Por Germán Ayala Osorio
Al cierre del 5to ciclo de conversaciones de paz entre el Estado y el ELN, los plenipotenciarios de las dos delegaciones acordaron decirle al país que el comando central de esa agrupación alzada en armas se compromete dejar de secuestrar a partir del 30 de enero de 2024.
El positivo anuncio llega en
medio de las declaraciones del presidente en Petro en reciente ceremonia militar,
en la que señaló que los ceses al fuego bilaterales se consideraban útiles siempre
y cuando se discuta el desmantelamiento de las economías ilegales
que les dan sustento a los grupos alzados en armas que hoy sostienen mesas de
diálogo con el Gobierno Petro, de cara a pacificar el país de una vez por
todas.
Si bien hay que aplaudir la decisión
tardía por parte del Ejército de Liberación Nacional, varias preguntas surgen
de la discusión semántica e ideológica que rodea a los vocablos secuestro,
retenciones y prisioneros, manejados por los elenos de manera diferenciada. Se suma a lo anterior, que la dirigencia de ese grupo armado ilegal amarró el dejar de secuestrar, al mantenimiento del cese del fuego bilateral.
La primera pregunta es: ¿de aquí
al 30 de enero del año venidero, el ELN se arroga el derecho a seguir secuestrando
civiles y a privar de la libertad a militares sorprendidos de civil e incluso, a
quienes en actos o no del servicio, y portando sus uniformes, caen en manos de
las estructuras de los elenos? En la declaración conjunta, leída por Vera Grabe,
jefa de la delegación de paz del Gobierno no se alude a los casos de militares y
policías que caigan en manos de los elenos, que la opinión pública y sucesivos
gobiernos entienden como secuestros y no precisamente bajo la categoría de “prisioneros
de guerra”.
La segunda pregunta alude al
número preciso de civiles que el ELN tiene en sus manos en calidad de retenidos
o secuestrados. ¿Cuántos tiene en su poder? ¿Hay secuestrados que murieron en
cautiverio o que fueron ejecutados? Y, sobre todo, ¿Cuándo los van a liberar?
Estos interrogantes minimizan la euforia con la que una parte del país recibió
los anuncios de la mesa de diálogo instalada en México.
Para el 2024, si todo marcha bien
y lo que en adelante diga el presidente Petro no genera un mal ambiente o
crisis como las que ya sufrió este proceso de paz, se entrará en la
participación de la sociedad civil, punto neurálgico para el comando central del
ELN, pues ellos asumirán el papel de mediadores entre el Estado y los agentes
de la sociedad que civil que exigirán al Estado soluciones a problemas históricos,
en tiempo récord, elemento este que nuevamente enredará la discusión en la mesa.
Aunque en el comunicado no se habla de sociedad civil, se sabe que los elenos
buscan la participación de agentes sociales, económicos, ambientales y
políticos de eso que se conoce como la sociedad civil. En el comunicado se lee:
“5. La reanudación del proceso de participación de la sociedad, la
culminación de su fase de diseño en abril del año próximo y la creación de una
red nacional de participación”.
Lo cierto es que lo expresado por
el presidente de la República en un escenario castrense le mete ruido al
proceso y confirma el grado de volatilidad que tiene la delicada negociación entre
el gobierno de Petro, en nombre del Estado, y los comandantes de la agrupación ilegal
levantada en armas. Ya van dos veces que el mandatario de los colombianos cuestiona
política e ideológicamente a las actuales guerrillas. En ambas ocasiones,
frente a la cúpula militar y el generalato. Así las cosas, parece que estamos
ante un proceso de paz con el ELN que nuevamente se encarriló, a pesar de los
reclamos e insinuaciones de Petro en escenarios castrenses desde donde se podrían autorizar hostigamientos que darían al traste con ceses al fuego pactados entre las
partes.
Imagen tomada de Noticias Caracol
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