JUAN MANUEL GALÁN, PRECANDIDATO PRESIDENCIAL, APOYA EL GENOCIDIO EN GAZA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El precandidato presidencial, Juan Manuel Galán dejó ver de manera temprana su interés de servirle, una vez esté instalado en la Casa de Nariño, a la derecha internacional que aprueba y apoya el genocidio que Israel viene cometiendo contra el pueblo palestino en la franja de Gaza. En entrevista concedida a El Espectador dijo que su primer acto de gobierno será “reestablecer la relaciones diplomáticas con Israel”.

Resulta curioso que, a pesar de su evidente desprecio por la vida de los palestinos, insista en declararse “liberal”, cuando realmente está más cerca de la ideología conservadora en la que se sostiene el viejo establecimiento colombiano y las conexiones de este con la derecha internacional. Vaya contradicción filosófica e ideológica en la que cae este “delfín” en su afán por ganarse el apoyo de la derecha colombiana y del sionismo internacional que asumen como “normales y necesarias” las prácticas genocidas adelantadas por Israel por cuanto están soportadas en un evidente supremacismo étnico. Esa racionalidad económica y política que instrumentaliza la vida, convierte a Juan Manuel Galán en uno más de los políticos que tanto daño le hicieron en el pasado reciente del país: Uribe, Duque, Gaviria y Santos. 

Además de mostrar su simpatía con el genocidio, Galán habló generalidades en la entrevista concedida al diario bogotano, el último medio tradicional en entrar a la cofradía mediática que le hace oposición política al gobierno Petro. Por ejemplo, de restarle poder al régimen presidencialista para facilitar el trabajo coordinado con las regiones, esto es, con alcaldes y gobernadores. Esto dijo el hijo del inmolado Luis Carlos Galán Sarmiento: “…proponer una reducción del poder de la Presidencia de la República, para que ese poder se transfiera a los territorios y regiones, donde los mandatarios locales sientan que el gobierno nacional es su aliado, es el que está para apoyarlos, para acompañarlos, para respaldarlos”.

En lo que toca al tema de la salud, señaló que insistirá en “…que el sistema de salud como alianza público-privada pueda recuperarse”. Evitó hablar de la actual crisis del sistema de aseguramiento en salud, lo que hace pensar en que, de llegar a la Presidencia, Galán le seguirá inyectando millonarios recursos a las EPS dejando de lado las prácticas mafiosas de juntas directivas de varias entidades que terminaron en robos billonarios de recursos del erario. De llegar a la presidencia, lo más probable es que Juan Manuel Galán eche para atrás el modelo preventivo en salud que dejará funcionando el gobierno Petro.

En las pasadas elecciones, Juan Manuel Galán apoyó al corrupto y putero candidato presidencial Rodolfo Hernández. Esto dijo en ese momento: “Rodolfo Hernández representa la emoción de centro que no quiere continuismo Uribista ni cree en la propuesta de Gustavo Petro. El Nuevo Liberalismo jamás abandonará el espíritu crítico y el derecho a oponerse a aquello que no compartimos ni le conviene al país. ¡Cuente con nosotros!”

Las contradicciones ideológicas y las veleidades de Galán lo acercan más al uribismo y al poder tradicional que ostentan los banqueros y un par de familias más que capturaron y sometieron el Estado a sus caprichos e intereses de clase. De esa manera, a Galán poco o nada le preocuparía ser un presidente servil a los poderosos de siempre. Realmente, Juan Manuel Galán no es un liberal. Por el contrario, es un godo que usa camisa roja y agita las banderas del Nuevo Liberalismo, eso sí, alejado de las ideas de su padre. En esa misma línea actúa su hermano Carlos Fernando, actual alcalde de Bogotá. 

Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

DANIEL QUINTERO EN “MODO MILEI”: ACABAR CON NOTARÍAS, CÁMARAS DE COMERCIO, PEAJES Y FOTOMULTTAS

 

Por Germán Ayala Osorio

Daniel Quintero Calle es un político carismático que promete “resetear la política”, lo que se traduce en cambiar las costumbres políticas, esto es, acabar con la corrupción público-privada, flagelo que se alimenta del ethos mafioso que la sociedad en su conjunto naturalizó. Y para lograrlo ha señalado que “cerrará el Congreso para convocar a Asamblea Nacional Constituyente, acabará con las notarías, las Cámara de Comercio, los peajes cada 5 kilómetros y las fotomultas”. Y termina con la frase “no más robo en Colombia”.

En reciente video, aparece el exalcalde de Medellín despegando con desdén de un tablero cuatro papelitos adheridos con los nombres de notarías, fotomultas, peajes y Cámaras de Comercio. “Se acaban las notarías, se acaban las cámaras de comercio, se van los peajes y se van las fotomultas” se le escucha decir al precandidato presidencial. La idea la copió del entonces candidato presidencial y hoy jefe del Estado argentino, Javier Milei.

Sus intenciones pueden terminar cautivando al público que reconoce en las fotomultas un vulgar negocio privado pensado para castigar infractores, en lugar de apostarle a la pedagogía y a procesos educativos de los conductores; el mismo público y audiencias que sienten que las notarías son otro negocio privado de la fe pública que una entidad del Estado bien puede cumplir. Sobre los peajes caros, millones de colombianos reconocen que se trata de cobros excesivos que encarecen productos y servicios y todo por culpa de las lesivas concesiones viales. Y sobre el papel de las Cámara de Comercio también hay una narrativa negativa que las hace objeto de propuestas “populistas” como las que lanzó Daniel Quintero Calle. Lo que hay que preguntarle al exalcalde de Medellín es: ¿Ya tiene listo los planes y las instituciones que remplazarán las Cámara de Comercio y las Notarías? ¿Cómo se daría esa transición y cuánto costaría?

Se equivoca el precandidato presidencial al enfocar su campaña electoral asumiendo el papel de “enemigo de lo privado”, a pesar de que le cabe razón en que la derecha históricamente le ha apostado a “privatizar la función estatal”, en beneficio de agentes de poder económico y político privado a los que poco o nada les interesa desarrollar el país. Por el contrario, lo único que los anima es mantener las condiciones institucionales que les asegura el carácter rentista con el que han impedido que el país alcance un desarrollo superlativo fruto del aprovechamiento de todas las ventajas comparativas que se le reconocen por tener dos mares y pisos térmicos que le permiten ser una despensa agrícola con un gran potencial para reindustrializar al país.

Una campaña electoral sostenida en ese tipo de propuestas-amenazas terminan por advertir que Quintero no tiene un discurso político e ideológico claro, basado en la comprensión sistémica de las complejas realidades del país.

El Pacto Histórico y el propio presidente Petro deberían de cuidarse de aceptar una candidatura de Quintero como el político capaz de darle continuidad al proyecto progresista. Hay asuntos más importantes y problemas más urgentes que la sociedad colombiana espera que se asuman con seriedad y se solucionen de manera definitiva: por ejemplo, la evasión de impuestos por parte de las familias más ricas del país, la captura mafiosa de instituciones del Estado garantizada por los partidos políticos tradicionales; avanzar en la reforma agraria y reindustrializar el país; asegurar el regreso del tren para llevar el desarrollo a todas las regiones del país, de la mano del turismo y la producción agropecuaria. El cuidado de los ecosistemas naturales amenazados por los monocultivos legales e ilegales, la potrerización y la minería legal e ilegal. Y sí, las concesiones viales de donde se derivan los peajes costosos necesitan replantearse sobre el análisis los contratos de concesión y el aseguramiento de que el Estado pueda cumplir con la tarea de construir vías y conectar los territorios y las regiones. Sobre la lucha contra la corrupción, Quintero agita una bandera raída, fruto de fallidos esfuerzos como la consulta popular contra la corrupción que impulsó años atrás Claudia López y el propio proyecto del cambio con el que Petro logró llegar a la Casa de Nariño.

