A PABLO BELTRAN, DEL ELN, LE QUEDARON GRANDE LA VIDA CIVIL Y LA PAZ

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En el argot militar solía escucharse, por allá en los años 80, la frase “te quedó grande la civil” para indicar con ella que dentro del Ejército había suboficiales y oficiales que seguían portando el uniforme más por miedo o incapacidad de enfrentarse y sobrevivir en la vida civil, que por mística y complacencia de mantenerse dentro de las filas. La sentencia tiene sentido si se revisan las garantías y beneficios laborales con los que cuentan oficiales y suboficiales de las instituciones armadas. Debe haber muchos que permanecen en el mundo castrense convencidos de que están aportando al país a través de su incondicional amor a la Patria.

Esa misma locución podría aplicarse a los señores del ELN y a los de las disidencias farianas. A estos les quedó grande la vida civil porque solo aprendieron a echar bala, a “traquetiar” con droga y a sentirse importantes cada que se instalan mesas de diálogo o la prensa registra atentados y secuestros de los que son protagonistas y responsables. Hacer la paz también les quedó grande justamente por la comodidad que les asegura a sus comandantes dar órdenes, convencidos de que están haciendo patria asesinando soldados y maltratando a la población civil. A los guerrilleros rasos también les debió asustar enfrentarse a la vida civil al crecer en condiciones de pobreza y marginalidad. Quizás el enunciado no se pueda aplicar a quienes llegaron al ELN por vía del reclutamiento forzado.

A Pablo Beltrán, el envejecido líder del Comando Central (Coce) del ELN, le quedó grande la vida civil y hacer la paz por su megalomanía y por creerse el cuento de que su organización tiene la capacidad, pero sobre todo la legitimidad de “liberar” a los colombianos del “yugo capitalista”. Después de aplazar la firma del armisticio hasta el próximo gobierno o hasta dentro de 10 mil muertos, el presidente Petro le contestó: “La verdad, no creo que haya próximo gobierno que haga la paz con el ELN. La historia es un flujo permanente y no se repite. Todos y todos los combatientes del ELN saben hoy, precisamente porque la historia es un río con muchas derivas, que deben escoger el camino del padre Camilo Torres, quien ofreció su vida por los demás, o el camino de Pablo Escobar. El pueblo colombiano los quiere en el camino del padre. Esto mismo me lo dijo personalmente Pablo Beltrán y lo escuché también del comandante Pizarro”.

Beltrán envejeció y lo más seguro es que morirá al frente del ELN sin haber firmado la paz y sin haberse tomado el poder a tiros. Qué manera de desperdiciar la vida por unos ideales que sus mismas órdenes y camaradas se encargaron de deslegitimar y manchar con sus ignominiosas acciones militares y prepolíticas.  Lo único que habrá logrado en su desperdiciada vida en la guerra es un lugar en la historia política del conflicto armado interno. Una historia que solo leen académicos y uno que otro ciudadano. A Pablo Beltrán y a Antonio García, entre otros, les quedó grande la vida civil y la paz por las garantías económicas que siempre les ofrecieron las economías ilegales en las que metieron a toda la organización. 

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PLEBISCITO POR LA PAZ Y EL TRATADO DE LA HABANA, OCHO AÑOS DESPUÉS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Se conmemoran por estos días los 8 años de la firma del tratado de paz que le puso fin al conflicto armado entre el Estado y la entonces guerrilla de las Farc-Ep. No haré un balance del proceso de implementación de lo acordado en La Habana. Dedicaré esta columna al plebiscito por la paz convocado de manera innecesaria por el presidente Juan Manuel Santos con el objetivo aparente de que el “pueblo” fuera a las urnas a refrendar lo firmado entre las partes.

El proceso de paz, pero específicamente el contenido de ese tratado de paz fue una concesión que específicos agentes del establecimiento le hicieron a Juan Manuel Santos de cara a dos objetivos estratégicos: el primero, consolidar la narrativa alrededor de la idea de que el país por fin viviría en las mieles de la paz, lo que atraería inversión extranjera, turismo y la reconciliación nacional después de 50 años de guerra interna; también, la posibilidad de que después de que las Farc abandonaran los territorios selváticos en los que permanecieron por largo tiempo, esas tierras quedaran en manos de ganaderos, terratenientes y narcotraficantes; y el segundo, facilitarle el camino diplomático y político para que en virtud de esa paz firmada, Santos se hiciera merecedor  del Nobel de Paz, tal como finalmente aconteció.

Está claro que la entrega de ese galardón constituye un acto político alejado de consideraciones y criterios humanitarios capaces de evaluar con rigor las circunstancias bajo las cuales el premio se “solicita”, se ofrece y se entrega. En los casos de Kissinger (1973), la Madre Teresa de Calcuta (1979) y Obama (2009), por ejemplo, quedó claro que no se examinaron a fondo las decisiones políticas adoptadas y las responsabilidades que debieron asumir los dos americanos durante las administraciones bajo las cuales el primero fue secretario de Estado y el segundo, presidente de la Unión Americana; y en el caso de la religiosa, las versiones que daban cuenta de un lado oscuro en la vida de la famosa monja.

Aceptarle a Santos la idea del plebiscito a pesar de los riesgos que implicaba que terceros civiles (empresarios ricos) pudieran ser procesados por apoyar o financiar a grupos paramilitares, tal y como quedó escrito en el primer acuerdo de paz, fue una decisión política precipitada que solo podía ser revertida permitiendo que los voceros del No, con el concurso de los medios masivos, hicieran una campaña sucia y mentirosa, pero eficaz, frente a la deficiente campaña por el Sí.

La desaprobación de la gestión de Santos para el 2016 era de un 72%, elemento que resultó decisivo para millones de colombianos al momento de votar en el plebiscito. Aunque se aceptó la idea de que hubo una excesiva confianza de Santos alrededor de que  la victoria del Sí estaba prácticamente garantizada por tratarse de  un bien moral y ético como la paz, en perspectiva histórica creo que la pedagogía academicista que se desarrolló en universidades privadas y públicas, a lo que se sumó la falta de creatividad del gobierno para usar códigos cívicos en la televisión nacional y otras maneras discursivas para contrarrestar la andanada de mentiras que construyó el uribismo alrededor de lo firmado en La Habana, obedecieron a una consciente y muy bien pensada decisión política de Santos de facilitarle las cosas a los del No y de esa manera garantizarle a sus amigos del establecimiento la renegociación de ese primer Acuerdo de Paz. El país sabe que la segunda versión de dicho tratado de paz eliminó la posibilidad de que terceros civiles terminarán compareciendo ante la JEP por haber financiado o cohonestado con los grupos paramilitares.

Tenga o no asidero la anterior hipótesis, lo cierto es que el tratado de paz de La Habana, pero en particular el plebiscito por la paz fracturó y escindió aún más a la sociedad colombiana. O como canta Morat, en su canción Las cometas siempre vuelan en agosto, El Sí y el No partieron a las víctimas en dos…

Había que sacar berraca a la gente a votar si en el plebiscito - Búsqueda Imágenes

ELN APLAZA LA PAZ: ¿HASTA DENTRO DE 10 MIL MUERTOS?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Pablo Beltrán, el segundo comandante del ELN, confirmó lo que ya se advertía: no firmará la paz con el gobierno de Gustavo Petro. Eso sí, cree necesario avanzar en lo que más se pueda en los diálogos que sostienen con el actual gobierno. En los próximos días se reunirán las delegaciones del gobierno Petro y la del ELN en Venezuela para “descongelar” las conversaciones. Lo que deja claro Beltrán es que una posible firma de un armisticio que haga posible la paz territorial que demandan las comunidades afectadas por sus constantes paros armados y los enfrentamientos con otras estructuras narco mafiosas, queda aplazada hasta después del 7 de agosto de 2026. Esa advertencia de Beltrán suena a la tristemente célebre frase “nos vemos dentro de 10 mil muertos”.

