EL RELATO CON EL QUE URIBE CONFRONTA AL INFORME DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD (II)

 

Por Germán Ayala Osorio

En la verdad que el expresidente Álvaro Uribe quiere imponer, insiste en hablar de las Farc, a pesar de que desaparecieron como grupo armado ilegal. Aunque por un tiempo mantuvieron la sigla, el significado era otro: Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, al final aceptaron que la abreviatura tenía mala recordación y generaba odio y resistencias y “rebautizaron” al movimiento político como Comunes. Dice el sub judice ciudadano que “hasta hoy las Farc llevan casi cinco años en el Congreso, no han recibido la sanción alternativa”.

Guarda silencio el 1087985 alrededor de dos circunstancias que el país conoce: la primera, que ya la JEP les imputó delitos de lesa humanidad y está a la espera de exponer las sanciones en el marco de la justicia restaurativa que se acordó en La Habana. Y la segunda, que fue su propio títere, Iván Duque Márquez, quien impidió la entrada en operación de la Jurisdicción Especial para la Paz. El retraso de un año lo produjo cuando objetó la ley estatutaria que el Congreso había aprobado para darle viabilidad al tribunal transicional.

Al llegar al tema de los “falsos positivos”, el Gran Imputado nuevamente reduce la comisión de esas ejecuciones extrajudiciales a unas “manzanas podridas” y no a la existencia de una política institucional, de acuerdo con los patrones que la justicia encontró en los análisis de cientos de casos en los que militares asesinaron civiles para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate. Evita decir el señor Uribe que él mismo ejerció presiones a los comandantes, a quienes les exigió “más y mejores resultados operacionales”.

En sus palabras, se lee: “en el caso de los Falsos Positivos la Comisión de la Verdad asigna la responsabilidad institucional al Ejército cuando muchos de sus integrantes fueron puestos presos por tales delitos antes del Acuerdo de La Habana. El mismo Ejército adelantó investigaciones e hizo denuncias. No se puede confundir la institución con conductas de personas vinculadas”. Insiste el hacendado y caballista en que el señalamiento institucional, en este caso,  deslegitima al Ejército. No, la pérdidade legitimidad no se explica por el señalamiento que hace la Comisión de la Verdad, sino que se produce por el accionar criminal de los uniformados, conducta que acoge a quienes guardaron silencio frente a los hechos y a quienes usaron la cadena de mando para perseguir e incluso asesinar a quienes se atrevieran a denunciar la práctica criminal que se hizo hábito en varias unidades militares. En un inciso, el expresidente antioqueño pone en duda los 6402 crímenes de civiles: “El número de la JEP, 6402, es más del doble de los casos registrados por la Fiscalía y el Observatorio de la Memoria y el Conflicto (OMC) del Centro Nacional de Memoria Histórica”. Lo que no precisa el latifundista y expresidente de la República es que Iván Duque nombró como director del Centro Nacional de Memoria Histórica al negacionista del conflicto y reconocido uribista, Darío Acevedo. Si las cifras las dio Acevedo, lo más seguro es que haya manipulado la información para minimizar el impacto social y político de los  llamados falsos positivos. Y en cuanto a la Fiscalía,  lo más seguro es que al estar al frente del ente investigador personajes como Luis Camilo Osorio, Néstor Humberto Martínez Neira y Francisco Barbosa, se haya ocultado información o hecho mal los análisis contextuales. Y pudo ser así porque todos son declarados seguidores de las ideas que dan vida a eso que se conoce como el uribismo. Es más, Osorio está señalado de tener vínculos con estructuras paramilitares.

Uribe Vélez sostiene que “los falsos positivos parecieron una estrategia para deshonrar la Seguridad Democrática y afectar a un Gobierno que había conquistado cariño popular. Incluso el nombre daría la impresión de haber sido concebido por las mentes maliciosas de quienes debieron gozar con la tragedia que desacreditaba a nuestro Gobierno y a nuestras Fuerzas Armadas”.

El ladino expresidente invierte los hechos y los factores con la clara intención de torcer la lógica de los hechos acaecidos. No. El problema original está en la concepción de la política de seguridad democrática, pensada más para perseguir a detractores, críticos del gobierno, libre pensadores, profesores, defensores de derechos humanos, sindicalistas y periodistas, entre otros. Se trató de una política de defensa que replicó las actuaciones y las dinámicas que desató la aplicación del Estatuto de Seguridad durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978-1982). Con un agravante: la política de seguridad democrática de Uribe desconoció la existencia del conflicto armado interno y por esa vía, la existencia de víctimas y sus derechos. En dicha política pública Uribe insistió en que lo había en Colombia era una amenaza terrorista. De esa manera, el rufián de esquina – así lo llamó Juan Manuel Santos- se plegó a la doctrina contra el terrorismo que los Estados Unidos diseñó para castigar a los responsables de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Su tesis negacionista la confirma en su texto Cuál Verdad. “Se me acusa de no haber reconocido el conflicto con las Farc. En verdad siempre sostuve que el tema no se podía abordar como un conflicto sino como una acción de grupos terroristas o que cometían acciones terroristas y la respuesta del Estado, que en el ejercicio presidencial que me correspondió fue la Seguridad Democrática”.

Negar la existencia del conflicto armado interno no fue más que la estratagema ético-política a la que apeló Uribe Vélez para emprender la naturalización del fenómeno paramilitar, evitar que el Estado asumiera sus responsabilidades y en particular él, como jefe de Estado, por ejemplo, frente a la comisión de las ejecuciones extrajudiciales. Al desconocer la existencia del conflicto armado, se evitó la angustia institucional de reconocerles estatus  político a las guerrillas. También le sirvió, discursivamente,  para negar que en Colombia opera un régimen mafioso, violento y oprobioso, operado por una élite a la que Uribe le sirvió y de la que él se sirvió para conseguir sus objetivos de llegar al Estado para vengar la muerte de su padre a manos de las Farc. Ese hecho fue desmentido por el mismo Secretariado de las Farc-Ep, pero hizo parte del relato con el que aportó a los sentimientos de venganza que le impiden aceptar los principios de la justicia restaurativa que se acordó en La Habana.

Imagen tomada de El País.