a la democratización del país y la anhelada justicia social haciendo parte del Estado, a los elenos les parece más lógico insistir en la guerra, que reinsertarse y luchar dentro de la institucionalidad. La llegada al poder político del compañero de aventura revolucionaria, Gustavo Petro, bien debería de animarlos a abandonar las armas y construir el país que sueñan desde la legalidad. Quizás en lo expuesto por Antonio García esté el mayor obstáculo a vencer en este nuevo intento de ponerle fin al conflicto armado.

Mientras se afinan los detalles para la reinstalación de la mesa, hay que destacar la participación de José Félix Lafaurie como miembro negociador. El ganadero y latifundista llega en nombre de Fedegan, uno de los agentes de la sociedad civil comprometido con las dinámicas del conflicto armado interno. De acuerdo con el exgobernador de Córdoba, Benito Osorio, Lafaurie apoyó a grupos paramilitares. Estos señalamientos, sin embargo, no impidieron al presidente Petro invitarlo a hacer parte de la nueva mesa de diálogo. Esperemos que para los comandantes del Coce no sea una razón para detener el reinicio de las conversaciones de paz. La participación en los diálogos de paz del líder gremial y esposo de la congresista de derecha, María Fernanda Cabal tiene un especial significado político por cuanto expresa la apertura política e ideológica del presidente Gustavo Petro, en el entendido de que la paz total se construye con todos los actores que participan de manera directa o indirecta del conflicto armado.

Veremos en qué queda este nuevo intento de consolidar la paz en Colombia. Por lo menos, el gobierno de Petro no desprecia al ELN como actor armado, como sí lo hizo el entonces presidente Santos, al minimizar los alcances de esta agrupación guerrillera, al comparar su estructura armada con la que exhibían las Farc-Ep, al momento de la firma del fin del conflicto que se produjo en La Habana (Cuba).

Si se fracasa por culpa de la postura maximalista de los elenos, el país deberá entender que la dirigencia del ELN se quedó anclada en la  aventura revolucionaria de los años 60, lo que los convierte en una guerrilla anacrónica e incapaz de leer en perspectiva de cambio, lo que significa que hoy un exguerrillero esté sentado en la Casa de Nariño, tomando decisiones dirigidas, justamente, a garantizar la justicia social y ampliar la democracia.

Imagen de Fundación Ideas para la Paz

UNA SEGUNDA MARQUETALIA A LA PAZ

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La Segunda Marquetalia existe hoy gracias al gobierno de Iván Duque Márquez, quien al fungir como el principal enemigo del acuerdo de paz firmado en La Habana, acompañó las actividades de entrampamiento que desde la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez Neira (NHMN) se emprendieron en contra de Santrich y del propio Iván Márquez, líder de ese grupo disidente.

En la búsqueda de la gaseosa Paz Total, el gobierno de Gustavo Petro tiene en sus manos el problema jurídico de reconocer políticamente a la Segunda Marquetalia, esto es, otorgarle el estatus político que perdieron desde el preciso momento en el que abandonaron el acuerdo y las dinámicas que los debieron haber llevado a estar hoy en el Congreso de la República y a hacer parte del partido Comunes.

La discusión no es menor. No será fácil zanjar la discusión entre quienes consideran un imposible jurídico reconocerles ese estatus en virtud a que abandonaron el proceso de paz y aquellos que, por el contrario, ven viable hacerlo bajo la premisa de que el entrampamiento en contra de Santrich y Márquez fue un hecho político y jurídico, aunque este último cargado de la mala fe de funcionarios estatales y de la DEA que trabajaron en contubernio con la firme intención de hacer colapsar el acuerdo de La Habana.

En diálogo con El Espectador, el ministro del Interior, Alfonso Prada, señaló que “no es un tema fácil, tenemos limitaciones de carácter legal, todas las limitaciones que encontremos legalmente vamos a tener que superarlas en el escenario natural para ellos, que es el Congreso de la República”.

Más allá de los límites legales, los argumentos que deberá consolidar el gobierno tienen un carácter político que deberá imponerse sobre los jurídicos si de verdad se quiere reversar el carácter de “desertores” que se les otorgó a quienes decidieron incumplir lo acordado volviendo a empuñar las armas.