El longevo “revolucionario” es una figura ortodoxa que, al defender sus ideas desde ese gélido e inmodificable escenario, lo llevaron, después de 50 años de lucha armada, a instalarse en el anacronismo propio de quienes saben que jamás podrán tomarse el poder a tiros, pero insisten en permanecer en armas porque jamás estarían dispuestos a aceptar que perdieron el tiempo al dedicar sus vidas a una lucha armada infructuosa.

Aquello de “firmar la paz con el próximo gobierno” suena más a estratagema política y militar para “ganar tiempo” y recuperar el liderazgo perdido y re adoctrinar a los jóvenes que recién entraron al ELN más con el afán de enriquecerse, que con la claridad ideológica de lo que significa en estos tiempos mantenerse levantados en armas contra el Estado. El mismo presidente Gustavo Petro ató la reciente lucha armada del ELN a las economías ilegales, circunstancia que por supuesto mina el carácter revolucionario con el que insisten permanecer. El apelativo de Grupo Armado Organizado (GAO) con el que los militares llaman al ELN se va ajustando a la realidad que soporta esa guerrilla hoy y que la aleja de esa condición “revolucionaria”.

En su retórica barata e insulsa Pablo Beltrán vuelve a jugar con la paz. En viejos titulares de prensa se puede constatar. El 24 de noviembre de 2021, en Colombia +20, se lee el siguiente titular: “Vamos a negociar con cualquiera que sea el próximo gobierno”: Pablo Beltrán.

Para el mes de abril de 2024, el titular del diario EL PAÍS de España tituló lo que bien se debió entender como una premonición: Pablo Beltrán, jefe del ELN: “La negociación con Petro es peor que con Uribe, Santos y Duque”. Más allá de si la presencia y negociación con los “Comuneros del Sur” responde a una treta del gobierno que a una escisión que socaba la estructura elena, lo cierto es que no se firmará la paz en lo que le resta de tiempo al gobierno de Petro.

Y más atrás, en el 2020, el mismo Beltrán, en su ya insustancial narrativa señaló que “el momento que vive la sociedad colombiana es de una decisión irreversible de pasar la página de la guerra, ese es el punto que la sociedad colombiana ve». Es posible que una parte de la sociedad colombiana esté dispuesta a pasar las páginas de la guerra fratricida en la que estamos inmersos por la megalomanía de los anacrónicos “revolucionarios” y por los intereses económicos de los agentes, civiles y militares, que se lucran del negocio de la guerra.

Sería recomendable a partir de hoy poner varios contadores en las principales plazas de Bolívar con el objetivo de ir sumando los muertos, civiles y guerrilleros, que se vayan presentando en el país por cuenta de las acciones criminales del ELN. Quizás estemos condenados a ver mesas de diálogo cada 10 mil muertos. Así las cosas, desde el casino de oficiales del cantón norte alguien ya gritó ¡Ajúa!

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ELN: DE GRUPO SUBVERSIVO, A GRUPO ARMADO ORGANIZADO

 

Por Germán Ayala Osorio

La historia política dice y dirá en lo consecutivo, que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) es un grupo complejo en su estructura operativa y complicado a la hora de conversar de paz. Sus máximos voceros siempre se mostraron ante el país y la prensa arrogantes, caprichosos, sagaces, tercos y con una férrea convicción ideológica y política que hace posible pensar en que realmente, como organización, jamás les interesó dejar las armas. 

La metodología planteada para llevar a cabo las conversaciones de paz constituye un claro obstáculo si se piensa en la obligada transición hacia un partido político.  A no ser que estén pensando en que el Estado los reconozca como parte de las estructuras armadas legales, con presencia en los territorios en los que siempre han hecho operado y ganado algo de legitimidad social, sobre la base de la intimidación y el miedo. 

Eso de querer jugar como mediadores entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil para resolver problemas estructurales que están inexorablemente conectados con el vigente modelo económico y político, suena más a una estrategia dilatoria, que a una seria y viable para superar la pobreza y los problemas de infraestructura social y física en extensos territorios. Así las cosas, jugar a ser mediadores terminará por mostrar que no tienen una real voluntad de firmar un armisticio. De hecho, han dicho que no les interesan las curules  y mucho menos dedicarse a sembrar comida, como lo aceptaron los firmantes de las entonces Farc-Ep. ¿Entonces, qué será lo que quieren los señores del ELN?

Ahora están pegados del remoquete con el que la doctrina castrense los reconoce, a pesar de estar sentados en la mesa de diálogo con el gobierno: los GAO, Grupos Armados Organizados. Los voceros del ELN exigen que el gobierno expida un decreto en el que no solo se deje de llamar así al grupo al margen de la ley, sino que les den el estatus político que su historia político-militar les entrega de forma "natural". 

Que las FFMM, el enemigo natural del ELN los llame GAO, tiene la clara pretensión de eliminarles cualquier espíritu revolucionario y político que ponga en crisis la neutra identidad política del Ejército y el resto de las fuerzas. Y eso está dentro de la lógica militar del conflicto armado interno. ¿Por qué justamente ahora que el régimen venezolano afronta graves problemas de legitimidad social y electoral les indigna el uso de esa nomenclatura?

Realmente los voceros del ELN no están interesados en firmar ningún acuerdo de paz con el primer gobierno de izquierda que ha tenido Colombia. En la lectura maliciosa que hacen del mote con el que los militares los reconocen emerge un espíritu revolucionario que hace rato perdieron. Sesenta años levantados en armas borra de un plumazo cualquier lucha social, política y económica. Deberían más bien sentarse a pensar en que el uso del vocablo GAO realmente constituye una crítica no expresada por agentes políticos y una parte importante de la sociedad que hace rato los dejaron de ver como una guerrilla o un grupo subversivo, para verlos en su santa dimensión: como un Grupo Armado Organizado (GAO) como el Clan del Golfo y las disidencias de Iván Mordisco y la Segunda Marquetalia. Al final, y en la práctica, en eso se convirtió el ELN. Todos secuestran civiles, trafican con drogas, atacan objetivos civiles y violan los derechos humanos. 

La fractura interna que se expuso con la facción Comuneros del Sur confirma lo que hace rato se venía ventilando: el carácter federal de su operación terminaría en una disidencia. A lo mejor los comandantes del frente que hoy dialoga con el Gobierno entendieron que una lucha armada de 60 años poco o nada tiene de revolucionaria, pero si mucho de anacrónica. 

Imagino que los sempiternos voceros del ELN ya aceptaron que van a morir de viejos haciendo la guerra y hablando de paz, pues saben que allí siempre estarán los gobiernos y los medios para dar cuenta de los hechos bélicos y los que hacen posible pensar en pacificar el país a través del diálogo y la desmovilización de los grupos al margen de la ley. Señores García y Gabino, entre otros, tienen la oportunidad de pasar a la historia como unos verdaderos revolucionarios que entendieron que jamás pudieron tomarse el poder a tiros, si hacen dejación de las armas y se reincorporan a la sociedad. La sociedad colombiana les reconocerá siempre la dejación de las armas como un gesto gallardo, valiente y consecuente. Hacer lo contrario, hará que esa misma sociedad los mire como simples Grupos Armados Organizados, destinados a joderle la vida a los colombianos y colombianas, porque, simplemente, les dio la gana hacerlo. 

Imagen tomada de EL TIEMPO.COM

CONFLICTO ARMADO INTERNO O TARA CIVILIZATORIA?

 

Por GERMÁN AYALA OSORIO

La implosión de las disidencias de alias Iván Mordisco constituye un elemento clave que debería de servir  de pauta para que vayamos pensando en revisar el sentido de la categoría con la que en los años 60 se "bautizó" la violencia política armada en Colombia: Conflicto Armado Interno. Ese nombre ya no representa y mucho menos recoge las dinámicas de los grupos al margen de la ley que sobreviven en el país. Que el presidente Petro insista en abrir y sostener diálogos y negociaciones de paz no es suficiente para que dichas acciones de pacificación alcancen la legitimidad necesaria. Dirán los expertos que por el solo hecho de que el gobierno los reconozca como actores políticos, nombre equipos negociadores e instale mesas es suficiente para alcanzar esa legitimidad social y política que se requiere. Creo que no. 

