Con la complaciente y acrítica mirada
de la prensa
hegemónica se anuncia desde las huestes abelardistas la puesta en marcha del Plan
Patriota 2.0, programa de cooperación e intervención militar de los Estados
Unidos en las dinámicas del conflicto armado interno de Colombia, reducido
nuevamente a una amenaza terrorista, atada al Escudo de las Américas, estrategia
de Donald Trumo que acogió de manera temprana De
la Espriella.
El país recordará que en el Plan
de Desarrollo del gobierno Pastrana se incluyó un capítulo llamado Plan
Colombia. En aquella oportunidad, el hijo de Misael Pastrana Borrero viajó a
los Estados Unidos para reunirse con el presidente Bill Clinton a quien le
presentó ese capítulo con la solicitud expresa de apoyar la paz.
Pastrana propuso una relación Paz/Guerra
con una distribución de los recursos de un 80% para la primera y de un 20% para
la segunda. Clinton le cambió la relación. Lo demás fue simple: el Plan
Colombia fue aprobado en el Congreso americano y aplicado en el país sin ser
discutido y admitido en el legislativo colombiano. La lucha contra las
narcoguerrillas de entonces no obedecía y no obedece hoy tampoco a “…una
lucha antidrogas de profunda base ética y moral, sino, también, un ajuste de cuentas
entre grupos económicos del mundo desarrollado, pues de la comercialización
de la cocaína hay sectores que han levantado un verdadero imperio y que, en medio
de las reglas del sistema capitalista, han resuelto que la materia
prima sea adquirida en el mundo subdesarrollado alto andino…”[1].
Los resultados militares del Plan
Colombia aparecieron durante las administraciones de Uribe y Santos: las Farc-Ep
se vieron obligadas a replegarse en los más recóndito de las selvas, sus
procedimientos y actividades logísticas resultaron fuertemente golpeadas y varios
miembros del Secretariado de esa guerrilla cayeron abatidos. Al final, optaron por firmar el armisticio y
someterse a las condiciones de la justicia transicional (restaurativa) en el
marco del proceso de paz de La Habana.
Los efectos negativos en la agricultura, en estratégicos ecosistemas naturales y en los proyectos de vida comunitaria en las zonas de influencia de las operaciones militares fueron evidentes. El desplazamiento forzado por la vía de la violencia paramilitar y los combates terminó beneficiando a terratenientes, narcotraficantes, políticos y ganaderos que se quedaron con millones de hectáreas de tierra abandonadas. La acumulación por desposesión aportó al crecimiento de la concentración de la tierra en pocas manos.
Durante el gobierno Uribe, ese
Plan Colombia fue “nacionalizado” con el nombre de Plan Patriota. De la mano de
la Política de Defensa y Seguridad Democrática,
dicho plan se ejecutó bajo las mismas dinámicas y objetivos trazados para el
plan matriz llamado Plan Colombia.
Ahora, con la llegada al poder
del primer presidente therian, el país regresa a las intervenciones político-militares
de los Estados Unidos, lo que supone la naturalización de la injerencia gringa
en los asuntos internos y el devenir del país con dos factores nuevos: el
primero, que como jefe de Estado está De la Espriella, ciudadano colombo norteamericano
que juró defender los intereses de USA, lo que se traduce en la entrega casi
absoluta de la soberanía estatal a lo que desee hacer con ella el gobierno Trump; y el segundo, la puesta en marcha a nivel latinoamericano del Escudo de las
Américas, iniciativa hemisférica con la que Donald Trump busca controlar política
y económicamente a la región, lo que no es otra cosa que la proscripción de
cualquier actividad que en el marco del multilateralismo deseen emprender los gobiernos
que ya hacen parte del Escudo
de las Américas. Y por supuesto, insistir en la fracasada lucha antidrogas
como una forma de mantener las condiciones del fructífero negocio y el control
que sobre sus ganancias ejercen la banca multilateral y la institucionalidad
diseñada en cada país para insistir en una guerra que beneficia a banqueros y a
los miembros de la clase política que transa con narcos que cuentan con la
bendición para operar.
Así las cosas, con la puesta en
marcha del Plan Patriota 2.0, la política de seguridad y defensa que el
gobierno de Abelardo de la Espriella quiera diseñar e implementar queda
tempranamente sujeta a los designios del plan de intervención político-militar
de los Estados Unidos. Ojalá la bancada del Pacto Histórico, la Defensoría del
Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, en particular sus divisiones
ambientales y el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible hagan el
control político correspondiente, pues lo más probable es que los efectos negativos
que dejaron el Plan Colombia y el Plan Patriota de Uribe se repetirán. Está por empezar la Guerra Total que prometió el therian en campaña. ¡Firmes por la Guerra!
El ministro de Defensa designado de Colombia, Jorge Eduardo Mora, junto a Joseph Humire, representante del gobierno de Donald Trump para asuntos de seguridad hemisférica. Foto: @jmhumire