Para acabar con la corrupción se necesita de un profundo cambio cultural y de un líder que comprenda los factores culturales e institucionales que facilitan y hacen posible que seamos uno de los países más corruptos del planeta. Con propuestas efectistas, pero irrealizables en el corto plazo, como las que lanzó Quintero, lo más aconsejable en su caso es que "reinicie” su campaña y se dedique a consolidar un discurso político que genere confianza en los electores por la comprensión sistémica de los problemas de un país complejo como Colombia.

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MIGUEL URIBE TURBAY: EL “PRESIDENTE MILAGRO” QUE NECESITA LA DERECHA

  

Por Germán Ayala Osorio

 

El atentado sicarial perpetrado contra Miguel Uribe Turbay viene siendo aprovechado política y moralmente por la derecha para culpar al gobierno Petro y consolidar la narrativa que indica que el ataque armado tiene una indiscutible connotación política asociada por supuesto a un sentimiento de “venganza” de la izquierda y el progresismo por los ataques políticos que efectuaba el senador uribista contra la figura de Petro y sus reformas sociales como la reforma laboral, pensional y a la salud.  

Con el denodado apoyo de la prensa hegemónica ese sector del espectro ideológico viene construyendo una especie “protomártir” de nuevo cuño, ambientado por la fe de cientos de miles de orantes-votantes que llegan a la clínica Fundación Santa Fe para pedir por su pronta recuperación y el regreso a la “vida política y electoral” por aquello de que el país lo necesita.

La “Carrera por la vida” convocada para pedir a Dios que Miguel Uribe Turbay supere los efectos de las heridas recibidas fue ante todo una actividad política atada a los sentimientos de la comunidad de creyentes que, camándula en mano, rechazan la violencia política y creen a pie juntillas que en este caso habrá un milagro y la consecuente consagración de Uribe Turbay como un “bendecido” por la gracia divina, condición suficiente para convertirse en presidente de la República en el 2026.

La revista Semana registró así el hecho: “La Carrera por la Vida nació como una respuesta ciudadana al atentado que dejó herido al precandidato presidencial Miguel Uribe, quien actualmente permanece en proceso de recuperación en la Fundación Santa Fe. El ataque armado generó una ola de indignación en todo el país, al tiempo que encendió las alarmas sobre el nivel de violencia política en Colombia”.

Los rezos, plegarias y la Caminata por la Vida son los mecanismos políticos y morales con los que la derecha y en particular el uribismo necesitaba para despejar el camino electoral que hasta antes del atentado estaba enredado al interior de las mesnadas uribistas por cuenta de las simpatías populares que viene despertando el gobierno Petro. A dichos mecanismos se suma ahora la encuesta realizada por las firmas Guarumo y EcoAnalítica, que muestra a Uribe Turbay, del partido Centro Democrático, en el primer lugar de las preferencias de los eventuales votantes con el 13,7 %.

Lo interesante de la situación es que Uribe Turbay ya no sería el candidato o el títere de Uribe como lo fue Iván Duque Márquez, sino el enviado de Dios para “salvar al país de las garras del castrochavismo”. En las huestes uribistas aspiran a que ningún creyente-votante, de los cientos de miles que oran todos los días por la pronta recuperación del precandidato presidencial, se atreva a contradecir la voluntad divina, lo que inexorablemente se traduciría en millones de votos que asegurarían el triunfo electoral a la derecha. Los riesgos de meter a Dios en la política gravitan alrededor de la ética, de la libertad de cultos y del Estado laico por cuenta del regreso milagroso de Uribe Turbay a pesar de la gravedad de las heridas producidas por una pistola 9mm accionada a poca distancia. El riesgo es mayúsculo cuando al invocarse la protección de Dios en el Preámbulo de la Constitución Política de Colombia, la salvación de Uribe Turbay motivaría el rechazo de los agnósticos y ateos, entre otros. Sería un país distinto: más a la derecha, intolerante, de la mano de renovados fanáticos religiosos.  

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REAPARECIÓ LEYVA DURÁN: INSISTE EN QUE PETRO SE TIENE QUE IR

 

Por Germán Ayala Osorio

Después de leer la entrevista que Álvaro Leyva Durán concedió a la revista Semana se advierten varias conductas, a saber: el tono agresivo que se intuye de las respuestas dadas por el excanciller a las preguntas del periodista, una evidente repulsión hacia la figura del presidente de la República, así como un desprecio de la persona que encarna esa dignidad. Y lo que quizás resulta peor: a Leyva Durán no le preocupa realmente el país, ni la democracia y mucho menos la división de poderes y el devenir de las instituciones como lo asegura en varios pasajes del diálogo con el director de la publicación hebdomadaria. Exagera cuando asegura que el país está “descuadernado”, cuando recientemente las mil empresas más representativas reportaron millonarias ganancias y lo que es mejor: no nos convertimos en Venezuela como el uribismo lo sentenció en la pasada campaña. 

Sus reiteradas exhortaciones a Petro para que abandone la Casa de Nariño hacen pensar en que estaría siguiendo instrucciones de específicos sectores de la sociedad o buscando el apoyo de aquellos dispuestos a apoyar la salida institucional del jefe del Estado o esperar su muerte, a pesar de los efectos económicos y políticos que podrían sobrevenir al momento de producirse una salida abrupta del jefe del Estado.

En la entrevista Leyva respondió que no necesariamente se violaría la constitución si Petro no termina su periodo presidencial porque “se puede enfermar, cualquier cosa le puede pasar a un presidente elegido, se puede morir, por ejemplo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué hay que tener el cadáver hasta el último día de su mandato? No. Hay normas constitucionales, y no me voy a salir de esas normas”.

Su real preocupación e interés está en sacar a como dé lugar a Petro de la Casa de Nariño a quien considera indigno, moralmente cuestionable y dañino para la institución presidencial que, a pesar de devenir sobrevalorada por una sociedad confundida moralmente como la colombiana, a ella llegaron hombres cuestionados y poco virtuosos como Julio César Turbay Ayala, César Gaviria Trujillo, Ernesto Samper Pizano y Álvaro Uribe Vélez.

Al único que quisieron sacar de la Casa de Nariño fue a Samper Pizano por la probada entrada de dineros del cartel de Cali a la campaña que lo llevó a la primera magistratura (proceso 8.000). Sacar a Samper Pizano en ese momento fue el deseo de Leyva de acuerdo con lo consignado por Carlos Castaño en su libro Mi Confesión. También se señala a Santos como otro agente político interesado en ese momento en darle un golpe a Samper. 

Frente a los serios cuestionamientos morales y éticos que rodearon en su momento las actuaciones de Turbay Ayala[1], Gaviria y Uribe, el establecimiento del que ya hacía parte Leyva Durán jamás se sugirió que debían abandonar la Casa de Gobierno. Las versiones periodísticas y la confesión de alias Popeye que indican la complicidad de Uribe, entonces director de la Aerocivil, con la entrega de pistas y licencias para que el cartel de Medellín sacara avionetas fletadas con droga hacia el exterior jamás se asumieron como impedimentos morales y éticos para ejercer el poder presidencial; como tampoco la probada compra de su reelección presidencial inmediata y mucho menos su responsabilidad política por las 6402 víctimas que dejó la aplicación de su política de seguridad democrática; lo mismo sucedió con las versiones periodísticas y las que circulaban en otros sectores societales en las que se aludía a un Turbay Ayala[2] sufriendo de una cachondez desenfrenada por niñas y una cercanía con los mafiosos de Cali;  y mucho menos se pidió la renuncia o se exhortó a que lo hiciera César Gaviria por lo transado con Pablo Escobar para que pernoctara en la mal llamada “cárcel” de la Catedral[3].