Esa legitimidad resulta ser un espejismo si al revisar el compromiso de hacer la paz de esas estructuras armadas lo que encuentra el país, el propio gobierno, los delegados de los países acompañantes y la propia ONU es que  lo que les interesa a sus comandantes es ganar tiempo para rearmarse, adelantar actividades de adoctrinamiento y el mejoramiento de las condiciones en las que operan sus actividades económicas ilegales (narcotráfico y minería); estas últimas son el factor que los hace dudar en la conveniencia de dejar las armas para ir a vivir de sembrar aguacates, tomate de árbol o del turismo. Como tampoco les interesa tener una curul en el Congreso. Les es más rentable seguir en la "guerra". Esa es la verdad. 

La presencia otoñal de esas "guerrillas" se va convirtiendo en una especie de tara civilizatoria, histórica, cultural y política de los grupos armados ilegales, atada, por supuesto, a los fallidos procesos civilizatorios de cientos de miles de colombianos que terminan haciendo parte de esos grupos armados, bien porque son obligados, por algún vínculo familiar y por todo lo que representa en remotos territorios en donde no hay Estado y mucho menos instituciones sociales, portar un fusil y ejercer la "autoridad" exhibiendo poder económico y capacidad militar. Y claro, no se descarta que la militancia se dé por cuenta del convencimiento de unas ideas instaladas en manuales y doctrinas que no pueden ser confrontadas porque devienen con un carácter religioso, esto es, como una verdad revelada.   

Bajo esas condiciones, entonces, aparece el ELN, una organización compleja por su carácter federal y la consecuente autonomía de sus frentes. A pesar de la crisis de liderazgo que exhibe Antonio García, ese grupo insiste en que es una estructura monolítica. García,  Gabino y Pablo Beltrán morirán de viejos y con las botas puestas, circunstancia que confirma que jamás supieron encontrar el camino de la paz porque se quedaron "reflexionando" alrededor  de viejas doctrinas y de la búsqueda de un sueño revolucionario que solo tiene cabida en un país de cucaña; y del otro, las disidencias farianas en las que se distinguen aquellos frentes que no se acogieron al proceso de paz  de La Habana, o el grupo que lidera Iván Márquez, la Segunda Marquetalia, quien decidió retomar las armas obligado por las acciones de entrampamiento  que contra Jesús Santrich y el propio Luciano Marín, alias Iván Márquez coordinaron y ejecutaron, de acuerdo con versiones políticas e interpretaciones judiciales,  la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez Neira y la CIA. 

Insisto en que es improcedente llamar conflicto armado interno a la operación mafiosa de unos frentes guerrilleros, de elenos y exFarc, conectadas claro está con acciones como el terrorismo y el narcotráfico. De esa manera adquieren un carácter prepolítico que les impide alcanzar la legitimidad suficiente para que el gobierno de Gustavo Petro y el que vendrá en el 2026  insistan en negociar con estructuras armadas con un borroso proyecto político y con serios problemas de cohesión ideológica y política. 

La conexidad  que en La Habana se logró reconocer entre el narcotráfico y la naturaleza política de las entonces Farc-Ep tiene unos límites temporales, históricos y políticos que están inexorablemente atados a la imagen, a la consistencia y coherencia ideológica y política de las disidencias. Los reiterados ataques a  estaciones de policía, bases militares y blancos civiles en ciudades y pueblos en lugar de permitirles recuperar el carácter revolucionario con el que surgieron en los años 60, los aleja de cualquier posibilidad de alcanzar algo de respaldo social. Por el contrario, la forzada legitimidad con la que hacen presencia en las zonas en las que ejercen control territorial lo único que les asegura  es el repudio silencioso de la población civil sobre la que ejercen disímiles formas de dominación. 

Insisto entonces en que la implosión de las disidencias y la presencia otoñal del ELN representan la crisis de sus proyectos políticos y en consecuencia se van consolidando como una tara civilizatoria,  histórica, política y cultural compartida con cientos de miles de compatriotas. Esa tara debería de llamar la atención de la ONU para dejar de acompañar esfuerzos inanes de paz que resultan costosos y desgastantes. Es un equívoco pensar que la división interna de las disidencias de Iván Mordisco es un logro de los actuales procesos de negociación y conversación. Lo que realmente significa esa implosión es la extensión en el tiempo de una tara que parece insuperable.

 Imagen tomada de EL ESPECTADOR.

NACE OTRO BLOQUE DE LAS DISIDENCIAS DE IVÁN MORDISCO

 

Germán Ayala Osorio

 

En el contexto de la difusa y maximalista idea de la Paz Total, el gobierno de Gustavo Petro modificó la estrategia de confrontación político-militar con la que varias administraciones enfrentaron los desafíos de los grupos armados ilegales, en particular, la confrontación con las Farc-Ep y al ELN (Ejército de Liberación Nacional).

Después de la firma del Acuerdo de Paz de La Habana, aparecieron en escena las disidencias de Iván Mordisco y la Segunda Marquetalia, estructuras dedicadas básicamente a las economías ilegales, lo que les implicó el marchitamiento de su proyecto político, ya venido a menos con la entrega de armas de sus compañeros en el gobierno de Juan Manuel Santos.

Al estar contaminadas por los lucrativos negocios del narcotráfico y la minería ilegal, el cambio propuesto por el gobierno de Petro se expresa en la decisión de golpear las finanzas ilegales de dichas estructuras armadas, con dos propósitos: ahogarlos económicamente y abandonar la práctica recurrente de anteriores gobiernos de criminalizar y perseguir al campesinado que se beneficiaba de la siembra de la coca. Se suma a lo anterior, la narrativa oficial, muy centrada en la voz del presidente de la República, con la que Petro erosiona el carácter político con el que esas agrupaciones insisten en auto validarse. En varias ocasiones puso en duda la credibilidad de los viejos comandantes del ELN y la cohesión interna de esa agrupación armada. Y recientemente, calificó a alias Iván Mordisco como una “traqueto vestido de revolucionario”.

Bajo esas dos estrategias y propósitos, los ceses al fuego pactados entre el Estado y estos grupos ilegales, las fuerzas militares asumieron la tarea de fortalecer la inteligencia, siempre con el objetivo de lograr desconectar la operación criminal de esas estructuras bélicas, con los negocios privados y las conexiones sociales.

Si se hace un balance a pocos meses de cumplir dos años al frente del Estado, el gobierno de Petro logró golpearlos financiera y políticamente. Aunque con el levantamiento del cese bilateral al fuego esas disidencias recibieron golpes contundentes, también es cierto que usaron el escenario de diálogo para fortalecerse militarmente. Lo cierto es que aún se está lejos de alcanzar una victoria militar que los doblegue y los obligue a sentarse a negociar el fin de las hostilidades. El anuncio que hizo Iván Mordisco del nacimiento de un bloque “revolucionario” es la constatación de que usó el tiempo de los diálogos y del cese bilateral al fuego, para crecer militarmente. Esa realidad militar obedece al más grave error político cometido por el gobierno de Petro de querer negociar con grupos al margen de la ley a los que jamás les interesó firmar un acuerdo de paz. Quizás pesó más la narrativa con la que Petro viene deslegitimando su lucha “política y revolucionaria”, que el entusiasmo por dejar las armas que pudieron mostrar al principio de los diálogos de paz.  Ambas jugaron a hacer la paz, mientras cada parte hacía lo que creía conveniente: el gobierno, para deslegitimarlos y golpear sus finanzas; y por el lado de los ilegales, para crecer militarmente.

Por supuesto que la creación de un nuevo bloque es la clara demostración de que las disidencias de Iván Mordisco le están apostando a la salida militar, lo que niega de plano la posibilidad de que se logre la firma de armisticio con el Estado colombiano.