Un primer elemento que deberá hacer parte de la argumentación es que quien incumplió primero lo acordado fue el Estado colombiano. Bajo esa premisa se debe indicar que la negociación entre los plenipotenciarios del gobierno de Santos y el Secretariado de las Farc estaba, supuestamente, respaldada por el Estado. Esa circunstancia obligaba al Fiscal y al propio gobierno de Iván Duque a respetar lo firmado en Cuba. Lo que hicieron NHMN y Duque, por el contrario, fue entorpecer y tratar de descarrilar el tren que llevaba las firmas de Santos y Timochenko y el acuerdo de las 300 páginas.

Lo hecho por Duque y NHMN fue demencial, arbitrario e infame en contra de un proceso de paz complejo que a pesar de haber servido para desmantelar a la guerrilla más grande y con esta a las perversas dinámicas de un conflicto armado degradado, no sirvió para que la sociedad en su conjunto  emprendiera sus propios procesos de reconciliación y comprensión de los términos en los que se firmó el Acuerdo Final de paz.

Otorgarle el estatus político a la Segunda Marquetalia es también darle una segunda oportunidad a la paz que el uribismo, en cabeza del entonces fiscal general de la Nación y el títere del expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez. Lo hecho por NHMN y Duque no fue un acto político, sino prepolítico, en la medida en que atacaron el corazón del Acuerdo de Paz y lo hicieron, apelando a la mentira y al fraude. No se puede hacer la paz en Colombia mientras haya dudas sobre la transparencia de aquellos que hacen operar y mover  las oscuras estructuras de poder que dan vida al doble Estado que opera en Colombia de tiempo atrás.  

 

Imagen tomada de EL ESPECTADOR

DOCTRINA MILITAR EN LOS POZOS (CAQUETÁ)

 

Por Germán Ayala Osorio

Con la política de seguridad democrática el país cayó en una espiral de violencia gracias en buena medida a dos circunstancias: la primera, soportada en la tesis negacionista que del conflicto armado interno propuso Álvaro Uribe Vélez como comandante supremo de las FFAA y presidente de la República.  Y la segunda, atada a la aplicación del principio del enemigo interno a campesinos, afros, indígenas, sindicalistas, profesores y periodistas críticos del régimen de poder.

Con el triunfo político y electoral de Gustavo Petro se reconoce la existencia del conflicto armado al retomar las negociaciones con el ELN y al examinar el caso de la Segunda Marquetalia.  Además, se pretende borrar de la lógica policial y castrense esa perversa extensión del enemigo interno a comunidades tradicionalmente violentadas por los actores armados, incluido,  por supuesto, el Estado y la condición militarista que naturalizó el uribismo durante los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque Márquez.

Lo sucedido en las instalaciones de la petrolera china, Emerald Energy, ubicada en Los Pozos (Caquetá) es la expresión genuina del cambio de doctrina que impulsa el actual gobierno. El propio presidente Gustavo Petro confirmó que le dio la orden a las fuerzas militares de no intervenir en la refriega dada entre la guardia campesina y los policías del Esmad. Estos últimos fueron retenidos o secuestrados por los campesinos.

El ministro de la Defensa, Iván Velásquez invitó a sus detractores a reflexionar: “A todos aquellos que dicen mano dura, represión, tenía que haberse defendido el honor de la Policía cuando estos uniformados salían insultados y no se reaccionó. A todos ellos yo les hago el llamado para que piensen frente al valor de la vida, frente a las graves dificultades que se vivían en ese momento”.

Las muertes del policía y de los dos campesinos son lamentables, pero bien vale la pena examinar el sentido de los reclamos y en particular, en los incumplimientos del anterior gobierno, por ejemplo, en la pavimentación de una importante vía en el sector y el manejo mafioso de las regalías del sector petrolero. El abandono estatal en estos territorios es histórico, de ahí que los violentos reclamos de los campesinos sean producto de las burlas consecutivas de las que han sido víctimas las comunidades asentadas en esa zona.

Eso sí, los voceros del gobierno no pueden caer en prácticas eufemísticas como las del ministro Alfonso Prada, quien calificó la acción de los campesinos como un “cerco humanitario”. No. Una cosa es reorientar la acción policial y militar hacia la defensa de la vida, por encima de la lógica uribista de producir más y mejores resultados operacionales (contar muertos), y otra muy distinta enmascarar las acciones populares bajo acciones humanitarias que jamás ocurrieron.

