Por Germán Ayala Osorio
Como era de esperarse, después de
que la jueza Sandra Heredia encontrara culpable de los delitos de fraude
procesal y soborno en actuación penal al expresidente Álvaro Uribe
Vélez, sus áulicos, varios precandidatos presidenciales y agentes políticos
de los Estados Unidos salieron en defensa del temido político antioqueño.
La primera en manifestarse fue
María Fernanda Cabal, unas de las “tigresas” de Uribe, quien en tono amenazante
y desencajada espetó que “si creen que van a amilanarnos, les digo que
están despertando un león dormido que defenderá con orgullo y firmeza
el legado del mejor presidente de la historia colombiana. El legado del
presidente Uribe, mejor presidente de los últimos 100 años en Colombia,
está más vivo que nunca. Defenderemos democracia, defenderemos libertad y
buscaremos una justicia digna para todos los colombianos”.
El precandidato presidencial Mauricio
Lizcano hizo lo propio y defendió de esta manera a su padrino de matrimonio: “Toda
mi solidaridad y respeto hacia el expresidente Álvaro Uribe en estos difíciles
momentos. Su aporte a la democracia y a la seguridad de este país ha sido
innegable”. Aunque Lizcano hizo un llamado a respetar las
instituciones, la defensa de Uribe lo ubica como uno más de los áulicos que
defienden a dentelladas la ya raída honorabilidad del expresidente de la República.
“El respeto a la institucionalidad es la clave para salvaguardar nuestra
democracia”, puntualizó Lizcano.
Entre tanto, el candidato
presidencial del fantasmal centro político, Sergio Fajardo Valderrama asumió
una postura con la que intenta desmarcarse de su cercanía a Uribe y al
uribismo. Esto dijo el tibio político: “más allá de cualquier
consideración política, los fallos de los jueces deben respetarse y acatarse.
La separación de poderes es un pilar central de nuestra democracia. El
desacuerdo con una decisión judicial es legítimo, pero debe tramitarse por las
vías que la misma justicia establece”.
Si bien aplaudo el llamado que
hace Fajardo a que se respete la decisión de la jueza 44, es conocida la incoherencia
política del exalcalde de Medellín y su capacidad para acomodarse a las coyunturas.
Recordemos que en las pasadas elecciones se acercó al entonces candidato
presidencial Rodolfo Hernández, a pesar de que estaba llamado a juicio por
corrupción.
Mientras que al interior del país
se registraban manifestaciones de regocijo por el fallo condenatorio contra
Uribe Vélez y por supuesto, lamentaciones en las huestes uribistas, desde los
Estados Unidos llegaban reacciones que claramente constituyen inaceptables
intromisiones en los asuntos internos del país, que ameritan que las altas
cortes y otros actores del aparato judicial rechacen lo expresado por el
congresista Mario Díaz-Balart, quien en su cuenta de X señaló que “como he
advertido en numerosas ocasiones, la decisión del juicio falso, la
persecución política y la cacería de brujas contra el expresidente @AlvaroUribeVel
es una evidente violación del estado de derecho y refleja el avance de fuerzas extremo
izquierda que controlan a @petrogustavo . Desde Estados Unidos, es muy
preocupante ver día a día el deterioro de la democracia, la seguridad, la
creciente violencia política y el aumento de grupos criminales en Colombia bajo
Petro”.
Esa intrusión
en los asuntos internos de Colombia y la actitud irrespetuosa hacia la jueza 44
deben ser rechazadas por la Cancillería y por los presidentes de las altas
cortes. Resulta inaceptable lo expresado por el político cubanoamericano que
piensa que Colombia es una colonia o un Estado adjunto de la Unión Americana.
A esa andanada en contra de la
soberanía judicial se sumaron otros congresistas como María Elvira Salazar y Carlos
A. Jiménez. La señora Salazar, en el mismo tono amenazante de María Fernanda
Cabal dijo en su cuenta de X que “hoy no se hizo justicia en Colombia.
Se consumó una infamia contra Álvaro Uribe, el hombre que rescató al país del
terrorismo y enfrentó a las FARC cuando nadie más se atrevía. Lo
condenan porque se negó a pactar con criminales, porque es un obstáculo para la
izquierda radical que quiere tomar el poder y convertir a Colombia en otra
Venezuela. Es el mismo libreto del castrochavismo: persecución política
contra todo el que se oponga a sus agendas radicales. Desde Estados Unidos,
alzamos la voz: ¡Uribe no está solo! ¡Los colombianos decentes y
amantes de la libertad están con él!”.
Entre tanto, en el mismo tono Jiménez
señaló que “hoy presenciamos una injusticia en Colombia. Se ha
consumado una persecución política contra el expresidente Álvaro Uribe, un
líder valiente que salvó a su país del terrorismo y enfrentó a las FARC
con firmeza cuando muchos guardaban silencio. Lo atacan porque representa un
obstáculo para la agenda de la izquierda radical que quiere convertir a
Colombia en otra dictadura al estilo de Venezuela o Cuba. Este es el mismo
libreto castrochavista que hemos visto una y otra vez: usar el sistema judicial
para destruir a quienes defienden la democracia, la libertad y el Estado de
Derecho”.
Los congresistas americanos
insisten en mantener vigente la nomenclatura que Uribe Vélez inventó en los
tiempos del plebiscito por la paz: el castrochavismo. Se trata de una “categoría”
que solo existe en la suspicaz y resbaladiza mente del expresidente antioqueño.
En lugar de ocuparse de los problemas internos que afrontan los Estados Unidos
como su decadencia, los altos costos de la comida, el supremacismo y la infame persecución
de los inmigrantes latinos que puso en marcha el gobierno de Trump,
estos congresistas creen que pueden entrometerse en los asuntos internos del
país, sin que nadie los confronte.
Las intromisiones de los agentes
gringos y la defensa de la “honorabilidad” de Uribe por parte de candidatos presidenciales
confirman el desprecio que la derecha local e internacional sienten por las
instituciones, la institucionalidad y la justicia, cuando los fallos no los
benefician.
Foto de José Vargas, tomada de El Espectador.
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