Están muy bien los golpes a las finanzas de esas disidencias farianas y a las propias del ELN, pero se está fallando en un factor clave: no se ha logrado romper las cadenas de suministro de armamento y pertrechos.  La pregunta es: ¿Quiénes, dentro del Estado, hacen ingentes esfuerzos para evitar que se rompa esa cadena de suministros? Ya se han descubierto a oficiales y suboficiales vendiéndoles armas a las “guerrillas”, pero ese abastecimiento de balas para los fusiles debe responder a una estructura superior en la que muy seguramente hay empresarios nacionales e internacionales. Otra pregunta: ¿La Inteligencia Militar sabe de la existencia de esos empresarios?

Así las cosas, habrá “conflicto armado” para rato, lo que claramente beneficia a los Señores de la Guerra y a quienes convirtieron la paz en un matute en el que se reparten contratos o congresistas inescrupulosos usan los recursos de donaciones internacionales y los propios, para pagar favores políticos, es decir, para robárselos.

Imagen tomada de EL TIEMPO.com

GUSTAVO PETRO, IVÁN MORDISCO Y LA PAZ TOTAL EN VILO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El cruce de mensajes entre el presidente de la República, Gustavo Petro y el “traqueto vestido de revolucionario”, alias Iván Mordisco, puede terminar en una ruptura definitiva del diálogo de paz que se adelanta entre el Estado y las disidencias de las Farc, también conocidas como estado mayor central (EMC).

Un levantamiento de la mesa de paz significaría el fracaso de la idea maximalista de la Paz Total planteada por el presidente Petro. De igual manera, serviría para confirmar que ninguna de las partes estuvo realmente comprometida con el proceso de paz. Mientras que las disidencias usaron el cese bilateral al fuego para reclutar menores indígenas y consolidarse militarmente, el presidente Petro estuvo más interesado en deslegitimarlos políticamente, al tiempo que atacaba con decisión sus economías ilegales.

Por el lado del gobierno, el presidente Petro lanzó su idea de la Paz Total con el loable deseo de proteger a la población civil, poniéndola en el centro de la discusión política de las mesas instaladas con el ELN y las disidencias de Iván Mordisco. Eso sí, de manera paralela y en diferentes escenarios, Gustavo Petro, fungiendo más como analista político, que, como jefe de Estado, deslegitimó la lucha armada. En una ocasión, en reunión con el generalato, Petro ancló la lucha subversiva en una etapa en la que el factor económico se puso por encima del factor político, pensado este como factor original y motivacional para alcanzar el poder y lograr las transformaciones que el país reclama de tiempo atrás. Incluso, en el mismo escenario de instrucción histórica con la cúpula militar, Petro puso en duda la legitimidad de los viejos comandantes del ELN, preguntándose si los “guerrilleros” más jóvenes realmente obedecían a sus otoñales líderes.

En por lo menos dos ocasiones el presidente Petro emparentó, con toda razón, la operación armada y los proyectos políticos de las disidencias de las Farc y al ELN, con las economías ilegales de las que obtienen enormes ganancias, lo que claramente, para el jefe de Estado, constituye una contradicción ideológica y política que hace que pierdan legitimidad social y política. Es decir, Gustavo Petro instaló unas mesas de diálogo más para enrostrarles a la nueva “guerrillerada” lo que significa realmente ser revolucionario: aceptar que militarmente no se podrán tomar el poder, dejar las armas, firmar la paz y luchar, sometiéndose a las reglas de la democracia. Esto explica el calificativo que usó en contra de Iván Mordisco: “traqueto vestido de revolucionario”.

Al haber militado en el M-19, guerrilla urbana diferente a los perfiles históricamente exhibidos por las Farc y el ELN, Gustavo Petro creyó posible hacer la paz con quienes tiene irreconciliables diferencias ideológicas y políticas, las mismas que le permitieron jugar el doble rol de presidente interesado en hacer la paz, y de analista político, proclive a quitarles legitimidad a la lucha armada que sostienen aún esas agrupaciones. Al final, y gracias al propio carácter confrontador del presidente, el rol que terminó por imponerse fue el de analista político.

Entre tanto, por el lado de las disidencias dirigidas por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, “le cogieron la caña” a Petro de hablar de paz, a sabiendas de que tendrían que soportar las lecturas “desobligantes” del analista político, Gustavo Petro y las decisiones militares del presidente de la República de golpear las economías ilegales que alimentan la operación militar de todas las “guerrillas”. Así entonces, siempre hubo ruidos y mutuas desconfianzas, asociadas estas al doble rol que jugó Gustavo Petro.

En los tiempos del proceso de paz de La Habana, el entonces presidente Santos conformó un equipo plenipotenciario de gran altura académica y dejó que fueran los voceros militares los que libraran la eterna “confrontación discursiva” cada que ocurría un hecho de guerra. Hay que reconocer que para la época casi todos los frentes de las Farc-Ep llegaron convencidos de que era el momento de parar la guerra y firmar el armisticio. Por el lado del Estado, pero sobre todo del Establecimiento colombiano, hubo la decisión casi unánime de apostarle a la paz.

Se pudo pensar que al venir de la lucha armada el presidente, iba a hacer más fácil negociar con los grupos armados ilegales que aún operan en el país. Pero no. Todo lo contrario, el M-19 siempre fue la guerrilla diferente. El largo tiempo que ha pasado Petro jugando con las reglas de la democracia, su carácter confrontador y su interés en consolidar su perfil académico e incluso, de intelectual, lo alejó de la pragmática política con la que actuó Juan Manuel Santos Calderón, apoyado por gran parte del Establecimiento colombiano, para firmar el Acuerdo Final y poner fin al conflicto armado con las Farc-Ep.

Así las cosas, el fracaso de la Paz Total se podría explicar por la confluencia de todos los elementos arriba expuestos, a los que, por supuesto habría que sumar el interés de agentes de poder político, social y económico del Establecimiento que, al verse afectados por la llegada de Petro al poder, le vienen apostando al fracaso de la Paz Total, por cuanto de llegar a darse ese escenario, la izquierda se volvería una opción electoral atractiva para los millones de colombianos que anhelan la paz, pero que no necesariamente votaron por Petro en el 2022.  

Adenda: la respuesta de Iván Mordisco al señalamiento del presidente Petro confirmaría la confianza que representó la llegada del primer exguerrillero a la Casa de Nariño, pero también podría servir para ratificar que el líder de las disidencias jamás leyó y mucho menos entendió el origen y la lucha del M-19. Esto dijo Néstor Gregorio Vera: “Gustavo Petro me acusa de traqueto y de usar la memoria de Manuel Marulanda. Cuando lo apoyamos en campaña no éramos traquetos”.

Imagen tomada de Semana.com

LOS MILITARES Y PETRO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

A partir del 7 de agosto, las fuerzas armadas colombianas tendrán como comandante supremo a Gustavo Francisco Petro Urrego, ex miembro de la guerrilla del M-19. Aunque esa circunstancia no debería de ser un problema ético y doctrinal para los militares activos, es probable que oficiales y suboficiales en servicio activo se hayan dejado influenciar por sus profesores en la academia, asumiendo como propio el odio que hacia dicho grupo subversivo se profesaba desde los tiempos del robo de las 5 mil armas del cantón norte, la sustracción de la espada de Bolívar y por supuesto, por la toma y retoma del Palacio de Justicia.

Aquellos que dentro del cerrado mundo castrense insistan en operar bajo la influencia de la doctrina del enemigo interno, tendrán la oportunidad o quizás la obligación de entrar en la discusión de conceptos como posconflicto o posacuerdo, con el firme propósito de avanzar hacia la transformación misional que deberán sufrir las instituciones militares, en particular, el Ejército nacional. Si se logra concretar un proceso de paz con el ELN, la paz completa será una realidad, a pesar de la insistencia de las acéfalas y anacrónicas disidencias.