El duro y violento enfrentamiento entre los miembros de la guardia campesina y los policiales se explica por todos los años en los que la fuerza pública miró a los civiles como sus enemigos, siguiendo las orientaciones de presidentes, como Uribe y Duque, empeñados en consolidar un Estado militarista, capaz de perseguir, someter y asesinar a quienes levanten su voz para reivindicar derechos. Eso sí, no pueden caer los reclamantes en la misma dinámica, asumiendo a los policías, en particular, como sus enemigos. Todo trato inhumano al adversario, aumentan los odios y facilita las cosas a quienes desde la derecha weberiana exigen litros de sangre, amparados en la legitimidad del Estado para violentar a sus asociados.

No será fácil el cambio de doctrina en unas fuerzas armadas envilecidas y degradadas por un conflicto armado interno que solo ha servido para enriquecer a los Señores de la Guerra. En el fondo, el gran enemigo es el neoliberalismo y con este, un Estado que viene operando, desde los años 90, al servicio de una élite mafiosa, criminal y parásita. No podrá en cuatro años el actual gobierno enterrar en los pozos de nuestra historia, eso de considerar como enemigos de la sociedad, a los campesinos, a los indígenas, a los afros y a todo el que se atreva a reclamar sus derechos.

 

Imagen tomada de https://www.google.com/search?q=militares+en+los+pozos&sca_esv=81be24a89c2bd647&rlz=1C1UUXU_esCO975CO975&tbm=isch&sxsrf=AM9HkKmdhyujhfbtdaviMxa11TRwiT4wew:1702780391129&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwjI1d-it5WDAxWdTTABHRe2BYwQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1366&bih=641&dpr=1

CONFLICTO ARMADO INTERNO: ¿ES POSIBLE CONTINUAR LLAMANDO ASÍ A LO QUE SUCEDE HOY EN COLOMBIA?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El reconocimiento del conflicto armado interno en Colombia impuso a los actores armados (Paramilitares, Guerrillas y fuerzas estatales) unas condiciones ético-políticas a través de las cuales fue posible enmarcar, explicar, dar sentido académico, justificar políticamente o hacer encajar las operaciones militares, las tomas guerrilleras y en general todas las actividades hostiles, propias de ese escenario de conflictividad, en la categoría política, militar y académica Conflicto Armado Interno. Es decir, esa nomenclatura construyó un “deber ser de la guerra” del que se fueron alejando unos y otros, bien por la penetración del narcotráfico a las filas de los combatientes, la imposibilidad de alcanzar el triunfo político y militar fijado como único norte posible: llegar a ser gobierno, tumbando el régimen de poder; y, por último, por el tratado de paz que firmaron el Estado con las entonces Farc-Ep. Este último armisticio fue un duro llamado a la dirigencia del Comando Central (Coce) a abandonar sus históricas posturas intransigentes.  De igual manera, haber desmontado gran parte de la estructura subversiva de las Farc-Ep hizo pensar a gran parte de la opinión pública que el conflicto armado con la guerrilla más grande había terminado.

Con el paso del tiempo, las hostilidades y las operaciones militares de los ya señalados grupos armados entraron en un fuerte e irreversible proceso de degradación misional (moral). Como consecuencia de ello, el concepto de Conflicto Armado Interno (CAI) empezó a perder sentido ético-político, a pesar de la vigencia de las causas objetivas que legitimaron el levantamiento armado en los años 60, reconocidas en su momento por el presidente Belisario Betancur Cuartas (1982-1986). Gonzalo Sánchez, en entrevista al diario El Espectador, sostiene que “en líneas gruesas hemos transitado de un conflicto Estado-insurgencias, a un conflicto multidimensional con intersecciones a menudo refractarias al deslinde. El conflicto hoy es mucho más extendido, más heterogéneo e intrincado. Y no es solo contra el Estado. Este ha sido permeado a través de complicidades, drenaje de recursos para la guerra, redes de apoyo internacionales…”

La firma del fin del conflicto entre las Farc-Ep y el Estado colombiano es un “parte aguas” en el devenir del conflicto armado y en la manera de entender sus dinámicas. A ese quiebre se suman circunstancias contextuales que, en lugar de legitimar la lucha armada, le restan legitimidad, hasta el punto de que hoy, en varios sectores de la sociedad, la operación del ELN (Ejército de Liberación Nacional), único grupo en armas, es considerada como anacrónica e improcedente, al igual que la operación de las disidencias farianas.

Las conversaciones de paz que hoy sostienen con el gobierno de Gustavo Petro le devuelven en algo la legitimidad perdida a los elenos, al tiempo que le dan un respiro a la moribunda nomenclatura Conflicto Armado Interno.