Si Petro consume habitualmente cocaína y licor es un asunto que Leyva no ha logrado demostrar con videos y otras pruebas que demuestren incapacidad total para gobernar. Se trata de señalamientos atados a los correveidiles que siempre aparecen cuando se trata de afectar el buen nombre de los presidentes. Eso sí, la gravedad de la aún no probada “enfermedad mental” de Petro no se equipara a las inmorales conductas atribuidas a las figuras políticas arriba mencionadas.

Lo más sensato es dejar que el presidente termine su mandato y haya elecciones libres en el 2026. La viudez del poder es una mala consejera en estos tiempos de turbulencia política e ideológica y no se puede confundir con preocupaciones por el futuro de la democracia. En los tiempos de la Seguridad Democrática y el Estatuto de Seguridad el régimen democrático y la división de poderes estuvieron realmente comprometidas, así como el respeto a los derechos humanos. Y reitero: nadie se atrevió a pedir la renuncia de los mentores y ejecutores de esas dos nefastas y violentas políticas públicas.

Esos viajes de superioridad moral de Leyva Durán podrían tener sentido cuando algún día Colombia deje de ser una narcodemocracia y la sociedad entera proscriba el ethos mafioso que ha guiado el ejercicio del poder político en todas las esferas del Estado.

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[1] “El informe, presentado el 21 de julio de 1977 a López Michelsen por tres altos funcionarios estadounidenses, acusó al entonces candidato presidencial Julio César Turbay Ayala de lazos con narcotráfico. De hecho, la cadena CBS hizo un reportaje en 1978 al respecto. Anotaciones hechas por el expresidente Carter en los documentos dicen “no enviar helicópteros” militares prometidos por Estados Unidos a Colombia por esa supuesta vinculación del expresidente que se habría fortalecido durante su gobierno con algunos funcionarios”. https://www.elcolombiano.com/colombia/narcotrafico-en-la-dea-archivos-secretos-incriminan-a-funcionarios-lopez-michelsen-y-turbay-ayala-DD24271103

[2] https://cambiocolombia.com/puntos-de-vista/los-vinculos-de-turbay-ayala-y-uribe-velez-con-la-mafia

[3] “El contrato que firmó Escobar con el gobierno Gaviria haría rodar actualmente la cabeza de cualquier presidente: “No tendrá acceso ninguna autoridad policial o militar a la parte interna del establecimiento carcelario”. La cárcel no estaba hecha para evitar que los presos se salieran, sino para que nadie entrara. Tenía un techo de acero para resistir un bombardeo. Eso le angustiaba mucho a Escobar, que sus enemigos decidieran atacarlo por el aire”. https://www.pares.com.co/post/cuando-c%C3%A9sar-gaviria-le-hizo-un-resort-a-su-medida-a-pablo-escobar

 

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EL JUEGO ARTIFICIOSO DE GALÁN, ROBLEDO, FAJARDO Y EL PARTIDO MIRA

Por Germán Ayala Osorio

 

La naciente coalición entre el Mira, Nuevo Liberalismo y Dignidad y Compromiso tiene la falsa pretensión de ser una tercera opción a las fuerzas de la derecha y el progresismo que de todas maneras se enfrentarán en el escenario electoral de 2026. Esa asociación política se llama Ahora Colombia. El exsenador Jorge Enrique Robledo considera “que esta alianza se construye como una tercera opción política de cara a las elecciones de 2026 y añade que no respaldarán ni al petrismo ni a los partidos tradicionales que gobernaron antes”.

Robledo le apunta a regresar al Senado y funge desde ya como el escudero de las candidaturas de Sergio Fajardo y Juan Manuel Galán, hijos del Establecimiento. Como suele pasar con las alianzas políticas que son fruto de contradicciones ideológicas, la animadversión hacia todo lo que huela a Petro y la explosión de candidaturas presidenciales, los principios generales de la propuesta de gobierno terminan siendo gaseosos, engañosos y propios de la retórica electoral.

Estos son los principios del acuerdo de la coalición Ahora Colombia: “Punto uno: lucha contra la corrupción. Dos: democracia e independencia de los poderes públicos. Tres: seguridad. Cuatro: derechos fundamentales. Cinco: derechos sociales. Seis: participación efectiva de la mujer. Siete: protección integral. Ocho: medio ambiente y justicia climática. Nueve: generación de ingresos y cultura ciudadana”.

Robledo, Fajardo, Juan Manuel Galán y los pastores del Mira insisten en hablar de la lucha contra la corrupción, asunto cultural que nadie puede cambiar porque la sociedad en general y en particular los más poderosos agentes económicos y políticos de la sociedad civil naturalizaron el ethos mafioso que guía la vida de empresarios, banqueros, partidos políticos, agentes gremiales y contratistas. Política y crimen en Colombia van de la mano y esa realidad nadie la podrá cambiar hasta que no se dé en el país una revolución cultural que hasta al momento a nadie le parece necesaria empezar a liderar. En ese punto, ese primer principio deviene falaz y atado a un viaje de superioridad moral en el que se embarcaron los arriba señalados.

El segundo principio, democracia e independencia de los poderes públicos sugiere acciones para superar el carácter procedimental y formal de la democracia colombiana y la falsa independencia de los poderes públicos garantizada por la histórica relación extorsiva entre el Congreso y el Ejecutivo, resultado de un sistema político pensado para hacer perenne la operación mafiosa del Establecimiento.

La seguridad es el tercer principio. Al no atreverse a ponerle “apellido” se abre la posibilidad para que una vez se defina quién será el candidato presidencial de la coalición, los ajustes a la idea de la seguridad lo llevarán indefectiblemente a hablar de pie de fuerza, lucha contra las estructuras criminales, paz, guerra y lucha contra los factores que generan inseguridad en las ciudades. Es decir, más de lo mismo.

El cuarto principio es al igual que los anteriores: gaseoso e indeterminado. Y es así por cuanto hay sectores de poder que creen más en el Estado de Derecho como sinónimo de orden y aplicación a rajatabla de las normas, que en la necesidad de hacer ingentes esfuerzos para hacer viable el Estado Social de Derecho a través de la aplicación de criterios de eficiencia, eficacia y efectividad. Resulta llamativo que hablen de derechos fundamentales cuando la discusión entre esas dos concepciones del Estado sigue estando atravesada por el régimen presidencialista, la realidad fiscal del país, la corrupción público-privada y la evasión tributaria de los grandes contribuyentes, entre otros factores.

Los principios 5, 6, 7, 8 y 9 terminan por fragmentar las realidades sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales del país. Cuando se alude a la participación efectiva de la mujer se advierte unas ganas enormes de llamar la atención de las corrientes feministas a pesar de la permanencia del machismo y el sistema patriarcal del que los integrantes del Mira, Robledo, Galán y Fajardo son hijos legítimos. El siete, Protección integral, bien puede asociarse a la idea de seguridad humana y extenderse a los temas ambientales como el cuidado y aprovechamiento racional de los ecosistemas naturales-históricos.

Al decir Robledo que “no vamos a apoyar al petrismo, pero tampoco a ningún partido que haya gobernado antes de Petro”, olvida que el partido Mira apoyó al gobierno uribista de Iván Duque Márquez. Al ser Mira un partido confesional y anti-derechos, Fajardo, Galán y el propio Robledo entran en una profunda contradicción y dejan ver su ética acomodaticia. Más que una tercera opción, la alianza Ahora Colombia es una coalición de “centro” derecha que terminará acercándose al uribismo y al resto de sectores políticos que activarán el esperado TCP: Todos Contra Petro.