La violación sistemática de los derechos humanos por parte de miembros del Ejército, asociada a los falsos positivos y a otras prácticas institucionalizadas, fruto de la política de seguridad democrática y de los caprichos de Uribe Vélez, quedarán proscritas, si se entiende en un amplio sentido lo que dijo el presidente electo en el sentido en que militares con récord de violaciones a los DDHH no cabrán en la nueva cúpula. Así entonces, en la cadena de mando, quienes hagan parte de la cúpula, tendrán la obligación de limpiar las filas de todos aquellos subalternos proclives a violar la constitución y en particular a aquellos que vienen acostumbrados a hacerlo, siguiendo el ejemplo de generales que hoy gozan de sus soles, gracias a que en el pasado ascendieron por cumplir con los objetivos de la intimidante política de seguridad democrática. Quedará pendiente sacar del ministerio de la Defensa a la Policía nacional, cuerpo armado que deberá acercarse a las transformaciones que demanda el posconflicto.

Las relaciones entre el presidente entrante y las fuerzas armadas serán definitivas y claves para la ampliación de la democracia. De muchas maneras, la operación del régimen democrático en Colombia viene pasando por el talante de los miembros de la cúpula militar. Desde los tiempos de Belisario Betancur y los del estado de sitio de Turbay Ayala, los militares fueron una rueda suelta que, de acuerdo con decisiones político-militares, terminó golpeando garantías democráticas no solo en términos del respeto por los derechos humanos y en todo lo concerniente a la real sumisión al poder civil, sino en la extensión en el tiempo del conflicto armado interno y el aplazamiento de la paz.

Con Uribe Vélez, las fuerzas militares entraron en una etapa de sometimiento a los caprichos del latifundista. Al final, terminaron no solo asesinando vilmente a 6402 civiles, sino operando bajo el carácter privado que el hijo de Salgar le dio a su lucha contra las guerrillas. Santos intentó cambiarles el chip a los altos oficiales que venían de los aciagos años en los que les pedían “más y mejores resultados operacionales”. Logró conformar una cúpula más cercana a la paz, lo que les permitió sentarse, frente a frente, en mesas técnicas, con los miembros de las entonces Farc-Ep. Con el regreso de Uribe al poder, en los “huesotes y las carnotas” de Iván Duque, regresó el viejo talante que inoculó en las filas en el Gran Imputado.

Petro sabe que dentro del Ejército quedan varios “zapateiros”, de acuerdo con lo que expresó el mismo comandante, Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda. La nueva cúpula tendrá la tarea de ir frenando sus ascensos, si deciden insistir en comportarse de la manera como lo hizo el saliente oficial, famoso por lamentar la muerte del asesino serial, alias Popeye y por su expresión “ajúa”. Además, de investigaciones en su contra por corrupción. Eso sí, espero que Petro Urrego no caiga en la tentación de apropiarse de dicho grito, como lo hizo el infantil y fatuo del Iván Duque Márquez.

Imagen tomada de Infobae

¿HASTA CUÁNDO HABRÁ GUERRILLAS?

 

Por Germán Ayala Osorio

Colombia parece condenada a vivir con guerrillas que, a pesar de que todos los días las circunstancias contextuales, nacionales e internacionales, les anulan cualquier posibilidad de tomarse el poder a tiros, insisten en mantenerse levantadas en armas como parapeto político que oculta el real interés de ganar terreno en el mundo de las economías ilegales a las que se entregaron de cuerpo y alma. La presencia de los "guerrilleros" se explica más por el poder intimidante que ejercen en zonas periféricas que el Estado abandonó o aquellas en las que hay poco interés de consolidar instituciones y fortalecer procesos civilizatorios de largo plazo.

Con el paso del tiempo, la operación de esas "guerrillas" da vida a una forma de empleo, que bien podría el DANE considerar en sus análisis. Es decir, vestirse y actuar como guerrillero es un empleo más, en un país con un débil aparato productivo y una creciente informalidad laboral. No faltará quien señale que “existen aún las condiciones y las circunstancias históricas que legitimaron el levantamiento en los convulsos años 60”, lo que justificaría la presencia otoñal del ELN. Esa narrativa quedó sin sentido con el acuerdo de paz de La Habana.

Bajo esa perspectiva, la incapacidad de las "guerrillas" de tomarse el poder a tiros y su conversión en una bolsa de empleo ilegal, convierte en anacrónica su lucha, esto es, la despolitiza, y, por tanto, invalida cualquier propuesta de diálogo de paz que salga de sus comandantes que dejaron de ser revolucionarios (¿algún día lo fueron?) para convertirse en capataces o jefes de vulgares cuatreros.

¿Hasta cuándo el país, la sociedad y la comunidad internacional que acompaña los esfuerzos de pacificación de diversos gobiernos, incluido el actual, van a soportar la terquedad y las cínicas posturas de unos “comandantes” que ya no mandan, como señaló el presidente Petro, pero insisten, forzadamente, en mantenerse vigentes?

En particular, estoy cansado de ver a los señores del ELN y las llamadas disidencias farianas salir en televisión hablando de paz, cuando lo que menos les interesa es dejar las armas y aceptar las reglas de la imperfecta democracia que hemos construido en 200 años de República. ¿Qué es lo que realmente quieren?

En lugar de insistir en mesas temáticas y protocolos de seguimiento a lo pactado en endebles mesas de diálogo, deberían de tomarse el tiempo para discutir qué quieren, cuál es la razón de ser que los impulsa a mantener su insensata lucha y sin futuro alguno. ¿Vale la pena insistir cuando la población civil les teme, los aborrece o en el peor de los casos, los sigue y respeta más por miedo y conveniencia, que por la comprensión y aprobación de su debilitado proyecto político?

Insisto: lo peor que le pudo pasar al ELN fue la firma del Tratado de Paz entre el Estado y las entonces Farc-Ep. Con ese armisticio, su lucha perdió sentido de oportunidad y validez. En cuanto a las disidencias, estas quedaron en el peor de los escenarios, por cuanto sus aspiraciones políticas seguirán atadas al pasado que compartieron con la matriz ideológica y política con la que Santos negoció en 2016. Su existencia residual pesa más que la legitimidad que venía asociada a la desaparecida marca Farc-Ep. ¿Hasta cuándo?

Imagen tomada de EL ESPECTADOR.COM

RETENCIONES O SECUESTROS: DISCUSIÓN “SEMÁNTICA” DE UNA GUERRILLA QUE NO ESTÁ LISTA PARA FIRMAR LA PAZ

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Uno de los efectos políticos del secuestro del señor Luis “Mane” Díaz, padre del reconocido jugador del Liverpool, “Lucho” Díaz, está en que obligó a los plenipotenciarios de Petro en la mesa de diálogo a poner de presente el tema del secuestro; el mediatizado plagio también sirvió para consolidar el rechazo de la sociedad colombiano hacia el ELN, grupo subversivo que reconoció la responsabilidad en la comisión del crimen.

Después de liberado el señor Díaz, y en el inicio del 5º ciclo de conversaciones de paz con el ELN, uno de sus comandantes, Antonio García, dijo en su cuenta de X que “el ELN no hace secuestros. Hay diferentes acciones de privación de la libertad, pero son diferentes: prisioneros, rehenes, retenidos, secuestrados y desaparecidos”.

No estamos ante un asunto de semántica política y “revolucionaria”. Por el contrario, estamos ante una cínica, arrogante, displicente, retadora, irresponsable e inaceptable postura de quien envejeció al frente de una guerrilla que jamás mostró una real voluntad de paz. Una guerrilla anacrónica, liderada por comandantes que, además de mesiánicos, han sido incapaces de asumir la coyuntura que dejó el tratado de paz de La Habana como la oportunidad para ponerle fin al conflicto armado que por más de 50 años sostienen con el Estado.

Lo que dijo el anacrónico comandante del ELN hace pensar en la urgente necesidad de que en la mesa de conversaciones haya acuerdos conceptuales con los plenipotenciarios del gobierno, con el fin de facilitar la comunicación, pero, sobre todo, proscribir el secuestro de civiles con fines extorsivos.