Dentro de esas circunstancias de lo que llamo el “parte aguas” se encuentran el estallido social de 2021, la misma pandemia y sus efectos sociales, económicos y los que dejó en la psiquis colectiva ese complejo escenario sanitario, así como la acentuación del carácter periférico del ELN y de su lucha territorial anclada exclusivamente al control de rutas del narcotráfico. También, la aparición de nuevas agrupaciones armadas (disidencias y demás) que lo único que prueban es que el uso de las armas se convirtió para muchos de los integrantes de esas organizaciones armadas ilegales en modus vivendi, en una forma de ganarse la vida.

Atrás quedaron las auto valoraciones de lo que sus comandantes llaman el reconocimiento social del control militar de zonas como el Chocó, el Catatumbo y el Cauca, entre otras zonas. Lo cierto es que la pretendida liberación de un pueblo sometido a un régimen oprobioso, gracias a la acción armada de los grupos guerrilleros, fue un sueño quimérico del que aún no parecen despertar los elenos. Gonzalo Sánchez, en la misma entrevista señala que “la promesa de transformación por la vía de las armas perdió momentum en todo el continente. Negarse a reconocerlo puede costar derramamiento inútil de mucha sangre. Pero aclaremos, si el modus operandi perdió vigencia, el contenido, las demandas y tareas aplazadas se tornan aún más urgentes. Algo que también deberían entender las elites políticas, sociales y económicas del país”.

Así las cosas, creo que va siendo tiempo de proponer un cambio en la manera de explicar y llamar a lo que sucede hoy en Colombia, en virtud de las circunstancias señaladas líneas atrás. El concepto de Conflicto Armado Interno se fue vaciando de sentido y ya no sirve para dar cuenta de lo que realmente está sucediendo en la Colombia del postacuerdo de La Habana. Propongo hablar de Conflictividades del Posacuerdo (CP), o quizás Escenario de Múltiples y Asimétricas Violencias (EMAV), Escenario Anómico del Posacuerdo (EAP) o Violencias Intestinas Despolitizadas (VID).

Es importante “rebautizar” lo que sucede en el país con el objetivo de poner el foco y al atención en aquellos poderes políticos y económicos, legales e ilegales, que se benefician de la permanencia de agrupaciones al margen de la ley y de su operación en territorios en los que la lucha por la tierra, el control de las riquezas del subsuelo y las rutas del narcotráfico son factores definitivos para la permanencia de las condiciones premodernas en las que nacieron las guerrillas y las que insisten en extender en el tiempo las élites económicas, sociales y políticas.

Las decisiones de política económica que viene adoptando el actual gobierno nacional, el haber Gustavo Petro militado en una de las guerrillas ya desmovilizadas y las acciones encaminadas a lograr la Paz Total, en lugar de darle un segundo aire al conflicto armado como muchos pueden pensar, van camino a restarle sentido y legitimidad.

Imagen tomada de Razón Pública.

INFORME DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD: DESMILITARIZAR EL ESTADO (IV)

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Después de quedar en firme la salida del general Eduardo Enrique Zapateiro Altamirano, el nuevo gobierno, pero en particular el jefe de la cartera de la Defensa, deberá evaluar los impactos que dicha renuncia dejará al interior de las filas. Aunque el retiro abrupto, pero explicable del general Zapateiro no debería de tener mayores efectos doctrinales, es bueno explorar el ambiente al interior de las fuerzas armadas ante la llegada de Gustavo Petro a la condición de comandante supremo.

Una vez cumplida la tarea del reconocimiento y la transición del mando, de inmediato hay que impulsar la discusión de dos temas sensibles: el primero, la salida de la Policía del ministerio de la Defensa, cumpliéndose así la promesa de campaña y la recomendación que hiciere la Comisión de la Verdad en su informe. Y el segundo, el desmonte de la doctrina del enemigo interno, lo que debería de llevar a  las fuerzas armadas, y en particular al Ejército, a hacer parte de escenarios de posconflicto, en el entendido en que hoy no existe una fuerza militar oponente, capaz de poner en riesgo la operación del Estado.