Adenda: dice Robledo que "No se imaginan cuánto coinciden las políticas de Petro con las de anteriores gobiernos. Es impresionante, sobre todo en el sometimiento al Fondo Monetario Internacional y ese tipo de organizaciones". Se volvió Castrochavista el exsenador. 

‘No vamos a apoyar al petrismo, pero tampoco a ningún partido que haya gobernado antes de Petro’: Jorge Robledo

PETRO Y LA OCTAVA PAPELETA (I)

Por Germán Ayala Osorio

 

El presidente Petro confirmó hace pocas horas que en las próximas elecciones de 2026 a cada colombiano se le entregará una papeleta con la que podrá votar si desea o no que el país vaya hacia un escenario constituyente que le haga ajustes sustanciales a la carta política de 1991 o se derogue para darle vida a otro texto constitucional.

Las reacciones en contra del anuncio presidencial no se hicieron esperar de parte de la derecha uribizada. Varios de sus agentes más visibles intentan desde ya revivir el fantasma del castrochavismo que se presumía superado o proscrito dado que después de tres años de la administración Petro no hubo expropiaciones, como tampoco se nacionalizaron multinacionales y mucho menos se eliminaron los pesos y contrapesos de la democracia. Por ejemplo, Paloma Valencia espetó que “los que reciban esa papeleta tienen que romperla para decirle a Colombia que aquí defendemos nuestras instituciones, que Colombia no va a ser Venezuela”.

Al hablar de lo que sería la “octava papeleta” de inmediato la prensa y en general los colombianos recuerdan al movimiento de la “séptima papeleta” que abrió el camino para derogar la carta de 1886 en el contexto de una grave crisis institucional originada por la operación criminal de los carteles de la droga de Medellín y Cali, cuyos jefes alcanzaron a permear y controlar entidades públicas. Hubo consenso social y político en varios sectores de poder en torno a que para superar la violencia política vivida en aquella época era necesario convocar a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Aunque Colombia no atraviesa hoy por una coyuntura social y política de las magnitudes que llevaron a convocar a la Asamblea Nacional Constituyente en marzo de 1990, si subsiste un proceso reformista liderado por el presidente Petro que va más allá de las reformas pensional y laboral aprobadas recientemente, en medio de un agrio enfrentamiento político e ideológico entre el jefe del Estado y el presidente del Senado, Efraín Cepeda. Petro le está apostando a profundizar la democracia con una Asamblea Popular que de verdad recoja el sentir del constituyente primario. El presidente de la República está en modo democracia plebiscitaria.

Hábilmente, el presidente Petro agita el ambiente político y la conciencia popular para terminar consolidando la narrativa que devela el miedo que le produce a la derecha cualquier ejercicio de democracia directa que se proponga desde la Casa de Nariño.

Petro busca convertir la entrega de la “octava papeleta” y una posible respuesta masiva y positiva de parte de los electores en un plebiscito que le entregue de manera anticipada la suficiente legitimidad a quien finalmente el Pacto Histórico avale como el o la candidata presidencial del progresismo.  

Hay que esperar a que lleguemos al escenario electoral de 2026. La colérica reacción de varios agentes de la derecha y el exceso de confianza que puedan dejar ver los miembros del gobierno servirán para extender en el tiempo los enfrentamientos ideológicos y políticos entre la derecha y el progresismo, así como la ya exacerbada violencia verbal; de igual manera, Petro le da motivos a la derecha para que insista en meterle miedo a las audiencias y al pueblo con el regreso del fantasma del comunismo o del castrochavismo.

DIOS Y PATRIA EN LAS ELECCIONES DE 2026

 

Por Germán Ayala Osorio

Hay asuntos que siempre aparecen de manera reiterada en las campañas electorales en Colombia. En el listado están la paz, la defensa de la Patria y los sempiternos procesos de negociación política con los grupos al margen de la ley que le disputan el control del territorio al Estado y retan su autoridad y legitimidad; también, los problemas que vienen atados a la operación de grupos armados ilegales (paracos y “guerrillas”) como el secuestro, la extorsión y los “paros armados”; así como el desempleo y la ya naturalizada corrupción público-privada.

Al escenario electoral de 2026 llegaría uno nuevo: la invocación a Dios. En ese aspecto ya candidatas y precandidatos empezaron a usar sus creencias religiosas para atraer votantes, en particular a aquellos que, camándula en mano, rosarios, velones y cuanta imagen de santos conocen han pasado por el improvisado altar que montaron a las afueras de la clínica Santa Fe para pedir por la recuperación del precandidato Miguel Uribe Turbay. Por supuesto que buscarán cautivar a otros cientos de miles que desde sus hogares ruegan al mismo Dios que salve al nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala (1978-1982).

Vicky Dávila y María Fernanda Cabal en varias ocasiones dejaron claro que comparten el mismo Dios y que su proyecto político está fincado en el poder divino para sacar adelante al país. Al mostrarse solidarias y apesadumbradas por lo sucedido con Miguel Uribe se acercan a los valores cristianos y a la misma iglesia católica.

La congresista del Centro Democrático y precandidata de esa colectividad gritó a voz en cuello que “… Colombia no se arrodilla a los violentos, Colombia no es socialista, somos un país libre, Dios nos hizo libres, el pueblo colombiano no es de Gustavo Petro”.

Entre tanto, la candidata de los clanes Gilinski y Gnecco también aludió a Dios al momento de registrar su movimiento Valientes, plataforma con la que espera recoger firmas que avalen su candidatura. Esto dijo la periodista candidata: “por un país seguro, justo, por un país unido, ¡por un país valiente! ¡El Movimiento Valientes está aquí, y no nos detendremos! Dios nos protege y nos guía”.

Santiago Botero, el candidato antioqueño fue más lejos que Cabal y Dávila. Botero quiere ser presidente porque Dios le mandó un mensaje que él acogió como una obligación moral y patriótica para “salvar a Colombia”: “Dios me hizo un llamado para combatir el mal, hoy en día no es la izquierda contra la derecha, quiero que menos colombianos se quieran ir del país”.

Cuando se invoca a Dios y se incluye como parte de las ideas políticas, la razón y la fe entran en escena haciendo aún más complejo el diálogo político, la discusión de las propuestas en un escenario electoral ideológicamente crispado y violento. Quien exprese con mayor fervor su devoción y miedo a Dios quizás termine siendo elegido presidente o presidenta, lo que contribuirá a ahondar la crisis de la política y por esa vía a minimizar la posibilidad de que los colombianos discutan de manera razonada asuntos públicos que deben atenderse anteponiendo a la fe el conocimiento técnico y la razón argumental como factores claves para que las decisiones políticas no terminen contaminadas por fanatismos religiosos.

Al parecer, el presidente Petro ya se dio cuenta de que Dios jugará un papel clave en las venideras elecciones presidenciales y congresionales. La llegada del “Pastor” cristiano Alfredo Saade Vergel al gobierno en calidad de “jefe de gabinete” confirmaría que efectivamente viviremos una campaña presidencial “contaminada” por la Fe y las creencias en un poder sobrenatural.

Saade Vergel es un activista petrista que usó la religión y sus particulares creencias para disipar en el pasado los señalamientos que recaían sobre Petro por ser “ateo”. Esto respondió ante el llamado del jefe del Estado: “Gracias presidente @petrogustavo por su confianza. A Dios todo honor y toda gloria, a mis detractores los invito a tomar café, el país nos necesita para que el amor pueda vencer al odio. Levántate, Colombia cautiva de esperanza”. Saade propuso cerrar el Congreso e incluso medios de comunicación, muy seguramente con la bendición de su Dios.

 Cabal, Botero y Dávila, en nombre de Dios, ofrecen bala o balín; mientras que Saade, en nombre de la misma Deidad, quiere que el país "se levante", no sin antes cerrar el Congreso y los medios de comunicación. 