Lo dicho por García debe servir como oportunidad para que en la mesa de diálogo no solo se aborde el tema del secuestro, sino que se exponga la discusión conceptual que, a pesar de su cinismo, está planteando el comandante del ELN. Eso sí, dicha discusión convendría que no trascendiera socialmente, porque la gente del común no suele hacer matices, ni lecturas diferenciadas del secuestro y mucho menos es conveniente plantear ese tipo de disquisiciones en medio de la crispación ideológica que a diario alimentan los medios masivos que no acompañan la solución pacífica y política al conflicto armado entre el Estado y el ELN.

Privar de la libertad, por razones económicas o políticas, constituye un grave delito que García justifica amparado en la necesidad de financiar su aparato criminal, en particular cuando secuestran civiles con el fin de exigir el pago de sumas millonarias para devolverlos a sus familias.

La propuesta de que el Estado y agentes internacionales los “financien” para evitar que sigan secuestrando tiene sentido siempre y cuando esa guerrilla demuestre una real voluntad de paz. Por ahora, dicha voluntad no se ve con claridad, lo que hace inviable, por ahora, el ofrecimiento de “pagarles” para que cesen el abominable crimen del secuestro.

Eso sí, hay que hacer distinciones conceptuales en la mesa de diálogo. Las retenciones de militares y policías las asumen los del ELN bajo la categoría de “prisioneros” en el marco del conflicto armado interno y las normas legales internacional que se aplican para conflictos internos.

Las retenciones de militares y policías, como resultado de combates, deben asumirse como circunstancias y sucesos propios del conflicto interno, cuyo desenlace se debe dar en el ámbito político y militar, lo que obliga a que haya una comisión atenta a generar las condiciones para lograr la rápida liberación de los uniformados. Cuando esas mismas privaciones a la libertad de policías y militares se den cuando estos estén vestidos de civil y desarmados, los tratamientos y los reconocimientos de la acción militar perpetrada por esta guerrilla no pueden ser asumidos de la misma manera como se asumen cuando los plagiados fueron privados de la libertad dentro de la dinámica de un combate.

Así las cosas, urge que en la mesa de negociación se den discusiones conceptuales y se proscriba el delito del secuestro. El ELN debe entender que pasar ciertos conceptos por su propio rasero “revolucionario” y a la luz del Protocolo II de Ginebra, no garantiza la total comprensión de la sociedad.

Jamás será lo mismo secuestrar civiles, en particular mujeres y hombres ancianos, y privar de la libertad a militares y policías que participaron de combates y operaciones hostiles. Baste con recordar el caso de la sargento Karina Ramírez, quien, con su hija y el perro, fueron abordados por guerrilleros del ELN y privados de la libertad. Así la sargento vaya vestida con su uniforme, se trata de un vil y cobarde secuestro. Esas diferencias no deben asumirse como una especie de “glosario” de la guerra, sino como partes claves dentro de unos mínimos protocolos.

Imagen tomada de El Nuevo Siglo

SIETE AÑOS DEL ACUERDO DE PAZ: SANTOS Y LA SEMÁNTICA POLÍTICA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En plena conmemoración de los 7 años de la firma del Acuerdo Final entre el Estado y las Farc-Ep, el expresidente Santos criticó al gobierno Petro por haber aceptado dialogar con las disidencias farianas bajo los nombres de Farc-Ep y Estado Mayor Central (EMC).

Santos Calderón espetó lo siguiente: “Yo creo que el peor error estratégico que ha cometido este Gobierno fue darle patente de corso a la intención de las llamadas disidencias de presentarse como las FARC-EP, y no solo así, sino como el Estado Mayor de las FARC-EP porque el acuerdo que hoy estamos celebrando lo firmamos para que las FARC dejaran de existir como grupo armado, y dejaron de existir. Es un error estratégico que no sé cómo van a solucionar con la comunidad internacional”.

La crítica de Santos, artífice del acuerdo que puso fin al conflicto armado entre el Estado y esa guerrilla, entra en el fangoso terreno de la semántica política. Al parecer, Santos cree que la desmovilización y reintegración a la sociedad de la inmensa mayoría de los guerrilleros de esa agrupación, anula y sobre todo impide que esa nomenclatura fuera recogida por quienes no aceptaron negociar con el Estado en el marco de los diálogos de La Habana, Cuba.

Se entiende la pulla de Santos, mas no la preocupación o quizás el impasse que según él tendría que resolver el gobierno ante la comunidad internacional y la propia ONU, al momento de acompañar lo que según el expresidente sería “otra negociación con las Farc-Ep”, cuando se supone que esa agrupación como tal desapareció con el acuerdo de La Habana.

El reconocimiento político que hizo el presidente Petro no podría depender del nombre con el que el Iván Mordisco quiso ser reconocido en la mesa de diálogo y el país. Haber dicho que el gobierno no aceptaba sentarse a conversar por usar el nombre de un grupo ya desaparecido, se habría convertido en una discusión sin mayor sentido, cuando el objetivo máximo es pacificar el país.

A pesar de que en este gobierno se han comprado más tierras que las que adquirieron Santos y Duque para alimentar el Fondo de Tierras que se acordó en Cuba, los lunares en la implementación del acuerdo estarían en el liderazgo administrativo y burocrático de las agencias oficiales que se crearon para cumplir con lo acordado en Cuba y ratificado en el teatro Colón de Bogotá. En particular, el problema estaría en la débil estructura de la nueva Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz.

 

En lo que respecta a la implementación en los municipios PDET, hay que entender que en varios de estos los problemas de concentración de la tierra y los modelos de gran plantación constituyen palos en la rueda a los procesos y actividades de implementación del Acuerdo de Paz. Ahora bien, el país no puede olvidar que entre el 2018 y el 2022 el presidente-títere, Iván Duque Márquez se dedicó a ralentizar y torpedear la implementación de lo acordado en La Habana. La intención de su administración era hacer trizas la paz.

Es posible que la firma del Acuerdo de Paz entre las Farc-Ep y el Estado colombiano y las condiciones generales en las que se dio la firma del armisticio de 2016 se esté asumiendo como un modelo estándar en el que hay que meter, así sea a la fuerza, las pretensiones y las lógicas de guerrillas como el ELN y las propias de las llamadas disidencias, tanto las de Iván Mordisco, como la de Iván Márquez (La Segunda Marquetalia). Eso sí, antes de proponer innovaciones al modelo de negociación que dejó Santos, hay que evaluar seriamente si las disidencias y el ELN realmente están “maduros” para sentarse en una mesa. A dicha madurez llegaron por los golpes contundentes que recibió el Secretariado de las Farc, con los asesinatos de Raúl Reyes, Mono Jojoy y Alfonso Cano. Golpear de esa forma al Coce (Comando Central) del ELN no será fácil por las maneras como operan y su estadía en Cuba. Otro factor para tener en cuenta es que en esas guerrillas militan jóvenes menos formados políticamente y más interesados en enriquecerse a través de las actividades ilícitas.

Imagen tomada de EL COLOMBIANO 

 

ELN Y EL SECUESTRO DE LUIS MANUEL DÍAZ

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Que el ELN haya secuestrado y tenga aún en su poder a Luis Manuel Díaz, confirma que dentro de esa organización armada ilegal hay estructuras que operan de manera autónoma, lo que significa que el Coce (Comando Central) exhibe un liderazgo y un control político parcial de todos los frentes, fruto del carácter federado que caracteriza a esa guerrilla; igualmente, la misma retención ilegal del padre del jugador de fútbol, Luis Díaz, reafirma lo que históricamente se ha dicho de esa guerrilla al momento de hablar de paz y  firmar un armisticio: que no hay voluntad real por parte de varios de sus frentes, cuyos miembros operan como ruedas sueltas y gravitan bajo la misma lógica de ladrones de celulares, de ganado y bandidos de poca monta: sin formación política y con una nula capacidad para entender el momento histórico por el que atraviesa el país.

Las reacciones mediatizadas de rechazo al secuestro del papá del afamado “crac” del fútbol mundial también confirman que desde los medios de comunicación se revalida la existencia de “secuestrados de primera, segunda y de quinta categoría”, clasificación que es el resultado de una sociedad profundamente clasista, circunstancia que obviamente compromete las acciones y la eficacia del Estado a la hora de rescatar a los plagiados.