Dedicaré esta columna al segundo tema. Dice el informe de la Comisión de la Verdad que “esta doctrina contrainsurgente se expresó en la estigmatización del movimiento social y en el tratamiento militar de los conflictos políticos” (p.99). Por cuenta de los riesgos y desafíos que acompañaban la existencia y la operación militar de las Farc-Ep, estudiantes, académicos, investigadores sociales, periodistas, sindicalistas y políticos, entre otros, fueron perseguidos, torturados, estigmatizados y desaparecidos por fuerzas oficiales. Dicha doctrina, entonces, se convirtió en la patente de corso con la que sucesivos gobiernos de derecha permitieron a sus cúpulas militares, violar los  derechos humanos. Sobre las arbitrariedades cometidas por miembros de la fuerza pública,  en el mismo informe de la Comisión de la Verdad, se lee lo siguiente:  “Se registraron detenciones masivas arbitrarias en un periodo álgido del conflicto armado entre 2002 y 2008, en lugares como Arauca, Bolívar, Santander, Medellín, Eje Cafetero y Huila, entre otros. Las detenciones masivas no se respaldaron en evidencia, sino que fueron formas de criminalizar a sectores de la sociedad civil, bajo el estigma de enemigo interno” (p.158).

El proceso de desmonte de la señalada doctrina tiene dos dimensiones: una de carácter político-formativo que incluye la formación que se imparte en las academias militares (de oficiales y suboficiales) y el compromiso de la cúpula militar y de la tropa en general, de guardar total sumisión al mandato civil que encarna Gustavo Petro; y la otra dimensión, tiene un carácter operativo y militar, que debe conllevar la desmilitarización del Estado. Un paso en esa dirección permitirá la unificación de criterios pues no se puede seguir hablando de conflicto armado y de enemigo interno, cuando los mismos militares hablan de organizaciones residuales, grupos armados organizados (GAO), sin el ropaje político y revolucionario que en otrora se reconoció, por ejemplo, a las Farc-Ep y al ELN.

Independientemente de si el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el gobierno de Gustavo Petro logran concretar un proceso de negociación política, es urgente que se dé el cambio doctrinal y comportamental del Estado. Incluso, esos cambios bien podrían considerarse como un gesto político que posibilitaría el acercamiento con el COCE, con la esperanza de avanzar en el desmonte de esa guerrilla. Eso sí, siempre y cuando el comando central de esa guerrilla abandone la lógica de la metodología hasta el momento planteada para asumir negociaciones.

En estos términos reconoce la Comisión de la Verdad esa circunstancia: “En el caso del ELN, las conversaciones en diversos momentos (gobiernos de Samper, Pastrana, Uribe y Santos) se han quedado estancadas en el punto de la «Convención Nacional», que para esta guerrilla es un ejercicio de democracia directa en la que, a la manera de una constituyente popular, diversos sectores rediseñan el régimen y el Estado. Este es un modelo de participación social que aún requiere ser abordado con una dimensión realista, si se quiere una paz completa y con arraigo territorial” (págs 118-119).

Ya es tiempo que el ELN como organización armada ilegal entienda el momento histórico por el que está pasando el país. Los tiempos de la guerra y de la revolución armada ya pasaron. En estos momentos, la lucha armada no solo es inviable, sino anacrónica.

Ya veremos si los militares colombianos se ponen a tono con los tiempos de la paz y la reconciliación o, si por el contrario, deciden quedarse en el “modo enemigo interno” con el que Zapateiro guió los destinos del Ejército.

Imagen tomada de El Universal.

EJÉRCITO, DEGRADACIÓN MISIONAL Y SUMISIÓN AL PODER CIVIL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Indican expertos militares que la degradación misional al interior del Ejército inicia en los años 80. Concuerda ese proceso de erosión del honor y la mística militares con el desvanecimiento o desaparición de lo que en esa época se conoció como el Síndrome de la Procuraduría y la entrada en operación de los grupos paramilitares. Es más, Alejandro Valencia, comisionado de la Comisión de la Verdad, al hablar recientemente de los falsos positivos, señaló que dicha práctica se vendría presentando desde los 70 y 80.

Para evitar la vigilancia del organismo de control, los militares recurrieron a los paramilitares para que estos “hicieran el trabajo sucio”, que no era otra cosa que extender el principio del enemigo interno, a ideólogos de la guerrilla, simpatizantes, sindicalistas, profesores, campesinos, comunidades negras e indígenas, defensores de los derechos humanos, periodistas  e investigadores sociales, entre otros.

Dicha degradación institucional se extendió en el tiempo, por la penetración del narcotráfico, la nula vigilancia del ministerio público, la pérdida de legitimidad de la guerrilla; esto último, gracias al trabajo de los medios masivos que lograron posicionar la idea de que el único problema del país era la subversión, mientras le hacían el juego a la corrupción público-privada y se negaban a darle la verdadera dimensión a este cáncer que vino a hacer metástasis durante los 8 años de Uribe Vélez. Sobre este asunto, volveré al final de este texto.