Imagen tomada de Infobae

SALVADAS LAS REFORMAS PENSIONAL Y LABORAL: TRIUNFOS AGRIDULCES

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La aprobación de la reforma laboral y los subsanables vicios de trámite que encontró la Corte Constitucional (CC) en el texto de la pensional constituyen triunfos políticos amargos para el gobierno Petro, logrados en gran medida por la presión que ejerció sobre las fuerzas opositoras a dichas reformas el decretazo de la consulta popular. El jefe del Estado, en un nuevo consejo de ministros señaló que “lo que ha salvado la reforma laboral es que decidimos hacer una consulta, sino estábamos enterrados hace tiempo”.

Más claro: las bancadas de oposición en el Congreso y quizás los mismos magistrados de la CC entendieron que era mejor negocio aprobar la reforma laboral casi tal cual como había sido aprobada en la Cámara de Representantes y devolver la pensional para que en el legislativo se subsanen los vicios de forma, que afrontar una consulta popular que bien podría convertirse en un plebiscito que señaría la continuidad del proyecto progresista en el 2026.

La pregunta es: ¿Insistirá Efraín Cepeda en su tarea de torpedear la aprobación de dichas iniciativas? Lo cierto es que los grandes derrotados en la jornada de hoy son los partidos Centro Democrático, Mira y facciones del Conservador, Liberal y Alianza Verde. Quedarán en la memoria del país político las celebraciones de Paloma Valencia y demás congresistas en los momentos en que rompían el quorum y negarse a debatir las propuestas. Al final, el Congreso, como institución, perdió legitimidad y ganó en desprestigio.

Eso sí, en todo este tira y afloje entre los congresistas en oposición y el gobierno Petro se generó el ambiente de polarización política y crispación ideológica que terminó por ahondar sentimientos de animadversión entre las clases sociales, aprovechados muy bien por quienes planearon el atentado sicarial contra Miguel Uribe Turbay. Los autores intelectuales del ataque imaginaron muy bien lo que sucedería después de la agresión: se alborotó el clasismo, el racismo y la narrativa expresada en el estribillo escuchado en la Marcha del Silencio: “sin seguridad no hay paz”. Esa arenga empezó a darle un aire de viabilidad electoral a los candidatos y precandidatos interesados en meter miedo para vender seguridad… y ojalá democrática.

Será bajo ese ambiente de animosidad, alimentado por prácticas y los discursos clasista y racista, que los colombianos regresarán a las urnas para decidir si le dan continuidad al proyecto progresista o permiten el regreso de la derecha uribizada que le apostó todo el tiempo a mantener los estados de cosas inconstitucionales en los que deviene el país de tiempo atrás en materia de salud, pensión y trabajo.

De cualquier modo, el país perdió porque las figuras políticas más visibles y los periodistas vedettes “pelaron el cobre”: apelaron a los improperios y a las amenazas para hacerlas pasar como posturas políticas y editoriales legítimas. De esa manera, se negaron a dialogar, a deponer intereses. Y lo que es peor: sembraron odio entre sus seguidores.

El detrás de cámaras de la aprobación de la reforma laboral en el Senado: ¿Qué viene para la conciliación?

VICKY DÁVILA: ¿COACH O CANDIDATA PRESIDENCIAL?

Por Germán Ayala Osorio

 

La candidata presidencial de los clanes Gnecco y Gilinski, Vicky Dávila Hoyos registró ante la autoridad electoral su Movimiento Valientes. Se trata de otra microempresa electoral que fenecerá una vez la contienda electoral termine o quizás antes si sus patrocinadores aceptan que Dávila es una débil candidata y que un eventual gobierno de ella se parecería a la nefasta administración de Iván Duque Márquez.

En el acto de oficialización de su aspiración presidencial señaló que luchará “por un país seguro, justo, por un país unido, ¡por un país valiente! ¡El Movimiento Valientes está aquí, y no nos detendremos! Dios nos protege y nos guía”.

El nombre de Valientes suena ridículo e infantil, propio de una candidata que exhibe un discurso básico, propio de quien suele reducir la complejidad del país y de su historia a consignas efectistas muy parecidas a los titulares y tratamientos amarillistas que caracterizaron su carrera periodística.

Quizás la mayor debilidad de Vicky Dávila esté en su pobreza conceptual, fruto de su poca lectura y la incapacidad para establecer relaciones y lecturas cruzadas de los fenómenos. Además, es obediente, sumisa, racista, clasista, cizañera y arribista.

Si leemos con cuidado la consigna, encontramos que apela a lugares comunes: un país seguro, justo, unido y valiente. Su arenga la acerca más a una “coach política”, que a una candidata presidencial formada y capaz de gobernar a un país complejo como Colombia.  Además de conservadora y goda, Dávila Hoyos suele revolver política y religión, peligroso cóctel ideológico en una sociedad creyente, camandulera y “provida” que niega y conculca los derechos a morir con dignidad, al aborto y al matrimonio igualitario. Esos mismos “provida” legitimaron los 6402 crímenes de lesa humanidad cometidos durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Al igual que el candidato Santiago Botero, un Mesías moralizante, la periodista-candidata se presenta como una enviada de Dios, esto es, como una mujer salvadora, quizás la soñada Mesías en un país de Mesías hombres y de machos mesiánicos. Además, ofrece lo mismo que el candidato antioqueño: bala, bala y bala; o mejor, balín, balín y más balín.

Dávila de Gnecco desconoce cómo opera el Estado. Su experiencia periodística es quizás su más negativa experiencia agenciando lo público: fue gobiernista, en particular, siempre defendió a Uribe Vélez y a su círculo de poder. La periodista-periodista siempre fue la estafeta de los agentes más retardatarios del Establecimiento colombiano. Eso sí, con su candidatura gana -descansa-  el periodismo, pero pierde la Política (en mayúscula).

Bajo ese nombre de Valientes, Dávila de Gnecco recogerá firmas para un movimiento ciudadano que, como todos, terminará capturado o sometido a las fuerzas clientelistas de los partidos tradicionales. De resultar electa, Dávila Hoyos gobernará de la mano del uribismo, de Vargas Lleras, Peñalosa y de toda la rancia derecha bogotana. Todos los movimientos ciudadanos por firmas no son otra cosa que una fachada y una estratagema política-electoral de quienes creen posible engañar a los votantes, presentándose como independientes cuando los acompañan los vicios y las prácticas politiqueras que convirtieron la democracia colombiana en una formalidad.

A LA REUNIÓN DE PETRO, CEPEDA Y ALTAS CORTES FALTARON LOS MEDIOS MASIVOS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Encomiable la mediación de la iglesia católica, a través de la Conferencia Episcopal, para que los principales actores políticos del país se comprometan a bajarle a la pugnacidad verbal que terminó escalando la polarización política y la crispación ideológica.

Al almuerzo de trabajo asistieron el jefe del Estado, Gustavo Petro, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, así como la fiscal general, la defensora del pueblo, el registrador nacional, el procurador y los presidentes de las altas cortes.

Previo a la reunión el mensaje de la Curia fue claro y contundente: “Como altas autoridades de las instituciones del Estado colombiano, invitamos a todo el país a valorarnos y respetarnos como hermanos, a desarmar y armonizar la palabra, y a rechazar todo tipo de violencia como forma de resolver los conflictos políticos y sociales”.

Nadie puede oponerse o criticar los buenos oficios de los máximos jerarcas de la iglesia católica. Por el contrario, la invitación a bajarle el tono resulta a todas luces plausible. Más allá de si se logra desescalar el lenguaje, a ese almuerzo debieron asistir los voceros de Fenalco y la Andi, así como los directores de los medios corporativos de información.