En los tratamientos periodístico-noticiosos, los colegas periodistas ponen tanto el foco en lo que representa para el fútbol el secuestro del señor Luis Manuel Díaz, que anulan su existencia como víctima, al insistir en hablar casi exclusivamente del secuestro del Papá de Lucho Díaz. Por supuesto que ambos son víctimas, pero al hacer el énfasis en la figura del jugador de fútbol, se recrea una sutil subvaloración de su progenitor.

Los periodistas que se rasgan las vestiduras por la mala imagen que genera la retención ilegal del padre del astro del fútbol, olvidan que ya el mundo entero conoce de qué hemos sido capaces de crear, recrear y aguantar como sociedad y como Estado: criminales como Garavito, Pablo Escobar Gaviria y los Rodríguez Orejuela; Salvatore Mancuso y alias Don Berna, entre otros tantos bandidos de renombre; que como país ocupamos los primeros lugares en corrupción y desplazamiento interno de comunidades campesinas; que el Estado asesinó a más de 6402 jóvenes en el marco de la política de la Seguridad Democrática; y que por delitos graves está incriminado, investigado y procesado un expresidente de la República. A lo que hay que sumar que hay “gente de bien” (blancos y mestizos que se creen arios) que sale a asesinar indígenas y manifestantes que reclaman la garantía de sus derechos constitucionales.

No hay razones que puedan “justificar” el secuestro de civiles, sean estos extranjeros, periodistas, empresarios o familiares de deportistas. El plagio de seres humanos es un crimen aberrante y execrable que cometen estructuras delincuenciales con débiles propósitos políticos. El ELN es hoy una estructura armada lumpenizada y anacrónica en la que confluyen dos o tres comandantes con alguna formación política y un cuerpo armado representado por ignorantes y estúpidos que se comportan como sicarios, ladrones de billeteras o abigeos.

Imagen tomada de Las 2 Orillas. 

LA PAZ Y EL CAMBIO SE VACIARON DE SENTIDO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En términos de generación de víctimas, cualquier colombiano medianamente informado puede confirmar que el largo y degradado conflicto armado interno es una fuente casi inagotable de dolor, desazón e incertidumbre para la población civil que sufre las embestidas de todos los actores armados que participan de las hostilidades. A pesar de varias negociaciones de paz, los esfuerzos de pacificación terminan en desmovilizaciones y procesos de reinserción fallidos o medianamente exitosos, lo que hace posible que hoy, 50 años después, persistan aún, grupos al margen de la ley que creen que la lucha armada y el posterior triunfo “revolucionario”, traerá, inexorablemente, la paz, la reconciliación y el cambio.

Bajo esas circunstancias contextuales, la paz, como concepto e ilusión se va vaciando de sentido por el cansancio que produce su enunciación en boca de unos actores armados y agentes políticos y económicos poco comprometidos con la necesidad de hacer los ajustes institucionales y culturales que enruten al país hacia estadios civilizatorios en donde sea posible que se consoliden la democracia, el respeto a la vida en todas sus manifestaciones, una nación plural y un Estado moderno.

El triunfo del No en el plebiscito por la paz sirvió para ahondar las diferencias entre dos bandos aparentemente irreconciliables: quienes dijeron No, lo hicieron porque le apostaron al fracaso del acuerdo de paz de La Habana por considerarlo espurio; y aquellos que votaron Sí, porque asumieron ese armisticio como un freno a la generación de víctimas civiles, plausible postura ética, mal vista por quienes se expresaron negativamente.

Con la aparición de las esperadas disidencias farianas, la incapacidad institucional (estatal) para implementar lo acordado  y las acciones del gobierno de Iván Duque conducentes a “hacer trizas la paz”, terminaron por vaciar de sentido ese anhelo de pacificar un país que habla de paz, pero que hace todo para que la guerra continúe, porque frases como “paz sí, pero no así”, terminan por exponer las mezquindades y la avaricia de aquellos que invirtieron millonarias sumas de dinero, no para acabar con las guerrillas, sino para provocar un bien calculado éxodo campesino, con la consecuente reconcentración de la tierra por despojo, actividad que contó con la colaboración de paramilitares, ganaderos, militares y empresas agroindustriales. Así las cosas, hablar de paz no solo se torna aburrido, sino insustancial porque los que dijeron No ese 2 de octubre de 2016, se acercaron, ética y moralmente, a las maneras de pensar de guerrilleros y paramilitares.

Después del estallido social y del desastroso gobierno del fatuo, obsecuente e infantil de Iván Duque Márquez, vendría el primer gobierno de izquierda en un país que se acostumbró a las maneras de gobernar de una derecha clasista, racista, machista, retrógrada y homofóbica y neoliberal. Justamente, el cambio, como vocablo e ilusión transformadora lo asentaron quienes agitaron esa bandera en ese sempiterno clasismo, racismo, machismo y homofobia como asuntos que deberían de superarse rápidamente.

Quizás ese sea el error más grande de la izquierda: haber ofrecido un cambio, sin tener en cuenta o mirando de soslayo las complejidades de una sociedad confundida moralmente como la colombiana; así como la consolidación de un régimen criminal y mafioso, atado a un ethos pernicioso que guió y guía aún la vida de millones de colombianos, que les sirvió en el pasado para sobrevivir a través del clientelismo y otras prácticas sociales fruto de precariedades colectivas e individuales en términos de capital social y cultural.

Pensar que es posible cambiar todo lo que ha estado mal en Colombia, en cuatro años, resulta quimérico, ilusorio y de alguna manera, artificioso. Leopoldo Villar Borda, en reciente columna en El Espectador, sostiene que “después de la explosión social, la agitación de la campaña presidencial y la ilusión de un nuevo despertar nacional tras la victoria de Gustavo Petro, Colombia está descendiendo con rapidez por la pendiente de la montaña rusa emocional de la que no sale desde hace mucho tiempo. Además de la polarización, la violencia, la corrupción y las pugnas que han hecho añicos el sistema político, el país sufre un malestar general que pide a gritos una solución de fondo. La sensación prevaleciente es que estamos en un callejón sin salida. Pero, así como en la vida de las personas no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista, hasta el país más agobiado puede salir del hueco”.

La Paz y el Cambio cumplieron sus propósitos como eslóganes de campaña, pero aún no logran consolidarse como verbos, condiciones y requisitos para hacer de Colombia una “potencia mundial de la vida”. Buscando la paz llevamos 50 años y aún no se logra pacificar el país; y buscando el cambio, tan solo año y medio como apuesta gubernamental.

Al problema de tener una dirigencia económica y política retrógrada, corrupta e incapaz de coadyuvar a construir nación, se suma el desespero de una sociedad que aún no conecta el cambio con la necesidad de la paz, porque naturalizó un ethos nocivo y la imposibilidad de conectar hechos y circunstancias. Al final, el cambio debe venir orientado de abajo hacia arriba, así la paz siga atada al único camino trazado hasta el momento: de arriba, hacia abajo.

Imagen tomada de Cambio.

PETRO, MODELO ECONÓMICO, ELN Y EL RESPALDO POPULAR

 

Por Germán Ayala Osorio

Al no haber alcanzado el carácter nacional, el conflicto armado interno y sus dinámicas fue perdiendo espacio social y político en una sociedad urbana acosada por otros problemas, considerados hoy mucho más graves: el hambre, el desempleo, la precarización laboral y la corrupción público-privada.

Esa condición periférica, atada a la ruralidad y a esa Colombia despreciada por la élite bogotana y sus espejos de las regiones más desarrolladas, hizo que la lucha armada de las guerrillas se diera con un relativo apoyo popular, a pesar de la insistencia de estas agrupaciones subversivas de contar con el apoyo del “pueblo”.  Más bien, eso de contar con el “respaldo del pueblo” fue la fantasiosa narrativa a la que apelaron los líderes guerrilleros durante procesos de paz, usados estos para fortalecerse militarmente, ganar treguas y la atención política a sus demandas y reclamos, en particular a las que tienen que ver con la concentración de la tierra en pocas manos.

