Por Germán Ayala Osorio
Ya el país sabe que Abelardo de
la Espriella gobernará hincado a los intereses del presidente de los Estados
Unidos y a todo lo que de esa condición se derive como intervenciones militares,
explotación de recursos naturales, expoliación de riquezas y planes de acción
militar, como el Plan Colombia, alejados de consideraciones humanitarias y socioambientales. Y lo hará por dos razones: la
primera, juró defender, por encima de cualquier cosa, los intereses norteamericanos cuando asumió la
ciudadanía gringa de la que se siente honrado y pletórico; y la segunda, porque su
triunfo político dependió de miembros de la clase política bogotana históricamente
proclives y acostumbrados a encadenar la soberanía estatal del mismo cipo en el
que de tiempo atrás ataron su dignidad y libertad. En el fondo hay una cuestión
de honor fundada ética, moral y políticamente a una tara civilizatoria de origen
cultural.
Por lo tanto, exigirle a De
la Espriella, como lo hace Iván Cepeda, sopena de llamar a la desobediencias
civil, a que “renuncie a la ciudadanía estadounidense, aclare posibles
vínculos con agencias de seguridad de EE. UU., respete y se someta a la
soberanía colombiana, cese la persecución política y judicial, y se comprometa
a no extraditar al saliente presidente Gustavo Petro”, constituye una
salida en falso y una inconveniente amenaza de parte del colíder de la oposición.
Concuerdo con Sandra Borda cuando
señala que “no me gusta la idea de que nuestro arreglo constitucional
le permita a un presidente tener doble ciudadanía. Creo que eso debería
corregirse. Pero mientras no se cambien las reglas del juego, tampoco me
gusta la idea de exigirle al presidente electo que renuncie a su ciudadanía y
amenazarlo con desobediencia civil y con no reconocerlo como autoridad democráticamente
electa si no lo hace. Hacer oposición a punta de extorsión y desconociendo
nuestra legalidad no me suma”.
Después de reconocer los
resultados del 21 de junio y la condición de presidente electo a De
la Espriella, esta salida de Cepeda
Castro parece obedecer a presiones internas e incluso a las maledicencias
allegadas de agentes mediáticos que de manera denodada se la jugaron por su
candidatura y de tiempo atrás por la defensa del proyecto político progresista.
El llamado a la “desobediencia
civil” terminará por desgastar el capital social y político representado en los
12 millones setecientos mil colombianos que votaron por Cepeda Castro. Además
del riesgo que supone exponer a sus líderes y cuadros a la persecución policial,
militar y paramilitar
que muy probablemente se ordenará desde la Casa de Nariño y por supuesto, desde
aquellas instancias paraestatales dispuestas a defender a muerte el gobierno del
“Tigre”, sus órdenes e incluso a interpretar sus silencios por el simple hecho
de estar “Firmes por la Patria”. Recordemos que el propio presidente electo habla
que detrás de él hay una “manada”. Y lo más probable es que de ese extenso
grupo o caballada hagan parte ovejas, mansos felinos, perros ferales, ciudadanos
ignorantes, chafarotes y odiadores profesionales e incluso bestias mitológicas.
Insistir en la “desobediencia
civil” despertará a las Águilas Negras que durante los cuatro años de Petro
fueron obligadas a hibernar no solo por razones ideológicas, sino porque
aquello de defender la vida no fue un simple y engañoso eslogan. Hizo y sigue
haciendo parte del proyecto progresista, el mismo que está alejado del carácter
falaz y embaucador de ese molesto chillido con el que De la Espriella saluda a
militares y civiles: “Firme por la Patria”.
Exponer al pueblo progresista a la
persecución oficial en la que la derecha tiene experiencia, constituye una
locura. Estamos hablando de vidas valiosas que se pueden perder en una disputa
política que bien se puede librar al interior de las instituciones del Estado y
bajo las reglas de la democracia deliberativa. Insistir en “tirarle el pueblo a
la oligarquía”, bloqueando avenidas y realizando manifestaciones es una manera
de desentenderse de las obligaciones que le demanda a Cepeda, a los
congresistas del Pacto Histórico y al propio expresidente Petro hacerle oposición al gobierno entrante.
A la idea del gobierno de Abelardo de la Espriella de gobernar con un enorme espejo retrovisor desde el que proyectará una imagen
catastrófica del país que recibió, Cepeda debe organizar un equipo de
profesionales que opere como una especie de gabinete paralelo que analice y vigile con juicio
todas las decisiones y acciones emanadas de las carteras ministeriales que De
la Espriella le está entregando a los de Siempre. En esa labor de control y vigilancia
hay un ejercicio técnico que bien pueden desarrollar los exministros del Pacto
Histórico, de la mano de profesionales dispuestos a colaborar con esa causa de confrontación
de datos e interpretación de acciones gubernamentales.
Estos cuatro años bien los pueden
dedicar a formar cuadros y consolidar equipos de trabajo con el único fin de recuperar
la Casa de Nariño en el 2030. Si De la Espriella busca quedarse más allá de su
periodo presidencial, bien a través de una reforma constitucional o través de
un golpe de Estado, entonces el llamado a la desobediencia civil estará más que
justificado. El de ahora, no. El palo no
está para cucharas, Iván.