En buena medida la hostilidad verbal es responsabilidad de la gran prensa bogotana cuyas directivas optaron por participar de la confrontación política en calidad de actores políticos. Medios como Blu radio, La FM, La W, El Tiempo, El Espectador y Semana; así como los noticieros de televisión RCN y Caracol tomaron partido y se alinearon con los sectores de la derecha que de manera insistente le apostaron a deslegitimar al gobierno Petro e incluso a replicar hechos noticiosos con potencial para generar condiciones de ingobernabilidad.

Aquello de “hacer invivible la República” ha hecho parte de las intenciones y de los tratamientos periodísticos de unas empresas mediáticas que fungen como los aparatos ideológicos de los sectores de poder cuyos privilegios no han sido tocados por el actual gobierno, pero aún así, se oponen a las transformaciones que necesita el tercer país más desigual del mundo: Colombia.

No sé si por ingenuidad o por un exagerado tacto político la Curia dejó por fuera a los propietarios de las empresas mediáticas y a sus directores. En cualquier caso, la ausencia de los voceros de la gran prensa bogotana constituye un error de procedimiento de parte de la iglesia católica.

Es tiempo de que la sociedad colombiana haga consciencia del rol político de los medios masivos de información, en particular el que juegan los medios corporativos también llamados hegemónicos. Sus tratamientos periodísticos cada vez se alejan de la ética periodística, para acercarse a los siempre pérfidos intereses políticos, en particular cuando quienes mueven esos hilos del poder político y económico son responsables de la captura mafiosa del Estado.

La crisis de credibilidad del periodismo, que también es deontológica, debería de llamar la atención de la Curia. Quizás el escalamiento de la violencia verbal al que asistimos de tiempo atrás tiene en el lenguaje periodístico-noticioso, incluida la editorialización de las noticias, a su más perverso aliado.

Imagen tomada de la Silla Vacía. Arranca reunión de Petro, Cepeda y poderes públicos con Iglesia - La Silla Vacía

¿ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE O CAMBIO CULTURAL?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Nuevamente habla el país de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), camino jurídico-político con el cual el gobierno Petro cree posible hacer las reformas que la oposición en el Congreso le impidió; y una vez en ese escenario, apostarle a modificar las instancias institucionales que impiden que los deseos y clamores del constituyente primario se tramiten e impongan sobre las inveteradas lógicas jurídicas en las que se ampara la división de poderes. Justamente, los pesos y contrapesos de la democracia colombiana están permeados por un ethos mafioso que convirtió la separación de poderes en el sistema perfecto para que la corrupción público-privada se naturalizara. Los presidentes ofrecen millonarios contratos a los congresistas para que aprueben sus iniciativas legislativas; mientras que en las altas cortes e incluso en la Fiscalía se negocian investigaciones o sentencias  a través del sistema de elección de los magistrados, incluida la del fiscal general, en los que los congresistas meten sus manos. 

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, consumado enemigo del presidente de la República y ficha del Establecimiento expuso con claridad en dónde está el cerrojo institucional que impide profundizar la democracia: “No se puede acudir al pueblo sin el permiso del Senado y el Senado no lo dio”.  Más allá de las razones jurídicas que prohíben al presidente decretar la consulta popular y de las motivaciones políticas que inspiran a Petro a poner en cuestión la validez y legitimidad social de esas reglas de juego, subsiste la creencia de que al derogar las constituciones es posible superar los graves problemas de convivencia que exhibimos como Nación.

Ajustar o derogar la constitución hace parte de las dinámicas sociopolíticas del poder en Colombia, sin que esos nuevos marcos legales hayan servido de mucho para modificar las disímiles formas de violencia que por lustros nos han impedido avanzar como sociedad civilizada. Se trata de un manoseo político e ideológico que no ha servido para transformar a la sociedad.

Al derogar la Constitución de 1886, soñamos en que por fin Colombia transitaría y llegaría a estadios civilizatorios modernos. Pero no fue así. Se avanzó en asuntos ambientales y la protección de los derechos, en particular a la salud, a través de la tutela, la misma a la que han tratado de quitarle poder; nadie niega que la Carta del 91 es garantista, liberal y moderna, pero ¿cuánto de esos cambios legales transformaron a la sociedad?

Los cambios constitucionales están atados a unas taras civilizatorias que van y vienen entre todos los estratos sociales; entre las diferentes nociones alrededor de ideas de a quién debe servir el Estado, qué hacer con la biodiversidad y, sobre todo, cómo proscribir el racismo, la tara civilizatoria y cultural que mejor nos representa como sociedad.

La pugnacidad ideológica y política por la que atraviesa el país es el resultado de la infranqueable distancia que hay entre lo prescrito en el papel constitucional y las necesidades de una sociedad escindida en clases sociales y ad-portas de enfrentamientos callejeros, fruto de lecturas contrarias alrededor del papel que debería jugar el Estado, instancia a la que contratistas, políticos y empresarios siempre llegan con el ánimo de capturarlo o privatizarlo para su propio beneficio. Antes de pensar en una ANC y de promover marchas que para lo único que sirven es para ahondar en la lucha de clases, lo primero en lo que deberíamos de estar pensando es en un profundo cambio cultural que apunte a superar las taras civilizatorias con las que validamos las violencias, naturalizamos la corrupción e invisibilizamos el racismo, la  desigualdad y la pobreza.

petro propone la asamblea nacional constituyente en cali - Búsqueda Imágenes

LAS DIFICULTADES PARA MARCHAR EN SILENCIO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En el inicio de la Marcha del Silencio, en la capital del país, se escuchó el estribillo “Fuera Petro”, arenga que contradice el sentido de la movilización e imposibilita que el mutismo propuesto sirva para reflexionar sobre las disímiles formas de violencia que naturalizamos en Colombia: la estructural, la simbólica y la discursiva.

No estamos preparados como sociedad para asumir el silencio como una oportunidad para conversar con nosotros mismos; de reflexionar en torno a nuestras creencias y animadversiones alimentadas en muchos casos por el veneno mediático y político, el clasismo, el arribismo y el racismo, factores y circunstancias históricas que fueron llevando al país a este punto de inflexión: la llegada, por primera vez, de un presidente progresista, en una nación de godos retardatarios, de una dirigencia política y económica premoderna, feudal y algunos de sus más visibles voceros, con ideas fascistas. “Dar balín”, “bala es lo que viene”, “se calla o los callamos”, “esos jóvenes no estarían cogiendo café”, “sicario, sicario, sicario” y “ustedes sobran, Senador”, dan cuenta de los altos niveles de intolerancia y odio frente al que piensa distinto.

En tantos años de República hemos dejado de construir dos escenarios fundamentales: el primero, una Nación en donde se practique el pluralismo, en lugar de maldecir nuestra riqueza étnica y esa biodiversidad que no nos merece, vistas estas dos como obstáculos para quienes creen que el desarrollo económico  es para el goce y beneficio de una clase en particular; y el segundo, una verdadera República soportada en la participación, la transparencia, el respeto al diferente y a lo público, que es todo lo que nos interesa a todos.  

No es la vida del senador herido lo que realmente los motivó a proponer la Marcha del Silencio. No. A muchos los alentó el racismo, el clasismo y el miedo a ceder, perder o reconocer los privilegiados lugares de enunciación en los que siempre han vivido. Quienes salieron hoy a marchar y gritaron arengas como aquella de “Fuera Petro” perdieron la oportunidad de revisar su interior.