Hablo en particular de la reforma agraria que si bien no se dará en las dimensiones y aspiraciones de las guerrillas y de las propias organizaciones campesinas, está tomando forma, si tenemos en cuenta los esfuerzos  que se vienen haciendo con la titulación de predios y la compra de tierras a Fedegan. Claro que ese impulso puede fracasar, pero el solo hecho de estar caminando, les resta a las guerrillas presentes la razón de su lucha armada. De igual manera, la recuperación de baldíos y los proyectos de reforma a la salud, pensional y laboral, de muchas maneras dejan sin sentido el discurso reivindicativo de todos los grupos subversivos. Aunque el fracaso político-legislativo de las tres reformas, termina por legitimar a las organizaciones guerrilleras.  

Es claro entonces que después de la firma del Acuerdo Final en La Habana, entre el Estado y las entonces Farc-Ep, social y políticamente la lucha armada que aún sostienen las disidencias, la Segunda Marquetalia y el ELN, perdió sentido ante la opinión pública e incluso ante esa parte del establecimiento que de tiempo atrás usó a su favor la operación militar de las guerrillas, para consolidarse, a pesar de su histórica y evidente ilegitimidad.

El respaldo de organismos internacionales a los diálogos que se adelantan entre el actual gobierno y el ELN está fundamentalmente dado por los intereses económicos que se despiertan cuando un país biodiverso, con un Estado que arrastra problemas de control territorial como el colombiano y cuyo desarrollo económico está atado a la lógica extractivista, alcanza niveles óptimos de pacificación. Ese es un factor que juega a favor de los elenos por cuanto la discusión del cambio del modelo económico los legitima como organización político-militar.

Al insistir en la idea de ajustar o cambiar el modelo económico, lo que hace el ELN es remplazar la fantasiosa narrativa del respaldo popular que ellos mismos usaron para validarse políticamente. En eso llevan más de 50 años. Es decir, el Ejército de Liberación Nacional reencaucha su lucha con la ayuda del gobierno de Gustavo Petro que, en su afán de alcanzar la Paz Total, esto es, de superar lo hecho por Juan Manuel Santos en términos de la pacificación política del país, le aceptó la idea de discutir el modelo económico.

El carácter maximalista de la Paz Total está haciendo posible que los costos sociales, expresados en la pérdida de respaldo popular del ELN, por sus equivocadas acciones militares, remplacen el valor político con el que esa guerrilla justificó su alzamiento armado, por la importancia que les da ser la primera guerrilla que logra, con un gobierno, discutir en una mesa de diálogo el modelo económico. Ahora bien, si juzgamos el golpe de mano que propinó el ELN a los 9 soldados que estaban durmiendo y los recientes atentados dinamiteros contra el oleoducto caño Limón-Coveñas, su carácter revolucionario sigue agrietándose, porque dichas acciones no cuentan con respaldo popular.

Al decir el gobierno de Petro que no habrá líneas rojas para adelantar los diálogos con ese grupo armado ilegal, da vida a dos caminos. Uno sinuoso que no sabemos a dónde vaya a llevar al país y el otro, más de cálculo político por el tiempo extremadamente largo que tomaría firmar un acuerdo de paz con una guerrilla que insiste en cambiar, de un momento a otro,  las complejas circunstancias históricas en las que viene operando el Estado y la democracia.

Ese primer camino sinuoso nos puede llevar a serios niveles de incertidumbre y de crisis política, derivada de las discusiones y decisiones que se tomen en la mesa de diálogo en torno al modelo económico; y el segundo camino, en el que podrían confluir tanto los negociadores del gobierno, como los del ELN, tendría como fin que cualquiera de las partes, después de varios años de negociación, decida unilateralmente pararse de la mesa por no encontrar voluntad política en la contraparte para avanzar en los ajustes al modelo económico.

Lo que está haciendo Gustavo Petro es jugar con el respaldo político de esa parte del pueblo que votó por sus ideas. Apoyo que, por supuesto, está alejado de cualquier intención de cambiar el modelo económico porque subsiste la clara convicción de que bajo ese mismo modelo se pueden solucionar los problemas del hambre, el desempleo, la precarización laboral y la corrupción público-privada. Quizás porque el problema no está en el modelo económico, sino en el modelo de sociedad y Estado, por cuenta de una  élite mafiosa, torpe y criminal que desde hace más de 30 años logró capturar el Estado, para ponerlo al servicio de su avaricia y mezquindad.

 

Imagen tomada de CNN

CON LA FUERZA DE LA PAZ, ROY BARRERAS GOLPEA AL PACTO HISTÓRICO

 

Por Germán Ayala Osorio

Con el lanzamiento del movimiento político, la Fuerza de la Paz, Roy Barreras toma distancia del Pacto Histórico, y se encumbra como el líder de sectores del Establecimiento que aborrecen las ideas y los programas del presidente Gustavo Petro Urrego. La Fuerza de la Paz es un movimiento político que surge de los problemas de consolidación programática y operativa del Pacto Histórico y del rechazo y miedos que genera Petro Urrego en agentes económicos de la sociedad civil. Sus candidatos serán de derecha (aunque digan que son de centroderecha) y sí constituyen competencia a los que se presentarán en la próxima jornada electoral del 29 de octubre, en la que se elegirán gobernadores, diputados, alcaldes y concejales.

Con su decisión política, Roy Barreras intenta implosionar el Pacto Histórico, lo que derivará en la llegada de candidatos a gobernaciones y alcaldías alejados de las ideas, programas y proyectos que tiene en mente Gustavo Petro. Por su carácter acomodaticio, Barreras es el líder que la derecha colombiana necesita para hacerle contrapeso a las apuestas de cambio que el presidente de la República le propuso al país.

En la Fuerza de la Paz confluyen santistas y uribistas, todos cercanos a los intereses de los sectores poderosos del Establecimiento colombiano. Quienes acompañaron ayer a Roy Barreras al lanzamiento de su microempresa electoral buscarán que las elecciones regionales sean el escenario plebiscitario en el que puedan rechazar o ponerle talanqueras al Plan Nacional de Desarrollo y por ese camino, a los programas de reivindicación social, en particular a los que tienen como objetivo estratégico salvar la economía campesina a través de una reforma agraria.

La idea de paz que defiende Barreras está fundada en mantener el modelo neoliberal y los TLC, pero consolidando algunos subsidios a través de una política asistencialista que no transforma en absoluto las condiciones de miseria, abandono y postración que las medidas de apertura económica de César Gaviria Trujillo generaron y que los gobiernos neoliberales de Pastrana, Uribe, Santos y Duque fortalecieron y ampliaron hasta privatizar la acción estatal. Curiosamente, Roy Barreras golpea, con la Fuerza de la Paz, al Pacto Histórico. Pronto sabremos cuán grande serán los daños generados a esa colectividad.

La microempresa electoral de Roy Barreras es un duro golpe político al Pacto Histórico. Los voceros y principales gestores del Pacto Histórico se quedaron sentados adulando al presidente, en lugar de trabajar en la consolidación de cuadros que pudieran competir en las elecciones regionales que se avecinan. Claro que hubo poco tiempo de preparación. Por ello, Barreras decide armar tolda aparte para permitir la llegada de la vieja clase dirigente a su micronegocio electoral. Este astuto político supo leer muy bien los reclamos y miedos de los sectores del Establecimiento a los que les sirvió cuando militó en las huestes uribistas, santistas y las aglutinó en su momento, Germán Vargas Lleras.

Gustavo Petro usó a Roy Barreras para aglutinar las fuerzas que hoy hacen parte de la bancada de gobierno y por supuesto que quien fuera el presidente del Senado también se sirvió del triunfo y la popularidad del presidente de la República, para lanzarse como el líder que la derecha necesita para contrarrestar la consolidación del proyecto político del líder de la Colombia Humana. Barreras hace rato está pensando en el 2026. Ya veremos qué pasa con Barreras en el 2026.

Imagen tomada de EL ESPECTADOR