De la mano de todas las anteriores circunstancias, todos los gobiernos, incluido el actual, jugaron a la paz y a la guerra; esta última fue asumida, por presión directa de los comandantes militares y de sucesivas cúpulas troperas, muy al estilo de generales como Rafael Zamudio Molina, Jesús Armando Arias Cabrales y Miguel Vega Uribe, como una política de Estado, mientras que la primera, es decir, la paz, como política de gobiernos.

Al jamás asumirse la paz como una política de Estado, los gobiernos que entablaron diálogos conducentes a lograr acuerdos con los grupos insurgentes, encontraron una mayor resistencia y/o molestias en los militares, que a toda costa insistían en jugar a la guerra, sin que ello significara que hubiese la capacidad de eliminar militarmente al enemigo interno. Solo hasta la llegada de los recursos del Plan Colombia, las fuerzas militares y en particular el Ejército, se creyó posible derrotar a las guerrillas, en particular a las Farc.

Por ese camino, el Ejército se consolidó como un actor político fundamental, que operaba, presuntamente, bajo el control civil de los presidentes de la República. La sumisión al poder civil no ha sido tan real, incluso, después de la reforma constitucional de 1991 que determinó que el ministro de la Defensa sería un civil y no un militar de carrera como ocurría antes. Tres ejemplos probarían que dicha subordinación ha sido más bien formal y no real: el primero, el golpe que le dieron, por 48 horas, al entonces presidente Belisario Betancur Cuartas para la retoma del Palacio de Justicia, atacado torpemente por el M-19; el segundo, la nula aprobación o el no acompañamiento de los militares a los diálogos de paz del Caguán; y el tercero, de reciente ocurrencia, cuando Iván Duque Márquez, en su condición de comandante supremo de las fuerzas armadas, apoyó al general Zapateiro, cuando el alto oficial decidió deliberar, participar en política y violar la Carta Política.

El único presidente que asumió la paz como política de Estado fue Juan Manuel Santos, en virtud a estas circunstancias contextuales: 1. Iba a estar ocho años como presidente. 2. El cansancio en la guerrilla de las Farc, gracias en buena medida a los duros golpes recibidos durante el gobierno de Uribe Vélez. 3. Santos dispuso una narrativa que apuntaba a posicionar la idea de que negociar con las Farc era un triunfo militar de un ejército glorioso y no la claudicación, como siempre lo vio el uribismo.

Con esa narrativa, Santos logró llevar a la mesa técnica a militares activos, asunto clave para la negociación con las Farc, en la medida en que siempre fue una aspiración-exigencia de esa guerrilla. También dejó una fuerte división al interior de la fuerza, asunto que supo aprovechar el gobierno uribista de Iván Duque Márquez, para volver a dejar el manejo del orden público y la consolidación de la paz, en una cúpula tropera, en particular, en manos del general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, hoy investigado por peculado, según informaron Cambio y Noticias Uno.

Así entonces, tanto las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, como la corrupción al interior de las fuerzas militares, constituyen no solo una prueba irrefutable de la degradación misional de cientos de uniformados, sino que son la expresión clara de que la sumisión al poder civil es meramente formal, lo que hace posible que el general Zapateiro pueda violar la constitución sin que medie investigación alguna por parte de la Procuraduría General de la Nación.

El acto de deliberación política del general Zapateiro es un desafío al orden constitucional y  una advertencia a los candidatos presidenciales, en particular a Gustavo Petro: los gobiernos pueden continuar jugando a la paz como política temporal, mientras que el juego de la guerra depende exclusivamente de los intereses del generalato que aún admira a Álvaro Uribe Vélez. La degradación misional al interior de las fuerzas militares continuará porque la dirigencia política y empresarial naturalizó el ethos mafioso y eso es suficiente para que los oficiales troperos sigan siendo un poder político determinante en escenarios electorales.

Imagen tomada de Villegas Editores. https://www.google.com/search?q=ej%C3%A9rcito+nacional+de+colombia&sca_esv=81be24a89c2bd647&rlz=1C1UUXU_esCO975CO975&tbm=isch&sxsrf=AM9HkKlXxklj5UdKZMJIcLxwFACPxVbcrQ:1702779876248&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwj9152ttZWDAxWDTDABHZqjB_MQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1366&bih=641&dpr=1