¿De verdad creen que Colombia está viviendo una dictadura? ¿Recuerdan a Stroessner, a Videla, a Pinochet, entre otros crueles dictadores? O más cercano a nosotros: los violentos gobiernos de la Seguridad Democrática y el Estatuto de Seguridad? Son ese tipo de confusiones conceptuales las que llevaron a muchos a vivir en una burbuja de la que salen por momentos, llevados por los efectistas mensajes de los medios masivos, interesados en que se mantengan los niveles de polarización política y crispación ideológica porque los beneficia como empresas mediáticas. No olviden que el lenguaje periodístico deviene con un carácter moralizante desde el que es posible dividir la sociedad entre “buenos y malos”. Y ya sabemos qué consignas se desprenden de esa peligrosa relación entre Buenos y Malos: “los buenos somos más”, “vamos a recuperar el país y nuestra democracia”.

Para marchar en silencio se necesita una gran dosis de comprensión de los problemas del país, generados muchos de estos por la mezquindad de una élite que desdice de los procesos de mestizaje de la que son hijos. Ese es el origen de las disímiles formas de odiar que hemos aprendido como sociedad premoderna. Y si usted, de casualidad, hace o se considera parte de un grupo social, político y económico privilegiado alineado con el señalado desprecio por afros, campesinas y campesinos, entonces Usted jamás estuvo listo para vivir en sociedad y mucho menos para Marchar en Silencio.

Imagen tomada de la red social X. 

A PROPÓSITO DE LA MARCHA DEL SILENCIO DEL DOMINGO 15 DE JUNIO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Llamar Marcha del Silencio a las movilizaciones que el Centro Democrático convocó para este domingo 15 de junio bien puede obedecer al interés de convertir el atentado sicarial contra Miguel Uribe Turbay en un acontecimiento político atado inexorablemente a un proceso de persecución ideológica y política adelantado por la izquierda en cabeza del gobierno Petro.  Más claro: el uribismo busca equiparar su Marcha del Silencio a la ocurrida en Bogotá en 1948, cuando Jorge Eliécer Gaitán Ayala organizó y lideró una movilización bajo ese nombre, en protesta por la persecución política encabezada por el gobierno de Mariano Ospina Pérez en contra los campesinos liberales.

En su informe, la Comisión de la Verdad se refiere en estos términos a la Marcha del Silencio convocada por Gaitán Ayala: “Ante el hostigamiento que vivían los gaitanistas y su impunidad, el 11 de abril de 1947 Gaitán le remitió al presidente Mariano Ospina y al ministro de Gobierno un «Memorial de Agravios». Pero la violencia era tanta que el 7 de febrero de 1948 Gaitán convocó su famosa Marcha del Silencio, probablemente la manifestación ciudadana más multitudinaria de la historia de Bogotá, si se toma en cuenta su tamaño en ese momento”.

Sin duda alguna, dicha pretensión del uribismo es una exageración política e histórica en la medida en que hay circunstancias que hacen pensar que el atentado contra el precandidato conservador Miguel Uribe Turbay pudo ordenarse desde las mismas mesnadas de la derecha para afectar la legitimidad y la gobernabilidad del gobierno progresista que encabeza Gustavo Petro, un caudillo tan popular como lo fuera en su momento el inmolado líder del partido liberal, Jorge Eliécer Gaitán.

Convertida la Marcha del Silencio del 48 en un referente histórico de la violencia política desatada en la época, su escritura entre altas y bajas representa una forma de reconocimiento por su importancia histórica, hasta el punto de que su forma escritural se asemeja a las diferencias que hay cuando se hace referencia a la violencia como práctica sociopolítica y a la Violencia como la etapa sangrienta protagonizada por liberales y conservadores. De allí que no sea lo mismo escribir Marcha del Silencio o Marcha del silencio.

Varios titulares de prensa ayudan a que el objetivo político de esta “nueva” Marcha del Silencio se cumpla. Otros, por el contrario, reducen el sentido de las movilizaciones al hecho criminal en el que está comprometida la vida del senador del Centro Democrático. Veamos algunos ejemplos, que dan cuenta de unas lecturas ambiguas de parte de los editores. Caracol radio tituló así una nota: “Marcha del Silencio por la vida de Miguel Uribe: hora, ciudades y puntos de movilización 15 de junio”.

Entre tanto, W radio le apostó a validar la dimensión histórica que el pretende dar el uribismo. El titular y la bajada dicen: “Marcha del silencio en Bogotá y más ciudades: Fecha, horarios y razones de la manifestación”. “El próximo domingo 15 de junio se llevarán a cabo una serie de manifestaciones en distintas ciudades del territorio colombiano como una muestra de rechazo a la violencia y el terrorismo”. Aunque W radio escribió sin mayúscula la palabra silencio, quizás en un intento por no hacer referencia a la Marcha del 48, en el resumen de la nota periodística aporta a la consolidación de una narrativa catastrofista al momento de señalar que las movilizaciones del domingo se dan en rechazo a la violencia y el terrorismo, como si estas prácticas hicieran parte de un proceso del cual el atentado contra el precandidato conservador deviene con un carácter cruelmente ejemplarizante.

Noticias Caracol y El Colombiano son dos medios que hacen parte de la cofradía mediática que le viene haciendo oposición política al gobierno Petro. Sus titulares son similares. El noticiero privado tituló así una nota: “Marcha del Silencio el domingo 15 de junio: los puntos de concentración en Bogotá y otras ciudades”. Nótese que Caracol Noticias usa la misma nomenclatura con la que históricamente los colombianos recuerdan la movilización ocurrida en Bogotá en 1948. En la “bajada o resumen” del mismo texto informativo se lee que “la marcha es convocada por el Centro Democrático, como rechazo al atentado contra el precandidato Miguel Uribe Turbay, quien permanece en estado crítico en la Fundación Santa Fe de Bogotá”. El periódico antioqueño, entre tanto, tituló así su texto informativo: “Marcha del silencio: puntos de concentración y horarios de la manifestación en solidaridad con Miguel Uribe”.

Más allá de las suspicacias que surgen del uso de las mayúsculas al momento de nombrar las movilizaciones programadas para el domingo 15 de junio, lo cierto es que llamar Marcha del Silencio a la jornada de protesta es en sí mismo un acto político cuyo carácter se pretende minimizar e incluso ocultar por las manifestaciones de pesar y las cadenas de oración en favor de la vida del senador atacado.

MALUMA, HIMNO NACIONAL Y LA CANDIDATURA DE JUAN DANIEL OVIEDO

Por Germán Ayala Osorio

 

En medio de semejante berenjenal jurídico-político en el que está el país por cuenta del “decretazo” presidencial, el precandidato uribista, Juan Daniel Oviedo llegó con una “propuesta” que sin duda alguna ayudará por varias horas a bajar un poco la tensión política, por lo menos en las redes sociales convertidas en obscenas trincheras ideológicas desde donde se “disparan” improperios, burlas y amenazas de todo tipo. Oviedo invita desde ya a Maluma para que el 7 de agosto de 2026, durante su posesión, cante el himno nacional.

Con semejante “propuesta” Oviedo entra pisando duro en su camino y deseo de remplazar a Iván Duque Márquez. El país no olvida que Duque invitó a la Casa de Nariño al cantante antioqueño. El saludo fraternal entre Duque y Maluma lo recordaron varios medios: “¡Por fin, hermano!”, fueron las palabras que pronunció el intérprete de ‘Cuatro Babys’ al ver que el presidente de la República se acercaba para darle un caluroso abrazo, a lo que Duque le respondió: “¡Mi admiración, hermano! ¡Siga haciendo música y haciendo país!”.

El país recuerda que Iván Duque fungió más como un DJ que se dejó embolatar de la política y embobar por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Su paso por la Casa de Nariño obedeció al mayor error político que la derecha haya cometido en los años recientes. Duque fue pusilánime y es en gran medida responsable de la ocurrencia del estallido social. Su compañera de partido, María Fernanda Cabal lo calificó como “un gordo marica”.

Juan Daniel Oviedo reconoce que no conoce a Maluma, pero que es su “fan y lo sigo en redes sociales, en Instagram, pero nunca he cruzado palabra con él, pero si me parece una nota porque está churrísimo también y que cante el himno nacional el 7 de agosto de 2026”.

Al mal gusto musical de Oviedo se suma su carácter farandulero, que raya con lo ridículo. El país no puede darse el lujo de poner en la Casa de Nariño a un personaje como el exconcejal de Bogotá.

Oviedo es un precandidato presidencial folclórico convencido de que con su imagen de “cocacolo” logrará cautivar a esa parte del electorado cansada de la polarización política y de los enfrentamientos verbales en las redes sociales. No creo que la candidatura de Oviedo prospere. Lo veo más como “mánager” de Maluma, que como jefe del Estado. Incluso, le podría ir bien como conductor de un programa de chismes e incluso presentando Sábados Felices. Por favor, algo de seriedad.

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LA DISCUSIÓN CONCEPTUAL QUE HAY DETRÁS DEL “DECRETAZO” PRESIDENCIAL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El revuelo político y jurídico que desató el “decretazo” presidencial que convoca a la consulta popular abre interesantes discusiones conceptuales alrededor de términos como Estado Social de Derecho (ESD) y Estado de Derecho (ED), democracia representativa y participativa, legalidad y legitimidad, asumidos por el jefe del Estado y la oposición bajo condiciones antinómicas insuperables.

De un lado, la clase política y empresarial dominante ve como un riesgo que el presidente Petro invite al constituyente primario a manifestarse sobre la reforma laboral; entre tanto, las fuerzas progresistas que emergieron de la mano del caudillo popular que encarna Petro y que hace recordar a Jorge Eliécer Gaitán Ayala, la entienden como una oportunidad y un derecho indeclinable a cambiar esos escenarios de precariedad en el marco de una democracia participativa moral y éticamente superior a la tradición de una democracia representativa ejercida por congresistas-lobistas, presidentes de la República, alcaldes y gobernadores que acuden al voto popular únicamente para consolidar el Estado de Derecho como la única forma de actuación de la organización política que lo precede.

En su alocución desde la Plaza de San Francisco de Cali, ante una multitud de caleños, Gustavo Petro discurrió en torno a las acepciones que existen de Estado de Derecho y Estado Social de Derecho y de cómo hay sectores de poder que prefieren hablar de la primera nomenclatura y figura jurídico-política porque les permite quedarse cómodamente instalados en la idea de un orden normativo constitucional que de manera taxativa naturaliza las históricas condiciones de pobreza, marginalidad y exclusiones de todo tipo, haciéndolas insuperables y naturales de acuerdo con las condiciones que genera el débil aparato productivo nacional y la división de clases sociales; mientras que Petro optó por hablar de Estado Social de Derecho como posibilidad social y política de superar el penoso lugar que ocupa Colombia como uno de los países más desiguales del mundo.

Asegurar condiciones de vida digna para la gente las asume el gobierno Petro como un imperativo moral, mientras que la derecha que le hace oposición lo entiende como un asalto a la democracia y un quiebre constitucional, a pesar de que el artículo primero de la Constitución política señala que “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo  y la solidaridad de las personas que la integran y en el prevalencia del interés general”.

Así entonces, estamos ante de dos visiones irreconciliables alrededor de la operación del Estado bajo los imperativos morales de un Estado Social de Derecho reconocido en la Constitución, pero negado políticamente por quienes a través del tiempo le apostaron a capturar el Estado para su propio beneficio y en desprecio de las necesidades de las grandes mayorías, eso sí, apegados al carácter normativo del Estado de Derecho.

Si el decreto expedido por el presidente Petro y firmado por todos sus ministros es declarado ilegal e improcedente bien por la Corte Constitucional o el Consejo de Estado, dichas cortes estarían defendiendo de manera exclusiva y excluyente al Estado de Derecho  y de esa forma negarían el Estado Social de Derecho como el camino expedito para que el Estado colombiano sirva a la “comunidad, promueva la prosperidad general, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación… asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo…” tal y como está planteado en el artículo 2 de la carta política.

Volver realidad lo prescrito en la Constitución política tiene hoy enfrentados política e ideológicamente a quienes le apuestan a dejar las cosas como están porque siguen siendo funcionales a los sectores dominantes y a aquellos que creen que es tiempo de cambiar lo que constituye una vergüenza: ¡ser el tercer país más desigual del mundo!

petro en Cali decreta la consulta popular - Búsqueda Imágenes

EFRAÍN CEPEDA DESCONOCE A PETRO COMO COMANDANTE DE LAS FFAA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El presidente del Senado, Efraín Cepeda está jugando con candela. Está a un paso de caer en conductas que bien se podrían tipificar bajo el delito de sedición. Con su intención de reunirse con la cúpula militar y policial, sin la presencia del comandante supremo de las FFAA que es el presidente de la República, Cepeda apandillaría hacia la derecha a generales y almirantes, lo que claramente se puede leer como un intento golpista.

Cepeda, convertido en el más visible y duro contradictor político del presidente Petro, podría estar recorriendo el fangoso camino que lo llevaría a convertirse en el más enconado enemigo de Petro, de la Patria y de millones de colombianos que votaron en el 2022 por el proyecto del cambio.

La respuesta del presidente Petro fue contundente: “No hay reunión con la fuerza pública de los jefes de partido sin la presencia del presidente, comandante de toda la fuerza pública. No más sedición y búsqueda de golpes. Aquí se necesita es unión, diálogo y paz. Colombia está bajo ataque por un enemigo que se llama mafia”.

El exabrupto jurídico-político y militar propuesto por Cepeda se da en medio de una escalada terrorista muy bien coordinada y ejecutada por las disidencias de las extintas Farc-Ep. Y también, en medio de llamados a desescalar el lenguaje de odio que el país normalizó desde el plebiscito por la paz de 2016 y que se exacerbó cuando Petro llegó a la Casa de Nariño.

El senador del Pacto Histórico, Wilson Arias le preguntó a Cepeda por su intención de reunirse con el generalato sin la presencia del presidente Petro. El congresista le dice que el “mensaje que usted envía al país es peligroso”.

La insinuación, intención, idea o propuesta del presidente del Senado constituye una forma de violencia política, justificada por Cepeda por la falta de garantías electorales para las campañas de cara a las elecciones de 2026. Además, estaría violando la Constitución Política que en su artículo 189, que dice en uno de sus apartes que al presidente de la República le corresponde "dirigir la fuerza pública y disponer de ella como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República".

Varios medios corporativos que registraron el peligroso y desinstitucionalizante llamado del senador Cepeda ignoraron la gravedad de la insinuación del congresista. Al no confrontarlo por semejante bufido, los periodistas de esas empresas informativas terminan legitimando el llamado a que militares y policías desconozcan la autoridad presidencial, como lo está haciendo Efraín Cepeda. Cuidado senador Cepeda, está jugando con candela. El enemigo no es Petro. Los enemigos del país están en el monte y otros tantos se mantienen agazapados en instituciones públicas (estatales) a la espera de un guiño para desestabilizar al actual gobierno.

Ya Usted aceptó públicamente el rol de “jefe de la banda”: “si es para ser el jefe de la banda para hundir las reformas que no le convienen al país, pues sí, seré el jefe de la banda para hundirlos”. No vaya a convertirse ahora en el jefe de un golpe de Estado. Usted no solo debe desescalar el lenguaje. Quizás deba además de quitarse los guantes, olvidarse de su idea de reunirse con las FFAA para muy seguramente dividirlas. Están en mora los generales y almirantes en rechazar la idea de Cepeda.

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